Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06062-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06062-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
14 de diciembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06062-00
Demandante: Gildardo Góngora y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C. catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06062-00
Demandante: GILDARDO GÓNGORA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETA
Temas: Tutela contra providencia judicial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por los señores Gildardo Góngora
Luzmila Quilindo Patiño, Brayan Andrés Góngora Quilindo y Karin Andrea Martínez
Quilindo, por medio de apoderado judicial contra el Tribunal Administrativo de
Caquetá, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de
2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Los señores Gildardo Góngora, Luzmila Quilindo Patiño, Brayan Andrés Góngora
Quilindo y Karin Andrea Martínez Quilindo, por medio de apoderado judicial
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. En
consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
“(…)
“Tutelar el derecho fundamental al debido proceso consagrada en el artículo 29 de la
Constitución Nacional y a los derechos constitucionales de que tratan los artículos 2,6,13,83
y 230, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA – SALA CUARTA
DE DECISIÓN, quien profirió la Sentencia de Segunda instancia el 04 de mayo de 2022,
notificada el 13 de mayo de 2022 y que quedo ejecutoriada el 20 de mayo de 2022, dentro
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06062-00
Demandante: Gildardo Góngora y otros
del Radicado 18001-33-33-001-2017-00329-00, medio de control de reparación directa,
siendo demandante Gildardo Góngora y Otros y Demandados la Nación – Rama Judicial del
Poder Público y la Nación- Fiscalía General dela Nación.
SEGUNDO: Dejar sin efecto la sentencia la sentencia de segunda instancia el 4 de mayo de
2022, notificada el 13 de mayo de 2022 y que quedo ejecutoriada el 20 de mayo de 2022,
dentro del Radicado 18001-33-33-001-2017-00329-00, medio de control de reparación
directa, siendo demandante Gildardo Góngora y otros y demandados la Nación- Rama
Judicial del Poder Público y la Nación-Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Caquetá, proferir un nuevo fallo,
atendiendo las previsiones contendidas en esta acción tutelar y las recomendaciones que el
H. Consejo de Estado tenga a bien hacer.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
Que, como órgano de cierre de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, se profiera
por parte del Honorable Consejo de Estado sentencia de segunda instancia de reemplazo,
como quiera que se aportan en su integridad el proceso administrativo adelantado.”
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El 29 de mayo de 2014 el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control
de Garantías de Florencia expidió orden de captura contra el señor Gildardo
Góngora y el 28 de julio del mismo se le impuso medida de aseguramiento, privativa
de la libertad.
El 26 de mayo de 2015, se efectuó la audiencia de formulación de acusación y se
acusó formalmente al señor Gildardo Góngora por los delitos de tráfico, fabricación
o porte de estupefacientes agravado, en concurso con rebelión y porte ilegal de
armas de fuego o municiones, sin embargo, el 13 de noviembre de 2015, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia anunció que el sentido del
fallo era de carácter absolutorio y expidió la boleta de libertad.
El grupo familiar del señor Góngora1, por intermedio de apoderado judicial,
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de
la Nación y la Rama Judicial, con la pretensión de que se declararan
patrimonialmente responsables por los perjuicios de orden material e inmaterial
1 Conformado por Brayan Andrés Góngora Quilindo, Luz Mila Quilindo Patiño y Karin Andrea Martínez Quilindo.
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Demandante: Gildardo Góngora y otros
como consecuencia de la privación injusta de la libertad del señor Gildardo Góngora
durante el periodo comprendido entre el 29 de julio de 2014 al 13 de noviembre de
2015.
La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Primero Administrativo
de Florencia, que, en sentencia del 26 de septiembre de 2019, accedió parcialmente
a las pretensiones y declaró patrimonialmente responsables a la Nación, Fiscalía
General de la Nación, Rama Judicial, por considerar que se acreditó el daño
antijurídico y que, además, se produjo como consecuencia de las decisiones de las
entidades accionadas, situación que rompió el equilibrio frente a las cargas públicas,
que el demandante no debía padecer.
