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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06313-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06313-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la parte actora y, en consecuencia, ORDENAR al Municipio de Riohacha, La Guajira, responder la solicitud interpuesta por la accionante el 14 de septiembre de 2022. Esta orden deberá realizase dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a la Superintendencia de Notariado y Registro. TERCERO: NEGAR la tutela formulada por la parte actora contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura, Ciudad, Territorio. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06313-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

2 de febrero de 2023

Demandante: Junta de Vivienda Comunitaria del Barrio La Bendición de Dios
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06313-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., dos (02) de febrero dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06313-00
Demandante: JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA DEL BARRIO LA
BENDICIÓN DE DIOS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, ALCALDÍA DEL MUNICIPIO
DE RIOHACHA (LA GUAJIRA), SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO Y, MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO.

Temas: Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de
20151.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. La señora Kelly Johanna Ruíz Ortega –representante legal de Junta de Vivienda
Comunitaria del barrio La Bendición de Dios del municipio de Riohacha- actuando
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la
República, la Superintendencia de Notariado y Registro, la Alcaldía de Riohacha y el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2. Con la solicitud de amparo, pretende que se protejan sus derechos
fundamentales de petición, igualdad, debido proceso, vivienda; y los de demás
habitantes del barrio «La Bendición de Dios» ubicado en la zona rural del municipio de
Riohacha, La Guajira, quienes afirma son víctimas del conflicto armado.

1
Modificado por el artículo 1º del Decreto Nacional 333 de 2021.
1

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Demandante: Junta de Vivienda Comunitaria del Barrio La Bendición de Dios
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06313-00

1.2. Pretensión constitucional

3. La parte actora solicitó la protección de sus derechos, así:

1- Tutelar los derechos fundamentales debido proceso, igualdad, precedente
constitucional, derecho de posesión por prescripción extraordinaria, derecho de
titularización y legalización de los lotes, derechos de viviendas dignas a población
desplazadas étnicas, derecho de petición y principio de confianza legítima de las
familias del barrio La Bendición de Dios del municipio de Riohacha La Guajira.
Violados por el Presidente de la República de Colombia, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, Superintendencia de Notariado y Registro y el Alcalde del
municipio de Riohacha La Guajira, ocasionando perjuicios irremediables contra
los habitantes del barrio La Bendición de Dios (...)

2- Ordenar al Presidente de la República de Colombia, Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio otorgar subsidios de viviendas a más de 100 familias étnicas
pertenecientes a la población desplaza por la violencia asentada en el barrio La
Bendición de Dios del municipio de Riohacha La Guajira.

3- Ordenar al Alcalde del Municipio de Riohacha La Guajira y a la
Superintendencia de Notariado y Registro, expedir Actos Administrativos donde
ordenen la titularización, legalización y sanear la propiedad de los lotes de más
de 100 familias desplazadas étnicas ubicadas en el barrio La Bendición de Dios
del municipio de Riohacha La Guajira, los cuales tienen posesión material desde
hace más de 10 años, donde también se presenta el fenómeno de la prescripción
extraordinaria por tener posesión por más de 10 años, ente caso concreto debe
aplicarse lo establecido en la ley 2044 de 2020.

4- Ordenar al Alcalde del municipio de Riohacha La Guajira, incluir en el Plan de
Ordenamiento Territorial del distrito de Riohacha al barrio La Bendición de Dios,
para que tenga reconocimiento urbanístico. Tal como lo ordena el precedente
constitucional de las diversas que se aplican fáctica y jurídicamente al caso en
concreto por ser similar como son las sentencias C-192 de 2016, SU-095 de
2018, C-323 de 2020, C-085 de 2022 de la Corte Constitucional, sobre el Plan de
Ordenamiento Territorial, el cual todo barrio debe estar incluido en el.

5- Ordenar una inspección judicial al terreno donde está ubicado el barrio La
Bendición de Dios municipio de Riohacha La Guajira, para tener mayor idoneidad
sobre los hechos. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

5. Señala la parte accionante que desde hace más de una década, alrededor de
100 familias -víctimas del conflicto armado y en situación de pobreza extrema- se
asentaron en el barrio “La Bendición de Dios”, ubicado en el municipio de Riohacha,
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La Guajira.

