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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06255-01

Fecha
4 de mayo de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06255-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06255-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

4 de mayo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06255-01
Demandante: Roberto Carlos Echeverría Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06255-01
Demandante: ROBERTO CARLOS ECHEVERRÍA RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra actos de retiro por calificación
insatisfactoria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 19 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que resolvió: “Rechazar por improcedente los cargos relacionados con el
defecto sustantivo y violación directa de la Constitución y denegar el amparo de los derechos
fundamentales invocados por el señor Roberto Carlos Echeverría González respecto del
defecto fáctico”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 24 de noviembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y a través de
apoderado, Roberto Carlos Echeverría Rodríguez pidió la protección de los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia. A juicio del actor, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
25 de febrero de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar. En concreto,
formuló las siguientes pretensiones:

1.- Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de mi poderdante ROBERTO
CARLOS ECHEVERRÍA a la igualdad, el debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, conculcados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, con la expedición
sentencia de segunda instancia 009/22 del 25 de febrero de 2022, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho tramitado bajo el radicado 13001333300520150011300,
promovido por aquel contra la NACIÓN – RAMA JUDICIAL mediante la cual se confirmó́ la
sentencia 37 el 7 de marzo de 2018, mediante la cual el JUZGADO 005 ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA denegó́ las pretensiones de la demanda.

2.- Por consiguiente, que se deje sin efectos jurídicos la sentencia 009/22 del 25 de febrero de
2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, y en su lugar, se ordene a
dicho despacho judicial para que profiera una sentencia de reemplazo ajustada al ordenamiento
jurídico y a los estándares constitucionales y convencionales esgrimidos en el presente escrito.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Mediante Resolución No. 006 del 14 abril de 2010, el señor Roberto Carlos
Echeverría Rodríguez fue nombrado en propiedad en el cargo de secretario del
Juzgado 13 Civil Municipal de Cartagena. Del empleo tomó posesión el 1° de junio de
2010.

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Demandante: Roberto Carlos Echeverría Rodríguez

2.2. El 19 de mayo de 2014, el juez 13 civil municipal de Cartagena calificó
insatisfactoriamente (con 55 puntos) los servicios prestados por Roberto Carlos
Echeverría Rodríguez durante el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2013 y, por lo tanto, dispuso el retiro del servicio y la exclusión de la
carrera judicial.

2.3. El señor Roberto Carlos Echeverría Rodríguez presentó recurso de reposición y
en subsidio de apelación en contra de la calificación del 19 de mayo de 2014.

2.4. El juez 13 civil municipal de Cartagena, en Resolución No. 007 del 28 de julio de
2014, confirmó la calificación insatisfactoria y el consecuente retiro del servicio del
señor Roberto Carlos Echeverría Rodríguez. Además, rechazó por improcedente el
recurso de apelación.

2.5. El juez 13 civil municipal de Cartagena, mediante Resolución No. 009 del 30 de
julio de 2014, designó como secretaria del despacho judicial a la señora Elenita Ruiz
Marrugo.

2.6. El 11 de febrero de 2015, el señor Roberto Carlos Echeverría Rodríguez presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama Judicial, con el
objeto de obtener la nulidad de la calificación del 19 de mayo de 2014, de la
Resolución No. 007 del 28 de julio de 2014 y del acto de nombramiento de la nueva
secretaria. A título de restablecimiento del derecho, solicitó ser reintegrado al cargo
que ocupaba o uno de superior categoría, así como el pago de las prestaciones y
emolumentos dejados de percibir.

2.7. La demanda correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, que,
por sentencia del 7 de marzo de 2018, denegó las pretensiones de la demanda,
porque consideró que la calificación insatisfactoria del demandante se ajustó a la Ley
270 de 1996, sumado a que las razones de la calificación estaban acreditadas.

2.8. Inconforme con la decisión, el demandante interpuso recurso de apelación y el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por sentencia del 25 de febrero de 2022 (notificada
el 20 de mayo de 2022) la confirmó, básicamente por las mismas razones del a quo.
Además, consideró que las pruebas sobre el cumplimiento de las funciones
secretariales para el año 2012 resultaban irrelevantes porque la calificación
controvertida obedecía al año 2013 y se abstuvo de emitir pronunciamiento respecto
del cargo de desviación del poder, expuesto en el recurso de apelación, porque no
hacía parte de los argumentos formulados en la demanda.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El señor Roberto Carlos Echeverría Rodríguez manifestó que la solicitud de
amparo cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, sostuvo que las
providencias cuestionadas incurrieron:

3.2. En defecto sustantivo y defecto procedimental porque el tribunal demandado
en la sentencia del 25 de febrero de 2022 omitió resolver sobre el cargo de desviación
del poder con el argumento de que no había sido formulado en la demanda. Que esa
afirmación no es cierta, pues si bien no denominó el cargo de manera explícita como
desviación de poder, lo cierto es que, en sede administrativa, en la demanda y en los
alegatos de conclusión expuso argumentos encaminados a demostrar dicho cargo.

