Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06275-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06275-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06275-00
Demandante: ANDREA ZAPATA SERNA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06275-00
Demandante: ANDREA ZAPATA SERNA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LA CARRERA JUDICIAL Y
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho fundamental de
petición -respuesta clara, congruente y de fondo-. Jornada de
exhibición de cuadernillos en el marco de la Convocatoria No.
27
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Andrea Zapata Serna contra el Consejo Superior de la
Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia, con el objeto de que se conceda el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la carrera judicial y de petición, por
la falta de respuesta completa a la solicitud que radicó ante las entidades
accionadas y al no realizar en debida forma el proceso de exhibición de los
cuadernillos.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que mediante Acuerdo No. PCSJA 18-11077 de 16 de agosto
de 2018, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se adelanta la
Convocatoria No. 27 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama
Judicial.
Afirmó que en virtud de la referida convocatoria decidió inscribirse para el cargo de
Juez Administrativo del Circuito y que el 24 de julio de 2022 se desarrollaron las
pruebas de aptitudes, conocimiento y psicotécnica, resultados que fueron
publicados el 2 de septiembre de 2022, mediante la Resolución No. CJR22-0351
de 1 de septiembre de 2022.
Sostuvo que contra el resultado interpuso recurso de reposición y al mismo tiempo
radicó una petición el 20 de septiembre de 2022 al correo
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, en la que solicitó la copia del
cuadernillo, las claves correctas y la hoja de respuesta y lo referentes a los datos
estadísticos, valor asignado a cada pregunta, fórmula utilizada para la evaluación,
entre otras cosas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06275-00
Demandante: ANDREA ZAPATA SERNA
Indicó que el 22 de septiembre de 2022 recibió correo de la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial de la Rama Judicial, con documento anexo,
en el que se le informó que “como quiera que la Unidad de Administración de
Carrera Judicial no ejecutó la prueba y la petición atañe a cuestiones técnicas, la
respuesta es generada por la Universidad Nacional de Colombia”.
Señaló que se omitió resolver las peticiones puntuales “como lo fue el derecho que
me asiste de reproducir, por cualquier medio, las preguntas del cuadernillo y las
claves de respuesta”.
Sostuvo que el 30 de octubre de 2022 asistió a la diligencia de exhibición para
poder sustentar el recurso de reposición. En ella se estableció, entre otras cosas,
la prohibición de tomar fotografías, realizar cualquier reproducción del cuadernillo
o la transcripción de preguntas, pese a esto, se percató que existían muchas
preguntas con problemas de inteligibilidad y credibilidad con la clave de respuesta
suministrada por la Universidad Nacional de Colombia, hecho que motiva los
siguientes reparos:
“(i) No fue posible objetar todas las preguntas y respuestas en el escrito de
complementación del recurso de reposición, puesto que al no contar con el cuadernillo
cualquier palabra o signo de puntuación puede cambiar el sentido del enunciado.
(ii) En la mayoría de preguntas del examen puede evidenciarse que, por la técnica de
redacción, se requiere su reconstrucción exacta y fidedigna de acuerdo al texto del
cuadernillo, pues de ello depende la respuesta.
(iii) Las preguntas eran demasiado extensas para objetarse en el tiempo otorgado por la
Universidad Nacional. Por ello, se hace indispensable tener el cuadernillo, para poder
determinar si las preguntas y respuestas son correctas.
(iv) No se brindó información sobre los datos estadísticos, ni el origen o fundamento
técnico de la fórmula utilizada por la Universidad Nacional para calificar las pruebas de
aptitudes y conocimientos”.
Por último, manifestó que con el formato remitido el 22 de septiembre de 2022 y la
jornada de exhibición, no se ha satisfecho la petición que radicó el 20 de
septiembre de 2022 y aunque ya pasó el término para presentar recurso de
reposición, la información solicitada es importante para controvertir los resultados
de las pruebas de aptitudes y conocimientos en la instancia judicial a través de los
medios de control que sean procedentes.
2. Fundamentos de la acción
La demandante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la carrera judicial y de
petición, los cuales considera vulnerados por las entidades accionadas al no dar
respuesta completa a su petición y al no realizar en debida forma el proceso de
exhibición de los cuadernillos.
Resaltó que las entidades accionadas debieron tener en cuenta lo decidido en la
sentencia de tutela de 25 de septiembre de 20191 de la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado, en la que se establecieron las reglas de la
exhibición de los documentos del examen de la Convocatoria No. 27 de la Rama
Judicial.
Agregó que la precitada sentencia de tutela fue presentada por varias aspirantes
que consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a partir de la fecha
asignada y la metodología empleada para exhibir los resultados de la prueba
escrita desarrollada en el marco de la Convocatoria No. 27, lo mismo que ocurrió
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Radicado No.: 11001-03-15-000-2019-01310-01, C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas.
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Demandante: ANDREA ZAPATA SERNA
en su caso durante la jornada de exhibición que se cumplió el 30 de octubre de
2022.
Indicó que la Universidad Nacional de Colombia no dio estricto cumplimiento a los
parámetros para llevar a cabo la reciente exhibición, tal como lo indicó la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado, pues “no existe impedimento para
que cada concursante que haya solicitado la exhibición de los documentos cuando
acuda a tal diligencia por sí mismo o por interpuesta persona, pueda hacerlo por
los medios apropiados incluyendo el uso de la tecnología si es el caso, en el
entendido de que no opera reserva sobre su propia información ni sobre las
preguntas que ya fueron practicadas”.
Señaló que la Universidad Nacional de Colombia impidió el real acceso al
cuadernillo de preguntas y respuestas, de manera tal que se contara con
elementos de juicio suficientes para ejercer el derecho de defensa y contradicción
en la etapa para complementar el recurso de reposición.
Sostuvo que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad
Nacional de Colombia no definieron un mecanismo de consulta teniendo en cuenta
que no existe reserva para los concursantes en relación con sus propias
respuestas ni, en general, de los cuadernillos de preguntas de pruebas ya
practicadas, pues si bien se establecieron los tiempos y medios por los cuales se
puede consultar la información, no ocurrió lo mismo con las reglas para registrar
digitalmente la información sin desconocer los derechos a la intimidad de terceros
y la seguridad del concurso, en los términos explicados por la Sección Tercera,
Subsección “C” del Consejo de Estado en sentencia de 25 de septiembre de 2019.