6. Manifiesta que los habitantes del referido barrio tienen una junta de acción
comunal debidamente registrada ante la Alcaldía del municipio de Riohacha, vías
urbanas, y pagan servicios públicos domiciliarios e impuestos. Refiere que, incluso, en
su barrio se han adelantado proyectos de inversión social como la construcción del
Colegio Nuevo Horizonte.

7. Aduce que, mediante oficio del 6 de abril de 2022, la directora de Ordenamiento
Urbanístico y Espacio Público de la Alcaldía de Riohacha, Natalia Romero Maestre, le
puso de presente que: «el barrio La Bendición de Dios, no cuenta con reconocimiento
urbanístico dentro del “Acuerdo 078 del 29 de octubre de 2015, Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito de Riohacha”, por tal motivo no es posible emitir certificado de
delimitación».

8. En virtud de tal situación, el 14 septiembre de 2022 la señora Kelly Johanna
Ruíz presentó petición, actuando en calidad de habitante del barrio La Bendición de
Dios y como representante legal de la Junta de Vivienda Comunitaria, al Presidente de
la República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Cultura, a la Superintendencia de
Notariado y Registro y a la Alcaldía de Riohacha.

9. Respecto a los dos primeras entidades (Presidente de la República y Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio), solicitó:

1. Ordenar a las entidades públicas competentes la titularización y sanear de manera
definitiva la propiedad del reasentamiento humano ilegales consolidadas, precarios de
los lotes y viviendas ubicadas en terrenos baldíos en el barrio La Bendición de Dios
Municipio de Riohacha La Guajira, donde ordene entregar títulos (escrituras públicas),
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2044 de 2020 y demás normas concordantes
con el asunto.
2. Ordenar que se construyan viviendas dignas de interés social, en el barrio La
Bendición de Dios Municipio de Riohacha La Guajira, para que beneficie a más de 100
familias pobres de escasos recursos económicos, desplazadas por la violencia,
perteneciente a comunicades negreas e indígenas, madres cabezas de familias, las
cuales tienen posesiones materiales sobre los lotes, ranchos y viviendas desde hace
más de once (11) años. De conformidad con el artículo 51 de la carta política, decreto
2231 de 2017, decreto 867 de 2019 y la ley 2079 de 2021, sobre la obligación del
estado colombiano de fomentar y construir viviendas dignas a poblaciones
desplazadas, pobres de escasos recursos económicos, madres cabezas de familia,
familias pertenecientes a comunidades negras e indígenas.

10. Mientras que a las otras dos autoridades (Superintendencia de Notariado y
Registro y Alcaldía de Riohacha), exigió:

Solicito a usted expedirá acto administrativo por medio del cual se reconozca,
otorgue o transfieran a títulos gratuitos derechos de propiedad de los lites donde
están construidas las viviendas de los señores; KELLY JOHANNA RUIZ ORTEGA,
MARTHA CECILIA MOLINA GOMEZ, YACLIN YOJANA PACHECO BUELVAS,
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MARIA TERESA ALMERIA TERAN, MARIA CELINA CHONA CHONA,
KATHERINE ESTHER DIAZ ARIAS, SANDRA SARMIENTO NAGUPE, YULET
PAOLA DE ARCO ESTRADA, ROSALVA DALLETH DORIA CARDOSO, SINDY
SUGEY BARROS LOZANO, ORBELIS RAFAEL RUIZ GONZALEZ, RORELA DEL
CARMEN AVILA CABEZA, DANNA MARCELA AVILEZ AVILA, RAFAEL
AGUSTIN FUENTES DELUQUES, LEOGARDIS GUZMAN ORTIZ, RAFAEL
ANTONIO TORRES PADILLA, EDILFREDO DANIEL ARAGON PEÑALOZA Y
NEIQUER JOSE ZUÑIGA GUTIERRES, quienes tienen posesiones materiales
desde hacen más de once (11) anos sobre los bienes inmuebles (lotes y viviendas),
ubicados en el barrio La Bendición de Dios zona urbana del municipio de Riohacha
La Guajira, estos terrenos donde están ubicados estos lotes y viviendas, son
bienes baldíos de propiedad del municipio de Riohacha La Guajira y también son
bienes fiscales titulables, mis defendidos pagan sus impuestos, servicios públicos
y están explotando económicamente estos bienes inmuebles. De conformidad con
el artículo 23 de la Carta Política, Ley 2044 de 2020 y el precedente constitucional
sobre el derecho fundamental a una vivienda digna de las poblaciones
desplazadas, comunidades étnicas y demás plasmado en las sentencias T-247 y
T-327 de 2018 sobre legalización de predio, lotes y barrios en Colombia SU-016 y
SU-092 de 2021 de la Corte Constitucional. (Sic a toda la cita).

