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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06049-00

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06049-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación por pasiva de la Superintendencia Financiera y la Procuraduría General de la Nación. SEGUNDO Declarar improcedente la solicitud de amparo promovida por Carlos Andrés Porras Pérez respecto de los derechos a la vida, salud, vivienda digna, seguridad, e igualdad. TERCERO: Declarar la carencia de objeto por hecho superado respecto del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la administración de justicia. CUARTO Notificar esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06049-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

14 de diciembre de 2022

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: CARLOS ANDRES PORRAS PEREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTROS.

Tema: No procede la acción de tutela para solicitar la protección
de derechos que no son de naturaleza fundamental, ni se
acredita la conexidad con derechos fundamentales.

No procede la acción de tutela cuando el actor la utiliza
como un mecanismo principal para deprecar pretensiones
relacionadas con la protección de derechos colectivos.

Carece de objeto la acción de tutela cuando en el trámite la
entidad accionada cumple con la conducta solicitada.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por
Carlos Andrés Porras Pérez, quien consideró vulnerado sus derechos
fundamentales a la vida, salud, vivienda digna, propiedad privada, igualdad,
al trabajo, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad,
estabilidad jurídica, vivienda digna, por parte del Tribunal Administrativo
de Santander, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI–, el Instituto
Nacional de Vías – Invias- Motoreste Motors S.A, Itaú CorpBanca Colombia
S.A antes Banco CorpBanca Colombia, la Corporación de la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga, el Municipio de Piedecuesta, la Gobernación de
Santander, la Superintendencia Financiera y la Procuraduría General de la
Nación.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Carlos Andrés Porras Pérez, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Santander, la
Agencia Nacional de Infraestructura -ANI–, el Instituto Nacional de Vías –

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

Invias- Motoreste Motors S.A, Itaú CorpBanca Colombia S.A antes Banco
CorpBanca Colombia, la Corporación de la Defensa de la Meseta de
Bucaramanga, el Municipio de Piedecuesta, la Gobernación de Santander, la
Superintendencia Financiera y la Procuraduría General de la Nación, con el
fin de que les fueran protegidos sus derechos a la vida, salud, vivienda
digna, propiedad privada, igualdad, al trabajo, debido proceso, acceso a la
administración de justicia, seguridad y estabilidad jurídica, en la que formuló
las siguientes pretensiones:

« […] Ordenar a los tutelados construir la obra civil aumentando la
capacidad de drenaje del sector de la españolita vereda la mata
kilómetro 13 de la autopista Floridablanca Piedecuesta y
específicamente incrementando la dimensión de los canales que
atraviesan el predio de motores donde existía el lago tanganika
que servía de amortiguamiento y el aumentar el canal actual de 1
mt3 a 2 mt3 en el condominio arcadia y de igual hacerlo con el
sistema de drenaje que esta antes de cajasan y en el sector de
seminario san Alfonso, además de mantener un correcto
mantenimiento de la vía haciendo las limpiezas respectivas
preventivas y además que en los predios como motoreste no
arrojen material vegetal obstruya el canal.

El impulso procesal al proceso administrativo que se adelanta en
el TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTANDER bajo el radicado
680012333000-2020-00118-00 donde soy la parte
demandante.[…]»

El accionante relató como sustento de las pretensiones de amparo lo
siguiente:

Refirió que es propietario de una casa campestre en el condominio la
Arcadia, ubicada en la autopista Floridablanca – Piedecuesta costado
occidental por la entrada al Foyer de Charite, perteneciente a la vereda la
Mata del Municipio de Piedecuesta – Santander.

Indicó que, desde su adquisición, el inmueble permanece desocupado
debido a las continuas inundaciones que se presentan en el sector y que han
afectado principalmente la vivienda, lo que ha puesto en riesgo la vida y
salud de su núcleo familiar.