La anterior decisión fue objeto de apelación por las partes, por un lado, la Nación –
Rama Judicial, con fundamento en que las razones jurídicas para iniciar la
investigación, la decisión de dictar medida de aseguramiento y la resolución de
acusación no permitían deducir que existió un daño antijuridico por parte del Estado,
y, por ende, no se podía endilgar responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial. La
Fiscalía General de la Nación también presentó recurso de apelación contra la
sentencia del 26 de septiembre de 2019, con fundamento en que la entidad llamada
a responder por la privación injusta de la Libertad de la que fue objeto el señor
Gildardo Góngora era la Rama Judicial, toda vez que, fue el Juzgado Segundo
Penal Municipal de Florencia con Función de Control de Garantías, la autoridad
judicial que dispuso la captura del señor Góngora.
Del otro lado, la parte demandante, con el argumento que, (i) no se reconoció
indemnización a la hija de crianza del señor Góngora,(ii) no se liquidó el lucro
cesante consolidado conforme al salario realmente devengado, (iii) se reconoció
solamente 90 smmlv para cada demandante, por concepto de perjuicio moral, sin
estudiar las condiciones específicas del caso y, (iv) se negó el reconocimiento de
daño a la vida en relación y afectación de derechos constitucionales.
El Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, en sentencia del 4
de mayo de 2022, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la medida de aseguramiento en
centro carcelario del señor Giraldo Góngora fue impuesta en cumplimiento de los
presupuestos legal establecidos para su procedencia y, por ende, la privación de la
libertad no fue antijurídica.
La decisión contó con un salvamento de voto, con fundamento en que el Consejo
de Estado, en providencia del 15 de noviembre de 2019, dejó sin efecto la sentencia
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Demandante: Gildardo Góngora y otros
de unificación del 15 de agosto de 2018 e indicó que, resultaba contrario a la
presunción de inocencia, desconocer la decisión del juez competente, a su juicio, si
el juez natural ya analizó la conducta del acusado y lo declaró inocente, la
jurisdicción administrativa no puede tomar una decisión contraria.
La decisión de segunda instancia fue notificada el 13 de mayo de 20222.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora adujó que la presente acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y alegó que el Tribunal Administrativo de Caquetá
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, según como se pasa a resumir.
Empezó por señalar que para la imposición de la medida de aseguramiento no se
adelantó ni una sola actividad investigativa que soportara, demostrara o evidenciara
la veracidad de lo manifestado por los supuestos testigos y agregó que una
investigación seria, previa a imponer la referida medida, requería de actos de
verificación, soportados en elementos de prueba, para lo cual relacionó las pruebas
que, a su juicio, debieron ser tenidas en cuenta en ese estudio, tales como: los
estudios de análisis Link sobre los abonados telefónicos de los capturados, los
registros fílmicos de cámaras de seguridad privada cercanas al lugar donde
supuestamente encontraron los materiales y elementos de procedencia ilícita, las
huellas dactiloscópicas del lugar donde supuestamente se encontraron los
elementos ilícitos.
Alegó que “los indicios que se encuentran inmersos dentro del proceso, que la Fiscalía Segunda
Especializada de Florencia se valió de testigos falsos para solicitar la orden de captura y solicitar la
imposición de medida de aseguramiento, (…)”. Afirmó que, se solicitó la imposición de
medida de aseguramiento intramuros en centro de reclusión, sin mediar
razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de la medida de aseguramiento, punto
en el cual, se refirió a la sentencia de unificación 072 del 2018.
Agregó que, como se evidenció de la sentencia penal no existió prueba alguna que
evidenciara la razón de la vinculación del procesado a la investigación, no existió un
solo elemento que conectara a cada uno de los procesados con el supuesto punible
para insistir en que, la medida de aseguramiento impuesta se tornaba improcedente,
injusta e ilegal.
