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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06240-01

Tutela contra providencias judiciales: se satisfacen las causales genéricas

Fecha
8 de mayo de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06240-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Revocar la sentencia del 27 de febrero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la información pública del señor Hermann Gustavo Garrido Prada. SEGUNDO. Dejar sin efectos la providencia dictada el 27 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, autoridad judicial que, en el término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, deberá proferir una nueva decisión de reemplazo en la que se tenga en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06240-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

8 de mayo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Se satisfacen las causales genéricas
para su examen en la forma señalada por el a quo / DEFECTO SUSTANTIVO - Se configura
por cuanto la autoridad judicial accionada hizo una interpretación irrazonable de la reserva
para el acceso a información pública, con lo cual limitó de manera injustificada el ejercicio de
ese derecho.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por el accionante contra la sentencia del
27 de febrero de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 23 de noviembre de 2022, el señor Hermann Gustavo Garrido Prada interpuso
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primero,
Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a
la información pública, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso,
con ocasión de la providencia dictada el 27 de octubre de 2022, en la que se resolvió
el recurso de insistencia con radicado 25001-23-41-000-2022-01260-00. Formuló las
siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1
Se advierte que, el 12 de abril de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL
DEBIDO PROCESO.
SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la sentencia del H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN
A, emitida el veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022), dentro del
RECURSO DE INSISTENCIA Exp. No. 25000-23-41-000-2022-01260-00, con
ponencia del H. Magistrado FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA, y en su lugar,
ordenar que el plazo de 10 días se profiriera la providencia de reemplazo, en la
cual se INTERPRETE adecuadamente el artículo 31 de la Ley 909 de 2004, vale
decir, sin hacer extensiva la reserva a otras materias no contempladas por el
Legislador, como lo serían los EJES TEMÁTICOS que sirven de insumo para
elaborar las PRUEBAS ESCRITAS en los concursos de méritos adelantados por
la CNSC.

1.2. Hechos

Del escrito de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Hermann Gustavo Garrido Prada solicitó a la Comisión Nacional del Servicio
Civil – CNSC, entre otros puntos, (i) que le informaran cuáles eran los ejes temáticos
suministrados por el municipio de El Copey, Cesar, y la propia CNSC como insumo
para el concurso de méritos de la Convocatoria 1268 de 2019, y (ii) que se le
entregaran los documentos de trabajo coordinado entre aquellas entidades, en los que
constara la definición de tales ejes.

La CNSC negó la petición porque consideró que, de acceder a lo pretendido por el
actor, se vulneraban los principios de «confidencialidad y resguardo de la
información»; también porque los ejes temáticos fueron publicados
(https://www.foxisco.com/consulta_ejes_tematicos/) en la guía de orientación al
aspirante, cuya consulta es exclusiva para los participantes admitidos, calidad que no
ostenta el peticionario.

Por lo anterior, el señor Garrido Prada interpuso recurso de insistencia, con
fundamento en que se trataba de información pública que debía ser suministrada por
la entidad y que la respuesta no se fundó en una norma legal que diera cuenta de la
reserva.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, al que
correspondió conocer del recurso de insistencia, mediante providencia del 27 de
octubre de 2022 resolvió: «DECLÁRASE bien denegada la solicitud de información
que formuló HERMANN GUSTAVO GARRIDO PARRA en el numeral 12 del derecho

2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

de petición que radicó ante la Comisión Nacional del Servicio Civil».

1.3. Argumentos de la tutela

El señor Hermann Gustavo Garrido Prada sostuvo que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto sustantivo por interpretación errónea o irrazonable del artículo
31 de la Ley 909 de 2004, toda vez que la reserva que allí se consagra se refiere a las
pruebas que se aplicarán para efectos del concurso, y no a los ejes temáticos
suministrados como insumo para la convocatoria.

Afirmó que el Tribunal estableció por «vía jurisprudencial» una reserva no
contemplada por el legislador, para el que sólo se encuentra restringido el acceso a
las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección, y no a los ejes
temáticos.

Señaló que extender la reserva a materias no definidas en el artículo 31 de la Ley 909
de 2004 desconoce el precedente judicial contenido en la sentencia C-037 de 1996,
en la que la Corte Constitucional, respecto de las pruebas en los concursos de méritos
para cargos en la Rama Judicial, precisó que aquella se refiere a los exámenes que
se van a practicar.

