Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06139-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06139-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06139-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
14 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
Demandados: Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1.El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, i) el
Consejo, al proferir la sentencia de 5 de mayo de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 15 de febrero de 2018, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número
único de radicación 25000-23-42-000-2013-04276-01, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Relaciones
Exteriores, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, con el fin de que se declarara la nulidad del Decreto 2394 de 27 de
noviembre de 2012, por medio del cual la Ministra de Relaciones Exteriores designó
en comisión para situaciones especiales a la señora Idoia Astrid Valladares Martínez
en el cargo de Ministro Plenipotenciario 0074-22 de la planta global del Ministerio
de Relaciones Exteriores, adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno de
Ecuador, en reemplazo del señor Jaime Antonio Godín Díaz.
4. Manifestó que, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara
a la demandada a: i) reintegrar al señor Jaime Antonio Godín Díaz al cargo de
ministro Plenipotenciario 0074- 22, que venía desempeñando al momento del retiro
o a uno de igual o superior categoría, procediendo con el pago de todos los salarios
y prestaciones dejados de percibir entre el retiro hasta cuando sea reintegrado y al
ii) pago de los respectivos perjuicios materiales.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
5. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 15 de febrero de 2018,
negando las pretensiones de la demanda.
6. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el 5 de mayo de 2022, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de febrero de 2018, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones esbozadas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.
7. Consideró que:
“[…] En virtud del principio de Especialidad de la Carrera Diplomática y Consular se
puede comisionar para situaciones especiales a personal escalafonado con la
finalidad de materializar el derecho preferente que tienen los funcionarios para
ocupar cargos de carrera, con base en los principios superiores de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.
La comisión es la designación o la autorización al funcionario perteneciente a la
Carrera Diplomática y Consular, para desempeñar transitoriamente cargos o para
realizar actividades relacionadas directa o indirectamente con la Misión y las
atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores o que tengan por finalidad el
desempeño de responsabilidades diferentes a las que habitualmente le
corresponderían al funcionario en desarrollo de sus funciones o en cumplimiento de
las tareas propias de la categoría a la que perteneciere dentro del escalafón de la
Carrera Diplomática y Consular.
En principio la administración además de la facultad de nombrar en provisionalidad
en cargos de carrera diplomática y consular puede designar en comisión como lo
establece el literal a del artículo 53 del Decreto Ley 274 de 2000, que fue lo ocurrido
en el caso concreto, sin que ello signifique disfrazar la insubsistencia del
demandante, toda vez que constituye una potestad de la accionada con la finalidad
de aplicar el principio de Especialidad, trámite que se encuentra regulado como
sigue:
“ARTICULO 53. PROCEDENCIA Y FINES. Los funcionarios pertenecientes a la
Carrera Diplomática y Consular podrán ser autorizados o designados para
desempeñar Comisión para situaciones especiales, en los siguientes casos:
a. Para desempeñar en Planta externa o en Planta interna cargos de la Carrera
Diplomática y Consular, correspondientes a categorías superiores o inferiores a
aquella a la cual perteneciere el funcionario dentro del escalafón de la Carrera
contenido en el artículo 10 de este Decreto”.
En conclusión, el uso de la provisionalidad o la comisión para situaciones especiales
establecidas en el Estatuto del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática o
Consular como medio de proveer cargos de carrera se encuentra condicionado a
que no exista personal de Carrera Diplomática disponible para ocupar el cargo, sin
embargo se resalta que en el sub-judice se procede a designar en comisión a un
funcionario inscrito en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular como es el
caso de la señora Idoia Astrid Valladares Martínez, quien se encontraba
escalafonada en la categoría de Embajador.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
Insiste el demandante en que, se disfrazó el querer desvincularlo comisionando en
su cargo a otra persona, toda vez que el Director de Talento del Ministerio de
Relaciones Exteriores solicitó al señor Jaime Antonio Godín Díaz la renuncia del
cargo que venía desempeñando en dos oportunidades, la que fue efectivamente
presentada los días 9 de marzo de 2012 y 15 de noviembre de 2012.
Concluye el actor que, al seguir la secuencia cronológica, se evidencia que, al no
lograr su cometido, el cual correspondía a que el demandante presentara renuncia
sin motivación alguna optó por declarar insubsistente tácitamente su nombramiento,
comisionando, no nombrando en propiedad, a una funcionaria inscrita en carrera.
