Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06199-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06199-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06199-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
27 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06199-01
Accionante: JULIO FREDYS DUMAR RUIZ, ACTUANDO COMO
AGENTE OFICIOSO DEL SEÑOR JULIO CÉSAR
PADILLA PÉREZ
Accionado: MAGISTRADA A CARGO DEL DESPACHO 016 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Tema: Tutela contra providencia judicial / violación de la
Constitución / proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por la parte
accionante en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
El señor Julio Fredys Dumar Ruiz, actuando como agente oficioso del
señor Julio César Padilla Pérez, solicitó la protección de los derechos
fundamentales a la administración de justicia y defensa en condiciones
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de igualdad de persona en situación de discapacidad mental, con
sustento en los siguientes supuestos fácticos que la Sala de Decisión
identificó como relevantes en el sub examine:
1. HECHOS
La Universidad de Antioquia instauró medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad contra el
señor Julio Cesar Padilla Pérez, el cual correspondió por reparto al
Tribunal Administrativo de Antioquia que, mediante providencia del 4
de febrero de 2022, resolvió admitir la demanda.
El 28 de julio de 2022, la pareja sentimental del señor Julio Cesar
Padilla Pérez informó a la autoridad judicial accionada que aquél era
una persona de 73 años que se encontraba desde hace un tiempo
absolutamente imposibilitado para expresar su voluntad, motivo por el
cual inició proceso de adjudicación de apoyo judicial en el Juzgado
Cuarto de Familia de Medellín bajo el radicado 05001-31-10-004-2022-
00439-00. Por consiguiente, solicitó la suspensión del proceso
contencioso administrativo hasta tanto se decidiera el trámite referido
a fin de poder presentar la contestación en el medio de control y ejercer
su derecho de defensa.
No obstante lo expuesto, la magistrada del Tribunal Administrativo de
Antioquia negó la petición formulada mediante auto del 26 de agosto
de 2022.
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2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante manifestó que la decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia de continuar con el trámite de la demanda
presentada en su contra viola los derechos fundamentales invocados
en protección, toda vez que se encuentra imposibilitado para ejercer
su derecho de defensa hasta tanto el Juzgado Cuarto de Familia de
Medellín resuelva el proceso de adjudicación judicial de apoyos para la
realización de actos jurídicos.
3. PRETENSIONES
La parte accionante pidió lo siguiente:
«1. Se reconozca sus derechos fundamentales de ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO A LA DEFENSA Y
CONDICIONES DE IGUALDAD EN PERSONA DISCAPACITADA MENTAL.
2. Se conceda la medida provisional deprecada, y se ordene al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Despacho 16 suspender de manera inmediata del
proceso con radicado 05001233300020210213300 hasta tanto se tome una decisión
en esta acción de tutela.
3. Se decrete la nulidad del proceso a partir del auto que ordena notificar o seguir
adelante con la notificación.
4. Ordenar tanto al Tribunal Administrativo de Antioquia Despacho 16 como al
Ministerio Público, vigilar y proteger los derechos y garantías fundamentales de
JULIO CESAR PADILLA PÉREZ en situación de discapacidad».
4. TRÁMITE PROCESAL
Mediante auto del 25 de noviembre de 2022, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de la
referencia y ordenó notificar al despacho 016 del Tribunal
Administrativo de Antioquia como accionado y a la Universidad de
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Antioquia como tercero interesado, para que se pronunciaran sobre los
hechos que originaron la solicitud constitucional. Adicionalmente, negó
la medida provisional pedida consistente en la suspensión del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en contra del
accionante, por cuanto consideró que no se evidenció un perjuicio
irremediable, la decisión contra la que dirige la tutela fue proferida por
la autoridad judicial competente de tal manera que está revestida de
legalidad y no se advirtió en esa instancia procesal que se le impidiera
el acceso a la administración de justicia, toda vez que aún no había
fenecido el término para intervenir en las diligencias ordinarias.
5. INTERVENCIONES
5.1. La magistrada del despacho 016 del Tribunal
Administrativo de Antioquia pidió que se declarara la improcedencia
de la acción de la referencia por falta de relevancia constitucional o en
su lugar se negaran sus pretensiones, por cuanto señaló que no
incurrió en irregularidades en el trámite del proceso puesto en su
conocimiento, y por consiguiente, no vulneró los derechos invocados
en protección. En ese sentido, aseguró que «pretender que se declare
la nulidad de unas actuaciones procesales válidamente desarrolladas o
procurar la suspensión un proceso hasta que se definan los apoyos en
el proceso de familia supone invertir la presunción de capacidad que
precisamente le garantiza la Constitución y la ley al señor Julio César
Padilla Pérez».
5.2. La Universidad de Antioquia, a través de apoderada1, solicitó
su desvinculación del trámite constitucional con sustento en que no es
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la entidad llamada a satisfacer las peticiones elevadas en el escrito de
tutela.
6. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a través
de sentencia del 16 de diciembre de 2022 negó el amparo solicitado,
pues afirmó que «no se advierte que las providencias reprochadas
incurran en vicio o defecto alguno, puesto que, se reitera, en el sub lite
no se da algún supuesto para que sea procedente ordenar la suspensión
del proceso, la que, valga anotar, no resulta necesaria si se tiene en
cuenta que el actor, en principio y de acuerdo con el artículo 6º de la
Ley 1996 de 2019, cuenta con la capacidad legal para comparecer a
ese asunto, y, en todo caso, una vez se decida el proceso de
adjudicación de apoyos para la realización de actos jurídicos que se
adelanta ante el Juzgado Cuarto (4º) de Familia de Medellín, se
determinará si es dable que se le designe un apoyo formal para
nombrar apoderado, lo que, se insiste, en ningún momento limita el
ejercicio de sus derechos de contradicción y defensa, máxime cuando
el término para contestar la demanda siquiera ha iniciado».
7. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la decisión de primera instancia, con el
propósito que se revocara y, en su lugar, se accediera al amparo
requerido, pues insistió en los argumentos que fundamentaron la tutela
y además, resaltó «que hay una total incoherencia puesto que para
ejercitar la tutela está justificado en su imposibilidad de defenderse y
es dable impetrarla con la intervención de agente oficioso, pero en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho lo puede hacer
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porque tiene capacidad legal, es decir, no es posible que para
una actuación jurídica esté con imposibilidad de defenderme y
pueda utilizar un agente oficioso y para otra actuación jurídica
tenga capacidad legal y no requiera el apoyo que establece la
Ley 1996 de 2019 en su artículo 38, lo que la misma ley contempla y
es que si no está posibilitado para manifestar su voluntad, requerirá de
un apoyo judicial y no en la mitad del proceso o al final, sino en el
momento oportuno que se deba intervenir».
II. CONSIDERACIONES
1. COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 080 de 2019, en
cuanto dispone que «las tutelas que sean de competencia del Consejo
de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo
Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».
2. PROBLEMAS JURÍDICOS
Como fue indicado en la primera instancia, si bien en el presente asunto
el señor Julio César Padilla Pérez solicitó la suspensión del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho iniciado en su contra por la
Universidad de Antioquia, lo cierto es que con dicha inconformidad en
realidad se controvierten son las decisiones judiciales del 26 de agosto
y del 11 de octubre de 2022 proferidas por el despacho 16 del Tribunal
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Administrativo de Antioquia que resolvieron negar la petición de
suspensión elevada por la parte accionante, pues a su juicio no
consideró que se encontraba absolutamente imposibilitado para
expresar su voluntad en razón de lo cual está en curso un proceso de
adjudicación de apoyo judicial en el Juzgado Cuarto de Familia de
Medellín.
En ese orden de ideas, la Sala de Decisión considera que en el sub
examine se trata de una tutela contra providencias judiciales, respecto
de las cuales, conforme las razones que sustentan la acción
constitucional, se depreca la configuración de un defecto fáctico y una
violación directa de la Constitución, porque se alegó la transgresión de
los derechos de debido proceso y defensa del señor Julio César Padilla
Pérez por cuenta del despacho 16 del Tribunal Administrativo de
Antioquia al continuar con el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho sin tener en cuenta que se había informado que aquél se
encontraba imposibilitado para actual en él conforme las pruebas que
se aportaron con la solicitud de suspensión que se presentó.
En esa línea de ideas, de acuerdo con lo señalado, la Sala de Decisión
advierte que el problema jurídico en esta instancia se circunscribe a
responder si:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos generales
de procedibilidad?
De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
• ¿El despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia, al
expedir las providencias del 26 de agosto y 11 de octubre de
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2022, incurrió en un defecto fáctico y una violación directa de la
Constitución y por consiguiente, vulneró los derechos
fundamentales invocados en protección por el accionante?
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra las providencias judiciales, ii) los
requisitos generales de procedibilidad, iii) el defecto fáctico y la
violación de la Constitución y iv) el caso concreto.
3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL
CASO
3.1. La procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
2 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que devino
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en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de
tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción constitucional resulta procedente
únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la
actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al
verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto
sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error
inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la
Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
(i) La presente pretensión de amparo sí es de marcada relevancia
constitucional, en la medida en que se contrae a establecer de manera
central si el despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia con
las providencias del 26 de agosto y 11 de octubre de 2022 incurrió en
la violación de los derechos de la parte accionante de acceso a la
administración de justicia y a la defensa en condiciones de igualdad en
persona discapacitada mental;
(ii) se agotaron todos los medios de defensa porque contra la
providencia reprochada no procedía recurso alguno;
(iii) cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la interposición
de la acción se dio en un lapso «razonable y proporcionado» por cuanto
las providencias discutidas se profirieron el 26 de agosto y 11 de
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octubre de 2022 y la tutela se presentó el 22 de noviembre de 2022;
(iv) de encontrarse probado el defecto alegado este tiene la vocación
de vulnerar las garantías fundamentales invocadas en protección;
(v) se identificaron los hechos que sustentan la acción y los derechos
que se consideran transgredidos en razón a la actuación de la parte
accionada, motivo por el cual este requisito se encuentra cumplido, y
(vi) no se trata de una tutela contra tutela toda vez que la decisión
reprochada fue proferida dentro de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
3.2. Del defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional 4 ha identificado dos dimensiones en
las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa 5, que ocurre cuando el juez niega o valora
la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su
valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta
dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas
determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.
