Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06195-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06195-00
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06195-00
Accionante: LIBIA TOBAR TRUJILLO Y OTROS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Y OTRO
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial / medio
de control reparación directa/ defectos fáctico y
procedimental
Acción de tutela - sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Libia Tobar
Trujillo, Kevin Sebastián Trujillo Tovar, Laura Daniela Trujillo Tovar,
Erlein Antonio Trujillo Murcia, Antonio María Trujillo Valenzuela,
Bertilda Salazar Pastrana, Elkin José Trujillo Salazar, Johana Mabel
Trujillo Salazar y Juan José Perdomo Trujillo en contra del Juzgado
Segundo Administrativo de Neiva y Tribunal Administrativo de Huila,
de conformidad con el Decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
La parte accionante, que actúa a través de apoderado judicial1, invoca
la protección de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, debido proceso, reparación integral y
1
Luis Carlos José Peña Rodríguez.
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ACCIÓN DE TUTELA
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Accionante: Libia Tobar Trujillo y otros
primacía de la realidad sobre las formas, así como los principios a la
igualdad y equidad, con base en los siguientes:
1. HECHOS
1.1. Manifiesta que el 27 de mayo de 2014, el señor Néstor Sady
Trujillo Salazar (q.e.p.d.), quien se desempeñaba como Intendente
Jefe adscrito a la Sección de Investigación Criminal de la Policía
Metropolitana de Neiva, falleció producto de un ataque en la
modalidad de sicariato sufrido en la vivienda en donde pernoctaba por
esos días, teniendo en cuenta que había padecido otro atentado y se
encontraba incapacitado.
1.2. Por lo anterior, su núcleo familiar invocó el medio de control de
reparación directa, a fin de que se declarara responsable a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por el homicidio del señor
Néstor Sady Trujillo Salazar (q.e.p.d.), proceso que, por reparto,
correspondió al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva,
dependencia judicial que mediante sentencia del 2 de agosto de 2019
resolvió negar las súplicas de la demanda, al no encontrar
demostrados los elementos de responsabilidad por falla del servicio
por omisión.
1.3. Inconforme con lo anterior, interpusieron recurso de apelación
el cual fue desatado desfavorablemente por el Tribunal Administrativo
del Huila a través de providencia del 4 de mayo de 2022.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
Los accionantes manifiestan que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en defecto fáctico por indebida valoración del material
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probatorio allegado al plenario, que permitía establecer que la causa
del daño corresponde a la omisión por parte de la policía al no ofrecer
protección efectiva al señor Néstor Sady Trujillo Salazar (q.e.p.d.) aun
cuando había sido objeto de otro atentado.
Asimismo, consideran que las providencias adolecen de defecto
procedimental, porque las autoridades demandadas no decretaron
pruebas de oficio, prerrogativa que se encontraba establecida en el
ordenamiento jurídico y se debía hacer uso de ella para así garantizar
la justicia material e integral de las víctimas.
3. PRETENSIONES
El accionante solicita:
«Con base en todo lo anteriormente relatado, respetuosamente solicito a esa máxima
Corporación TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO
EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO, DE
REPARACION INTEGRAL, PRIMACIA DE LA REALIDAD SOBRE LAS
FORMAS y de IGUALDAD, vulnerados por las Accionadas en sus sentencias, por
tanto, solicito se DEJEN SIN EFECTOS esas providencias que afectan el
reconocimiento de los Derechos invocados y que no fueron debidamente regulados
en el medio de control de reparación directa adelantado por la muerte de NESTOR
SADY TRUJILLO SALAZAR y consecuencialmente con esto, se valoren
conjuntamente las pruebas allegadas al plenario que sin duda alguna permiten inferir
los elementos de imputación a la Policía Nacional, que por los defectos que se
contienen en las sentencias deben ser corregidos con una nueva providencia motivada
bajo los parámetros que se indiquen y de esa forma se proceda a reconocer a la familia
el amparo constitucional de modo que pueda ser reparada de manera integral.».
