Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06201-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06201-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
27 de enero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06201-00
Accionante: Gladys Muñoz de Bustillo
Se declara la improcedencia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06201-00
Accionante: Gladys Muñoz de Bustillo
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela contra acción u omisión de autoridad pública / Derechos
colectivos / Se declara la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra la Presidencia de la
República de Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P., el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena – EPA, la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y la Curaduría Urbana de Cartagena No. 1 con el
objetivo de que se les ordene ampliar la capacidad del colector de aguas negras
ubicado en la avenida 7ª con calle 70 del barrio de Crespo de la ciudad de Cartagena
de Indias. La accionante solicita el amparo de sus derechos fundamentales a la vida
digna, salud, vivienda digna y medio ambiente sano.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto1, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
1 Cabe anotar que inicialmente el conocimiento de este proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Cartagena, que lo remitió a esta Corporación al considerar que el derecho de petición
presentado, así como las pretensiones de la solicitud de amparo, incumben a la Presidencia de la República.
La Sala advierte que, contrario a lo señalado por el juzgado, las pretensiones de la solicitud de amparo no se
refieren a la Presidencia de la República. No obstante, en aras de no dilatar el proceso y teniendo en cuenta el
principio de economía y celeridad, así como la informalidad de la acción de tutela, se procedió a tramitar la
solicitud de amparo.
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Accionante: Gladys Muñoz de Bustillo
Se declara la improcedencia
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 22 de noviembre de 2022 la señora Gladys Muñoz de Bustillo interpuso –en
nombre propio– una acción de tutela contra la Presidencia de la República de
Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Aguas de Cartagena
S.A. E.S.P., el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el Establecimiento Público
Ambiental de Cartagena – EPA, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Curaduría Urbana de Cartagena No. 1 para obtener la protección
de sus derechos fundamentales a la vida digna y salud vulnerados, en su concepto,
por no haberse tomado las medidas necesarias para ampliar la capacidad del
colector de aguas negras ubicado en la avenida 7ª con calle 70, que permanece
constantemente colapsado y vierte aguas residuales cerca de su vivienda.
2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:
<<PRIMERO: Que se tutele mi derecho fundamental a la vida en condiciones de
dignidad, mi derecho fundamental a la salud, mi derecho fundamental a la vivienda
digna, al medio ambiente sano, a mi derecho fundamental a no estar expuesta a
olores nauseabundos, ni a amenazas a la salud o a enfermedades provenientes del
entorno ambiental y demás que su señoría considere vulnerados.
SEGUNDO: Que como consecuencia del anterior amparo, se ordene a la
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE; AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P; DISTRITO
TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA; ESTABLECIMIENTO PUBLICO
AMBIENTAL DE CARTAGENA EPA; SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS y CURADURIA URBANA DE CARTAGENA, a acometer la ampliación
de la capacidad del colector de aguas negras ubicado a la altura de la Avenida 7ª
con calle 70 del barrio de Crespo, que se encuentra permanente colapsado y
vertiendo aguas negras hacia la calle ubicada en la Avenida 7ª del Barrio de Crespo
con dirección hacia el parque lineal donde resido y en general a tomar todas las
medidas que sean necesarias para hacer cesar el permanente desbordamiento de
las aguas negras que se presentan en el señalado colector, tales como canalización
de aguas pluviales, para que de esta forma cese la amenaza contra mi derecho a la
vida y a la salud>>.
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Accionante: Gladys Muñoz de Bustillo
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B. Hechos
3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- Actualmente vive en la avenida 7ª con calle 67 de la ciudad de Cartagena.
3.2.- Durante los últimos cinco años ha tenido que padecer el desbordamiento de
aguas negras frente a su vivienda, sin que las autoridades competentes hayan
adoptado alguna medida para resolver la situación. Los desbordamientos se deben
a que el colector de aguas ubicado en la avenida 7ª con calle 70 no tiene capacidad
suficiente para canalizar las aguas.
