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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06291-00

Subsidiariedad: no se cumple porque se encuentran pendientes de resolver

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06291-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06291-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 110010315000202206291 00

Accionante: EDGAR IVÁN PAEREZ CARVAJAL

Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
SUBSIDIARIEDAD – No se cumple porque se encuentran pendientes de resolver
cuestiones que deben ser objeto de estudio por la autoridad judicial competente.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Edgar Iván Paerez Carvajal, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Edgar Iván Paerez Carvajal, a nombre propio, instauró demanda de tutela
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la
administración de justicia; así como los principios de seguridad jurídica, buena fe y
confianza legítima. El tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de
manera literal, con posibles errores incluidos):

1. Solicito al señor Juez TUTELAR los Derechos Fundamentales invocados en
la presente acción.

2. Dejar sin valor y efectos las providencias adiadas los días 11 de mayo (x2) y
27 de julio de 2022, notificadas electrónicamente en correos de fechas 25 de
mayo y 17 de agosto de 2022, respectivamente, dentro de los expedientes

1

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

500011102000201800235-01, y 500011102000201800228-01,
respectivamente, mediante los cuales resolvieron DECLARAR BIEN NEGADO
el recurso de apelación interpuesto por el suscrito en forma idéntica en cada
expediente y negado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Meta.

3. Que en consecuencia con lo anterior, se le ordene a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto en
debida oportunidad y forma contra las decisiones por las cuales se me
interpuso multa en los expedientes 500011102000201800235-01,
50001110200020180024001 y 500011102000201800228-01, conforme el
parágrafo 2 del artículo 150 de la ley 734 de 2002, vigente al momento de
promoverse, adelantarse y agotarse el trámite del incidente de temeridad, así
como vigente al momento de interponerse el recurso de apelación
indebidamente negado.

2. Hechos relevantes

Manifestó el tutelante que, entre enero y diciembre de 2018, estuvo vinculado con
la Universidad de Cundinamarca (UDEC), por contrato de prestación de servicios
suscrito con el objeto de “coordinar jurídicamente el área jurídica de la Dirección
de proyectos Especiales de la Universidad”.

En virtud de dicha vinculación, mediante escrito de 22 de marzo de 2018, se
solicitó la remisión de los procesos que se adelantaban contra la Universidad en
los juzgados de Villavicencio a la ciudad de Bogotá y, además, se le pidió a la Sala
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta la vigilancia judicial
administrativa.

La solicitud de vigilancia judicial se trasladó -de oficio- a la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, la cual procedió a abrir indagaciones preliminares contra los jueces
de Villavicencio que estaban conociendo las demandas en las que estaba
vinculada la Universidad de Cundinamarca.

En esos procesos disciplinarios, se dispuso el archivo de las diligencias y se abrió
contra el ahora tutelante incidente de temeridad, en los términos del parágrafo 2
del artículo 150 de la Ley 734 de 2002, pese a que “nunca interpuse una queja
disciplinaria, luego no tenía condición de quejoso, sino que solicité una vigilancia
administrativa, lo que dista diametralmente para ser considerado peticionario o
quejoso”.

2

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Informó que se abrieron en total 11 incidentes de temeridad1, “respecto a los
cuales fui citado a una única audiencia de descargos el día 16 de agosto de 2019,
siendo nuevamente citado a rendir la misma diligencia el día 23 de octubre de
2019 por parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Meta del Consejo
Superior de la Judicatura”.

Afirmó que, en las audiencias de descargos, se solicitó como prueba el testimonio
del rector de la Universidad de Cundinamarca, pero nunca se resolvió sobre su
decreto y tampoco se resolvió de fondo “respecto al argumento esbozado de la
distinción entre una solicitud de vigilancia administrativa dirigida a la Sala
Administrativa y una queja disciplinaria dirigida a la Sala Disciplinaria”.

El 5 de diciembre de 2019, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Meta “procedió a
emitir 11 providencias idénticas en 11 incidentes de temeridad, disponiendo
imponerme multa de cincuenta (50) SMDLV para el año 2018 en cada uno de
ellos…”, las que se notificaron el 29 de enero de 2021, vía correo electrónico.

Refirió el tutelante que, contra esas 11 decisiones, interpuso el recurso de
apelación, mediante correo electrónico del 11° de febrero de 2021.

