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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06159-00

Fecha
19 de enero de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06159-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Contraloría General de Caldas. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Richard Gómez Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas por no superar el requisito de la subsidiaridad. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Richard Gómez Vargas Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas Rad: 11001-03-15-000-2022-06159-00

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06159-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de enero de 2023

Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2022-06159-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06159-00
Demandante: RICHARD GÓMEZ VARGAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS

Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara la improcedencia por
no superar el requisito de la subsidiaridad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por el señor
Richard Gómez Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda.

1. El extremo accionante, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra la autoridad judicial referenciada en procura de la salvaguarda de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido
proceso1.

2. En criterio de la parte actora, tales garantías constitucionales resultaron
quebrantadas porque el magistrado Publio Martín Andrés Patiño, integrante de la
Sala de decisión que revocó el auto que había accedido a la medida cautelar de
urgencia, relativa a la suspensión de los efectos de la convocatoria pública CGC001-

1 El escrito fue radicado el 18 de noviembre de 2022 en el buzón web de recepción de tutelas
dispuesto por la Rama Judicial y, posteriormente, enviado al correo electrónico de la Secretaría
General secgeneral@consejodeestado.gov.co.

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2022-06159-00

2021 para la elección del Contralor Departamental de Caldas,2 no manifestó su
impedimento para conocer del asunto.
3. Lo anterior por cuanto el referido magistrado es ponente en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante contra la
Asamblea Departamental de Caldas y la Universidad del Atlántico por hechos
relacionados con la convocatoria para la elección de Contralor del Departamento de
Caldas 2022- 20253.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, del escrito de tutela, se infiere que la parte actora solicita
que se deje sin efectos el auto del 16 de septiembre de 2022 que revocó la medida
cautelar de urgencia ordenada por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de
Manizales.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

5. La parte actora interpuso acción popular contra la Asamblea Departamental de
Caldas al considerar que dentro del proceso de convocatoria para la elección del
contralor departamental de Caldas (2022-2025) existió violación al principio de
moralidad administrativa. Del anterior proceso conoce el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Manizales.

6. Asimismo, señaló que, en relación con la supervisión del contrato
interadministrativo ADCCI 01 – 2021, suscrito con ocasión del referido proceso de
elección, se designó como supervisor al señor Jorge Eduar Ocampo Suárez, quien, a
su parecer, posee conflicto de intereses al ser contratista de la Contraloría General
de Caldas, la Asamblea Departamental y, además, candidato a la Contraloría
Municipal de Manizales.

7. El 9 de junio de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales
accedió a la medida cautelar de urgencia, solicitada por el accionante, mediante la
cual se pretendía la suspensión de los efectos de la convocatoria pública CGC001-
2021 para la elección del contralor departamental de Caldas.

8. El 16 de septiembre de 2022, tras el recurso de apelación presentado por la
Asamblea Departamental de Caldas y la Gobernación de ese departamento, la Sala
4 de Decisión Oral del Tribunal Administrativo de Caldas, integrada por los
magistrados Publio Martín Andrés Patiño Mejía, Augusto Morales Valencia y Augusto

2 Dentro de la acción popular con radicado n.º 17001-33-39-006-2022-00169-00, promovida por el
accionante contra la Asamblea Departamental de Caldas y el Departamento de Caldas.
3 Con radicado n.º 17001-23-33-000-2022-00062-00.

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Ramón Chávez Marín, ordenó el levantamiento de la medida cautelar de urgencia al
no encontrar que la situación ameritara el decreto de la misma.

9. Con anterioridad a la radicación de la acción popular, el accionante presentó el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Asamblea
Departamental de Caldas y la Universidad del Atlántico por actos relacionados con la
convocatoria para la elección de Contralor del Departamento de Caldas 2022- 2025.
Proceso del cual conoce el Tribunal Administrativo de Caldas con ponencia del
magistrado Publio Martín Andrés Patiño Mejía.

1.4. Fundamentos de la solicitud

10. El señor Richard Gómez Vargas advierte que el magistrado Publio Martín Andrés
Patiño Mejía debió manifestarse impedido con fundamento en el numeral 2 del
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, en tanto, previo a decidir sobre el levantamiento
de la medida cautelar de urgencia decretada por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Manizales en el proceso popular, conoció del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido por él, en el cual se cuestionan hechos
relacionados con los que dieron lugar a la referida acción popular.