Contó que las inundaciones son generadas por los problemas en el sistema
de drenaje vial al ser insuficiente, debido a que solo cuenta con una
alcantarilla tipo box-culvert, que se encuentra identificada en el tramo 45ª
en k9 + 429, sector frente al predio donde se encuentra el lago Tanganika,
contiguo a la sede recreacional Cajasan - Campo Alegre, costado occidental
de la autopista Floridablanca-Piedecuesta.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

Manifestó que se vinculan a la presente acción de tutela empresas del sector
privado, debido a que las “inundaciones también son generadas por la
sociedad MOTORESTE MOTORS SA. y la entidad financiera ITAU
CORPBANCA COLOMBIA S.A antes BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A, ya
que al realizar desde el año 2016 obras civiles correspondientes al secado
y/o eliminación de un lago artificial conocido como TANGANICA, que servía
como amortiguamiento hidráulico para la quebrada el Tirol código 121-41-
03, con la construcción de una canalización cerrada y el relleno con material
común para habilitar y poner en funcionamiento un taller de reparación y
concesionario para la venta de vehículos sobre el predio denominado Saldo
Finca Tanganica, lotes2,3 y 4 Km13, vía Floridablanca a Piedecuesta entrada
Foyer de Charite, Vereda la Mata del Municipio Piedecuesta Coordenadas N
7*.1`15.86”, E 73*3`43.05”, ASNM 1058. ”

Indicó que se adelantó proceso administrativo núm. SA-0013-2017,
mediante el cual la autoridad ambiental sancionó a los propietarios, por las
afectaciones ambientales, de acuerdo con lo expuesto en la resolución 0284
del 12 de mayo del 2017, por la realización de las obras tendientes a secar
el cuerpo de agua.

Aseguró que las inundaciones en el sector de Arcadia Condominio son
generadas por las obras realizadas en el predio denominado Tanganica, tal
como fue confirmado mediante comunicación CDMB núm. 9362 del 22 de
junio de 2016, emitido por el subdirector de riesgo y seguridad territorial de
la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.

Refirió que INVIAS nunca ha realizado un estudio de la evaluación de las
condiciones hidráulicas e hidrológicas en el sector de Arcadia Condominio
donde se presentan inundaciones.

Expresó que la ANI, en la ampliación del tercer carril de la autopista
Floridablanca - Piedecuesta, tampoco realizó el estudio hidrológico e
hidráulico de las estructuras que conforman el drenaje vial transversal,
longitudinal, lo que ha conllevado a que se sigan presentado las
inundaciones en el sector del Condominio la Arcadia.

Manifestó que desde el año 2020, presentó demanda de reparación directa,
radicada bajo el núm. 680012333000-2020-00118-00, en el Tribunal
Administrativo de Santander, sin que a la fecha se haya celebrado la primera
audiencia y donde ha insistido a lo largo de más de un año sobre el impulso
procesal con el fin de solucionar la problemática de inundación.

Señaló que el día 11 de noviembre del 2022 entre las 2 y 3:45 pm, por
quinta vez se inundó el sector, causándole a su inmueble grave
afectaciones; además en ese momento se encontraba la casa habitada por
su núcleo familiar.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El 17 de noviembre de 2022, el despacho admitió la acción de tutela y
ordenó la notificación de las entidades demandadas.

Dentro del término concedido, algunas de las entidades accionadas se
pronunciaron sobre la solicitud de amparo, así:

2.2. El Departamento de Santander, a través de la secretaria de
Infraestructura, solicitó declarar improcedente la presente acción, al
considerar que la vía sobre la cual el accionante pretende la construcción de
las obras civiles, es una vía nacional, la cual se encuentra a cargo del
Instituto Nacional de Vías -INVIAS- identificada como troncal 45A, por lo
que considera que la vinculación del departamento de Santander carece de
supuestos facticos y jurídicos.

Ahora, en cuanto a la manifestación de la vulneración del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica
y a la estabilidad jurídica, refirió que, revisado el sistema de trámites Forest
del Departamento de Santander, no se encontró que el accionante haya
radicado petición alguna, por lo que no se encuentra vulnerado algún
derecho. Agregó que sólo hasta la notificación del trámite constitucional,
tuvo conocimiento que se adelanta un proceso judicial.

