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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06149-00

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06149-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06149-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., tres (03) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06149-00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL /
IMPROCEDENTE / INMEDIATEZ – No se presentó en un término razonable /
SUBSIDIARIEDAD – No se agotaron los recursos ordinarios.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia
dentro del recurso de amparo constitucional formulado por la Administradora
Colombiana de Pensiones -Colpensiones, contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D.

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 18 de noviembre de 2022 Colpensiones interpuso demanda de tutela
contra la Sección Segunda - Subsección D del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, con el fin de que se deje sin efectos la sentencia del 19 de
septiembre de 2013 2. Esta providencia fue proferida en primera instancia por
dicha autoridad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3
que promovió el señor Antonio José Serrano Martínez en su contra.

2.- En dicho proceso el señor Serrano Martínez pretendía la declaratoria de
nulidad parcial de la Resolución No. 18355 de 2012 y del acto ficto negativo
generado por la falta de respuesta al recurso presentado contra aquella. A través
del mencionado acto administrativo el Instituto de Seguros Sociales había
negado la reliquidación de la pensión solicitada con el fin de que se aplicara el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de
reparto de la acción de tutela”.
2
Notificada el 04 de octubre de 2013.
3 Identificado con número de radicado 25000-23-42-000-2013-00203-00.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06149-00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

3.- En la sentencia del 19 de septiembre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados, y a título de restablecimiento del derecho ordenó a Colpensiones
reconocer la pensión de jubilación del actor en el equivalente al 75% de la
asignación más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en
actividades propias de la Rama Judicial, esto es, en la Fiscalía General de la
Nación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971,
incluyendo proporcionalmente los siguientes factores salariales: “sueldo básico,
gastos de representación, prima especial de servicios, prima de navidad, prima
de vacaciones… a partir del 1° de abril de 2012”4. Lo anterior, al estar probado
que el demandante trabajó por más de 20 años al servicio del Estado, más
específicamente, 13 en el Ministerio Público y dos en la Fiscalía General de la
Nación.

4.- Dando cumplimiento a la anterior decisión judicial, Colpensiones emitió la
Resolución GNR 342325 del 5 de diciembre de 2013, por medio de la cual se
reliquidó la pensión de vejez del demandante incrementándose su cuantía en
$7.786.726, sumado a que, se le concedió un retroactivo de $64.117.200.

5.- El 9 de enero de 2014, el señor Antonio Serrano solicitó la revisión o
corrección de la reliquidación de la pensión de vejez, y en respuesta,
Colpensiones emitió la Resolución GNR 283301 del 12 de agosto de 2014,
estableciendo una mesada pensional de $14,167.500 efectiva a partir del 1 de
abril de 2012 y un nuevo retroactivo pensional de $172.533.439, acorde con la
asignación más elevada y todos los factores salariales devengados en el último
año de servicios prestados a la Rama Judicial.

6.- Como fundamento de derecho de las pretensiones, Colpensiones manifestó
que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto material o sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución

7.- Antes de exponer las razones por las cuales consideró que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca incurrió en los yerros judiciales previamente
enunciados, Colpensiones se pronunció sobre el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la solicitud de amparo, de lo cual, se hace especial
énfasis en lo que tiene que ver con la subsidiariedad y la inmediatez de la acción.

8.- En lo referente al agotamiento de todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial de la entidad, precisó que el juez de tutela
debe tener en cuenta que desde hace más de una década, el ISS atravesaba por
una serie de problemas institucionales que le impedían atender oportunamente
las peticiones de los afiliados, así como, “realizar una defensa efectiva dentro de

4 Expediente digital, folio 15 de la sentencia del 19 de septiembre de 2013. Disponible en el aplicativo SAMAI.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

acciones de tutela y procesos ordinarios adelantados en su contra" 5, por lo cual
se creó Colpensiones, entidad que inició operaciones el 28 de septiembre de
2012, fecha de entrada en vigencia del Decreto 2011 de 2012, asumiendo el
conocimiento de las peticiones en curso al igual que los procesos judiciales contra
el ISS, y resaltó que, durante la transición administrativa descrita, “se atravesó
por un estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) verificado en el Auto 110 de
2013 emitido por la Sala de Revisión Novena de la… Corte Constitucional, en el
que se constató que esta Entidad se encontraba ante un sin número de fallas
estructurales de carácter operativo y administrativo, que impedían resolver las
peticiones dentro del término de ley, lo que decantó en innumerables acciones
de tutela por violaciones masivas de derechos fundamentales de petición, de
seguridad social y de acceso a la administración de justicia”6.

9.- Luego, descendiendo al caso particular, Colpensiones refirió a que, en su
momento, no interpuso el recurso de apelación dentro del término perentorio
contra la sentencia proferida por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la situación de fuerza mayor en
la que se hallaba al enfrentar el estado de cosas inconstitucional referido. A
continuación, indicó que, acorde con lo dispuesto por la Corte Constitucional en
las sentencias SU-427 de 2016 y T-334 de 2021, el requisito de subsidiariedad
se flexibiliza en casos como el que se analiza, dado el perjuicio irremediable que
puede sufrir la administradora de pensiones ante la consolidación de
prestaciones económicas obtenidas a partir de un abuso palmario del derecho.

10.- Así, pasó a exponer que, en sentencia SU–427 de 2016, la Corte
Constitucional indicó que las acciones de tutela son procedentes en estos casos,
pese a no haberse agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios
establecidos por parte de la administradora de pensiones, dadas las
circunstancias especiales propias de un estado de cosas inconstitucional, lo que
constituye un eximente de responsabilidad frente al requisito de subsidiariedad y
de inmediatez que habilita la acción de amparo. No obstante, la parte actora
aseveró que, si en gracia de discusión el estado de cosas inconstitucional se
entiende finalizado, es necesario que el Juez de tutela analice el caso a la luz de
los criterios jurisprudenciales establecidos en las sentencias SU–391 y T-060 de
2016, con miras a determinar si se cumple con el requisito de inmediatez, pues
debe evaluar que la sentencia proferida el 19 de septiembre de 2013, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
objeto de la presente acción, ordenó la reliquidación de una pensión de vejez,
prestación económica de tracto sucesivo que se encuentra actualmente activa en
la nómina de pensionados de esta Entidad.