4 Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-456 de 2010,
T-311 de 2009, entre otras.
5 Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
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b. Una dimensión positiva6, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es,
y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»7.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
3.3. Violación directa de la Constitución
Frente a este defecto, la Corte Constitucional en repetidas ocasiones ha
referido que se origina en la obligación que les asiste a todas las
autoridades de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en
el artículo 4.° de la Carta Política, según el cual la Constitución es norma
de normas y en todo caso de incompatibilidad entre esta y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales8.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
7 Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
8 SU-336 de 2017, Corte Constitucional.
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La jurisprudencia constitucional también ha sostenido que procede la
tutela contra providencias judiciales por violación directa de la
Constitución en dos casos: (i) cuando se deja de aplicar una disposición
ius fundamental a un caso concreto; o (ii) aplica la ley al margen de
los dictados de la Carta:
«En el primer evento (inaplicación ius fundamental), la Corte ha dispuesto que procede
la tutela: (i) cuando en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional; (ii) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata; y (iii) cuando el juez en sus resoluciones vulneró
derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con
la Constitución. En el segundo, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos que la Constitución es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar
las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad»9.
Aunque, en principio, la violación directa de la Constitución puede tener
una relación directa con otras causales especiales de procedencia, como
los defectos sustantivos o el desconocimiento del precedente, la fuerza
normativa de la constitución (art. 4) implica que esta sea reconocida
como una causal independiente.
4. Las personas en situación de discapacidad como sujetos de
especial protección constitucional10
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado de manera
reiterada que las personas en condición de discapacidad gozan de
protección constitucional reforzada11 y ha dicho que dicho escenario «se
origina de lo previsto en el artículo 13 de la Carta, en que se establece
la obligación de promover las condiciones para que la igual-dad sea real
9 Sentencia T-094 de 2013, T-209 de 2015 y SU-542 de 2016, Corte Constitucional.
10 A propósito consultar la sentencia del 21 de abril de 2022 proferida por esta Subsección en un caso similar dentro del
trámite constitucional identificado con el radicado núm. 11001-03-15-000-2022-01613-00.
11 Véanse, entre otras, las Sentencias T-884 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y T-340 de 2010, M.P. Juan
Carlos Henao Pérez
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y efectiva, al mismo tiempo que se dispone proteger de manera
especial a las personas que, entre otras razones, se encuentran en
circunstancias de debilidad manifiesta, por su condición física o
mental12. Igualmente, los artículos 47, 54 y 68 de la Carta, le imponen
al Estado diferentes deberes tendientes a la protección de estas
personas, buscando su inclusión plena en la sociedad»13.
Al respecto, ha señalado:
«Dogmáticamente, el estudio sobre los derechos de las personas con discapacidad ha
tenido distintos acercamientos, hasta la implementación actual del modelo social14, en el
que se entiende que la persona con discapacidad no se encuentra marginada o discriminada
por razón de una condición física, sensorial o psíquica determinada, sino por las
dificultades que enfrenta para su adecuada inclusión social, por la imposición de barreras
por parte de la sociedad. Este modelo se dirige a garantizar el mayor nivel posible de
autonomía del individuo, haciéndolos partícipes en la toma de decisiones que los afectan15,
a través del aforismo: nada sobre nosotros sin nosotros.
Como parte del bloque de constitucionalidad, se destaca la recepción en nuestro
ordenamiento jurídico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 200916. Este instrumento, que apela a
los postulados básicos del modelo social, busca darle prevalencia a las medidas que tienen
como propósito disminuir o erradicar las barreras sociales que dificultan la realización del
principio de igualdad de oportunidades respecto de las personas con discapacidad17.
12 La norma en cita dispone que: “Artículo 13.- Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. // El
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados. // El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica,
física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan.”
13
Sentencia 662 de 2017.
14 En la Sentencia T-340 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, se hace un recuento de las distintas escuelas que han
existido sobre la materia, resaltando el tránsito desde el modelo de prescindibilidad hasta llegar al actual modelo social.
