RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06327-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06327-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06327-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y de petición del señor Jormay Lechuga Pallares, cuya protección solicitó a través de la acción de tutela instaurada en contra del Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, resuelva de fondo el recurso de reposición que el señor Jormay Lechuga Pallares presentó en contra de la 7 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0 Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es Resolución RH 1733 del 29 de enero de 2021, el cual deberá serle notificado en debida forma. Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06327-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

26 de enero de 2023

R ad ic a do : 1 10 0 1- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 6 32 7- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

F.T: 12
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06327-00
Accionante: JORMAY LECHUGA PALLARES
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

Temas: Acción de tutela por mora administrativa y por falta de respuesta a una
petición. Accede al amparo solicitado.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Petición

El señor Jormay Lechuga Pallares indicó que el 16 de febrero de 2021 le fue
notificado a su correo institucional la Resolución núm. RH 1733 del 29 de enero de
2021, por medio de la cual el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial le reconoció las cesantías anualizadas
correspondientes al año 2020, por un valor de $ 2.673.808. Sin embargo, manifestó
que en el período liquidado en dicha Resolución no se tuvo en cuenta el tiempo
comprendido entre el 1.° de enero de 2020 y el 18 de junio de igual anualidad, lapso
en el que estuvo vinculado como escribiente nominado en el Consejo de Estado.

Por lo anterior, afirmó que el 8 de marzo de 2021 interpuso recurso de reposición
en contra del anterior acto administrativo, sin que a la fecha de radicación de la
presente acción hubiese sido resuelto. Además, señaló que el 24 de enero de 2022
solicitó, por correo electrónico, información del recurso instaurado, pero tampoco
obtuvo respuesta sobre ese pedimento.

b) Inconformidad

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

El accionante consideró que el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial vulneró su derecho fundamental de petición, al
no haberle brindado respuesta a la solicitud que elevó el 24 de enero de 2022 y la
falta de resolución del recurso de reposición que interpuso en contra del acto
administrativo que le reconoció el auxilio a la cesantía anualizada correspondiente
al año 2020.

PRETENSIONES

La parte accionante solicitó amparar su derecho fundamental precitado y, en
consecuencia, requirió ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial contestar la petición que elevó el 24 de enero
de 2022, en lo que concierne a la reliquidación de sus cesantías anualizadas con
vigencia 2020, con la inclusión del período comprendido entre el 1.° de enero y el
18 de junio de 2020, las cuales fueron reconocidas de manera parcial en la
Resolución núm. RH 1733 del 29 de enero de 2021.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Consejo Superior de la Judicatura

La magistrada auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura Margarita María Becerra Dawson afirmó que esa
corporación carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que las
acciones u omisiones que atribuye el accionante como transgresoras recaen
exclusivamente en la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por ser la entidad que debe responder la petición, en
atención a que fue la que liquidó el auxilio de la cesantía anualizada que se discute.
Por tanto, solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional.

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no rindió el informe solicitado,
a pesar de que fue notificada en debida forma del auto admisorio de la acción de la
referencia.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, el cual regula que «Toda persona tendrá acción de tutela para
reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública […]».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

Problema jurídico

Previo a plantear el problema jurídico, se aclara que, si bien es cierto que el
accionante, en las pretensiones, únicamente solicitó que se le diera respuesta a la
petición que elevó sobre el trámite del recurso de reposición, también lo es que, al
revisar todo el escrito de tutela, se advierte de forma diáfana que además discute
una presunta mora en la resolución de dicha reposición, lo cual, incluso,
desencadenó que presentara la petición referida, por lo que se analizarán ambos
aspectos.

En esa medida, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:

1. ¿El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial incurrió en mora administrativa, al no resolver el
recurso de reposición que el accionante presentó contra la Resolución núm.
RH 1733 del 29 de enero de 2021?

2. ¿La petición presentada por el señor Jormay Lechuga Pallares fue resuelta
de manera clara, precisa y de fondo y, además, la respuesta le fue puesta en
conocimiento?

Para resolver el problema así planteado, se abordará la siguiente temática: (I)
debido proceso administrativo, (II) análisis del caso en concreto, (III) derecho de
petición y (IV) estudio de la petición presentada por el accionante. Veamos:

I. Debido proceso administrativo

En el artículo 29 de la Constitución Política se determinó que el debido proceso debe
regir todas las actuaciones adelantadas bien sea en procesos judiciales o en
trámites administrativos. En cuanto a estos últimos, debe anotarse que aquel busca
que todas las actuaciones y decisiones adoptadas por los funcionarios se realicen
con cumplimiento de las garantías propias del ejercicio de la administración pública.
En ese sentido, la Corte Constitucional, en uno de sus primeros pronunciamientos
sobre ese derecho1, dispuso que este debe ser desarrollado en todas las
manifestaciones de las autoridades y que los actos administrativos deben ser
dictados previo a los procedimientos y los requisitos exigidos en la ley.

Más adelante, en la sentencia T-214 de 2004, el máximo tribunal constitucional2
definió el debido proceso administrativo como el conjunto de condiciones impuestas
a las autoridades en el ordenamiento jurídico para el cumplimiento de una secuencia
de actos, cuya finalidad está previamente determinada constitucional y legalmente
y su objeto es asegurar el funcionamiento ordenado de la administración y la validez

1 Corte Constitucional. Sentencia T-442/1992. M.P. Simón Rodríguez Rodríguez
2 Corte Constitucional. Sentencia T-214/2004. MP. Eduardo Montealegre Lynett

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

de sus actuaciones; así como proteger los derechos de los administrados,
especialmente los de la seguridad jurídica y la defensa.