2 Contenido en la página 143 del expediente digital.
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En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela, de
manera específica frente al defecto fáctico indicó que la autoridad judicial atentó
de manera directa contra el derecho fundamental al debido proceso al inaplicar de
manera injustificada los preceptos legales contenidos en los artículos 241, 242 y
280 del Código General del Proceso, en tanto, no se realizó una valoración
probatoria adecuada, sino que, el análisis fue contrario a las reglas de la sana critica,
sostuvo que la autoridad judicial demandada “creó argumentos falsos de los elementos
estructuradores de la responsabilidad estatal”.
Manifestó que el Tribunal Administrativo de Caquetá desconoció que, en audiencia
de formulación de imputación, no se descubrieron elementos materiales
probatorios, por lo que “la defensa y el procesado en un acto de fe, deben creer que lo
que dice la Fiscalía General de la Nación se ajusta a la realidad, pues de saber y conocer
las deficiencias y dificultades de la actividad investigativa, seguramente se tomarían
decisiones que conforme con el derecho de defensa se definiría ”.
Argumentó que la omisión en conocer los elementos materiales probatorios y la
evidencia física, conllevó a la Fiscalía General de la Nación a efectuar imputaciones
desbordadas, insistió en que, en su caso, resultó clara la nulidad de la aceptación
de los cargos y se evidenció la irresponsabilidad con la que el ente acusador asumió
la investigación, toda vez que, ni los informes, ni las entrevistas, ni las declaraciones
juradas fueron debidamente ratificadas y tampoco incluidas en el juicio como
prueba.
Insistió en que los elementos de prueba del proceso de reparación directa, s e
encontró en que ninguna tiene el poder demostrativo suficiente para crear esa
inferencia razonable de autoría o participación en la conducta punible investigada y,
por ende, todo el proceso, no fue más que un claro abuso del derecho que solo
buscaba incriminar al señor Góngora en la comisión de una conducta punible.
Dijo además que la autoridad judicial demandada se sustrajo injustificadamente de
analizar las pruebas en conjunto y de manera armónica, que, violentó el principio de
presunción de inocencia al pretender efectuar un reproche de responsabilidad
penal, sin tener en cuenta la sentencia ejecutoriada del juez penal de la causa que
decidió absolverlo de toda responsabilidad penal al no encontrar elementos que lo
incriminaran.
En relación con el defecto sustantivo, alegó que el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión no tuvo en cuenta: (i) las pruebas practicadas, (ii)
los indicios de la conducta procesal de los demandados, (iii) la certeza sobre la
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causa eficiente del daño y (iv) la indebida interpretación a las normas que regulan
el debido proceso en las actuaciones procesales.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 17 de noviembre 2022, admitió la acción de
tutela, ordenó notificar a la parte demandante, al Tribunal Administrativo del
Caquetá y vinculó en calidad de terceros con intereses en al Juzgado Primero
Administrativo de Florencia, a la Nación – Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación y ordenó publicar en la
página web del Consejo de Estado la providencia, así como la notificación a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Caquetá, guardó silencio.
6. Intervención de los terceros
El Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá – Coordinación
Administrativa de Florencia, Caquetá, manifestó que el Tribunal accionado,
realizó un estudio de fondo para emitir la decisión de segunda instancia y tuvo en
cuenta (i) la audiencia preliminar concentrada, (ii) el acta de audiencia de lectura del
fallo del 30 de noviembre de 2015, (iii) el certificado del 1 de noviembre de 2016,
proferido por el asesor jurídico del Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Florencia, Caquetá.
En efecto, manifestó que el Tribunal Administrativo de Caquetá determinó que la
privación de la libertad del señor Góngora carecía de antijuricidad, toda vez que, la
medida de aseguramiento que se le impuso por el juez de control de garantías se
encontraba plenamente justificada, conforme al marco normativo.