15 Sentencia T-573 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Sentencia C-935 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
17
En la Sentencia T-573 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se aludió al enfoque social adoptado en la
Convención, en los siguientes términos: “La entrada en vigor de la Convención inauguró un nuevo marco de protección
que, ante todo, se propuso superar la idea de la discapacidad como una condición médica asociada a condiciones físicas,
fisiológicas o sicológicas que requieren tratamiento. Que el instrumento internacional hubiera aludido a la discapacidad
como un concepto en evolución, asociado a las barreras sociales que impiden a las personas funcional, física, mental,
intelectual o sensorialmente diversas participar plena y efectivamente en la sociedad, significó que, al menos en el
ámbito formal, se replantearan las posturas que abordaban el debate sobre la discapacidad con la convicción de que solo
puede ser comprendida sobre la base de un diagnóstico médico. Como contrapartida, el modelo social de la discapacidad
que venía posicionándose en las discusiones que la academia, las organizaciones sociales y el propio sistema de
Naciones Unidas venían dando sobre el tema desde hacía dos décadas fue finalmente respaldado. (…) [En este sentido]
(…) [l]a perspectiva del modelo social que irradia todas las disposiciones de la CDPCD vincula la discapacidad con
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Dentro de este objetivo, el artículo 5 de la citada Convención señala que los Estados Partes
tienen la obligación de adoptar medidas dirigidas a prevenir y proscribir la discriminación,
a través de la implementación de ajustes razonables, en el marco normativo o de política
pública del cual depende el acceso a servicios o actividades básicas en una sociedad, como
ocurre con el empleo, la educación, el transporte y la justicia.
La propia Convención define expresamente a los ajustes razonables como aquellas
“modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a
las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”18. Dentro de este
propósito, el artículo 9 del instrumento internacional en cita impone a los Estados Partes
el deber de adoptar medidas pertinentes para garantizar el acceso de las personas con
discapacidad a la información, incluida aquella que se produce como consecuencia de la
prestación de servicios públicos. Así, por ejemplo, en el caso de las personas con
discapacidad visual se impone la señalización en Braille o en otros formatos de fácil
lectura y compresión.
Todo este conjunto de medidas para reducir las desventajas estructurales y para dar trato
preferente y apropiado a las personas con discapacidad (PcD), permiten considerar que se
está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, frente al cual es
obligación del Estado asegurar que las barreras existentes, que les impiden gozar de igual
manera sus derechos, sean superadas, como una forma de reivindicar su dignidad»19.
De igual forma, la misma Corte ha destacado que el derecho de acceso
a la administración de justicia debe observar ajustes razonables
respecto de las personas en condición de discapacidad, puesto que este
“constituye un presupuesto indispensable para la materialización de los
demás derechos fundamentales, (…) el derecho de acceso a la
administración de justicia se erige como uno de los pilares que sostiene
el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que
aquellos obstáculos que impiden que personas con cierta diversidad funcional interactúen con su entorno en las mismas
condiciones en que lo hacen los demás individuos. Tal es la perspectiva que plasma la Convención desde su preámbulo,
cuando reconoce que el concepto de la discapacidad evoluciona y que ‘resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad,
en igualdad de condiciones con las demás’. (…) Sobre esa base, y tras advertir que el propósito de la Convención
consiste en promover, proteger y asegurar todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, potenciando el respeto de su dignidad, su artículo 1º precisa que las personas con discapacidad son todas
aquellas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que ven obstaculizada su
participación plena y efectiva en todos los niveles de la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, por cuenta
de su interacción con diversas barreras. La incorporación del modelo social de la discapacidad en la Convención se ve
reflejada, justamente, en la diversidad de compromisos que les impone a sus Estados parte en aras de la efectiva
remoción de esos obstáculos. (…)”.
18 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, art. 2.
19 Sentencia T-662 de 2017.
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abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante
las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos
sus derechos”20.
Asimismo, ha precisado que este derecho incluye dentro de su marco
jurídico de aplicación el siguiente orden lógico de garantías: «(i)
aquellas que tienen que ver con el acceso efectivo de las personas al
sistema judicial; (ii) las (…) previstas para el desarrollo del proceso; y
(iii) finalmente las que se vinculan con la decisión (…) [y] la ejecución
material del fallo»21.
En relación con las personas en condición de discapacidad y la especial
protección constitucional de que gozan, la Corte Constitucional ha
indicado:
«3.6.2. Ahora bien, como se ha planteado con anterioridad, las personas en condición de
discapacidad gozan de una especial protección constitucional y, por ende, son sujetos de
un trato preferente por parte del Estado, en aras de superar las barreras que les impiden
acceder al goce efectivo de sus derechos fundamentales. Tal consideración ha sido objeto
de desarrollo en el campo específico del derecho de acceso a la administración de justicia,
cuando una de las partes involucradas tiene alguna discapacidad, ya sea física, mental,
sensorial o psicológica.
[…]
Como se destaca de lo expuesto, es claro que las personas con discapacidad deben acceder
en términos de igualdad a la administración de justicia, por lo que con el fin de lograr
dicho objetivo, el Estado asume el compromiso de adoptar normas o facilitar medidas que
les permitan tener la posibilidad de ser parte en un proceso, y utilizar los instrumentos que
la normativa proporciona para formular sus pretensiones o recursos.