4. INFORMES
Mediante auto del 25 de noviembre de 2022 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Juzgado Segundo
Administrativo de Neiva y al Tribunal Administrativo del Huila como
accionados y a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional como
tercero interesado en las resultas del proceso.
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4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva
indicó que de ninguna manera ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora en el escrito de tutela.
Al respecto, señaló que en el presente asunto no se acredita el
requisito de relevancia constitucional, pues lo que se pretende es
utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional a las
ya surtidas.
Insistió que en la decisión de primera instancia no solo se enunció el
material probatorio aportado al plenario, sino que llevó a cabo un
análisis integral del mismo, a la luz de la sana crítica, lo que le
permitió arribar a la conclusión de que debían negarse las
pretensiones de la demanda.
4.2. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional solicitó que se
declare improcedente la acción de tutela, al no demostrarse la
existencia de un perjuicio irremediable o de una amenaza inminente
e injustificada, que amerite la procedencia del mecanismo
constitucional.
4.3. No se rindieron más informes.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:
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• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará:
• ¿Las autoridades judiciales accionadas, al proferir las
providencias del 2 de agosto de 2019 y 4 de mayo de 2022,
respectivamente, por medio de las cuales se negaron las
súplicas de la demanda de reparación directa, incurrieron en los
defectos procedimental y fáctico2?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar i) el marco conceptual de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) el cumplimiento de los requisitos generales
de procedencia; y, de encontrarla procedente, iii) el marco conceptual
de los defectos procedimental y fáctico; y iv) el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
2
Si bien es cierto el apoderado del demandante plantea en la tutela, también, los defectos sustantivo, desconocimiento de precedente
jurisprudencial y violación directa a la constitución, la Sala entiende que el reproche manifestado, al dirigirse a la indebida
valoración del material probatorio, se enmarca en el defecto fáctico y en cuanto al no decreto de pruebas se enmarca en defecto
procedimental, razón por lo que será sobre dicho defectos que abordará su análisis.
3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y
especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado
equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de
asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales
fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe
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quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate
sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales,
al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución y (vi) desconocimiento del precedente.
2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
2.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron
la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados.
2.1.2. Así mismo, se observa que las providencias objeto de tutela
carecen de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.
2.1.3. Se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado»,
contado desde la fecha de notificación de la sentencia (23 de mayo
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de 2022) hasta la radicación de la acción de tutela (22 de noviembre
de 2022).
2.1.4. Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
procedimental y fáctico en que, presuntamente, incurrieron las
autoridades judiciales cuestionadas.
2.2. Del defecto procedimental
En aspectos generales, el defecto procedimental se origina cuando el
juez o la autoridad que ejerce funciones jurisdiccionales actúa
completamente al margen del procedimiento judicial establecido 5. La
jurisprudencia constitucional ha precisado que este defecto puede
configurarse bajo dos modalidades: (i) defecto procedimental
absoluto, y (ii) defecto procedimental por exceso ritual manifiesto6.
En lo que refiere al defecto procedimental absoluto, ha dicho la Corte
Constitucional que este se materializa cuando el o los
administrador(es) de justicia: «[…] “se aparta[n] por completo del
procedimiento establecido legalmente para el trámite de un asunto
específico, ya sea porque: i) se ciñe[n] a un trámite completamente
ajeno al pertinente –desvía[n] el cauce del asunto-, o ii) omite[n]
etapas sustanciales del procedimiento establecido legalmente,
afectando el derecho de defensa y contradicción de una de las partes
del proceso” 7 o porque iii) “pasa[n] por alto realizar el debate
probatorio, natural en todo proceso, vulnerando el derecho de defensa
y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o
5
Corte Constitucional. Sentencias C-590 de 2005 y T-367 de 2018.
6
Corte Constitucional, Sentencia SU-770 de 2014.