Informó que la investigación penal se originó por los hechos ocurridos el 30 de
diciembre de 2010, cuando se llevó a cabo diligencia de allanamiento y registro de
inmueble en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, lugar donde se hizo el hallazgo
de 27.590 gramos de cocaína, un arma de fuego tipo revolver y panfletos alusivos
al grupo insurgente y se logró establecer que uno de los propietarios de los
elementos encontrados era el señor Gildardo Góngora, conocido con el alias de “El
loco Góngora”, por lo cual, se solicitó al juez de control de garantías ordenara su
captura.
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Demandante: Gildardo Góngora y otros
Conforme con lo anterior, durante las audiencias preliminares de legalización de
captura y formulación de imputación, se pusieron de presente los materiales
probatorios y la evidencia física que lo incriminaban, especialmente, la declaración
de testigos e informes de inteligencias donde se señaló al señor Góngora como el
propietario de los elementos ilícitos y miembro del grupo insurgente denominado
FARC.
Así las cosas, el señor Gildardo Góngora decidió de manera voluntaria, libre y
consciente aceptar la imputación que se le efectuó, por lo cual, al momento de la
solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la Nación,
era evidente inferir razonablemente que el señor Gildardo Góngora podía ser
coautor o participe de la conducta punible, con fundamento en lo cual, aseguró que
la medida de aseguramiento fue impuesta en cumplimiento de los presupuestos
sustanciales legalmente establecidos para su procedencia y, por ende, afirmó que
la privación de la libertad reprochada no fue antijurídica.
Manifestó que no se agotó el recurso extraordinario de revisión, según lo establecido
en el artículo 250 del CPACA, que señala las causales que pueden ser invocadas
para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, el cual debe interponerse,
en la mayoría de los casos, dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia.
La Fiscalía General de la Nación expuso los hechos que motivaron la interposición
de la acción de tutela y al respecto señaló que el amparo deprecado es
inconstitucional toda vez que: (i) existe otro mecanismo judicial idóneo para ventilar
la controversia objeto de esta acción, (ii) no sustentó las causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela, (iii) pretende retrotraer actuaciones procesales
y (iv) se configura temeridad.
Manifestó la acción de tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, comoquiera
que en el presente caso no se agotaron los mecanismos judiciales idóneos para
ventilar la controversia objeto de esta acción, como tampoco se verificó la
materialización de un perjuicio que vulnere de manera flagrante sus derechos
fundamentales.
En el orden de ideas, dijo que, la parte accionante no sustentó las causales
específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, toda vez
que, el accionante afirmó que la sentencia de segunda instancia proferida en el
proceso de reparación directa con radicado número 2017-00329-00, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, en la medida que, se aplicó
de manera errada los artículos 241,242 y 280 del Código General del Proceso y los
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principios de la sana critica, la objetividad, la racionalidad y la integridad probatoria.
Sin identificar de manera precisa tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados.
En conclusión, dijo que la parte actora no satisfizo debidamente la carga probatoria
exigida por la jurisprudencia para que proceda la acción de tutela.
Adicionalmente, indicó que, no existe acreditación de que la autoridad judicial
enjuiciada haya incurrido en defecto factico, toda vez que, la decisión no desbordo
los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de fallos,
pues, el Tribunal realizó una valoración de la prueba bajo los criterios establecidos
y requisitos legales, es decir, el juez de segunda instancia contó con los elementos
de juicio suficientes para emitir el fallo de segunda instancia.
Alegó que tampoco incurrió en un defecto sustantivo en la medida que el tutelante
no acreditó la configuración del defecto sustantivo al no establecer que el juez de
segunda instancia efectuó una interpretación irregular de las normas aplicables, así
como tampoco se evidencia claramente los derechos fundamentales vulnerados o
puestos en riesgo con dicha interpretación.
Argumentó que la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Caquetá respetó las garantías de los accionantes y, por ende, no
existe violación del derecho fundamental al debido proceso.