1.5. Trámite de la acción de tutela

11. Mediante auto del 2 de diciembre de 2022, el magistrado sustanciador admitió la
presente acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Caldas,
como autoridad judicial accionada.

12. Además, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés, de: i) el
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Manizales;4 ii) el gobernador de
Caldas; iii) el presidente de la Asamblea Departamental de Caldas, los dos últimos
por conformar el extremo pasivo en la acción popular con radicado n.º 17001-33-39-
006-2022-00169-00; iv) la Contraloría departamental de Caldas; v) el Ministerio
Público y vi) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

13. Requirió a la Asamblea Departamental de Caldas para que notificara sobre la
existencia de esta acción de tutela a todos los sujetos que conformaron la lista de
admitidos de la Convocatoria Pública CGC 001 2021 para la elección del contralor
general del departamento de Caldas (2022–2025), especialmente, a quienes hicieron
parte de la terna.

14. Asimismo, con el fin de contar con todos los medios probatorios que permitieran
analizar el fondo del asunto, solicitó al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito

4 Autoridad de primera instancia que decretó la medida cautelar, la cual, posteriormente revocó el
tribunal accionado

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Judicial de Manizales y al Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Cuarta de
Decisión que allegaran copia íntegra digital del proceso de acción popular con
radicado n.º 17001-33-39-006-2022-0169-00.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Tribunal Administrativo de Caldas

15. El magistrado Publio Martín Andrés Patiño Mejía, señaló que el accionante no
demostró haber agotado los recursos judiciales que tenía a su alcance, toda vez que
no interpuso la recusación respectiva.

16. Además, advirtió que no se habría configurado el defecto procedimental absoluto
porque la causal en la cual fundamenta el impedimento, esto es, el numeral segundo
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, solo se aplica a los trámites administrativos y
no a los judiciales.

17. Finalmente expuso que, la providencia que se cuestiona no constituyó
vulneración alguna de los derechos fundamentales del accionante porque no se trató
de una decisión de fondo acerca del objeto de la acción popular. Lo anterior, en tanto
el artículo 229 del CPACA prohíbe el prejuzgamiento y, en estricto sentido, lo
resuelto sobre la medida cautelar no lo implica.

1.6.2 Asamblea Departamental de Caldas

18. Por intermedio del presidente de la asamblea solicitó que se declarara la
improcedencia del mecanismo constitucional en atención a que el accionante, para
debatir el análisis litigioso, contaba con otros mecanismos judiciales, tales como la
recusación y el incidente de nulidad.

19. Igualmente, aportó prueba del cumplimiento de la orden impartida en el numeral
4 del auto admisorio. Esta relativa a informar de la existencia de la presente acción
de tutela a las personas que conforman la lista de admitidos de la convocatoria
pública CGC-001-2021.

1.6.3 Contraloría General de Caldas

20. Señaló que en relación con la vinculación del señor Jorge Eduar Ocampo, esta
se dio en calidad de servidor público de carrera administrativa entre el 1° de enero de
2016 y el 22 de junio de 2021. Además, manifestó la falta de legitimación en la causa
por pasiva ya que la autoridad competente para dar respuesta de fondo sobre el
asunto es la Asamblea Departamental de Caldas y, en consecuencia, pidió su
desvinculación.

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21. Por otra parte, pese a la notificación realizada al Juzgado Sexto Administrativo
del Circuito Judicial de Manizales, al gobernador de Caldas, al Ministerio Público, a
las personas que conforman la lista de admitidos de la convocatoria pública para
conformar la terna para la elección del contralor departamental de Caldas y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, estos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

22. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por el señor Richard Gómez Vargas. Lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991 y el numeral 8° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

23. La Contraloría General de Caldas solicitó ser desvinculada de esta acción
constitucional bajo el argumento de que no es la autoridad que habría vulnerado los
derechos fundamentales del accionante.

24. La Sala advierte que negará la anterior solicitud, ya que esta entidad fue
vinculada como tercera con interés.

2.3. Legitimación en la causa

25. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

26. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19915, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí misma; ii)
a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales6.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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27. Con fundamento en el marco conceptual expuesto7, la Sala advierte que el
tutelante es el titular de los derechos fundamentales que reclama, en consideración a
que fue quien promovió la acción popular en la cual fue decretada, y posteriormente
revocada, la medida cautelar de urgencia.

