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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06187-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
17 de febrero de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06187-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 15 de diciembre de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06187-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

17 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: CÉSAR AUGUSTO CORREDOR HUERTAS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DEFECTO FÁCTICO –
Tutela improcedente ante la falta de relevancia constitucional – tutela como tercera
instancia – MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO / supresión de cargos de la planta global de la Fiscalía General de la Nación /
INEXISTENCIA DEL DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE.

La Sala decide la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia
proferida el 15 de diciembre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado, que resolvió:

Primero: Declárase improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo: Niégase la solicitud de amparo frente a los demás reparos según lo
expuesto en la parte motiva de esta decisión.

Tercero: Notifíquese la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

I. ANTECEDENTES
1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 22 de noviembre de 20221, el señor César Augusto Corredor Huertas ejerció
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de

1 Se advierte que, el 31 de enero de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

acceso a la administración de justicia y al trabajo2. Formuló las siguientes
pretensiones:

1. Conceda la tutela de los derechos al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia del demandante y al trabajo del demandante.

2. Deje sin efecto las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en primera instancia por el Tribunal
Administrativo del (sic) Boyacá, y en segunda instancia por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, el 11 de agosto de 2022

3. En su lugar declarar la nulidad de la Resolución ______ (sic) proferida por
el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual se declaró insubsistente
el nombramiento del accionante y a título de restablecimiento del derecho
ordenar a la Fiscalía General de la Nación reintegrar al señor César Augusto
Corredor Huertas al cargo que se encontraba desempeñando al momento del
retiro sin considerar que ha existido solución de continuidad, así como el pago
de salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación hasta
cuando sea efectivamente reintegrado, lo que deberá hacerse con las
actualizaciones pertinentes.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente digital se extraen los siguientes hechos:

Mediante Acuerdo 01 de 2006, la Fiscalía General de la Nación expidió el
reglamento para los procesos de selección y concurso de méritos en la entidad, en
virtud del cual se publicaron 6 convocatorias para proveer 4697 cargos de carrera,
entre estos, 52 vacantes para el cargo de «Fiscal Delegado ante Tribunal del
Distrito» - Convocatoria 004-2007-, en la cual participó el señor Corredor Huertas,
quien ocupó el puesto 70 en la lista de elegibles.

Ante la existencia de otros cargos de la misma naturaleza, perfil y grado de los
ofertados en las 6 convocatorias, que no fueron objeto de concurso pero estaban
vacantes u ocupados en provisionalidad, algunas de las personas integrantes de
las listas que no alcanzaron a entrar en las vacantes ofertadas, como el hoy
accionante, solicitaron que se les nombrara en periodo de prueba.

Si bien en un principio la Fiscalía General de la Nación se negó a tal solicitud, en
cumplimiento de diversos fallos de tutela, agotó la totalidad de la lista de elegibles,
a pesar de que ya estuvieran previstos los cargos específicamente convocados.

2 De igual forma, invocó como vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Para el caso particular del señor Corredor Huertas, se tiene que este fue
nombrado en periodo de prueba mediante Resolución 1349 de 2010 y que,
posteriormente se ratificó su cargo en propiedad con la Resolución 75 de 2011.

Dicha situación generó inconformidad frente a las personas que ocupaban, en
provisionalidad, los cargos que no habían sido ofertados en las convocatorias,
quienes presentaron sendas tutelas para que se les reintegrara.

Por las acciones constitucionales presentadas por los 2 grupos de personas que
reclamaban la protección de sus derechos fundamentales, esto es, quienes
participaron en el concurso y no alcanzaron a quedar en el lugar de la lista
correspondiente a los cargos ofertados; y, de otra parte, quienes ejercían, en
provisionalidad, cargos que no fueron ofertados en las convocatorias; la Corte
Constitucional, en providencia SU- 446 del 26 de mayo de 2011, resolvió lo
siguiente:

Primero.-En razón del efecto inter comunis de este fallo, ENTIÉNDASE como
servidores de carrera de la Fiscalía General de la Nación y en virtud de las
convocatorias que efectuó la entidad en el año 2007, sólo aquellas personas
que fueron nombradas según el registro de elegibles contenido en el Acuerdo
007 de 2008 y actos complementarios, con observancia estricta de la regla
referente al número de plazas por proveer, según cada una de las
convocatorias.