Ahora bien, respecto a la sentencia SU 072 de 2018, dijo que en la misma se
determinó que “i) el estudio de una privación de la libertad debe determinarse si esta es
razonada y proporcionada y ii) el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit
curia, debe determinar el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso” y por ende no se evidencia que la decisión dentro del proceso de reparación
directa, sea arbitraria o irracional.
Señaló que, la parte accionante pretende retrotraer, por medio del amparo
constitucional, etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para
establecer confusión y proyectar que se vulneran derechos fundamentales que en
realidad no se transgredieron y finalmente, solicitó que se declare la improcedencia
de la presente acción de tutela interpuesta por el señor Gildardo Góngora.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
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providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la s entencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
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mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
3
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional,
cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia
de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
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Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)
Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci ón
de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos
fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
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La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno
de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido;
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Demandante: Gildardo Góngora y otros
acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción, la parte actora cuestiona la sentencia
del 4 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Cuarta de Decisión, en la que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones del medio de control de reparación directa.
Al efecto, señaló que la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos fáctico
y sustantivo, para lo cual, en general, expuso argumentos dirigidos cuestionar la
imposición de la medida de aseguramiento que recayó en contra del señor Gildardo
Góngora en el marco del proceso penal.
De acuerdo con lo anterior, la Sala pasa a estudiar si la autoridad judicial
demandada incurrió en el defecto fáctico6 invocado, pues, el cargo por defecto
sustantivo reitera lo alegado en el primero de estos, sin embargo, de manera previa
la Sala se permite hacer referencia a la motivación de la decisión objeto de
cuestionamiento.
Sentencia cuestionada: de 4 de mayo de 2020, del Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
“(…)
2.5. El material probatorio.
La Sala cuenta, entre otras, con las siguientes pruebas para resolver el objeto de la presente litis.
• Audiencia preliminar concentrada, celebrada el día 29 de julio de 2.014, ante el Juzgado Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia, en la cual se legalizó la captura,
se realizó formulación e imputación de cargos, los cuales fueron aceptados por el imputado, y a
solicitud de la Fiscalía se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
• Acta de Audiencia de Lectura del Fallo, de fecha 30 de noviembre del 2.015, por medio del cual el
Jugado Segundo Penal del Circuito Especializado de Florencia, resolvió "ABSOLVER a GILDARDO
GONGORA, identificado con la cedula de ciudadanía (…), expedida en Puerto Rico Caquetá de
condiciones civiles y generales ya conocidas, de los cargos que como responsable de los delito de
(vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho
fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
6 Respecto del defecto fáctico, la Corte Constitucional en la sentencia T-015 de 2012 señaló que se produce cuando de la
actividad probatoria ejercida por el juez se desprende, -en una dimensión negativa-, que se omitió la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. Esta situación ocurre cuando se produce la
negación o valoración arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba, cuando el juez simplemente la ignora u omite, o cuando
sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
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Demandante: Gildardo Góngora y otros
TRAFICO FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES AGRAVADO en concurso con
REBELIÓN Y PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES fuera acusado por la Fiscalía
dentro del presente proceso".
• Certificado de fecha 1 de noviembre del 2.016, expedido por el Asesor jurídico del Establecimiento
Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia Caquetá, el cual establece que el señor
"GONGORA GILDARDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 96.360.729 quien permaneció
privado de la libertad, desde el día 29/07/2014 y a cargo de este establecimiento penitenciario desde
el día 30/07/2014 hasta el día 13/11/2015, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado Segundo
Penal del Circuito Especializado de Florencia, sindicado de los delitos de Tráfico, Fabricación o Porte
de Estupefacientes Agravado en concurso heterogéneo con Rebelión y quien se ha concedido la
libertad inmediata por sentencia absolutoria, mediante boleta de libertad No. 004".