3.2.1. Que, por lo tanto, al decir que en aplicación del principio iura novit curia no era
procedente el estudio de desviación de poder, el tribunal desconoció el artículo 103

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del CPACA, que, a su juicio, impone que los procesos ante la jurisdicción
administrativa tengan por objeto la efectividad de los derechos y se observen los
principios constitucionales. Que descartar el cargo de desviación del poder en ultimas
condujo a la violación del principio que pretendió preservar la sentencia cuestionada.

3.3. En violación directa de la Constitución dado que el tribunal hizo una lectura
equivocada del recurso de apelación y entendió erradamente que el demandante
alegaba el cumplimiento de sus deberes en el año 2012, lo que lo condujo a no resolver
de fondo el recurso de apelación que en realidad recaía sobre la ejecución del trabajo
del demandante durante el año 2013. Que, por lo tanto, se desconoció el derecho a la
doble instancia.

3.4. En defecto fáctico, por indebida valoración de las pruebas que daban cuenta de
la existencia de congestión judicial y estrés laboral, así como las acciones secretariales
ejecutadas, los testimonios de compañeros y antiguos nominadores. Que, además, el
tribunal demandado dio prevalencia a las pruebas documentales practicadas en el
proceso para concluir equivocadamente que fue correcta la calificación de los
servicios.

3.5. Que, además, en la sentencia acusada se debió hacer un test de proporcionalidad
que condujera a tener esas pruebas como indiciarias del acoso laboral del que era
víctima el demandante. Que como la autoridad judicial demandada no tuvo en cuenta
el cargo de desviación de poder, omitió aplicar esas pruebas indiciarias para tener
como configurado el cargo.

4. Intervenciones

4.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Bolívar, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se declarara improcedente o, en su defecto, se denegara la
solicitud de amparo.

4.1.1. Expuso que el cargo de desviación del poder no fue propuesto por la parte
actora en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Que si bien el
principio del iura novit curia, habilita al juez para adoptar una decisión en la que
prevalezca el derecho sustancial sobre lo procedimental, no implica la obligación de
adecuar la decisión a cargos que no hayan formulado de manera explícita y
debidamente fundamentados en la demanda, porque eso afectaría el principio de
congruencia de la sentencia. Que el proceso no desconoció el principio de doble
instancia, que, de hecho, el recurso de apelación fue resuelto conforme al artículo 320
del CGP.

4.1.2. Finalmente, frente a la supuesta indebida valoración probatoria y la presunta
ausencia de utilización de la prueba indiciaria señaló que acudió a la sana crítica para
la valoración de las pruebas obrantes en el expediente. Que, además conforme al
artículo 240 del CGP, para que un hecho pueda considerarse como indicio, debe estar
debidamente probado y lo que el demandante realiza son apreciaciones subjetivas que
carecen de soporte probatorio.

4.2. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena se limitó a remitir el expediente
digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pero nada dijo sobre el
fondo del asunto.

4.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en representación de la Rama
Judicial, el juez 13 civil municipal de Cartagena y la señora Elenita Ruiz Marrugo,
no se pronunciaron, a pesar de que fueron debidamente notificados.

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5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
19 de enero de 2023, declaró improcedente la acción de tutela por los cargos de
defecto sustantivo y violación directa de la constitución por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad y denegó el amparo respecto al defecto fáctico. Estimó que el
demandante contaba con el recurso extraordinario de revisión con fundamento en la
causal 5º del artículo 250 del CPACA para alegar la transgresión al principio de
congruencia y que el tribunal demandado había aplicado las reglas de la sana crítica
y de la comunidad de la prueba para adoptar la decisión cuestionada.

5.2. Uno de los magistrados integrantes de la sala de decisión aclaró voto en el sentido
de precisar que “si bien el recurso extraordinario de revisión puede ser un mecanismo de
defensa idóneo para proteger un derecho fundamental vulnerado con ocasión de la expedición
de una providencia judicial, es necesario aclarar que no en todos los casos en los que el
análisis recaiga sobre la congruencia de dicho fallo es improcedente la acción de tutela, pues
es deber del juez constitucional estudiar la urgencia o amenaza inminente del derecho
fundamental del cual se pide su protección y si se debe conceder el amparo en ese momento
procesal”

6. Impugnación

6.1. La parte demandante reiteró los argumentos sobre configuración de los defectos
alegados en el escrito de tutela y concluyó que la decisión cuestionada vulneraba los
derechos fundamentales invocados.