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, ENTIÉNDASE como servidores
en provisionalidad, además de los que no concursaron y se mantienen en
provisionalidad en la Fiscalía General de la Nación, todas aquellas personas
que fueron nombradas por hacer parte del registro de elegibles contenido en
el Acuerdo 007 de 2008 y actos complementarios, pero sin sujeción a la regla
del número de plazas a proveer, en los términos de cada una de las
convocatorias. Estos servidores seguirán vinculados a la entidad hasta tanto
sus cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su
desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia
constitucional, contenidos, entre otras, en la sentencia SU-917 de 2010, es
decir, que se requerirá resolución motivada para su desvinculación.

Tercero.- ORDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación VINCULAR en forma
provisional, en el evento de existir vacantes en un cargo igual o equivalente al
que ocupaban, a todos aquellos servidores que fueron retirados de la entidad
con fundamento en el concurso convocado en el año 2007, siempre y cuando
demuestren al momento de su desvinculación y al momento del posible
nombramiento, una de estas tres condiciones:i) ser madres o padres cabeza
de familia; ii) ser personas próximas a pensionarse, entiéndase a quienes
para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de
2008- les faltaren tres años o menos para cumplir los requisitos para obtener
la respectiva pensión; y iii) estar en situación de discapacidad, como una
medida de acción afirmativa, por ser todos ellos sujetos de especial
protección […].

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En virtud de lo anterior, mediante Resolución 909 de 2012, la Fiscalía General de
la Nación modificó el carácter de la vinculación de algunos servidores, entre ellos
el demandante, quien pasó a ejercer el cargo en provisionalidad, hasta el 30 de
junio de 2017, fecha en la cual se le comunicó que dicha entidad había suprimido
su cargo de la planta global.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor César Augusto Corredor Huertas demandó a la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución 2358 del 29 de
junio de 2017 por medio de la cual se distribuyen los cargos de la planta de
personal y se retira del servicio.

Mediante providencia del 13 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de
Boyacá negó las pretensiones de la demanda, decisión confirmada por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado en sentencia del 11 de agosto de
2022.

1.3. Argumentos de la tutela

Para el señor Corredor Huertas, en la providencia del 11 de agosto de 2022, la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional, específicamente las sentencias
SU-917 de 2010 y SU- 446 de 2011, que establecieron que la falta de motivación
de los actos de insubsistencia o retiro de empleados que ocupan cargos en
provisionalidad involucra, por esa sola circunstancia, un vicio de nulidad, por la
violación del derecho fundamental al debido proceso.

Asimismo, alegó como desconocidas las sentencias T-1206 de 2004, T-031 de
2005, T-161 de 2005, T-222 de 2005, T-267 de 2005, T-392 de 2005, T-648 de
2005, T-660 de 2005, T-804 de 2005, T-1159 de 2005, T-1162 de 2005, T-1310 de
2005, T-1316 de 2005, T-1323 de 2005, T-081 de 2006, T-156 de 2006 y T-653 de
2006, que en casos similares al suyo, determinaron que la declaración de
insubsistencia sin motivación alguna comportaba la vulneración de los derechos
fundamentales.

De otra parte, adujo que en la providencia atacada, se incurrió en defecto fáctico
por indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso para sustentar la falta

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

de motivación de la Resolución 2358 de 2017, pues, a su juicio, declaró su
insubsistencia sin tener en cuenta su experiencia y puesto en la lista de elegibles
para el cargo de «Fiscal Delegado ante Tribunal del Distrito».

Asimismo, aseguró que el despacho accionado no tuvo en cuenta el hecho de que
permanecieron en el servicio 7 funcionarios que ocuparon un lugar inferior al
demandante en la lista de elegibles producto del Acuerdo 007 de 2008, además de
otros 33 fiscales delegados, menos calificados que él; y que después de la
desvinculación del accionante, se nombraron 5 funcionarios más en el mismo
cargo que él ejercía, sin que mediara un concurso de méritos para su
incorporación.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador de la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Segunda de esta
misma Corporación y, como terceros con interés, al Tribunal Administrativo de
Boyacá y a la Fiscalía General de la Nación.