(…)
2.6. Lo demostrado en relación con los elementos de la responsabilidad
(…)
Según quedó visto, la investigación penal se originó por los hechos ocurridos 30 de diciembre de 2.010,
cuando se llevó a cabo diligencia de allanamiento y registro de inmuebles en el municipio de Puerto
Rico, Caquetá, arrojando como resultado el hallazgo de 27.590 gramos de cocaína, un arma de fuego
tipo revólver y panfletos alusivos al grupo insurgente denom inado FARC, y que luego de realizarse
labores investigativas, entrevistas y declaraciones, se estableció, en informes de investigación, que
uno de los propietarios de dichos elementos era el señor GILDARDO GONGORA, conocido con el alias
de "El Loco Góngora", por lo cual se solicitó ante el juez de control de garantías se ordenara su captura,
la cual se impartió por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de Florencia, logrando su
materialización el día 29 de julio de 2.014.
Atendiendo lo anterior, durante las audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de
imputación, luego de ponérsele de presente los elementos materiales probatorios y evidencias físicas
que le incriminaban, especialmente, la declaración de testigos e informes de inteligencias que le
señalaban como el propietario de dichos elementos ilícitos e incluso miembro del grupo insurgente
denominado FARC, el señor GILDARDO GONGORA decidió de forma voluntaria, libre y consciente
aceptar la imputación que se le efectuaba; por lo cual, se tiene, a juicio de la Sala, que para el momento
de la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General era más que evidente
inferir razonablemente que el señor GILDARDO GÓNGORA podía ser coautor o partícipe de la
conducta punible que se le imputaba. Ciertamente, era razonablemente plausible suponer su incursión
en el ámbito típico del delito imputado, cuando es el mismo investigado quien abiertamente acepta la
comisión del mismo, dadas las pruebas entonces existentes que lo relacionaban directamente con la
conducta ilícita cometida. Así las cosas, la medida de aseguramiento fue impuesta en
cumplimiento de los presupuestos sustanciales legalmente establecidos para su procedencia.
Y, siendo ello así, se concluye que la privación de la libertad a la que fue sometida el aquí actor
no resulta antijurídica.
De igual forma, la actuación de la Rama Judicial, por conducto del juez de control de garantías, al
ordenar la medida privativa de la libertad en contra del señor Gildardo Góngora, al tenor de lo dispuesto
en el artículo 308 de la Ley 906 de 2.004, se hacía necesaria, en tanto de los elementos de prueba en
ese momento existentes, allegados por el ente investigador y la aceptación de la imputación por parte
del mismo investigado, se infería razonablemente que el citado señor podía ser autor o partícipe de las
conductas punibles que se investigaban. En ese orden, la decisión adoptada por el juez penal aparece
plenamente proporcionada como resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos
enfrentados en el caso concreto efectividad de las decisiones que debe proferir la administración de
justicia, de un lado, y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro.
Así, pues, a juicio de la Sala, no existe vínculo causal eficiente entre la medida de aseguramiento y los
perjuicios por cuya indemnización se reclama en el presente asunto, pues -se insiste- la privación de
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Demandante: Gildardo Góngora y otros
la libertad del demandante no tuvo su causa eficiente en la actividad de la administración de justicia ni
mucho menos en una falla del servicio imputable a esta, sino en las pruebas que en ese momento
comprometían su responsabilidad y aceptación voluntaria en la comisión de la conducta
punible por la cual era sujeto de investigación.
En consecuencia, la Sala procederá a revocar la providencia objeto del recurso de alzada y, en su
lugar, se dispondrá negar las pretensiones de la demanda.
(…)”.
Caso concreto
Lo primero que conviene precisar es que el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión, al desatar el recurso de apelación contra la sentencia del
Juzgado Primero Administrativo de Florencia estableció que, de acuerdo con el
estado actual de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado en la materia, «le corresponde al juez administrativo analizar el carácter de injusto
de la medida restrictiva de la libertad, a la luz de los criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y legalidad, por lo que en cada caso en particular se impone establecer sí
existía o no mérito para proferir decisión en tal sentido» .