5 Expediente digital, folio 10 del escrito de tutela.
6 Expediente digital, folio 11 del escrito de tutela.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

11.- A continuación, citó las sentencias T-619 de 2019 y T-334 de 2021, como
ejemplo de casos en los que recientemente la Corte Constitucional ha dado por
cumplido el requisito de inmediatez en casos similares al que se analiza, teniendo
en cuenta el abuso del derecho con que se profirieron los fallos demandados y el
ECI que enfrentó el ISS.

12.- En lo referente al defecto sustantivo y el desconocimiento del
precedente judicial, indicó que estos yerros judiciales se dieron al desconocerse
el alcance dado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 desde el año 1995 por parte
de la Corte Constitucional en sentencias C-168 de 1995, C-596 de 1997, C–258
de 2013, T-078 de 2014, SU–230 de 2015, SU–427 de 2016, SU–210 de 2017,
SU–395 de 2017, SU–631 de 2017, SU–023 de 2018, SU–068 de 2018, T–109
de 2019 y T–619 de 2019, y en el Auto 326 de 2014, en los que, de manera
expresa determinó que, a quienes son beneficiarios del régimen de transición se
les debe liquidar el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años de
servicio o el tiempo que les faltare. A su turno, citó lo dispuesto en la sentencia
de unificación de 28 de septiembre de 2018, proferida por el Consejo de Estado
Rad. 52001233300020120014301, M.P. César Palomino Cortés, sobre la que
mencionó que, allí se adopta la misma postura de la Corte Constitucional, en
cuanto a que el IBL a tener en cuenta en el régimen de transición.

13.- Sobre el particular, refirió que, las Altas Cortes han establecido que el
régimen de transición, desde la expedición de la Ley 100 de 1993, indicó los
aspectos que deben ser sometidos a transición, y aunque la discusión no fue
pacífica entre los 3 órganos de cierre, “lo cierto es que a partir del 28 de
septiembre de 2018, no hay discusión en que el régimen de transición solo
protegió los aspectos de las leyes anteriores respecto de la edad, el monto y el
tiempo o las semanas cotizadas”.

14.- A continuación, expuso que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en violación directa de la Constitución, específicamente en sus
artículos 48 y 229, junto con el acto legislativo 01 de 2005, al dar preferencia a
disposiciones “legales incompatibles con la Constitución y debido a que interpretó
la norma en oposición a la sentencia C – 168 de 1995 y… la C – 596 1997, C –
258 de 2013, SU – 230 de 2015, SU – 427 de 2016, SU – 395 de 2017, SU – 631
de 2017, SU – 068 de 2018 y T – 109 de 2019, entre otras7”.

15.- Así, expuso que el Tribunal accionado, al reconocer una mesada pensional
superior a la que en derecho correspondía, incurrió en un evidente abuso
palmario del derecho y una grave trasgresión al principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional consagrado en el artículo 48 Superior y el Acto
Legislativo 01 de 2005, por lo que, en el presente caso, dando prevalencia al

7 Expediente digital, folio 40 del escrito de tutela.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

interés general sobre el particular, es necesario que el juez de tutela tome las
medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos públicos.

16.- Sobre el abuso palmario del derecho, esgrimió que, este surgió al
presentarse un incremento excesivo e injustificado en el valor de la mesada
pensional del señor Antonio Serrano, al ordenar el Tribunal demandado,
reliquidar y pagar los ajustes económicos de la pensión de jubilación, con base
en el 75% de la asignación más elevada y todos los factores salariales
devengados durante su último año de servicio en la Rama Judicial, aun aquellos
sobre los que no se realizó cotización alguna, lo que decantó en un aumento
excesivo de la mesada, diferencia porcentual del 141%, monto pensional que no
guarda relación con el valor de los aportes efectuados durante toda su vida
laboral y que constituyen la principal fuente de financiación de las prestaciones
económicas. Así, explicó que, con la reliquidación ordenada por el Tribunal
demandado, se “incrementó el valor de la mesada en suma equivalente a
$20.717.281 en la actualidad, cuando en derecho le correspondería la suma de
$8.564.720”, generándose un impacto a futuro a los recursos del sistema
pensional por valor de $2.495.410.107.

17.- Enseguida, manifestó que se vulneró su derecho al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución, por cuanto el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca realizó una indebida interpretación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

18.- Por último, alegó que se trasgredió el artículo 229 de la Carta Política que
consagra el derecho al acceso a la administración de justicia, ante el evidente
abuso palmario del derecho en que incurrió la instancia judicial demandada,
sumado a que, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
por el señor Serrano Martínez, para la fecha en la que se emitió el fallo objeto de
tutela, ya se había fijado un precedente constitucional sobre el tema,
“interpretación contenida en la sentencia C – 168 de 1995, sobre la exclusión del
ingreso base de liquidación (IBL) del régimen de transición en pensiones y
confirmada en las sentencias C – 258 de 2013 y SU – 230 de 2015. De esta
manera, resulta indiscutible que el derecho fundamental de Colpensiones al
acceso a la administración de justicia ha sido defraudado”8.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

19.- Mediante auto de 23 de noviembre de 2022, el Despacho sustanciador
admitió la acción de tutela y ordenó notificar de su presentación a la autoridad
judicial demandada; así mismo, vinculó como tercero con interés al señor Antonio
José Serrano Martínez y, ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de

8 Expediente digital, folio 49 del escrito de tutela.

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Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

Defensa Jurídica del Estado para que, si lo consideraba procedente, dentro del
marco de las competencias a ella asignadas, interviniera en el presente asunto.

20.- Del mismo modo, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D para que remitiera, en calidad de préstamo, el
expediente identificado con el radicado número 25000-23-42-000-2013-00203-
00.

(i) Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D9

21.- Solicitó declarar la improcedencia del amparo constitucional interpuesto por
Colpensiones, y subsidiariamente, negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que la acción de tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad,
pues la parte actora contó con la posibilidad de interponer el recurso de apelación
contra la sentencia del 19 de septiembre de 2013, no obstante, no ejerció dicho
mecanismo de defensa judicial y por ende, no puede hacer uso de la presente
demanda de tutela para revivir etapas procesales ya finalizadas.