Afirmó que no se satisface la petición de información con los datos estadísticos
suministrados en la jornada de exhibición, pues no se indicaron las razones,
fundamentos matemáticos o estadísticos para establecer la medida y la desviación
estándar.
Precisó que las entidades accionadas no explicaron las razones por las cuales se
aplicó determinada fórmula para calificar los exámenes y, menos, los motivos por
los que no se respetaron los términos de la convocatoria en relación con el peso
porcentual de las pruebas de aptitudes y conocimientos.
Por último, resaltó que pese a que los delegados de la Universidad Nacional de
Colombia reiteradamente advirtieron que se excluiría a los participantes que
violaran la reserva de los documentos del examen, en la jornada de exhibición de
30 de octubre de 2022 se permitió que varios de los asistentes a la diligencia se
retiraran con la hoja de las claves de las respuestas y la fórmula, irregularidad que
permite a los concursantes presentar acciones y solicitudes de nulidad que
entorpecen el normal desarrollo del proceso de selección que adelanta la Rama
Judicial y que han sido motivados por los reiterados errores en los que incurre el
mencionado establecimiento universitario.
3. Pretensiones
La parte actora formuló en el escrito de tutela la siguiente:
“1. Se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
carrera judicial y de petición.
2. Se ordene a las accionadas emitir respuesta clara, completa y de fondo a la
petición formulada el 20 de septiembre de 2022.
3. Se realice una nueva jornada de exhibición donde se permita la reproducción, por
cualquier medio, del cuadernillo de preguntas como de las claves de respuesta.
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4. Se entreguen los cuadernillos completos del examen para Juez Administrativo del
Circuito, se ordene levantar la reserva de los documentos que hacen parte del
examen y se suministre toda la información solicitada en el derecho de petición
presentado el 20 de septiembre de 2022”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de la petición de 20 de septiembre de 2022, sin constancia de
radicación por medios electrónicos o físicos.
• Copia del recurso de reposición en contra de la Resolución No. CJR22-
0351 del 1 de septiembre de 2022, “Por medio de la cual se publican los
resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondiente al
concurso de méritos para la provisión de los cargos de Funcionarios de la
Rama Judicial”.
• Copia de la respuesta de 21 de septiembre de 2022 y de 5 de diciembre de
2022 expedida por la Universidad Nacional de Colombia.
• Copia del acta de asistencia a la diligencia de exhibición desarrollada el 30
de octubre de 2022.
• Copia de la ampliación del recurso de reposición presentado en contra de la
Resolución No. CJR22-0351 del 1° de septiembre de 2022.
5. Trámite procesal
Por auto de 29 de noviembre de 2022, la Magistrada Sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la demandante, a las entidades demandadas y a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones No. 125544 a
125548 de 2 de diciembre de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la referida
decisión2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Universidad Nacional de Colombia
En escrito de 6 de diciembre de 2022, el director del Proyecto Contrato No. 096 de
2018 solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, en razón a
que no se demostró la vulneración de los derechos fundamentales alegados.
Afirmó que no existe está probada la ocurrencia de la vulneración de los derechos
de la accionante, a lo que agregó que tampoco se está en presencial de un
perjuicio irremediable por parte de la Universidad Nacional de Colombia, por lo
que la acción de tutela debe ser negada.
Resaltó que la accionante asistió a la jornada de exhibición de la prueba, en la que
logró obtener la información requerida respecto de sus aciertos, datos estadísticos
de su cargo, las claves de respuesta, el cuadernillo del examen y la fórmula
aplicada para así poder realizar la operación correspondiente, lo que le permitiría
verificar la calificación otorgada y argumentar su escrito de alzada.
Agregó que durante la diligencia de exhibición a todos los aspirantes se les
proporcionó el número de hojas blancas que requirieron, en aras de tomar los
apuntes u observaciones que a bien considerarán, atendiendo siempre al
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El accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de
correo electrónico: pedronelpinzon713@gmail.com, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co;
contacto@presidencia.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co; contacto@presidencia.gov.co,
notificacionesjudiciales@gestiondelriesgo.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,
notificaciones@santander.gov.co, notificaciones@mincultura.gov.co y contactenos@velez-santander.gov.co.
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protocolo destinado para la actividad. Por consiguiente, la acción de tutela no
puede ser esgrimida a manera de instrumento judicial alterno de los ya señalados
por la ley, pues con ella no se pretende reemplazar o desconocer los mecanismos
ya establecidos para controvertir las decisiones que se acojan durante un trámite
específico.
Sostuvo que se atendieron las solicitudes elevadas por la accionante en su escrito
de petición, sin embargo, aclaró que algunas inquietudes presentadas en el marco
del recurso de reposición, en razón a su naturaleza, serán atendidas en la
oportunidad procesal correspondiente, de conformidad con el cronograma de la
Convocatoria No. 27.
Indicó que en atención al carácter subsidiario, la solicitud de amparo no es el
escenario pertinente para obtener respuesta de manera previa, pues se tiene una
fecha establecida en el cronograma para atender los recursos de reposición
presentados contra el acto administrativo que publicó los resultados de la prueba
de aptitudes y conocimiento.
Señaló que el Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de
Colombia mediante oficio No. CONV27MS-001 de 21 de septiembre de 2022,
informaron aspectos referentes a las generalidades de la jornada de exhibición,
así como la respuesta a las inquietudes relativas al acceso del material de la
prueba, la cantidad de preguntas acertadas en los diferentes componentes y los
datos estadísticos concernientes a la calificación de su examen.
Aclaró que en ningún momento se le negó el acceso a la información a la
accionante, ya que fue citada a la jornada de exhibición realizada el 30 de octubre
de 2022 en la ciudad de Medellín en la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Medellín - Campus Volador, y en la referida jornada le fue entregada la
información solicitada, relacionada con la cantidad de preguntas acertadas en los
diferentes componentes, los datos estadísticos en general concernientes a la
calificación de su prueba, la fórmula utilizada para obtener su calificación y la
explicación del procedimiento, así como también se le permitió la revisión de los
elementos de la prueba.
Afirmó que en escrito con radicado No. CONV27DP-4552 de 5 de diciembre de
2022, se dio alcance a la respuesta otorgada a la accionante a través del oficio
No. CONV27MS-001 de 21 de septiembre de 2022, en el sentido de comunicar
detalladamente los datos estadísticos, aciertos obtenidos en la prueba, la fórmula
aplicada para la calificación y la manera como se distribuyen los aciertos de
acuerdo con la misma, documento que se allega como prueba con el presente
escrito.