2.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de la Dirección de Asuntos
Jurídicos, solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela porque no cumple
con el requisito de la subsidiariedad, toda vez que para cuestionar las decisiones
judiciales de primera hoy segunda instancia que resolvieron el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, la Ley 1437 de 2011 prevé diferentes recursos
para solicitar el amparo de sus derechos accionados. Asimismo, señaló que en la
tutela no se verificó la materialización de un perjuicio irremediable que vulnere de
manera flagrante los derechos fundamentales del señor Corredor Huertas, para
que la acción proceda de forma transitoria. En este punto, precisa la Sala que la
Fiscalía no hizo alusión de los otros mecanismos judiciales que, a su juicio, el
accionante tiene a su disposición.

De igual forma, expuso que en la tutela no se logró demostrar la configuración de
ningún defecto en las providencias cuestionadas, las cuales se ajustan a los
criterios de razonabilidad, al fundar su conclusión en premisas ajustadas al orden
constitucional y legal.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Finalmente, advirtió que la acción de la referencia pretende ser usada para
retrotraer etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, «para
establecer confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales».

2.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio del magistrado Dayán Alberto
Blanco Leguizamo, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda
al evidenciarse que toda la argumentación está dirigida a revivir el debate de la
legalidad del acto administrativo a través del cual la Fiscalía General de la Nación
suprimió el cargo que desempeñaba el demandante, por lo que se concluye que la
tutela se pretende usar como una tercera instancia del proceso ordinario.

2.4. La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado de guardó
silencio.

3. Fallo Impugnado

La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante providencia
del 15 de diciembre de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo, al
considerar que, a excepción del reparo relacionado al defecto fáctico por el
planteamiento del problema jurídico del proceso ordinario, la tutela reiteraba todos
los argumentos que fueron planteados y resueltos en el proceso ordinario, por lo
que no cumplía con el requisito de la relevancia constitucional.

Expuso que, si bien el accionante alegó que la Subsección accionada planteó
equivocadamente el problema jurídico a resolver en segunda instancia, se advertía
en que la sentencia atacada se estudiaron y resolvieron todos los cargos
planteados en la demanda y reiterados en el recurso de apelación en el proceso
ordinario por lo que no se evidenciaba el defecto alegado y, si bien al final de la
providencia se estudió la existencia de un derecho preferente a ser nombrado en
un nuevo cargo, dicha circunstancia no vulneró sus derechos fundamentales ni fue
el fundamento para negar las pretensiones de la demanda.

4. Impugnación

El señor César Augusto Corredor Huertas impugnó la anterior decisión, para lo
cual reiteró los argumentos expuestos en la tutela y manifestó que a quo estaba
realizando una valoración errónea del asunto planteado.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de
tutela era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir
del año 20123, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la
Corte Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún
derecho fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
3 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.

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Demandante: César Augusto Corredor Huertas
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Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
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f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional4».

4 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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2. Problema jurídico

En los términos de la impugnación, corresponde a la Sala determinar si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo del 15 de diciembre de 2022, proferido por
la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado. Para el efecto, lo
primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, en especial el de
relevancia constitucional.

Si se cumplen, se establecerá si la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo
de Estado, al proferir la sentencia del 11 de agosto de 2022, incurrió en los
defectos alegados por la parte actora.

3. Análisis de la Sala

3.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 20145, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya
en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia
constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para
proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial
ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

5 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los
procesos judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores
excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto.

De entrada, la Sala anticipa que, frente a los cargos presentados por defecto
fáctico, la presente tutela deviene improcedente porque, tal como lo advirtió el a
quo, se está ejerciendo para convertir este valioso mecanismo de protección de
los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario.

Concretamente, la parte actora considera que la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado incurrió en defecto fáctico por indebida valoración
probatoria de las pruebas aportadas al proceso ordinario, de las cuales se podía
establecer que la Resolución 2358 de 2017 carecía de motivación para suprimir
algunos cargos ejercidos en provisionalidad, como el del actor, aunado al hecho
de que permanecieron en el servicio 7 funcionarios que ocuparon un lugar inferior
al demandante en la lista de elegibles producto del Acuerdo 007 de 2008, además
de otros 33 fiscales delegados, menos calificados que él; y que después de la
desvinculación del accionante, se nombraron a 5 funcionarios más en el mismo
cargo que él ejercía, sin que mediara un concurso de méritos para su
incorporación.

