Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06101-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06101-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06101-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
24 de abril de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06101-01
Accionantes: Mayerlin Conde Orozco y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06101-01
Accionantes: Mayerlin Conde Orozco y otros
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Privación injusta de la libertad
/ Defecto fáctico / Violación directa de la Constitución / Requisitos de la medida de
aseguramiento / Culpa exclusiva de la víctima / Presunción de inocencia / Juez
natural / Se revoca la sentencia de primera instancia y se concede el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de impugnación interpuesto por el apoderado
de los accionantes contra la sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado. El fallo de tutela
impugnado negó las pretensiones de la acción de tutela presentada contra la
sentencia del 6 de mayo de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
Sección C. En la sentencia objeto de reproche se confirmó la sentencia del 9 de
diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Catorce Administrativo de Barranquilla
que, a su vez, desestimó las pretensiones de la demanda de reparación directa con
radicado No. 08001-33-33-014-2018-00391-00/01 adelantada por los accionantes
contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación con ocasión de
una supuesta privación injusta de la libertad.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
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Accionantes: Mayerlin Conde Orozco y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 16 de noviembre de 2022, mediante apoderado judicial, Mayerlin Conde
Orozco, Emiro Villalobos Galofre, María Angélica Reyes Sánchez, Melani Villalobos
Reyes y Victoria Villalobos Reyes interpusieron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección C. En su concepto, la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, así como los principios de confianza legítima,
seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, presunción
de inocencia, cosa juzgada y juez natural, porque incurrió en un defecto fáctico y
una violación directa de la Constitución al momento de negar las pretensiones de la
demanda de reparación directa adelantada por los accionantes.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<3.1. PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho sustancial sobre el
formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural, vulnerados por el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, con la decisión proferida en
segunda instancia el pasado seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022), notificado
el día 18 de ese mes, dentro del medio de control de reparación directa con radicado
No. 08001-33-33-014-2018-00391-01 promovido por el señor Jhon Villalobos Reyes
(Q.E.P.D.) y otros.
3.2. SEGUNDO: Que, como consecuencia de lo anterior, se deje sin efecto la
sentencia de fecha seis (06) de mayo de dos mil veintidós (2022), notificada el día 18
de ese mes, dentro del medio de control de reparación directa con radicado No.
08001-33-33-014-2018-00391-01 promovido por el señor Jhon Villalobos Reyes
(Q.E.P.D.) y otros.
3.3. Ordenar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico que dentro de
los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del fallo de tutela, profiera una nueva
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Accionantes: Mayerlin Conde Orozco y otros
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decisión en la cual se valoren de forma adecuada los medios de convicción
oportunamente allegados y que fueron practicados en el trámite del proceso ordinario,
se apliquen y adecúen a las circunstancias fácticas puestas de manifiesto, bajo los
parámetros ampliamente desarrollados y reiterados por la jurisprudencia del Consejo
de Estado, Sección Tercera, en casos similares de privación injusta de la libertad, en
los cuales se ha declarado la responsabilidad de las demandadas, cuando la
imposición de la medida de aseguramiento, estuvo sustentada en elementos
materiales probatorios que carecen de valor suasorio al momento de solicitarse; esto
en los términos de la jurisprudencia administrativa y constitucional>>.
B. Hechos
3.- Los accionantes basaron su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 9 de diciembre de 2014 el señor John Villalobos Reyes se encontraba en un
bar junto con un amigo. En el lugar ocurrió una riña que involucró a la pareja
conformada por Bayron Galvis Coronado y Katherine Navarro Cabarcas: una
persona apodada <<Mane>> disparó contra ellos, y causó la muerte del primero y
lesiones a la segunda. Por lo anterior, los clientes del bar se dispersaron, entre ellos,
el señor Villalobos Reyes y su amigo, que se fueron en una motocicleta.
3.2.- Agentes de la Policía Nacional se enteraron del enfrentamiento, se dirigieron
al lugar e iniciaron una persecución contra el señor Villalobos Reyes y su amigo,
que en ese momento abandonaban el sitio. Los dos fueron capturados por los
policías y se inició una investigación penal por los delitos de homicidio agravado en
concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.