Bajo esta perspectiva, respecto del acceso a la administración de justicia de las personas
en condición de discapacidad, la Corte se ha pronunciado en varias oportunidades, entre
otras, en la Sentencia T-553 de 201122, en donde dispuso un conjunto de órdenes dirigidas
a adecuar la planta física de un complejo judicial, pues ante la presencia de barreras
20 Sentencia T-799 de 2011.
21 Ibidem.
22 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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arquitectónicas, entre otras, se incurría en una negación del derecho a la tutela judicial
efectiva de las personas en condición de discapacidad23.
Por otra parte, en la Sentencia T-750A de 201224, esta Corporación estudió el caso de una
persona con retraso mental moderado que fue condenada a 42 meses de prisión por el
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, pues decidió allanarse a los cargos
formulados en su contra, cuando –al parecer– se encontraba en un estado de confusión
sobre la aceptación de los hechos ocurridos. En dicha ocasión, pese a que se declaró la
improcedencia del amparo, ya que la controversia podía ser resuelta a través de la acción
de revisión, se realizó un llamado de atención a la Defensoría del Pueblo, por ser quien
asistió judicial-mente al actor a través del servicio de defensoría pública, en el sentido de
llevar a cabo un proceso de capacitación de sus defensores, con el fin de que éstos puedan
advertir los casos en los cuales las personas a las cuales prestan sus servicios tengan algún
tipo de discapacidad, con miras a que desarrollen estrategias específicas de defensa para
dicha población, en aras de proteger su acceso a la justicia en términos de igualdad.
En este contexto, se observa que el derecho de acceso a la administración de justicia es un
derecho fundamental que, en el caso de las PcD, requiere ser implementado de tal forma
que permita la superación de las distintas clases de barreras que dificultan su goce efectivo
en condiciones de igualdad, para lo cual cabe la adopción de medidas que permitan
adecuar las instalaciones en donde se presta el servicio, que faciliten los apoyos requeridos
para afianzar la autonomía y comunicación de dichas personas, o que –dado el caso–
permitan realizar algunos ajustes razonables en las reglas de procedimiento»25.
4. CASO CONCRETO
A propósito del segundo problema jurídico propuesto, se advierte que
las decisiones judiciales reprochadas son las providencias del 26 de
agosto y 11 de octubre de 2022 proferidas por el despacho 16 del
Tribunal Administrativo de Antioquia cuyo contenido es el siguiente:
• Auto del 26 de agosto de 2022:
«Procede el Despacho a requerir a la parte actora en el proceso ordinario promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138
23 Textualmente, en la síntesis de la citada providencia, se afirmó que: “Las barreras que existen en el ambiente físico
del Complejo Judicial de Paloquemao niegan el acceso a la administración de justicia no sólo del actor sino de todas las
personas que se encuentren en su misma circunstancia y que acuden a dichas instalaciones para adelantar los trámites
que requieren.”
24 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
25 Sentencia T-662 de 2017.
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CPACA), por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con Nit. 890.980.040-8 contra
JULIO CÉSAR PADILLA PÉREZ con cédula de ciudadanía 8.292.708.
1. Mediante providencia de 18/7/2022 se ordenó que por Secretaría se notificara
personalmente el auto admisorio dentro del asunto de la referencia al demandado JULIO
CÉSAR PADILLA PÉREZ, a través del correo electrónico suministrado por la parte
demandante (058).
2. El 28/7/2022 HERNÁN DARÍO SALAZAR CARDONA asegura ser el compañero del
demandado e informa que “JULIO CESAR PADILLA PÉREZ es una persona de 73 años
que se encuentra desde hace varios años absolutamente imposibilitada para expresar su
voluntad y preferencias por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible,
por causa de una demencia” y que “no tiene correo electrónico”, que la dirección
electrónica a la cual se envió el auto del 18 de julio, le pertenece, no obstante, enterado de
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, inició proceso de adjudicación de
apoyo judicial, en los términos de la Ley 1996 de 2019, mismo que cursa su trámite en el
Juzgado Cuarto de Familia de Medellín; y solicita acceso al expediente (060).
3. El artículo 8 de la Ley 2213 de 2022 señala que “las notificaciones que deban hacerse
personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como
mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se
realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual,
los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio. El
interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la
petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la
persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias
correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.
4. Revisado el expediente, se observa que, de acuerdo con la respuesta obtenida a vuelta
de correo y lo previsto en el artículo 8° de la Ley 2213 de 2022; el buzón de correo
electrónico es utilizado por otra persona y no por el demandado.
5. En consecuencia, por Secretaría líbrese oficio al señor HERNÁN DARÍO SALAZAR
CARDONA para que, a más tardar en el término de 2 días contados a partir del recibo de
la correspondiente comunicación, informe los datos de notificación del demandado JULIO
CESAR PADILLA PÉREZ.