Sería del caso analizar si se configuró o no el defecto fáctico alegado por la parte
actora, sin embargo, tal como lo consideró el a quo, la Sala advierte que la
solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues se pretende
convertir la acción de tutela en una instancia adicional del proceso ordinario.

Así, de la simple comparación entre las razones esgrimidas en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 13 de noviembre de 2019, dictada
por el Tribunal Administrativo de Boyacá y los propuestos en la solicitud de tutela,
se evidencia que los defectos en que supuestamente incurrió la parte demandada
fueron invocados para continuar con el debate jurídico que ya fue decidido dentro

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Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

del medio de control ordinario. Dichos argumentos fueron resumidos por la
Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado así:

El apoderado de la parte demandante apeló5 la anterior decisión, con base en
los argumentos que a continuación se resumen: Sostuvo que la Resolución
2358 de 2017 no se sustentó en un estudio técnico conforme a las normas en
las que debía fundarse vulnerando los derechos fundamentales del debido
proceso y derecho de defensa.

Además, manifestó, que el a quo no analizó el estudio bajo la normatividad
del artículo 94 de la Ley 270 de 1996 y los requisitos contemplados en los
artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015.

Expresó que los estudios técnicos no realizan el análisis de los casos
concretos de los cargos que deben suprimirse ni los tres aspectos enunciados
en el art. 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015 y tampoco se encuentran las
razones en la motivación de la Resolución 2358 de 2017.

De otro lado, adujo que la constitucionalidad del Decreto Ley 898 de 2017 no
justifica la ausencia de los estudios obligatorios.

En relación con la desviación de poder afirmó que el Tribunal se limitó a
reproducir el razonamiento de la Corte Constitucional al declarar la
exequibilidad del Decreto Ley 898 de 2017, pero el cargo que se esgrime
consiste en que la entidad demandada no analizó las condiciones particulares
de cada uno de los Fiscales Delegados ante el Tribunal. La entidad suprimió
el cargo del accionante y mantuvo a varios funcionarios menos calificados
como se demuestra en las pruebas aportadas en el expediente, contrario a lo
manifestado en el fallo de primera instancia.

Mencionó 7 personas que obtuvieron un puntaje menor que el señor
CORREDOR HUERTAS en la lista de elegibles del Acuerdo 007 de 2008, por
lo que se consideran menos calificadas que el demandante.

Diferenció la vinculación en provisionalidad del actor con la de otros
funcionarios por ser producto de la aprobación de un concurso de méritos y
porque llevaba más tiempo en servicio a la entidad que 33 funcionarios que
relacionó. Consideró que con estas situaciones se demuestra que el acto
acusado es arbitrario y no persigue la mejora del servicio.

De otra parte, expuso que el acto administrativo acusado adolece de falsa
motivación, por cuanto no fueron analizados los requisitos para determinar
cuáles cargos eran objeto de supresión y no fueron consideradas las
circunstancias personales del demandante. En este punto reiteró los
argumentos presentados en la demanda.

Agregó además que, el Tribunal omitió considerar la situación administrativa
de provisionalidad del actor que obedece a lo establecido en la sentencia SU
446 de 2011 y que lo distingue de los demás funcionarios nombrados en
provisionalidad en cargos de carrera y por tanto, su desvinculación debía ser
motivada.

Los anteriores argumentos, fueron resueltos por la Sección Segunda,
Subsección A, del Consejo de Estado en sentencia del 11 de agosto de
2022, que después de realizar un análisis normativo, fáctico y probatorio

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

sobre la supresión de cargos de la Fiscalía General de la Nación y la
situación particular del accionante, concluyó lo siguiente:

El demandante expuso que la Resolución 2358 de 2017 no se sustentó en un
estudio técnico. El estudio aportado por la FGN no analizó los casos
concretos de los cargos que se suprimieron y el Tribunal no efectuó el
examen a la luz del artículo 94 de la Ley 270 de 1996 y los requisitos
contemplados en los artículos 2.2.12.2 y 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015.