Finalmente, relacionó algunas providencias de la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en las que solicitó la misma información
respecto de otros municipios y se acogieron las peticiones en el marco del recurso de
insistencia.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 28 de noviembre de 2022, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela contra la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como parte
demandada, y ordenó vincular a la Comisión Nacional del Servicio Civil, como tercero
con interés.

2.1. La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca expuso que la tutela no puede ejercerse para provocar decisiones
adicionales a las dictadas por los jueces de conocimiento.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

En cuanto al defecto sustantivo alegado, dijo que la reserva de los ejes temáticos se
encuentra en la ley, puesto que se trata del insumo para la construcción de las
pruebas, amén de que la información es de público conocimiento para los admitidos
en el proceso de selección, los cuales pueden consultarla a través de la plataforma
con el usuario y clave de acceso; que, además, como el accionante no ostenta dicha
condición, «existe una restricción al derecho fundamental al acceso a la información
pública con sustento en la ley».

2.2. La CNSC expuso que la tutela debía declararse improcedente, toda vez que el
demandante no acreditó la «ocurrencia de un fraude que se hubiere presentado en el
trámite» del recurso de insistencia.

De otra parte, insistió en que lo pretendido por el actor «vulnera el principio de
confidencialidad y resguardo de la información, en virtud a que dicha información solo
debe ser conocida por las personas que necesitan conocerla y que han sido
autorizadas para ello».

Finalmente, señaló que los ejes temáticos son el componente que sirve de sustento a
la construcción de las pruebas, y que no se dejaron de publicar, sino que el acceso
sólo está autorizado para los aspirantes admitidos.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante fallo del 27 de
febrero de 2023, negó la solicitud de amparo2.

Como sustento de la decisión, el a quo, luego de dar por satisfechos los requisitos
generales de procedencia de la tutela, sostuvo que no se configuró el defecto
sustantivo alegado, puesto que fue acertado el razonamiento del Tribunal, en cuanto
a que la reserva legal consagrada en el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de
2004, es extensible a los ejes temáticos porque son el insumo con el que se
construyen y diseñan las pruebas escritas; temas a los que tienen acceso las
personas admitidas en el proceso de selección, condición que, de hecho, no fue
acreditada por el demandante.

2
Según consta en auto del 7 de febrero de 2023, el proyecto inicial elaborado por el consejero Alberto
Montaña Plata fue derrotado en sesión de sala del 27 de enero de 2023, por lo cual pasó al magistrado
que seguía en turno. El ponente inicial salvó el voto.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

4. Impugnación

La parte actora impugnó el fallo de primer grado. Como sustento, afirmó que el a quo
no tuvo en cuenta la sentencia C-037 de 1996, en la que se estudió la
constitucionalidad de la reserva de las pruebas para los concursos de aspirantes a
servidores judiciales; tampoco la sentencia C-872 de 2003, que analizó el derecho de
los terceros de acceder a la información pública como un mecanismo para ejercer el
control sobre la gestión pública.

Cuestionó que no se hubiese pronunciado sobre la violación del derecho a la
igualdad, dado que en la tutela se relacionaron otros recursos de insistencia
originados en hechos similares, en los que la Subsección B de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las solicitudes de acceso a los
ejes temáticos de otros concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Señaló que la providencia impugnada hizo una interpretación irrazonable del artículo
31 de la Ley 909 de 2004, con lo cual, de paso, desconoció el parágrafo del artículo
25 de la Ley 1437 de 2011, que prohíbe extender la reserva legal a piezas que no
estén cobijadas por dicha limitación.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 27 de febrero de 2023 por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio del cual se negó la solicitud de amparo.