22.- A continuación, indicó que, en caso de considerar que se cumple con el
requisito de subsidiariedad, deben negarse las pretensiones de Colpensiones
puesto que, la sentencia objeto de demanda se profirió acorde a la jurisprudencia
vigente para la época, “y en ella se citó una sentencia del 12 de julio de 2012,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado”, en
la que se resolvió un caso similar y se ordenó reliquidar la pensión de vejez de
un empleado de la Rama Judicial acorde con lo dispuesto en el Decreto 546 de
1971 “con el promedio de la asignación mensual más elevada del último año de
servicios y los demás factores devengados en dicho lapso”.

23.- Finalmente, precisó que, el Consejo de Estado profirió sentencia de
unificación de 11 de junio de 202010, mediante la cual determinó que, para los
beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993 y por ende, quienes se encontraban cobijados por el régimen especial de
jubilación de la Rama Judicial y del Ministerio Público, la liquidación del IBL debe
hacerse conforme a lo dispuesto en los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993,
teniendo en cuenta los factores salariales contemplados en el Decreto 1158 de
1994 y otras normas concordantes. Sin embargo, indicó que debía tenerse en
cuenta que, en la referida providencia, se hizo la salvedad de que, esta solamente
era aplicable a los casos pendientes de decisión en sede administrativa y judicial,
por lo que, para los casos ya decididos, operó el fenómeno de la cosa juzgada.

9 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios. Disponible en el aplicativo SAMAI.
10 El interviniente no indicó el radicado.

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instancia)

24.- Mediante correo electrónico del 29 de noviembre de 2022, el Tribunal
accionado allegó copia digital del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 25000-23-42-000-2013-00203-0011.

(ii) Antonio José Serrano Martínez12

25.- El apoderado del señor Serrano Martínez pidió “denegar la acción de tutela
interpuesta… por improcedente, y porque con abuso del derecho dicha acción
busca revivir y desconocer un asunto litigioso que ya fue definido y resuelto
mediante sentencia ejecutoriada”, dentro de un proceso surtido debidamente
hace más de 9 años y en el cual no participó activamente la entidad accionante,
en desconocimiento de los requisitos generales de procedencia de inmediatez y
subsidiariedad.

26.- Ahora bien, con respecto al defecto sustantivo alegado por Colpensiones
referente al presunto desconocimiento del precedente jurisprudencial dictado por
la Corte Constitucional en el que se señaló de manera expresa que el IBL no
hacía parte del régimen de transición, precisó que, el Consejo de Estado ha
indicado que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 da lugar a varias
interpretaciones por lo que, debe acudirse a la interpretación más favorable para
quien pretenda el reconocimiento pensional, sumado a “(ii) que el concepto de
“monto”, desde una perspectiva gramatical, no excluye per se, la noción de IBL;
y (iii) que aplicar de forma “fraccionada” el régimen de transición… implica el
desconocimiento de los principios de inescindibilidad normativa y de seguridad
jurídica” 13 , posición jurisprudencial que fundamentó el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, reiterándose que, en todo caso, Colpensiones
pudo debatir lo pertinente dentro del proceso ordinario pero injustificadamente no
lo hizo. Así, citó lo dispuesto en las sentencias T-079 de 1993, T-631 de 2006, T-
019 de 2009 y T-651 de 2011, en las que la Corte Constitucional determinó que
el monto pensional para los beneficiarios del régimen de transición y del Decreto
546 de 1971, era el estipulado en el artículo 6 del referido cuerpo legal.

27.- Seguidamente, afirmó que con la sentencia objeto de demanda no se ha
causado detrimento alguno al erario. Precisó que con la resolución inicial de
reconocimiento pensional proferida por el ISS sí afectaron sus intereses jurídicos
y patrimoniales, pues en ella se desconoció que tenía derecho a la aplicación
integral del régimen contenido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971. En este
punto, citó lo dispuesto por el Procurador General de la República en la Circular
No. 054 de 2010 sobre la inescendibilidad de los regímenes pensionales y reiteró
que acorde con el artículo 6 de la Constitución, el ISS es responsable por la
omisión en el ejercicio de sus funciones y su derecho a la defensa, en el caso
concreto.
11 Disponible en el aplicativo SAMAI.
12 Expediente digital, intervención contenida en 27 folios. Disponible en el aplicativo SAMAI.
13 El interviniente no citó el número de radicado o sentencia a la cual pertenece la cita.

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instancia)

28.- En escrito adicional presentado el 7 de diciembre de 2022, el apoderado del
señor Serrano Martínez, expuso los siguientes argumentos adicionales: (i) en el
trámite del proceso ordinario, el ISS llevó a cabo conductas dilatorias, “de desidia
e inoperancia”; (ii) “intencional y caprichosamente” Colpensiones hizo una
progresión numérica que “no corresponde con la verdad” sobre lo devengado por
el señor Serrano Martínez como mesada pensional, a fin de “crear
sensacionalismo… llamar la atención a favor de su propósito de revivir un
proceso judicial que desde hace más de nueve (9) años hizo tránsito a cosa
juzgada” e intentar justificar un detrimento patrimonial que “no es real”. Así, indicó
que si bien la parte actora afirmó que el señor Antonio Serrano ha devengado
efectivamente durante el año 2022 la suma de $20.717.281 por concepto de
pensión, esto carece de veracidad, pues dicha cantidad “jamás la ha percibido…
todos los meses él ha percibido sumas diferentes… siendo la más alta la que
corresponde al pasado mes de octubre del 2022 por valor de $17.816.781”, datos
que se pueden corroborar consultando los extractos que pertenecen a su cuenta
de ahorros No. 0570473470030684 del Banco Davivienda; (iii) mediante decisión
de fecha 28 de marzo de 2012, dictada dentro del radicado No.
1100131090422012-00005-01, M.P. Jairo José Agudelo, se ordenó al Asesor II
de la Vicepresidencia de Pensiones del Seguro Social “definir claramente el
régimen pensional correspondiente, teniendo buen cuidado en que, de aplicar el
decreto 546 de 1971, se abstendrá de realizar exigencias no contempladas en la
norma, acorde con lo enseñado por la Corte Constitucional”, decisión que no fue
atacada y conllevó a que el ISS hiciera todo lo contrario en el caso concreto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. De la acción de tutela contra providencias judiciales

29.- Esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales
alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes14:
(i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
(ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el
requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que
la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero

de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).

