Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06144-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06144-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06144-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
15 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06144 00
Demandante: Eduardo Pineda Moreno
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá
Temas: Vulneración del derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
El señor Eduardo Pineda Moreno promueve acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Cundinamarca, Archivo Central, para que se proteja su derecho fundamental
de petición.
1.2. Pretensiones
El accionante solicita se ampare su derecho de petición; en consecuencia, se ordene
a la entidad demandada dé respuesta de fondo, congruente y clara a la solicitud que
presentó el 12 de octubre de 2022.
1.3. Hechos de la solicitud
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06144 00
Demandante: Eduardo Pineda Moreno
Como hechos relevantes, el accionante señala los siguientes:
i) El 3 de marzo de 2020, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Bogotá,
ordenó el archivo del proceso ejecutivo con radicación 11001 40 03 082 2017 01299
00, en el que actuó como demandado.
ii) El 18 de agosto de 2022, celebró promesa de compraventa sobre el bien inmueble
con matrícula inmobiliaria 50C-502880, que fue objeto de la imposición de medidas
cautelares. En el certificado de tradición y libertad nunca se dio levantamiento a la
medida de embargo inscrita a pesar de la terminación y archivo del proceso ejecutivo,
lo cual dificulta el cumplimiento del contrato.
iii) El 22 de agosto de 2022, con el fin de concretar el acuerdo de compraventa
presentó formulario de desarchivo electrónico dispuesto por la Rama Judicial, al que
le correspondió el radicado 21-61773.
iv) El 12 de octubre de 2022, habiendo transcurrido más de un mes desde que pidió
el desarchive y apremiado por dar cumplimiento a la promesa de compraventa, elevó
petición al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca, Archivo Central, requiriendo
información sobre el trámite, sin que a la fecha de presentación de la tutela la entidad
demandada se haya pronunciado.
1.4. Fundamentos jurídicos
El accionante alega la vulneración del derecho fundamental de petición previsto en el
artículo 23 de la Constitución Política porque el Consejo Superior de la Judicatura,
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca,
Archivo Central, no ha dado respuesta a la solicitud que radicó el 12 de octubre de
2022.
1.5. Actuación procesal
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
La acción de tutela se admitió mediante auto del 24 de noviembre de 2022, que se
ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central, como demandado. Así mismo, se
dispuso la notificación al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias
de Bogotá como tercero interesado en las resultas de este proceso, para que dentro
del término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo
informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias. El juez
Luis Antonio Beltrán Chunza solicita se deniegue la acción de tutela, bien por hecho
superado o por improcedente. Al respecto, esgrime las siguientes razones:
i) A ese despacho se le asignó el proceso ejecutivo con radicado 2017 01299,
instaurado por el señor Siervo de Jesús Rodríguez Yemayuza contra Eduardo Pineda
Moreno para efectos de ejecución de la sentencia proferida por el Juzgado Ochenta y
Dos Civil Municipal de Bogotá.
ii) Una vez se tuvo conocimiento de los hechos que son objeto de la acción
constitucional se adelantaron las gestiones pertinentes con el fin de obtener el
desarchivo del proceso mencionado, el cual fue enviado el 29 de noviembre de 2022
de manera digital por parte de la líder del Área de Desarchivo de la Oficina de
Ejecución Civil Municipal.
iii) En lo que respecta al levantamiento de la medida cautelar se ordenó a la Secretaría
de Ejecución acorde con lo decretado en providencia del 19 de noviembre de 2019,
mediante la cual se ordenó la terminación del proceso por pago, actualizar el Oficio
54203 del 4 de septiembre de 2019 y remitirlo con destino a la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos respectiva, la elaboración y trámite de los correspondientes
oficios ante la autoridad pertinente, según lo previsto en el artículo 111 del Código
General del Proceso en concordancia con lo señalado en el artículo 11 de la Ley 2213
de 2022, dando información de ello a la parte demandada.
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
iv) En tal sentido, se advierte que no ha existido ninguna transgresión a los derechos
fundamentales invocados por el accionante, pues las irregularidades planteadas
radican en la Oficina de Ejecución, sobre las cuales ya se aplicaron los correctivos del
caso para obtener el desarchivo del proceso y la actualización de los oficios de
levantamiento de las medidas cautelares decretadas, con su correspondiente envío al
funcionario de registro.
1.6.2. El Consejo Superior de la Judicatura. La señora Margarita María Becerra
Dawson, magistrada auxiliar de la Presidencia pide se acceda a la excepción de falta
de legitimación por pasiva, en consecuencia, se desvincule a esa corporación del
presente medio constitucional, por cuanto las acciones u omisiones que alega el
accionante recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, autoridad que tiene el dominio del correo
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, donde se radicó la solicitud de
información sobre el trámite de desarchivo de un proceso.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 333 de 2021,
que modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,1 según el cual «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto», la Sala es
competente para conocer del presente asunto.