7
Corte Constitucional, Sentencias T-327 de 2011, T-352 de 2012, T-398 de 2017 y T-367 de 2018.
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comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la
consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y
la violación a los derechos fundamentales”8 […]».
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, este
ocurre cuando la autoridad judicial utiliza o concibe los procedimientos
como obstáculo para la eficiencia del derecho sustancial, de tal
manera que sus actuaciones generan una denegación de la justicia 9.
Este defecto procedimental puede llegar afectar la prevalencia del
derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de
justicia cuando: i) se inaplican normas procesales que se oponen a la
vigencia de derechos constitucionales de cada caso en concreto, ii) se
exige cumplir requisitos formales de manera irracional, a pesar de que
pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre y cuando
dicha circunstancia sea comprobada, iii) se incurre en un exceso de
severidad procedimental en la apreciación de las pruebas, iv) o se
omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar10.
Según la jurisprudencia constitucional, la configuración tanto para el
defecto procedimental absoluto como el defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, en todos sus supuestos fácticos, también
requieren: i) que trate de un error procedimental grave y
trascendente que influya de manera cierta y directa con el fondo de
la decisión; ii) que dicha deficiencia no pueda imputarse directa ni
indirectamente a la persona que alega la vulneración al debido
proceso; iii) que no se pueda corregir la irregularidad por ninguna otra
vía; iv) que se haya alegado la irregularidad dentro del proceso, a no
ser que ello hubiere sido imposible por la situación fáctica del caso; y
8
Corte Constitucional, Sentencia T-620 de 2013.
9
Corte Constitucional, Sentencia T-053 de 2012.,
10
Corte Constitucional, Sentencias, T-1306 de 2001, T-1323 de 2002, T-950 de 2003, T-973 de 2004, T-289 de 2005 y T-053 de
2012.
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v) que a consecuencia de todo lo anterior se vulneren derechos
fundamentales11.
2.3. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
Sobre el particular la Corte Constitucional12 ha identificado dos
dimensiones en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa13, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la
valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad
de los hechos analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva14, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la
intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el
juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido,
toda vez que:
11
Corte Constitucional, Sentencias, C-590 de 2005, T-214 y T-053 de 2012, T-160 de 2013 y SU-770 de 2014.
12
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de
2009, entre otras.
13
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
14
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al
funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un
análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»15.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3. Caso concreto
En el asunto bajo estudio, la parte actora cuestiona las sentencias del
2 de agosto de 2019 y 4 de mayo de 2022, respectivamente, por
medio de las cuales las autoridades judiciales accionadas resolvieron
negar las súplicas de la demanda al no demostrarse en el proceso el
elemento de responsabilidad por falla del servicio por omisión.
Sostiene, en síntesis que se incurrió en defecto fáctico por indebida
valoración del material probatorio, que permitía inferir que la causa
del daño fue por la omisión de la policía al no ofrecer protección
efectiva al señor Néstor Sady Trujillo Salazar (q.e.p.d.) quien se
desempeñaba como Intendente Jefe adscrito a la Sección de
Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Neiva aun
cuando había sido objeto de otro atentado.
Asimismo, considera que las decisiones recurridas adolecen de
defecto procedimental, porque las autoridades judiciales accionadas
no decretaron pruebas de oficio, prerrogativa normativa que se
encontraba establecida en el ordenamiento jurídico y se debía hacer
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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uso de ella para así garantizar la justicia material e integral de las
víctimas.
De las piezas procesales que reposan en el expediente, la Sala
observa que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Neiva,
para negar las súplicas de la demanda, concluyó que en el asunto no
se estructuraron los elementos de responsabilidad por falla en el
servicio por omisión, por cuanto no fueron probados en el plenario
aun cuando la parte actora le correspondía la carga de la prueba.
Lo anterior, dado que no se acreditó que el daño fuera ocasionado por
acción u omisión de la entidad o como consecuencia del sometimiento
a un riesgo excepcional dada su condición de miembro activo de la
Policía Nacional.