Efectivamente consta en el expediente que el actor presentó en dos oportunidades
renuncia del cargo en forma motivada, las cuales no fueron aceptadas, a través de
los oficios DITH 17080 de 14 de marzo de 2012 y SGN 78313 de 20 de noviembre
de 2012, proferidos por el Director de Talento Humano y Secretaria General del
ministerio accionado, respectivamente, precisamente por estar motivadas y no
cumplir con los requisitos como lo dispone los Decretos 2400 de 1968 y 1950 de
1973.
Advierte la Sala, que el hecho de insinuarse la presentación de la renuncia, por sí
solo no constituye infracción a la ley como lo pretende el demandante, ya que hay
situaciones en las cuales se evidencia la necesidad de retirar a los empleados dada
la trascendencia de las funciones que desempeñaban y el grado de confianza que
se exige para ejercerlas.
Si bien el acto de renuncia como forma de retiro del servicio debe ser un acto libre y
espontáneo, donde prima la autonomía de la voluntad del dimitente, por lo que no
debe haber duda de la decisión de quien la suscribe, la cual se encuentra protegida
por la ley al prohibirse coacción o constreñimiento para su presentación, en
tratándose de funcionarios de alto nivel, como es el caso del accionante, pues se
observa que estaba nombrado como Ministro Plenipotenciario, en provisionalidad, a
pesar que la renuncia pudo ser insinuada, lo anterior no constituye desconocimiento
de sus derechos pues no se encontraba protegido por la carrera diplomática y
consular.
Advierte la Sala que respecto de los empleados de libre nombramiento y remoción
puede evidenciarse lo que se ha denominado la renuncia protocolaria, la cual tiene
lugar cuando el nominador necesita reorganizar su equipo de trabajo y cambiar a sus
subalternos si lo considera pertinente para la prestación del servicio público, si bien
el cargo del demandante no es de libre nombramiento y remoción, a pesar de ser un
cargo de carrera se encontraba desempeñándolo una persona ajena a la carrera
Diplomática y Consular, al no haber ingresado superando el concurso de méritos.
A pesar de ello y tal como lo sostuvo el a quo en la decisión objeto de recurso el
hecho de insinuar la presentación de renuncia no comunica ilegalidad al acto, pues
en esta clase de eventos se permite una salida decorosa a aquellos altos
funcionarios para evitar ser declarados insubsistentes decisiones que contienen una
connotación negativa […]”.
[…]
“[…] Falta de motivación del acto de retiro de los empleados nombrados en forma
provisional
El demandante sostiene que de acuerdo con lo normado en el artículo 25 del Decreto
2400 de 1968 la cesación definitiva de las funciones se produce por las causales allí
consignadas, lo que no se vislumbra en el caso bajo examen, pues la renuncia
presentada, aun cuando fue motivada debió ser aceptada por su nominador o
declarar insubsistente su nombramiento argumentando las razones de tal decisión.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
No es cierto que la entidad accionada únicamente podía aceptar la renuncia
presentada, aun cuando fue motivada o declarar insubsistente el nombramiento del
actor, pues además de las formas de retiro del servicio reseñadas, se puede hacer
uso de otras figuras excepcionales como es la designación en comisión para
situaciones especiales, que fue a lo que acudió el nominador.
Tratándose de personal nombrado en provisionalidad para optar por el retiro del
servicio se debe motivar el mismo, lo que efectivamente sucedió toda vez que el acto
acusado en forma expresa se fundamenta en el principio de especialidad y en el
hecho de no existir personal de carrera diplomática y consular, tal como se dijo en el
Decreto 2394 de 27 de noviembre de 2012 cuando sostuvo: “Que en virtud del
principio de Especialidad la doctora IDOIA ASTRID VALLADARES MARTÍNEZ,
funcionaria inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la
categoría de Embajador, tiene el derecho preferencial de ocupar el cargo de Ministro
Plenipotenciario, código 0074, grado 22, de la planta global del Ministerio den
Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de
Ecuador”.
Se prevé comisiones para situaciones especiales para funcionarios de carrera,
quienes pueden ocupar cargos en el exterior según las necesidades urgentes del
servicio, como es el caso de una situación en provisionalidad como lo estaba el cargo
demandado.
Resalta la Sala que en las sentencias aducidas por el demandante se racionaliza el
nombramiento en provisionalidad esto es limitando el ejercicio de dicha facultad a 4
años, que no es el asunto analizado, debido a que no se hizo uso de otro
nombramiento en provisionalidad para retirarlo del servicio sino se acudió a la figura
de comisión de servicio para situaciones especiales.