11. Mediante oficio Nro. 2022EE0097943 del 26 de septiembre de 2022, el
Ministerio de Vivienda respondió el derecho de petición en comento. Señaló que, si
bien dicha entidad tiene competencia para prestar apoyo jurídico y técnico para el
saneamiento y titulación de las entidades territoriales, en realidad son los municipios
los encargados de aplicar el procedimiento para la titulación de bienes fiscales, pues
a dicha cartera le corresponde ello únicamente cuando la titularidad de predios de
naturaleza fiscal patrimonial este en cabeza de las extintas entidades ICT-INURBE.

12. A su vez, indicaron que dieron traslado de la petición a la Secretaría de
Planeación del Distrito de Riohacha para que la misma tuviera conocimiento de la
solicitud. Finalmente, y respecto al segundo punto de la solicitud, informaron la
existencia de diferentes programas que adelanta dicha cartera en el marco de la
política de vivienda, con sus correspondientes requisitos.

1.4. Fundamentos de la solicitud

13. A juicio de la parte accionante, las entidades accionadas transgredieron su
derecho fundamental de petición por cuanto, a la fecha de presentación de esta acción
constitucional no se han pronunciado respecto a la solicitud de ordenar la titularización
y el saneamiento de la propiedad del barrio La Bendición de Dios del municipio de
Riohacha.

14. En consecuencia, al no haberse efectuado la titularización y saneamiento de la
propiedad de los terrenos en los que se encuentran, se estarían afectando los
derechos de las más de 100 familias de escasos recursos desplazadas por la violencia,
pertenecientes a comunidades negras e indígenas y madres cabeza de familia,
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habitantes del barrio desde hace más de 10 años.

1.5. Trámite de la acción

15. Mediante auto del 19 de diciembre de 2022, se admitió la acción constitucional
de la referencia y se ordenó notificar como accionados a la Presidencia de la
República, a la Superintendencia de Notariado y Registro, a la Alcaldía de Riohacha y
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Lo anterior, en la medida a que de dichas
entidades se predica la trasgresión de las garantías constitucionales de la parte actora.

16. Remitidas las respectivas comunicaciones2, se presentaron las siguientes;

1.6. Intervenciones

1.6.1. Superintendencia de Notariado y Registro

17. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E), manifestó que la entidad no incurrió
en vulneración alguna a los derechos fundamentales de la parte accionante. Señaló
que «la función de dicha entidad es garantizar la guarda de la fe pública en todo el
territorio nacional, mediante la prestación del servicio público registral, la orientación,
inspección, vigilancia y control del servicio público notarial, no la adjudicación de
bienes baldíos urbanos, lo cual es competencia única y exclusiva de las entidades
municipales y/o distritales del país».

18. Respecto al derecho de petición instaurado por la señora Kelly Johanna Ruíz
Ortega, señaló que dentro del término establecido y en la misma plataforma de
radicación de PQRS de la entidad, se proporcionó respuesta a la peticionaria mediante
los radicados SNR2022EE117793 y SNR2022EE120087.

19. Sin embargo, refiere que por error involuntario la respuesta fue enviada al correo
electrónico registrado por la usuaria en la plataforma de radicación de PQRS y no al
informado en la petición, por lo que, una vez enterados de dicha situación, el día 13 de
enero de 2023 remitieron la respectiva respuesta a la dirección señalada en la solicitud.

