Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06091-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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De petición: no se configuró, bajo el entendido de que la sola falta de respuesta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06091-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06091-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
12 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., diciembre doce (12) de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001031500020220609100
Demandante: JESÚS EMILIO TOBÓN VILLA
Demandada: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL
DE PETICIÓN – No se configuró, bajo el entendido de que la sola falta de respuesta
a una petición no comporta, de manera automática, la vulneración al derecho
fundamental de petición.
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por el señor Jesús Emilio Tobón Villa, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
1983 de 2017.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El señor Jesús Emilio Tobón Villa instauró demanda de tutela1 contra el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó que “se brinde amparo tutelar a los
derechos invocados como conculcados y demás que se encuentren configurados,
a efectos de ordenar a la entidad vinculada, dar respuesta clara y de fondo de forma
inmediata a la solicitud impetrada y brindar la información allí requerida”.
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Índice No. 2 de Samai.
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Radicación número: 11001031500020220609100
Accionante: Jesús Emilio Tobón Villa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
2. Hechos relevantes
Manifestó el tutelante que integró la parte actora en el proceso de reparación directa
con radicado número 25000232600019971513801, en el que resultó condenada la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
sentencia del 30 de agosto de 2017, adicionada el 31 de agosto de la misma
anualidad.
Con ocasión de lo anterior, el 25 de febrero de 2019, se completó la información
respectiva y se radicó la cuenta de cobro ante la mencionada entidad, la cual
confirmó recibo de la solicitud el 12 de marzo de la misma anualidad y asignó “turno
No. 9254”, sin que se haya materializado el referido pago.
El 21 de octubre de 2022, en atención al Decreto 642 de 2020, modificado por el
Decreto 1465 de 2022, el tutelante elevó solicitud de información respecto al pago
de la sentencia referida, petición a la cual se le asignó el radicado “EXTDEAJ22-
29953”, sin que a la fecha la entidad accionada haya emitido pronunciamiento, razón
por la que se vulneró su derecho fundamental de petición.
3. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
Mediante auto de 18 de noviembre de 20222, se admitió la demanda de tutela y se
ordenó notificar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura. Asimismo, se le comunicó esa decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideraba procedente en
el marco de sus competencias, interviniera en el presente asunto; no obstante,
ninguna de las entidades mencionadas se pronunció dentro de la oportunidad.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo para
la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante
situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades
públicas, o de los particulares en casos concretos y excepcionales.
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Índice No. 4 de Samai.
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Radicación número: 11001031500020220609100
Accionante: Jesús Emilio Tobón Villa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
El derecho fundamental de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, en virtud del cual toda persona tiene derecho a “(…) presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución (…)”.
La Ley 1755 de 2015 estableció las diferentes modalidades del derecho de petición,
a través de los cuales se puede solicitar: i) el reconocimiento de un derecho; ii) la
intervención de una entidad o funcionario; iii) la resolución de una situación jurídica;
iv) la prestación de un servicio; v) requerir información; vi) consultar, examinar y
requerir copias de documentos; vii) formular consultas, quejas, denuncias y
reclamos; e viii) interponer recursos, entre otros objetivos.
Frente a este tema, la Corte Constitucional ha manifestado que el núcleo esencial
del derecho de petición se encuentra en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión planteada y, además, que la respuesta debe ser de fondo, clara, precisa,
de manera congruente con lo solicitado y comunicada al peticionario3.
En relación con la procedencia de la acción de tutela por la vulneración al derecho
fundamental de petición, la Subsección ha considerado que el amparo no opera de
manera automática, pues no basta la sola presentación de una petición y que su
respuesta sea incompleta o que no la haya, sino que esa omisión debe trascender
a otros derechos para que se abra paso el amparo constitucional4.
En el caso bajo estudio, el señor Jesús Emilio Tobón Villa alega que se le vulneró
su derecho de petición, porque no se ha dado respuesta a la solicitud presentada
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el 21 de octubre de 20225, en
los siguientes términos (trascripción literal con posibles errores incluidos):
Jesús Emilio Tobón Villa, mayor de edad, residente en la ciudad de Medellín,
identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de demandante y
beneficiario, por medio del presente escrito, solicito respetuosamente bajo las
3
Corte constitucional, sentencia T-332 del 1º de junio de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
4
Ver: aclaración de voto de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 12 de abril de 2021, radicado 2020-05041, suscrita por la magistrada
ponente de esta decisión y sentencia de 4 de junio de 2021, radicación: 110010315000202102350
00, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A.