Dicho esto, la Sala advierte que en el presente caso no se encuentra configurado el
defecto fáctico invocado por la parte actora, por las razones que se pasan a explicar.
Tal como se observa de la transcripción hecha en precedencia, la autoridad judicial
demandada analizó las pruebas obrantes en el proceso de reparación directa para
concluir que, en efecto, la medida de aseguramiento impuesta contra el señor
Gildardo Góngora se ajustó a los presupuestos de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
Al efecto, tuvo en cuenta que, para el momento de la imposición de la medida de
aseguramiento, durante las audiencias preliminares de legalización de captura y
formulación de imputación, luego de ponérsele de presente los elementos
materiales probatorios y evidencias físicas que le incriminaban, especialmente, la
declaración de testigos e informes de inteligencias que le señalaban como el
propietario de dichos elementos ilícitos e incluso miembro del grupo insurgente
denominado FARC, el señor Gildardo Góngora decidió de forma voluntaria, libre y
consciente aceptar la imputación que se le efectuaba.
Justamente, la valoración probatoria que llevó a cabo el juez de conocimiento
determinó que, en efecto, la motivación para imponer la medida de aseguramiento
se encontraba acorde con el ordenamiento jurídico, en el que incluso señaló que «la
medida de aseguramiento fue impuesta en cumplimiento de los presupuestos
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sustanciales legalmente establecidos para su procedencia», sin que le fuera dado al
juez de la reparación realizar una nueva valoración del material probatorio obrante
en el proceso penal para determinar si, para ese momento, existían otros elementos
que pudieran desvirtuar la necesidad o no de imponer la medida de aseguramiento.
Dicho de otro modo, el estudio que desplegó el juez de la reparación estableció que
la medida de aseguramiento impuesta se ajustó al ordenamiento, que los
parámetros bajo los que se impuso y los argumentos expuestos resultaron
razonables a la luz del ordenamiento jurídico penal vigente para el momento, sin
que le fuera dado revisar otros elementos probatorios que pudieron existir dentro
del proceso penal que sugirieran que no había lugar a imponer la medida de
aseguramiento, pues es una valoración propia del juez penal que se surtió al interior
de ese proceso.
En suma, tal como se advierte de la transcripción hecha en precedencia, en la
providencia cuestionada la autoridad judicial demandada estableció que la medida
de aseguramiento atendió los requisitos necesarios para su imposición, análisis que
implicó los elementos de la racionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida,
cosa distinta es que la parte actora se encuentre en desacuerdo con el resultado de
dicho análisis.
Así las cosas, la autoridad judicial de conocimiento valoró en contexto las pruebas
allegadas al proceso, con fundamento en las cuales concluyó que la medida cumplió
con los requisitos legales para su imposición y, en esa medida, no fue injusta la
privación de la libertad por el tiempo que perduró.
Finalmente, debe decirse que la parte demandante invocó el defecto fáctico,
básicamente por considerar que no se tuvo en cuenta la sentencia penal absolutoria,
con lo que, aduce desconocida la presunción de inocencia y considera que en el
proceso de reparación directa se llevó a cabo un nuevo análisis del comportamiento
objeto de reproche penal.
Punto frente al cual, la Sala advierte que la parte actora no puede pretender que el
valor probatorio de la sentencia penal absolutoria constituya, casi de manera
automática, la responsabilidad administrativa del estado por la privación de la
libertad, sino que, como quedó visto, la privación de la libertad del señor Góngora
no devino injusta, porque, en su momento, atendió a la aceptación de cargos
imputados y a los elementos probatorios obrantes en la investigación penal.
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Por lo tanto, los argumentos que plantea la parte actora para sustentar el defecto
fáctico no prosperan, porque, en últimas, proponen una valorac ión paralela de la
decisión que impuso la medida de aseguramiento en sede del proceso penal y no
propiamente del proceso de la reparación directa que es el que se cuestiona por
esta vía.