Al respecto, señaló lo siguiente:
«(…)
En, razón a lo expuesto, se encuentra acreditado la existencia del daño, en tanto se probó
que el señor NÉSTOR SADY TRUJILLO SALAZAR (Q.E.P.D.), falleció el 27 de mayo
de 2014, tal como se desprende del registro de defunción, inspección técnica al cadáver
y necropsia No.2014010141001000147 (fls. 32 C1 y 312 C2; y fls.18-23 y 112-123 d-
Noticia Criminal No.410016000716201401581); siendo indispensable analizar si el daño
es antijurídico y, además, imputable a la entidad demandada; en razón a ello, deberá
analizarse si la Nación-Ministerio de Defensa Policía Nacional, debe responder frente a
la eventual omisión de brindar las medidas de protección, alegada por la parte actora.
Acreditado lo anterior, de donde se desprende el daño y que el occiso pertenecía como
miembro activo a la entidad demandada, de donde se dan dos de los presupuestos de la
responsabilidad, faltando el nexo causal, para imputarte responsabilidad al Estado de ahí
entonces, partiendo de lo consignado en el artículo 90 de la Constitución Política
establece lo siguiente:
(…)
Frente al título de imputación en casos como el que nos ocupa -falla del servicio de
protección y seguridad-, la jurisprudencia del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo -Sección Tercera -Subsección C, Consejero Ponente: Jaime Orlando
Santofimio Gamboa, en sentencia del dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012)
radicación: 54001-23-31-000-1997-02780-01(19959), en lo que respecta a la falla del
servicio al no brindarte la protección y seguridad a las personas, realizó un estudio de los
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antecedentes históricos de la responsabilidad, bajo éste régimen, de donde concluyó y se
precisaron unos presupuestos para que ésta operara como fueron:
(…)
En el presente asunto, era deber de la parte actora demostrar la existencia de amenazas en
contra de la seguridad e integridad personal del señor NÉSTOR SADY TRUJILLO
SALAZAR (q.e.p.d.), o la existencia de circunstancias de las que se pudiera prever que
el mismo requería protección especial para garantizar su vida, y determinar si las mismas
fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes, que corresponde a la
entidad demandada, y que ésta a su vez omitió de manera efectiva su obligación
constitucional de protección y seguridad al respecto.
En ese orden, para acceder a las pretensiones de la parte actora se requiere que el hecho
generador del daño, en este caso la muerte del señor NÉSTOR SADYTRUJILLO
SALAZAR (q.e.p.d.), fuera previsible al haberse presentado hechos de los que se pudiera
prever que la vida o libertad del mismo se encontraba en riesgo.
(…)
Lográndose inferir de dicho material probatorio, que de la relación que sostuvo el
Intendente NÉSTOR SADY TRUJILLO (Q.E.P.D.) con la señora MARILYN
CABRERA BERMEO existieron diferentes conflictos personales entre ellos, que nos
conducen a Inferir que el móvil por el cuál fue asesinado dicho suboficial, deviene de una
serie de eventos pasionales, totalmente aislados a la labor que desempeñaba en la Policía
Nacional.
Aunado a ello, se probó que el intendente NÉSTOR SADY TRUJILLO (Q.E.P.D.) no
solicitó medidas de protección; así como tampoco, reposa prueba en el proceso que nos
conduzca a establecer que el occiso pusiera en conocimiento de la entidad demandada
que hubiera sido objeto de amenazas derivadas de su oficio o actividad desempeñada en
la Policía Nacional, por lo que atendidas las circunstancias particulares del caso, en este
presupuesto no hay omisión alguna, por parte de la entidad demandada que no se probó
el presupuesto de la relación causal entre la omisión y el daño, elemento de la relación
causal debe probarse, sin dejar dudas que por la omisión de la demandada, se produjo,
que de haber actuado oportunamente, se hubiera podido evitar el resultado o se hubiera
reducido el riesgo (…)
(…)
Descendiendo de lo anterior, debe concluirse que no se estructuran los elementos de la
responsabilidad por falla del servicio por omisión, los cuales no fueron probados por
taparte que demanda- cuya carga te correspondía, en consecuencia se negarán las
pretensiones de la demanda. Sin Costas.
