RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06109-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06109-01

Fecha
29 de junio de 2023
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06109-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de marzo de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06109-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

29 de junio de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -
COLPENSIONES-
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “D” Y JUZGADO
VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial y autoridad administrativa. Medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. reliquidación
pensión de vejez beneficiario régimen de transición. Presupuesto de
la subsidiariedad. Recurso extraordinario de revisión para controvertir
sentencias judiciales que establecen montos pensionales que
presuntamente desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la actora contra la sentencia de 17 de marzo de 20231, dictada por
la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por desatender el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que por medio de la Resolución No. 042758 del 18 de septiembre
de 2009, el Instituto de los Seguros Sociales (en adelante ISS) reconoció a favor
del señor Agustín Sierra Garza una pensión de vejez efectiva a partir del 30 de
marzo de 2006, con retroactivo de $41.795.202, de conformidad con la Ley 33 de
1995, aplicable por tratarse de un beneficiario del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Indicó que el 6 de mayo de 2011, el señor Sierra Garza solicitó la reliquidación de
la pensión de vejez incluyendo todos los factores salariales percibidos durante el
último año de servicios, sin embargo, el ISS guardó silencio.

1
El expediente ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 9 de mayo de 2023.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

Afirmó que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el
señor Sierra Garza demandó al ISS para que se declarara la nulidad de la
Resoluciones Nos. 042758 del 18 de septiembre de 2009 y 48120 del 20 de
octubre de 2009, así como del acto ficto o presunto.

Señaló que por sentencia de 16 de agosto de 2013, el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda,
en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados, y a
título de restablecimiento del derecho ordenó a Colpensiones reliquidar la pensión
de jubilación percibida por el demandante conforme con el 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios prestados.

Manifestó que Colpensiones presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, en el que expresó que el reconocimiento del monto pensional se
efectuó de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y el Decreto 1158 de 1994.

Aseveró que en segunda instancia, por sentencia de 13 de febrero de 2014, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”,
modificó la sentencia de primera instancia en el sentido de ordenar incluir otros
factores salariales y se descontaran los aportes para pensión respecto de los
factores sobre los cuales no se hubiere efectuado la respectiva deducción.

Adujo que en cumplimiento de la anterior decisión, Colpensiones expidió la
Resolución GNR 253600 de 20 de agosto de 2015 en la que se reliquidó la
pensión de vejez percibida por el señor Agustín Sierra Garza elevando la cuantía
de la misma a $3.199.199 efectiva desde 30 de marzo de 2006, lo que generó un
retroactivo de $357.580.086.

Expresó que el señor Sierra Garza presentó demanda ejecutiva contra
Colpensiones la que fue decidida en primera instancia por el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá, que mediante providencia de 31 de agosto
de 2017 declaró probada la excepción de pago total de la obligación.

Por último, afirmó que inconforme con esa decisión el ejecutante presentó recurso
de apelación el cual fue decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “D”, por medio de sentencia de 4 de junio de 2020
en la que se revocó la decisión recurrida y, en su lugar, ordenó continuar adelante
la ejecución contra Colpensiones por la suma de $70.161.891.

2. Fundamentos de la acción

La entidad accionante presentó acción de tutela en defensa de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia,
igualdad y del principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, los
cuales considera vulnerados con las sentencias de 13 de febrero de 2014 y 16 de
agosto de 2013 proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en las que se ordenó reliquidar la pensión de vejez

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

percibida por el señor Agustín Sierra Garza conforme con el 75% de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios.

En primer lugar, advirtió que se cumplen los presupuestos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, por cuanto es un asunto que
reviste relevancia constitucional porque las decisiones cuestionadas incurren en
un abuso palmario del derecho. En ese sentido, acusó a las autoridades judiciales
accionadas de dar una aplicación indebida al artículo 36 de la Ley 100 de 1993
oponiéndose a las reglas fijadas en las sentencias C-168 de 1995 y C-596 de
1997, en las cuales la Corte Constitucional aclaró que quienes son beneficiarios
del régimen de transición se les debe liquidar con el promedio de lo cotizado
durante los últimos 10 años de servicio o el tiempo que les faltare, lo cual, reiteró,
conlleva un abuso palmario del derecho.