Por medio de proveídos del 24 de febrero de 2021, la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Meta negó, por improcedentes, los recursos de apelación,
“indicando escuetamente en 5 renglones que dicho recurso no era procedente
conforme al artículo 118 de la misma ley, a pesar de que el artículo por el cual fui
citado (parágrafo 2 del artículo 150 ley 734 de 2002) lo dispone expresamente; así
como el mismo despacho indicó su procedencia en el resuelve de la providencia
apelada del 5 de diciembre de 2019, por la cual se me afectó con multa”.

1
Procesos disciplinarios números:
500011102000201800228 00
500011102000201800230 00
500011102000201800231 00
500011102000201800235 00
500011102000201800237 00
500011102000201800240 00
500011102000201800241 00
500011102000201800244 00
500011102002001800246 00
500011102000201800248 00
500011102000201800250 00
3

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

El 25 de febrero de 2021, se interpuso recurso de queja contra las decisiones que
negaron por improcedentes los recursos de apelación.

Indicó el tutelante que:

Los 11 incidentes de temeridad respecto a los cuales interpuse recurso de
queja se remitieron a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual
procedió a resolver mediante providencias adiadas los días 11 de mayo (x2) y
27 de julio de 2022, notificadas electrónicamente en correos de fechas 25 de
mayo y 17 de agosto de 2022, respectivamente, dentro de los expedientes
500011102000201800235-01, 500011102000201800240-01 y
500011102000201800228-01, DECLARAR BIEN NEGADOS los recursos de
apelación interpuestos por el suscrito accionante contra cada providencia de
imposición de multa en incidente de temeridad, indicando que por la entrada
en vigencia de la ley 1952 de 2019, el recurso procedente era el de reposición.

3. Fundamentos de la demanda

El accionante señaló que la autoridad accionada le vulneró sus derechos
fundamentales porque declaró bien denegados los recursos de apelación, tras
considerar que el recurso procedente era el de reposición según el artículo 210 de
la Ley 1952 de 2019, “ignorando en todo momento que el incidente de temeridad y
los recursos se interpusieron y negaron irregularmente en los años 2019 y 2021,
en plena vigencia de la Ley 734 de 2002”.

Explicó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… se ignora que procedimentalmente, la ley 1952 de 2019 entró a regir solo
hasta el 29 de marzo de 2022, y que por el principio de integración normativa
de la ley 734 de 2002 (principio que, en todo caso, también contiene la ley
posterior), ley vigente al momento de interponerse y negarse erradamente el
recurso de apelación por la Comisión Seccional Meta, al igual que el
respectivo recurso de queja que procedió a resolver la Comisión Nacional
exponiendo el análisis de una normativa que aún no estaba vigente al
momento de interponerse incluso el recurso de queja, por lo que debía y
deben resolverse dichos recursos según la normatividad vigente al momento
de interponerse, por el principio de integración normativa que incorporan de
forma unánime e idéntica la ley 734 de 2002, en su artículo 21 y la ley 1952 de
2019 en su artículo 22, respecto a lo cual, en lo no contemplado en dicha
normatividad disciplinaria, se debe aplicar el Código General del Proceso…

Refirió que ni la Ley 734 de 2002 ni la Ley 1952 de 2019 “contienen las reglas
específicas de bajo qué disposición normativa deben resolverse los recursos
oportunamente interpuestos en un incidente de temeridad contra quejoso

4

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

temerario, luego, por expresa remisión normativa de estas disposiciones
procesales, sea cual sea la que se pretenda aplicar, debe acudirse a los Códigos
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, General del
Proceso, Penal y de Procedimiento Penal”.