2.2. Problema jurídico
1 Fue modificado mediante el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017.
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca, Archivo Central,
vulneró el derecho fundamental de petición al señor Eduardo Pineda Moreno, al no dar
respuesta a la solicitud que elevó el 12 de octubre de 2022.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional2 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
2 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.2. Del derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política lo establece como una prerrogativa
fundamental, según la cual toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas ante las autoridades y obtener pronta respuesta.
El legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, a través de
la cual sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA). En el artículo 14, señaló como término general
para resolver las peticiones el de quince días siguientes a su recepción y, sometió a
término especial, i) las peticiones de documentos y de información, que deben ser
resueltas dentro de los diez días siguientes a su recibo, y ii) las peticiones mediante
las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su
cargo, que deben decidirse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.
La Corte Constitucional, a modo de desarrollo jurisprudencial, compiló en la Sentencia
T-377 de 20003 como parámetros para su protección los siguientes: i) el derecho de
petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la
democracia participativa; ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión; iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara,
oportuna, precisa y congruente con lo pedido; iv) la respuesta debe producirse dentro
de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; v) la contestación no
implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta
escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido
como un mecanismo para agotar la vía gubernativa4 y acceder a la vía judicial, no
satisface el derecho fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el
3 Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
4 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado
esa garantía fundamental; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía
gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la
exonera del deber de responder; x) ante la presentación de una petición, la entidad
debe notificar su respuesta al interesado.
2.4. Hechos probados
2.4.1. El 22 de agosto de 2022, la Oficina del Archivo Central del Centro de Servicios
Administrativos para Juzgados Civil, Laboral y Familia, adscrita a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca, le informó al señor
Eduardo Pineda Moreno que a través del «Formulario de solicitud de desarchive [del
proceso 11001 40 03 082 2017 01299 00]», había sido radicada su petición 21-61773.5
2.4.2. El 12 de octubre de 2022, el señor Eduardo Pineda Moreno remitió petición al
Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración Judicial Bogotá,
Cundinamarca y Amazonas para que se desarchivara «de forma urgente» el proceso
ejecutivo con radicado 11001 40 03 082 2017 01299 00, archivado el 3 de marzo de
2020, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, cuyo
expediente se encuentra en la caja 268.6
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
El señor Eduardo Pineda Moreno impetra acción de tutela para que se proteja su
derecho fundamental de petición cuya violación atribuye a la falta de respuesta del
Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bogotá, Cundinamarca, Archivo Central, a la solicitud que presentó el 12 de
octubre de 2022, en su calidad de demandado dentro del proceso ejecutivo con
radicación 11001 40 03 082 2017 01299 00 instaurado por el señor Siervo de Jesús
Rodríguez Yemayuza.
5 Índice 2, del expediente electrónico.
6 Índice 2, del expediente electrónico.
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
En el caso bajo análisis, se reitera que la parte actora radicó petición el 12 de octubre
de 2022, sin que a la fecha de interposición de la solicitud de amparo —18 de
noviembre de 2022— se hubiera contestado por la entidad demandada.
El contenido de la petición que elevó el accionante, es del siguiente tenor:
1. El 3 de marzo de 2020 el Juzgado Tres (3) Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias ordenó el archivo definitivo del Proceso Ejecutivo No. (sic)
110014003082-2017-01299-00, el cual, fue archivado en la caja 268.
2. El 18 de agosto de 2022 celebré un Contrato de Promesa de Compraventa sobre
el [bien inmueble] embargado dentro del proceso en referencia, en el que se
estableció que el 5 de octubre de 2022 se va a llevar a cabo la firma de la Escritura
Pública de Compraventa, es por ello que se hace necesario retirar del expediente
el oficio de cancelación de embargo que afecta el inmueble, con el objetivo de
hacer la transferencia del dominio libre de embargos.
3. Por consiguiente, el 22 de agosto de 2022 mediante el Formulario de Solicitud
de Desarchive radique la petición bajo el radicado No. 22-61773, (sic) sin embargo,
el término aproximado de desarchivo de noventa (90) días me imposibilita cumplir
con los plazos estipulados en el Contrato de Promesa de Compraventa, lo que me
acarrearía la imposición de la sanción establecida en la Cláusula Penal del
Contrato.
Expuesto todo lo anterior, me permito elevar la siguiente:
PETICIÓN
1. Solicito amablemente se desarchive de forma urgente el Proceso Ejecutivo No.
(sic) 110014003082-2017-01299-00, archivado el 3 de marzo de 2020 por el
Juzgado Tres (3) Civil Municipal de Ejecución de Sentencias, cuyo expediente se
encuentra en la caja 268.