3.3.- Ese mismo día, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control
de garantías de Barranquilla, se legalizó la captura del señor Villalobos Reyes, se
le imputaron cargos y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad
en establecimiento carcelario.
3.4.- El 16 de agosto de 2016 el Juez Séptimo Penal del Circuito de causas mixtas
de Barranquilla profirió sentencia absolutoria a favor del señor Villalobos Reyes.
Ello, en virtud de la petición de la Fiscalía al momento de presentar sus alegatos de
conclusión y habida cuenta de la falta de pruebas que demostraran la
responsabilidad penal del accionante. Ese día se ordenó la libertad inmediata del
señor Villalobos Reyes.
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3.5.- El 19 de septiembre de 2018 los accionantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación por la privación injusta de la libertad del señor Villalobos Reyes.
3.6.- Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2021 el Juzgado Catorce
Administrativo de Barranquilla negó las pretensiones de la demanda. El juzgado
consideró que el daño causado no fue antijurídico, dado que al momento de
imponerse la medida de aseguramiento existían elementos de juicios suficientes
para inferir la responsabilidad penal. Además, concluyó que su conducta dolosa o
gravemente culposa fue la causa determinante del daño: resalta que el día de los
hechos el señor Villalobos Reyes se encontraba bajo otra medida privativa de la
libertad en su domicilio, por lo que su presencia en el lugar de la riña fue contraria
al ordenamiento jurídico; adicionalmente, huyó del sitio en motocicleta y en el
momento de la captura intentó inducir a error a las autoridades al identificarse con
otro nombre.
3.7.- La parte actora apeló la anterior decisión1.
3.8.- El 6 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C profirió
sentencia en la que confirmó la decisión de primera instancia. A juicio del tribunal,
la medida de aseguramiento fue adecuada, proporcional y conforme con el
ordenamiento jurídico. Señaló que la parte actora faltó a la carga de la prueba, pues
1 Reiteró que las pruebas del proceso sí demuestran los elementos de la responsabilidad del Estado. Señaló
que sí demostró la falla en el servicio, dado que la medida de aseguramiento se impuso sin cumplimiento de los
requisitos legales: el señor Villalobos Reyes no fue capturado en flagrancia, no se presentaron elementos
materiales probatorios que permitieran inferir su responsabilidad, no se señalaron las razones que justificaron
la necesidad de la medida, según lo previsto en la norma (la existencia de un riesgo de no comparecer al
proceso, el representar un peligro a la sociedad o la víctima y/o constituir un obstáculo al debido ejercicio de la
justicia). Además, no podía imponerse la medida de aseguramiento basado únicamente en un informe de policía,
como sucedió en este caso.
Por otro lado, de forma subsidiaria solicita que se aplique el régimen de daño especial, bajo el entendido de que
toda privación de la libertad de una persona que no ha cometido un delito es injusta, y máxime cuando el in
dubio pro reo es uno de los supuestos aceptados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para aplicar un
régimen objetivo de responsabilidad.
Por último, señala que no se configuró la culpa exclusiva de la víctima, pues el señor Villalobos Reyes no obró
con culpa grave o dolo. Por el contrario, fue absuelto en el proceso penal y en el marco del mismo obró con
diligencia y lealtad. Invocó la sentencia del 15 de noviembre de 2019 (rad. 11001-03-15-000-2019-00169-01)
proferida por la Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, en virtud de la cual el juez de lo contencioso
administrativo no puede estudiar la conducta preprocesal del privado de la libertad, pues ese juicio es
competencia del juez penal. De lo contrario se afecta la cosa juzgada, el juez natural y la presunción de
inocencia.
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no aportó la grabación de la audiencia en la que se impuso la medida. Concluyó
que, en todo caso, el daño sufrido no fue antijurídico, toda vez que la conducta del
señor Villalobos Reyes fue determinante para la imposición de la medida de
aseguramiento, esto es, se configuró la excepción de culpa exclusiva de la víctima.
