Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06243-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06243-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06243-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06243-00
Accionante: Enrique Manuel Báez León y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Improcedencia – la parte actora no cumplió con la respectiva
carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Enrique Manuel Báez
León y otro contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y el
Tribunal Administrativo del Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 23 de noviembre de 2022, el señor Enrique Manuel Báez2 presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca y el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección B, con el fin de que se dejaran sin efectos las
sentencias de 8 de noviembre de 2019 y 23 de junio de 20223, proferidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4 que promovieron5 contra la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
2.- Dicho proceso fue iniciado con el propósito de que se declarara la nulidad del
acto administrativo por el cual se le negó la corrección de su hoja de servicios.
Solicitud que impetró porque, a pesar de permanecer 2 años, 9 meses y 11 días en
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad.
3 Notificada el 29 de julio de 2022, según consta en el expediente digital allegado en préstamo.
4 19001-23-33-000-2017-00522-01.
5 Junto con su hija Laura María Báez Romero.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06243-00
Accionante: Enrique Manuel Báez León y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, solo le computaron como
tiempo de formación 2 años.
3.- En la sentencia del 23 de junio de 2022 la Sección Segunda – Subsección B
del Consejo de Estado, confirmó la decisión adoptada por el Tribunal accionado y
negó las pretensiones de la demanda. Consideró que la situación del actor se rige
por el Decreto 1212 de 1990 (Art. 152) y el Decreto 4433 de 2004 (Art. 7), según
los cuales para efectos de la asignación de retiro y demás prestaciones sociales se
liquidará como tiempo de servicio el tiempo de permanencia en la respectiva
escuela de formación, siempre que el mismo no exceda de 2 años. Por ende,
concluyó que el acto acusado está conforme a derecho.
4.- La parte accionante señala que dicha decisión vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
comoquiera que se incurrió en un defecto material o sustantivo, por cuanto la
autoridad judicial se fundamentó en normas que no lo favorecían. Así se omitió
tener en cuenta que estaba debidamente probada su vinculación a la Policía
Nacional desde el 23 de enero de 1990 hasta el 26 de mayo de 2005, por lo que al
no tener en cuenta todo ese tiempo, se afectó el derecho que tiene a una
asignación de retiro. Aunado a ello, manifestó que al momento de su retiro su
liquidación incluyó todas las prestaciones sociales causadas durante todo ese
tiempo.
5.- Precisó que en virtud del principio de favorabilidad, se debe aplicar la Ley 55 de
1987. Por último, citó generalidades del defecto procedimental absoluto, sin
hacer alusión alguna a su caso concreto.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
6.- Mediante auto de 28 de noviembre de 20226, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela y ordenó notificar de su presentación a la autoridad
judicial demandada. Así mismo se dispuso vincular a Laura María Báez Romero y
a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional como terceros con
interés. Finalmente, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
(i) Nación – Policía Nacional7
7.- Adujo que en virtud de los Decretos 1212 de 1990 y 4433 de 2004, para
efectos de la asignación de retiro o pensión, los miembros de la Fuerza Pública y la
Policía Nacional, tienen derecho a que se computen únicamente 2 años del tiempo
de formación en escuelas, con el fin de proteger el derecho a la igualdad de
quienes no tuvieron acceso a la misma preparación bajo ese régimen castrense.
Posteriormente, sostuvo que la presente acción se torna improcedente, en la
6 Notificado el 1 y 13 de diciembre de 2022.
7 Intervención digital contenida en 6 folios.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
medida en que no existe un perjuicio irremediable causado al actor, proveniente de
las providencias enjuiciadas.
(ii) Laura María Báez Romero8
8.- Señaló que se ha visto afectada al no recibir los beneficios sociales que
brinda la institución y que la decisión censurada ha afectado sus condiciones de
vida por las deudas que su padre se ha visto obligado a adquirir para garantizar su
estudio. Concluye indicando que su padre sí cumple con el tiempo requerido por la
ley para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro, pues laboró 15 años,
4 meses y 11 días en la Policía Nacional.
II. CONSIDERACIONES
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
9.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales9. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que
se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de
manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de
tutela.
10.- Interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, supone la
presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez
constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene
un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen
temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional10.
11.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada
providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido
dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y
suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el
8 Intervención digital contenida en 3 folios.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
10 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010.
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propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales
invocados.
