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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06064-00

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06064-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia por presunta mora judicial solicitado por Jorge Enrique Perea Cossio, en calidad de personero municipal de San José del Palmar -Choco, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00 Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06064-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

16 de diciembre de 2022

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dieciséis (16) de diciembre dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022-06064-00
Demandante: JORGE ENRIQUE PEREA COSSIO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCO

Tema: No vulnera los derechos al acceso a la administración de
justicia y al debido proceso por presunta mora judicial
injustificada cuando el proceso cumple con las etapas
procesales dispuestas en las normas procesales que lo
regulan.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA__________________________

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por el
señor Jorge Enrique Perea Cossio, en calidad de Personero del Municipio de
San José del Palmar -Choco1, quien consideró vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
por parte del Tribunal Administrativo del Choco.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jorge Enrique Perea Cossio, en calidad de Personero del Municipio
de San José del Palmar - Choco, solicitó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
los cuales consideró vulnerados por parte del Tribunal Administrativo del
Choco, en la que formuló las siguientes pretensiones:

« […] Primera: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso
y el acceso a la administración de justicia, del personero municipal de
San José del Palmar, Chocó el señor Jorge Enrique Perea Cossio,
identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.088.342.736 de Pereira.

1
Calidad que fue acreditada con el acta de posesión del 8 de enero de 2022

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

Segunda: Que, en aras de proteger los derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración
de justicia, se sirva ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó, que en un término -que será fijado por la sala, sección o
subsección que conozca del asunto al interior del Consejo de Estado-,
proceda a emitir sentencia dentro del proceso con radicado
27001233300020210006700. […]»

II. SITUACIÓN FÁCTICA

II.1. Señaló que el día 28 de junio de 2021 presento ante Tribunal
Administrativo del Chocó demanda a través del medio de control de
protección de los derechos e intereses colectivos -acción popular-, en contra
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, radicado bajo el número
270012333000-2021-00067-00.

II.2. Indicó que, el 2 de noviembre de 2022, radicó memorial en el cual
solicitó se dictara sentencia, teniendo en cuenta que el 18 de julio de la
presente anualidad ingreso al despacho para sentencia. Han transcurrido
tres (3) meses y dieciséis (16) días, sin decisión de fondo.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

III.1. El 17 de noviembre de 2022 este despacho admitió la acción de tutela
y ordenó la notificación a la entidad accionada.

III.2. El Tribunal Administrativo del Choco, A través del despacho
sustanciador, solicitó negar el amparo solicitando al considerar que no se ha
incurrido en mora judicial, puesto que en el trámite se han ido agotando las
etapas procesales correspondientes así:

➢ La demanda fue admitida por auto interlocutorio No. 0240 del 2 de
julio de 2021, notificada a las partes el día 6 de julio de 2021.
(índices 4 y 5 de SAMAI)
➢ El 25 de agosto de 2021, se corrió traslado de las excepciones
propuestas por la entidad accionada. (índice 12 de SAMAI)
➢ Por auto interlocutorio No. 0117 del 17 de marzo de 2021, se
concedió el amparo de pobreza solicitado por el accionante. (índice
15 de SAMAI)
➢ El cuatro (4) de abril de 2022, se pasó el proceso a despacho para
estudio. (índice 18 de SAMAI)
➢ Mediante auto interlocutorio No. 0119 del 4 de abril de 2022, se
fijó fecha para realizar la audiencia de pacto de cumplimiento, la
cual se llevó a cabo el 26 de abril del año que avanza; en ella se
les concedió a las partes el término de 5 días para presentar sus
alegaciones finales. (índices 20, 21 y 25 de SAMAI)

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

➢ El tres (3) de mayo de 2022, las partes intervinientes en el proceso
presentaron sus alegaciones finales. (índices 27 al 29)
➢ Para el día trece (13) de julio de 2022, el accionante presentó
memorial solicitando celeridad procesal. (índice 30 de SAMAI)
➢ El día dieciocho (18) de julio de 2022, se pasó a despacho el
proceso para sentencia. (índice 31 de SAMAI)
➢ Para el día primero (1) de septiembre de 2022, el accionante
presentó memorial solicitando celeridad procesal. (índice 32 de
SAMAI)

Agregó que no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan
en los procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos.
Sin embargo, puso de presente la existencia de diferentes aspectos que
deben analizarse de manera particular, pues temas como el de la congestión
actual y sistemática del aparato jurisdiccional, la complejidad del asunto a
resolver, entre otros, sugieren motivos razonables que impiden que se le dé
el alcance de mora judicial injustificada a casos como el que aquí se analiza.

Resaltó que la tardanza alegada no se origina en una conducta negligente o
dilatoria necesaria para la configuración de una mora judicial injustificada y,
por ende, no se configura la vulneración alegada frente al derecho al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

Con relación al memorial presentado por el actor el 2 de noviembre del
presente año, el mismo fue resuelto mediante auto del 21 del mismo mes,
negando la solicitud de prelación de fallo2.

Finalizando destacó que el despacho, en lo que va corrido de este año, ha
evacuado: (i) doscientos veintinueve (229) sentencias y (ii) seiscientos
(600) Autos.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

IV.1. COMPETENCIA.

De conformidad con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 19 de
noviembre de 1991 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1º del
Decreto 333 de 2021, el cual modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015 y el artículo 25 del Acuerdo nro. 80 de 12 de marzo de 2019
de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, esta Sala es competente para conocer
del presente asunto.

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Índice 33 de Samai

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

IV.2. Análisis de la Sala

Corresponde a la Sala determinar si se vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia con
ocasión de la presunta mora judicial por parte del Tribunal dentro de la
acción popular con radicado núm. 27001-23-33-000-2021-00067-00,
instaurada por el accionante en contra del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi.

