Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06325-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06325-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06325-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
4 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06325-01
Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – UAE Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06325-01
Demandante: MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO Y UAE
COMISION DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (CRA)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Indebida aplicación del precedente
judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 26
de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela, por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y de
relevancia constitucional.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 28 de noviembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderados judiciales1, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad
Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
– CRA pidieron la protección de los derechos fundamentales al debido proceso a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia. A juicio de la parte actora, la
vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 7 de septiembre de 2022,
dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la CRA
involucradas en el cumplimiento de la sentencia, los cuales están siendo vulnerados por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior DEJAR sin efectos la sentencia proferidos por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenar fallar nuevamente el recurso conforme los
supuestos fácticos y normativos expuestos y que aplican para determinar la legalidad de los actos
administrativos objeto de control.
1 La acción de tutela fue presentada conjuntamente por el jefe de las Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el jefe de las Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA.
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – UAE Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
Antecedentes del procedimiento administrativo
2.1. Mediante Resolución CRA-780 del 14 de diciembre de 2016, la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA fijó la tarifa de la Contribución
Especial a la que se encontraban sujetos los prestadores de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para para la vigencia 2017; estableció
las erogaciones utilizadas para fijar la contribución2, y señaló el procedimiento para su
recaudo.
2.2. Por Resolución No. UAE-CRA 237 del 12 de junio de 2017, la Comisión, en
aplicación del parágrafo 2º3 del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, amplió la base
gravable, en razón a la existencia de un faltante presupuestal. En consecuencia,
determinó que estaría integrada por los siguientes conceptos:
2.3. Con fundamento en los anteriores actos administrativos generales, la Comisión
expidió la Resolución No. UAE-CRA No. 472 del 3 de agosto de 2017, mediante la cual
2 Que las erogaciones que se utilizarán para fijar la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2017, son:
CÓDIGO CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
5101 SUELDOS Y SALARIOS
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
5111 GENERALES
512007 Multas
512008 Sanciones
3 Artículo 85 (vigente para la época de los hechos). Contribuciones especiales. Con el fin de recuperar los costos del
servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el Superintendente, las
entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia, estarán sujetas a dos contribuciones, que se liquidarán y
pagarán cada año conforme a las siguientes reglas:
(…)
La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de
funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en
el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la Superintendencia y de las
Comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente
(…)
Parágrafo 2°. Al fijar las contribuciones especiales se eliminarán, de los gastos de funcionamiento, los gastos
operativos; en las empresas del sector eléctrico, las compras de electricidad, las compras de combustibles y los peajes,
cuando hubiere lugar a ello; y en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a éstos. Estos rubros
podrán ser adicionados en la misma proporción en que sean indispensables para cubrir faltantes presupuestales de
las comisiones y la superintendencia.”.
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Demandante: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – UAE Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
efectuó la Liquidación de la Contribución Especial para la vigencia 2017, a cargo de
Proactiva Oriente S.A. E.S.P (hoy Veolia Aseo Cúcuta S.A.), en la cuantía de $
40.044.000. En dicha liquidación, se incluyeron importes correspondientes al grupo de
las cuentas Nos. 51-Gastos de representación, y 75-costos de producción,
específicamente, se consideraron las siguientes cuentas: 51102-Beneficios a
empleados, 51103-Honorarios, 51105-Generales, 753704-Consumo de energía
eléctrica, 753705-ACPM FULL OIL y 75166-pagos por disposición final.
2.4. La empresa contribuyente presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación
contra la anterior decisión, con fundamento en que no era procedente incluir los importes
correspondientes al grupo de la cuenta No. 75, por no constituir gastos de
funcionamiento.
2.5. Por Resolución No. UAE-CRA 906 del 23 de octubre de 2017, se resolvió el recurso
de reposición en el sentido de confirmar la liquidación oficial de la contribución especial.
2.6. Mediante Resolución UAE-CRA 58 del 26 de enero de 2018, la Dirección Ejecutiva
de la Comisión confirmó la liquidación oficial.
Antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
2.7. La empresa Veolia Aseo Cúcuta S.A. presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – UAE
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, con el objeto de
obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. No. UAE-CRA No. 472 del 3 de agosto de
2017 (Liquidación Oficial), CRA 906 del 23 de octubre de 2017 y UAE-CRA 58 del 26 de
enero de 2018. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a la parte
demandada restituir las sumas que pagó en cumplimiento de los actos administrativos
demandados.
2.7.1. En concreto, la empresa fundamentó la demanda en que la Comisión se excedió
en la facultad impositiva, al incluir en la base de contribución especial las cuentas
pertenecientes al grupo 75: costos de producción–servicios personales, generales y
honorarios.
2.8. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado 44 Administrativo de
Bogotá, que, por sentencia del 6 de agosto de 2021, en ejercicio de la excepción de
ilegalidad, inaplicó de manera parcial la Resolución No. UAE-CRA 237 de 2017, y declaró
la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. UAE-CRA No. 472 de 2017, UAE-CRA 906
de 2017 y UAE-CRA 58 de 2018. A título de restablecimiento del derecho, declaró que
la contribución a cargo de Veolia Aseo Cúcuta S.A. E.S.P., por concepto de aseo vigencia
2017, correspondía a la suma de $7.985.645, en consecuencia, ordenó a la CRA que
devolviera a la empresa la suma de $ 33.530.689.