Al respecto, se anota que esta Sala ya ha precisado, que, por un lado, una cosa es
el daño o transgresión de los bienes jurídicos protegidos por el ordenamiento,
calificación que le compete al juez penal sobre la conducta del investigado,
conforme con la normativa propia de esa área del derecho y, otra, es la valoración
que hace el juez contencioso administrativo en los casos en que se discute la
responsabilidad del Estado por la presunta privación de la libertad. En efecto, tal
como lo ha sostenido la Sección Tercera del Consejo de Estado 7:
El Juez Administrativo tiene la posibilidad de apartarse de la sentencia penal, o su equivalente, ya que no
tiene incidencia ni efectos de cosa juzgada en el proceso de reparación directa que se adelanta ante esta
jurisdicción por cuanto:
“…(i) las partes, el objeto y la causa en ambos procesos son diferentes: a través del ejercicio de la acción
penal, el Estado pretende la protección de la sociedad, con la represión del delito y para ello investiga quién
es el autor del mismo y cuál su responsabilidad; a través del ejercicio de la acción de reparación, la víctima
del daño antijurídico pretende la indemnización de los perjuicios que le ha causado el Estado con una acción
que le sea imputable; (ii) los principios y normas que rigen ambos procesos son, en consecuencia,
diferentes, lo cual incide, entre otros eventos en los efectos de las cargas probatorias, así: en el proceso
penal la carga de la prueba de la responsabilidad del sindicado la tiene el Estado, quien deberá desvirtuar
la presunción de inocencia que por mandato constitucional ampara a todas las personas; en tanto que en
la acción de reparación directa, quien finalmente soporta los efectos adversos de la carencia de prueba de
los elementos de la responsabilidad estatal es el demandante, y (iii) el fundamento de la responsabilidad
del Estado no es la culpa personal del agente, sino el daño antijurídico imputable a la entidad; de tal manera
que aunque se absuelva al servidor por considerar que no obró de manera dolosa o culposa, en los delitos
que admiten dicha modalidad, el Estado puede ser condenado a indemnizar el daño causado, bajo
cualquiera de los regímenes de responsabilidad y, en cambio, el agente puede ser condenado penalmente,
pero el hecho que dio lugar a esa condena no haber tenido nexo con el servicio. Adicionalmente, se observa
que la responsabilidad patrimonial del Estado no constituye el efecto civil de un ilícito penal, por eso, no son
aplicables las normas relacionadas con los efectos de la sentencia penal absolutoria sobre la pretensión
indemnizatoria que se formule en proceso separado del penal. Ello por cuanto la responsabilidad del Estado,
conforme a lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, se genera en los eventos en los cuales se causa
un daño antijurídico imputable a la entidad demandada, al margen de que ese daño hubiera sido causado
con una conducta regular o irregular8.
7 En expediente con radicado número: 11001031500020190514101 la Sección Cuarta del Consejo de Estado
citó al “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 11 de julio
de 2013, radicado: 66001-23-31-000-2006-00083-01 (36.295) C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa”.
Reiterada en la sentencia del 13 de agosto de 2020, en el expediente con radicado número: 11001-03-15-000-
2020-03190-00, Sección Cuarta del Consejo de Estado.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de
2011, expediente 19123. En similar sentido se encuentran las sentencias del 30 de julio de 2008, expediente
16572 y del 24 de marzo de 2011, expediente 17993.
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Finalmente, si la parte actora consideró que existieron elementos probatorios
relevantes para demostrar que la medida de aseguramiento no estuvo precedida de
los requisitos legales, era la demanda de reparación directa la oportunidad para
proponer dichos argumentos y no la acción de tutela porque no es la oportunidad
para agregar o adicionar argumentos que debieron proponerse ante al juez natural.
Se encuentra resuelto el problema jurídico planteado, no se configuran los defectos
fáctico y sustantivo alegados por la parte actora y, en esa medida, se impone negar
las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Gildardo Góngora y
otros.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor Gildardo
Góngora y otros.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidenta de la Sección
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(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
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