3.9.- El tribunal sostuvo que el accionante incurrió en el delito tipificado en el artículo
448 del Código Penal (fuga de presos), pues al momento de ser capturado por los
hechos que dieron lugar a la imposición de la medida estaba fugado de su lugar de
retención (domicilio) con ocasión de una pena privativa de la libertad impuesta en
un proceso penal anterior. También reprochó que el accionante huyera del lugar de
los hechos y que se identificara con otro nombre ante las autoridades
<<seguramente con la intención de hacer incurrir en error>>. Finalmente, señaló
que, según el informe de absorción atómica, el actor presentaba residuos de
pólvora, lo cual constituía motivo suficiente para ordenar su detención.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- Los accionantes alegan que la sentencia objeto de reproche vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración
de justicia, y los principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del
derecho sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez
natural. Sostienen que la providencia incurrió en (i) un defecto fáctico y (ii) una
violación directa de la Constitución.
4.1.- En relación con el defecto fáctico, sostienen que el tribunal accionado valoró
caprichosamente el desarrollo del proceso penal, dentro del cual se demostró que
el señor Villalobos Reyes fue ajeno a los hechos investigados. En esa medida, el
estudio de la legalidad de la medida de aseguramiento fue deficiente pues no se
demostró la inferencia razonable de responsabilidad penal ni se cumplieron con las
finalidades legales de la medida.
4.2.- En concreto, indican cuando se capturó al señor Villalobos Reyes no se
recaudó material probatorio que sustentara la teoría del caso de la Fiscalía, como
el arma con la que se cometió el delito. Además, según indicó en juicio la
investigadora del CTI que rindió el informe de absorción atómica de pólvora, el
hecho de que el resultado de la prueba fuera positivo no indica necesariamente que
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la persona accionó un arma de fuego, ya que también es posible que esta se
encontrara cerca a la persona que efectivamente disparó.
4.3.- Resaltan que en el transcurso del juicio oral la señora Navarro Cabarcas
(compañera del difunto que se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió
el homicidio) indicó que el autor del delito fue una persona apodada <<Mane>>, que
el señor Villalobos Reyes no fue capturado en flagrancia, pues la patrulla que lo
capturó no presenció los hechos y que no opuso resistencia a las autoridades que
lo retuvieron. Precisan que se fue del lugar por temor y no porque hubiera cometido
la conducta.
4.4.- Por otro lado, reclama que no se demostró la culpa exclusiva de la víctima por
el hecho de que estuviera por fuera de su residencia cuando debía cumplir una pena
privativa de la libertad en su domicilio. Al respecto, enfatizó que el debido proceso
es una garantía inalienable y aplicable sin importar la situación en la que se
encuentra la persona.
4.5.- Lo anterior constituyó también una violación directa de la Constitución, pues el
tribunal calificó penalmente la conducta de salir de su lugar de residencia cuando
cumplía una pena privativa de la libertad en su domicilio; conducta que no fue objeto
de investigación por parte de la Fiscalía y carece de relevancia penal. Con lo anterior
desconoció las garantías procesales, entre ellas, la presunción de inocencia.
4.6.- Finalmente invocó jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con
los límites al poder punitivo del Estado (en particular, las sentencias C-143 de 2015,
C-108 de 2017 y C-294 de 2021).
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C (accionado) aportó copia
digital del expediente ordinario, pero guardó silencio frente a los hechos y
pretensiones de la acción de tutela.
6.- La Fiscalía General de la Nación (tercero con interés) afirma que la acción de
tutela es improcedente porque (i) los accionantes no sustentaron los defectos
alegados; (ii) se procura reabrir etapas probatorias debidamente agotadas; (iii) no
se cumple con el requisito de subsidiariedad, y (iv) no se afectaron los derechos
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Accionantes: Mayerlin Conde Orozco y otros
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fundamentales de los accionantes. Sostiene que las autoridades judiciales gozan
de libertad para valorar las pruebas, de conformidad con la Constitución y la ley.
7.- La Rama Judicial (tercero con interés) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado (interviniente) fueron debidamente notificados; no obstante, guardaron
silencio.
E. Sentencia impugnada
8.- Mediante sentencia del 19 de enero de 2023 la Sección Segunda, Subsección A
de esta Corporación negó las pretensiones de la solicitud de amparo. Después de
reseñar las consideraciones de la providencia objeto de reproche, concluyó que no
se configuró ningún defecto:
<<toda vez que las conclusiones a las que llegaron los funcionarios judiciales para
resolver el caso y negar las solicitudes de la parte demandante no obedecieron a un
capricho o arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación normativa y
jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del caso, que llevó a tomar la
decisión adversa a las pretensiones de la demanda>>.