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vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi).
que no se trate de sentencias de tutela.

30.- En relación con el presupuesto de inmediatez para la interposición de
demandas de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que para efectos
de establecer si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció
oportunamente, se debe verificar que se haya presentado dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según el
caso.

31.- A su turno, reitérese que, en virtud de su carácter subsidiario, la acción de
tutela procede cuando el accionante no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable, es decir, los interesados deben hacer uso de todos los
recursos ordinarios y extraordinarios que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para remediar la situación que amenaza o lesiona sus derechos, de modo que se
impida el uso indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o
instancia judicial adicional de protección, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

32.- Lo anterior, de conformidad con el artículo 8615 de la Constitución Política y
el numeral 1 del artículo 616 del Decreto 2591 de 1991, los cuales prevén como
causal de improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de
defensa para la protección de los derechos invocados.

33.- Por lo tanto, para que el juez constitucional estudie una solicitud de tutela,
el interesado debió haber agotado los recursos -idóneos y eficaces- que tenía a
su disposición para lograr el amparo de sus derechos, pues, de lo contrario, la
tutela deviene improcedente.

34.- No obstante, en los casos en que concurran otros medios de defensa, la
jurisprudencia constitucional ha establecido que existen dos excepciones que
justifican la procedibilidad de la acción de tutela, previó a que aquéllos hayan sido
agotados, a saber:

15 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante

un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. (…) Esta acción solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)”. (se destaca).
16 “Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante (…)”

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Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

<<(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como
mecanismo transitorio>>17.

35.- Ahora, la noción de perjuicio irremediable ha sido definida como un riesgo
cierto y real de daños provenientes de la amenaza o violación de derechos
fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría ninguna manera de
ser reparado, esto es, diferente a la mera indemnización del perjuicio. Por ende,
es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela, pero siempre
que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de acciones
manifiestamente contrarias a la ley y, por tanto, que involucren un menoscabo de
derechos fundamentales.

D. Análisis del caso concreto

36.- En esta oportunidad, le corresponde a la Sala verificar si las circunstancias
que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela, particularmente, los atinentes a la
subsidiariedad e inmediatez. Sólo en el evento de acreditarse, pasará a abordar
el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si las autoridades
demandadas incurrieron en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora.

37.- De entrada, la Sala advierte que la solicitud de amparo se torna
improcedente por no satisfacer los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad,
pues ésta se interpuso pasados más de 6 meses desde que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección D ordenó la
reliquidación de la pensión de vejez reconocida por la entidad demandante al
señor Antonio osé Serrano Martínez, en adición a que, contra dicha decisión no
se agotaron debidamente todos los mecanismos judiciales con que contaba la
demandante para intentar obtener decisión judicial favorable a sus pretensiones.

38.- Es así como, en el escrito de tutela, Colpensiones aduce que los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad deben flexibilizarse dados los múltiples problemas
administrativos y de gestión del ISS, que derivaron en la creación de
Colpensiones y la declaratoria de un estado de cosas inconstitucional por parte
de la Corte Constitucional en Auto No. 110 de 2013. Sumado a que, acorde con
lo dispuesto en las sentencias SU-427 de 2016, SU-631 de 2017 y T-334 de 2021,
el Máximo Tribunal Constitucional determinó que las acciones de tutela son
procedentes en casos como el que se analiza, pese a no haberse agotado todos

17 Sentencia T-375 de 2018. MP. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

los recursos ordinarios o extraordinarios establecidos por parte de la
administradora de pensiones y haber transcurrido más de los 6 meses
establecidos jurisprudencialmente para su presentación, dadas las
circunstancias especiales propias de un estado de cosas inconstitucional y
posible el abuso del derecho con el que se profieren los fallos de reliquidación
pensional, junto con el detrimento al erario.

39.- Sumado a lo anterior, mencionó que, debe tenerse en cuenta lo dispuesto
en las sentencias SU–391 y T-060 de 2016 de la Corte Constitucional, para dar
por acreditado el requisito de inmediatez en el caso concreto, pues considera
que, tal como se advirtió en dichas providencias, en la sentencia proferida el 19
de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, se ordenó la reliquidación de una pensión de vejez,
prestación económica de tracto sucesivo que se encuentra actualmente activa en
la nómina de pensionados de esta entidad, cumpliéndose con uno de los criterios
para acreditar el requisito de inmediatez en el presente caso, en el entendido que
“el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la
vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que
debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó”18.

40.- Pues bien, la Sala considera que no es posible acceder a la flexibilización
de los requisitos generales de procedencia de inmediatez y subsidiariedad en el
caso concreto, toda vez que, las razones aducidas por la entidad accionante para
justificar la tardanza en la interposición de la acción de tutela y la falta de
diligencia para interponer los respectivos recursos ordinarios y extraordinarios
contra la decisión objeto de demanda, carecen de validez jurídica a la fecha, tal
como pasará a explicarse.

41.- Para empezar, valga precisar que, en la Sentencia SU-427 de 2016
proferida por la Corte Constitucional, se indicó que, por regla general la acción
de tutela se torna improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos
procesales de defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y
adecuadamente, acudiendo en su lugar a la solicitud de amparo, ya que las
herramientas instituidas por el legislador en los procesos ordinarios son también
verdaderos mecanismos de protección de las prerrogativas fundamentales, por
lo que deben usarse en su debido estadio procesal, para que en caso de no
prosperar y demostrarse que la autoridad judicial se negó injustificadamente a
enmendar su yerro, pueda prosperar el mecanismo subsidiario que ofrece el
artículo 86 superior. Sin embargo, aclaró que la Corte Constitucional también ha
considerado que dicha exigibilidad no es absoluta, y que por ello debe analizarse
atendiendo a las particularidades del caso en concreto a la luz de los criterios de
razonabilidad y de proporcionalidad.