2.8.1. La autoridad judicial consideró que las únicas cuentas que en aplicación del
parágrafo 2o del artículo 85 de la Ley 142 de 1994 podían incluirse, correspondían a:
753704-Consumo de energía eléctrica y 753705-ACPM FULL OIL, no así las
relacionadas con cuentas relacionadas con servicios personales (beneficios a
empleados), generales, honorarios y pago por disposición final, de conformidad con los
lineamientos jurisprudenciales4 y, además, debido a que no estaba probado que
resultaran ser de naturaleza similar a la de las compras de electricidad, compras de
combustibles y los peajes, que prevé la norma como excepción para su inclusión.
4 Específicamente la sentencia del 10 de octubre de 2019, exp. 22394, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.9 Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de
apelación y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
por sentencia del 7 de septiembre de 2022, la confirmó. En concreto, el tribunal coincidió
con la decisión del a quo y fundamentó la decisión en la sentencia del 29 de abril de
20205, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la acción de tutela
cumple los requisitos de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo
del asunto, manifestó que la sentencia del 7 de septiembre de 2022, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, incurrió en los
siguientes defectos:
3.2. Defecto fáctico. A juicio de la parte actora, el tribunal demandado valoró
indebidamente el material probatorio, porque pasó por alto que en la Liquidación Oficial
de la Contribución Especial para la vigencia 2017, la Comisión incluyó expresamente
dentro de la base de liquidación, los conceptos del grupo 51 –gastos de administración,
correspondientes a beneficios a empleados (51102), honorarios (51101)– y generales
(51105), y que, de los conceptos del grupo 75, únicamente afectó los correspondientes
a consumo de energía eléctrica (753704) y ACPM FULL OIL (753705), tomados de la
misma información que el contribuyente reportó e incluyó con esos códigos contables
en el Sistema Único de Información–SUI.
3.3. “Defecto sustantivo”. Adujo que la decisión cuestionada aplicó indebidamente al
caso, la sentencia del 29 de abril de 20206, dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, por cuanto sus presupuestos fácticos diferían a los estudiados por el tribunal,
debido a que en el citado precedente se estudió la legalidad de la inclusión de la base
gravable de las cuentas del grupo 75– costos de producción, las cuales no eran
equiparables a las cuentas del grupo 51– gastos administrativos.
3.3.1. Manifestó que el tribunal concluyó erradamente que todas las cuentas
mencionadas en las Resoluciones Nos. UAE-CRA 237 de 2017, UAUE-CRA 472 de
2017, 906 de 2017 y 58 de 2018, correspondían a la excepción del parágrafo 2º del
artículo 85 de la Ley 142 de 1994, obviando que previamente la Comisión había
expedido la Resolución 780 de 2016, acto administrativo general que estableció las
erogaciones a utilizar para fijar la tarifa de la Contribución Especial para la vigencia 2017,
en las que se incluyeron las siguientes cuentas con su correspondiente código contable,
por constituir gastos de funcionamiento: (i) 5101 – sueldos y salarios; (ii) 5102 –
contribuciones imputadas; (iii) 5103 – contribuciones efectivas; (iii) 5104 – aportes sobre
la nómina; (iv) 5111–generales; (v) 512007 – multas, y (vi) 512008 – sanciones.
3.3.2. A partir de lo anterior, sostuvo que la providencia acusada aplicó normas y
precedentes que no correspondían al asunto, y perjudicó los intereses legítimos de la
entidad, al obligarla a la devolución de sumas de dinero que carecen de fundamento
fáctico y jurídico.
3.4. Violación directa de la Constitución Política. Con fundamento en que la decisión
de excluir los rubros del grupo 51 carecía de motivación, al no exponer las razones para
no tenerlos en cuenta, contrariar la jurisprudencia y dejar a la entidad en una inseguridad
jurídica respecto de la liquidación de la Contribución Especial a futuro, porque no le
permite incluir ningún concepto contable en la liquidación.
5 Proceso No. 25000-23-37-000-2017-00475-01. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
6 Proceso No. 25000-23-37-000-2017-00475-01. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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3.5. Desconocimiento del precedente judicial. Sostuvo que la autoridad judicial
demandada se apartó del precedente judicial contenido en las sentencias del 10 de
mayo de 20187, 26 de septiembre de 20188, 25 de febrero de 20219, del 5 de agosto de
202110, 2 de diciembre de 202111 y del 24 de marzo de 202212, dictadas por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, en las que, adujo, se precisó que se puede adicionar y
ampliar la base gravable de la contribución especial con fundamento en el parágrafo 2º
del artículo 85 de la ley 142 de 1994, cuando se motive en el faltante presupuestal, como
ocurrió en el caso concreto.