Pues bien, el Consejo Superior de la Judicatura, por intermedio de la Oficina de
Presidencia, al rendir informe en esta actuación, señaló que funcionalmente es la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Archivo Central Bogotá, la
llamada a responder por los hechos de la tutela.
En el presente asunto, por medio de providencia del 24 de noviembre de 2022, se
vinculó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Archivo Central, en calidad de accionada, se le remitió copia de la solicitud de tutela y
del auto de admisión de la demanda, para que ejerciera su derecho de defensa. Así
mismo, se le requirió para que indicara si había dado respuesta congruente y de fondo
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Demandante: Eduardo Pineda Moreno
a la petición presentada el 12 de octubre de 2022, por el señor Eduardo Pineda
Moreno; sin embargo, y pese a que fue notificada de la actuación el 29 de noviembre
de 2022, dejó transcurrir el término de traslado en silencio.
Así las cosas, y como la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Archivo Central Bogotá, no dio respuesta a la solicitud de tutela, la Sala
aplicará la presunción de veracidad de que trata el artículo 20 del Decreto 2591 de
1991, que establece que si el informe no fue rendido dentro del plazo correspondiente,
se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez
estime necesaria otra averiguación previa.
Por su parte, la Corte Constitucional en Sentencia T-825 de 2008, citando a su vez las
providencias T-391 de 1997 y T-633 de 2003, se pronunció sobre el tema en los
siguientes términos:
La presunción de veracidad consagrada en esta norma [Art. 20 Decreto ley
2591/91] encuentra sustento en la necesidad de resolver con prontitud sobre las
acciones de tutela, dado que están de por medio derechos fundamentales, y en la
obligatoriedad de las providencias judiciales, que no se pueden desatender sin
consecuencias, bien que se dirijan a particulares, ya que deban cumplirlas
servidores o entidades públicas7. Hecha la anterior precisión, la Corte ha
establecido que la consagración de esa presunción obedece al desarrollo de los
principios de inmediatez y celeridad que rigen la acción de tutela, y se orienta a
obtener la eficacia de los derechos constitucionales fundamentales y el
cumplimiento de los deberes que la Carta Política ha impuesto a las autoridades
estatales (Artículos 2, 6, 121 e inciso segundo del artículo 123 C.P.).8
En ese sentido, la Sala tendrá por ciertos los hechos planteados por el accionante, en
cuanto a que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá,
Archivo Central, no ha procedido a dar respuesta a la petición; en consecuencia,
amparará dicho derecho fundamental.
En todo caso, la Sala destaca que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de
Sentencias de Bogotá remitió auto del 29 de noviembre de 2022,9 que dictó en el
proceso ejecutivo en el que el accionante actúa como parte demandada, mediante el
7 Sentencia T-391 de 1997
8 Sentencia T-633 de 2003.
9 Índice 7, del expediente electrónico.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06144 00
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cual conminó a la Secretaría de Ejecución para que de conformidad con lo decretado
en providencia del 28 de agosto de 2019, mediante la cual terminó el proceso por pago
total de la obligación procediera a actualizar el Oficio 54203 del 4 de septiembre de
2019, con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos respectiva.
Así mismo, en la referida providencia ordenó a la Oficina de Apoyo que en
cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 del Código General del Proceso en
concordancia con la Ley 2213 de 2022, remitiera el oficio a través del correo
institucional a la entidad correspondiente para lo de su cargo y remitiera copia a la
parte ejecutada de la actuación surtida.
3. Conclusión
La Sala concluye que en el caso no existe prueba de la respuesta a la petición del 12
de octubre de 2022, que el accionante elevó ante el Archivo Central Bogotá de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca;
por consiguiente, se amparará el derecho fundamental de petición que depreca.
En tal sentido, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, Cundinamarca, Archivo Central Bogotá, que dentro de las cuarenta
y ocho horas siguientes a la notificación del presente fallo, otorgue respuesta a la
solicitud del 12 de octubre de 2022, en forma clara, precisa y congruente y a notificar
de dicha contestación al interesado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Amparar el derecho fundamental de petición al señor Eduardo Pineda
Moreno de acuerdo con la parte considerativa que antecede.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 06144 00
Demandante: Eduardo Pineda Moreno
Segundo. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, Cundinamarca, Archivo Central Bogotá, que dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, otorgue respuesta a la solicitud
del 12 de octubre de 2022 presentada por el señor Eduardo Pineda Moreno y notifique
dicha contestación a la dirección del interesado.
Tercero. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con permiso
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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