Es cierto que la permanencia en el exterior de un nombrado en provisionalidad está
limitada a un término máximo de cuatro años debiéndose agotar todos los
procedimientos para proveerlo con personal de carrera diplomática, pero lo anterior
no significa que en aplicación al principio de especialidad no pueda comisionarse a
otro funcionario, que para el evento estudiado sí tenía derechos de carrera, como
sucedió con la señora Idoia Astrid Valladares Martínez, funcionaria inscrita en el
escalafón de la Carrera Diplomática y Consular en la categoría de Embajador, que
tenía el derecho preferencial de ocupar el cargo de Ministro Plenipotenciario, código
0074, grado 22, de la planta global del Ministerio den Relaciones Exteriores, adscrito
a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Ecuador.
En el caso concreto y revisado el material probatorio, la Sala no encuentra sustento
que permita inferir que el acto expedido por la Ministra de Relaciones Exteriores que
declaró insubsistente en forma tácita el nombramiento del actor fue expedido con
desviación de poder o falta de motivación. Los actos administrativos gozan de
presunción de legalidad por lo que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe
demostrar debidamente dentro del proceso que la verdadera motivación del acto que
designó en comisión a otra funcionaria obedeció a razones ajenas y diferentes al
buen servicio generándose, en consecuencia, una desviación del poder lo que no
sucedió en el caso estudiado […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela:
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
“[…] Teniendo en cuenta los fundamentos jurídicos, facticos y jurisprudenciales que
se anotaron en precedencia, comedidamente solicito al señor Juez Constitucional:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad en
la aplicación de las leyes y al acceso a la administración de justicia, vulnerados al
señor JAIME ANTONIO GODIN DIAZ por las accionadas TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA SUBSECCION “A”
y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B” por haber incurrido en clara VIA DE HECHO
al proferir las señaladas providencias, dentro del proceso que en ejercicio del medio
de nulidad y restablecimiento del derecho inicio el señor JAIME GODIN DIAZ contra
el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión se DEJE SIN VALOR Y
EFECTOS la sentencia del del 5 de mayo de 2022, notificada el 8 de junio de 2022,
emanada del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”, proferida dentro del
proceso que en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho adelantó el señor JAIME ANTONIO GODIN DIAZ contra el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES.
TERCERO: Ordenar al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “B”, que profiera un fallo
acorde con la línea jurisprudencial trazada respecto de la remoción de empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera y en ese orden de ideas
REVOQUE la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCION SEGUNDA SUBSECCION “A” y acceda a las suplicas
de la demanda […]”2.
9. El actor en su escrito de tutela señaló que la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial.
Actuación
10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de noviembre de 2022; i)
admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y iii) vinculó a la Nación –
Ministerio de Relaciones Exteriores, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
2 Transcripción literal del texto de la tutela.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo
11. El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que:
“[…] De conformidad con lo anterior y al no tener la presente acción de tutela una
importancia constitucional solicito no acceder a las pretensiones de la acción de
tutela, lo anterior maxime si se tiene en cuenta la reiteración de argumentos, los
cuales fueron expuestos ante la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del
tramite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho distinguida
con el radicado 2013-04276-00 […]”.
12. Los magistrados de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20213 y
en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y con el artículo 13
del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento
de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
3 “Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
Problema jurídico
15. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.
16. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
17. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena5, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
18. Esta Sección adoptó6 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20057, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
7 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
19. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
20. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos parámetros.
21. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
22. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
23. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
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Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
Acerca del requisito general de la relevancia constitucional
24. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201410, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[14].
10 Ut supra página 6.
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [17]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).
25. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado18:
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
18 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”19
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”20
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
26. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no
tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii) cuando el actor en
su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
19Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
20 Ibidem.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo
presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.
27.Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202221
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
21 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
(Resaltado por la Sala).
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
28. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional22 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
22 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
30.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
31.Atendiendo a que la Corte Constitucional23 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
32.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
33.Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
34. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su juicio, i) el
Consejo, al proferir la sentencia de 5 de mayo de 2022; y ii) el Tribunal, al proferir la
sentencia de 15 de febrero de 2018, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número
único de radicación 25000-23-42-000-2013-04276-01, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia.
35. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
24 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
36. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
37. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
37.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 5 de mayo de 2022.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional
38.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela indicó lo siguiente:
“[…] Las Sentencias proferidas por las accionadas incurren en defecto por
desconocimiento del precedente judicial al no seguir la regla jurisprudencial trazada
respecto de la motivación de los actos de retiro de los empleados nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera, en tanto que para remover del cargo a un
empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera diplomática y
consular se requiere motivar el acto administrativo, como así lo dispone la Ley 909
de 2004.