4. Intervenciones
4.1. La magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela con
fundamento en que no cumple los requisitos generales y específicos de la acción de
tutela contra providencia judicial. En concreto, manifestó que aunque la parte actora
alegó que la providencia acusada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo, de los
argumentos se advertía que, en realidad, promovía la solicitud de amparo a modo de
instancia adicional del proceso ordinario.
4.1.1. Indicó que la providencia objeto de tutela contó con fundamentos fácticos, jurídicos
y probatorios aplicables al caso concreto y, por lo tanto, no era de recibo que se
pretendiera desnaturalizar la acción de tutela, insistiendo en una discusión que se
resolvió en derecho por el juez natural, en la que se garantizaron los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
4.2. El juez 44 administrativo de Bogotá solicitó la desvinculación del presente trámite
por falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en que la parte
demandante atribuía la vulneración de los derechos fundamentales a la sentencia
dictada en sede de segunda instancia.
4.3. La empresa Veolia Aseo Norte de Santander S.A.S. E.S.P.13 solicitó que se
denegara por improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que la acción de
tutela no cumple el requisito de relevancia constitucional, porque lo pretendido por la
parte actora era convertir la tutela en una tercera instancia del proceso ordinario. Que,
además, la parte actora cuenta con otro medio de defensa judicial, como lo era el recurso
extraordinario de revisión, y que no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la tutela.
4.3.1. Con todo, manifestó que la entidad actora no empleó una carga argumentativa
suficiente en relación con los defectos fáctico, sustantivo y violación directa de la
Constitución Política. Además, señaló que, contra lo afirmado por la parte actora, el
tribunal demandado no desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado, pues,
por el contrario, se soportó en la línea jurisprudencial trazada en materia de contribución
especial del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
4.3.2. Sostuvo que en el caso concreto, la Comisión violó el principio de legalidad al
asimilar los conceptos de “(i) 75166 pagos por disposición final, (ii) 51102 Beneficios a
empleados, (iii) 51103 Honorarios y (iv) 51105 Generales con los conceptos de “compras
de electricidad y de combustibles, y los peajes”.
7 Exp. 22972. M.P. Milton Chaves García
8 Exp. 22481. M.P. Milton Chaves García
9 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00035-00 (24755). M.P. Milton Chaves García
10 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00036-00 (24756). M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
11 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00032-00 (24743). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto
12 Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00037-00 (24757). M.P. Milton Chaves García
13 En proceso definitivo de fusión empresarial, ASEO URBANO S.A.S E.S.P. absorbió́ a VEOLIA ASEO CÚCUTA S.A.
E.S.P. y cambió su razón social por VEOLIA ASEO NORTE DE SANTANDER S.A.S E.S.P.
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5. Sentencia impugnada
5.1. El Consejo de Estado, Sección Quinta, por sentencia del 26 de enero de 2023,
declaró improcedente la solicitud de amparo, por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional. Justificó la decisión en los siguientes
argumentos:
5.2. Que frente alegato relativo a la falta de motivación de la sentencia –sustentado en
que no se explicó la razón por la que los rubros del grupo 51 ampliaban de manera
indebida la base gravable de la contribución especial–, la parte actora contaba con otro
medio de defensa judicial: el recurso extraordinario de revisión, particularmente por la
causal del numeral 5º del artículo 250 del CPACA, esto es, “existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
5.2.1. En ese sentido, citó una providencia14 de esta Corporación, en la que se explicó
que la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de hecho o de
derecho que le permitan arribar a una decisión, “es motivo de revisión bajo la causal
quinta”. Que, por lo tanto, la acción de tutela no cumplía el requisito de subsidiariedad.
5.3. Que frente a los demás argumentos expuestos por la parte demandante, la acción
de tutela no cumplía el requisito de relevancia constitucional, debido a que se trataba de
una reiteración de los fundamentos de oposición que ya se habían expuesto en sede
ordinaria, sin plantear un debate desde el punto de vista constitucional, más allá de
invocar la vulneración de garantías superiores.
6. Impugnación
6.1. La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revocara
y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela, bajo los
siguientes argumentos:
6.2. Que, contra lo afirmado por el a quo, el presente asunto cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que la sentencia acusada desconoció los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al aplicar
indebidamente la jurisprudencia en la que sustentó el fallo y no valoró adecuadamente
las pruebas del proceso. Lo anterior, porque consideró erradamente que para la
contribución especial de la vigencia 2017 la Comisión había afectado los conceptos de
servicios personales, honorarios y generales de grupo de los costos operativos (grupo
75), cuando en realidad se tomaron del grupo de gastos administrativos (51).
6.3. Que la importancia constitucional del caso radicaba en que la sentencia acusada
infringió la norma sustancial contenida en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, al aplicarla
indebidamente y excluir rubros que se podían utilizar en la liquidación de la contribución
especial.
6.4. Resaltó que la acción de tutela se dirige a la protección del patrimonio público y los
intereses del Estado “el cual es un asunto de interés de todos los colombianos y de gran
relevancia constitucional, pues una afectación de los intereses patrimoniales del Estado
redunda en perjuicio de todos sus asociados”.