18 Expediente digital, folio 16 del escrito de tutela.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

42.- Es así como, las distintas salas de revisión de la Corte Constitucional habían
adoptado posiciones opuestas en relación con el cumplimiento de los requisitos
de subsidiariedad e inmediatez al conocer las acciones de tutela impetradas por
la UGPP contra diferentes autoridades judiciales por la presunta vulneración de
su derecho al debido proceso con ocasión de procesos finalizados “lustros atrás”,
cuando Cajanal era la entidad encargada de administrar el sistema pensional de
los funcionarios públicos y en los cuales no se agotaron los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios disponibles, alegando, entre otras cosas que: i) Sólo
hasta el 12 de junio de 2013 se inició la sucesión procesal y defensa judicial de
los asuntos que tenía a cargo Cajanal, quien atravesó por una situación
administrativa que le impedía cumplir sus funciones correctamente, lo que dio
origen a la declaratoria de estado de cosas inconstitucional en relación con la
administración del sistema pensional de los empleados públicos y ii) de no
flexibilizarse los requisitos, se desconocería que las mesadas pensionales son
una prestación económica que se debe cancelar periódicamente, por lo cual la
afectación que causan a las finanzas del sistema de seguridad social con ocasión
de un yerro en su reconocimiento o liquidación continúa en el tiempo y atenta
contra su sostenibilidad económica de manera permanente.

43.- De esta manera, expuso la Corte Constitucional que, en su jurisprudencia
existían dos líneas argumentativas para solucionar estos casos, la primera que
se inclinaba por la supremacía del principio de seguridad jurídica que le otorga
inmutabilidad a las decisiones judiciales una vez quedan ejecutoriadas, así como
por la protección del derecho a la confianza legítima de las personas beneficiarias
de éstas, y la segunda que teniendo en cuenta los perjuicios gravosos que
generan las prestaciones periódicas reconocidas de manera jurídicamente
cuestionable en los fallos reprochados, opta por avalar su revisión con el fin de
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y de
contera salvaguardar las prerrogativas fundamentales de sus afiliados.

44.- Posiciones que en la referida sentencia, consideró “razonables dentro del
ordenamiento constitucional y [que] responden a una argumentación sólida que
no puede tildarse de arbitraria, pues ambas cumplen con las cargas mínimas de
razonabilidad y racionabilidad enmarcándose dentro de la autonomía e
independencia que se le ha conferido a cada una de las salas de revisión”. No
obstante, procedió a unificar los criterios y determinó que, en este tipo de asuntos,
en principio, el recurso de amparo no sería viable puesto que el Acto Legislativo
01 de 2005 adicionó un inciso al artículo 48 superior, en el cual se indica que “la
ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados”, por lo que en atención al principio de subsidiariedad debería

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

acudirse a dicho instrumento especializado para examinar las prestaciones
periódicas sobre las cuales se cierna duda en torno a su legalidad.

45.- Señaló que, aunque este precepto constitucional no ha sido desarrollado
mediante una ley, el ordenamiento jurídico consagra para esos fines el recurso
extraordinario de revisión, previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y
conforme el artículo 251 del CPACA, ese mecanismo debe presentarse dentro
de los 5 años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial.

46.- No obstante, precisó que, al avizorarse que la afectación del erario con
ocasión de una prestación evidentemente reconocida con abuso del derecho
tenía la vocación de generar un perjuicio irremediable a las finanzas del Estado,
las cuales se utilizan para garantizar, entre otros, el derecho a la seguridad social
de los colombianos, “en casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un
fallo judicial que impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo
será viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida y
adoptar las medidas respectivas”.

47.- A su turno, en la sentencia SU-631 de 2017, la Corte Constitucional, reiteró
lo dispuesto en la sentencia SU-427 de 2016 afirmando que, en dicha ocasión la
Sala Plena de dicha corporación estableció explícitamente que las acciones de
tutela contra una decisión judicial, promovidas por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social –UGPP- ante un presunto abuso del derecho por parte del pensionado y
en defensa del sistema de seguridad social en pensiones, deberán considerarse
improcedentes, no por incumplimiento del requisito de inmediatez sino de cara al
principio de subsidiariedad.

48.- Sobre el particular, indicó que, entre las autoridades legitimadas para
promover el recurso de revisión ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema
de Justicia está la UGPP, aun cuando el artículo 20 de la Ley 797 de 2003
establece que, ante la ocurrencia de cualquiera de las causales del recurso
extraordinario de revisión son el “Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor
General de la República o del Procurador General de la Nación”, quienes pueden
formular el recurso de revisión de las sentencias judiciales que hayan reconocido
una pensión que genere al tesoro o los fondos públicos una obligación de cubrir
sumas periódicas de dinero, también puede hacerlo la UGPP. Lo anterior, al
considerar que, como administradora de pensiones, le corresponde velar por el
buen funcionamiento financiero del sistema que regula.

49.- Seguidamente, aclaró que el término de cinco años para solicitar la revisión
de las prestaciones pensionales tiene un tratamiento distinto dadas las
dificultades administrativas de CAJANAL y la imposibilidad de acción de la

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

UGPP. De esta manera indicó que, si bien, en condiciones normales debe
contabilizarse desde la ejecutoria de la sentencia, “respecto a la UGPP, en
atención al estado de cosas inconstitucional que afrontaba Cajanal, (…) el plazo
para acudir a dicho instrumento debe iniciarse a contar no antes del día en que
la demandante asumió las funciones de esta última empresa, es decir, con
posterioridad al 12 de junio de 2013”.

50.- Con todo, concluyó:

<<La procedencia de la acción de tutela en casos como este quedó entonces
sometida a una condición: a la forma palmaria en que surja el abuso del derecho.
(…)
…la UGPP se encuentra facultada para cuestionar por vía de tutela, exclusivamente,
sentencias judiciales que, con ocasión de un abuso del derecho en modo palmario,
hayan hecho reconocimiento de mesadas pensionales sin advertir la existencia de
vinculaciones precarias y con fundamento en ellas. En virtud del principio de
inmediatez, tal posibilidad la mantendrá por seis meses contados a partir de la
notificación de esta decisión.

Pensiones logradas a través de abuso del derecho, del que no sea demostrado su
carácter palmario por parte de la UGPP solo podrán ser discutidas por ella mediante
el recurso de revisión regulado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, por debido
proceso, o por cualquier norma que desarrolle el mandato incorporado en la
Constitución, mediante el Acto Legislativo 01 de 2005>> (Se resalta).