Para ello, en los términos de la impugnación presentada, se examinará si el a quo erró
en su razonamiento al desestimar el defecto sustantivo alegado y si, como
consecuencia de ello, se deben amparar o no los derechos fundamentales reclamados
en la tutela, con ocasión de la providencia dictada el 27 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, en el
trámite del recurso de insistencia con radicado 2500-23-41-000-2022-01260-00.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

La Sala se relevará de hacer un estudio detallado de los requisitos generales de
procedencia de tutela, toda vez que comparte el análisis que de ellos se hizo en el
fallo impugnado.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela

Como se anticipó al delimitar el problema jurídico, esta Sala comparte los argumentos
del a quo, en los que sostiene que se cumplieron los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, esto es, la subsidiariedad, por la
inexistencia de otros medios para discutir los elementos propuestos; el de inmediatez,
porque la tutela se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la
providencia cuestionada; el de relevancia constitucional, porque se cumplió con la
carga argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a argumentos para
suscitar una instancia adicional y, finalmente, porque no se está cuestionando otra
sentencia de tutela.

2.2 Del acceso a la información pública y sus limitaciones

El acceso a la información pública es un derecho fundamental consagrado en el
artículo 74 de la Constitución Política, que permite a todas las personas solicitar,
obtener o acceder a información, documentos y, en general, a todo tipo de datos que
reposen en las autoridades, a menos que el legislador consagre sobre alguno de ellos
una restricción o prohibición expresa que limite el ejercicio de este derecho3.

Esta prerrogativa se encuentra íntimamente relacionada con el derecho a la
información (artículo 204 constitucional) y es una especie dentro del género del

3
En la sentencia C-951 de 2014, la Corte Constitucional señaló que «ningún derecho fundamental es
absoluto y, en tal sentido se encuentra limitado por otros, lo que comporta un desarrollo específico de
lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución, en la medida en que establece que el derecho de
acceso a la información sólo puede ser restringido en unas hipótesis taxativamente señaladas en la
Constitución y en la ley».
4
«ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

derecho de petición (artículo 235 superior), amén de su vinculación con el ejercicio de
los derechos civiles y políticos que suponen la garantía de «participar en la
conformación, ejercicio y control del poder político» (artículo 40 de la Constitución
Política).

Sobre este particular, la jurisprudencia constitucional ha señalado que «[n]o obstante
esa conexión axiológica entre los derechos de petición, de información y de acceso a
los documentos públicos, cada derecho tiene una entidad propia y un contenido
autónomo discernible»6. Particularmente, en cuanto al derecho de acceso a la
información pública ha destacado tres funciones:

(i) «[G]arantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos
políticos»7, toda vez que fortalece la formación ciudadana y contribuye a formar
un ciudadano «activo, deliberante, autónomo y crítico”8 que pueda ejercer un
debido control de la actividad del Estado.”9»10.
(ii) Sirve de instrumento para ejercer otros derechos constitucionales, en la medida
que «que permite conocer las condiciones necesarias para su realización»11,
de esta forma el interesado puede exigir y asegurarse de que «que las
autoridades y agencias estatales expliquen públicamente las decisiones
adoptadas y el uso que le han dado a poder que han delegado en ellos los
ciudadanos»12.
(iii) Garantiza la transparencia de la gestión pública y se constituye en un
mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal.

En suma, el derecho de acceso a la información pública es una importante
herramienta y garantía de los asociados para informarse, participar en el control del
poder público y servir de instrumento para el ejercicio de otros derechos. Dicho de otra
forma: este derecho es «un mecanismo esencial para la satisfacción de los principios
de publicidad y transparencia de la función pública e instrumento esencial para
salvaguardar a las personas de la arbitrariedad estatal»13.

5
«ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades
por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales».
6
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
7
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
8
Cita original de la providencia: C-053 de 1995, (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
9
Cita original de la providencia: C-957 de 1999, (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
10
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
11
Ibidem.
12
Ibidem.
13
Ibidem.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
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Entre otras disposiciones, las Leyes 1712 de 2014 y 1437 de 2011 —sustituida en lo
pertinente por la Ley 1755 de 2015— consagran unas excepciones al derecho de
acceso a la información pública, precisamente porque al tratarse de un derecho
fundamental relacionado con diferentes principios constitucionales, las restricciones
para su ejercicio deben estar previstas expresamente en la ley. Por tanto, no es
casualidad que la jurisprudencia constitucional sostenga que «las limitaciones que se
le impongan se encuentran sometidas a exigentes condiciones constitucionales y el
juicio de constitucionalidad de cualquier norma que los restrinja debe ser en extremo
riguroso»14.