Igualmente, consideró que se cumple el presupuesto de la subsidiariedad porque
no existe otro medio de defensa idóneo para reclamar la garantía de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de
Colpensiones, y evitar un perjuicio irremediable que se ve materializado en la
afectación de los recursos del sistema pensional por el pago de una mesada
pensional excesiva.

En ese sentido, se refirió a la sentencia SU-427 de 2016 que establece que en los
casos en que se verifique un abuso palmario del derecho la acción de tutela
resulta procedente como mecanismo principal y el juez constitucional deberá dejar
sin efectos las providencias judiciales que lo originan. Al respecto, señaló que con
la decisión cuestionada se incrementó la mesada pensional en un 305% respecto
del valor que legalmente corresponde reconocer esto es $1.496.347 y lo que se
paga actualmente es $6.071.563.

Sobre ese particular, explicó que el impacto económico futuro equivale a la suma
de $914.529.456.

De igual modo, señaló que se cumple el presupuesto de la inmediatez, en tanto la
afectación es permanente, continua y actual. Además, consideró que para el
momento en que se profirió la sentencia cuestionada -13 de febrero de 2014-,
Colpensiones se encontraba superando dificultades administrativas e
institucionales por la transición del ISS que llevaron a la Corte Constitucional a
declarar el estado de cosas inconstitucional.

En ese orden, alegó la configuración de los siguientes defectos:

• Defecto sustantivo. Al respecto, señaló que se configuró por la indebida
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el alcance que la Corte
Constitucional ha fijado en relación con este precepto en las sentencias C-
168 de 1995 y C-258 de 2013, en el sentido de que los aspectos sujetos a
transición son edad, tiempo de servicios/semanas cotizadas y monto, por lo
que el IBL se determina por la Ley 100 de 1993 y los factores salariales
establecidos en el Decreto Reglamentario 1158 de 1994.

Por lo tanto, consideró que las autoridades judiciales incurrieron en un error
que derivó en abuso del derecho, al ordenar reliquidar la pensión de vejez
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

percibida por el señor Agustín Sierra Garza conforme al 75% de lo
devengado en el último año de servicios y con inclusión de todos los
factores salariales aplicando el régimen anterior.

• Desconocimiento del precedente judicial. Alegó el desconocimiento de
las sentencias C-168 de 1995, C-596 de 1997 y C-258 de 2013, respecto
de las cuales transcribió algunos apartes relativos al alcance del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y de los que se establece que los aspectos que
están sujetos a régimen de transición esto es la edad y tiempo de servicio o
semanas cotizadas y tasa de reemplazo, es decir, que excluye el IBL.

De igual forma, se refirió a providencias proferidas por la Corte
Constitucional en procesos de tutela que han aplicado en casos concretos,
el alcance fijado en las precitadas providencias, en el sentido de que el IBL
no es un aspecto que haga parte del régimen de transición por lo que se
encuentra regulado por la Ley 100 de 1993, tales como: T-078 de 2014,
Auto 326 de 2014, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017, SU-
023 de 2018, SU-068 de 2018, T-109 de 2019 y T-619 de 2019.