El artículo 29 de la Constitución Política consagró el derecho fundamental al
debido proceso, el cual debe aplicarse a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas, sin dilaciones injustificadas. Así mismo,
estableció en el artículo 228 que “los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado”, prescribiendo en el artículo
229 el derecho de acceso a la administración de justicia.

La jurisprudencia constitucional coincide en que la tardanza en la resolución
de un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción, en circunstancias
específicas, puede derivar en vulneración al derecho fundamental al debido
proceso, de manera que habrá que analizar “[…] (i) el volumen de trabajo
y el nivel de congestión de la dependencia, (ii) el cumplimiento de las
funciones propias de su cargo por parte del funcionario, (iii) complejidad del
caso sometido a su conocimiento y (iv) el cumplimiento de las partes de sus
deberes en el impulso procesal. […]”3, en aras de determinar si se está ante
un escenario de mora judicial injustificada o si la ponderación de las
circunstancias específicas explica el retardo.

Así por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido como justificada la
mora judicial cuando “[…] Se está ante asuntos de alta complejidad en los
que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que
los atiende, o Se constata la existencia de problemas estructurales, de
exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas
como imprevisibles e ineludibles.[…]”4

Por su parte, en lo concerniente al acceso a la administración de justicia,
la Sala, en sentencia de tutela proferida el 3 de mayo de 20185, al estudiar
también un caso sobre mora en la adopción de una decisión judicial, estimó
que, dentro de las garantías ínsitas de este derecho, se encuentra el derecho
a obtener la tutela judicial efectiva, la cual no solo exige de la autoridad
judicial un pronunciamiento respecto del asunto sometido a su definición,
sino, además, que esa respuesta de la judicatura sea oportuna; de allí que
el artículo 228 de la Constitución Política establezca que “los términos
procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado”.

3
Corte Constitucional, sentencia T-366 de 8 de abril de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
4
Op. Cit. T-803 de 2012.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, radicación número: 11001-03-15-
000-2018-00809-00(AC), C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

En el presente asunto, el actor aduce que el Tribunal ha incurrido en mora
judicial injustificada comoquiera que a la fecha no se ha proferido decisión de
primera instancia.

Una vez revisado el referido expediente, la Sala advierte que se han surtido
las siguientes actuaciones:

1) El 28 de junio de 20216 el tutelante instauró acción popular radicada bajo
el núm. 27001-23-33-000-2021-00067-00, contra el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, orientada a obtener el amparo de la protección de los
derechos colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación
sea eficiente y oportuna.

2) Mediante auto de fecha 2 de julio de 2021 se admitió7 la acción popular.

3) El 25 de agosto de 2021 la secretaria del Tribunal corrió traslado de las
excepciones propuestas en la contestación de la demanda 8.

4) El 17 de marzo de 2022, se concedió el amparo de pobreza solicitado por
el actor popular9.

5) El 4 de abril de 2022, mediante auto, fijó fecha para celebrar audiencia
de pacto de cumplimiento10.

6) El 26 de abril de 202211. Se celebro audiencia de pacto de cumplimiento 12.

7) El 6 de junio de 2022 el actor popular presento memorial en el cual solicita
se le dé celeridad al proceso13.

8) El 18 de julio de 2022, el proceso paso a despacho para sentencia 14.

9) El 1° de septiembre de 2022, el tutelante presentó impulso procesal
(prelación de fallo)15.

10) El 21 de noviembre de 202216, el Tribunal negó la solicitud de prelación
de fallo, al considerar que: “(…) cabe resaltar que en el sub lite, se discute
respecto de los procesos de formación catastral de la zona rural y la actualización
de la zona urbana del Municipio de San José del Palmar, de modo tal que no se
trata de una controversia que revista la importancia jurídica y la transcendencia

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

social aludida en las disposiciones legales en comento para que el proceso sea
fallado de manera preferente.(…)”. Decisión que fue notificada
electrónicamente al actor el 21 de noviembre de 2022.

De acuerdo con este recuento de las actuaciones procesales surtidas al
interior del proceso, la Sala no evidencia inactividad injustificada del
Tribunal Administrativo del Choco que configure mora judicial y como
consecuencia de ello la vulneración de los derechos fundamentales
reclamados por el accionante; pues, si bien es cierto que el proceso ingresó
desde el 18 de julio de 2022 al despacho para sentencia, es también cierto
que el trámite ha sido expedito y los procesos judiciales son fallados
conforme la fecha en que ingresan para dicho trámite. Es decir, contrario a
lo manifestado por el actor, para la Sala el trámite que ha surtido el
expediente corresponde a términos razonables, teniendo en cuenta la carga
y congestión de los despachos judiciales. Asimismo, advierte la Sala que el
Tribunal, en lo que va corrido del año, ha presentado una producción más
que razonable; esto es, se advierte un cumplimiento eficiente de sus
funciones, por lo que, según lo descrito líneas arriba, no se configuran las
circunstancias para entender que en el caso concreto se incurre en mora
judicial injustificada y como consecuencia de ello, en vulneración a los
derechos reclamados por el actor.

En consecuencia, la Sala negará el amparo solicitado por el actor en la
presente acción de tutela, por las razones aquí expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia por presunta mora judicial
solicitado por Jorge Enrique Perea Cossio, en calidad de personero municipal
de San José del Palmar -Choco, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en
los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de
noviembre de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los
diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad
con el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06064-00
Accionante: Jorge Enrique Perea Cossio

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
GARZÓN Consejero de Estado
Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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