Señaló (trascripción literal con posibles errores incluidos):

En estas codificaciones se encuentra la forma en la que se debe proceder
cuando se tramite y resuelva un recurso (en este caso el de apelación
interpuesto en el año 2021 contra la decisión que finaliza el incidente de
temeridad contra quejoso), es decir, remitirse expresamente al Código General
del Proceso, el cual en su artículo 624 establece con total claridad que la
normatividad aplicable respecto al recurso de apelación interpuesto en el mes
de febrero de 2021, y que se me negó indebidamente, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos y se promovieron los incidentes,
todo esto anterior al 29 de marzo de 2022, es decir, la Comisión Nacional,
aquí accionada, al momento de resolver el recurso de queja que promueve
esta tutela, en lugar de analizar la antinomia contenida en la ley 1952 de 2019
que nunca estuvo vigente al momento de interponerse el recurso de apelación
y haberse negado indebidamente por el Id Documento:
11001031500020220629100005025010007 inferior jerárquico, debió aplicar el
artículo 624 del CGP, disponiendo que tanto el incidente, como la decisión que
puso fin al trámite del incidente de temeridad, como los recursos que se
interpusieron contra esa decisión y el que negó indebidamente las
apelaciones, se rigen por las leyes vigentes al momento de interponer los
recursos y respecto a la cual se promovieron los incidentes, esto es, la ley 734
de 2002, que en el parágrafo 2 del artículo 150 dispone expresamente la
procedencia del recurso de apelación, indebidamente negado por la Seccional
Meta el 19 de febrero de 2021, decisión errada confirmada por la Comisión
Nacional en auto que resuelve que el recurso de reposición estuvo bien
negado por aplicación de la norma posterior, 1952 de 2019, que entró en
vigencia solo hasta marzo de 2022.

Afirmó que la autoridad accionada incurrió en un defecto por violación directa de la
Constitución, en un defecto fáctico y en un defecto sustantivo, en la medida en que
decidió los recursos de queja aplicando una norma que no se encontraba vigente
al momento de interponerse los respectivos recursos de apelación.

Agregó que, si bien es cierto que los recursos de queja se resolvieron en mayo y
julio de 2022, lo cierto es que “versaban sobre hechos acaecidos y tramitados en
los años 2019 y 2021”, por lo que debió aplicarse la Ley 734 de 2002.

Enunció la sentencia SU-516 de 2019, en la que se analizó “… la aplicación de
una normatividad vigente al momento de interposición de recursos y su
procedencia, incluso bajo la vigencia posterior de una norma que la deroga…”.

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Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Concluyó (trascripción literal con posibles errores incluidos):

En el presente caso, al tratarse de un proceso de naturaleza jurisdiccional
disciplinaria, está claramente establecido no solo la interpretación errónea de
la vigencia de una norma posterior a la vigente al momento de promover el
trámite incidental e interponerse los recursos que fueron negados en perjuicio
al debido proceso ni resuelta su petición de práctica de pruebas para
demostrar su inocencia, sino que se agotó un procedimiento sin ser resueltos
los argumentos del afectado accionante, siendo ratificada esta vulneración al
debido proceso al negar con defecto fáctico de interpretación de normatividad
vigente y aplicable al incidente promovido y finalizado en vigencia de la ley
734 de 2002, declarando la Comisión Nacional que el recurso de apelación
que aquejaba todas estas circunstancias fue correctamente cercenado por la
Seccional del Meta.

No se ha tenido en cuenta en ningún momento las pruebas aportadas por el
citado a incidente de temeridad, el juez no valoró la prueba, no la practicó y
tampoco se pronunció al respecto, manifestando simplemente que la solicitud
de vigilancia administrativa correspondía a un capricho del solicitante, y no un
requerimiento para salvaguardar recursos públicos que estaban siendo
debatidos en distintas sedes judiciales de Villavicencio, donde se venían
librando mandamientos de pagos sin los requisitos para ello, en detrimento de
los derecho fundamentales de la Universidad y de manera indirecta de los
miembros y estudiantes de la mismas institución, correspondiendo entonces
mi solicitud a intervención administrativa (no queja disciplinaria) en
cumplimiento del cometido de mi contrato de prestación de servicios con la
Universidad.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela

4.1. Mediante providencia de 28 de noviembre de 2022, se admitió la demanda de
tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, la que se pronunció
en los siguientes términos:

4.1.1. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto del magistrado
Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo –reiterado por el magistrado Carlos Arturo
Ramírez Vásquez–, informó que los recursos de queja presentados en las
actuaciones con radicados 500011102000 2018 00235 01 y 500011102000 2018
00240 01 se repartieron al despacho ponente el 1º de abril de 2022 y se definieron
mediante decisiones aprobadas por la mayoría de la Sala el 11 de mayo de 2022.