2.3. La Alcaldía de Piedecuesta, Santander, el jefe de la oficina jurídica,
pidió sea declarada improcedente la presente acción de tutela, por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad, al existir otro mecanismo de
defensa judicial, tal cual lo refiere el actor, quien adelanta un proceso de
reparación directa en el Tribunal Administrativo de Santander.

2.4. La Superintendencia Financiera, en el informe rendido, explicó las
funciones y la naturaleza jurídica de la entidad. Respecto a lo pretendido en
la acción de tutela, solicitó la desvinculación del actual trámite, al considerar
que, al no ser sujeto pasivo en el proceso de reparación directa, no ha
vulnerado ninguno de los derechos reclamados por el actor.

2.5. La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, El apoderado
manifestó que, desde el 30 de junio de 2017, la entidad encargada de la
infraestructura de la vía Zipaquirá – Bucaramanga sobre la cual recae los
hechos de la tutela, fue revertida al Instituto Nacional de Vías, por lo que
solicitó sea negado el amparo solicitado y la desvinculación del actual
trámite.

De otra parte, señaló que la presente solicitud de amparo se dirige a
cuestionar la presunta mora judicial en que ha incurrido el Tribunal
Administrativo de Santander dentro de la acción de reparación directa núm.
68001233300020200011800 interpuesta por el señor Carlos Andrés Porras

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Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

Pérez en contra del INVÍAS y otros, al no haberse continuado con el trámite
del proceso, situación que no le es atribuible a la Agencia Nacional de
Infraestructura – ANI.

2.6. El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- mediante representante
judicial, mencionó que los hechos narrados en la acción de tutela son los
mismos expuestos en el proceso de reparación directa que actualmente
adelanta el accionante en contra de esa entidad.

En cuanto a la afectación que sufre el inmueble del actor como consecuencia
de las inundaciones en la vereda, por el rebosamiento de la alcantarilla,
destacó que se “construyeron viviendas sobre el lecho de la quebrada Tirol,
la cual fue convertida en canal cerrado, esto por parte de la firma ASER
INGENIERIA LTDA cuyo representante legal para la época de los hechos fue
el señor Carlos Andrés Porras Perez, el cual como hecho notorio es el mismo
que funge como demandante en el presente proceso, por presuntas
inundaciones en su inmueble, pero desconociendo flagrantemente las
resoluciones sobre aislamiento de quebradas exigidas por la CDMB”.

En cuanto a los hechos mencionados en el escrito de la acción de tutela,
sobre la vulneración de los derechos a la vida, salud, vivienda digna, debido
proceso y acceso a la administración de justicia, como consecuencia de los
problemas que presenta el sistema de drenaje de aguas de escorrentía y la
falta de mantenimiento, presuntamente por parte de la Entidad, considera
que es errada dicha apreciación, debido a que la entidad ha estado
constantemente ejerciendo labores de poda, limpieza de cuencas y obras de
“arte existentes en la vía”, siendo atendidos los sitios críticos con maquinaria
pesada y con mano de obra sin importar la hora.

Considera que la acción de tutela es improcedente, por cuanto el Instituto
ha realizado recorridos en el sector, en donde el 25 de noviembre de 2022,
el ingeniero encargado de atender los llamados de la comunidad, comunicó
que las inundaciones obedecen al crecimiento urbanístico y cambios de los
flujos de las aguas escorrentía, situación que se encuentra fuera de las
competencias de INVIAS.

2.7. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta
de Bucaramanga manifestó que en el año 2012 informó al accionante, en
calidad de gerente de la empresa ASER Ingeniería Ltda., encargada de la
construcción del condominio la Arcadia, que, de acuerdo con el informe
técnico de hidrología e hidráulica de la Corporación Autónoma para la
defensa de la meseta de Bucaramanga, se concluyó que el canal del
condominio la Arcadia no tiene la suficiente capacidad de transporte,
ocasionando represamiento del cauce e inundaciones, dichas deficiencias se
deben a la canalización realizada, que no cuenta con el permiso de la
autoridad ambiental para ocupación del cauce.