Sostuvo que la Universidad Nacional de Colombia atendió lo solicitado por la
demandante en debida forma y se le ha brindado respuesta de fondo, congruente
con lo solicitado y de forma oportuna a las peticiones elevadas por la accionante.
Señaló que no pude predicarse una presunta violación de derechos a la
accionante, toda vez que no solo se le permitió el acceso a la información
solicitada en su derecho de petición, sino que, además, se le concedió al igual que
a los demás aspirantes un tiempo de 4 horas y 30 minutos para realizar la revisión
de la prueba.
Por último, mencionó que respecto de la reserva del material de la prueba y el uso
de medios tecnológicos durante el protocolo de exhibición se expresó la obligación
abstenerse de utilizarlos, toda vez que el protocolo permitió que los aspirantes
durante esta jornada lograrán consignar los comentarios y observaciones en el
número de hojas de anotaciones requeridos por ellos, y suministradas por la
Universidad Nacional de Colombia. Así las cosas, refirió que no puede predicarse
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que las accionadas limitaran o prohibieran que los aspirantes tomarán la
información relacionada con el número de aciertos, datos estadísticos del cargo,
opciones de respuesta correctas, la fórmula suministrada y argumentos que a bien
considerarán para sustentar su escrito de alzada.
6.2. Respuesta de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial
En escrito de 5 de diciembre de 2022, la directora pidió que se negaran las
pretensiones de la acción de tutela o que se declare la carencia actual de objeto
por hecho superado.
Afirmó que la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la
prueba, mediante oficio No. CONV27MS-001 de 21 de septiembre de 2022, dentro
del marco legal vigente, atendió las inquietudes planteadas por la peticionaria, el
cual fue dirigido a la dirección de correo electrónico suministrada para efectos de
notificación.
Sostuvo que fue remitido el oficio No. CONV27DP-4552 de 5 de diciembre de
2022, mediante el cual se dio alcance al oficio No. CONV27MS-001 de 21 de
septiembre de 2022 y se le dio información detallada de los datos estadísticos, y
los aciertos obtenidos en la prueba, lo que configura un hecho superado.
Señaló que en la respuesta se le informó a la demandante que no era posible
entregar copia del cuadernillo o permitir la reproducción de las preguntas de la
prueba dada la reserva legal contenida en la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Adicionalmente, se le informó la cantidad de aciertos obtenidos, los datos
estadísticos de la prueba y la aplicación de la fórmula de calificación, información
que había sido previamente entregada en la jornada de exhibición de 30 de
octubre de 2022.
Agregó que la Unidad de Administración de la Carrera Judicial no ha vulnerado los
derechos al debido proceso ni de acceso a la carrera administrativa de la
accionante, pues se acogieron los criterios para la exhibición de los exámenes
desarrollados en el fallo de tutela de 25 de septiembre de 2019 de la Sección
Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado.
Para terminar, expresó que la transcripción literal de las preguntas y las opciones
de respuesta de la prueba, así como el uso de herramientas tecnológicas para
capturar la información de la prueba aplicada el 24 de julio de 2022, se precisa
que los soportes contentivos de la prueba contienen información relacionada con
la estructuración, construcción, soporte técnico y contenido de las pruebas
practicadas, los cuales están cobijados por la reserva legal de que trata el
parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si las entidades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la carrera judicial y de
petición de la accionante, al no resolver todas las solicitudes de la petición de 20
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de septiembre de 2022, relacionadas con los resultados de las pruebas de
aptitudes, conocimientos y psicotécnica de la Convocatoria No. 27 y el inadecuado
desarrollo de la diligencia de exhibición de los cuadernillos y respuesta de las
mencionadas pruebas.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
3
fundamental. En la sentencia T-1160A de 2001 , esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3.
Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos
se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco
se concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver.
De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la
obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”4 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,5 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;6
3
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
4
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
5
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
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k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado7”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
8
respuesta adoptada por la entidad” . (destacado fuera de texto)
El artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755
de 2015, establece al hacer referencia a las distintas modalidades del derecho
fundamental de petición, que “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las
autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo
23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos”.
Por su parte, el artículo 14 de la misma norma, establece que salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse, por
regla general, dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. En cuanto
a las peticiones de documentos e información el plazo es de diez (10) días y para
peticiones de consulta de treinta (30) días. Además, se incluye una posibilidad
excepcional de resolver por fuera del mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe
ser informada por la autoridad, antes del vencimiento del término, señalando
expresamente los motivos de la demora así como el plazo razonable en que se
6
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP. Rodrigo Escobar
Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de
incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición,
toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la
Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad,
mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la
función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
7
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez
constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados”9.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. De la supuesta vulneración del derecho de petición
4.1.1. La accionante presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen
los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la carrera judicial y de
petición, supuestamente vulnerados por la falta de respuesta a las solicitudes
realizadas el 20 de septiembre de 2022, relacionadas con los resultados de las
pruebas de aptitudes, conocimientos y psicotécnica de la Convocatoria No. 27 y el
inadecuado desarrollo de la diligencia de exhibición de los cuadernillos y
respuesta de las mencionadas pruebas.
4.1.2. Al respecto, la Sala observa que el 20 de septiembre de 2022, la accionante
remitió a la dirección de correo electrónico al correo
convocatoria27@cendoj.ramajudicial.gov.co, la siguiente solicitud:
“PRIMERO: Que se remita vía correo electrónico copia digitalizada del cuadernillo contentivo de
las preguntas del examen, las claves correctas y la hoja de respuestas que diligencié en la
prueba de aptitudes y conocimientos para el cargo de Juez Administrativo del Circuito, que se
llevó a cabo el día 24 de julio de 2022.
SEGUNDO: Que se me explique e informe amplia y detalladamente lo siguiente:
1. Procedimiento y Datos estadísticos que permitieron establecer la media estándar en las
pruebas de aptitudes y conocimiento efectuadas el pasado 24 de julio de 2022.
2. Número de coincidencias entre las respuestas marcadas por la suscrita y las claves asignadas
por la Universidad evaluadora, en cada una de las pruebas (aptitudes y conocimientos)
presentada por la suscrita el pasado 24 de julio de 2022.
3. Valor asignado a cada una de las respuestas correctas en las pruebas de aptitudes y
conocimiento y el fundamento de la asignación de tal valor.
4. Que se indique si se excluyeron preguntas de las pruebas de aptitudes y conocimiento, cuáles
y la razón de ello. De ser afirmativo lo anterior, se deberá explicar la forma como incidió en el
cálculo del resultado obtenido por mí y los demás concursantes.