La Corte Constitucional, refiriéndose al acceso a la información pública en materia
de concursos de mérito, señaló que «la Ley 1755 de 2015, determinó que, por regla
general, toda información es pública y de libre acceso para los ciudadanos.
Asimismo, previó que, excepcionalmente y por motivos de reserva, se puede limitar
―e incluso negar― el acceso a cierto tipo de información»15.

Así pues, la reserva es una limitación constitucionalmente razonable al derecho de
acceso a la información pública; sin embargo, no es un fin en sí mismo, sino un medio
para alcanzar otros principios constitucionales superiores a los del derecho limitado.
Por esta razón, la restricción debe tener una consagración normativa expresa, por lo
cual corresponde al legislador ponderar los intereses constitucionales en pugna y
determinar los eventos en los cuales este derecho debe ceder ante otros fines
constitucionales. De allí que, «donde quiera que no exista reserva legal expresa debe
imperar el derecho fundamental de acceso a la información» y «las normas que
limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera
restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada16»17.

En resumen, las limitaciones al derecho de acceso a la información pública gozan de
reserva legal, por ende, (i) el legislador debe señalar expresamente las restricciones,
y (ii) la autoridad tiene la carga de motivar la decisión que niega una solicitud sobre la
información reservada. Dicha decisión debe contener el fundamento legal de la

14
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
16
Cita original de la providencia: A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación
del servidor público de motivar la decisión que niega el acceso a un documento público y tal motivación
debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley que se explican en la presente
sentencia. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva. Por esta
vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. Cfr.
Sentencia T-074 de 1997. La exigencia de motivación se encuentra adicionalmente en las normas
legales sobre la materia.
17
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

8

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reserva y, de ser necesario, un riguroso examen de que lo pretendido por el interesado
se ajusta al supuesto de hecho previsto en la norma. De esta manera se garantiza
que no extiendan los límites a campos no contemplados en la ley, al tiempo que se
evita que la autoridad determine discrecionalmente qué información tiene el carácter
reservado o no.

De allí la importancia del recurso de insistencia18 como un instrumento de control
judicial para que el juez examine si la negativa de la autoridad se ajusta a las
previsiones del legislador y a la doctrina constitucional sobre el acceso y los límites a
la información pública.

Por último, conviene señalar que la Corte Constitucional ha sintetizado los principios
rectores del derecho de acceso a la información pública y algunas de sus limitaciones,
así:

m. En síntesis, los principios rectores de acceso a la información, como fueron
sistematizados en la sentencia C-274 de 2013 son:

• Máxima divulgación, lo cual implica que el derecho de acceso a la información
debe ser sometido a un régimen limitado de excepciones.

• Acceso a la información es la regla y el secreto la excepción, toda vez que como
todo derecho no es absoluto, pero sus limitaciones deben ser excepcionales,
previstas por la ley, tener objetivos legítimos, ser necesarias, con estricta
proporcionalidad y de interpretación restrictiva.

• Carga probatoria a cargo del Estado respecto de la compatibilidad de las
limitaciones con las condiciones y requisitos que debe cumplir la reserva.

• Preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de
normas o de falta de regulación.

• Buena fe en la actuación de las autoridades obligadas por este derecho, de tal
manera que contribuya a lograr los fines que persigue, su estricto cumplimiento,
promuevan una cultura de transparencia de la gestión pública y actúen con
diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

n. De acuerdo con el Principio 8 de los denominados Principios de Lima
(noviembre 16 de 2000) formulados en una declaración conjunta de los Relatores
para la Libertad de Expresión de la ONU y la OEA y presidentes de las sociedades
de prensa de varios países europeas y americanas, acogidos por la jurisprudencia
constitucional 19 , las restricciones al derecho de acceso a la información que
establezca la ley deben perseguir (i) un fin legítimo a la luz de la Convención

18
El artículo 26 de la Ley 1437 de 2011, modificada por la Ley 1755 de 2015, dispone:
«ARTÍCULO 26. INSISTENCIA DEL SOLICITANTE EN CASO DE RESERVA. Si la persona
interesada insistiere en su petición de información o de documentos ante la autoridad que invoca la
reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el lugar donde se encuentren los
documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de Bogotá, o
al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se
niega o se acepta, total o parcialmente la petición formulada».
19
Cita original de la providencia: Sentencias T-511 de 2010 y C-540 de 2012.