6. Asimismo, SE REQUIERE a la parte demandante para que remita la comunicación a
que se refiere el artículo 291-3 del CGP a la dirección que ha sido informada y, en caso
de que corresponda, el aviso del artículo 291-6 CGP, a más tardar en el término de 30 días
(art. 178 CPACA).
7. De otro lado, en cuanto a la solicitud de suspensión del proceso, de acuerdo con el
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artículo 161 del Código General del Proceso, procede a solicitud de parte.
8. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la capacidad para ser parte en
un proceso, “hace referencia a la posibilidad de ser sujeto de la relación jurídico-procesal,
esto es, constituir uno de los dos extremos de la litis, a saber, demandante o demandado1”.
9. En consecuencia, dado que la solicitud proviene de una persona que no es parte del
proceso, no es posible dar trámite a la solicitud.
10. SE ADVIERTE que cualquier memorial dirigido al proceso debe provenir del correo
electrónico inscrito en el Registro Nacional de Abogados (arts. 3, 5 Dec.806 de 2020 y 31
del Acuerdo PCSJA20-11567 de 5/6/2020) y deben enviarlo a través del buzón
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia (CC) a los demás sujetos
procesales (arts. 189 CPACA, 78-14 CGP y 3 Dec. 806 de 2020), esto es, a los siguientes
buzones:
[…]»
• Auto del 11 de octubre de 2022:
«Procede el Despacho a requerir a la parte actora en el proceso ordinario promovido en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (art.
138CPACA), por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA con Nit.890.980.040-8 contra
JULIO CÉSAR PADILLA PÉREZ con cédula de ciudadanía 8.292.708.
1. En providencia de 26/8/2022, el Despacho ordenó oficiar al señor HERNÁN DARÍO
SALAZAR CARDONA para que informe los datos de notificación del demandado JULIO
CESAR PADILLA PÉREZ. Igualmente se requirió a la parte demandante para que remita
la comunicación a que se refiere el artículo 291-3 del CGP a la dirección que ha sido
informada y, en caso de que corresponda, el aviso del artículo 291-6 CGP, a más tardar en
el término de 30 días (062).
2. HERNÁN DARÍO SALAZAR CARDONA remitió la dirección física donde reside con
el demandado para efectos de la notificación del auto admisorio de la demanda (069); sin
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embargo, la parte demandante no ha cumplido con el requerimiento.
3. Conforme lo dispuesto en el artículo 291-3 del CGP han transcurrido más de los cinco
días conferidos para comparecer al Despacho y llevar a cabo la notificación personal del
auto admisorio de la demanda, sin que se haya realizado la gestión a cargo de la parte
actora, necesaria para continuar el trámite, esto es, acreditar el envío de la comunicación
al demandado y/o la elaboración y envío del aviso a los interesados, a través de servicio
postal autorizado.
4. Por tanto, se REQUIERE a la parte demandante para que remita la comunicación a que
se refiere el artículo 291-3 del CGP a la dirección que ha sido informada (069) y, en caso
de que corresponda, el aviso del artículo 291-6 CGP, a más tardar, en el término de quince
(15) días contados a partir de la notificación por anotación en estado electrónico de esta
providencia, so pena de las sanciones procesales correspondientes (art. 178 CPACA).
5. SE ADVIERTE que la contestación y cualquier memorial dirigido al proceso debe
provenir del correo electrónico respectivo inscrito en el Registro Nacional de Abogados
(arts. 3, 5 Ley 2213 de 2022 y 31 del Acuerdo PCSJA20-11567 de 5/6/2020) y, para darle
trámite, deben enviarlo a través del buzón de correo electrónico
memorialestaant@cendoj.ramajudicial.gov.co con copia (CC) a los demás sujetos
procesales (arts. 78-14 CGP y 3 Ley 2213 de 2022), esto es, a los siguientes buzones:
9.(sic) Los apoderados de los sujetos procesales tienen acceso al expediente
electrónico con los correos electrónicos registrados en SIRNA con este: 000-2021-
02133».
De acuerdo con los textos transcritos, la Sala de Subsección evidencia
que el Despacho 16 del Tribunal Administrativo de Antioquia no accedió
a la suspensión del proceso, por cuanto la solicitud provino de una
persona que no era parte del asunto conforme lo previsto en el artículo
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161 del Código General del Proceso26.
Ahora bien, la Sala de Subsección considera que el despacho 016 del
Tribunal Administrativo de Antioquia, al proferir las decisiones del 26
de agosto y 11 de octubre de 2022, sí incurrió en un defecto fáctico y
en una violación directa de la Constitución, por las siguientes razones:
El 13 de diciembre de 2021, la Universidad de Antioquia presentó medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del señor
Julio César Padilla Pérez para que se declarara la nulidad del acto
administrativo a través del cual ordenó pagarle el valor que resulta de
la aplicación del Ingreso Base de Liquidación previsto en el inciso
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
El 4 de febrero de 2022, el despacho 016 del Tribunal Administrativo
de Antioquia admitió la demanda y ordenó que se notificara al señor
Julio César Padilla Pérez.