5. Cuántas del total de preguntas formuladas en la prueba de conocimientos fueron calificadas en
mi hoja de respuesta como incorrectas, indicando el número de la pregunta y la respuesta
seleccionada.
6. Cuál era la opción correcta de respuesta y el sustento dado por la Universidad que realizó la
prueba, específicamente frente a las preguntas que me fueron calificadas como incorrectas.
7. Una transcripción o se entregue copia de las preguntas que me fueron calificadas como
incorrectas con sus respectivas opciones de respuesta.
8. Que se indique expresamente cuál fue la fórmula utilizada en la evaluación de mi examen,
señalando los valores tomados como referencia para la fórmula y sus correspondientes
definiciones y fundamentos.
9. Se informe de manera clara y precisa, si alguna de las preguntas fue dada por correcta a la
totalidad de los concursantes, aunque hubiese sido contestada incorrectamente y/o hubiese sido
erróneamente redactada.
10. Se indique si el cuestionario por mí resuelto contenía preguntas con única respuesta correcta
o con grado de aceptación entre las diferentes claves de respuesta.
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Sentencia de 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01)
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TERCERO: En caso de que sea negada las peticiones tendientes a obtener los documentos del
examen (cuaderno de preguntas, claves de respuestas, datos estadísticos, etc.), se me permita
acceder a dicha información en la fecha señalada para la exhibición en la ciudad de Medellín,
lugar en el que presenté la prueba de aptitudes, conocimiento y psicotécnica.
CUARTO: Se me informe usuario y contraseña para ingresar a la plataforma Kactus a través de
la cual realicé la inscripción e hice el cargue de documentos para participar en la Convocatoria
27.
Lo solicitado resulta necesario para que la suscrita pueda adelantar el estudio de los argumentos
para impugnar la decisión en sede administrativa y judicial. Lo anterior como garantía del
derecho de defensa y contradicción y respeto del principio de transparencia frente a los
resultados publicados el 2 de septiembre de 2022, mismos que son susceptibles de ser
recurribles”.
En escrito de 21 de septiembre de 2022, la Universidad Nacional de Colombia
emitió respuesta con el fin de dar respuesta a las solicitudes de la demandante, en
los siguientes términos:
“Información sobre aspectos generales de la Convocatoria 27 y jornada de exhibición de pruebas
Con respecto a las inquietudes relativas al acceso del material de la prueba, la cantidad de
preguntas acertadas en los diferentes componentes, los datos estadísticos en general
concernientes a la calificación de su prueba y la revisión manual, se le informa que le serán
entregados en la jornada de exhibición del 30 de octubre del presente año conforme al
cronograma publicado. En esta actividad usted tendrá acceso al material de la prueba
presentada, esto es, cuadernillo, hoja de respuestas y hoja de claves de respuesta con los datos
estadísticos utilizados para la obtención del puntaje. Con esta información podrá establecer los
aciertos y desaciertos de su examen.
Las condiciones para la exhibición serán informadas mediante el respectivo instructivo que será
oportunamente publicado en la página WEB de la Rama Judicial – Convocatoria 271- junto con el
listado de citación que indicará hora y lugar, para las personas que han manifestado mediante
petición o recurso de reposición, allegados hasta el 22 de septiembre, la intención de participar
en la jornada de exhibición o conocer los datos. Cabe destacar que esta jornada se realizará
acogiendo los precedentes judiciales del Consejo de Estado, significando que la citación para la
exhibición se hará en la ciudad donde presentó la prueba del 24 de julio del 2022, y por el mismo
tiempo que se otorgó para la aplicación, 4 horas y media.
Por otro lado, se recuerda que para quienes asistan a la jornada de exhibición tendrá lugar la
ampliación del término para adicionar el recurso de reposición, para lo cual cuentan con un
término de diez (10) días, siguientes a la jornada de exhibición.
Copia del material de la prueba. Publicación de claves de respuesta en la página del concurso o
envío al correo personal.
Ahora bien, en atención a las solicitudes relacionadas con la entrega física o digital del material
de la prueba aplicada el 24 de julio del presente año, así como aquellos requerimientos de
realizar la publicación de las claves de respuesta en la página web del concurso, se advierte que
el artículo 24 de la Ley 1755 de 30 de junio de 2015 (…), estipula:
(…)
Adicionalmente, con el objeto de proteger la confidencialidad e integridad de la prueba, el
parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, estableció:
(…)
Respecto de esta normativa, la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de febrero 5 de 1996
precisó:
(…)
Igualmente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-067 de 2022, mediante la cual resolvió
algunas acciones de tutela en sede de revisión dentro del presente concurso, indicó que la
información que integra el proceso de méritos ostenta carácter reservado por disposición legal:
(…)
En ese orden de ideas, no es posible entregar a los aspirantes el material del examen, dada la
reserva que sobre esta información recae, lo que no impide que cada aspirante pueda revisar su
propio examen en conjunto con las claves de respuesta y así ejercer su derecho de defensa en lo
que considere pertinente.
Aciertos de los demás aspirantes.
En igual sentido, de cara a las solicitudes encaminadas a obtener la información relativa al
número de aciertos y demás datos estadísticos de otros aspirantes, se recuerda que de
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conformidad con el numeral 3.º del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, dicha información tiene
carácter reservado en los siguientes términos: “3. Los que involucren derechos a la privacidad e
intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes
pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones
públicas o privadas, así como la historia clínica”.
Señala el parágrafo de la misma norma que “Para efecto de la solicitud de información de
carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 sólo podrá ser solicitada por el titular
de la información, por sus apoderados o por personas autorizadas con facultad expresa para
acceder a esa información.” (Declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-951-14).
Así mismo, el artículo 3º de la Ley Estatutaria 1266 de 2008 en su literal h define dato privado
como “(…) el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante para el titular”,
razón por la cual, la información relacionada con su solicitud, por su naturaleza, sólo resulta
relevante para el titular de la información.
En virtud de lo anterior, dado el carácter reservado de la información solicitada, no es viable
atender de manera favorable estas solicitudes.
Fórmula aplicada para determinar el tiempo de respuesta de las preguntas en los diferentes
componentes
La Universidad Nacional de Colombia llevó a cabo un procedimiento riguroso para garantizar la
evaluación de los constructos definidos en la convocatoria.
Estos procedimientos se aplican en las diferentes etapas de la construcción de las pruebas
escritas desde el diseño, desarrollo, administración y la calificación de las pruebas.