9.- No advirtió una vulneración de derechos fundamentales que amerite la
intervención del juez constitucional, máxime cuando a este no le compete revivir las
discusiones agotadas en el proceso ordinario.
F. Impugnación
10.- La parte actora impugna la decisión. Solicita que se revoque la sentencia de
primera instancia y que se conceda el amparo. Para ello, reiteran los argumentos
del escrito de tutela.
II. CONSIDERACIONES
11.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la solicitud de amparo para, en su lugar, amparar el derecho fundamental al
debido proceso. Lo anterior, dado que se acreditó el defecto fáctico y la violación
directa de la Constitución, como quiera que el tribunal no valoró la medida de
aseguramiento y porque el juez de la reparación directa no puede estudiar la
conducta preprocesal del privado de la libertad a efectos de verificar la culpa
exclusiva de la víctima.
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Se revoca la sentencia y se concede el amparo
12.- En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 6 de mayo de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C y se ordenará al
tribunal que decrete de oficio la grabación de la audiencia en la que se impuso la
medida de aseguramiento.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
13.- Los requisitos generales se cumplen pues: (i) los accionantes indicaron de
manera clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto
es constitucionalmente relevante porque se alega la vulneración, entre otros, del
derecho al debido proceso por un defecto fáctico y una violación directa de la
Constitución, y se evidencia un error de bulto que lesiona los derechos
fundamentales de la parte actora; (iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque los accionantes utilizaron todos los mecanismos judiciales a
su alcance para la protección de sus derechos fundamentales y contra la
providencia atacada no procede ningún recurso; (iv) la solicitud se presentó en un
término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda instancia se
notificó el 17 de mayo de 2022 y la tutela se presentó el 16 de noviembre de 2022,
es decir, dentro del término de 6 meses precisado tanto por esta Corporación2 como
por la Corte Constitucional 3; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.
H. El tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, pues estudió la
legalidad de la medida de aseguramiento sin haber valorado la audiencia de
imposición de medida de aseguramiento
14.- El tribunal accionado sostuvo que la medida de aseguramiento fue adecuada,
proporcional y conforme con el marco legal. Ello, a pesar de que reprochó que la
parte actora incumplió la carga de la prueba en los términos del artículo 167 del
CGP y no aportó la grabación de la audiencia en la que se impuso la medida de
aseguramiento.
14.1.- No obstante, del estudio del expediente de reparación directa allegado al
presente proceso de tutela, la Sala encuentra que la grabación de la referida
audiencia fue relacionada en el acápite de pruebas de la demanda. De igual forma,
2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
3 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Accionantes: Mayerlin Conde Orozco y otros
Se revoca la sentencia y se concede el amparo
el juez ordinario de primera instancia enlistó las pruebas allegadas y tenidas en
cuenta para tomar la decisión, entre las cuales se incluyó esa grabación.
14.2.- Para la Sala no es claro cómo el tribunal accionado pudo concluir que la
imposición de la medida de aseguramiento fue proporcional, adecuada y legal, sin
haber tenido acceso a la grabación de la audiencia. Es decir que el tribunal habría
dado por probado un hecho a pesar de reconocer expresamente que no contaba
con las pruebas para ello y aunque las mismas sí fueron aportadas al proceso, lo
cual constituye un defecto fáctico y amerita la intervención del juez de tutela.
14.3.- En efecto, la Sala considera que la grabación de esa audiencia sí fue aportada
al proceso ordinario, pero no fue valorada por el tribunal, motivo por el cual se
ordenará a este que, dada su calidad de director del proceso, emplee las medidas
que corresponda, valore esa prueba y profiera una sentencia de reemplazo.
I. El tribunal accionado violó directamente la Constitución al valorar la
conducta preprocesal del señor Villalobos Reyes y a partir de esta tener por
probada la culpa exclusiva de la víctima
15.- Por otro lado, también se reprocha que el tribunal tuviera por probada la culpa
exclusiva de la víctima para desvirtuar la responsabilidad del Estado. Para llegar a
esa conclusión, el tribunal tuvo en cuenta la conducta preprocesal del privado de la
libertad y, en particular, el hecho de que estuviera cumpliendo una pena privativa
de la libertad en su lugar de domicilio cuando sucedieron los hechos objeto de la
investigación penal, así como el resultado de la prueba de absorción atómica.