Ahora bien, la remoción del cargo puede ser por el vencimiento de los 4 años o por
la provisión del cargo con una persona de carrera. No como sucedió en el caso bajo
examen que simplemente se comisionó a una persona, que si bien es cierto se
encuentra inscrita carrera, no lo es menos que no fue nombrada en propiedad en el
cargo, solo se comisionó, amen que su escalafón corresponde al de Embajador y
no de Ministro Plenipotenciario […]”.
[…]
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
“[…] Como lo mencioné en líneas anteriores, las accionadas desconocieron los
postulados de la Corte Constitucional que hacen referencia a la motivación de los
actos de insubsistencia cuando se trata del retiro de empleados nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera, como lo es la sentencia C-292 de 2001, en la
cual esa H. Corporación dijo: […]”.
[…]
“[…] La Corte Constitucional en la Sentencia T-289 de 2011, señaló:
“3.2.3. Protección constitucional a empleados en provisionalidad en cargos de
carrera. Reiteración.
La Corte Constitucional a través de reiterada jurisprudencia, ha considerado la
situación de aquellas personas que han sido nombradas en provisionalidad para
ocupar cargos de carrera administrativa, toda vez que las circunstancias de
vinculación y retiro del servicio se dan en condiciones que no son equiparables a las
de los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción y los funcionarios
inscritos en carrera administrativa. (…)
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que si bien los funcionarios
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera no gozan del fuero de
estabilidad que ampara a quienes han ingresado al servicio mediante concurso de
méritos, sí tienen cierto grado de estabilidad laboral, en la medida en que no pueden
ser removidos de sus empleos mientras i) no sean sujetos de una sanción
disciplinaria o ii) se provea el cargo respectivo a través de concurso y iii) la
desvinculación se produzca mediante un acto motivado. (resaltado fuera de texto)
[…]”.
[…]
“[…] A su vez, la Corte Constitucional emitió la sentencia de unificación SU-917 de
2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, en la cual señaló:
“…En suma, el deber de motivación de los actos administrativos que (por regla
general) tiene la administración, hace efectiva la cláusula de Estado de Derecho, el
principio democrático, el principio de publicidad en las actuaciones de la
administración, al tiempo que permite a los asociados contar con elementos de juicio
suficientes para ejercer su derecho de contradicción y defensa a fin de acudir ante
las instancias gubernativas y autoridades judiciales para controlar los abusos en el
ejercicio del poder. De esta forma a la Administración corresponde motivar los actos,
estos es, hacer expresas las razones de su decisión, mientras que a la jurisdicción
compete definir si esas razones son justificadas constitucional y legalmente. “(…)”
Estos motivos pueden ser, por ejemplo, aquellos que se fundan en la realización de
los principios que orientan la función administrativa o derivados del incumplimiento
de las funciones propias del cargo, lo cuales, en todo caso, deben ser constatables
empíricamente, es decir, con soporte fáctico, porque de lo contrario se incurrirá en
causal de nulidad por falsa motivación “(…)”
“En este orden de ideas, sólo es constitucionalmente admisible una motivación
donde la insubsistencia invoque argumentos puntuales como la provisión definitiva
del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la imposición de
sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica
atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto”.
(Subrayado fuera de texto).
De las sentencias trascritas podemos concluir que la remoción de los empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, como es el caso del cargo de
Ministro Plenipotenciario desempeñado por mi representado, deberá hacerse
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06139-00
Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
mediante acto administrativo motivado, y si la intensión del Ministerio era la de
proveer el cargo desempeñado por mi representado por una persona que hacía
parte de la carrera diplomática y consular, repito, debió, bajo los apremios de la
Corte Constitucional, declarar insubsistente su nombramiento, motivando tal
decisión en la provisión del cargo en propiedad por aquella persona escalafonada
en carrera diplomática y consular y no disfrazar la intensión de prescindir de los
servicios de mi representado, declarando insubsistente tácitamente su
nombramiento COMISIONANDO a otra persona para que desempeñara su cargo.