De acuerdo con los análisis psicométricos de las pruebas efectuados por la Universidad, se
puede observar que el tiempo otorgado para la respuesta fue el adecuado para garantizar la
evaluación, esto se evidencia en los análisis psicométricos, así como, en el análisis de omisiones
realizado a las respuestas de la totalidad de concursantes. Al respecto, también se puede
considerar el amplio número de concursantes que aprobaron con un puntaje superior a los 800
puntos definidos en la convocatoria.
Cómo afecta la calificación del universo de aspirantes, la práctica de la prueba supletoria.
La aplicación de la prueba supletoria a los concursantes que, por razones probadas de fuerza
mayor y caso fortuito no asistieron a la presentación del examen practicado el día 24 de julio de
2022; se llevará a cabo, de manera equiparable a las desarrolladas en el examen general, en
este sentido, la equivalencia de las pruebas escritas pese a integrar un contenido diferente, se
realiza tanto estructuralmente, como metodológicamente, en este último, el procedimiento de
calificación de las personas que presentaran la prueba supletoria contempla un procedimiento de
equiparación de puntajes con lo cual no se modifica ni se afecta el resultado de las personas ya
calificadas con la prueba del 24 de julio de 2022.
Informar si los ítems para cada cargo se encuentran en todos los cuadernillos de ese mismo
cargo
Las pruebas desarrolladas para el presente concurso buscan identificar y medir los atributos que
están directamente relacionados con las funciones de los cargos convocados para juez y
magistrado en sus diferentes especialidades, de tal forma que permitan la clasificación de los
candidatos en relación con las calidades requeridas para el desempeño satisfactorio de las
funciones.
Por otra parte, la prueba escrita de conocimientos tiene dos componentes, uno general, el cual
tiene contenidos comunes para todos los cargos, es decir es única para todos los evaluados; y
un componente específico, en el que su contenido depende de la especialidad seleccionada. La
prueba de aptitudes es única para todos los concursantes, sin embargo, la prueba psicotécnica
contiene algunas competencias comportamentales que son comunes para todos los cargos, así
como unas competencias específicas según el tipo de cargo. Los contenidos o temas para cada
una de las pruebas se pueden revisar en el instructivo para la presentación de las pruebas
escritas el cual se puede obtener en este enlace:
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/63321370/Instructivo+Presentacion+Prueba
s+Escritas+Convocatoria+27+24072022_2.pdf/351e4c49-2b29-497f-b249-5e9092a2dde7.
Considerando lo anterior, en total se elaboraron 22 pruebas escritas que se relaciona con los
cargos y grupos de cargos de la convocatoria así:
(…)
Acto administrativo que define y regula la fórmula y criterios de calificación antes de la prueba.
Con referencia a la inquietud relacionada al acto administrativo que definió los criterios de
calificación, se recuerda que el Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077 del 16 de agosto de
2018, señala que la calificación de las pruebas de aptitudes y conocimientos se hará a partir de
una escala estándar entre 1 y 1.000 puntos. La prueba de aptitudes se calificará entre 1 y 300
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puntos y la de conocimientos entre 1 y 700 puntos. Para aprobar se requerirá obtener un mínimo
de 800 puntos, sumando los puntajes de las dos pruebas.
En consecuencia, es importante recordar que el Acuerdo de Convocatoria es norma obligatoria y
reguladora del proceso de selección, y por consiguiente de obligatorio cumplimiento tanto para la
administración como para los participantes, quienes al momento de inscribirse aceptan las
condiciones y términos señalados en el mismo, por tanto, el Consejo Superior de la Judicatura en
ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, de conformidad con el
artículo 85 de la Ley 270 de 1996, expidió el precitado acuerdo, para adelantar el proceso de
selección y convocar al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la
Rama Judicial, acto administrativo mediante el cual se fijaron las reglas generales del concurso y
se determinaron las etapas del proceso.
Término razonable para sustentar el recurso luego que se le brinde la información solicitada.
Contabilizar los términos del recurso una vez se le otorgue la información solicitada.
Con relación a las solicitudes de suspensión del término para la interposición del recurso de
reposición en contra de la Resolución CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022. (…), es preciso
aclarar que dicho término fue fijado por el legislador en el artículo 76 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
En igual sentido, respecto al término para sustentar el recurso de reposición contra el resultado
de la prueba de conocimientos, el artículo 5.3 del Acuerdo PCSJA17-11017 indica que:
(…)
En consecuencia, los términos para la interposición del recurso deben ser acatados tanto por la
administración como por los administrados con el fin de garantizar la seguridad y certeza jurídica,
el debido proceso, el principio de celeridad, igualdad y eficacia. Situación que se materializa con
el cumplimiento efectivo de los límites temporales fijados por el legislador.
No obstante, para quienes soliciten la exhibición tendrán un término de diez (10) días adicional
para sustentar el recurso, tal como quedó señalado en el cronograma de la convocatoria que se
encuentra publicado.
Número de aspirantes en los diferentes cargos y aspirantes al mismo cargo, número de
aprobados en los diferentes cargos.
En relación a las solicitudes orientadas a obtener el número de aspirantes en los diferentes
cargos, así como su calificación individual, se recuerda que dicha información es de carácter
público y puede ser consultada al interior del anexo de la Resolución CJR22-0351 de 01 de
septiembre de 2022. "Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
Funcionarios de la Rama Judicial", mediante el link
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/7227621/63321370/CJR22-0351+-
+Anexo.pdf/65ffba5a-7eb7-488c-b8d5-9174664886ff
Respecto a las solicitudes de informar si debía aprobar un número determinado de aspirantes por
cargo, se precisa que el número de aprobados depende exclusivamente del desempeño de los
concursantes en la prueba escrita, la cual tiene carácter eliminatorio, puesto que el índice de
aprobación se encuentra definido únicamente por la superación del puntaje mínimo aprobatorio,
correspondiente a un puntaje igual o superior a 800 puntos.
De tal forma, las reglas de la Convocatoria no contemplan una cantidad mínima de aspirantes
aprobados, puesto que incluso se prevé la posibilidad de declarar desierto el concurso en caso
de que ningún aspirante supere el mínimo aprobatorio, conforme a lo descrito en el numeral 10
del artículo tercero del Acuerdo de Convocatoria PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018.
Informar y certificar procedimientos que se llevan a cabo para mantener la cadena de custodia de
la prueba.