15.1.- El juez de lo contencioso administrativo no puede valorar la conducta
preprocesal de la persona privada de la libertad, pues el juicio de esta corresponde
al juez penal que justamente conoció el asunto. De lo contrario cabría pensar que
una persona que ha sido absuelta en un proceso penal debe asumir la carga de la
privación de su libertad, dado que hay circunstancias que, apreciadas nuevamente
por el juez de la reparación, pueden dar origen a cierta sospecha sobre su
responsabilidad y que, por más de ser descartadas en sede penal, cabría retomarlos
en sede de lo contencioso administrativo.
15.2.- Al estudiar la presencia del señor Villalobos Reyes en el lugar de los hechos,
y que constituye una conducta preprocesal de aquel, el tribunal accionado destacó
que <<en horas de la madrugada del 9 de diciembre de 2014, el señor Jhon
Villalobos decidió fugarse de su casa [para encontrarse con un amigo en un bar
cercano], siendo esta el establecimiento carcelario designado por el Juez Penal y el
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INPEC para su reclusión, incurriendo en otra conducta típica según el artículo
448 del Código Penal>> (subraya la Sala).
15.3.- Como se advierte, el tribunal declara que el privado de la libertad incurrió en
un delito sin que esa conducta fuera objeto de una investigación y eventual juicio
ante la justicia penal. Coincide la Sala con el apoderado de la parte actora, en cuanto
a que lo anterior constituye una abierta violación de la Constitución y del debido
proceso, pues pasa por alto las garantías mínimas y esenciales de ese derecho
fundamental.
15.4.- No puede el juez de lo contencioso administrativo declarar la responsabilidad
penal de ninguna conducta. El juicio sobre las conductas penales cometidas por los
particulares atañe exclusivamente a los jueces penales, en el marco del proceso
judicial especial previsto para esos efectos. En ello recae la garantía del juez natural
y de las formas procesales propias de ese juicio.
15.5.- Al hacer esa consideración el tribunal accionado se atribuyó competencias
que no le son propias, pretermitió el proceso penal que debió adelantarse ante la
autoridad competente y desconoció la presunción de inocencia del señor Villalobos
Reyes. No es posible que se atribuya la causa de la imposición de una medida de
aseguramiento a la supuesta comisión de un delito que no ha sido objeto de
investigación, juicio y condena por parte del juez natural.
15.6.- Tampoco podía valorar la prueba de absorción atómica y residuos de pólvora,
pues la misma fue posterior a la imposición de la medida de aseguramiento, es
decir, no pudo constituir elemento de juicio para la privación de la libertad, sumado
a que esa prueba fue objeto de análisis por el juez penal al momento de absolver al
accionante.
16.- Se concluye que el tribunal accionado de ninguna forma puede desconocer la
cosa juzgada penal, consolidada en la decisión del juez penal, pues esta es de
carácter absolutorio y reafirma la presunción de inocencia de Villalobos Reyes. Se
vulnera así la cosa juzgada penal, el juez natural, la presunción de inocencia y, en
general, el debido proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
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Se revoca la sentencia y se concede el amparo
RESUELVE
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia del 19 de enero de 2023 proferida por la
Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, por medio de la cual se
negaron las pretensiones de la solicitud de amparo interpuesta por los accionantes.
En su lugar, AMPÁRASE el derecho fundamental al debido proceso.
SEGUNDO: En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 6 de mayo
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, en el
proceso de reparación directa No. 08001-33-33-014-2018-00391-00/01.
TERCERO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que
dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta sentencia tome las
determinaciones que le correspondan como director del proceso para valorar la
grabación de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.
CUARTO: ORDÉNASE al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que,
dentro de los diez (10) días siguientes a la incorporación de la anterior prueba en el
expediente, profiera una nueva providencia en la que tenga en cuenta las
consideraciones señaladas en esta decisión.
QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
SEXTO: Una vez notificada, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
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SÉPTIMO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
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