28. Por otro lado, se observa que el Tribunal Administrativo de Caldas se encuentra
legitimado en la causa por pasiva porque dictó la decisión judicial controvertida
mediante esta tutela.

2.4. Problema jurídico

29. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora, las
pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el trámite del
proceso, corresponde a esta Sala resolver los siguientes problemas jurídicos que
subyacen al caso en concreto:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

30. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Caldas vulneró los derechos fundamentales de
acceso a la administración de justicia y al debido proceso del señor Richard
Gómez Vargas por incurrir en defecto procedimental absoluto al revocar el
decreto de la medida cautelar de urgencia sin que, previamente, el magistrado
sustanciador que conoce del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho relacionado con los hechos que dan lugar a esta acción
constitucional manifestara su impedimento?

31. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iii) requisitos especiales
de procedibilidad de la acción de tutela respecto a la providencia controvertida y, de
superarse, iii) caso concreto en atención a las generalidades de los defectos
invocados.

7 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta, ha

venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de
tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05083-00.

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2.5 Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

32. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales,
en fallo de 31 de julio de 20128. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema 9. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales10.

33. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201411. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia12 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial13.

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
12 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
13 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.

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34. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los
defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes requisitos
generales de procedencia:

i) que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela,
ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho
vi) cuando proceda, efecto decisivo de la irregularidad procesal

35. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos,
se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o
más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

36. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Subsidiariedad

37. El inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.14

14 “ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

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38. La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de la subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de
manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no
resultan idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta
admisible acudir a esta acción constitucional.

39. De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los
recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.15

40. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no
superar el requisito de subsidiaridad por las razones que pasan a exponerse.

41. El extremo accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales
porque el magistrado Publio Martín Andrés Patiño Mejía, integrante de la Sala de
Decisión que revocó el auto que había accedido a la medida cautelar de urgencia,
relativa a la suspensión de los efectos de la convocatoria pública CGC001-2021 para
la elección del Contralor Departamental de Caldas, no manifestó su impedimento
para conocer del asunto.

42. Lo anterior por cuanto el referido magistrado es ponente en el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el accionante contra la
Asamblea Departamental de Caldas y la Universidad del Atlántico por actos
relacionados con la convocatoria para la elección del Contralor del departamento de
Caldas 2022- 2025.

43. Bajo este contexto, la Sala advierte que no se cumple el requisito de
subsidiariedad, toda vez que el actor, ante la ausencia del impedimento por parte del
magistrado Patiño Mejía, tuvo a su alcance la posibilidad de presentar la respectiva
recusación, en los términos del artículo 130, y siguientes, de la Ley 1437 de 2011.
Esto, por cuanto es el mecanismo que resulta idóneo y eficaz para efectos de
cuestionar el posible conflicto de intereses que pudiese suscitarse frente al caso en
particular.

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.”
15Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.

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44. Así las cosas, no es dable debatir dicho reparo mediante esta acción de tutela
porque el desacuerdo del actor, en relación con la participación del referido
magistrado, pudo controvertirse -en el transcurso de la apelación- dentro del trámite
popular sin que resultase necesaria la intervención de esta Sala, investida como juez
constitucional. Máxime si con ello, se llegase a desconocer la existencia del medio
judicial previsto para debatir esta clase de controversias, el cual, le hubiese permitido
obtener una respuesta material y efectiva de la justicia.

45. Es importante resaltar que la acción de tutela no es un mecanismo para suplir o
enmendar los errores y las omisiones en que las partes incurran en el trámite de un
proceso judicial. Por ende, la presente acción será declarada improcedente por no
superar el requisito de la subsidiaridad.

2.9. Conclusión

46. Por todo lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por
no encontrar satisfecho el requisito de subsidiaridad. Esta decisión porque el señor
Richard Gómez Vargas no agotó el trámite que tenía a su disposición para cuestionar
la posible parcialidad del magistrado sustanciador de su proceso popular.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Contraloría General de
Caldas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Richard Gómez Vargas contra el Tribunal Administrativo de Caldas por no
superar el requisito de la subsidiaridad.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

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Demandante: Richard Gómez Vargas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Rad: 11001-03-15-000-2022-06159-00

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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