Para la aplicación de las pruebas escritas del concurso de méritos de la Rama Judicial,
Convocatoria 27, se contrataron los servicios de impresión, transporte de seguridad y cadena de
custodia de la empresa Cadena S.A. Esta empresa cuenta con amplia experiencia, demostrada
durante más de 40 años en la impresión y tratamiento de seguridad de títulos valores. El
tratamiento dado a las pruebas escritas fue con amplias medidas de seguridad lo cual garantiza
la reserva de la información, en el mismo sentido, la aplicación de rigurosos protocolos logísticos
y de alta tecnología que permiten individualizar cada cuadernillo según la cantidad de
concursantes, así se llevó a cabo controles para la impresión y lectura de las respuestas
mediante códigos de barra para cada persona.
Respecto de las peticiones en las que se requiere información relacionada con la estructura
psicométrica y contenido de los ítems de la prueba para los diferentes cargos, índice de eficacia
y validez, la metodología y criterios de calificación respecto de la fórmula aplicada, la asignación
de un valor mayor a las preguntas acertadas, la exclusión de ítems y recalificación posterior con
ocasión a inconsistencias en la creación del examen; se aclara que, atendiendo la naturaleza y
etapa procesal de dichos requerimientos, serán abordados en la resolución que resuelve los
recursos.
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En igual sentido, se recuerda que el 12 de mayo fue publicado el cronograma de la Convocatoria,
donde se indica que el término para interposición de recursos de reposición contra la Resolución
CJR22-0351 “Por medio de la cual se publican los resultados de la prueba de aptitudes y
conocimientos correspondiente al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
Funcionarios de la Rama Judicial", dio inicio el día 9 de septiembre y finalizará el día 22 del
mismo mes; y estos serán atendidos mediante Resolución que será publicada el 16 de enero de
2023.
De otra parte, debe aclararse que aun cuando los recursos comprenden una modalidad o
desarrollo del derecho de petición, su ejercicio, se rige por las disposiciones de carácter procesal
contenidas en los artículos 74 al 82 de la Ley 1437 de 2011”.
La anterior respuesta fue notificada a la dirección electrónica de la accionante
(azapataserna11@gmail.com) el 22 de septiembre de 2022, tal como se observa
en la constancia aportada por la Unidad de Administración de Carrera Judicial, así:
Posteriormente, la Universidad Nacional de Colombia expidió el oficio No.
CONV27DP-4552 de 5 de diciembre de 2022, por medio del cual complementó la
respuesta brindada el 21 de septiembre de 2022 a las peticiones de la
demandante, en los siguientes términos:
“En relación con sus solicitudes de entregar copia del material de la prueba por correo
electrónico, la entrega de las claves asignadas a cada pregunta con su justificación y la
transcripción de las preguntas que no acertó, es necesario reiterar lo manifestado en el oficio
CONV27MS-001 de 21 de septiembre de 2022, donde se informó que los documentos de la
prueba, como lo son el cuadernillo de preguntas, la hoja de respuestas diligenciada y las claves
asignadas a cada pregunta son reservadas en virtud de lo consagrado en el artículo 164 de la
Ley 270 de 1996, por lo que no es posible entregar a los aspirantes el material del examen,
dada la reserva que sobre esta información recae, lo que no impide que, en la jornada de
exhibición prevista en el cronograma, cada aspirante pueda revisar su propio examen en
conjunto con las claves de respuesta y así ejercer su derecho de defensa en lo que considere
pertinente.
Frente a la cantidad de preguntas acertadas y no acertadas en los diferentes componentes, la
fórmula de calificación, los datos estadísticos en general concernientes a la calificación de su
prueba, se aclara que esta información fue entregada durante la mencionada jornada de
exhibición de la prueba, en la que los aspirantes pudieron tener acceso al cuadernillo de
preguntas, hoja y claves de respuestas, los datos estadísticos utilizados para la obtención del
puntaje e información para establecer los aciertos y desaciertos de su examen. Atendiendo su
solicitud, usted fue citada en la ciudad de Medellín a la exhibición de la prueba que se llevó a
cabo el día 30 de octubre de 2022; revisadas las actas, se comprueba que asistió a la jornada y
además amplió el recurso de reposición.
Cabe destacar que esta jornada se realizó acogiendo los precedentes judiciales y en especial
acatando la providencia proferida por el Consejo de Estado, significando que la citación para la
exhibición se adelantó en la ciudad donde presentó la prueba el 24 de julio del 2022, y por el
mismo tiempo que se otorgó para la aplicación, 4 horas y media, aclarando que al haber optado
la entidad por la exhibición presencial, no es factible la reproducción con uso de medios
tecnológicos o digitales, o entrega física del material, así como la entrega de la justificación de
las preguntas aplicadas, que constituye el soporte técnico de la prueba, de conformidad con lo
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establecido en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia, la cual no contempla ninguna excepción.
Por otra parte, con el fin de complementar la información entregada frente a la fórmula de
calificación y el valor de cada pregunta, se indica que para la calificación de la prueba de
conocimientos y de la prueba de aptitudes, se hizo el cálculo del puntaje directo para cada
aspirante a partir de la suma de los aciertos, es decir, el conteo de respuestas correctas para
cada prueba. Se hizo la conversión de dicho puntaje a puntuaciones Z, el cual muestra el
rendimiento de cada aspirante en relación con los concursantes que aspiran al mismo cargo o
grupo de cargos definido en la convocatoria.
La fórmula para obtener el puntaje z es Z=(x-x)/s donde x representa el puntaje de la persona y
x y s son la media y la desviación estándar del grupo con el que se compara el concursante. En
este caso la media o promedio es una medida de tendencia central que ubica el valor de la
cantidad de preguntas acertadas según el cargo o grupo de cargos para el caso del presente
concurso. La desviación estándar es una medida de dispersión que permite observar el rango
en que la mayoría de los datos se alejan de la media.
Los puntajes Z obtenidos se transformaron a una escala T a partir de la fórmula T=(Z * σ)+μ.
Esta fórmula permite expresar los puntajes en la escala definida en la convocatoria, de máximo
700 puntos para la prueba de conocimientos y máximo 300 puntos para la prueba de aptitudes.
Es importante aclarar que el uso de esta transformación no cambia la distribución de los
aciertos de los concursantes, sino que permite interpretarlos sobre la escala de medición
definida en la convocatoria 27. Esta conversión permite, en un proceso meritocrático, identificar
aquellas personas que resaltan entre su grupo por su nivel de conocimientos y de aptitudes,
asegurando que en el proceso se seleccionan las personas más idóneas. En consecuencia,
atendiendo a lo aquí expuesto, es inexacto expresar que exista un valor asignado a cada
pregunta.