3.3.- La situación ha empeorado en los últimos meses y sostiene que puede llegar
a agudizarse aún más, una vez se establezca la conexión al sistema de
alcantarillado para el proyecto inmobiliario Cartagena Beach, ubicado en la avenida
7ª No. 67-77. Ello, en la medida de que ese proyecto abarca 564 apartamentos, lo
cual ejercerá una mayor presión en el ya colapsado colector de aguas de la avenida
7ª con calle 70. Añade que, según se enteró, la conexión de ese proyecto al sistema
de alcantarillado consistirá simplemente en la extensión de una línea adicional hasta
el colector de aguas, sin que se prevea la ampliación de este último.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- La accionante alega que los constantes desbordamientos generan olores
nauseabundos en su lugar de residencia, que ponen en riesgo su salud y las
condiciones de una vida digna. Señala que tiene más de 90 años, por lo que es una
persona sujeta a una especial protección constitucional. Además, por su avanzada
edad su salud ha quedado especialmente expuesta y ha sufrido problemas en sus
vías gástricas y respiratorias, náuseas y diarrea, entre otras afectaciones.
4.1.- Reprocha que Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (Aguas de Cartagena) y el
Distrito de Cartagena han dado respuestas contradictorias a la problemática y han
atribuido a la otra la competencia para atender el problema.
4.2.- La primera, mediante oficio PQR-2021-1506-14363 de 2021, explicó que el
sistema de alcantarillado de la ciudad de Cartagena es de tipo separado, es decir,
que existe un sistema para la recolección de aguas servidas y otro para las aguas
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pluviales. Así, Aguas de Cartagena únicamente se encarga de la canalización de
aguas servidas provenientes de las viviendas de la ciudad, mientras que el sistema
de las aguas pluviales corresponde al Distrito. Sostuvo que los desbordamientos
denunciados son causados por las precipitaciones durante las temporadas de
lluvias, lo cual excede su ámbito de injerencia.
4.3.- Por otro lado, a través del oficio No. AMC-OFI-0090498-2022 de 2022, el
Distrito aclaró que, a petición de la actora, envió a un ingeniero para que practicara
una visita técnica en el lugar de los desbordamientos. El distrito concluyó que la
accionante debía remitirse a Aguas de Cartagena <<a efectos de que tome las
acciones tendientes a solucionar la problemática>> puesto que esa empresa es la
<<competente para la vigilancia, mantenimiento y operación del sistema de
alcantarillado>> en la ciudad de Cartagena.
4.4.- También reprocha que el proyecto inmobiliario Cartagena Beach obtuvo la
licencia de construcción (Resolución No. 0833 de diciembre 28 de 2018 expedida
por la Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena), sin que se contara con un certificado
de impacto urbanístico.
4.5.- Indicó que en la sentencia T-198 de 2016, la Corte Constitucional precisó que
el acceso a un sistema de alcantarillado adecuado constituye uno de los elementos
del derecho a una vivienda digna, el cual goza de protección constitucional y ha sido
reconocido en numerosos tratados de derechos humanos suscritos por el Estado
colombiano.
4.6.- Además, sostiene que la Corte Constitucional ha establecido que la acción de
tutela es procedente e idónea para salvaguardar derechos fundamentales cuando
estos dependan de la protección de derechos colectivos, como podría ser el caso.
En efecto, en la sentencia T-107 de 2015 la Corte reiteró su línea jurisprudencial
frente al derecho a <<no estar expuesto a olores nauseabundos, ni amenazas a la
salud>> provenientes del entorno ambiental:
4.1. Este Tribunal ha fijado diferentes reglas para la protección de derechos
fundamentales como la salud, la vida en condiciones dignas, el medio ambiente, la
integridad personal, la intimidad, entre otros, cuando estos son afectados por la
emisión de olores nauseabundos e intolerables para las personas. Tales reglas
fueron sintetizadas en la sentencia T-661 de 2012 de la siguiente manera: (i) La
acción de tutela es un mecanismo adecuado para solicitar la protección efectiva de
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estos derechos, a la luz de un problema que en principio debería tramitarse por
medio de la acción popular, en razón a que se está en presencia de una amenaza
para las personas que sufren el daño ambiental o que inhalan los malos olores de
forma involuntaria. (ii) La otra constante de estos casos es la negligencia de las
autoridades administrativas, urbanísticas, sanitarias y de policía en la investigación
y control de las respectivas emisiones (…)
Y precisó que las fórmulas de reparar las vulneraciones aludidas dependerán de
cada caso, sin que ello signifique que el juez de tutela no esté autorizado para
impartirlas. Por el contrario, “tiene el deber de hacerlo, y no resulta razón suficiente
para esto la supuesta exclusividad del juez popular para estos asuntos>>.