20. Adicionalmente indicó que en la respuesta se le puso de presente a la
solicitante, que la entidad no es la competente para emitir actos administrativos de
transferencia de propiedad sobre inmuebles fiscales titulables ocupados ilegalmente
con mejoras, ya que por ministerio de la ley esto corresponde exclusivamente a las
entidades territoriales (municipios y distritos).

1.6.2. Presidencia de la República

2
Mediante oficios del 11 de enero de 2023. Cfr.: Índice SAMAI Nro. 13.

5

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21. La apoderada judicial del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República contestó la acción de tutela en los siguientes términos:

22. En primer lugar, afirmó que, la Presidencia no es la entidad competente para
efectuar la titularizaciónón por cesión gratuita de bienes fiscales ocupados ilegalmente.
Al respecto, señaló que el trámite administrativo se rige por lo dispuesto por el Decreto
N.º 1077 de 2015, y está en cabeza del representante legal de la entidad pública
propietaria, previa acreditación de los requisitos allí previstos, pues tampoco tienen
competencia para declarar la pertenencia de bienes específicos, ni disponer sobre los
planes de ordenamiento territoriales, u otorgar subsidios de viviendas sobre terrenos
de autoridades territoriales.

23. Hizo hincapié en que ninguna de las atribuciones conferidas por la ley al señor
presidente de la República y al Departamento Administrativo de la Presidencia, permite
la entrega de tierras o subsidios liderados por el sector administrativo responsable de
la materia, pues no tienen a su cargo la realización material de programas sociales o
similares que permitan disponer la entrega de terrenos titularizados, desconociendo el
derecho de propiedad.

24. Señaló que la acción de tutela no es el mecanismo para solicitar la propiedad
de los bienes que dicen ocupar y, aunque, se invocan condiciones de vulnerabilidad,
lo cierto es que tales circunstancias no se encuentran demostradas dentro del libelo
de la demanda. Por lo tanto, afirma que ni siquiera sumariamente, se probó que exista
la necesidad de preservación inmediata del derecho a la vivienda, por ejemplo, a través
de soluciones de carácter temporal u otro tipo de ayudas humanitarias. En ese orden,
lo que corresponde en derecho es la reclamación de la titularidad vía administrativa o
ante la jurisdicción ordinaria.

25. Con relación al derecho de petición dirigido al presidente de la República,
informó que consultada la base de datos de radicación de documentos de origen
externo denominada “ESCRIBE”, se tiene que: el 14 de septiembre con el Nro.EXT22-
00075654 se recibió una solicitud la señora Kelly Johana Ruíz Ortega.

26. El 21 de septiembre de la misma anualidad, se le dio traslado de la petición al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y a la Superintendencia de Notariado y
Registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011,
por ser las autoridades competentes para resolver el fondo de la solicitud. Situación
que fue debidamente informada a la peticionaria mediante oficio N.º OFI22-00106105
de la misma fecha, a los correos electrónicos por ella señalados en su escrito petitorio.

27. En ese orden de ideas, indicó que no le asiste razón a la parte accionante al
indicar que hay una vulneración al derecho fundamental de petición, ni de otros
derechos fundamentales invocados para los demás habitantes del barrio.

28. Los demás sujetos vinculados, pese a ser debidamente notificados, guardaron
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silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

29. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Kelly Johanna Ruiz Ortega, en su condición de representante legal de la
Junta de Vivienda Comunitaria del barrio La Bendición de Dios, por intermedio de
apoderado judicial, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 12 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Lo
anterior, por cuanto una de las autoridades contra las que se dirige la acción de tutela
es la Presidencia de la República y le corresponde al Consejo de Estado, mediante las
Secciones y Subsecciones que lo componen, conocer de las solicitudes de amparo
que se promuevan contra la referida autoridad.

2.2. Problema jurídico

30. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el material
probatorio recaudado y los informes presentados; el problema jurídico a resolver en el
caso concreto es el siguiente:

• ¿La Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía del municipio de
Riohacha vulneraron el derecho fundamental de petición de la parte actora al
no dar respuesta de fondo y positiva a las solicitudes interpuestas?

31. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) la carencia actual de
objeto por hecho superado; (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

32. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
Ley 2591 de 1991.

33. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.
El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.

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34. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo
que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un perjuicio irremediable, hecho
que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.