12.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si
una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es
necesario examinar dos elementos11:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el
que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve
la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado
por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal
ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto
que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa
la sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al
proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la
medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger
derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga
frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el
anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para
la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún
raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la
sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza
constitucional de la decisión judicial.
D. Análisis del caso concreto
13.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el escrito
de tutela, no encuentra esta Sala que la autoridad judicial accionada haya
transgredido los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
Ciertamente, una revisión de los planteamientos expuestos en la acción de tutela
permite advertir su falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa, de
manera que no se acredita el requisito de la relevancia constitucional.
14.- Como se indicó previamente, en el caso bajo examen, el accionante alegó
que el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B incurrió en un
11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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defecto material o sustantivo por cuanto decidió aplicar normas que no lo
favorecían, en lugar de la Ley 55 de 1987. Así mismo, sostiene que se ignoró que
estuvo vinculado a la entidad del 23 de enero de 1990 al 26 de mayo de 2005.
15.- Sobre el aludido cargo, se advierte la falta de carga argumentativa, toda vez
que el actor omitió precisar de manera clara la razón por la cual la Ley 55 de 1987
resulta aplicable a su caso, o por qué en esta materia se impone como norma más
favorable, aspecto que va más allá del evidente beneficio que pretende derivar de
la misma. Tampoco manifestó si las normas con las cuales fue resuelto su asunto
son inexistentes o inconstitucionales, si el juez le reconoció efectos distintos a los
otorgados por el Legislador o hizo una grave y errónea interpretación de las
mismas o, en su defecto, si se presentó una evidente y grosera contradicción entre
los fundamentos y la decisión.
16.- En relación con el defecto material o sustantivo se tiene que este se ha
caracterizado, principalmente, como la evidencia directa y conceptualmente
inteligible, de una falencia o yerro que tiene origen en el proceso de interpretación o
aplicación de las disposiciones jurídicas aplicables al caso sometido al
conocimiento del juez. Para que esa falencia o yerro conduzca a la activación
efectiva del mecanismo de amparo constitucional, debe mostrarse como una
irregularidad que se presenta sin mayores lucubraciones como obstáculo para la
efectividad de prerrogativas, garantías o derechos iusfundamentales12.
17.- A partir de las anteriores premisas, la Corte Constitucional ha identificado que
se está en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial emplea
una norma inaplicable al caso concreto, o deja de aplicar la norma adecuada o
interpreta las normas de tal manera que contrariaba la razonabilidad jurídica.
18.- Por otro lado, se ha explicado en esa misma jurisprudencia que en sentido
estricto, la configuración de este defecto puede predicarse en las siguientes
circunstancias: (i) cuando el fundamento de la decisión judicial es una norma que
no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es
inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador; (ii) cuando no se hace una interpretación razonable de la norma; (iii)
cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga
omnes; (iv) cuando la disposición aplicada es regresiva o contraria a la
Constitución; (v) cuando el ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza para
fines no previstos en la disposición; (vi) cuando la decisión se funda en una
interpretación no sistemática de la norma, es decir se trata de un grave error en la
interpretación; y, finalmente, (vii) cuando se afectan derechos fundamentales,
debido a que el operador judicial sustenta o justifica de manera insuficiente su
actuación.
12 Cfr.Sentencias SU-950 de 2014, SU-241 de 2015, SU-217 de 2016 y SU-395 de 2017 de la Corte
Constitucional.
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19.- En ese contexto, no basta con que el accionante enuncie los derechos
presuntamente vulnerados y el defecto en que, a su sentir, incurrió la autoridad
accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener una carga
argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y motivos
que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho y,
se debe argumentar los motivos de la presunta vulneración.
20.- Así las cosas, debe recordarse que, por oposición al principio de informalidad
que caracteriza a la acción de tutela, cuando esta se formula contra providencias
judiciales, es necesario que quien reclama la protección iusfundamental no sólo
señale los derechos que estima afectados, sino que identifique con cierto nivel de
detalle en qué consiste la violación que le atribuye al pronunciamiento judicial y
demuestre de qué forma aquel se aparta del ámbito del derecho o incurre en una
actuación abusiva contraria al ordenamiento jurídico, no sólo por la materialidad de
la decisión y sus implicaciones, sino por las razones y fundamentos que la
sustentan.
21.- De no ser así, toda providencia judicial que desestima una demanda o
accede a las pretensiones, materialmente sería transgresora de los derechos
fundamentales de la parte vencida, asunto que, a no dudarlo, cuestionaría los
fundamentos del pacto político y social en que se soporta la existencia del Estado,
y con éste, el establecimiento de autoridades que detentan el poder público bajo
las diferentes manifestaciones requeridas para la realización de los fines estatales
y los derechos de los asociados.