Así, atendiendo su solicitud de informar los aciertos y los datos estadísticos, se indica que
obtuvo 24 aciertos en la prueba de aptitudes y 51 aciertos en la prueba de conocimientos. Con
relación a los datos estadísticos del grupo de referencia en el cual se encuentra, se precisa
que, para la prueba de aptitudes, la media es de 22,132, mientras que la desviación estándar
es de 6,417. En cuanto a la prueba de conocimientos, la media corresponde a 33,705 y la
desviación estándar es de 7,216.
Así, para obtener el puntaje de cada prueba se realizan las siguientes fórmulas:
Puntaje aptitudes: ((Número de aciertos-Media) / Desviación) * 30) + 190
Puntaje conocimientos: ((Número de aciertos-Media) / Desviación) * 30) + 550
Efectuando estos cálculos, se obtiene un resultado de 198,73 para la prueba de aptitudes, y de
621,90 en la prueba de conocimientos, para un total de 820,63 puntos, los cuales corresponden
a los publicados en el Anexo de la Resolución CJR22-0351 de 01 de septiembre de 2022.
En cuanto a la existencia de preguntas excluidas en el examen, se indica que ningún ítem de la
prueba fue objeto de exclusión, y la calificación se obtuvo sobre la totalidad de preguntas que
fueron aplicadas.
Por otra parte, en relación con indicar si el cuestionario contenía preguntas con única respuesta
correcta o con grado de aceptación entre las diferentes claves de respuesta, se precisa que el
Instructivo para la aplicación de las pruebas escritas fue publicado en la página web de la
Rama Judicial, donde se indicó que el examen sería desarrollado mediante preguntas de
selección múltiple con única elección, aclarando que las pruebas de aptitudes y conocimientos
serían de única respuesta, mientras que las pruebas psicotécnicas son de respuesta graduada.
Por último, su usuario de Kactus es jazz861102@gmail.com y la clave 12345abc, sin embargo
se advierte que el acceso a la plataforma “kactus” de la Rama Judicial, se habilitó en los
términos del numeral 2.3 del Acuerdo de la Convocatoria, es decir, por un período determinado,
con el objeto de que los aspirantes pudieran diligenciar la información allí solicitada y anexaran
la documentación respectiva”.
Este último oficio, se notificó a la demandante al mismo correo electrónico remitido
el 5 de diciembre de 2012, tal como se evidencia en la constancia de envío
aportada:
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De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente, y a partir de una
lectura integral de la respuesta dispensada el 21 de septiembre de 2022, la Sala
evidencia que, contrario a lo manifestado por la demandante en el escrito de
tutela, la Universidad Nacional de Colombia dio contestación de fondo, completa y
congruente con lo solicitado a cada una de las solicitudes que formuló en la
petición de 20 de septiembre de 2022, respuesta que fue complementada en
algunos aspectos que se mencionaron de manera general en la primera con la
comunicación de 5 de diciembre de la misma anualidad.
Adicionalmente, se observa que a la accionante se le informó sobre el
procedimiento para establecer la media, el número de respuesta correctas y el
valor asignado a cada una, las preguntas excluidas y, adicionalmente, la
demandante durante la diligencia de exhibición tuvo la posibilidad de verificar su
cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas.
Luego, en relación con la solicitud relacionada con la existencia de alguna
pregunta dada por correcta a la totalidad de los concursantes, se le informó que
frente a esa petición estaba de por medio las respuestas de otros concursantes
diferentes a las de la demandante, razón por la cual dichos datos gozaban de
reserva.
Igualmente, a la demandante se le indicó la fórmula de calificación, el valor de
cada pregunta, la media y la desviación estándar, para luego, mediante la fórmula
establecida y las respuestas correctas se le indicó cuál era su puntaje. Además, se
le informó que no hubo exclusión de preguntas y que la calificación de la prueba
fue sobre el total de las mismas.
Finalmente, le recordó a la accionante su usuario y contraseña para ingresar a la
plataforma Kactus, la cual se habilitó en su momento para que se anexaran los
documentos e información personal de los participantes.
En ese orden de ideas, la Sala evidencia que se dio respuesta clara, congruente y
de fondo a la solicitud de la accionante, por lo que no se evidencia la vulneración
del derecho fundamental de petición.
4.2. De la diligencia de exhibición de cuadernillos desarrollada en el marco
de la Convocatoria No. 27
De otra parte, la accionante considera que la información de las respuestas de los
otros participantes a la Convocatoria No. 27, como la reproducción de cuadernillos
de preguntas y la hoja de respuestas, debieron brindarse en la respuesta a la
petición y durante la jornada de exhibición de los cuadernillos y hojas de
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respuestas. A su juicio, como no se entregó dicha información considera que las
entidades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a cargos públicos y, en consecuencia, se debió efectuar nuevamente la
diligencia de exhibición.
4.2.1. Frente a la diligencia de exhibición de cuadernillos, el Consejo de Estado en
sentencias de tutela10 ha dicho que si bien las pruebas que se aplican en los
concursos de méritos gozan de reserva legal, de conformidad con el parágrafo
segundo del artículo 164 de la Ley Estatutaria 270 de 1996, la misma procede
únicamente frente a terceros y no respecto de los participantes cuando se trata de
sus propios exámenes. Por lo anterior, dicha reserva no debe reñir con la garantía
de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción,
cuando el participante solicita la exhibición de las pruebas que presentó para
fundamentar sus reclamaciones ante las instancias competentes.
Igualmente, lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia T-180 de
2015, en la que afirmó que los “inscritos en las convocatorias puedan conocer
directamente el contenido de las pruebas que les hayan sido aplicadas y sus
calificaciones, debe consagrar la posibilidad de que a través de otra institución
pública que tenga presencia en el lugar de presentación del examen, el aspirante
pueda consultar personalmente los documentos reseñados, ante un funcionario
competente que garantice el registro de la cadena de custodia. En ningún caso se
podrá autorizar su reproducción física y/o digital (fotocopia, fotografía, documento
escaneado u otro similar) para conservar la reserva respecto de terceros”.