6.2. Sobre la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, sostuvo que, en su
caso, la acción de tutela desplazaba al recurso extraordinario de revisión, pues ese
recurso sólo era procedente cuando había carencia total de pronunciamiento del juez
sobre las razones de hecho o de derecho que le permitieron arribar a la decisión. Que,
sin embargo, el tribunal demandado lo que hizo fue una interpretación inconstitucional
de las normas que rigen el recurso de apelación. Que, además, el juez de tutela de
primera instancia omitió pronunciarse sobre el defecto procedimental absoluto por
exceso ritual manifiesto.

6.3. Finalmente, expuso que el análisis del a quo se limitó a indicar que el tribunal
demandado se pronunció de manera expresa sobre los elementos probatorios
existentes en el expediente, pero nada dijo sobre la inaplicación de los indicios
reseñados en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1 El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República 1 . La Corte Constitucional, por su parte, ha determinado dos tipos de
requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.2 En primer lugar, están los requisitos generales de procedibilidad que son de
naturaleza procesal y, por lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier
análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados en la sentencia C-590 de 2005, así: la
relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal,

1 Sentencia C-543 de 1992.

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debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de
los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no
se cuestione un fallo de tutela.

1.3 En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico 2 , defecto sustantivo 3 ,
procedimental4, fáctico5, error inducido6, decisión sin motivación7, desconocimiento del
precedente judicial8 o violación directa de la Constitución9.

1.4 Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos
específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una
decisión judicial.

2. Planteamiento y solución del problema jurídico

2.1. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el juez de
primera instancia consideró que la acción de tutela era improcedente por los cargos
de defecto sustantivo y violación directa de la constitución por no cumplir el requisito
de subsidiariedad y denegó la solicitud de amparo frente al defecto fáctico, porque
consideró que el tribunal demandado había aplicado las reglas de la sana crítica y de
la comunidad de la prueba para adoptar la decisión cuestionada.

2.1.1. Sin embargo, a juicio de la Sala, el cargo de defecto fáctico no supera el
requisito de relevancia constitucional, mientras que los cargos de defectos sustantivo
y procedimental y violación directa de la constitución, sí cumplen el requisito de
procedibilidad de subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse:

2.2. El defecto fáctico alegado no cumple el requisito de relevancia
constitucional

2.2.1. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la
autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1.1. En ese sentido, la Corte Constitucional 10 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten
los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de

2018, SU-041 de 2018.
3 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de

2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
4 Sentencia SU-061 de 2018.
5 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
6 Sentencia SU-261 de 2021.
7 Sentencia SU-489 de 2016.
8 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
9 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
10 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-

505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-
1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.

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2.2.1.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena
del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 11, la Sala
estima que para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los
siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos
fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones
inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo
de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales»12. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De
modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo
que permita a las partes adicionar, completar, mejorar o modificar los argumentos propuestos ante
el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en
el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus
objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces,
que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos
que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

2.2.2. En el caso concreto, el a quo consideró que la sentencia del 25 de febrero de
2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, no incurrió en defecto fáctico
porque había aplicado las reglas de la sana crítica y de la comunidad de la prueba
para adoptar la decisión cuestionada.

2.2.3. No obstante, la Sala advierte que el señor Roberto Carlos Echeverría
Rodríguez (i) propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que actuó como demandante, pues si
bien alega que la providencia objeto de tutela incurrió en defecto fáctico, lo cierto es
que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate jurídico sobre si las
pruebas aportadas al proceso daban cuenta de una correcta calificación insatisfactoria
de servicios para el año 2013 y (ii) propone un argumento nuevo en cuanto a que el
tribunal demandado no realizó un test de proporcionalidad que condujera a tener las
pruebas aportadas en el proceso como indiciarias del acoso laboral del que era víctima
el demandante.

2.2.3.1. En efecto, en el recurso de apelación que presentó el aquí demandante contra
la sentencia de primera instancia del proceso ordinario (resumido en la providencia de
segunda instancia), sostuvo:

11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
12 Ibidem.

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La parte demandante cuestiona el fallo acusándolo de dar un valor superior a las pruebas
documentales de la demandada, también a la que solicitó el despacho vía oficiosa.

Subraya que la documental obtenida vía decreto oficioso contradice la calificación insatisfactoria
que emitió́ el nominador que milita a folios 525, pues se trata del resultado de una visita; en dicha
visita se calificó́ el factor organizacional y el resultado fue de 16, siendo la máxima puntuación
18, o sea que fue casi excelente.

Acusa de injusta la decisión apelada y “desfasada de la realidad”; ello por cuanto (para el año
calificado) realizó un sin número de labores propias del cargo (las trascribe in extenso) que dan
cuenta del buen desempeño de la secretaría.