35. Sobre el caso que nos ocupa, salta a la vista que la parte accionante considera
vulnerado su derecho fundamental de petición, pues arguye que las autoridades
demandadas omitieron darle respuesta de fondo a su solicitud. En ese sentido, para la
Sala es viable concluir que la acción de tutela constituye el instrumento idóneo para
procurar la salvaguarda de dicha garantía constitucional, máxime cuando el
ordenamiento jurídico no prevé ningún recurso judicial para proceder a su protección.

36. De igual manera se advierte que la parte accionante instauró la tutela el 25 de
noviembre de 2022, es decir dentro de un plazo prudencial a la fecha en que se habría
configurado la vulneración de su derecho fundamental, por lo que no se observa una
tardanza injustificada o irrazonable en la presentación de la acción3.

2.4. Del derecho de petición

37. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución”4. El mismo artículo superior precisa que el
Legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar
los derechos fundamentales.

38. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: “El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la
cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido”.5

39. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de
la petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.

40. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y

3
Corte Constitucional, sentencias T-444 de 2020, SU– 574 de 2019, SU–075 de 2018.
4
Corte Constitucional, sentencia C-510 de 2014.
5
Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015.
8

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congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o
relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al
peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que
desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de
lo solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no
impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses
del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada.”6

41. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…)
la notificación (…) debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante”7.

42. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado
que mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los
derechos a la información, a la participación política y a la libertad de
expresión; ii) su contenido esencial comprende los siguientes elementos: a)
la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de los
términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo
o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia
propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de
manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia
entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas;
y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con
independencia de que su sentido sea positivo o negativo”8.

43. Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a
la satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca9.

44. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho

6
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2013.
7
Ibidem.
8
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 2011.
9
Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
9

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a lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho
subjetivo.

2.5. De la carencia actual de objeto

45. La Sala ha explicado en varias ocasiones10 que la acción de tutela ha sido
instituida como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de
derechos fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.

46. No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez constitucional
tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los derechos
fundamentales.

47. En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación
del proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos:
i) hecho superado; ii) daño consumado y iii) una situación sobreviniente.

48. Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201611, señaló que:

La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de los
derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por lo
tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia y
sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría
inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta acción.12

49. A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:

La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente bajo

10
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P. Rocío
Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-481 de 2016.
12
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la cual se
transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
10

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la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como su
amenaza parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza,
y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido o que
simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un peligro ya
subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)

Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que permita
salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el particular,
se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno previamente
descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras: (i) “hecho
superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a desarrollar por
la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación sobreviniente 13
(Negrita propia del texto).

50. Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha
sostenido que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los
derechos fundamentales14.

51. En palabras de la Corte Constitucional, la “(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada,
se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar
la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto, (i) se superó la
afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de
tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada
ha dejado de desconocer (…)”15.

52. En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta esta
Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la conducta de la
autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron o no los derechos
fundamentales.

53. En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos
casos en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales

13
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual se
transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
14
Corte Constitucional, sentencia T-038 del 2019.
15
Corte Constitucional, sentencia T-481 de 2016.
11

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ocurre luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite
de revisión ante ese Tribunal16.

54. En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada para formular un juicio de reproche,
en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la conducta lesiva
de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte Constitucional:

En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para Corte en
sede de Revisión,17 incluir en la argumentación de su fallo el análisis sobre la vulneración
de los derechos fundamentales planteada en la demanda. Sin embargo puede hacerlo,
sobre todo si considera que la decisión debe incluir observaciones acerca de los hechos
del caso estudiado, incluso para llamar la atención sobre la falta de conformidad
constitucional de la situación que originó la tutela, o para condenar su ocurrencia y
advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así
lo considera”.18 Según la jurisprudencia de la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos
casos, es que la providencia judicial incluya la demostración de la reparación del derecho
antes del momento del fallo, es decir que se demuestre el hecho superado 19-20 (Negrita
y subrayado fuera de texto).

55. Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si a ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:

Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción de
la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por parte del
juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se encuentra en
riesgo21.