La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Huila el 4 de mayo de 2022, bajo las siguientes consideraciones:
«Así las cosas, se encuentra probado lo siguiente:
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Accionante: Libia Tobar Trujillo y otros
• Liquidación de compensación por muerte del 14 de noviembre de 2014, la cual fue
reconocida en favor de la señora Libia Tovar Trujillo (esposa), Kevin Sebastián, Laura
Daniela y Erleins Antonio Trujillo (hijos) por la suma de $62.961.380,16. (fl. 83 C. 1)
• Resolución No. 01974 del 11 de diciembre de 2014 “Por la cual se reconocen parte de
pensión de sobrevivientes, de compensación por muerte a beneficiarios de IJ(F) Néstor
Sady Trujillo Salazar y se deja parte en suspenso. Expediente No. 79.520.967”, y se
resolvió reconocer y pagar pensión de sobreviviente en cuantía equivalente al 38.5% a
partir del 28 de mayo de 2014 a favor de sus tres hijos; también se ordenó pagar la
compensación por muerte y dejó en suspenso el reconocimiento y pago del 38.5% por
concepto de parte de pensión de sobrevivientes que pueden tener derecho la señora Libia
Tovar Trujillo y/o Marilyn Cabrera Bermeo.
• Resolución No. 00355 del 5 de marzo de 2015 “Por la cual se confirma la Resolución
No. 1974 del 11 de diciembre de 2014 y se tramita para apelación ante el despacho del
señor Director General de la Policía Nacional. Expediente 79.520.967”. (fl. 101 a 102
C. 1)
• Resolución No. 02128 del 15 de mayo de 2015 “Por la cual se resuelve el recurso de
apelación del expediente prestacional N° 79.520.967 IJ (F) Néstor Sady Trujillo
Salazar”, resolviendo confirmar las resoluciones Nos. 01974 y 00355. (fl. 101 a 108 C.
1)
• Oficio No. S-2017 0090837REGIN-SIJIN-29.25 del 28 de marzo de 2017, mediante
el cual el jefe seccional de investigación criminal MENEV, informó que las acciones
adelantadas con relación a la tentativa de homicidio del extinto intendente jefe Néstor
Sady Trujillo Salazar, durante el tiempo que duró en el hospital de Neiva se nombró
servicio de custodio permanente hasta el traslado a la ciudad de Bogotá, posteriormente
se ordenó al personal que presta la disponibilidad las 24 horas pasar revista al lugar de
residencia ubicada calle 2E 15-88 Barrio Obrero. (fl. 126 C. 1)
• Mediante oficio No. S-2017-008216/SEPRO-GRUPO29.25 del 31 de marzo de 2017,
el jefe seccional de protección y servicios especiales MENEV informó que revisados
los archivos y bases de datos que adelanta el grupo de estudios de nivel de riesgo, no se
registra orden o solicitud para la realización de dicho estudio ni la implementación de
alguna medida preventiva de seguridad. (fl. 127 C. 1)
• El subdirector de seguridad ciudadana, mediante oficio No. S-2017- 003482/DISEC-
ASJUR-1.0 del 15 de marzo de 2017, allegó el instructivo 029 DIPON-OFPLA-70 del
30/11/2016 “Medidas de seguridad personal y operacional”25, a través de la cual se
reitera el cumplimiento de las instrucciones impartidas en los siguientes actos
administrativos:
-Instructivo 057 DIPON-OFPLA del 15-10-2014 “Fortalecimiento de la seguridad
operativa en la prestación del servicio de policía”
-Instructivo 017 DIPON-DISEC del 17/06/2015 “Aspectos a tener en cuenta en la
actuación policial frente a la atención de motivos de Policía” -Instructivo 018 DIPON-
DISEC del 17/06/2015 “Actuación policial para el fortalecimiento de la seguridad
ciudadana frente a las acciones terroristas”
-Instructivo 025 DIPON-DISEC del 11/08/2015 “Fortalecimiento seguridad física en
las unidades policiales.” (fl. 287 a 295 C. 2)
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· Directiva operativa permanente No. 002/DIPON-DIPRO-23.2 del 18 de julio de 2016,