14 Ver Sala Catorce Especial de Decisión del Consejo de Estado, sentencia de 5 de abril de 2016, Radicación:
110010315000 2008 00320 00, Actor: José́ Joaquín Palma Vengoechea, Demandado: Nación-Procuraduría General
de la Nación, C.P. Danilo Rojas Betancourt.
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6.5. Por otro lado, alegó que no era cierto que la tutela no cumpliera el requisito de
subsidiariedad, teniendo en cuenta el recurso extraordinario de revisión no procedería
contra el fallo acusado, porque de conformidad con la jurisprudencia de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, dicho recurso no procede para cuestionar errores en la
apreciación de las pruebas (error de hecho) o indebida aplicación de las normas al caso
concreto incluyendo el precedente judicial (error de derecho).
6.5.1. Con todo, manifestó que de considerarse infundados los argumentos sobre la
improcedencia del recurso de revisión, lo cierto era que la acción de tutela era procedente
para evitar un perjuicio irremediable, porque la decisión objeto de tutela podría generar
varios daños irreparables, entre los que se encontraban:
(i) Impedir a la CRA incluir dentro de la base gravable de la contribución
especial los rubros que generalmente incluye, afectando el presupuesto de
la entidad y poniendo en riesgo la ejecución de las labores de regulación
que realiza sobre el servicio público domiciliario.
(ii) La indebida valoración probatoria e interpretación de las normas legales
aplicables al caso bajo estudio generan un precedente equivocado y
contrario a los fines del Estado, que pone en riesgo la regulación y, por
consiguiente, la prestación y el acceso al servicio público por los
ciudadanos en condiciones dignas, además de tener efectos frente a los
demás prestadores del servicio.
(iii) La CRA se vería obligada a efectuar pagos en favor de las empresas
prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo, ordenados sin respaldo legal y constitucional.
6.6. Por lo demás, la parte demandante insistió en los argumentos que por violación y
desconocimiento del precedente judicial ofreció en el escrito de tutela.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un
mecanismo judicial previsto para la protección de derechos fundamentales, cuando se
vean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad, incluidos los jueces de la
República15. La Corte Constitucional, por su parte, ha determinado dos tipos de requisitos
para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
1.2. En primer lugar, están los requisitos generales de procedibilidad que son de
naturaleza procesal y, por lo tanto, deben estudiarse de manera previa a cualquier
análisis de fondo. Esos requisitos fueron fijados en la sentencia C-590 de 2005, así: la
relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de
los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
1.3. En segundo lugar, están los requisitos específicos o vicios de fondo que son de
naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.
15 Sentencia C-543 de 1992.
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Esos vicios de fondo se han clasificado en defecto orgánico 16, defecto sustantivo17,
procedimental18, fáctico19, error inducido20, decisión sin motivación21, desconocimiento
del precedente judicial22 o violación directa de la Constitución23.
1.4. Solo cuando se superen los requisitos generales y, al menos uno de los requisitos
específicos, el juez constitucional puede conceder un amparo y dejar sin efectos una
decisión judicial.
2. Planteamiento del problema jurídico
2.1. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, el juez de primera
instancia consideró que la solicitud de amparo es improcedente por no cumplir con los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, concretamente: los requisitos de subsidiariedad y falta de relevancia
constitucional. Sin embargo, a juicio de la Sala, la acción de tutela de la referencia sí
cumple dichos requisitos, por las razones que pasan a explicarse:
2.2. Del requisito de subsidiariedad
2.2.1. En el caso concreto, el a quo consideró que el argumento de la parte actora
relativo a que la sentencia cuestionada no explicó la razón por la que los rubros del grupo
51 ampliaban de manera indebida la base gravable de la contribución especial, no
cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto se podía proponer en el recurso
extraordinario de revisión, bajo la causal del numeral 5 “nulidad originada en la
sentencia”.
2.2.2. A juicio de la Sala, ese reproche, como los demás propuestos en el escrito de
tutela (relativos a la indebida valoración probatoria, aplicación indebida de precedente y
desconocimiento de precedente judicial), no se trata de una discusión que,
eventualmente, podría dar lugar a la interposición del recurso extraordinario de revisión
bajo la causal de nulidad originada en la sentencia24.
2.2.3. El recurso extraordinario de revisión no está previsto para cuestionar los
fundamentos jurídicos de las providencias ni para cuestionar la actividad interpretativa
del juez, sino para discutir ciertos hechos externos a la labor funcional del juez que
afectan el principio de justicia. El objeto del recurso extraordinario de revisión no es otro
distinto a decidir si un fallo que hizo tránsito a cosa juzgada debe ser infirmado por
haberse configurado alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley (artículo
250 de la Ley 1427 de 2011).
16 Sentencias SU-388 de 2021, SU-355 de 2020, SU-373 de 2019, SU-309 de 2019, SU-072 de 2018, SU-050 de
2018, SU-041 de 2018.