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Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

Preciso dentro de su informe que se adelanta proceso sancionatorio
ambiental en contra del condominio la arcadia y otros predios vecinos, los
cuales no cuentan con los permisos de ocupación de cauces. El 27 de febrero
de 2020 el señor Carlos Andrés Porras Pérez, en calidad de representante
legal de la Sociedad Comercial Asesorías y Servicios de Ingeniería Ltda., -
ASER INGENIERIA LTDA-, presentó recurso de reposición en contra de la
decisión que negó la cesación del proceso sancionatorio, decisión que fue
confirmada mediante la resolución 0114 del 1 de marzo de 2021.

Agregó que las funciones de la Corporación son ambientales, por lo que ella
no tiene la responsabilidad para inspeccionar, vigilar y controlar las obras
civiles para conducir el cauce, mejorar el drenaje y manejar lluvias, ya que
estas competencias son de los entes municipales.

2.8. El Tribunal Administrativo de Santander, el magistrado
sustanciador informó que, mediante auto del 24 de noviembre de 2022, se
negó el llamamiento en garantía presentado por la empresa Motoreste
Motors S.A., y dispuso que, una vez ejecutoriada la presente providencia,
fuera devuelto el expediente al despacho para resolver las excepciones
previas propuestas por la parte demandada.

2.9. La Procuraduría General de la Nación solicitó que fueran
desestimadas la pretensión de la acción de tutela, pues se dirigen a la
realización de unas obras civiles, ajenas a las funciones constitucionales y
legales de la Procuraduría. Así también ocurre con la solicitud de impulso
procesal del proceso de reparación directa adelantado en el Tribunal
Administrativo de Santander, ya que es este quien debe dar respuesta, por
ser actuaciones propias de los despachos judiciales.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, y el
artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre
las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS RELEVANTES

3.2.1. El 8 de marzo de 2010 el actor adquirió un lote ubicado en el
condominio la Arcadia, en donde construyó una casa identificada con el
numero 12; desde su construcción se ha visto afectada con las continuas

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inundaciones debido al insuficiente sistema de drenaje que atraviesa la
vereda Mata del municipio de Pie de Cuesta Santander.

3.2.2. El 11 de noviembre de 2022 se inundó el sector y el inmueble de
propiedad del accionante.

3.2.3. Desde el 2020 adelanta ante el Tribunal Administrativo de Santander
un proceso en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, el Instituto Nacional de Vías
-INVIAS- y otros, por los mismos hechos, es decir, por las inundaciones que
enfrentan cada vez que llueve, debido al rebosamiento del sistema de
alcantarillado y drenaje.

3.2.4. En varias ocasiones ha presentado solicitudes de impulso procesal
ante el Tribunal, sin que a la fecha se haya celebrado audiencia.

3.2.5. Con el informe presentando el Tribunal allegó auto de fecha del 24
de noviembre de 2022, en el que se negó el llamamiento en garantía
presentado por uno de los demandados y ordenó que, una vez ejecutoriada
la anterior decisión, volviera el expediente al despacho para resolver las
excepciones previas propuestas por la parte demandada.

3.3. Análisis de la Sala.

3.3.1. Cuestión previa.

De la legitimación por pasiva de la Superintendencia Financiera y la
Procuraduría General de la Nación.

Advierte la Sala que, una vez revisados los hechos y las pretensiones
planteadas por el actor en el caso concreto, procede declarar probada la
excepción de falta de legitimación por pasiva de la Superintendencia
Financiera y la Procuraduría General de la Nación, comoquiera que, dentro
de sus funciones constitucionales y legales, no se encuentra ninguna que
tenga relación con lo pretendido por el actor, ni de los hechos se advierte
que tengan alguna responsabilidad en la presunta vulneración de derechos
reclamados.

En consecuencia, procederá la Sala a declarar probada la excepción de falta
de legitimación por pasiva respecto de estas entidades.