Achaca al fallo el desconocimiento del artículo 230 superior, pues los cargos expuestos en la
demanda (sic) y acreditados evidencian que el calificador incurrió́ en desviación de poder al
proferir el acto de insubsistencia con una clara tendencia subjetiva.

Finalmente reprocha que no se haya atendido la “jurisprudencia” citada en la demanda, siendo
que existe un deber de respeto por las decisiones de los jueces de superior jerarquía y en
especial los órganos de cierre, quienes tienen el papel de unificadores de jurisprudencia. En tal
virtud pide que se respete la jurisprudencia.

2.2.3.2. Por su parte, en la demanda de tutela, el señor Roberto Carlos Echeverría
Rodríguez alegó lo siguiente:

Los juzgadores de ambas instancias coincidieron en que las pruebas de carácter documental
practicadas en el curso del proceso evidenciaban una correcta calificación de servicios por parte
del nominador.
Sin embargo, no tuvieron en cuenta que, tratándose de la causal de desviación de poder de actos
reglados, la prueba que requiere de mayor importancia es la indiciaria, dado que por la estructura
y motivación de tales actos administrativos es más sencillo ocultar el verdadero fin.
(…) Un análisis pormenorizado de los indicios como lo hizo el Consejo de Estado en la cita
anteriormente transcrita era lo que mínimamente se le exigía al Tribunal accionado para dirimir
el litigio administrativo-laboral que se sometió́ a su consideración, sin embargo, no lo hizo,
dándole prevalencia a otras clases de pruebas que debían ser valoradas con mayor rigor.
Veamos:
• En el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los compañeros de
ROBERTO fueron enfáticos en que este era cumplidor de sus funciones, y que buscaba la forma
de cumplirlas cabalmente a pesar del estrés laboral y la carga a la cual estaba siendo sometido.
• En el marco de las vigilancias administrativas que conllevaron a la retaliación denunciada, el
juez nominador expresaba ante el Consejo Seccional de la Judicatura que las quejas
denunciadas obedecían a congestión judicial, pero en la actuación administrativa de calificación
integral de los servicios de ROBERTO la “congestión judicial” ni siquiera se consideraba, por lo
que el nominador manejaba 2 discursos distintos, uno ante su superior (el Consejo Seccional) y
otro ante su subalterno (mi mandante).
• El trabajo de ROBERTO no solo fue destacado por sus compañeros, sino también por antiguos
nominadores suyos que fungieron como sus superiores, inclusive, durante el mismo periodo
objeto de evaluación.
• En 2011 el nominador de ROBERTO utilizó una fórmula diferente para obtener el resultado final
de la calificación de servicios de esa época, perjudicándolo gravemente, debido a que en aquel
momento tuvo a bien ponderar la calificación de los demás nominadores que aquel tuvo en ese
periodo (siendo algunas calificaciones muy buenas, pero que al computarla con la suya,
disminuyó radicalmente el puntaje final), en cambio, en el 2013, estas calificaciones adicionales
las tuvo como “informes”.
• Las razones esgrimidas textualmente en el formulario de calificación integral de servicios ponían
de presente una motivación escueta e insuficiente, puesto que no se explica el puntaje dado para
cada uno de los factores objeto de evaluación, y sus respectivos sub- factores, es decir, frente a
la calidad, el nominador no explica porqué el indicador de juicio jurídico y análisis normativo es
bueno y no excelente, o porqué el manejo gramatical es buen y no excelente, situación que
acontece con los demás puntajes otorgados. Además de que la motivación resulta ser somera,
también es contradictoria, porque en ella se reconoce la honradez de mi mandante en el
desempeño de sus funciones, pero se deja entrever que los puntajes otorgados obedecen de
forma exclusiva a una retaliación por parte del nominador contra el empleado por unas vigilancias
judiciales administrativas que fueron promovidas contra el despacho judicial durante el periodo
objeto de calificación.
• Los “errores” en los que incurrió́ mi mandante para ser calificado de la manera en que se hizo
no fueron enrostrados en el formulario de calificación integral de servicios, que era el escenario
idóneo para ello, porque así́ se garantizaba el correcto ejercicio del derecho de defensa y

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contradicción de ROBERTO. Tales “errores” fueron traídos a colación únicamente mediante un
informe que el nominador rindió́ a la apoderada de la parte demandada en el curso de traslado
de la demanda.