17 Sentencias SU-424 de 2021, SU-260 de 2021, SU-116 de 2018, SU-055 de 2018, SU-050 de 2018, SU-041 de
2018, SU-035 de 2018, SU-395 de 2017, SU-050 de 2017, SU-556 de 2016.
18 Sentencia SU-061 de 2018.
19 Sentencias SU-424 de 2021, SU-405 de 2021, SU-226 de 2019, SU-355 de 2017, SU-448 de 2016.
20 Sentencia SU-261 de 2021.
21 Sentencia SU-489 de 2016.
22 Sentencias SU-317 de 2021, SU-228 de 2021, SU-053 de 2015.
23 Sentencias SU-228 de 2021, SU-201 de 2021, SU-516 de 2019, SU-069 de 2018.
24 La Sala Plena del Consejo de Estado ha precisado que para que prospere el recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal quinta se pueden alegar situaciones procesales como haberse proferido sentencia
desconociendo el principio de congruencia. Al respecto, en sentencia del 28 de febrero de 2013, expediente N°. 54001-
23-31-000-2000-01331-01 (1216-09) —reiterada en sentencia del 2 de febrero de 2016 de la Sala Especial de Decisión
22, expediente N°. 11001-03-15-000-2015-02342-00—, expresó lo siguiente: «la causal de revisión contenida en el
numeral 5º del artículo 250 del CPACA –antes 6 del artículo 188 del C.C.A.- es decir, nulidad originada en la sentencia,
se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interno y/o externa, pues, en uno
y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta de
competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar». En el mismo sentido, ver
sentencia SU-184 de 2019 de la Corte Constitucional.
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2.2.4. Siendo así, contra lo afirmado por el a quo, en este caso, no resulta procedente el
recurso extraordinario de revisión, por cuanto la discusión no se asocia a cuestiones
procedimentales que pudieran suponer la posible existencia de una nulidad originada en
la sentencia. Por lo tanto, el requisito de subsidiariedad se encuentra cumplido.
2.3. De la relevancia constitucional
2.3.1. La Sala precisa que si bien las dos instancias del proceso ordinario accedieron
parcialmente a las pretensiones de la demanda que promovió la empresa contribuyente
contra la Comisión, lo cierto es que la parte actora alega la indebida aplicación de la
sentencia del 29 de abril de 2020, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
pues, según dice, el citado precedente estudió la legalidad de la inclusión de la base
gravable de las cuentas del grupo 75– costos de producción, las cuales no eran
equiparables a las cuentas del grupo 51– gastos administrativo, que fueron las que en el
caso concreto se incluyeron en la liquidación oficial de la Contribución Especial.
2.3.2. El presente asunto adquiere relevancia, teniendo en cuenta que la posible
aplicación indebida de un precedente judicial derivaría directamente en la afectación del
derecho a la igualdad y el principio de la seguridad jurídica, por cuanto a partir de un
mismo precedente se estarían decidiendo casos iguales de diferente forma.
2.3.3. Como está cumplido el requisito de relevancia constitucional y los demás requisitos
generales de procedibilidad, la Sala analizará el asunto de fondo.
2.4. Previo a plantear el problema jurídico, la Sala precisa que la parte actora alegó
defecto fáctico, sustantivo, violación directa de la constitución y desconocimiento de
precedente judicial. Sin embargo, de la revisión de los argumentos que sustentan esos
defectos, la Sala encuentra que todos confluyen en la presunta indebida aplicación del
precedente judicial sentencia del 29 de abril de 2020, teniendo en cuenta que la decisión
objeto de tutela se fundamentó en dicha decisión. En consecuencia, el asunto se
estudiará específicamente respecto la indebida aplicación de precedente.
2.5. El problema jurídico, entonces, se contrae en determinar si la sentencia del 7 de
septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, incurrió en indebida aplicación del precedente judicial.
2.6. Para resolver, la Sala se referirá en primer lugar al precedente judicial contenido en
la sentencia del 29 de abril de 2020, seguidamente a la providencia cuestionada y,
finalmente, resolverá el problema jurídico planteado.
3. Precedente judicial contenido en la sentencia del 29 de abril de 2020, dictada por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado
3.1. En la sentencia del 29 de abril de 202025, dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, el debate se concentró en determinar si las cuentas del grupo 75 del plan de
contabilidad para prestadores de servicios públicos domiciliarios, hacían parte de la base
gravable de la contribución especial a cargo de Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P.
para el periodo gravable 2016. Específicamente, si los montos liquidados en las cuentas
“servicios personales (7505)”, “generales (7510)”, “arrendamientos (7517)”, “consumo de
insumos directos (7537)”, “órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones (7540)”,
“honorarios (7542)”, “materiales y otros costos de operación (7550)”, “seguros (7560)” y
“órdenes y contratos por otros servicios (7570)”, podían ser incorporadas a la base
gravable de la contribución especial a cargo de la demandante.
25Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-37-000-2017-00475-01 (24166). M.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez.
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3.2. Esa decisión inició por precisar que la sentencia del 10 de mayo de 2018 (exp.