No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede de
revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya protección se
solicita22, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda conforme al

16
A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 de 2016.
17
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima jerarquía
de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos fundamentales
cuya protección se solicita».
18
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
19
«El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
20
Corte Constitucional. Sentencia T-112 de 2010.
21
Sentencia T-311 de 2012.
22
Sentencia T-170 de 2009.
12

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artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 y determinar si, con atención de las particularidades
del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los derechos conculcados 23.
Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre los hechos del caso estudiado;
ii) llamados de atención sobre la situación que originó la tutela; iii) el reproche sobre su
ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no repetición 24; y iv) la posibilidad de
adoptar las medidas de protección objetiva25.26 (Negrita y subrayado fuera del texto).

56. El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal
Constitucional: “la segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste
en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha
consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de
forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete
el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto”.27

57. Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela,
pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de daño
consumado y hecho superado.

58. La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho
para declarar la carencia actual de objeto:

El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas
Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el
concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no
se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño consumado y hecho
superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra circunstancia que determine
que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de
amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de
una categoría homogénea y completamente delimitada28 (Negrita y subrayado fuera del
texto).

2.6. Caso concreto

59. Como se expuso en los antecedentes de este proveído, la señora Kelly Johanna
Ruíz Ortega instauró derecho de petición el día 14 de septiembre de 2022 ante las
respectivas entidades demandadas. Luego de examinar las pruebas que forman parte

23
Sentencia T-576 de 2008.
24
Sentencia SU-225 de 2013.
25
Sentencia T-576 de 2008.
26
Sentencia T-662 de 2016.
27
Sentencia T-030 de 2017.
28
Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019.

13

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del expediente, la Sala encuentra que el caso que nos ocupa atañe estricta y
directamente al derecho fundamental de petición, pues en realidad, la parte accionante
reprocha que, en virtud de la falta de atención directa a los hechos y motivos de su
solicitud, es que se estarían conculcando otro tipo de garantías.

60. En ese orden de ideas, la Sala estudiará a continuación las situaciones que se
configuraron respecto de cada uno de los accionados:

2.6.1 Entidades que contestaron en término

61. En primer lugar, la Presidencia de la República, mediante oficio OFI22-
00106105_GFPU del 21 de septiembre de 2022, le informó a la señora Kelly Johana
Ruíz Ortega (a la dirección electrónica por ella reportada) que no podía acceder a su
petición, pues lo solicitado era de competencia de otras entidades.

62. En consecuencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 21 de la Ley
1437 de 2011, la Presidencia de la República dio traslado la petición al Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio y a la Superintendencia de Notariado y Registro. Situación
que puede corroborarse de los oficios N.º OFI22-00106118/GFPU y OFI22-
00106123_GFPU, aportados por la apoderada de dicho Departamento Administrativo.

63. Por otra parte, en lo que respecta al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
como se señaló en el acápite de hechos del escrito tutelar, dicha cartera respondió de
fondo, clara, y precisa a las peticiones instauradas por la señora Ruíz Ortega, mediante
oficio N.º 2022EE0097943. En ese documento le informó a la parte actora lo siguiente:

En lo que respecta a su primera pregunta, indicamos que el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, dada la competencia que le otorga la Ley, es la entidad que podrá
prestar apoyo jurídico y técnico para el saneamiento y titulación a la entidad territorial,
no obstante, el ente titulador y encargado de aplicar el procedimiento para la titulación
de bienes fiscales recae exclusivamente en el municipio donde se encuentre el bien
fiscal, tal como lo establece el artículo 277 de la Ley 1955 de 2019, por lo anterior,
cualquier solicitud acerca de cesión a título gratuito de los bienes fiscales titulables,
ocupados con mejoras que tenga una destinación económica habitacional, debe
gestionarse ante el ente competente.

(…)

En cuanto al segundo interrogante, consideramos importante acotar que para que
pueda acceder a lo que usted indica, primero debe saber que existen diferentes
programas que se están adelantando en el marco de la política de vivienda, los cuales
le permitirán establecer en cual ustedes podrán presentarse siempre que cumplan los
requisitos previstos para cada uno de ellos.
(…)

64. De la información previamente descrita, resulta pertinente concluir que no se
14

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configura ninguna vulneración al derecho de petición de la parte accionante. Lo
anterior, como quiera que la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio respondieron la solicitud presentada por la parte accionante. En
estas se abordó los interrogantes planteados de forma clara y precisa, en los términos
de la Ley 1755 de 2015, y se dio traslado a la autoridad competente. Por este motivo,
la Sala negará el amparo solicitado respecto de estas dos entidades.