4.7.- Por último, invoca la sentencia SU-1116 de 2001, en la cual se fijaron los
parámetros para que proceda la acción de tutela en casos que involucran la
protección de derechos colectivos:
<<Para que la tutela proceda y prevalezca en caso de afectación de un interés
colectivo, es necesario (i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho
colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el
daño o la amenaza del derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa
de la perturbación del derecho colectivo". Además, (ii) el peticionario debe ser la
persona directa o realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de
tutela es de naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho
fundamental no deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente
probadas en el expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el
restablecimiento del derecho fundamental afectado, y "no del derecho colectivo en
sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un
derecho de esta naturaleza." (…) es además necesario, teniendo en cuenta el
carácter subsidiario y residual de la tutela, que en el expediente aparezca claro que
la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el
derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho>>.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Presidencia de la República de Colombia (accionada) alega que carece de
legitimación en la causa por pasiva porque no ha vulnerado ni amenazado los
derechos fundamentales de la accionante. Sostiene que carece de competencia
para adoptar las medidas solicitadas en las pretensiones de la acción, lo cual
corresponde al Distrito de Cartagena, pues los entes territoriales son los
competentes para asegurar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en
su respectiva jurisdicción.
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6.- Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. (accionada) se opone a las pretensiones de la
acción de tutela, pues no existe acción u omisión que represente una vulneración
de derechos fundamentales por parte de esta. Informa que en la visita de campo
realizada al lugar indicado por la accionante no se advirtió ninguna obstrucción ni
rebose en el sistema de alcantarillado. Ahora bien, el sistema puede quedar
obstruido por el mal uso de los usuarios, lo cual no puede ser atribuido a Aguas de
Cartagena. Aclara que el sistema de alcantarillado en Cartagena es separado, pues
existe un sistema de aguas sanitarias y otro de aguas pluviales. Así, Aguas de
Cartagena únicamente es responsable de mantener el sistema de aguas sanitarias,
mientras que el de aguas lluvias corresponde al Distrito.
7.- La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (accionada) indica que
no le constan los hechos de la tutela, pues no ha recibido ninguna queja o solicitud
relacionada con los supuestos narrados por la accionante. Aclara que no es
responsable directa de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, pues
únicamente puede pronunciarse frente a los casos que son puestos en su
conocimiento de forma previa. Por lo tanto, carece de legitimación en la causa por
pasiva porque no ha vulnerado los derechos de la parte actora, y aseguró que la
prestación del servicio corresponde a la empresa encargada de ello. Añade que no
tuvo injerencia en la <<suspensión del servicio>>, lo cual no corresponde a lo
narrado por la accionante.
8.- El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena (accionado) solicita que se nieguen
las pretensiones de la acción. Sostiene que existen varias acciones de tutela iguales
a las presentadas por la accionante, con identidad en los presupuestos y
pretensiones, y en las que únicamente varía la parte actora, por lo que cabría
acumular los procesos. A partir de lo anterior, concluye que lo pretendido por la
accionante y los otros actores es realmente la protección de derechos colectivos, lo
cual no puede resolverse mediante la acción de tutela, sino por medio de una acción
popular. En ese sentido, las obras de ampliación en el colector de aguas que
pretende la parte actora beneficiarían a toda la comunidad y no solo a la accionante,
por lo que la tutela no es el mecanismo idóneo para tramitar los reparos planteados,
máxime cuando no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
8.1.- Añade que el desbordamiento de las aguas no se daría a causa de las aguas
pluviales, por lo que carece de competencia para resolver las pretensiones. En
cambio, la legitimación en la causa por pasiva es de la empresa Aguas de
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Cartagena, que es el ente jurídico que suscribe los contratos de servicios públicos
con los usuarios y debe velar por la calidad de la prestación.