Las normas señaladas como infringidas por la parte accionante establecen:
Ley 270 de 1996 artículo 94:

“ARTÍCULO 94. ESTUDIOS ESPECIALES. Los planes de desarrollo, los
presupuestos y su ejecución, la división del territorio para efectos
judiciales, la ubicación y redistribución de despachos judiciales, la
creación, supresión, fusión y traslado de cargos en la administración de
justicia, deben orientarse a la solución de los problemas que la afecten, de
acuerdo con el resultado de estudios, especialmente de orden sociológico,
que debe realizar anualmente el Consejo Superior de la Judicatura. Tales
estudios deben incluir, entre otras cosas, encuestas tanto al interior de la
Rama como entre los usuarios de la misma, que permitan establecer, en
forma concreta, la demanda de justicia no satisfecha, las cargas de trabajo
en términos de tiempos y movimientos, el costo de operación y los
sectores donde se presenten los mayores problemas para gozar de una
convivencia pacífica.”

Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.12.1 y 2.2.12.3:

“ARTÍCULO 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de
empleos. Se entiende que la modificación de una planta de empleos está
fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración, cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma
deriven en la creación o supresión de empleos con ocasión…”

“ARTÍCULO 2.2.12.3 Estudios que soporten las modificaciones de las
plantas de empleos. Los estudios que soporten las modificaciones de las
plantas de empleos deberán basarse en metodologías de diseño
organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes
aspectos: 1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo. 2.
Evaluación de la prestación de los servicios. 3. Evaluación de las
funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos.”

Es preciso advertir que las normas transcritas exigen que las modificaciones
de las plantas de personal de las entidades estatales se soporten en un
estudio técnico y que éste debe reunir unos requisitos mínimos.

No obstante, la Sala considera que el demandante se equivoca al señalar que
la Resolución 2358 de 2017 debe estar fundamentada en un estudio técnico
conforme lo prevén las normas invocadas, por cuanto este acto administrativo
no es el que ordena la modificación de la planta de personal ni la supresión
de los cargos.

Como se expuso en el marco normativo y jurisprudencial fue el Decreto Ley
898 de 2017 el que modificó la estructura y planta de cargos de la FGN,
suprimiendo unos empleos, y creando otros, y la Corte Constitucional ya se
pronunció en sentencia C 013/18 sobre la constitucionalidad de dicha norma,
declarándola exequible.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En efecto, la Resolución 2358 de 2017 acusada, efectuó la distribución de los
cargos dentro de la planta con base en la facultad otorgada en el artículo 63
del Decreto Ley 898 de 2017, por ser una planta global y flexible e incorporó
al personal a la nueva planta.

Quiere ello decir que, el Fiscal General de la Nación al incorporar a los
servidores en los cargos determinó qué funcionarios se vinculaban a los
empleos que quedaron existentes y cuáles no, lo que significa que los no
incorporados tácitamente quedaron retirados por la causal supresión del
empleo.

Esta Corporación ha sostenido que la administración “goza de cierta
discrecionalidad para decidir, de acuerdo con las necesidades del servicio, el
perfil del empleo de las personas que van a ocupar las vacantes a proveer,
pero esta discrecionalidad debe respetar el mejor derecho de los empleos
escalafonados en los términos del ordenamiento jurídico.

Bajo este entendido, el estudio aportado por la FGN de fecha 5 de enero de
2017 denominado “ORGANIZACIÓN DE LA FISCALÍA DE LA GENTE, PARA
LA GENTE Y POR LA GENTE” es suficiente para sustentar la modificación
organizacional de FGN y por ello, no era necesario el estudio pormenorizado
de los perfiles de cada uno de los funcionarios que sustentara la Resolución,
porque como ya se señaló la incorporación a la nueva planta no puede
asimilarse a una modificación de ésta y es una facultad propia del jefe de la
entidad que obedece a una voluntad discrecional, razón por la cual el cargo
no prospera.

3.5.2. Falsa motivación.

El apoderado del demandante sostuvo que la Resolución 2358 de 2017
adolece de falsa motivación, por cuanto no determinó cuales eran los cargos
objeto de supresión ni tuvo en cuenta las consideraciones particulares del
señor Corredor Huertas dejando de lado su perfil laboral, calificaciones y
experiencia.

a Resolución demandada se encuentra motivada en que (i) mediante Decreto
Ley 898 de 2017 se modificó la estructura de la FGN y la planta de cargos, (ii)
como consecuencia es necesario distribuir los cargos de la planta adoptada y
(iii) en uso de la facultad conferida por el artículo 63 del mencionado Decreto
Ley y el numeral 26 del artículo 4 del Decreto Ley 016 de 2014 la facultad de
distribuir, trasladar y reubicar los empleos está en cabeza del Fiscal General
de la Nación.