Asimismo, incluyó la sentencia de unificación de 28 de septiembre de 2018
del Consejo de Estado en la que decidió acoger la postura de la Corte
Constitucional, abandonado la tesis que establecía que el IBL sí hacia parte
del régimen de transición.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Conforme a los hechos y argumentos constitucionales, legales y jurisprudenciales
precedentemente reseñados, me permito solicitar a esa Honorable Corporación:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de Colpensiones al debido
proceso, acceso efectivo a la administración de justicia e igualdad ante la ley,
orientados a la Defensa del patrimonio público y a la protección del principio de
sostenibilidad financiera, en consideración a que el Juzgado Veintiuno Administrativo
del Circuito de Bogotá – Sección Segunda y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, incurrieron en violación directa a
la Constitución, desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto sustantivo,
en las sentencias proferidas el 16 de agosto de 2013 y el 13 de febrero de 2014,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado No.
11001333302120120037100.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO de manera definitiva la sentencia proferida el 13 de
febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
11001333302120120037100, teniendo en cuenta que la decisión allí adoptada es
contraria a la normatividad y a la jurisprudencia constitucional fijada en la materia. En
su lugar, ORDENE al despacho accionado, proferir nueva decisión subsanando los
yerros alegados en la presente tutela”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente de tutela los siguientes documentos:

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

• Copia de la sentencia de 16 de agosto de 2013, proferida por el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá.

• Copia del fallo de 13 de febrero de 2014, dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”.

De igual forma, obra copia digitalizada del expediente 11001-33-35-021-2013-
00371-01, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el señor Agustín Sierra Garza contra el Instituto de
Seguros Sociales en liquidación.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de noviembre de 2022, la Sección Tercera, Subsección “C” del
Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a las
autoridades judiciales accionadas, así como al señor Agustín Sierra Garza y al
Instituto de Seguros Sociales en liquidación como terceros interesados en el
resultado del proceso.

Asimismo, dispuso oficiar al Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de
Bogotá con el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente No. 11001-33-
35-021-2013-00371-01 correspondiente al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor Agustín Sierra Garza contra
el Instituto de Seguros Sociales en liquidación.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de
Seguros Sociales en liquidación

El apoderado pidió la desvinculación del trámite constitucional porque la entidad
perdió competencia para resolver peticiones relacionadas con el régimen de prima
medida con prestación definida en virtud del Decreto 2013 de 2012, por medio del
cual el Gobierno Nacional designó como liquidador del Instituto de Seguros
Sociales en liquidación a La Previsora S.A.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “D”

La titular del despacho que profirió la sentencia cuestionada pidió que se nieguen
las pretensiones de la demanda, al considerar que la sentencia cuestionada se
profirió conforme al precedente judicial vigente para ese momento, consolidado en
la sentencia de 4 de agosto de 20102, en virtud del cual los beneficiarios del
régimen de transición tienen derecho a acceder al reconocimiento pensional
conforme con el régimen de la Ley 33 de 1985 con el promedio de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios.

Asimismo, precisó que la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018,
proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de

2
Radicado 2006-07509-01(0112-09).
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

Estado en el que cambió la postura jurisprudencial, solo es aplicable a casos
pendientes de decisión en sede administrativa o judicial, lo que no ocurre en el
caso bajo estudio.

6.3. El señor Agustín Sierra Garza guardó silencio, a pesar de que fue notificado
mediante Oficio JCGB del 13 de diciembre de 2022, remitido a través de correo
472.

6.4. El Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá remitió copia
digitalizada del expediente ordinario, pero no se pronunció sobre la solicitud de
amparo.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, por medio de sentencia
de 17 de marzo de 2023 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar
que no se cumplió el presupuesto de la subsidiariedad.

Precisó que los reproches de la acción de tutela consisten en que (i) se incurrió en
una indebida interpretación del artículo 36 de la ley 100 de 1993, pues se
desatendió el alcance que la Corte Constitucional le ha dado en su jurisprudencia
reiterada; (ii) se pasó por alto el precedente judicial establecido por el tribunal
constitucional en relación con la exclusión del IBL del régimen de transición; (iii) se
presenta un abuso palmario del derecho que se funda en el abrupto incremento de
la mesada pensional del señor Sierra Garza y (iv) se violaron los artículos 48 y 229
de la Constitución Política, así como el Acto Legislativo 01 de 2005.

Al respecto, consideró que el medio judicial idóneo para plantear esas discusiones
es el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, que como se indicó en la sentencia C-258 de 2013 procede bajo la hipótesis
de abuso del derecho.