Dijo que, debido a que el 29 de marzo de 2022 empezó a regir el Código General
Disciplinario, la comisión fijó como regla procesal aplicable que “todo proceso
disciplinario en etapa anterior al auto de cargos o a la instalación de la referida
audiencia, se tramitará bajo las reglas establecidas en la Ley 1952 de 2019” y, por

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Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

ende, se concluyó que “la procedencia del recurso de apelación cuya negativa fue
objeto de recurso de queja, estará sujeta a la etapa en la que se encontraba el
proceso disciplinario al momento de disponerse su terminación y archivo”.

Por lo anterior, afirmó que la Comisión expuso con claridad los criterios que
soportaron la decisión de declarar bien negados los recursos que presentó el
incidentado y, además, definió los criterios de aplicación del Código General
Disciplinario en el caso bajo estudio.

Precisó que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… en la misión de interpretar las normas disciplinarias que definirían el caso
concreto, no correspondía a la Comisión acudir a aquellos preceptos que
privilegian la aplicación de determinadas las leyes con ocasión de
modificaciones normativas, dado que el precepto legal contenido en el Código
General Disciplinario revestía total claridad y no dejaba vacíos que autorizaran
al intérprete acudir a regímenes ajenos al derecho disciplinario…

Dijo que en observancia de la norma procesal aplicable, la CNDJ concluyó que la
procedencia de los recursos de apelación cuya negativa fue objeto de sendos
recursos de queja, “estaría sujeta a la etapa en la que se encontraba el proceso
disciplinario al momento de disponerse su terminación y archivo” y, en ese sentido,
como los procesos disciplinarios en los que se originó el trámite incidental
“concluyeron en etapa de investigación, es decir, no se profirió auto de cargos, con
claridad absoluta se determinó que la normatividad aplicable para resolver el
recurso de queja era la Ley 1952 de 2019 y no la Ley 734 de 2002”.

Agregó que las decisiones cuestionadas en sede de tutela “no resultan
caprichosas ni arbitrarias y por el contrario son fieles al querer expreso del
legislador que reiteramos así lo dispuso expresamente en el artículo 263 de la ley
1952 de 2019”. Señaló que debía tenerse en cuenta que el tutelante “busca la
aplicación preferente de una norma general procesal -artículo 624 del CGP- frente
a otra de carácter especial que señala lo contrario -artículo 263 L1952 de 2019-”.

Refirió que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… las providencias del 11 de mayo de 2022 además precisaron que la
decisión que impuso sanción de multa al quejoso temerario era susceptible del
recurso de reposición y se ordenó en el numeral segundo de la parte
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Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

resolutiva, lo siguiente: «REMITIR las diligencias a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Meta para surtir el recurso que procede en contra de la
decisión del 19 de diciembre de 2019, conforme se expuso en la parte motiva
de esta providencia». Con ello, se puso a salvo el derecho a controvertir la
decisión judicial recurrida en apelación inicialmente al amparo de la ley 734 de
2002 pero que por decisión expresa del legislador sólo es susceptible de
reposición.

Mencionó que, de aceptarse la tesis del tutelante, se estaría desconociendo el
contenido literal y expreso de una norma de carácter procesal que indica, con
claridad, cuál es el trámite que se sigue surtiendo con la normativa anterior (pliego
de cargos notificado), supuesto en el que no se encontraba el caso bajo estudio.

Expuso que el presente asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que
al tutelante no se le privó de los medios de impugnación previstos para debatir la
decisión en su contra, “… solo que el recurso ahora previsto no es el mismo que
determinaba la norma cuya aplicación pretende, pero ya no se encuentra vigente”.

Agregó que debe tenerse en cuenta que la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta tiene la competencia exclusiva para definir el recurso de
reposición que procede en contra de la decisión de declararlo quejoso temerario e
imponerle sanción.

Dijo que no se cumple con el requisito de la subsidiariedad, bajo el entendido de
que “no existe noticia en el plenario sobre la decisión que adoptada por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta en relación con el recurso de
reposición que es procedente en contra de las decisiones adoptadas en los
radicados 500011102000 2018 00235 01 y 500011102000 2018 00240 01”.

Por lo expuesto, solicitó que se desestimaran las pretensiones de la demanda de
tutela de la referencia.