Se reitera que la entidad demandada tiene cierta facultad discrecional de
determinar qué funcionarios se incorporan a la nueva planta de personal
observando siempre que (i) cumplan con los requisitos exigidos para
desempeñar el cargo, (ii) respetar el derecho de los funcionarios de carrera
administrativa y (iii) en virtud de lo señalado por la Corte Constitucional al
declarar la exequibilidad del artículo 62 del Decreto Ley 898 de 2017,
preservar el derecho de los trabajadores que se encuentran en el retén social.

En este orden de ideas, la Sala considera que el acto administrativo acusado
se encuentra debidamente fundamentado en la expedición del Decreto Ley
898 de 2017 que modifica la estructura y la planta de personal de la FGN y
que le confiere al Fiscal General de la Nación la facultad de distribuir los
cargos, sin que sea requerido que justifique la selección de cada uno de los
funcionarios que fueron incorporados en un estudio previo o en la motivación
de la resolución.

Es cierto que se encuentra acreditado en el expediente las buenas
calificaciones del desempeño laboral del demandante, pero ello no le otorga

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

un fuero de estabilidad en el empleo ni es impedimento para que el
nominador ejerza su facultad discrecional de incorporación, debido a que, es
deber de todo servidor público cumplir sus funciones con diligencia y
eficiencia, y pueden existir otras razones para la selección del personal por
motivos de buen servicio.

3.5.3 Desviación de poder.

Consideró el accionante que a él se le suprimió el cargo pero se mantuvieron
a varios funcionarios menos calificados por lo que el acto administrativo no se
fundó en razones de mejora del servicio, en su sentir fue arbitrario.

Como pruebas de tal desviación señaló que fueron incorporados (i) 7
funcionarios que obtuvieron menor puntaje en la lista de elegibles
determinada por el Acuerdo 007 de 2008, (ii) 33 funcionarios que llevan
menos tiempo de servicio que el actor y (iii) 5 funcionarios nombrados con
posterioridad a que se hiciera efectiva la supresión de su cargo.

Ciertamente, si bien la entidad demandada no debía realizar un estudio
analizando las condiciones particulares de cada cargo y funcionario no
significa que no tuviera la obligación de determinar criterios objetivos para
incorporar a unos servidores y otros no, sobre todo en este caso en los que
no se pudo incorporar a todos los empleados; por ejemplo examinar las hojas
de vida de los trabajadores para determinar sus condiciones profesionales, de
desempeño, las cargas de trabajo como sostiene la entidad demandada o
cualquier otra pauta que considere relevante para establecer quienes deben
hacer parte de la nueva planta. Sin embargo, como para demostrar la
desviación de poder corresponde a la parte actora la carga de la prueba se
estudiarán los soportes que aduce.

En relación con los 7 funcionarios que obtuvieron un menor puntaje en la lista
de elegibles determinada en el Acuerdo 007 de 2008 se entiende que hace
referencia a aquellos servidores que en virtud de la sentencia SU 446 de
2011 se consideraron nombrados en provisionalidad, toda vez que, hacían
parte de una lista de elegibles que excedía el número de cargos convocados
a concurso, es decir, una vez la FGN proveyó los empleos convocados a
concurso con la lista de elegibles del Acuerdo 007 de 2008, ésta cumplió su
razón de ser y no podía ser utilizada para proveer otras plazas, por lo que
esos empleados no tenían derecho a ser vinculados en propiedad sino que se
entiende que fue con el carácter de provisional.

Por la razón expuesta, no se puede considerar como el único criterio de
incorporación una vez se suprimen los cargos, porque precisamente el orden
de elegibilidad determinado en el mencionado Acuerdo 007 fue para nombrar
en propiedad los empleos de carrera que fueron convocados a concurso.

En relación con los 33 funcionarios que llevaban un tiempo menor de
vinculación a la entidad tampoco demuestra que con su incorporación se
desmejoró el servicio, por cuanto cumplían como el actor los requisitos
mínimos y la antigüedad en el empleo no da un mejor derecho.