Manifestó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 flexibilizó el
presupuesto de la subsidiaridad, aun existiendo otro mecanismo de defensa
judicial, en los casos en que se evidencie una vinculación precaria que permite el
aumento del monto pensional. Sobre ese particular, evidenció que esa
circunstancia no fue acreditada por Colpensiones pues no basta con expresar que
la mesada pensional aumentó 305% ya que es necesario verificar a partir del
estudio de la historia laboral del beneficiario del derecho pensional que se
presentó una ventaja irrazonable, lo que no se configura por el simple hecho de
determinar el IBL conforme con el régimen pensional de la Ley 33 de 1985.

También explicó que el abuso palmario del derecho que habilita la intervención del
juez constitucional fue precisado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
631 de 2017 que puntualizó que se presenta cuando, en ejercicio de los derechos
del sistema de seguridad social, una persona con una posición económica
privilegiada se hace beneficiario, además de las ventajas legítimas, de otras
adicionales que desafían los principios de la seguridad social pensional y se
contraponen a su orientación equitativa, lo que no se presenta en el caso
concreto.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la entidad
accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en
virtud de los siguientes argumentos:

Reiteró in extenso los argumentos de la demanda y, en ese escenario, adujo que
los problemas institucionales que atravesó la entidad durante la transición del ISS
a Colpensiones impidieron presentar el recurso extraordinario de revisión contra la
sentencia de 13 de febrero de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, dentro del término establecido
en el ordenamiento jurídico.

Explicó que Colpensiones inició su operación a partir del 28 de septiembre de
2012, fecha en la que entró en vigencia el Decreto 2011 de 2012 y tuvo que
asumir las solicitudes pendientes por resolver por parte del ISS. , De allí que por
Auto 110 de 2013, la Corte Constitucional declarara el estado de cosas
inconstitucional al encontrar fallas estructurales de carácter operativo y
administrativo que impedían a la entidad resolver las peticiones ciudadanas
oportunamente que originaban la presentación de una gran cantidad de acciones
de tutela.

En esa línea, consideró que la acción de tutela resulta procedente como
mecanismo principal para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se
concreta en la afectación de los recursos del sistema pensional por un monto de
$914.529.456 que causa la sentencia cuestionada en la cual se puede verificar un
abuso palmario del derecho que de acuerdo con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, es una circunstancia que habilita
la intervención del juez constitucional.

Al respecto, aseveró que al determinarse el IBL con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios se originó un
incremento ilegítimo equivalente al 305% que favorece desproporcionadamente al
señor Agustín Sierra Aguilar en comparación con otros afiliados. Agregó que esa
interpretación resulta contraria a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y a la interpretación fijada por la Corte Constitucional.

Finalmente, se refirió a las sentencias T-619 de 2019 y T-334 de 2021 para
señalar que la Corte Constitucional estableció que en los casos en que se había
vencido el término para presentar el recurso extraordinario de revisión, la acción
de tutela resulta procedente para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable
causado por el reconocimiento de prestaciones pensionales obtenidas a partir de
un abuso palmario del derecho.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
como los sostuvo el a quo la solicitud de tutela incumple el requisito de la
subsidiariedad.

En caso de que la respuesta sea negativa y se cumplan los restantes requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala deberá determinar
si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y el principio
de sostenibilidad financiera del sistema pensional con las sentencias de 13 de
febrero de 2014 y 16 de agosto de 2013 proferidas, en su orden, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” y el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida por el señor Agustín Sierra Garza contra
el ISS, que accedieron a las pretensiones de la demanda dirigidas a que se
reliquidara la pensión de vejez conforme con el 75% de todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicios.

3. El requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción solo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.

A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:

“(..) La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.

Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.

Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el solo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20153:

“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente idóneos
y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;

(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.