2.2.4. Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las que
fueron expuestas en el recurso de apelación promovido contra la sentencia del 7 de
marzo de 2018, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena que
denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.2.5. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica respecto de si las
pruebas aportadas daban cuenta o no de una correcta calificación de los servicios
prestados por el demandante como secretario del Juzgado 13 Civil Municipal de
Cartagena, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Bolívar en
providencia del 25 de febrero de 2022, que, en lo que interesa, consideró:

A juicio de la Sala no hay reproche alguno que hacerle al fallo apelado y no encuentra que los
reparos planteados en la alzada permitan hacerlo. Esto último si se tiene en cuenta que lo
alegado en la censura no tiene la virtualidad para doblegar las conclusiones hechas por el juez
de primer grado a partir del análisis de los medios de prueba.

Y es que, en lo que podríamos llamar un primer reparo, se acusa la sentencia de dar un valor
superior a las pruebas documentales de la demandada, “por encima” (en palabras del
impugnante) de las del demandante; a lo que se responde que ello per se no convierte a la
decisión en arbitraria, pues el análisis que hace el operador judicial lo hace desde la perspectiva
de la sana crítica y atendiendo a un principio universal del derecho procesal y probatorio
denominado comunidad de la prueba o adquisición, según el cual, a partir de un cierto momento,
las pruebas producidas en juicio por una parte se consideran comunes; esto es, el juez puede
valorarlas libremente, por consiguiente, aun en beneficio del adversario.

De todos modos, para ahondar en el asunto y hacer que no quede duda, sépase que la
calificación integral de servicios en el rango de insatisfactoria por arrojar un resultado de 55
puntos, es un hecho cierto y probado y además no refutado, puesto que el a quo fue conclusivo
en que el puntaje obtenido fue de 58, a los que se les restó 3 puntos por orden del Consejo
Seccional de la Judicatura y habida cuenta de las sendas vigilancias judiciales administrativas
que había soportado el despacho, y dicho hecho no objeto de cuestionamiento alguno, ergo la
nota de 55 tampoco debe tener reparo.

Aunado a ello, la única queja que se expone en la impugnación sobre el particular, relacionada
con este punto es que, la documental obtenida vía decreto oficioso18 contradice la calificación
insatisfactoria del actor (como si de allí́ surgiera lo contrario), en tanto expone que el resultado
del factor organizacional fue de 16, siendo la máxima puntuación 18, lo que sugiere un resultado
“excelente”; no obstante, ello no es de recibo por cuanto dicho documento, en realidad trata de
la calificación del factor “organización del trabajo” del señor juez titular del despacho (Dr. Mauricio
González Madrugo); luego ello no podría redundar en beneficio del actor, pues no se trata de su
calificación integral, sino de la del señor juez, de donde se extrae además que los criterios de
evaluación son personales, como verbigracia: la administración de los recursos y bienes
confiados al despacho, la dirección del despacho y la aplicación de las normas de carrear y
talento humano, todos roles propios del señor juez como titular del despacho.

Por demás, se observa que el a quo valoró en su integridad todos los testimonios practicados en
la audiencia respectiva (MIRIAM CRISTINA ESCORCIA ROCA, ANGELICA MARIA
BERRIONAVARRO, JUAN CARLOS OLIVEROS OSORIO, GUILLERMO DE JESUS RUIZ
CARDONA,JENIFER ESCORCIA BARBOZA y MARGARITA ROSA CONTRERAS AGUILAR);
el ejemplar de la sentencia permite verificar ese aspecto y con ello, que no es posible inferir, a
partir de sus contenidos, razones de peso para doblegar el resultado de la calificación integral
de servicio obtenido para el periodo 2013.

2.2.6. Siendo así, aunque el demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró
derechos fundamentales e incurrió en defecto fáctico, lo cierto es que, en últimas, lo que
pretende es que se reabra el debate respecto de si las pruebas aportadas al proceso daban
cuenta de una insatisfactoria prestación y en consecuencia calificación de servicios del
demandante para el año 2013.

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Demandante: Roberto Carlos Echeverría Rodríguez

2.2.7. Ahora, en lo que tiene que ver con el supuesto defecto fáctico, porque el tribunal
demandado no realizó un test de proporcionalidad que condujera a tener las pruebas
aportadas al proceso como indiciarias del acoso laboral del que era víctima el señor
Echeverría Rodríguez, la Sala advierte que ese argumento no fue expuesto por la parte
demandante en el proceso ordinario. Luego, no puede utilizarse la acción de tutela
para proponer argumentos nuevos que pudieron ser planteados en el recurso de
apelación contra la decisión de primera instancia y la parte actora no lo hizo.

2.2.8. Así, queda demostrado que la tutela, por el cargo de defecto fáctico, no cumple
el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora (i) reiteró los
argumentos que expuso en el recurso de apelación interpuesto en contra de la
providencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y (ii) formuló otro argumento nuevo que no fue expuesto en el proceso
ordinario cuando pudo hacerlo. Lo que realmente se observa es la inconformidad del
demandante con las conclusiones a las que llegó el juez natural respecto a que,
conforme con las pruebas aportadas no había lugar a acceder a las pretensiones de
la demanda.