8.2.- Por su parte, el Distrito ha atendido las peticiones de la actora en el marco de
sus competencias, por lo que no ha vulnerado ninguna de sus garantías
constitucionales. Además, la solicitud de amparo se fundamenta, en buena medida,
en hechos futuros y eventuales, como la supuesta sobrecarga que generaría el
proyecto Cartagena Beach en el sistema de recolección de aguas: la accionante no
aportó ninguna prueba que demostrara la afectación concreta y actual de sus
derechos fundamentales.
8.3.- Por último, sostiene que este mecanismo judicial no puede ser utilizado para
ordenar la ejecución de obras de infraestructura.
9.- El Establecimiento Público Ambiental de Cartagena - EPA (accionado) alega que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. Informa que la actora
presentó una petición relacionada con los hechos planteados en la acción de tutela
y que dicha petición se resolvió en término.
9.1.- En la respuesta a la petición en cuestión indicó que el 23 de noviembre de
2022 se realizó una visita en el lugar de los hechos y profirió el concepto técnico
No. 2016 del 24 de noviembre de 2022. En ese concepto advirtió que <<no se logró
evidenciar el vertimiento y/o desbordamiento de agua residual doméstica>>. No
obstante, se observó que el estado irregular de la vía y los defectos en su superficie
(desprendimientos, hendiduras, entre otros) serían la causa del estancamiento de
aguas residuales cuando llueve. Por ello, concluyó que debía oficiarse a la
Secretaría de Infraestructura del Distrito para que interviniera esa calle.
9.2.- Igualmente señala que hay otros procesos que se adelantan bajo los mismos
fundamentos, identificados con los radicados No. 13001-31-04-008-2022-00111-00,
No. 13001-33-33-012-2022-00405-00, No. 13001-31-04-006-2022-00107-00 y No.
13001-31-05-001-2022-00352-00 y que el mecanismo ordinario para tramitar lo
pretendido es la acción popular, dado que no se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable.
10.- La sociedad DGRD INVERSIONES S.A.S. (tercero con interés) acude al
proceso en calidad de promotora del proyecto Cartagena Beach. Alega que la
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solicitud de amparo es improcedente por falta de subsidiariedad, ya que la
protección de los derechos colectivos debe pretenderse mediante la acción popular
y, además, no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permita
acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio. Prueba de lo anterior es
que se han presentado varias tutelas similares.
10.1.- Aunque la accionante también invoca la protección de derechos
fundamentales particulares, como el de la salud y la vida digna, lo cierto es que no
aportó ninguna prueba que permita inferir la vulneración de esas garantías, tales
como certificaciones médicas que acrediten las afectaciones a su salud y si las
mismas son consecuencia de las omisiones alegadas en el escrito de tutela.
10.2.- También informa que el 4 de octubre de 2022 suscribió dos convenios con la
empresa Aguas de Cartagena a efectos de realizar las obras que permitan la
conexión del edificio Cartagena Beach con el sistema de alcantarillado. Lo anterior,
mediante obras a realizar en la calle 65 del barrio Canapote y en la carrera 7 con
calle 70 del barrio Crespo. Sostiene que esos convenios pretenden garantizar la
prestación efectiva de los servicios públicos, sin afectar a los usuarios existentes.
10.3.- Por otro lado, señala que Aguas de Cartagena suscribió un contrato para la
gestión integral de los servicios de acueducto y alcantarillado con el Distrito de
Cartagena y en el cual se acordó (cláusula 20) que la Administración asumía el
deber de planear y construir las obras necesarias para la expansión y mejora del
servicio público.