22.- De ahí que la tutela contra las providencias judiciales, que encarnan la
expresión del poder realizador de valores tales como la convivencia pacífica, la
seguridad de las relaciones y los derechos de los asociados, entre otros, sólo
puede ser evaluada por el juez constitucional en aquellos eventos en que se logre
establecer, a partir de una carga argumentativa seria, coherente y razonada de
parte de quien la emplea, que una determinada actuación del juzgador es
manifiestamente contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales,
en especial, de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. Exigencia adicional que resulta razonable, pues sin buscar imprimir a la
acción de tutela formalidades que la desnaturalicen, se requiere que el actor tenga
claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de
todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos,
asunto que va más allá de su íntima convicción de que su causa judicial estaba
llamada a ser escuchada.
23.- Para el caso concreto, comoquiera que la parte actora no se sirvió explicar,
especificar, construir, ni adecuar los cargos relacionados con el defecto material o
sustantivo alegado contra el fallo del 23 de junio de 2022, proferido por el Consejo
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de Estado – Sección Segunda – Subsección B, el juez de tutela no puede proceder
a ello de forma supletiva, dado que, como ya tuvo la oportunidad de señalarse,
tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la carga de contar
con una argumentación coherente y suficiente recae en quien invoca el amparo
constitucional y no en quien la decide, en razón a que están de por medio el
respeto por la cosa juzgada, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y la
garantía de la independencia y autonomía de los jueces, que son elementos que
hacen parte de los cimientos del Estado y como tal legitiman el obrar de sus
autoridades.
24.- Por último, la Sala considera pertinente precisar que el actor sustentó la
configuración del defecto alegado sobre el argumento de que la autoridad judicial
accionada desconoció que estuvo vinculado a la Policía Nacional desde el 23 de
enero de 1990 hasta el 26 de mayo de 2005. No obstante, ese hecho no fue
desconocido en la sentencia censurada. Simplemente se precisó que, en virtud de
la normatividad aplicable, de todo el tiempo de formación del actor, sólo era
procedente contabilizar como tiempo de servicio los primeros 2 años.
25.- Sin perjuicio de lo antes indicado, se advierte que la autoridad accionada hizo
un análisis completo, adecuado y coherente del caso, sin desconocer nunca que el
actor laboró en la Policía Nacional desde el 23 de enero de 1990 hasta el 26 de
mayo de 2005, no obstante, se repite, según la aplicación del Decreto 4433 de
2004 y el Decreto 1212 de 1990, cuya constitucionalidad y legalidad ha sido
avalada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, solo
puede contabilizarse el tiempo como alumno de escuela de formación por un
período de 2 años, y no como caprichosamente pretende el actor. En ese orden de
ideas, el señor Báez León presenta esta acción de tutela con el único de propósito
de continuar de forma indefinida lo debatido y estudiado por los jueces naturales de
la causa, por el simple hecho de no estar de acuerdo con la decisión tomada, lo
que desnaturaliza a todas luces la naturaleza de este mecanismo.
26.- Visto lo anterior, la Sala advierte que contrario a lo afirmado por la parte
actora, no se deduce que la autoridad judicial accionada hubiere incurrido en una
indebida motivación, en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya
abstenido de efectuar un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les
haya otorgado un alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia
de la tutela formulada13. Por el contrario, la decisión cuestionada encuentra claro
sustento en el principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una
actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación
razonable del material probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con
las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso
concreto, así como la jurisprudencia relacionada, los cuales ayudaron a llegar a la
conclusión de negar las pretensiones de la demanda.
13 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, T-025 de 2001, T-109 de 2005, T-639 de 2006, T-061 de 2007, T-737 de
2007 y T-458 de 2007 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06243-00
Accionante: Enrique Manuel Báez León y otro
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
27.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la
causa y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser
ello así, habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de
manera grave los principios constitucionales de autonomía e independencia
judicial, los cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y
procesal14.
28.- Por todo lo anterior, la acción de tutela que se examina no cumple con el
requisito general de relevancia constitucional, ante la falta de carga argumentativa.
De esta suerte, habrá de declararse improcedente el amparo impetrado por el
señor Enrique Manuel Báez León, por la ausencia del antedicho presupuesto
formal.
29.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
14 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
15 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
8
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