2.2.9. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un
pronunciamiento de fondo sobre el defecto fáctico alegado por el demandante. Por
tanto, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo por ese cargo.

2.3. Del cumplimiento del requisito de subsidiaridad en el caso concreto

2.3.1. La parte actora alegó que la sentencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo y procedimental, así como de la violación directa de la Constitución, por
cuanto (i) desconoció el artículo 103 del CPACA, violó el principio del iura novit curia
y, en consecuencia, incurrió en exceso ritual manifiesto al no estudiar el cargo de
desviación del poder propuesto en el recurso de apelación y (ii) violó el derecho del
demandante a la doble instancia tras hacer una lectura equivocada del recurso de
apelación.

2.3.2. La Sala analizará de fondo dichos cargos, porque a pesar de que en ambas
instancias del proceso ordinario fueron denegadas las pretensiones de la demanda, lo
cierto es que las razones por las que el demandante plantea esos cargos surgieron
con ocasión de la sentencia de segunda instancia.

2.3.3. Si bien el a quo consideró que dichos defectos no cumplían el requisito de
subsidiariedad, por cuanto estaban relacionadas con la ruptura del principio de congruencia y
se podían proponer en el recurso extraordinario de revisión, bajo la causal del numeral 5
“nulidad originada en la sentencia”, a juicio de la Sala, esos reproches no se tratan de una
discusión que, eventualmente, podría dar lugar a la interposición del recurso extraordinario de
revisión bajo la causal de nulidad originada en la sentencia13.

2.3.3.1. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa

13 La Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado que para que prospere el recurso extraordinario de revisión

con fundamento en la causal quinta se pueden alegar situaciones procesales como haberse proferido sentencia
desconociendo el principio de congruencia. Al respecto, en sentencia del 28 de febrero de 2013, expediente
N°. 54001-23-31-000-2000-01331-01 (1216-09) —reiterada en sentencia del 2 de febrero de 2016 de la Sala
Especial de Decisión 22, expediente N°. 11001-03-15-000-2015-02342-00—, expresó lo siguiente: «la causal de
revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA –antes 6 del artículo 188 del C.C.A.- es decir,
nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interno y/o externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido
proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas
propias de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no
se podía pronunciar». En el mismo sentido, ver sentencia SU-184 de 2019 de la Corte Constitucional.

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del juez, sino para discutir ciertos hechos externos a la labor funcional del juez que
afectan el principio de justicia. El objeto del recurso extraordinario de revisión no es
otro distinto a decidir si un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada debe ser infirmado
por haberse configurado alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley
(artículo 250 de la Ley 1427 de 2011).

2.3.4. Siendo así, contra lo afirmado por el a quo, en este caso, no resulta procedente
el recurso extraordinario de revisión, por cuanto la discusión no se asocia a cuestiones
procedimentales que pudieran suponer la posible existencia de una nulidad originada
en la sentencia. Por lo tanto, el requisito de subsidiariedad y los demás requisitos de
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se
encuentran cumplido, por tanto, serán estudiados de fondo los cargos de defectos
sustantivo y procedimental, así como el de violación directa de la Constitución.

2.4. Análisis de fondo

2.4.1. Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, a la providencia objeto de
tutela. Seguidamente, analizará los defectos alegados por el actor y adoptará la
decisión que corresponda.

2.5. De la providencia objeto de tutela

2.5.1. En la sentencia del 25 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar
comenzó por realizar un recuento normativo y jurisprudencial aplicable a la calificación
de servicios de los empleados de la Rama Judicial. Señaló que esa situación se
encuentra reglada en la Ley 270 de 1996 y el Acuerdo 1392 de 2002 del Consejo
Superior de la Judicatura.

2.5.2. Luego, detalló la fecha de ingreso del demandante a la Rama Judicial, el periodo
calificado de manera insatisfactoria y relacionó los testimonios recibidos en el curso
del proceso.

2.5.3. Seguidamente, realizó el análisis de las pruebas y concluyó que, en efecto, la
calificación del demandante fue de 58 puntos, a los que se les restaron 3 puntos por
orden del Consejo Seccional de la Judicatura, para un total de 55 puntos. Precisó que
la calificación satisfactoria del factor organizacional realizada por el juez 13 municipal
no podía redundar en beneficio para la calificación del actor, que el juez de primera
instancia valoró en su integridad los testimonios practicados en la audiencia de
pruebas, y dijo que de esas pruebas no era posible inferir que la calificación del servicio
que derivó en el retiro del demandante no ponía de presente la existencia de
irregularidad de la calificación.