51.- Más adelante, mediante sentencia T-334 de 2021, la Corte Constitucional
se pronunció sobre 6 tutelas acumuladas, presentadas por Colpensiones contra
diversas autoridades judiciales por fallos proferidos con varios años de diferencia,
por hechos similares a los que se alegan en el caso en estudio. Al hacer el estudio
del cumplimiento el requisito de inmediatez, la Corte advirtió que, frente al
reconocimiento de prestaciones económicas periódicas que implican una
afectación prima facie continua y directa al erario público, la jurisprudencia
constitucional ha establecido que, “a pesar del paso del tiempo, es posible el
estudio de fondo de la demanda”, considerando relevante que se trate de casos
en los que se alega fraude a la ley en detrimento del patrimonio público y, en
particular, del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. En este punto,
refirió que, en “las sentencias SU-427 de 2016 y SU-631 de 2017… si bien el
objeto de unificación se relacionó con la exigencia de “subsidiariedad” –ante
supuestos de abuso del derecho en materia pensional–, sus razonamientos
también pueden extenderse al del requisito que estudia la Sala en este apartado
[inmediatez]”.

52.- Seguidamente, manifestó que, en los casos que se estudiaban, pese a que
entre las providencias atacadas y la presentación de las demandas de tutela
transcurrieron varios años, se acreditó el requisito de inmediatez, pues los
reconocimientos pensionales debatidos surgieron de actuaciones consolidadas
bajo un presunto abuso del derecho, acorde con los elementos fácticos y
normativos presentados, lo que justifica el estudio de fondo del caso, en aras de
garantizar la sostenibilidad fiscal del sistema pensional. En adición a que,

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consideró que “la presunta afectación de los derechos de Colpensiones se
mantiene a pesar del paso del tiempo, si se tiene en cuenta que le corresponde
efectuar el pago de las mesadas pensionales de manera periódica, según lo
ordenado en las providencias judiciales atacadas”.

53.- Por demás, indicó que debía tener en cuenta que, la sucesión de los
intereses procesales del ISS por parte de Colpensiones tuvo lugar a partir del 28
de septiembre de 2012, y que entre los años 2013 y 2015 esta última estuvo en
un estado de cosas inconstitucional, declarado por dicha Corporación, al
encontrar un sinnúmero de fallas estructurales que le impedían resolver las
peticiones dentro del término de ley y atender las acciones judiciales
correspondientes.

54.- En lo referente a la subsidiariedad, afirmó que, en los casos objeto de
estudio se advirtió la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, pues lo que
se cuestionaba era reconocimientos pensionales presuntamente obtenidos con
abuso del derecho, “como se precisó en las sentencias SU-427 de 2016 y SU-
631 de 2017”. Sin embargo, teniendo en cuenta que con el transcurso del tiempo
se incrementa el detrimento patrimonial a las finanzas públicas, sostuvo que,
“aunque por negligencia de la demandante, los recursos de apelación y de
revisión, medios de defensa que pudieron haber sido útiles en tal propósito,
perdieron su idoneidad y eficacia, pues la oportunidad para interponerlos expiró,
la tutela debe proceder con el objeto de brindar una protección inmediata y
definitiva”.

55.- Acto seguido, expuso que, en las referidas sentencias SU-427 de 2016 y
SU-631 de 2017, se supeditó la procedencia de la acción de tutela, a pesar de
que la UGPP cuente con la posibilidad del recurso extraordinario de revisión que
regulan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, a que se trate de un supuesto
de abuso palmario del derecho, cuya configuración sujetó a dos
condiciones: (i) que se trate de una “vinculación precaria” y (ii) que se trate de
un “incremento excesivo en la mesada pensional”. En caso de que no se
acrediten estos presupuestos, no podría considerarse que se trata de un caso
de perjuicio irremediable que amerite la protección constitucional transitoria.

56.- Acorde con la jurisprudencia previamente citada, se advierte que si bien en
criterio de la Corte Constitucional los requisitos de inmediatez y subsidiariedad
deben flexibilizarse en casos en los cuales Colpensiones y las administradoras
de pensiones aleguen reconocimientos de pensiones derivados de un evidente
abuso del derecho, que generan una grave afectación al erario publicado y un
perjuicio a la entidad, en el presente caso no se justificó debidamente la
inactividad de la parte actora, pues aduce argumentos tan generales que por su
solo enunciado revelan aspectos que solo son imputables al negligente
funcionamiento del sistema, supuesto que no es oponible al titular de un derecho

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social como es el pensional, reconocido bajo decisiones de autoridad ya hace
varios años, los que por demás no solo obviaría la exigencia de inmediatez sino
la de subsidiariedad, pues convertiría al juez de tutela en un juez de instancia, lo
que constitucionalmente resulta inadmisible.

57.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D profirió la sentencia objeto de tutela el 19 de septiembre de 2013,
la cual fue notificada a las partes el 4 de octubre de 201319, sin que se haya
promovido contra dicha decisión judicial recurso adicional alguno u otro tipo de
solicitud, por lo que, desde la fecha de notificación se contabilizarán los 6 meses
que se consideran como el término prudencial para interponer la acción de tutela.
Acorde con lo anterior, se indica que la demanda de tutela se presentó hasta el
18 de noviembre de 2022, es decir, desde la notificación de la sentencia
demandada transcurrieron más 9 años y 1 mes, lo que torna improcedente el
amparo.

58.- Ahora bien, como razones para flexibilizar dicho requisito, Colpensiones
menciona que debe tenerse en cuenta que, por la transición del Instituto de
Seguros Sociales a la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) 20 , la Corte Constitucional había declarado el estado de cosas
inconstitucional. No obstante, debe precisarse que dicha Corporación declaró
superada esa situación el 18 de diciembre de 2015 21 y, en ese sentido, es
evidente que la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales no puede
justificar la inactividad de la parte actora por más de 6 años –la demanda de tutela
se presentó en noviembre de 2022–.

59.- Sumado a lo anterior, se advierte que, la propia entidad accionante en el
escrito de tutela, refirió que, tras dictarse la sentencia de 19 de septiembre de
2013, emitió la Resolución GNR 342325 del 5 de diciembre siguiente, por medio
de la cual se reliquidó la pensión de vejez del demandante incrementándose su
cuantía en $7.786.726; luego, atendiendo la nueva petición de reliquidación
presentada el 9 de enero de 2014 por el señor Antonio Serrano, profirió la
Resolución GNR 283301 del 12 de agosto de 2014, estableciendo una mesada
pensional de $14.167.500, acorde con la asignación más elevada y todos los
factores salariales devengados en el último año de servicios prestados a la Rama
Judicial. Lo anterior, a juicio de la Sala, es indicativo de que conoció la decisión
judicial, profirió ese mismo año y al siguiente dos resoluciones acatando su
contenido y pudiendo hacerlo, no hizo nada para cuestionarla.