(Negrilla y subraya de la Sala)
4.2.2. De conformidad con las pruebas que reposan en el expediente de tutela, la
Sala advierte que en la respuesta de 21 de septiembre de 2022, la Universidad
Nacional de Colombia indicó que la reproducción de cuadernillos y las hojas de
respuestas estaba prohibida en virtud de la reserva de la que gozan los
mencionados documentos. Asimismo, lo manifestó respecto a la petición en la que
solicitaba información de respuestas de los demás participantes.
Igualmente, en el protocolo de exhibición se estableció que “las pruebas escritas
son reservadas, pero se permite que el aspirante acceda a ellas por una única
ocasión para el trámite de su recurso de reposición, cualquier uso no autorizado
se constituye en una transgresión que será sancionada de conformidad con la
normatividad vigente. El aspirante podrá acceder al material de examen
presentado por él, no a las pruebas u hojas de respuesta de otros aspirantes; de
igual forma, el aspirante que accede a las pruebas escritas admite conocer y
aceptar la prohibición de reproducir el material de prueba de manera física, digital
o por cualquier medio. Por ningún motivo se harán excepciones al respecto. Todo
el proceso de exhibición será filmado por parte de la Universidad Nacional de
Colombia”.
Es decir, que desde un principio la demandante tenía conocimiento que lo
relacionado con los cuadernillos, respuestas e información de los demás
participantes de la Convocatoria No. 27 gozaba de reserva en virtud de lo
dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 164 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
Por otra parte, en lo relativo a que la Universidad Nacional de Colombia le impidió
acceder al cuadernillo de preguntas y respuestas de manera tal que pudiera contar
con elementos de juicio suficientes para ejercer el derecho de defensa y
contradicción en la etapa para complementar el recurso de reposición, la Sala
observa que la demandante asistió a la jornada de exhibición, a lo que se debe
agregar que de manera previa le dieron a conocer el instructivo de exhibición, que
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Consejo de Estado, Sección Primera, radicado N°. 11001-03.15-000-2019-00329-00, sentencia de 9 de abril de 2019,
Consejo de Estado, Sección Primera, radicado N°. 08001-23-33-000-2016-00146-01, sentencia de 12 de mayo de 2016 y
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 25 de septiembre de 2019.
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contó con 4 horas y 30 minutos para analizar el cuadernillo de preguntas y su hoja
de respuesta para analizar si existían falencias o errores en la elaboración del
cuestionario y en las respuestas.
Adicionalmente, la Universidad Nacional de Colombia informó que a cada uno de
los participantes de la jornada de exhibición le entregaban hojas en blanco con el
fin de que tomaran todas las anotaciones posibles y así evitar la violación de la
reserva de los cuadernillos y las respuestas.
Para la Sala las condiciones de acceso restringido a los exámenes se justifican en
el carácter reservado de que gozan todas las pruebas que se aplican en los
concursos para proveer cargos de carrera judicial, carácter que también se predica
de toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquellas, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 164 de la Ley
Estatutaria 270 de 1996, que si bien en la diligencia de exhibición no se extiende
para el concursante, el establecimiento de algunas prohibiciones, como por
ejemplo, tomar fotografías o transcribir el contenido de las preguntas, redunda en
garantizar la confidencialidad del contenido de las pruebas frente a terceros.
Ahora bien, en el escrito de tutela la accionante hizo referencia a la sentencia de
tutela de 25 de septiembre de 2019, proferida por la Sección Tercera, Subsección
“C” del Consejo de Estado dictada en razón a la exhibición de los cuadernillos de
las pruebas llevadas a cabo en la Convocatoria No. 27, con ocasión de las
dificultades presentadas para realizar dicha diligencia, pues en esta se pretendió
desarrollar en el distrito de Bogotá cuando los exámenes se realizaron a nivel
nacional, por lo que los derechos fundamentales de los aspirantes que vivían por
fuera se veían vulnerados al dificultarse el traslado. Además, que estas se debían
realizar en las mismas condiciones y tiempo que tuvieron para practicar las
pruebas.
Lo anterior, fue una situación superada en el presente asunto toda vez que la
exhibición de los cuadernillos se realizó en las respectivas seccionales en donde
se practicaron los exámenes; la demandante asistió a la exhibición y se le
brindaron las condiciones de tiempo y modo. Por consiguiente, no se evidencia
similitud que permita al juez de tutela su aplicación en el caso bajo estudio.
En ese orden de ideas, la Sala no encuentra que hayan existido barreras para
realizar la diligencia de exhibición, todo lo contrario, se observa que las entidades
accionadas le garantizaron su participación y asistencia. Además, que se tomaron
medidas de seguridad como la requisa al ingreso y la prohibición de transcribir las
preguntas o respuestas correctas del examen, las cuales se justifican en el
carácter reservado de las pruebas, razón por la cual se negarán las pretensiones
de la acción porque no se vulneró ningún derecho fundamental.
Ahora bien, si la demandante considera que la información solicitada no gozaba
de reserva o que debió levantarse la misma, contaba con el recurso de insistencia
contra la respuesta de 21 de septiembre de 2022, complementada el 5 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo previsto en el artículo 2611 de la Ley
11
Artículo 26. Insistencia del solicitante en caso de reserva. Si la persona interesada insistiere en su petición de información
o de documentos ante la autoridad que invoca la reserva, corresponderá al Tribunal Administrativo con jurisdicción en el
lugar donde se encuentren los documentos, si se trata de autoridades nacionales, departamentales o del Distrito Capital de
Bogotá, o al juez administrativo si se trata de autoridades distritales y municipales decidir en única instancia si se niega o se
acepta, total o parcialmente la petición formulada.
Para ello, el funcionario respectivo enviará la documentación correspondiente al tribunal o al juez administrativo, el cual
decidirá dentro de los diez (10) días siguientes. Este término se interrumpirá en los siguientes casos:
1. Cuando el tribunal o el juez administrativo solicite copia o fotocopia de los documentos sobre cuya divulgación deba
decidir, o cualquier otra información que requieran, y hasta la fecha en la cual las reciba oficialmente.
2. Cuando la autoridad solicite, a la sección del Consejo de Estado que el reglamento disponga, asumir conocimiento del
asunto en atención a su importancia jurídica o con el objeto de unificar criterios sobre el tema. Si al cabo de cinco (5) días la
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1437 de 2011. Sin embargo, del expediente de tutela no se observa que hubiera
acudido a ese medio de defensa judicial.
Por las razones expuestas, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por la
señora Andrea Zapata Serna contra el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad
de Administración de la Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
sección guarda silencio, o decide no avocar conocimiento, la actuación continuará ante el respectivo tribunal o juzgado
administrativo.
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