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Según la demanda de tutela, en esa fecha se recibió “confirmación de registro de correspondencia”,
en los siguientes términos “le informamos que hemos recibido y registrado su solicitud, a través del
Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo de Documentos Oficiales SIGOBius, con la
siguiente información…”.
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Radicación número: 11001031500020220609100
Accionante: Jesús Emilio Tobón Villa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
condiciones establecidas en la Constitución Política de Colombia y el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que se me
informen los puntos abajo relacionados con respecto a la siguiente cuenta de
cobro.
RADICADO NOMBRE INGRESO AL LISTADO DE
TURNO
1997-15138 JORGE ARGIRO TOBÓN 29/6/2018
1. Estado actual del trámite administrativo para el reconocimiento y pago de
la sentencia judicial.
2. Relación de cada uno de los estados en los que ha estado el trámite
administrativo, junto con las fechas en las que inicio el estado y en las que
cambio de estado (…).
3. Se me informe si a la fecha del presente derecho de petición ya se realizó la
solicitud a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con respecto a
si los beneficiarios del pago se encuentran a paz y salvo en materia de
impuestos, sanciones, multas e intereses y, en caso de ser afirmativo, se me
entregue copia del correo enviado a dicha entidad junto con los archivos
anexos que este contenga.
4. Se me informe si a la fecha del presente derecho de petición se ha recibido
respuesta por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DIAN frente al requerimiento referenciado en el numeral anterior.
5. Se me informe si en algún momento el proceso fue remitido a otra entidad
para que esta realizara el pago de la sentencia (se destaca).
El actor invocó como fundamento de su pretensión “el pago de la sentencia en los
términos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, artículo 53 de
la Ley 1955 de 2019, reglamentado por los decretos 642 de 2020 y 1465 de 2022
los cuales claramente establecieron la obligación del pago de las sentencias o
conciliaciones debidamente ejecutoriadas que se encontraban en mora a 25 de
mayo de 2019 y deberá realizarse (sic) a más tardar el 30 de septiembre de 2022”.
Dado que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no se pronunció sobre
los hechos expuestos por el señor Tobón Villa, la Subsección, en aplicación de la
presunción de veracidad -artículo 206 del Decreto 2591 de 1991-, concluye que es
cierto que no se ha dado respuesta a la petición radicada el 20 de octubre de 2022,
tal y como se alegó en la demanda de tutela.
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ARTICULO 20. PRESUNCION DE VERACIDAD. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez
estime necesaria otra averiguación previa.
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Radicación número: 11001031500020220609100
Accionante: Jesús Emilio Tobón Villa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
No obstante lo anterior, en el presente asunto no se acreditó que la sola falta de
respuesta por parte de la accionada haya producido la vulneración de otro u otros
derechos fundamentales diferentes al de petición –según la tesis mayoritaria de la
Sala– y tampoco se demostró la existencia de un perjuicio irremediable, por lo que
la Subsección considera que no hay lugar a disponer el amparo reclamado.
Aunado a lo anterior, no puede desconocerse que, como la petición del señor Jesús
Emilio Tobón Villa está encaminada a obtener el pago de la sentencia dictada en el
proceso de reparación directa -radicado número 25000232600019971513801-, lo
propio es hacer uso del proceso ejecutivo, tal y como lo prevé los artículos 297 y
198 de la Ley 1437 de 20117.
Por lo expuesto, la Subsección negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Jesús Emilio Tobón Villa, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
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ARTÍCULO 297. TÍTULO EJECUTIVO. Para los efectos de este Código, constituyen título
ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
…
ARTÍCULO 298. PROCEDIMIENTO. En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior,
si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella
señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento
inmediato.
En los casos a que se refiere el numeral 2 del artículo anterior, la orden de cumplimiento se emitirá
transcurridos seis (6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se señale,
bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las sentencias como título ejecutivo.
El juez competente en estos eventos se determinará de acuerdo con los factores territoriales y de
cuantía establecidos en este Código.
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Radicación número: 11001031500020220609100
Accionante: Jesús Emilio Tobón Villa
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
con salvamento de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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