Ahora bien, el Consejo de Estado en sentencia del 22 de abril de 2015 radicación
080012331000201200386-01 (4732-13), dijo:
“La posibilidad de acudir a los nombramientos en provisionalidad se ha previsto no
sólo para esta carrera especial, sino igualmente para las demás carreras
administrativas, como una necesidad de contar con una herramienta eficaz para
proveer los cargos de carrera temporalmente vacantes y para los cuales no existe
lista de elegibles; la inexistencia de este dispositivo traería caos a la administración
e impediría su normal funcionamiento, por la imposibilidad jurídica de vincular
personal ajeno a la carrera diplomática y consular, dejando acéfalo un empleo que
por esa visión restrictiva del asunto imposibilitaría ocuparlo ante la ausencia de
personal escalafonado.
Según se dijo, los nombramientos en provisionalidad con personal ajeno a la carrera
diplomática y consular, se rigen por lo dispuesto en el artículo 60 del Decreto 274
de 2000 que prescribe:
“ART. 60.—Naturaleza. Por virtud del principio de especialidad, podrá designarse
en cargos de carrera diplomática y consular, a personas que no pertenezcan a ella,
cuando por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar
funcionarios de carrera diplomática y consular para proveer dichos cargos.
Igualmente en desarrollo del mismo principio, estos funcionarios podrán ser
removidos en cualquier tiempo (se resalta por la Sala).
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-292 de 2001, con ponencia del
magistrado Jaime Córdoba Triviño, admitió la legalidad y conveniencia de los
nombramientos en provisionalidad dentro de la carrera diplomática y consular, con
las siguientes razones:
“La Corte advierte que en el artículo 60 la invocación del principio de especialidad
se hace para permitir el nombramiento en cargos de la carrera diplomática y
consular de personas que no pertenecen a ella y que a ello se remite la naturaleza
de los nombramientos en provisionalidad. En cuanto a esto hay que indicar que la
provisionalidad es una situación jurídica especial que hace parte de cualquier
carrera administrativa pues en muchas ocasiones la urgencia en la prestación del
servicio impone la realización de nombramientos de carácter transitorio hasta tanto
se surten los procedimientos necesarios para realizar los nombramientos en período
de prueba o en propiedad. Si ello es así, no se advierten motivos para declarar
inexequible una norma que se ha limitado a permitir tales nombramientos previendo
una solución precisamente para ese tipo de situaciones […]”.
[…]
“[…] Es claro entonces que de conformidad con lo normado en la ley 909 de 2004 y
la línea jurisprudencial trascrita, para efectos de retirar del servicio a un empleado
nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera se requiere motivar el acto
administrativo, lo cual no ocurrió en el presente asunto. Y como el empleo
desempeñado por mi representado pertenece a la carrera diplomática y consular, la
discrecionalidad de su nominador no resulta aplicable a esta clase de empleos - los
de carrera diplomática y consular - porque esa discrecionalidad sólo aplica frente a
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Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
los cargos de libre nombramiento y remoción como los embajador y cónsul general
central […]”.
39. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
y la acción de tutela contra providencia judicial no constituye una tercera instancia
que permita reabrir el debate resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto
verificar si la entidad accionada incurrió en la vulneración de derechos
fundamentales.
40. Además de lo anterior, para la Sala, el actor plantea una afectación de derechos
fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente legal y
probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no le
corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez que
ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial y
desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.
41. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente25:
“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”26, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”27. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.
25 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
26 Sentencia SU-050 de 2018.
27 Sentencia SU-354 de 2017.
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Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
42. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
43.Así las cosas, esta Sección, siguiendo el precedente precisado por la Corte en
la sentencia SU – 215 de 2022, considera que la controversia que nos ocupa carece
de relevancia constitucional porque la discusión planteada por el actor no gira en
torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un derecho fundamental; a lo que se
agrega que el actor no justificó el motivo por el cual dicha decisión constituye una
afectación desproporcionada de sus derechos fundamentales.
44.En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien el actor aduce que fueron
desconocidos sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, lo cierto es que no existe una mayor
explicación acerca de las razones por las cuales se afectó, en forma
desproporcionada, el núcleo esencial de los derechos fundamentales del actor con
ocasión de la sentencia de 5 de mayo de 2022 proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
45.Asimismo, la Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito
de tutela, siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes
transcrita, no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia
se encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
22
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Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
46.Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente legal y probatorio, esto es así porque la discusión
y los argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la
necesidad de protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela
valide la tesis jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda,
sin que de esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
47. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el actor enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia, esa presunta afectación tiene su origen en un
debate estrictamente legal y probatorio.
Conclusiones de la Sala
48. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.
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Actor: Jaime Antonio Godín Díaz
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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