(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela”4. (Negrilla por fuera del texto)

De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos5, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro
medio de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, en escrito en el que
reiteró los argumentos expuestos en la demanda inicial. En ese sentido, insistió en
que el presupuesto de la subsidiariedad debe flexibilizarse en este caso teniendo
en cuenta que la intervención del juez de tutela es urgente y necesaria para evitar
la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se concreta en la afectación de los

3
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

recursos del sistema pensional causada por el reconocimiento de la pensión de
vejez a favor del señor Agustín Sierra Garza conforme al 75% de todos los
factores salariales percibidos durante el último año de servicios, lo cual causó un
incremento ilegal equivalente al 305% respecto del monto pensional que
correspondía liquidarse conforme con lo establecido en la Ley 100 de 1993.

Adujo que los problemas institucionales durante la transición del ISS a
Colpensiones, que incluso llevaron a la Corte Constitucional a declarar el estado
de cosas inconstitucional por Auto 110 de 2013, le impidieron a la entidad
presentar el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 13 de febrero
de 2014, de manera oportuna.

Por lo tanto, consideró que se deben aplicar las reglas fijadas por la Corte
Constitucional en las sentencias T-619 de 2019 y T-334 de 2021 en los casos en
los que se encuentra vencido el término para presentar dicho recurso y se
evidencia que la intervención del juez constitucional es necesaria para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable causado por el reconocimiento de
prestaciones pensionales obtenidas a partir de un abuso palmario del derecho.

4.2. Descendiendo al caso concreto, la Sala anticipa que confirmará la sentencia
de primera instancia, al no encontrar razones válidas para revocar la decisión
impugnada. Lo anterior, con fundamento en que no se cumple el presupuesto de
la subsidiariedad y las circunstancias que rodean el caso bajo análisis no se
enmarcan en los escenarios fijados por la Corte Constitucional para flexibilizar su
estudio.

4.3. Sobre el presupuesto de la subsidiariedad, la Sala considera que le asiste
razón al a quo al señalar no se cumple en el caso bajo análisis porque
Colpensiones no agotó el recurso extraordinario de revisión el cual resultaba
idóneo teniendo en cuenta que, el sustento de la parte actora es que la mesada
pensional que ordenó reconocer el Tribunal accionado configura un abuso
palmario del derecho.

En efecto, para controvertir las providencias judiciales relacionadas con el
reconocimiento o reliquidación de prestaciones periódicas, el ordenamiento
jurídico dispone de herramientas de defensa judicial ordinarias a las que podía
acudir Colpensiones, como lo es el recurso extraordinario de revisión consagrado
en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 que prevé la posibilidad de acudir a esta
herramienta para proteger el patrimonio público, el interés general y el equilibrio
financiero del sistema pensional, “[c]uando el reconocimiento se haya obtenido con
violación al debido proceso, y b) [c]uando la cuantía del derecho reconocido excediere lo
debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente
aplicables”.

También, el Acto Legislativo 01 de 2005 que adicionó el artículo 48 de la
Constitución Política estableció que la ley definiría un procedimiento breve para la
revisión de las pensiones reconocidas (i) con abuso del derecho o (ii) sin el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y
laudos arbitrales válidamente celebrados, es decir, con fraude a la ley.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

Entonces, teniendo en cuenta la existencia de otro mecanismo de defensa judicial,
por regla general, la acción de tutela resulta improcedente para controvertir
sentencias judiciales que establecen montos pensionales que presuntamente
desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico. No obstante, la Corte
Constitucional ha establecido que excepcionalmente se habilita el mecanismo de
protección constitucional cuando se presenta un abuso palmario del derecho que
puede presentarse cuando se alega el incremento excesivo en la mesada
pensional.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-115 de 20186, reiteró las
reglas establecidas en las Sentencias SU-427 de 20167 y SU-631 de 20178 y
precisó que el abuso palmario por el incremento de la mesada pensional surgirá
cuando “se presente un incremento excesivo de la mesada pensional y con él una
ventaja ilegítima, que comprometa los principios de igualdad y solidaridad en el caso
concreto”. Por tanto, según consideró la Sala, debe haberse “generado un incremento
protuberante de la mesada pensional”, pues, solo así, “la aplicación del IBL de un régimen
especial, cobra una importancia tal que es imperiosa la intervención del juez de tutela”.