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Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

Americana de Derechos Humanos, tales como los señalados en el artículo 13 de
la CADH; (ii) la negativa del Estado de suministrar información que le es solicitada
debe ser proporcional para la protección de ese fin legítimo y debe ser necesaria
en una sociedad democrática; (iii) la negativa a suministrar información debe
darse por escrito y ser motivada y (iv) la limitación del derecho debe ser temporal
y o condicionada a la desaparición de su causal20.

3. Caso concreto y solución del problema jurídico

De conformidad con lo que se acaba de exponer, esta Subsección se aparta del
razonamiento del fallo de primer grado, según el cual el Tribunal no incurrió en defecto
alguno al estimar bien denegada la petición del demandante respecto de los ejes
temáticos. Por el contrario, se advierte que la providencia cuestionada incurrió en un
defecto sustantivo e, incluso, en violación directa de la Constitución, dado que
interpretó de manera irrazonable el contenido de la reserva establecido en el numeral
3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, al punto de crear, en contravía de la
jurisprudencia constitucional, una causal de reserva no prevista en la ley, sin un
análisis de la proporcionalidad. Veamos por qué:

El demandante solicitó a la CNSC que le certificara «cuáles fueron los ejes temáticos
suministrados por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL COPEY la CNSC como insumo
para el concurso de méritos adelantado mediante la Convocatoria No. 1268 de 2019»
y que se hiciera entrega de «los documentos o papeles de trabajo coordinado en entre
las dos entidades públicas donde consta la definición de los ejes temáticos».

La CNSC negó la petición porque estimó que era información reservada, dado que es
el insumo con el cual se construyen las pruebas escritas a aplicar y porque, finalmente,
los aspirantes admitidos tenían acceso a los ejes temáticos. Valga señalar que en la
respuesta no se invocó expresamente la norma sobre la cual se sustentó la decisión.

Esa tesis fue avalada por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en la providencia con la que culminó el trámite
impartido al recurso de insistencia, y por el juez de tutela de primera instancia, que
negó el amparo solicitado.

En primer lugar, la Sala destaca que la CNSC en manera alguna señaló en la
respuesta al peticionario el fundamento normativo que diera cuenta de por qué se
negó el acceso a la información solicitada, con lo cual desconoció de manera clara el

20
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014. M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06240-01
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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

mandato previsto en el artículo 25 de la Ley 1437 de 2011, según el cual «toda
decisión que rechace la petición de informaciones o documentos será motivada,
indicará en forma precisa las disposiciones legales que impiden la entrega de
información o documentos pertinentes».

Pero, al margen de ello y de que en sede de insistencia se hubiera analizado el
numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, luego de revisar su contenido, la Sala
constata que el raciocinio de la autoridad judicial accionada, en cuanto estimó bien
denegada la reserva, no se aviene a lo que dicha norma señala, en el sentido de que
«las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter
reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión
Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación».

En otras palabras, del examen del numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 y
de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho de acceso a la información pública
y los límites a su ejercicio, la Sala encuentra irrazonable la interpretación del Tribunal
de entender que la restricción se extiende a los ejes temáticos, cuando esa previsión
no se encuentra dentro del contenido de la disposición normativa.

Tampoco se considera de recibo la conclusión de que los ejes temáticos son la prueba
en sí misma, pues tal afirmación desconoce la naturaleza del contenido de las
preguntas de una prueba de conocimientos o competencias para el acceso a un cargo
público a través del concurso de méritos, y los componentes del examen o ejes
temático respecto del cargo o los cargos a evaluar que, a lo sumo, constituyen un
derrotero o una delimitación amplia y conceptual de las materias, áreas o temas que
serán objeto de evaluación frente a los cuales en este caso el legislador no restringió
su acceso o conocimiento. Equiparar el temario a las preguntas para establecer de allí
una restricción, es una interpretación irrazonable de la norma que desborda el alcance
en torno a los límites del derecho constitucional de acceso a la información pública.