65. Para la Sala es importante resaltar que la respuesta proporcionada por las
entidades no fue favorable a lo solicitado por la parte accionante, pues no se i) procedió
de manera inmediata a adelantar el trámite de titularización y saneamiento de la
propiedad ocupada por la comunidad y no se ii) ordenó la construcción de viviendas
de interés social en el barrio “La Bendición de Dios”. En este sentido, es importante
reiterar que el contenido del derecho fundamental no implica que las respuestas a las
solicitudes deban ser positivas. Para satisfacer el contenido de este derecho la
respuesta debe ser emitida en el plazo establecido en la ley y abarcar todos lo puntos
planteados en la solicitud. Sin embargo, se insiste, las entidades no están obligada a
siempre acceder a lo solicitado por los ciudadanos.

66. Ante tal escenario, lo que corresponde a la parte actora, si está inconforme con
las respuestas brindadas por estas dos autoridades, es acudir a la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa y controvertir las decisiones objeto de descontento. En ese
orden de ideas, es necesario poner de presente que la acción de tutela no es la vía
judicial idónea para controvertir el fondo de las respuestas proferidas por las
autoridades accionadas, pues para ello el ordenamiento jurídico dispone de una serie
de acciones y herramientas jurídicas dirigidas a ello.

67. Por lo mismo, no se accederá a las otras pretensiones del escrito tutelar
relacionadas con las órdenes para otorgar subsidios de viviendas, o para titularizar,
legalizar y sanear la propiedad, incluir territorios en los planes de ordenamiento
territorial, pues se advierte que al ser la acción de tutela un mecanismo judicial de
carácter subsidiario y residual, lo que corresponde en derecho es seguir los
procedimientos de ley ante las autoridades competentes para tal fin.

2.6.2 Entidades respecto de las cuales se configura hecho superado

68. Ahora bien, en lo que concierne a la Superintendencia de Notariado y Registro,
sea lo primero advertir que dicha autoridad tramitó la petición que nos atañe, mediante
oficios radicados SNR2022EE117793 del 5 de octubre de 2022 y SNR2022EE120087
del 7 de octubre de 2022. En el primero dio respuesta de fondo a su solicitud, en los
siguientes términos:

(…) Es oportuno mencionar que cuando un bien inmueble, ubicado en la zona urbana,
carece de antecedentes registrales o se encuentra en falsa tradición desde su origen,
se puede presumir que se trata de un bien baldío, y en estos casos, solo el Estado tiene
el poder de transferir los bienes baldíos a favor de los municipios, y estos a su vez,
15

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transferirlos a los particulares por medio de la cesión a título gratuito o enajenación
directa, con el cumplimiento de ciertos requisitos legales

(…)

Una vez se realiza este procedimiento de transformación y es asignado un folio de
matrícula inmobiliaria por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en
el cual queda anotado el derecho real de dominio en cabeza del ente territorial, se
podría iniciar, sobre los bienes fiscales titulables que resultaren.

(…)

Finalmente, respecto a su solicitud y a lo expuesto anteriormente, se reitera que la
Superintendencia de Notariado y Registro no es la entidad competente para emitir actos
administrativos de transferencia de propiedad sobre inmuebles fiscales titulables
ocupados ilegalmente con mejoras, puesto que por ministerio de la Ley solo las
entidades territoriales (municipios y distritos) pueden transferir la propiedad de estos
inmuebles por resolución administrativa.

En ese orden de ideas, se le sugiere respetuosamente elevar su petición a la Alcaldía
del municipio de Riohacha, Guajira, para que inicien el proceso administrativo de
saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria de estos inmuebles.