22972)26, invocado por la parte demandada (SSPD) no resultaba aplicable al caso de la
demandante, por tratarse de una compañía encargada de prestar el servicio de aseo,
respecto de la cual la demandada determinó oficialmente la contribución para el periodo
gravable 2016, con base en unas cuentas diferentes a las de ese fallo.
3.3. Para resolver el asunto, en esa oportunidad, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado se refirió a la sentencia del 10 de octubre de 2019 (exp. 22394)27 de la misma
Sección, decisión que se pronunció sobre la legalidad del artículo 2° de la Resolución
SSPD 20161300032675 del 22 de agosto de 2016, que fijó la base gravable de la
contribución especial por el año 2016, no solo a cargo de empresas de servicios públicos
domiciliarios de electricidad, sino también de gas natural, gas natural licuado de petróleo
y acueducto, alcantarillado y aseo.
3.4. Destacó que la referida sentencia anuló parcialmente el artículo demandado, por
incluir cuentas del grupo 75 que, de conformidad con el criterio de la Sección Cuarta,
desconocía los lineamientos jurisprudenciales sobre el alcance de la expresión “gasto de
funcionamiento”, que constituía la regla general de determinación de la base gravable de
la contribución analizada. En ese sentido, se consideró que las cuentas del Grupo 75 –
costos de producción, no hacían parte de la base gravable de la contribución especial,
salvo que, aplicara la excepción del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994
“dentro de la que no encajan ‘cuentas de servicios personales, generales,
arrendamientos, costo de bienes y servicios públicos para la venta, licencia de operación
del servicio, consumo de insumos directos, órdenes y contratos de mantenimiento y
reparaciones, honorarios, materiales y otros costos de operación, costos de pérdidas en
la prestación del servicio de acueducto, seguros y, órdenes y contratos por otros
servicios’”.
3.5. Para decidir el caso concreto, en la sentencia del 29 de abril de 2020 se indicó que,
de la disposición parcialmente anulada en la sentencia del 10 de mayo de 2018, la
liquidación oficial había utilizado para liquidar la contribución, las siguientes cuentas del
grupo 75:
7505 Servicios Personales
7510 Servicios Generales
7517 Arrendamientos
7530 Costos de bienes y servicios públicos para la venta
753508 Licencia de operación del servicio
7537 Consumo de insumos directos
7540 Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones
7542 Honorarios
7550 Materiales y otros costos de operación
7555 Costos de pérdidas en prestación del servicio de acueducto
7560 Seguros
7570 Órdenes y contratos por otros servicios
3.6. A partir de lo anterior, la Sentencia del 29 de abril de 2020 concluyó:
En vista de que la declaratoria de nulidad de actos administrativos de contenido general tiene efecto
general inmediato sobre situaciones jurídicas no consolidadas, la Sala reitera en lo pertinente
la Sentencia del 20 de septiembre de 2018 (exp. 23050, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez), en la
que se anularon parcialmente los actos de liquidación de la contribución especial a favor de la SSPD
por el año 2013, por fundamentarse en una resolución que fue declarada nula.
Por lo tanto, la Sala confirmará la decisión del a quo por la cual se anularon parcialmente los actos
administrativos enjuiciados, como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial del artículo 2.º
26 M.P. Milton Chaves García.
27 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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de la Resolución SSPD 20161300032675, acto de carácter general que sirvió de base para la
expedición de los actos demandados.
3.7. Teniendo en cuenta que el fundamento de la sentencia del 29 de abril de 2020, a su
vez, radica en el análisis que se efectuó en la sentencia del 10 de octubre de 2019 por
parte de esta Sección, conviene relacionar, en lo pertinente, el estudio que en esa
oportunidad se llevó a cabo:
3.10. Esta Sección, al resolver la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos
acusados, tuvo oportunidad de analizar si estas cuentas cumplen con la regla general o con la regla
de excepción del artículo 85 de la Ley 142 de 1994.
Los argumentos allí expuestos serán reiterados porque las circunstancias de hecho y de derecho
que motivaron esa decisión no han cambiado para este momento procesal 28.
En dicha providencia se sostuvo que en la Resolución SSPD 20151300019495 de 15 de julio de
2015, no procedía la inclusión de las cuentas servicios personales (7505), generales (7510),
arrendamientos (7517), costo de bienes y servicios públicos para la venta (7530), licencia de
operación del servicio (753508), comité de estratificación (753513), consumo de insumos directos
(7537), órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones (7540), honorarios (7542), materiales
y otros costos de operación (7550), costos de pérdidas en la prestación del servicio de acueducto
(7555), seguros (7560) y órdenes y contratos por otros servicios (7570).
En cuanto a la Resolución SSPD 20161300032675 de 22 de agosto de 2016 no procedía la
inclusión de los conceptos de servicios personales, generales, arrendamientos, costo de bienes y
servicios públicos para la venta, licencia de operación del servicio, consumo de insumos directos,
órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, honorarios, materiales y otros costos de
operación, costos de pérdidas en la prestación del servicio de acueducto, seguros y, órdenes y
contratos por otros servicios.