2.5.4. Entendió el tribunal demandado que las cifras sobre las actividades
secretariales desarrolladas por el señor Echeverría Rodríguez (con las cuales
pretendía demostrar el cumplimiento de las funciones) eran del año 2012 y, por eso,
concluyó que no tenían incidencia en la controversia, pues el periodo calificado era del
año 2013.

2.5.5. Descartó la posibilidad de estudiar el cargo de desviación del poder y explicó
que ese argumento no hacía parte de la demanda. Que la justicia en lo contencioso
administrativo tenía el carácter de rogada y que, en aplicación del principio de
congruencia no estaba habilitado para estudiar el cargo.

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2.5.6. Finalmente, explicó que la jurisprudencia citada por el demandante no era
aplicable al caso, porque los supuestos fácticos y jurídicos sobre los cuales se
estructuró la sentencia de la que se pretendía la aplicación, no eran equiparables con
el caso del demandante. A partir de lo anterior, confirmó la decisión de primera
instancia de denegar las pretensiones de la demanda.

2.6. Sobre los presuntos defectos sustantivo y procedimental.

2.6.1. Señaló el demandante que el tribunal demandado omitió resolver sobre el cargo
de desviación de poder que hacía parte del recurso de apelación y que, de ese modo,
transgredió el principio iura novit curia y desconoció el artículo 103 del CPACA.

2.6.2. Al respecto, conviene precisar que, en virtud del principio del iura novit curia, le
está permitido al operador jurídico interpretar lo pretendido por la parte demandante y,
en tal virtud, tomar las decisiones que correspondan. Sin embargo, no puede
desconocerse que en la jurisdicción contencioso administrativa se aplica el principio
de justicia rogada, según el cual no le es permitido al juez ordinario confrontar el acto
acusado con disposiciones no invocadas en la demanda ni atender conceptos de
violación diferentes a los en ella contenidos.

2.6.3. De la revisión del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 14, la
Sala advierte que en la demanda iniciada por el señor Roberto Carlos Echeverría
Rodríguez en contra de la Rama Judicial pidió la nulidad de tres actos administrativos
los cuales acusó de haber incurrido en falsa motivación y desconocimiento del derecho
de audiencia y defensa, pero nada dijo sobre la eventual configuración de la causal de
desviación del poder.

2.6.4. De lo anterior, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Bolívar no
incurrió en la violación expuesta por el demandante, por el contrario, limitó el estudio
del recurso de apelación a los cargos que fueron propuestos con la demanda en aras
de no afectar el derecho de defensa y contradicción de la demanda, situación que de
ningún modo puede entenderse como constitutiva de exceso ritual manifiesto, de modo
que, en lo que interesa, la sentencia del 25 de febrero de 2022 adoptó una decisión
razonable al no estudiar de fondo los argumentos relacionados con el cargo de
desviación del poder.

2.6.5. No resulta, entonces, arbitraria la decisión cuestionada y, por ende, no se
enmarca en un exceso de ritual manifiesto, porque justamente está orientada por el
principio de la justicia rogada que impone a las partes el cumplimiento de las cargas
procesales, en el presente asunto, de haberse incluido en el concepto de violación el
cargo de desviación del poder.

2.6.6. La Sala advierte que la posición del tribunal demandado se acompasa con la
jurisprudencia de la Corte Constitucional15, que ha señalado que el principio de justicia
rogada rige la Jurisdicción Contencioso Administrativo y ha sido entendido en dos
ámbitos que se encuentran conexos, que consisten en que: i) el juez no puede iniciar
de oficio un juicio, por cuanto es el libelista quien debe identificar e individualizar el
acto impugnado; y ii) el funcionario judicial se encuentra vinculado a lo solicitado en la
demanda, de modo que en principio el fallador está impedido para estudiar temas y
pronunciarse sobre puntos que no han sido planteados o sustentados por el actor.
Además, ha dejado claro que cuando se demanda la nulidad de un acto, la demanda

14 Expediente del proceso ordinario. Archivo denominado “01Cuaderno1”, folios 13 y 14.
15 Ver sentencias T-553 de 2012 y SU-061 de 2018.

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“debe incorporar la indicación de la norma infringida y el concepto de la violación de la misma,
así como la determinación del acto jurídico objeto de dicha petición”16.

2.6.7. En línea con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que,
en atención al principio de congruencia de la sentencia y de justicia rogada, “las normas
invocadas como violadas en el concepto de violación, así como en los argumentos
desarrollados para sustentar los cargos planteados para fundamentar las causales de nulidad
de los actos demandados, entre otros aspectos, delimitan la acción del fallador, habida cuenta
del carácter rogado de la jurisdicción contencioso administrativa”17.