3.3.2. Análisis del caso concreto.

En el caso concreto, el actor solicita la protección de los derechos
fundamentales a la vida, salud, vivienda digna, propiedad privada, igualdad,

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al trabajo, debido proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad,
estabilidad jurídica y vivienda digna, presuntamente vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Santander, la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANI–, el Instituto Nacional de Vías – Invías- Motoreste
Motors S.A, Itaú CorpBanca Colombia S.A antes Banco CorpBanca Colombia,
la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, el Municipio de
Piedecuesta, la Gobernación de Santander, la Superintendencia Financiera
y la Procuraduría General de la Nación, y como consecuencia de declarar la
vulneración, pretende que ordene la construcción de una obra civil y se le
dé impulso procesal al proceso que adelanta en ejercicio del medio de
control de reparación directa.

Al revisar los hechos narrados que sustentan la presente solicitud advierte
la Sala que el actor señala como origen de la presunta vulneración a sus
derechos fundamentales dos grupos.

Una parte de ellos van dirigidos a que se protejan los derechos relacionados
con la afectación que viene sufriendo como consecuencia de las
inundaciones, que, según su entender, son derivadas de obras civiles que
han desarrollado algunos privados y la ausencia o falta de desarrollo de
obras civiles en una vía nacional.

La segunda parte de la presente acción va dirigida en contra de la presunta
mora judicial en que ha incurrido el Tribunal Administrativo de Santander,
en el trámite del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa que ha vulnerado el debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

De la vulneración a los derechos relacionados con afectación a su
vivienda.

En relación con estos hechos el actor solicita se protejan los “derechos
fundamentales a la vida, salud, vivienda digna, propiedad privada, igualdad,
al trabajo, seguridad, estabilidad jurídica y vivienda digna”.

Sea lo primero mencionar que de este listado que el actor señala como
fundamentales debe precisarse que la propiedad privada, seguridad y
estabilidad jurídica no son derechos fundamentales, por lo que la acción de
tutela no es el medio idóneo para su protección, dado que, según lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, es un mecanismo
dirigido a la protección de los derechos fundamentales; es decir, de aquellos
recogidos y reconocidos por la Constitución Política y la jurisprudencia
constitucional como tal.

En este sentido, el derecho a la propiedad privada es un derecho económico,
que eventualmente podría ser protegido mediante la tutela cuando se

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pruebe su conexidad con algún derecho fundamental, que en el caso
concreto no se da.

En cuanto a la seguridad, según lo dispone el artículo 88 de la Constitución
Política, es un derecho colectivo, respecto del cual el medio procedente para
reclamar su protección es la acción popular.

Finalmente, respecto a la estabilidad jurídica, no es un derecho fundamental
que pueda ser protegido mediante la acción de tutela, pues se trata de un
principio que cobija ciertas actividades negociales, específicamente de
naturaleza contractual, por lo que tampoco procede la acción de tutela.

Ahora bien, en cuanto a la vida, salud, igualdad y vivienda digna, encuentra
la Sala que, al revisar el escrito de tutela, el actor no sustenta de qué
manera el derecho a la igualdad se ha visto afectado como consecuencia de
los hechos narrados, por lo que no resulta procedente realizar un
pronunciamiento puntual respecto de éste.

En cuanto al derecho fundamental a la vida, a la salud y vivienda digna
estima la Sala que en el caso concreto no se tiene por probada la vulneración
o amenaza ni tampoco que en este caso concreto la acción de tutela sea el
medio procedente por las razones que se pasan a explicar.

La jurisprudencia Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela
procede cuando “(i) se invoca la protección de un derecho constitucional
fundamental, (ii) que ha sido amenazado o vulnerado, (iii) cuya titularidad
está en cabeza del sujeto afectado, ya sea en virtud de una representación
legal, apoderamiento judicial o agencia oficiosa (legitimidad por activa), (iv)
por una autoridad pública o un particular –en los casos previstos en el
artículo 42 del Decreto 2591 de 1991- (legitimidad por pasiva), y, (v)
cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial”1. A continuación, la
Sala abordará los anteriores puntos para determinar la viabilidad jurídica
del amparo constitucional en el caso concreto.