El 28 de julio de 2022, el señor Hernán Darío Salazar Cardona,
compañero permanente del señor Julio César Padilla Pérez, remitió
correo al despacho 016 del Tribunal Administrativo de Antioquia en el
que informó lo siguiente:
26 «Artículo 161. Suspensión del proceso. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretará
la suspensión del proceso en los siguientes casos:
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse
sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención. El proceso
ejecutivo no se suspenderá porque exista un proceso declarativo iniciado antes o después de aquel, que verse sobre la
validez o la autenticidad del título ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepción.
2. Cuando las partes la pidan de común acuerdo, por tiempo determinado. La presentación verbal o escrita de la solicitud
suspende inmediatamente el proceso, salvo que las partes hayan convenido otra cosa.
PARÁGRAFO. Si la suspensión recae solamente sobre uno de los procesos acumulados, aquel será excluido de la
acumulación para continuar el trámite de los demás.
También se suspenderá el trámite principal del proceso en los demás casos previstos en este código o en disposiciones
especiales, sin necesidad de decreto del juez».
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«HERNAN DARÍO SALAZAR CARDONA, mayor de edad, vecino y residente en la
ciudad de Medellín, identificado con la cédula de ciudadanía 71.661.667, habiéndome
llegado a mi correo electrónico el auto del dieciocho de julio de dos mil veintidós me
permito comunicar a usted lo siguiente:
1. JULIO CESAR PADILLA PÉREZ es una persona de 73 años que se encuentra desde
hace varios años absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad y preferencias
por cualquier medio, modo y formato de comunicación posible, por causa de una
demencia.
2. Yo soy su pareja desde hace muchísimos años y ante acciones de tutela instauradas, he
sido su agente oficioso.
3. JULIO CESAR PADILLA PÉREZ no tiene correo electrónico y la dirección electrónica
a la cual enviaron el auto del 18 de julio, es mío, pero ante esta demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, era necesario realizar la solicitud de adjudicación de apoyo
judicial, tal como lo establece la ley 1996 de 2019, lo cual se realizó y quedó en reparto
en el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín.
4. Como quiera que aún no existe decisión judicial que otorgue el apoyo es necesario
proteger los derechos fundamentales de JULIO CESAR PADILLA PÉREZ en estado de
demencia lo que permite que yo, en mi calidad de pareja allegue a su Despacho copia de
la solicitud de adjudicación de apoyos mediante la cual se anexó la historia clínica y demás
pruebas donde consta el estado mental de JULIO CESAR PADILLA PÉREZ, pues ese
estado lo coloca en condición de incapacidad y en estado de debilidad manifiesta lo que
nole permite ejercer el derecho de defensa ante su Despacho.
PETICIÓN
Por lo anteriormente esbozado, le solicito la suspensión del proceso de referencia hasta
que haya una decisión dentro del proceso de adjudicación de apoyos».
Con la solicitud, el señor Hernán Darío Salazar Cardona allegó los
documentos que demostraron su afirmación, como la historia clínica del
señor Julio Cesar Padilla en la que se evidencia que es una persona de
73 años que padece de demencia. Además, aportó la constancia de la
solicitud de adjudicación de apoyo judicial ante el Juzgado Cuarto de
Familia de Medellín.
Pese a lo anterior, mediante autos del 26 de agosto y 11 de octubre de
2022, la autoridad judicial accionada decidió continuar con el trámite
de la demanda bajo el argumento que la suspensión del proceso
procedía a solicitud de parte y se presumía que el señor Julio Cesar
Padilla tenía la capacidad legal para actuar en el medio de control.
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Pues bien, a juicio de esta Sala de Decisión, se configuró un defecto
fáctico y la violación directa de la Constitución en el presente asunto,
porque al definir sobre la petición del señor Hernán Darío Salazar
Cardona, compañero permanente del aquí accionante, debió valorar las
pruebas allegadas según las cuales el señor Julio César Padilla Pérez es
una persona de 73 años, que padece demencia, razón por la cual se
encuentra en trámite el proceso de adjudicación judicial de apoyos
creado por el legislador mediante la Ley 1996 de 2019, precisamente,
para que un funcionario judicial designe apoyo formal «a una persona
con discapacidad, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad
legal frente a uno o varios actos jurídicos concretos»27, esto es, con el
propósito que el demandado pueda ejercer sus derechos de defensa y
contradicción en el proceso.
En ese sentido aunque es cierto que la capacidad legal de las personas
se presume, también lo es que si se encuentra en trámite el proceso
judicial de apoyos para la realización de actos jurídicos es porque, en
principio, la persona que lo solicita necesita de alguien que pueda
apoyarle en el ejercicio de sus derechos por no tener la autonomía e
independencia para hacerlo.