Por último, frente a los 5 funcionarios nombrados en provisionalidad con
posterioridad al retiro del demandante, si bien es cierto que en la certificación
remitida por la Subdirectora de Talento Humano se reporta 5 servidores
nombrados con posterioridad al 1 de julio de 2017, 4 de ellos en el año 2018 y
uno el 22 de septiembre de 2017, no se demostró que hayan sido vinculados
en cargos vacantes de Fiscal Delegado ante el Tribunal del Distrito para la
fecha de la expedición de la Resolución 2358 de 2017, lo que podría llevar a
considerar que el demandante hubiera tenido un mejor derecho. Entiende la
Sala que los empleos de dicha denominación que no se suprimieron fueron
provistos en su totalidad y en la constancia expedida no se menciona la razón

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

a la que obedece la vinculación posterior, si es por renuncia, retiro forzoso
etc.

3.5.4 Derecho preferencial a ser nombrado.

Como ya se expuso, el apoderado del demandante argumentó que el señor
CESAR AUGUSTO CORREDOR HUERTAS tenía un derecho preferente a
ser vinculado, debido a que aunque el carácter de su nombramiento fue
modificado a provisional en virtud de la sentencia SU 446 de 2011 lo cierto es
que concursó para el cargo quedando en lista de elegibles.

Para resolver este punto es necesario revisar el alcance de la decisión de la
Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación. Esta Corporación
indicó:

“La interpretación que hizo la mencionada Sala de Decisión de Tutelas,
generó que personas que no alcanzaron el rango de los puestos ofertados,
es decir, que no cumplieron uno de los requisitos del concurso, estén
ocupando un cargo en propiedad pese a que su designación se hizo
desconociendo una de sus reglas La revocatoria de la decisión de la Sala
de Decisión de Tutelas de la Corte Suprema de Justicia, impone a esta
Corporación señalar una medida expresa frente a esos nombramientos,
porque la consecuencia lógica es que las personas nombradas en las
plazas que no fueron ofertadas carezcan de un título legítimo para aducir
derechos propios de la carrera, tales como la permanencia, la estabilidad,
el ascenso, etc. (…) …razón por la que la Sala debe ordenar a la Fiscal
General de la Nación que todos los servidores designados en la entidad
con fundamento o como consecuencia de la orden de tutela que se deja
sin efecto, permanezcan en los cargos en los que fueron nombrados pero
bajo el entendido de que su vinculación es de carácter provisional y no de
carrera, puesto que el puesto que ocuparon en la lista de elegibles no les
daba el derecho a acceder a ella, por cuanto la lista de elegibles se agotó
cuando los cargos ofertados fueron provistos.”

Esta decisión tuvo efectos inter comunis, es decir, cobijó no solo a quienes
interpusieron la acción de tutela sino a todas aquellas personas que se
encontraban en situaciones similares, como el demandante.

Luego, para esta Sala el señor Corredor Huertas no tiene estabilidad diferente
al de una persona nombrada en provisionalidad, ni un mejor derecho a la
incorporación, por cuanto como lo sostuvo la Corte Constitucional carece de
título legítimo para aducir derechos de carrera.

Así las cosas, la Sala considera que el actor no demostró un derecho
preferente a ser nombrado porque no era un funcionario de carrera
administrativa ni tenía una condición que le otorgara una estabilidad laboral
reforzada.

Ahora bien, en relación con el cargo de que su retiro como provisional debía
ser motivado, tampoco le asiste razón al demandante, pues el motivo del
retiro como se expresó en la Resolución, fue la supresión del cargo, no la
declaratoria de insubsistencia. Como ya se anotó, la causal de supresión del
cargo es una causal constitucional diferente y autónoma de desvinculación.

Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque busca revivir la discusión del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue analizada y decidida
razonablemente en la providencia hoy cuestionada, siendo esta en la que se

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

concluyó, en primera medida, que el accionante no fue declarado insubsistente,
sino que el cargo que ejercía fue suprimido de la planta global de la Fiscalía
General de la Nación, por lo que no se requería un acto de desvinculación
individual para cada uno de los afectados, sino un estudio técnico que cumpliera
los requisitos exigidos en el artículo 2.2.12.3 del Decreto 1083 de 2015, tal como
ocurrió con el estudio aportado por la entidad del 5 de enero de 2017,
denominado «organización de la Fiscalía de la gente, para la gente y por la
gente», que derivó en la expedición de la Resolución 2358 de la misma anualidad,
por medio de la cual se modificó la estructura y planta de cargos de la Fiscalía.