En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-136 de 20229 se refirió
a la revisión de las pensiones reconocidas con abuso palmario del derecho y
recordó que la acción de tutela resulta procedente en tales escenarios, aun
cuando el ordenamiento jurídico ha establecido el recurso extraordinario de
revisión, para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable que se traduce en la
afectación al erario por el pago de una prestación reconocida irregularmente.
Precisó que en estos eventos se debe acreditar las siguientes circunstancias: (i)
que el abuso debe “saltar a la vista” y que los mecanismos de defensa judicial
ordinarios no son idóneos para evitar el detrimento del sistema pensional, (ii)
también se debe evaluar la forma en que el beneficiario de la prestación pensional
accedió al reconocimiento de la misma y (iii) como criterio de identificación, que se
hubiere declarado judicialmente un incremento porcentual trascendental en el
monto pensional.

En aplicación de los anteriores criterios jurisprudenciales, esta Sala en sentencia
de 23 de febrero de 202310, declaró improcedente una acción de tutela promovida
por Colpensiones contra una providencia judicial que había reconocido una
prestación pensional supuestamente con abuso del derecho, al considerar que el
medio idóneo para controvertir esa decisión judicial era el recurso extraordinario
de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en aplicación del
criterio fijado en la sentencia SU-427 de 2016 para un caso de la UGPP.

En todo caso, recordó que no puede desconocerse que en atención a la especial
circunstancia dada por el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte
Constitucional en el Auto 110 de 2013 se encontró la necesidad de aplicar un

6
M.P. Carlos Bernal Pulido.
7
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
8
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
9
M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
10
M.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello. Expediente 11001-03-15-000-2022-06146-00. La Sala seguirá de
cerca esta sentencia para resolver el caso concreto, teniendo en cuenta que se trata de casos de contornos
similares. Véase, también, la sentencia de 1 de junio de 2023 (exp. 11001-03-15-000-2022-06149-01). M.P.
Stella Jeannette Carvajal Basto.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

“tratamiento diferencial” en el cómputo de la caducidad del recurso de revisión, en el
sentido de que no se tomara como referente la ejecutoria de la sentencia
cuestionada sino la fecha en que la entidad asumió la representación judicial en
los procesos judiciales. Sin embargo, evidenció que esa situación se declaró
superada a través de la sentencia T-774 del 18 de diciembre de 2015, a lo que
agregó que sobre la oportunidad del recurso de revisión se deberá analizar por el
juez natural de esta herramienta judicial.

Finalmente, adujo que la Corte Constitucional también ha admitido, de manera
excepcional, la intervención del juez constitucional aun existiendo otros
mecanismos de defensa judicial para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable en el erario y las finanzas del Estado en asuntos que involucra
reconocimientos pensionales derivados del “palmario abuso del derecho” por
“vinculación precaria”, bajo los criterios establecidos en la sentencia SU-631 de
2017 ya citados.

En el caso bajo estudio, en el escrito de impugnación, Colpensiones señaló que
los problemas administrativos del ISS que incluso llevaron a la Corte
Constitucional a declarar el estado de cosas inconstitucional por Auto 110 de
2013, impidieron presentar el recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
de 13 de febrero de 2014 de manera oportuna.

En efecto, conforme a lo establecido en el artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 “ en
los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse
dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial ”. En el
asunto bajo examen, la notificación de la sentencia de 13 de febrero de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección “D”, se efectuó el 6 de marzo de 2014, por lo que quedó ejecutoriada
el 11 de marzo de esa anualidad, de acuerdo con ello, el término de cinco años
venció el 11 de marzo de 2019.