programa de protección a personas a cargo de la Policía Nacional. (fl. 299 a 303 C. 2)
• Calificación informa administrativo por muerte No. 324-2014, en el cual se determinó
que la muerte del intendente jefe Trujillo Salazar Néstor Sady ocurrió en simple
actividad. (fl. 325 C. 2)
• Certificado de defunción antecedente para el registro civil No. 80496942-8. (fl. 312
C. 2)
• Oficio No. S-2014-011149-MENEV/SIJIN-JEFAT-38.10 del 10 de junio de 2014, en
el que se informa lo siguiente:
(…)
• Testimonio de María Eugenia Hernández Hernández, Aydé Tamayo Ramos y Carlos
Enrique Cárdenas Montoya. (fl. 407 y 417 C. 2)
• Se allegó copia del expediente con radicación 410016000000201400100 adelantado
en contra de Wilson Castro por los delitos de homicidio tentado y fabricación, tráfico,
porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. (fl. 387
y C. 1 y 2 de pruebas)
(…)
En este caso, analizado el cardumen probatorio a la luz de la sana crítica, la Sala
encuentra que en el caso de la muerte del señor Néstor Sady Trujillo (q.e.p.d.) no se
generó ninguna responsabilidad de la entidad demandada, en tanto que no se acreditó la
razón jurídica necesaria de la imputación; es decir, que el daño se produjo por una falla
del servicio de la entidad.
Ahora, si bien ese primer suceso ocurrió dos meses antes de su homicidio, no existe
relación causal entre uno y otro hecho, pues tal como lo manifiesta el apelante en la
síntesis de declaraciones que trae a colación en el recurso, el señor Néstor Sady Trujillo
(q.e.p.d.) nunca manifestó haber recibido amenazas en contra de su vida, menos que
fueran consecuencia del ejercicio de sus funciones de investigador criminal, siendo esta
misma la razón por la cual nunca solicitó medidas de protección.
También se establece y quedó debidamente probado que, con ocasión de la tentativa de
homicidio, la entidad demandada si brindó protección al intendente señor Néstor Sady
Trujillo (q.e.p.d.) durante su estancia en el hospital donde fue atendido, asignando un
custodio durante 24 horas así como rondas de vigilancia por parte de la motorizada, pues
hasta esos momentos se desconocían los motivos que dieron origen al atentado.
Es claro que era deber de la parte actora demostrar que existieron las amenazas en contra
de la seguridad e integridad personal del señor Néstor Sady Trujillo Salazar (q.e.p.d.) y
que por esa razón se requería protección especial para garantizar su vida y que además,
dieron aviso y pusieron en conocimiento de tales amenazas a las autoridades
competentes o ante la entidad demandada y que esta a su vez omitió su obligación
constitucional de brindarle protección y seguridad, pues sin duda estos elementos son
los generadores del daño y los que permiten determinar si existió o no responsabilidad
estatal.
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Asimismo, esta Sala no puede descartar, tal como lo pretende el apelante, la
investigación penal que se ha adelantado por el homicidio de Néstor Sady Trujillo
(q.e.p.d.) y el material probatorio recaudado en esta, por el solo hecho de no existir una
sentencia definitiva, pues si se aportó como prueba trasladada para que obrara ante esta
jurisdicción y se cumplieron las formas propias para su incorporación, es claro que debe
valorarse y como bien lo dedujo el a quo, lo probado en esa investigación hasta el
momento, es que se trata de un crimen que se relaciona más con problemas personales
del intendente que por causa de sus labores desarrolladas como investigador o por su
condición de intendente integrante de la Policía Nacional.