En ese orden de ideas, el despacho 016 del Tribunal Administrativo de
Antioquia al negar la solicitud de suspensión porque no fue presentada
por la parte demandada, no tuvo en cuenta lo informado por el señor
Hernán Darío Salazar Cardona, esto es, que dicha petición no podía ser
presentada por el señor Julio César Padilla Pérez por la enfermedad que
padece y por la cual se inició el proceso de adjudicación de apoyos.
27 Artículo 32 de la Ley 1996 de 1999.
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Ahora bien, de no ser procedente la suspensión en los términos del
artículo 165 del CGP, la autoridad judicial debió considerar la figura de
interrupción del proceso prevista en el artículo 159 del CGP que
dispone:
«Artículo 159. Causales de interrupción El proceso o la actuación posterior a la sentencia
se interrumpirá:
1. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado
actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad lítem.
2. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del apoderado judicial de
alguna de las partes, o por inhabilidad, exclusión o suspensión en el ejercicio de la
profesión de abogado. Cuando la parte tenga varios apoderados para el mismo proceso,
la interrupción solo se producirá si el motivo afecta a todos los apoderados constituidos.
3. Por muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad
lítem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial.
La interrupción se producirá a partir del hecho que la origine, pero si este sucede estando
el expediente al despacho, surtirá efectos a partir de la notificación de la providencia que
se pronuncie seguidamente. Durante la interrupción no correrán los términos y no podrá
ejecutarse ningún acto procesal, con excepción de las medidas urgentes y de
aseguramiento».
Es decir, la autoridad judicial accionada contaba con las herramientas
constitucionales y legales para garantizarle al señor Julio César Padilla
su derecho de defensa y debido proceso en el asunto de su
conocimiento a partir del establecimiento de garantías que permitieran
su debida vinculación y contradicción en el medio de control; sin
embargo, omitió considerar las circunstancias especiales en las que se
encuentra el demandado, relacionadas con la edad y la enfermedad que
padece, aun cuando estaban debidamente acreditadas, y resolvió
continuar con el proceso.
En este punto, la Sala de Subsección debe recordar que constituye una
obligación y un deber de los funcionarios judiciales garantizar los
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derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional,
sobre todo de aquellos que por sus especiales condiciones no pueden
ejercerlos o disfrutarlos independiente o autónomamente. No se trata
entonces de aplicar la ley y olvidar que existen unos principios y valores
constitucionales superiores frente a los cuales se debe armonizar el
análisis jurídico que se deba realizar en cada asunto, si no de lograr
una congruencia entre la norma superior y los demás reglamentos de
tal manera que se pueda salvaguardar la materialización y efectividad
de las garantías fundamentales previstas en la carta de 1991.
En conclusión, por los motivos expuestos, la Sala de Subsección
revocará la decisión de primera instancia que negó la acción de tutela
presentada por el señor Julio César Padilla Pérez a través de agente
oficioso y en su lugar se garantizarán los derechos invocados en
protección por la parte accionante.
Como consecuencia de lo anterior, se dejarán sin efectos los autos del
26 de agosto y del 11 de octubre de 2022 proferidos por el despacho
016 del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento radicado bajo el número 05001-23-33-000-
2021-02133-00 y se ordenará a la autoridad judicial accionada que en
un término no mayor a diez (10) días luego de la notificación de la
presente providencia, profiera una nueva decisión respecto a la solicitud
presentada por el compañero permanente del accionante en la que
adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos al debido
proceso y defensa del señor Julio César Padilla Pérez teniendo en cuenta
las circunstancias especiales en las que se encuentra, debidamente
probadas en el proceso referido.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto la Sección Tercera, Subsección “A” de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 16 de diciembre de 2022
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que negó el amparo solicitado y en su
lugar,
SEGUNDO. AMPARAR los derechos al debido proceso y de defensa
del señor Julio César Padilla Pérez, quien actúa a través
de agente oficioso, por los motivos manifestados en este
fallo, en consecuencia,
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS los autos del 26 de agosto y del
11 de octubre de 2022 proferidos por el despacho 016
del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento radicado bajo el
número 05001-23-33-000-2021-02133-00.
CUARTO. ORDENAR al despacho 016 del Tribunal Administrativo
de Antioquia que, en un plazo no superior a diez (10) días
contados a partir de la ejecutoria de este fallo, profiera
una nueva decisión respecto a la solicitud presentada por
el compañero permanente del accionante en la que
adopte las medidas necesarias para garantizar los
derechos al debido proceso y defensa del señor Julio
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César Padilla Pérez teniendo en cuenta las circunstancias
especiales en las que se encuentra, debidamente
probadas en el proceso referido, conforme las pautas a
que se ha hecho referencia en la parte motiva de esta
sentencia.
QUINTO. LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí
contemplados.
SEXTO. Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia, REMITIR el expediente a la Honorable
Corte Constitucional para su eventual revisión.
SÉPTIMO. REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintisiete (27) de febrero de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
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