Bajo estos parámetros, se cumplen los literales i, y iii, pues el actor invoca
la protección de unos derechos fundamentales, y es el titular del inmueble
objeto del presente proceso, sin embargo, entiende la Sala que no se cumple
los literales ii) y iv), pues no se acreditó que el inmueble fuese su lugar de
residencia común y diario y la tutela no es el mecanismo idóneo para atender
la pretensión deprecada, como se pasa a explicar.

Sobre el derecho a una vivienda digna en conexidad con la vida y otros
derechos la Corte Constitucional 2 ha establecido lo siguiente:

“La Constitución Política contiene una destacada catalogación de
derechos sociales, económicos y sociales de cardinal

1
T-095-16
2
Cfr Sentencia T-333-11

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trascendencia, entre ellos el derecho a la vivienda digna, instituido
en el artículo 51 superior y definido por esta corporación como
aquel dirigido a satisfacer la necesidad humana de disfrutar de un
área para vivienda, sea propia o ajena, que cuente con condiciones
suficientes para que quienes allí habiten puedan desarrollar su vida
dignamente, siendo obligación del Estado promover las
condiciones necesarias para hacerlo efectivo a través de planes de
vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a
largo plazo y formas asociativas de ejecución.

En un principio se negó su iusfundamentalidad, por su carácter
prestacional, cuyo contenido debe ser desarrollado por las distintas
entidades del Estado, de conformidad con las condiciones jurídico
materiales disponibles en cada momento histórico.

Así, se calificó a la vivienda digna como un derecho asistencial del
cual no era posible derivar garantías subjetivas exigibles en sede
de tutela, por cuanto su materialización y ejecución es
competencia única del legislador y de la administración, pero tal
argumento fue siendo superado por el del merecimiento de la
protección constitucional por conexidad (14) con derechos como la
dignidad humana y los derechos prevalecientes de los niños, entre
otros.

La procedencia de la tutela para lograr la protección del derecho a
la vivienda digna, ha sido aceptada por la Corte siempre que la
lesión de tal prerrogativa pudiera tener como consecuencia la
amenaza o vulneración de otros derechos considerados
fundamentales per se, como los ya mencionados, la vida, la
integridad física, la igualdad, el debido proceso, entre otros.

En este sentido, se ha tutelado el derecho a la vivienda digna
cuando la poseída amenaza ruina por culpa de la administración
pública o un particular, sea por acción o por omisión; se protege
especialmente a aquellos grupos familiares que habitan una casa
en peligro de caerse, cuando dentro de sus miembros se
encuentran sujetos de especial protección constitucional, como
niños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Ahora bien, conforme lo anterior, advierte la Sala que en el caso concreto el
actor no acreditó que él y su familia habitasen el inmueble objeto del
presente trámite, pues según su afirmación, desde que lo construyó no ha
podido habitarlo como consecuencia de los problemas de inundación que
presenta derivado de la omisión presuntamente atribuible al INVIAS como
encargado de la vía. En este sentido, no es posible tener por acreditado que
se afecte de alguna manera el núcleo esencial del derecho a la vida, que
sería en este caso el derecho fundamental a ser protegido, ni mucho menos
amenazado.

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Adicionalmente, tampoco se tiene por acreditado el literal iv), esto es que
en este caso la tutela sea el medio idóneo para lo que el actor pretende,
pues busca se ordene una serie de obras civiles en una vía de carácter
nacional, para que, de esta manera, se le garantice que no se vuelvan a
presentar inundaciones en el condominio donde reside y en especial en su
vivienda.

Sobre el particular, advierte la Sala que esta pretensión está asociada a
otros mecanismos judiciales diferentes a la acción de tutela, la cual está
dispuesta para que se dispongan medidas subjetivas y particulares para
proteger derechos individuales de naturaleza fundamental de las personas
y no para solicitar la realización de obras de infraestructura, que claramente
guarda relación con acciones dirigidas a proteger derechos colectivos, como
la acción popular y/o de grupo, dispuestas en el artículo 88 de la
Constitución Política y reglamentadas en la ley 472 de 1998.

Obsérvese que, en la citada ley, en el artículo 4, se enumeran los derechos
colectivos; en el literal m) se recogió el derecho a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes; asimismo, en el literal l se
señala como derecho colectivo la seguridad y prevención de desastres
previsibles técnicamente.