Nótese que incluso la Corte Constitucional ha señalado que la libertad de
configuración normativa con que cuenta el legislador en estas materias no es amplia,
ni absoluta, todo lo contrario, se encuentra más bien limitado en el sentido de que las
restricciones que acoja deben ser excepcionales, «‘razonables y ajustadas a un fin
constitucionalmente admisible. La medida exceptiva de la publicidad, igualmente,
deberá analizarse en términos de razonabilidad y proporcionalidad, como quiera que

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ella afecta, según se ha anotado, un conjunto de derechos fundamentales’21»22; por
ende, el examen de constitucionalidad de esas normas tiene un control constitucional
más riguroso, a partir del test estricto.

Si ello es así, con mayor razón esa limitación encuentra eco en la interpretación que
se realice de la disposición normativa que consagre la reserva, pues la autoridad
administrativa o judicial debe ser cuidadosa de interpretarlas conforme a la
Constitución, para evitar que dependa de la voluntad o liberalidad de la entidad
destinataria establecer restricciones no previstas por la ley. Tan es así que el artículo
25 de la Ley 1437 de 2011 señala, sin ambages, que «la restricción por reserva legal
no se extenderá a otras piezas del respectivo expediente o actuación que no estén
cubiertas por ella.», con lo cual «se garantiza el libre acceso a la información estatuido
en el artículo 20 de la Constitución, pues evita que el funcionario respectivo incluya
documentos y otras informaciones que no estén cobijadas con el manto de la
reserva»23.

En todo caso, como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional, no cabe duda
de que las normas que limitan el derecho de acceso a la información «deben ser
interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente
motivada24.»25.

De suerte que la interpretación del Tribunal sobre la cláusula de reserva contenida en
el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, en lugar de restrictiva, como lo
exige la ley y la jurisprudencia, se hizo de manera amplia y extensiva, al punto que,
en el caso concreto, vació de contenido las finalidades del derecho de acceso a la
información pública, pues al negar la insistencia sobre una materia no contemplada

21
Cita original de la providencia: Sentencia C-038 de 1996. En el mismo sentido la sentencia C-527 de
2005 señaló: Mas recientemente la Corte ha reiterado que las limitaciones del derecho de acceso a la
información pública serán admisibles cuando se compruebe: (i) la existencia de reserva legal en
relación con la limitación del derecho, (ii) la necesidad que tales restricciones se sujeten a los principios
de razonabilidad y proporcionalidad y estén relacionados con la protección de derechos fundamentales
o de valores constitucionalmente protegidos, como sucede con la seguridad y la defensa nacional; y
(iii) el carácter temporal de la restricción, en la medida en que la ley debe fijar un plazo después del
cual los documentos pasan al dominio público. En el mismo sentido C-872 de 2003 y T-1029 de 2005.
22
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle.
23
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014. M.P. María Victoria Sáchica Méndez.
24
Cita original de la providencia: A este respecto la Corte ha señalado que existe una clara obligación
del servidor público de motivar la decisión que niega el acceso a un documento público y tal motivación
debe reunir los requisitos establecidos por la Constitución y la ley que se explican en la presente
sentencia. En particular debe indicar expresamente la norma en la cual se funda la reserva. Por esta
vía el asunto puede ser sometido a controles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales. Cfr.
Sentencia T-074 de 1997. La exigencia de motivación se encuentra adicionalmente en las normas
legales sobre la materia.
25
Corte Constitucional, sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa.

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en la ley como reservada, impide que los ciudadanos puedan realizar un ejercicio de
control del poder estatal, de la actividad administrativa, limita el derecho a informarse
e, incluso, desconoce el carácter instrumental de este derecho a partir del cual se
pueden obtener elementos para ejercer acciones públicas respecto de las
convocatorias para el acceso a los cargos públicos.

Este tipo de información es de clara y notoria importancia pública, tanto así que puede
y debe estar sometida a todo tipo de control; por tanto, bajo ninguna consideración
puede estimarse que la decisión información solicitada se encuentra dentro de una
legítima limitación de ese derecho.

Conviene recordar que la reserva debe tener un fin que no puede ser el de limitar por
capricho y sin sustento legal o constitucional la información. No. La restricción debe
perseguir un fin superior o constitucionalmente legítimo para que se relativice y se
oponga al derecho de acceso a la información.