Y respecto de la Resolución SSPD 20171300096075 de 20 de junio de 2017 no procedía la adición
de los conceptos de: servicios personales, generales, órdenes y contratos de mantenimiento y
reparaciones, órdenes y contratos por otros servicios, y licencias de operación del servicio.
Esto es así porque, con ellas, la SSPD “(…) desconoce los lineamientos jurisprudenciales sobre el
alcance de la expresión ‘gastos de funcionamiento’, que constituye la regla general de
determinación de la base gravable de la contribución analizada, siendo del caso reiterar que las
cuentas del Grupo 75 - costos de producción-, no hacen parte de la base gravable de la
contribución especial, salvo que, aplique la excepción del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142
de 1994, dentro de la que no encaja ninguna de las señaladas con anterioridad”29.
4. La providencia cuestionada
4.1. La sentencia del 7 de septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, explicó que la discusión se centraba en
determinar si los conceptos incluidos en la base gravable de la contribución especial
"pagos por disposición final; consumo de energía eléctrica y Acpm Full Oil” “respecto del
cual la parte demandante presentó su oposición, se ajustan a lo previsto en la citada
norma”.
4.2. El tribunal demandado inició por señalar que conforme con el criterio fijado por el
Consejo de Estado en la sentencia del 23 de septiembre de 201030, las cuentas del grupo
75-costos de producción del Plan de Contabilidad para entes prestadores de servicios
públicos domiciliarios no integran la base gravable de la contribución especial, porque “la
noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo
previsto así la Ley 142 de 1994 (…)”.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-2016-00016-
00 (22394). Auto del 24 de enero de 2019. C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
29 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-2016-00016-
00 (22394). Auto del 24 de enero de 2019. C.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez..
30 Proceso No. 110010327000200700049-00. M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia
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4.3. Sin embargo, el tribunal demandado puso de presente que la jurisprudencia ha
determinado que se podían incluir cuentas de este grupo (75), tales como la compra de
electricidad, la compra de combustibles y los peajes, en el caso de las empresas del
sector eléctrico y, “en las empresas de otros sectores los gastos de naturaleza similar a
éstos”, es decir, en el caso de las empresas de acueducto, la compra de agua, la energía
y combustible usado para el bombeo del agua y los peajes o derechos de servidumbre
de conducción de la red, etc31.
4.4. Citó la sentencia del 29 de abril de 2020, dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, para concluir que, en el caso concreto, las cuentas “servicios personales,
generales, honorarios y pago por disposición final” no podían ser incluidas en la base
gravable de la contribución especial. Así lo expuso:
Sobre la inclusión de rubros a la base gravable especial, que pueden ser incluidos para efectos de
cubrir para efectos de cubrir el faltante presupuestal, el Consejo de Estado se ha manifestado en
los siguientes términos:
“(…)
3.2- Para la Sala se debe destacar que la sentencia del 10 de octubre de 2019 (exp. 22394, CP: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez) se pronunció sobre la legalidad del artículo 2.° de la Resolución SSPD
20161300032675, del 22 de agosto de 2016, que fijó la base gravable de la contribución especial por el
año 2016, no solo a cargo de empresas de servicios públicos domiciliarios de electricidad, sino también de
gas natural, gas natural licuado de petróleo y acueducto, alcantarillado y aseo.
Dicho pronunciamiento anuló parcialmente el artículo demandado, por incluir cuentas del grupo 75 que, de
conformidad con el criterio de la Sección, desconoce los lineamientos jurisprudenciales sobre el alcance
de la expresión gastos de funcionamiento, que constituye la regla general de determinación de la base
gravable de la contribución analizada. En este sentido, la Sala consideró que las cuentas del Grupo 75 -
costos de producción, no hacen parte de la base gravable de la contribución especial, salvo que, aplique
la excepción del parágrafo 2º del artículo 85 de la Ley 142 de 1994, dentro de la que no encajan las
«cuentas de servicios personales, generales, arrendamientos, costo de bienes y servicios públicos para la
venta, licencia de operación del servicio, consumo de insumos directos, órdenes y contratos de
mantenimiento y reparaciones, honorarios, materiales y otros costos de operación, costos de pérdidas en
la prestación del servicio de acueducto, seguros y, órdenes y contratos por otros servicios».
De lo anterior, la Sala destaca que las cuentas “servicios personales, generales, honorarios y pago
por disposición final”, no podían ser incluidas en la base gravable de la contribución especial, así
se hubiere probado un faltante presupuestal, en razón a que desconoce los lineamientos
jurisprudenciales sobre el alcance de la expresión “gastos de funcionamiento”, que constituye la
regla general de determinación de la base gravable de la contribución analizada, tal como lo precisó
y liquidó la juez de primera instancia.
Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, le asiste razón al a quo en inaplicar de manera parcial
la Resolución CRA 237 de 2017 y decretar la nulidad parcial de las Resoluciones CRA 472 del 3 de
agosto de 2017, por medio de la cual fue proferida la liquidación a la demandante por la contribución
especial del año 2017, CRA 906 de 2017, CRA 58 de 2018, que resolvieron los recursos de
reposición y apelación respectivamente, razón por la cual se confirmará la sentencia del 6 de agosto
de 2021, proferida por el Juzgado Cuarenta y Cuatro (44) Administrativo del Circuito de Bogotá.