4.1.2. La magistrada Magda Victoria Acosta Walteros indicó que participó en la
decisión que puso fin a la actuación, pero “manifestando mi disidencia sobre la
decisión mayoritaria mediante salvamento de voto…”.

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Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales2.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características3.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son4:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
3
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

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Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
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Radicación número: 110010315000202206291 00
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Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado5.

2. Caso concreto

La Sala advierte que no hay lugar a pronunciarse de fondo respecto del amparo
reclamado por el tutelante, porque no se cumple el requisito de la subsidiariedad,
como pasa a explicarse.

El inciso 3 del artículo 86 de la Constitución Política prevé que la acción de tutela
“sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley
2591 de 1991.

En ese sentido, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten
idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela.

En cuanto al requisito de subsidiariedad cuando se cuestionan decisiones
judiciales, la Corte Constitucional6 ha sostenido:

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
6
T-600 de 2017.
11

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

4.1. La Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad
cuando se atacan decisiones judiciales, se analiza de forma diferenciada en
los siguientes escenarios: (i) cuando el proceso ha concluido; o (ii) se
encuentra en curso7. En el segundo de ellos, en principio, la intervención
del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela no
constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas
jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario. Sobre el
particular en la sentencia T-113 de 2013 se consignó: (…)

En tal sentido, la Corte ha sido enfática al considerar que la acción de tutela
no es un mecanismo alternativo o paralelo en la resolución de conflictos,
por lo que no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en
la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas
especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo8. Es así
como esta Corporación ha precisado algunas razones que resaltan la
importancia del estudio del requisito de subsidiariedad, a fin de determinar la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales9, dentro de
las que se destaca el respeto por el debido proceso propio de cada actuación
judicial. En concreto se indicó: ‘(…)’10.

Así mismo, en sentencia T-426 de 2014 este Tribunal precisó que los jueces
de tutela tienen la obligación de no intervenir en el marco de procesos
que se encuentran en trámite y sobre los cuales no existe decisión
definitiva, ello debido a que la intromisión en un asunto que hasta ahora
inicia puede llegar a desconocer las garantías constitucionales de los
administrados. En este sentido señaló: ‘Los administradores de justicia
deben respeto a la Constitución y a las leyes, más aún en el ejercicio de sus
competencias, ello implica que las decisiones judiciales han de ser adoptadas
con estricto apego al ordenamiento jurídico, en el cual la primacía de los
derechos fundamentales ocupa un lugar significativo. En ese sentido, el
proceso ordinario constituye el espacio idóneo para lograr la corrección de las
actuaciones que constituyan afectaciones a esas garantías’.

En igual línea de pensamiento esta Corporación en la providencia SU-695 de
2015 destacó que ‘la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido
enfática y reiterativa en señalar que la acción de tutela no procede de manera
directa cuando el asunto está en trámite, toda vez que se cuenta con la
posibilidad de agotar los medios de defensa previstos en el ordenamiento’,
salvo que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable.

4.2. En lo que atañe propiamente a la procedencia de la acción como
mecanismo transitorio y con el objeto de evitar un perjuicio irremediable, como
lo ha venido acuñando la jurisprudencia de esta Corporación, el ciudadano
tiene la carga de probar, aunque sea sumariamente11, la existencia de un
perjuicio que: ‘(i) sea inminente, es decir que produzca, de manera cierta y
evidente, la amenaza de un derecho fundamental; (ii) imponga la adopción de
medidas urgentes para conjurarlo12; (iii) amenace gravemente un bien jurídico

7
Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
8
Original de la cita: “Sobre el particular pueden verse las sentenciasT-475 de 2017, T-396 de 2014,
T-083 de 2007, T-1103 y 076 de 2003, T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de
2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de
1998, T-637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992, entre otras”.
9
Original de la cita: “Ver sentencias T-649 de 2011 Y T-211 de 2009”.
10
Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
11
Sentencia T-199 de 2004.
12
Original de la cita: “Sentencia T-525 de 2007”.
12

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

que sea importante en el ordenamiento jurídico13 y; (iv) dada su urgencia y
gravedad, imponga la impostergabilidad del amparo a fin de garantizar el
restablecimiento del orden social justo en toda su integridad14, pues, de lo
contrario, la acción se torna improcedente. Sólo excepcionalmente, empero,
esta Corte ha considerado que, el juez de tutela puede no exigir la
demostración del perjuicio irremediable cuando el tipo de reclamo que se
formula permite razonablemente presumir que existe afectación gravosa de
derechos fundamentales y, en esa medida, corresponde es a la entidad
demandada desvirtuar la referida presunción’15.