En este caso, ni siquiera puede afirmarse que lo pretendido se relacione o recaiga
sobre información privada, sensible o íntima que afecte a sus titulares, que vulnera
alguna garantía de los participantes, ni muchos menos que con ello se ausculte sobre
el contenido o alcance de las preguntas objeto de la prueba. Únicamente lo que se
pretende es acceder a los ejes temáticos de la convocatoria, en relación con los
cuales, en manera alguna, se pretende la entrega de preguntas o textos que habrán
de ser objeto de evaluación.

La negativa de la entidad no se justifica ni satisface por el lógico y elemental hecho de
que a los ejes temáticos tengan acceso las personas admitidas, pues esa es apenas
una consecuencia natural de participar en la convocatoria; sin embargo, no por eso
es aceptable sostener que a terceros aparentemente ajenos al proceso de selección,
les esté vedado conocer los ejes temáticos del concurso; entre otras razones, porque
su interés bien podría estar dado en el simple hecho de informarse o, como bien podría
suceder, para hacer un control de su contenido, de la convocatoria, iniciar acciones
públicas en defensa del ordenamiento jurídico o, incluso, para satisfacer un interés
desconocido.

Que se afirme que a la información pueden acceder los concursantes admitidos
porque así lo autoriza el numeral 3 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, ni siquiera
corresponde a la realidad normativa, pues la premisa que allí se contiene se refiere a

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que la CNSC puede autorizar a algunas personas a que accedan a las pruebas en la
etapa de reclamaciones, lo que permite entrever el yerro de aplicar una autorización
limitada dirigida a un aspecto y a una fase ulterior, pues si la razón por la cual los
concursantes pueden acceder a los ejes temáticos surge de allí, no se entiende cómo
se entregó su acceso en una etapa que no es de reclamaciones.

Sin duda, la razón por la que se permite la consulta de los ejes temáticos es porque
no se trata de información reservada, no son las pruebas, y, por tanto, no se requiere
que sea en la etapa de reclamaciones, que es a lo que en realidad se refiere la norma
señalada.

En cuanto a los documentos de trabajo a partir de los cuales las entidades elaboraron
los ejes temáticos, tampoco se encuentra el fundamento o la razón por la cual el
Tribunal encontró que se tratara de información reservada. No se aprecia en la
providencia cuestionada el ejercicio de intelección o un test o juicio de
proporcionalidad en el que se hubiera analizado por qué dicha información también
se encontraba sometida a reserva. De esta forma, es claro que la providencia, además
de separarse de la interpretación constitucional, omitió resolver expresamente y en la
forma que correspondía la adecuación de la respuesta de la CNSC sobre la reserva y
la norma que le sirviera de base, con las condiciones señaladas en el artículo 25 de
la Ley 1437 de 2011, esto es, examinar si se cumplieron los presupuestos de
sustentación con la precisa identificación de la norma.

Por todo lo anterior, la Sala revocará la decisión impugnada y, en su lugar, amparará
los derechos al debido proceso y de acceso a la información pública. Como
consecuencia, dejará sin efectos la providencia dictada el 27 de octubre de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, con el
fin de que, en el término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación del
presente fallo, profiera una nueva decisión en la que decida el recurso de insistencia
promovido por el señor Hermann Gustavo Garrido Prada, según lo aquí razonado.

Lo anterior no significa que la Sala autorice el suministro de la información pretendida
o documentos que contengan los textos, preguntas o aspectos que influyen
directamente en su contenido. La valoración de esa circunstancia, como la de la
respuesta emitida por la CNSC, es la que debe ser nuevamente examinada por el
Tribunal, a partir de las consideraciones de este fallo, de las normas y de la
jurisprudencia constitucional en la materia.

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Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada
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Primera, Subsección A
Sentencia de tutela de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Revocar la sentencia del 27 de febrero de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación y, en su lugar, amparar los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la información pública del
señor Hermann Gustavo Garrido Prada.

SEGUNDO. Dejar sin efectos la providencia dictada el 27 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, autoridad
judicial que, en el término de veinte (20) días, contado a partir de la notificación de la
presente sentencia, deberá proferir una nueva decisión de reemplazo en la que se
tenga en cuenta lo señalado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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