Así las cosas, aunque se demostró que la Policía Nacional tenía la obligación de brindar
seguridad y protección al occiso dada su condición de empleador y con ocasión del
atentado que se perpetró en su contra en el mes de marzo de 2014, no quedó probado
con certeza o por lo menos de manera indirecta, que el deceso del señor Néstor Sady
Trujillo (q.e.p.d.), acaecido en el mes de mayo de ese mismo año, haya estado
relacionado con el cumplimiento de sus funciones o que fuera consecuencia de alguna
investigación o pesquisa específica que hubiere estado adelantando el uniformado y
menos que haya sido perpetrado tal homicidio cuando se hallaba prestando algún
servicio especial de seguridad o dentro las actividades normales y propias de sus
funciones, ya que según los documentos y testimonios aportados, el uniformado, si bien
fue objeto de un atentado que casi le arrebata la vida, también los que no interpuso ni
presentó queja o solicitud alguna para que se le brindara especial seguridad o que se
procediera a un traslado u otra solución para evitar que el daño se consumara en su
contra, aún más cuando dicho hecho aconteció en su vivienda, esto es, cuando no se
hallaba prestando servicio alguno o en horas de descanso y aunque posterior a un
atentado sufrido dos meses antes, no impone concluir que tuvo origen en sus funciones
y que la entidad desconoció ese nivel de riesgo a propósito de las mismas.»
De las anteriores transcripciones, observa la Sala que las autoridades
judiciales accionadas sustentaron las providencias en un análisis
normativo y probatorio integral, en consonancia con las pautas
jurisprudenciales que, en desarrollo de dichas normas ha fijado el
Consejo de Estado, lo que les permitió concluir que si bien se acreditó
el daño aludido por los demandantes, derivado de la muerte del señor
Néstor Sady Trujillo (q.e.p.d.), no se demostró que el mismo fuera
atribuible a la Policía Nacional, comoquiera que no se probó dentro
del plenario que dicha entidad hubiera omitido algún deber de
protección o seguridad a la víctima, o que la hubiere puesto en riesgo
como consecuencia de las funciones que desempeñaba el intendente
en la entidad y que no ejecutó alguna medida de protección.
Por todo lo anterior, entiende la Sala que el reproche que plantea el
accionante en esta sede constitucional tiene como sustento la
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divergencia de criterio en relación con la valoración del material
probatorio, toda vez que se advierte un análisis razonable y plausible
de las circunstancias fácticas y jurídicas del asunto puesto bajo
examen.
Por otra parte, no es de recibo para la Sala el argumento de la parte
accionante cuando aduce que en las decisiones objeto de censura se
incurrió en defecto procedimental, porque no se decretaron pruebas
de oficio, en tanto, tal como indicaron las autoridades judiciales la
carga de la prueba en este caso le correspondía a la parte
demandante.
De esta manera, comoquiera que la decisiones recurridas contienen
una carga argumentativa suficiente y razonable, sustentada en los
elementos probatorios debidamente aportados al proceso en el que
se observaron los parámetros jurisprudenciales fijados actualmente
por el Consejo de Estado, estima la Sala no es dable considerarla
como constitutiva de defecto alguno, pues, por el contrario,
corresponde al ejercicio de la función prevista a cargo de los jueces,
conforme se deduce del contenido normativo de los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, razón por la
que se negará el amparo constitucional reclamado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
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IV FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por Libia
Tobar Trujillo, Kevin Sebastián Trujillo Tovar, Laura
Daniela Trujillo Tovar, Erlein Antonio Trujillo Murcia,
Antonio María Trujillo Valenzuela, Bertilda Salazar
Pastrana, Elkin José Trujillo Salazar, Johana Mabel
Trujillo Salazar y Juan José Perdomo Trujillo en contra
del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva y el
Tribunal Administrativo de Huila, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés
(2023)
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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