Ahora bien, la Sala considera que el plazo de cinco años venció cuando habían
transcurrido casi 4 años desde que la sentencia T-774 de 2015 declaró superada
la situación inconstitucional que atravesaba la entidad y que le había impedido
ejercer oportunamente las herramientas de defensa judicial para defender los
intereses de la misma. Por lo tanto, resulta inadmisible que continúen
amparándose en el estado de cosas inconstitucional declarado por la Corte
Constitucional para superar las dificultades institucionales que le impidieron
ejercer las herramientas de defensa judicial de manera oportuna. En otras
palabras, para el momento en que venció el plazo para presentar el recurso
extraordinario de revisión -11 de marzo de 2019-, Colpensiones al haberse
organizado administrativamente en su funcionamiento hubiera podido acudir con
oportunidad a la presentación del recurso extraordinario de revisión.

Del mismo modo, la actora adujo que el abuso palmario del derecho se origina en
la orden de reliquidar el monto pensional conforme con el 75% a todos los factores
percibidos durante el último año de servicios que implica un incremento del 305%
de la mesada pensional reconocida inicialmente por el ISS y que fue calculada con
el promedio de lo devengado durante los últimos diez años de servicios como lo
establece el ordenamiento jurídico.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

No obstante, para la Sala esa circunstancia no permite acreditar la configuración
de los escenarios en los que la Corte Constitucional ha habilitado la acción de
tutela de manera excepcional, pese a la existencia de otra herramienta judicial
para que las administradoras de pensiones puedan controvertir mesadas
pensionales que exceden los montos establecidos en el ordenamiento jurídico y
que afectan gravemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional, tales
como “abuso palmario del derecho” y “vinculación precaria”.

Ello, principalmente, porque no se evidencia que hubiere existido una vinculación
precaria que se configura “cuando la relación de los empleados o funcionarios con el
Estado tiene una vigencia reducida en el tiempo, con lo cual la “fugacidad” es el elemento
que lo acredita ”, en tanto como lo señaló el a quo, Colpensiones no acreditó a
11

través de la historia laboral del señor Agustín Sierra Garza que se hubiera
presentado una ventaja irrazonable o una vinculación precaria y, además, ello no
se deriva per se de la orden judicial de determinar el IBL conforme al régimen
pensional anterior.

Además, sobre el “incremento protuberante” ha establecido la jurisprudencia de la
Corte Constitucional como otra condición para que de manera excepcional
proceda la acción de tutela aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial,
Colpensiones señaló que para el año 2022 la mesada pensional era de
$6.071.563 cuando el monto correcto era $1.496.347, es decir que, a su juicio, el
sistema pensional pierde $4.575.216 mensuales lo que produce un detrimento
patrimonial que cuantifica en $307.058.344.

Para la Sala, la información expresada por la parte actora permite evidenciar el
monto a su juicio excesivo que percibe el señor Agustín Sierra Garza; no obstante,
no es suficiente para determinar las razones por las que esos valores que sin duda
son cuantías altas, pueden impactar el sistema general de pensiones al punto que
amerite la intervención del juez constitucional en un asunto que corresponde
resolver al juez del recurso de revisión.

A lo anterior, se agrega que en el ordinal tercero de la decisión objeto de tutela se
dispuso efectuar los descuentos correspondientes a los aportes para pensión
(trabajador-entidad empleadora), justamente con el fin de evitar que se desfinancie
el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones12.

Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 17 de marzo de
2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela por cuanto no se cumple el presupuesto
de la subsidiariedad.

11
Sentencia SU-136 de 2022. M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
12
En dicho ordinal se dispuso: “TERCERO. Se ADICIONA el fallo recurrido en el sentido de ordenar a la
entidad accionada descontar los aportes para pensión correspondientes a los factores sobre los cuales
no se haya efectuado deducción legal, aclarando que dichos aportes deben ser en el porcentaje que
corresponda al trabajador, pues lo que corresponda por ese mismo concepto a la entidad empleadora,
la entidad demandada repetirá contra ella para obtener su pago, debidamente actualizados con el IPC
con la fórmula del Consejo de Estado”.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06109-01
Demandante: Colpensiones

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 17 de marzo de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.