Al revisar la pretensión propuesta por el actor, evidentemente lo que busca
el actor son medidas que deberían ser adoptadas en el marco de un proceso
de naturaleza colectiva, por lo que la acción de tutela no es el medio idóneo
ni procedente en el caso concreto; pues, según la jurisprudencia
constitucional, es un instrumento de defensa judicial dotado de un carácter
subsidiario y residual, que significa que sólo es procedente cuando no
existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir3.

Es decir, la pretensión propuesta por el actor debe estar precedida de un
debate probatorio sustancial, en el cual las partes puedan presentar los
medios conducentes y pertinentes, que permitan identificar el origen y las
responsabilidades de un daño colectivo que dé lugar a la adopción de
medidas necesarias para su protección y no un procedimiento preferente y
sumario inherente a la acción de tutela; máxime cuando, en el caso
concreto, una de las entidades accionadas afirma que el origen de los hechos
narrados por el actor que sustentan su acción, fue la conducta de él mismo,
quien presuntamente desarrolló un proyecto inmobiliario sin cumplir con la
normatividad urbanística, lo que condujo a la insuficiencia en el manejo de
las aguas corrientes.

3
Cfr. T-022-17. “3.3.3. Bajo esa orientación, se entiende que “la acción de tutela, en términos generales, no
puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley
para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y,
menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos para controvertir las decisiones que
se adopten” .

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12

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

Adicionalmente, advierte la Sala que el actor tramita por estos mismos
hechos un proceso en ejercicio del medio de control de reparación directa,
el cual tiene por objeto la declaración de un daño antijurídico imputable a
una entidad del Estado y como consecuencia de ello reconocer una
reparación, generalmente de naturaleza patrimonial.

En este sentido, resulta claro para la Sala que en el caso concreto la presente
acción no es el medio idóneo ni procedente para atender la pretensión del
demandante, pues existen otros mecanismos judiciales por medio de las
cuales puede eventualmente obtener lo pretendido y que requieren de un
debate probatorio profundo.

Al efecto, la Corte Constitucional ha manifestado que el medio judicial por
excelencia para la preservación de los derechos es el proceso 4; por
consiguiente, la acción de tutela no puede ser utilizada como una
herramienta sustitutiva de los mecanismos ordinarios de defensa, salvo que
éstos no sean idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales
controvertidos.

Corolario de lo expuesto, la Sala declarara improcedente la petición de
amparo.

De la vulneración al derecho fundamental al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.

Señala el actor que en el 2020 presentó una demanda en ejercicio del medio
de control de reparación directa y que, a la fecha, a pesar de presentar
varios impulsos procesales, no se ha celebrado la primera audiencia.

Sobre estos hechos, el Tribunal Administrativo de Santander presentó un
informe donde indicó que estaba pendiente por resolver una solicitud de
llamamiento de garantía, que fue desatada mediante auto del 24 de
noviembre de 2022, y que, una vez quede notificada la actuación y el
expediente retorne al despacho, se procederá a resolver sobre las
excepciones propuestas por las entidades demandadas.

En consecuencia, respecto al debido proceso y acceso a la administración de
justicia, se tiene que la conducta solicitada por el actor fue cumplida por la
entidad accionada; por lo que procede declarar la carencia de objeto por
hecho superado, pues se dio impulso al trámite de reparación directa que
adelanta el actor.

4
Corte Constitucional. Sentencia C – 543 del 1 de octubre de 1992. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: Declarar probada la excepción de falta de legitimación por
pasiva de la Superintendencia Financiera y la Procuraduría General de la
Nación.

SEGUNDO Declarar improcedente la solicitud de amparo promovida por
Carlos Andrés Porras Pérez respecto de los derechos a la vida, salud,
vivienda digna, seguridad, e igualdad.

TERCERO: Declarar la carencia de objeto por hecho superado
respecto del derecho fundamental al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.

CUARTO Notificar esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.

QUINTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad
con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LOPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06049-00
Demandante: Carlos Andrés Porras Pérez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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