69. Por medio del segundo oficio – vía correo electrónico- se puso en conocimiento
de la peticionaria que se tramitó su solicitud mediante el oficio SNR2022EE11779 del
5 de octubre de 2022. Sin embargo, la misma entidad informó que solo a ser notificada
de esta tutela advirtió que dicha respuesta fue proporcionada a la misma dirección
electrónica registrada en la plataforma de radicación de PQRS de la página web de
dicha autoridad (paywa2009@gmail.com) y no, al correo electrónico indicado
expresamente en el escrito petitorio (pablosegundo15@outlook.es).

70. En vista de ello, una vez la respectiva autoridad administrativa se percató de tal
situación, mediante correo electrónico del 13 de enero de 2023 procedió nuevamente
a remitir la respuesta a la dirección electrónica indicada para tal fin, es decir
pablosegundo15@outlook.es29.

71. De conformidad con lo expuesto, la Sala concluye que la entidad brindó
respuesta clara y de fondo a la solicitud. No obstante, no pasa por alto que la
Superintendencia contaba con 15 días para resolver la petición e informarle a la parte
actora de la misma. Este término se empezó a correr el 15 de septiembre de 2022.
Pese a ello, la respuesta fue enviada correctamente hasta el 13 de enero siguiente, es
decir, por fuera del término legalmente establecido.

29
Cfr. Índice SAMAI Nro. 15. Archivo: RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT
RONICO_RV_CON1(.zip) NroActua 15

16

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72. Por lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado frente a esta entidad, como quiera que la Superintendencia de Notariado y
Registro brindó una respuesta clara y de fondo, aunque por fuera del término
estipulado en la ley. Igualmente, se insiste, que la acción de tutela no es el escenario
jurídico idóneo para controvertir lo decidido por las autoridades en las respuestas a las
respuestas a los derechos de petición cuando no se accede a lo solicitado.

7.2.3 Entidades que no dieron respuesta a la petición

73. Finalmente, y en lo que atañe a la Alcaldía de Riohacha-La Guajira, de las
pruebas allegadas a este trámite, no se observa ninguna clase de respuesta
proporcionada por tal entidad territorial. Es importante resaltar que en el trámite del
presente proceso tampoco hubo pronunciamiento alguno de dicha autoridad, pese a
que fue debidamente notificada30. En consecuencia, se amparará el derecho
fundamental de la parte actora, toda vez que el municipio de Riohacha no ha dado
trámite su solicitud, esto al aplicar la presunción de veracidad establecida en el artículo
20 del Decreto Ley 2591 de 1991. Por lo tanto, se le ordenára a la referida autoridad
municipal responder y comunicar la petición interpuesta por la accionante dentro de
un plazo de 48 horas, las cuales serán contados a partir de la notificación de esta
providencia.

2.8. Conclusión

74. Se negará el amparo solicitado por la parte actora, en lo que refiere a
Presidencia de la República y Ministerio de Cultura, Ciudad, Territorio, porque se
encontró que dichas autoridades proporcionaron respuesta oportuna a las peticiones
efectuadas.

75. De igual manera, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
en lo que atañe a la solicitud presentada ante la Superintendencia de Notariado y
Registro, toda vez que, aunque por fuera del término legalmente establecido, dicha
autoridad contestó de forma clara y de fondo lo allí planteado.

76. Finalmente, se amparará el derecho de petición frente a la Alcaldía de
Riohacha- La Guajira, comoquiera que dicho ente territorial no ha hecho ningún
pronunciamiento a las solicitudes efectuadas por la parte actora. En consecuencia, se
le ordenará responder la petición interpuesta por la accionante dentro de los diez días
siguientes a la notificación de esta sentencia.

30
Cfr. Índice SAMAI Nro. 13. Archivo: ENVIODENOTIFICACION_ACUSESAT20 2206313(.pdf)
NroActua 13 y Soporte notificación Auto que admite dema(.pdf) NroActua 13.

17

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la parte actora y, en
consecuencia, ORDENAR al Municipio de Riohacha, La Guajira, responder la solicitud
interpuesta por la accionante el 14 de septiembre de 2022. Esta orden deberá realizase
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado respecto a
la Superintendencia de Notariado y Registro.

TERCERO: NEGAR la tutela formulada por la parte actora contra la Presidencia de la
República y el Ministerio de Cultura, Ciudad, Territorio.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18

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