19 Expediente digital, folios 296 a 300 del documento titulado: “07.Alegatos, Sentencia-Notificación”, Rad.

25000-23-42-000-2013-00203-00, disponible en el aplicativo SAMAI, índice 9.
20 Corte Constitucional, Auto A-110 del 5 de junio de 2013.
21 Corte Constitucional, sentencia T-774 del 18 de diciembre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
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60.- A lo anterior, cabe agregar que, la entidad demandada no alegó en el escrito
de tutela razón alguna para justificar su inactividad desde la superación del
estado de cosas inconstitucional hasta la fecha de interposición de la demanda
de tutela, sumado a que, como se mencionó, se encuentra demostrado que tuvo
personal suficiente para expedir dos resoluciones acatando la sentencia
demandada, en dos anualidades distintas, pero no ejerció su derecho a la
defensa debidamente, lo que trae como consecuencia principal que se dude
sobre la urgencia con la que debería darse el amparo constitucional que se
discute.

61.- A lo anterior, debe añadirse que, como se expuso en precedencia, la Corte
Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016 estableció que el mecanismo
judicial idóneo es el recurso de revisión establecido en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003 y que el término para interponerlo sería el del artículo 251 de la Ley
1437 de 2011, situación en la que también se enmarca Colpensiones.

62.- Sin embargo, en atención a la especial circunstancia dada por el estado de
cosas inconstitucional que se predicó respecto de Colpensiones al igual que
sucedió en su momento con la UGPP, la Corte encontró pertinente aplicar
“tratamiento diferencial” frente al cómputo de la caducidad de este recurso, y
estableció que debería iniciar, no desde la ejecutoria de la sentencia, como lo
indica la respectiva normativa, sino desde que la UGPP asumió la representación
jurídica de los asuntos de Cajanal.

63.- Para el caso de Colpensiones, debe tenerse en cuenta que, con el Decreto
1203 del 28 de septiembre de 2012 se suprimió el I.S.S. y se dispuso su
liquidación, luego de lo cual, la Corte Constitucional mediante sentencia T-744
del 18 de diciembre de 2015, declaró superado el estado de cosas
inconstitucionales en la transición entre el ISS y Colpensiones. Sin embargo, deja
claro la Sala que la oportunidad para presentar el respectivo recurso es un
aspecto que deberá ser analizado por el juez natural en su momento.

64.- Por lo demás, al ser un asunto en el que se alega el reconocimiento de una
pensión con abuso del derecho, se considera que el mecanismo judicial idóneo
para cuestionar el reconocimiento de la pensión es el recurso de revisión
contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y no la acción de tutela.
Recurso que, se reitera, sin justificación alguna se dejó de ejercer durante los 5
años siguientes a la finalización del estado de cosas inconstitucional.

65.- Ahora, esta Sala no desconoce que, acorde con las sentencias previamente
citadas, en ciertos casos la Corte Constitucional, a pesar de haber declarado que
existe otro mecanismo de defensa para buscar la protección de los derechos
invocados, conoció de fondo los casos por considerar que se concretó un

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perjuicio irremediable en el erario y las finanzas del Estado (SU-427 de 2016), y
aceptó la intervención, excepcional del juez de tutela, a pesar de la
improcedencia, cuando se tratara de reconocimientos pensionales derivados de
“palmario abusos del derecho” por “vinculación precaria” (T-334 de 2021).

66.- Sobre el particular, se resalta que, en las sentencias SU-631 de 2017 y T-
334 de 2021, la Corte precisó los criterios para identificar el abuso palmario del
derecho y que habilitarían la intervención del juez de tutela. En primer lugar,
aclaró que este escenario se presenta con ocasión de la obtención de una ventaja
individual irrazonable, fundada en una vinculación precaria, la cual puede
provenir de dos escenarios diferentes: “De un lado puede surgir con ocasión de
la aplicación de un régimen especial para personas que cumplieron los requisitos
de acceso a la pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
dentro del cual se contemplaba un IBL distinto al de su artículo 36. Para quienes
por el contrario, cumplieron esas exigencias en vigencia de dicha norma, el
impacto de una vinculación precaria, sólo puede concretarse cuando se hace una
aplicación ultractiva del régimen especial en lo que atañe al índice base de
cotización.”

67.- Enseguida, la Corte Constitucional precisó que el abuso del derecho se
estima palmario cuando además de la vinculación precaria, se acredite un
incremento excesivo de la mesada pensional, es decir que, la vinculación
precaria es requisito necesario pero no suficiente para concluir el abuso palmario
del derecho y, en consecuencia, permitir la intervención del juez de tutela.

68.- En las referidas providencias, es de resaltar que la Corte Constitucional no
precisó qué término específico de tiempo laborado debe considerarse como
“vinculación precaria”, no obstante, esta Sala advierte que, en el fallo T-334 de
2021, dio luces sobre el asunto al considerar que periodos menores a 14 meses
de trabajo antes de la culminación de los servicios del interesado, pueden
entenderse como este tipo de vinculación.

69.- Es así como la Sala determina que el caso concreto no cumple con las
exigencias de la jurisprudencia constitucional para que se adelante el análisis de
fondo, por las razones que pasan a exponerse:

70.- Manifiesta Colpensiones en su escrito de tutela el presunto abuso palmario
del derecho, haciendo ver un incremento salarial desmedido, entre la vinculación
que tenía el señor Antonio Serrano en el último año de servicios, en relación con
anteriores vinculaciones con el Estado y señaló que se presentaba un aumento
desmedido del 141%, lo que iba en contra de las finanzas del Estado.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

71.- De las pruebas aportadas al expediente, se colige que el Señor Serrano
Martínez laboró en las siguientes entidades, durante el tiempo que se indica a
continuación:

ENTIDAD CARGOS TIEMPO
LABORADO EN
TOTAL
PROCURADURÍA -Abogado Visitador, Grado 16 de la Oficina Seccional de Desde el 1 de
GENERAL DE LA Soatá (Desde el 1 de agosto de 1978 al 30 de septiembre agosto de 1978 al
NACIÓN de 1979) 31 de julio de 1991.
-Jefe de la Oficina Seccional de Yopal (Desde el 1 de (13 años en total)22
octubre de 1979 hasta el 30 de abril de 1980)
-Jefe de la Oficina Seccional de Zipaquirá (Desde el 1 de
mayo de 1960 hasta el 15 de junio de 1983)
-Procurador Regional de Quibdó, Cúcuta y Santa Rosa de
Viterbo (Desde el 16 de junio de 1983 hasta el 30 de
septiembre de 1987)
-Procurador Segundo Regional de Bogotá (desde el 1 de
octubre de 1987 hasta el 16 de julio de 1989)
-Procurador Primero Delegado para la Vigilancia
Administrativa (desde el 17 de julio de 1989 hasta el 19 de
febrero de 1990)
-Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial (desde el
20 de febrero de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991)
-Procurador Agrario grado 21 de la Zona Agraria de
Bucaramanga (desde el 1 de marzo de 1991 hasta el 30
de julio de 1991)
FISCALÍA -Fiscal Delegado ante el Tribunal del Distrito (1997-07-30) Desde el 20 de julio
GENERAL DE LA -Director Regional de Fiscalías de Bogotá (1997-05-26) de 1997 al 22 de
NACIÓN -Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (1998-05-26) diciembre de 1999
(2 años, 4 meses y
22 días en total)23
MINISTERIO DE Asesor Código 1020, Grado 16. Desde el 1 de
TRANSPORTE agosto de 2006
hasta el 28 de
agosto de 2010. (4
años
aproximadamente)24
FERROCARRILES Secretario General del Fondo de Pasivo Social de la Desde el 2 de junio
NACIONALES DE entidad de 2011 hasta el 31
COLOMBIA de marzo de 2012.
(Más de 8 meses)25

72.- Acorde con la información previamente referencia, se tiene que, el
accionante estuvo vinculado a la Rama Judicial y al Ministerio Público, por
periodos de tiempo superiores a 14 meses, y concretamente en último de esos
cargos estuvo vinculado por 1 año y 6 meses, sin que pueda predicarse por tanto

22 Expediente digital, folios 32 y 39 del documento titulado: “01.AnexosDemanda”, Rad. 25000-23-42-000-

2013-00203-00, disponible en el aplicativo SAMAI, índice 9.
23 Expediente digital, folios 37 y 41 a 45 del documento titulado: “01.AnexosDemanda”, Rad. 25000-23-42-

000-2013-00203-00, disponible en el aplicativo SAMAI, índice 9.
24 Expediente digital, folios 67 a 73 del documento titulado: “01.AnexosDemanda”, Rad. 25000-23-42-000-

2013-00203-00, disponible en el aplicativo SAMAI, índice 9.
25 Expediente digital, folios 74 a 76 del documento titulado: “01.AnexosDemanda”, Rad. 25000-23-42-000-

2013-00203-00, disponible en el aplicativo SAMAI, índice 9.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06149-00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

vinculación precaria alguna e igualmente, el presunto abuso palmario de derecho
con que fue proferida la sentencia objeto de demanda.

73.- Además, es de resaltar que, el fallo de 19 de septiembre de 2013, fue
expedido atendiendo el criterio jurisprudencial vigente en el Consejo de Estado
para dicha época, esto es, las sentencias de 17 de marzo de 2011, proferida por
la Sección Segunda – Subsección A (25000-23-25-000-2005-03884-01 / 0538-
09) y de 12 de julio de 2012, proferida por la Sección Segunda, Subsección B,
M.P. Gerardo Arenas Monsalve (Rad. 25000-23-25-000-2005-05008-01), en las
que se estudiaron casos similares al que revisó el Tribunal accionado y en las
que se ordenó la reliquidación de la pensión de un empleado que laboraba en la
Rama Judicial de conformidad con el Decreto 546 de 1971, y con el promedio de
la asignación mensual más elevada del último año de servicios en esa entidad y
los demás factores devengados en dicho lapso, que correspondieran a sumas
que habitual y periódicamente recibió dicho empleado, como retribución por sus
servicios.

74.- Por lo anterior, cabe indicar que para esta Subsección, no es de recibo
cuestionar el contenido sustancial de la sentencia objeto de demanda, proferida
en el año 2013, ante desarrollos jurisprudenciales tanto de esta Corporación
como de la Corte Constitucional sobre el IBL para los beneficiarios del régimen
de transición y de lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971, al no ser reglas de
derecho debidamente establecidas y por tanto, de obligatorio cumplimiento para
el Tribunal accionado. Valga aclarar que la propia accionante reconoce en el
escrito de tutela que solo hasta el 28 de septiembre de 2018 las Altas Cortes
determinaron de manera uniforme que “no hay discusión en que el régimen de
transición solo protegió los aspectos de las leyes anteriores respecto de la edad,
el monto y el tiempo o las semanas cotizadas”, pues previo a esa fecha no existía
uniformidad de criterios.

75.- Finalmente, se considera importante resaltar que, en caso de que se
flexibilizaran los requisitos de inmediatez y subsidiariedad tras haber pasado un
largo periodo de tiempo en el que fue evidente la inactividad de Colpensiones, se
podrían poner en riesgo los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica.
Así las cosas, como lo ha establecido esta Subsección en anteriores
oportunidades26, no existe justificación alguna que permita flexibilizar el plazo
considerado como razonable para ejercer la acción de tutela contra providencias
judiciales y, por tanto, se concluye que no se cumplió con el requisito de la
inmediatez –lo que hace innecesario el estudio de los demás requisitos generales
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales–.

26 En el mismo sentido ja pronunciado esta Subsección, al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14 de marzo de 2019, exp. 2019-
00514-00, reiterada por esta Subsección en sentencias del 25 de octubre de 2019, exp. 2019-03971-01 y
del 5 de marzo de 2020, exp. 2019-04328 01. También ver la sentencia del 5 de febrero de 2021, exp. 2020-
04262-00,

20

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06149-00
Accionante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones-
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección D
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera
instancia)

76.- Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con los
requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad, por lo tanto, esta Sala habrá
de declarar improcedente la misma.

77.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE27
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

27 VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y
que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que
el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

21

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