Bajo este contexto, consideró que, contrario a lo pretendido por el accionante, no
era necesario un estudio pormenorizado de los perfiles de cada uno de los
funcionarios que sustentara la resolución que suprimió algunos de los cargos, por
lo que se concluía que el acto administrativo acusado estaba debidamente
fundamentado en la expedición del Decreto Ley 898 de 2017 que, además, le
confería la facultad discrecional al Fiscal General de la Nación de distribuir los
cargos.

Frente a los argumentos expuestos sobre los funcionarios que mantuvieron el
mismo cargo o fueron nombrados con posterioridad, esta Sala observa que el
despacho accionado realizó un estudio de cada situación concluyendo que,
respecto a los 7 funcionarios que obtuvieron menor puntaje en la lista de elegibles
y los 33 funcionarios que llevaban menor tiempo de vinculación a la entidad, estos
fueron dejados en su cargo, de forma provisional, bajo la facultad discrecional del
Fiscal General de la Nación, sin que el accionante tuviera un mejor derecho, pues
la lista de elegibles del Acuerdo 007 de 2008 ya había cumplido con su razón de
ser y se había proveído en propiedad los cargos ofertados, por lo que los demás
se encontraban en igualdad de condiciones para ser nombrados en
provisionalidad; así como tampoco demostró tener un mejor derecho sobre los 5
funcionarios nombrados con posterioridad a la supresión de cargos.

Para la Sala, los argumentos expuestos por el despacho accionado son
razonables y no merecen reproche alguno desde el punto de vista constitucional,
el hecho de que la parte actora no los comparta, no habilita al juez de tutela para
volver a estudiar un asunto que ya fue decidido razonablemente tanto por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, como por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, con suficiente motivación.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Este mecanismo de estirpe constitucional no puede convertirse en el único y
preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene una decisión contraria a
sus intereses, menos aun cuando la providencia que se cuestiona ha sido
proferida por un órgano de cierre, caso en el cual, se reitera, la propia Corte
Constitucional ha venido sosteniendo que para la prosperidad de la tutela es
necesario que la decisión contenga una anomalía de tal entidad que riña
abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa Corporación ha
trazado al definir el alcance y límite de derechos fundamentales, circunstancias
que, vale decir, en este caso no se presentan.

Ahora, frente a los cargos por desconocimiento del precedente alegado por la
parte actora, precisa la Sala que, en la sentencia SU-917 de 2010, la Corte
Constitucional hace referencia a los actos de desvinculación de entidades que
declararon una insubsistencia sin motivación alguna, sin que sea esta la situación
que aquí se expone pues, como se dijo, la desvinculación del señor César
Augusto Corredor Huertas fue producto de la supresión de cargos de la planta
general de la Fiscalía General de la Nación, por lo que la providencia en cuestión
no resulta precedente aplicable al caso concreto.

En cuanto a la sentencia SU-446 de 2011, se evidencia que fue objeto de estudio
y pronunciamiento por parte del despacho accionado que concluyó que, en virtud
de dicho pronunciamiento, era claro que «el señor Corredor Huertas no tiene
estabilidad diferente al de una persona nombrada en provisionalidad, ni un mejor
derecho a la incorporación, por cuanto como lo sostuvo la Corte Constitucional
carece de título legítimo para aducir derechos de carrera», por lo que, contrario a
lo expuesto por el accionante, dicha decisión judicial fue fundamento para negar
las pretensiones de la demanda.

Finalmente, respecto a las sentencias «T» de la Corte Constitucional, precisa la
Sala que las mismas fueron proferidas en acciones de tutela cuyo decisum tiene
efectos inter partes, sin que constituyan precedente constitucional de obligatoria
aplicación para los casos similares.

En suma, se concluye que lo que existe en el presente caso es una discrepancia
de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en
sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06187-01
Demandante: César Augusto Corredor Huertas
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

tutela intervenga, toda vez que frente a los cargos por defecto fáctico no se
cumple con el requisito de la relevancia constitucional y, sobre los cargos por
desconocimiento del precedente, no se logró demostrar su configuración, razón
por la cual la Sala confirmará la decisión de primera instancia, pero por lo aquí
razonado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
F A L L A:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 15 de diciembre de 2022, proferida por la
Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, de conformidad con lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO. Envíese el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y
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integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR
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