5. Solución al problema jurídico
5.1. Como se ve, la razón fundamental de la decisión cuestionada, parte de considerar
que los rubros que enlistaron la sentencia del 29 de abril de 2020 como aquellos que no
se podían incluir en la base gravable aun cuando estuviere probado el faltante
presupuestal, se trataban de los mismos correspondientes a “servicios personales,
generales, honorarios y pago por disposición final” que se relacionaron en la Liquidación
Oficial que determinó la Contribución Especial en el caso concreto de la empresa Veolia
Aseo Cúcuta S.A.
31 Consejo de Estado, Auto del 24 de enero de 2019. M.P, Jorge Octavio Ramírez. Proceso No. 11001-03-27-000-
2016-00016.
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5.2. Siendo así, la Sala advierte que el tribunal no tuvo en cuenta que los conceptos
relacionados en la sentencia del 29 de abril de 2020 (apoyada, a su vez, en la sentencia
del 10 de octubre de 2019) pertenecen al Grupo 75 –costos de producción, mientras que
los importes que por “beneficios a empleados” “honorarios” y “generales” registró la
Comisión en la Liquidación Oficial (Resolución No. UAE-CRA No. 472 de 2017)
corresponden al grupo de cuentas N. 51-Gastos de administración.
5.3. Por consiguiente, el hecho de que unas cuentas se denominen igual no implica que
tengan la misma naturaleza para efectos contables, razón por las que justamente están
clasificadas en grupos diferentes, se reitera: 75– costos de producción y 51-gastos de
administración.
5.3.1. Es decir, el hecho de que dentro del grupo 75– de costos de producción- se
encuentren unos conceptos que, de acuerdo con la sentencia del 29 de abril de 2020, ni
siquiera por vía de excepción se pueden incluir en la base gravable de la contribución,
tales como: “cuentas de servicios personales, generales, arrendamientos, costo de bienes y
servicios públicos para la venta, licencia de operación del servicio, consumo de insumos directos,
órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones, honorarios, materiales y otros costos de
operación, costos de pérdidas en la prestación del servicio de acueducto, seguros y, órdenes y
contratos por otros servicios”, no implica que los conceptos que para el caso concreto del
grupo 51–gastos de administración- corran la misma suerte, pues así no lo sustentó la
jurisprudencia que le sirvió de apoyo.
5.4. Lo anterior es suficiente para concluir que la sentencia del 7 de septiembre de 2022
aplicó indebidamente el precedente contenido en la sentencia del 29 de abril de 2020,
pues la ratio decidendi de esa decisión se concentró únicamente en el grupo
correspondiente a costos de producción y no a otros de naturaleza diferente. En ese
sentido, resulta claro que se vulneró el derecho fundamental a la igualdad de la parte
actora.
5.5. Finalmente, es pertinente precisar que, aunque la parte actora relacionó varias
sentencias del Consejo de Estado en las que apoya el argumento consistente en que se
puede adicionar y ampliar la base gravable de la contribución especial con fundamento
en el parágrafo 2º del artículo 85 de la ley 142 de 1994 (cuando se motive en el faltante
presupuestal), lo cierto es que el tribunal demandado no desconoció esa facultad y, de
hecho, partió de esa base para determinar si aun así se podían incluir ciertos conceptos.
5.6. De todas maneras, teniendo en cuenta que la sentencia objeto de tutela inaplicó
indebidamente un precedente judicial, lo propio será que la sentencia de remplazo que
dicte observe la jurisprudencia reciente de esta Sección relacionada con el caso
concreto32, a partir de la que pueda determinar si los conceptos del grupo–51 que se
enlistaron en la liquidación oficial, hacen parte o no de la base gravable de la
Contribución Especial a cargo de la empresa prestadora del servicio público.
5.7. Se resuelve, entonces, el problema jurídico planteado: la sentencia del 7 de
septiembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, incurrió en indebida aplicación del precedente judicial.
5.8. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso
y a la igualdad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad Administrativa
Especial Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA. En
consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia del 7 de septiembre de 2022 y ordenará
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, que, en el
32 A modo de ejemplo, se citan las sentencias del 25 de febrero de 2021, Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00035-
00 (24755). M.P. Milton Chaves García y del 24 de marzo de 2022, Proceso No. 11001-03-27-000-2019-00037-00
(24757). M.P. Milton Chaves García.
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Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
término de 20 días, contados a partir de esta providencia, dicte una sentencia de
remplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. En
su lugar:
2. Amparar el derecho fundamental a la igualdad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio y la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico – CRA.
3. Dejar sin efectos la providencia del 7 de septiembre de2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho N. 11001-33-37-044-2020-00329-01.
4. Ordenar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
que, en el término de 20 días, contado a partir de la notificación de esta decisión, profiera
sentencia de reemplazo en la que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas.
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta Ausente con permiso
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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