(…) Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la evaluación
del perjuicio irremediable es, ‘un ejercicio de análisis que debe consultar
siempre las particularidades o supuestos fácticos del caso concreto y de las
condiciones personales de quien invoca la protección de sus derechos
fundamentales’16. En igual línea de pensamiento en sentencia SU-394 de 2016
este Tribunal tuvo la oportunidad de precisar que no toda alegación de la
existencia de un perjuicio debe darse por cierta, y en esa medida es carga del
accionante probar su existencia. Afirmó: (…)

En conclusión, el carácter subsidiario de la tutela impone al ciudadano la
obligación de acudir a los otros mecanismos judiciales antes de invocar la
protección de los derechos fundamentales a través del amparo constitucional,
la Corte ha indicado que los conflictos jurídicos relacionados con los derechos
fundamentales deben ser en principio resueltos por las vías ordinarias y solo
en casos excepcionales, cuando se demuestre y pruebe la existencia de un
perjuicio irremediable es procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio17 (se destaca).

En el presente asunto, el señor Edgar Iván Paerez Carvajal pretende que se dejen
sin efecto las providencias dictadas el 11 de mayo y el 27 de julio de 2022
(expedientes números 500011102000201800235-01, 50001110200020180024001
y 500011102000201800228-01) y, como consecuencia, se le ordene a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial “resolver de fondo el recurso de apelación
interpuesto en debida oportunidad y forma contra las decisiones por las cuales se
me interpuso multa (…), conforme el parágrafo 2 del artículo 150 de la ley 734 de
2002, vigente al momento de promoverse, adelantarse y agotarse el trámite del
incidente de temeridad, así como vigente al momento de interponerse el recurso
de apelación indebidamente negado”.

Revisados los documentos allegados al proceso de tutela, la Sala observa que en
las decisiones cuestionadas, además de declararse “bien negado el recurso de
apelación interpuesto por el señor Edgar Iván Paerez contenido en auto de fecha
19 de febrero de 2021, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del

13
Original de la cita: “Sentencia T- 640 de 1996”.
14
Original de la cita: “Sentencia T-535 de 2003”.
15
Original de la cita: “sentencias T-210 de 2011, T-141 de 2011, T-076 de 2011, y T-737 de 2010”.
16
Original de la cita: “sentencia T-1316 de 2001”.
17
Original de la cita: “Sentencia T-396 de 2014”.
13

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Consejo Seccional de la Judicatura del Meta”, se dispuso “REMITIR las
diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para
surtir el recurso que procede en contra de la decisión del 19 de diciembre de
2019”18 (se destaca), bajo los siguientes argumentos:

El recurso de queja tiene como finalidad evaluar si el recurso de apelación
debió ser concedido, sin valorar de fondo las pretensiones de la impugnación.
En este orden de ideas, la queja debe versar solamente sobre los aspectos
que la autoridad de primera instancia debe encontrar acreditados para
conceder el recurso.

Las presentes diligencias tienen origen en la solicitud de iniciar una
investigación disciplinaria en contra del juez segundo laboral de Villavicencio,
advertida la presunta conducta irregular en la que habría incurrido, en el
marco de un proceso ordinario que en su momento cursó en contra de la
Universidad de Cundinamarca.

El proceso disciplinario culminó el 17 de enero de 2019, precisamente al
momento de evaluar la indagación preliminar que cursó en contra del
funcionario judicial denunciado por el coordinador jurídico de la Universidad de
Cundinamarca. En esa medida, el auto proferido por la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, por medio del
cual ordenó la terminación de la investigación disciplinaria adelantada en
contra del juez segundo laboral de Villavicencio, corresponde a una decisión
emitida antes de la etapa de formulación de cargos y, en esa medida, en el
proceso disciplinario en el cual se produjo la decisión de imponer multa al
quejoso temerario, está sometida a las reglas procesales contenidas en la Ley
1952 de 2019.