2.7. Sobre la supuesta violación directa de la Constitución

2.7.1. Expone el señor Echeverría Rodríguez que el tribunal demandado hizo una
lectura equivocada del recurso de apelación y entendió que lo alegado era el
cumplimiento de sus deberes en el año 2012 y no del 2013, lo que lo condujo a no
resolver de fondo el recurso de apelación. Dice que esa situación desconoció el
derecho a la doble instancia.

2.7.2. De la revisión del recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra
de la sentencia de primera instancia, la Sala advierte que, en efecto, el señor
Echeverría Rodríguez señaló:

Tal y como se indicó con la demanda, mi cliente, el doctor Roberto Carlos Echeverría Rodríguez,
reporto una productividad en sus funciones secretariales en el año calificado, las cuales fueron
reportadas y discriminadas arrojando los siguientes resultados (los cuales pueden corroboradas
con una inspección judicial de los libros y demás material secretarial, los cuales deben reposar
en el juzgado). Los resultados fueron los siguientes con respecto a factores que componen la
calificación integral de servicios, se encuentra el Factor Eficiencia o Rendimiento, que como bien
lo señala dicho formato, en donde literalmente indica, así, "La calificación de este factor se realiza
con fundamento en las tareas, actividades y trabajo en general encomendado; considero el
criterio del Juez, bastante desfasado de la realidad ya que encontró mi desempeño
insatisfactorio, en el desarrollo de dichas tareas, siendo que para el año inmediatamente anterior
el cual es motivo de calificación, se publicaron 124 estados, en donde se notificaron 2321
providencias, se expidieron 2012 oficios, se publicaron numerosos edictos, se fijaron en lista, se
expidieron 58 telegramas, se elaboraron 50 despachos comisorios, se enviaron a segunda
instancia 23 procesos aproximadamente, se admitieron 204 tutelas aproximadamente, sin
mencionar los autos que concedían o negaban las tutelas ni los recursos de las mismas, y sin
señalar además los autos que resolvieron los habeas corpus, y en el trámite ordinario hice un
sinnúmeros de proveídos ya sean interlocutorios y de sustanciación, labores y funciones estas
propias del cargo que desempeño en esta judicatura

2.7.3. Para la Sala, de entrada, el argumento propuesto en el recurso de apelación fue
confuso, pues aunque, al inicio, se señala que la productividad alegada corresponde
el periodo calificado (2013), más adelante, se afirma que esa productividad
corresponde al año inmediatamente anterior. De ahí que resulte comprensible que el
Tribunal Administrativo de Bolívar hubiera entendido que el argumento del
demandante giraba en torno a las cifras de productividad del año 2012.

2.7.4. En gracia de discusión, si se aceptara que el argumento giró en torno a la
productividad del año 2013, la Sala advierte que la omisión de ese argumento no tiene
la virtualidad de afectar la razón de la decisión adoptada, pues de la lectura integral de
16 Sentencia T-553 de 2012.
17 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 9 de febrero de 2017. Radicado: 66001-2333-000-2016-

00080-01 (PI). M. P. (Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés. Radicación:
11001032400020110000300 de 23 de abril de 2020.
En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sección Cuarta de esta Corporación, que, en sentencia del 12 de
agosto de 2021, dictada en el proceso No. 25000-23-37-000-2014-01133-01, señaló: “Este nuevo cargo no puede
ser estudiado en virtud del principio de justicia rogada, que impone al interesado la carga de exponer los argumentos
que sustentan su pretensión de nulidad en la demanda y le impide proponer nuevos cargos de nulidad durante el
trámite judicial”.

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la sentencia se advierte que esa no fue la razón de la decisión del 25 de febrero de
2022. La razón de confirmar la decisión de primera instancia obedeció a que se
encontraron acreditadas las situaciones de hecho que dieron lugar a la calificación
insatisfactoria del servicio, en especial, a la existencia de múltiples vigilancias
judiciales administrativas en contra del Juzgado 13 Civil Municipal de Cartagena.

2.7.5. En este punto, debe precisarte que la Corte Constitucional18 ha señalado que
“cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora” y, como se explicó con anterioridad, tal situación no
ocurre en el caso concreto, de modo que, pese a la posible existencia de la
irregularidad alegada por el demandante, no tiene la virtualidad de afectar los derechos
fundamentales invocados.

2.7.6. Se descarta, entonces, la configuración de los defectos sustantivo,
procedimental y de violación directa de la Constitución.

2.8. Queda resuelto, entonces, el problema jurídico: la Sala confirmará la decisión del
a quo, pero por las razones expuestas en esta providencia, esto es, la acción de tutela
es improcedente por el cargo de defecto fáctico, por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional, y se denegará la solicitud de amparo por los cargos de
defecto fáctico y procedimental, así como de violación directa de la Constitución.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Ausente con permiso

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

18 Corte Constitucional. Sentencias SU-061 de 2018 y SU-371 de 2021.

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