11.- La Curaduría Urbana de Cartagena No. 1 y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible (accionados) fueron debidamente notificados; no obstante,
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
12.- En esta providencia, la Sala (i) declarará la improcedencia de la acción de tutela
por falta de subsidiariedad]; (ii) desvinculará a la Presidencia de la República debido
a que las alegaciones y pretensiones de la solicitud de amparo escapan a la órbita
de sus competencias; (iii) negará la solicitud de desvinculación de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena pues, aunque se declara la improcedencia de la acción de
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Se declara la improcedencia
tutela en esta instancia, los hechos y pretensiones alegados sí pueden incumbir al
marco de sus competencias, por lo que es necesaria su comparecencia en el
proceso mientras este sigue su trámite.
12.1.- Según el artículo 86 de la Constitución Política, la tutela contra providencia
judicial tiene un carácter subsidiario. Esto implica que no puede ser interpuesta de
manera directa cuando existan otros mecanismos ordinarios de defensa de los
derechos fundamentales.
12.2.- De igual forma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone que:
<<Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no
procederá: (…)
3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior
no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable. (…)>>.
12.3.- La acción de tutela pretende que se ordene la ampliación de la capacidad de
un colector de aguas residuales ubicado en la ciudad de Cartagena y cuya falta de
capacidad estaría generando desbordamientos y malos olores. Toda la situación
implicaría una vulneración al derecho a un ambiente sano, así como a los derechos
fundamentales particulares a la salud, vida y vivienda digna de la actora.
12.4.- Si bien es cierto que la Corte Constitucional ha aceptado la procedibilidad
excepcional de la acción de tutela cuando la protección de un derecho fundamental
depende de un derecho colectivo, la Sala considera que en este caso no se cumplen
los requisitos para superar el requisito de subsidiariedad. En la sentencia SU-1116
de 2001, citada por la parte actora, se señala, entre uno de los requisitos para
tramitar la acción de tutela en estos casos, que <<(iii) la vulneración o la amenaza
del derecho fundamental no deben ser hipotéticas, sino que deben aparecer
expresamente probadas en el expediente>>.
12.5.- Al respecto, no se advierte una prueba fehaciente de la vulneración de los
derechos fundamentales de la accionante que permita acudir a la acción de tutela
como mecanismo judicial para velar por sus intereses: la actora no allegó prueba
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alguna de las afectaciones de salud que alega o siquiera de la edad que afirma
tener.
12.6.- Además, tampoco se demostraron las razones por las cuales la acción
popular no sería idónea para resolver el caso concreto, lo que corresponde a otro
de los requisitos previstos en la sentencia señalada.
12.7.- En este caso, la Sala considera que la acción popular es el mecanismo
adecuado para tramitar las pretensiones de la actora.
12.8.- Además, en este caso no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable
que permita conceder la acción de tutela como mecanismo transitorio: las
afirmaciones de la solicitud de amparo no fueron demostradas y se fundan en un
hecho hipotético, como el eventual empeoramiento de la situación por la conexión
al sistema de alcantarillado de un nuevo edificio, sin que exista prueba de la causa
misma de los desbordamientos de aguas residuales. Tampoco se demostró la
situación de salud o la edad de la accionante, por lo que no es posible determinar
si es un sujeto de especial protección.
12.9.- Finalmente, varias de las autoridades accionadas sostuvieron que otras
personas que residen en el lugar donde se estarían generando los desbordamientos
interpusieron acciones de tutela similares. Sin embargo, no se aportaron los escritos
de tutela respectivos, de forma que la Sala no pudo analizar si la acumulación de
procesos en el despacho judicial que primero avocó conocimiento era viable.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela por falta de
subsidiariedad.
SEGUNDO: DESVINCÚLASE a la Presidencia de la República por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Accionante: Gladys Muñoz de Bustillo
Se declara la improcedencia
TERCERO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación de la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios y del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
SEXTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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