En esta decisión, también ordenó la Sala seccional adelantar incidente de
temeridad en contra de Edgar Iván Paerez Carvajal, entonces coordinador
jurídico de la Universidad de Cundinamarca, quien suscribió el escrito que
originó las presentes diligencias.

Así las cosas, el recurso de apelación fue presentado en el marco de un
proceso en el que no se había dictado auto de cargos, ni se había instalado
audiencia en el procedimiento verbal y, por ende, el régimen jurídico aplicable
es de la Ley 1952 de 2019.

Por otro lado, aunque reviste suficiente claridad el cuerpo normativo aplicable
a efectos de definir la procedencia del recurso interpuesto por el señor Paerez
Carvajal, al interior de este subsiste una antinomia que corresponde resolver a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con el fin de resolver si el recurso
de apelación promovido contra el auto del 19 de diciembre de 2019 fue
adecuadamente rechazado.

Es claro que el legislador se ocupó de enlistar, de manera taxativa, aquellas
providencias frente a las cuales resulta procedente la alzada y, en este caso,
así lo hizo respecto del auto que impone multa por temeridad. Pero también se
ocupó de esta materia, en fecha posterior, al modificar la regulación del trámite
del incidente de temeridad, incluyendo en su redacción que el recurso
procedente contra el auto que impone multa era el recurso de reposición.

18
Auto del 11 de mayo de 2022, radicado número 500011102000201800240 01.
14

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Luego, los criterios cronológico y de especialidad ofrecen una justa solución
frente a la coexistencia de recursos respecto de una decisión judicial en
concreto. En este caso, el artículo 210 ibidem corresponde a una norma
posterior y especial respecto de aquella prevista en el artículo 134 ibidem,
puesto que fue introducida por el artículo 35 de la Ley 2094 de 2021 que
regula las reglas aplicables, en forma específica, al incidente de temeridad,
entre las cuales resalta la intención del legislador de limitar al recurso de
reposición la forma de impugnar la decisión que pone fin a este trámite.

Al encontrarse previsto el recurso de reposición, pero no el de apelación para
controvertir el auto por medio del cual la jurisdicción decide imponer multa al
quejoso temerario, no es procedente concederlo y, en esa medida, a la postre
resultó acertada la decisión de la Sala seccional al disponer su rechazo.

Sin embargo, como el recurso de reposición sí está previsto, es del caso
que regresaren las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial del Meta para surtir el recurso que procede en contra de la
decisión del 19 de diciembre de 2019.

En ese orden de ideas, la Comisión DECLARARÁ bien negado el recurso de
apelación interpuesto por el quejoso en contra el auto de fecha 19 de
diciembre de 2019, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Meta19 (se destaca).

En ese mismo sentido, se tiene que en auto del 27 de julio de 2022 (Radicación
No. 50001110200020180022801), la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
estableció:

… esta corporación declarará bien denegado el recurso de apelación
interpuesto por Edgar Iván Paerez Carvajal en calidad de incidentado, por
improcedente, pero al estar prevista la reposición en la normatividad
vigente y aplicable al asunto bajo análisis, se devolverán las diligencias a
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para que surta el
respectivo recurso (se destaca).

En ese contexto, la Sala precisa que no le corresponde al juez de tutela hacer un
pronunciamiento de fondo, bajo el entendido de que, si bien el señor Paerez
Carvajal pretende que se tramite el recurso de apelación interpuesto contra la
decisión que le impuso multa, lo cierto es que la autoridad accionada remitió la
actuación a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta para que, en el
trámite del recurso procedente (reposición), revisara las inconformidades del
mencionado señor, lo que a la fecha se encuentra pendiente de definir, según la
respectiva consulta que se hizo de manera directa con la autoridad competente20.

19
En los mismos términos se suscribió el auto del 11 de mayo de 2022, radicado número
50001110200020180023501.
20
Información suministrada por la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Meta, mediante correo electrónico del 16 de enero de 2023.
15

Radicación número: 110010315000202206291 00
Accionante: Edgar Iván Paerez Carvajal
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Dado que la autoridad competente –que es la primera encargada de salvaguardar
los derechos fundamentales de los ciudadanos– no se ha pronunciado sobre los
planteamientos del ahora tutelante, se rechazará por improcedente la solicitud de
amparo, por no cumplirse con el requisito de la subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

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