Igualmente, en la sentencia C-980 de 2010, el mencionado tribunal manifestó que
aquel es un derecho constitucional fundamental, de aplicación inmediata en los
términos del artículo 29 de la Constitución Política y que está en armonía con los
artículos 6° y 209 de la citada disposición sobre la responsabilidad de los servidores
públicos y los principios que rigen la actividad administrativa del Estado.

Más recientemente, la Corte Constitucional3 precisó que el debido proceso
administrativo constituye un límite al ejercicio de las funciones de las autoridades
públicas, puesto que deben actuar dentro de los procesos previamente fijados en la
ley. En ese orden de ideas, se colige que este es un derecho fundamental que sirve
como garantía para los administrados frente a las actuaciones y decisiones
adoptadas dentro de los trámites instituidos legalmente.

II. Análisis del caso en concreto

El señor Jormay Lechuga Pallares discute la mora administrativa en que
presuntamente incurrió el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, por la tardanza en resolver el recurso de reposición que
interpuso en contra de la Resolución RH 1733 de 2021, por medio de la cual le
fueron reconocidas sus cesantías anualizadas del año 2020.

Pues bien, para resolver la anterior inconformidad, es necesario realizar un recuento
de las actuaciones más relevantes en el procedimiento administrativo y que dieron
lugar a interponer la petición de amparo. Así, se observa que el 29 de enero de 2021
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le reconoció al señor Jormay
Lechuga Pallares la suma de $ 2.673.808, por concepto del auxilio de cesantía
anualizada durante el período comprendido entre el 19 de junio de 2020 y el 31 de
diciembre del mismo año.

Adicionalmente, se denota que este último, de acuerdo con lo manifestado en el
escrito de tutela, el 8 de marzo de 2021 interpuso recurso de reposición en contra
del anterior acto administrativo, por no tenerse en cuenta el período laborado del 1.°
de enero de 2020 al 18 de junio del mismo año para la liquidación de la prestación
referida.

Ahora bien, se repara en que la autoridad accionada no rindió el informe solicitado
en la presente acción constitucional, por lo que es necesario dar aplicación a la
presunción de veracidad consagrada en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, el
cual reza lo siguiente: «Si el informe no fuere rendido dentro del plazo
correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano,
salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa».

3 Corte Constitucional. Sentencia T-051/2016. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

En esa medida, se advierte que la Ley 1437 de 20114, sobre el trámite de los
recursos de reposición y apelación, en sede administrativa, en sus artículos 79 y 80,
dispuso lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 79. TRÁMITE DE LOS RECURSOS Y PRUEBAS. Los
recursos se tramitarán en el efecto suspensivo.

Los recursos de reposición y de apelación deberán resolverse de plano, a no ser
que al interponerlos se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario
que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio.

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que
interviene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de
cinco (5) días.

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no
mayor de treinta (30) días. Los términos inferiores podrán prorrogarse por una
sola vez, sin que con la prórroga el término exceda de treinta (30) días.

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el
término probatorio.

ARTÍCULO 80. DECISIÓN DE LOS RECURSOS. Vencido el período probatorio,
si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá
proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso.

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente
planteadas y las que surjan con motivo del recurso […]».

Así las cosas, como en el caso bajo estudio no se ha resuelto el recurso de
reposición instaurado por el accionante y el Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no planteó ningún argumento para
justificar este retraso, la Subsección concluye que este último incurrió en mora
administrativa, puesto que superó ampliamente el término previsto en la Ley 1437
de 2011 para resolverlo, comoquiera que ha transcurrido más de un año desde su
radicación.

Por tanto, se amparará el derecho fundamental al debido proceso administrativo del
señor Jormay Lechuga Pallares y, en consecuencia, se le ordenará a la autoridad
precitada que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, resuelva de fondo el recurso de reposición
presentado por el accionante.

• Segundo problema jurídico

¿La petición presentada por el señor Jormay Lechuga Pallares fue resuelta de
manera clara, precisa y de fondo y, además, la respuesta le fue puesta en
conocimiento?

4 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

III. Derecho de petición

En el artículo 23 de la Constitución Política se faculta a todas las personas, para
que puedan presentar peticiones respetuosas ante las autoridades públicas o las
organizaciones privadas y a obtener pronta respuesta. Adicionalmente, este
derecho comprende no solo dicha prerrogativa, sino también la garantía de que las
solicitudes se resuelvan de fondo, de manera clara, precisa y oportuna5.

En efecto, la jurisprudencia constitucional6 ha indicado que la respuesta a los
pedimentos que se eleven ante autoridades públicas y particulares deben cumplir
los siguientes requisitos: ser oportunas, resueltas de fondo, claras, precisas y
congruentes con lo pedido, así como ser puestas en conocimiento del
titular; además, ha precisado que la contestación no significa que se tenga que
acceder a lo solicitado.

Ahora, en caso de que no sea posible dar respuesta antes de que se cumpla con el
término legal dispuesto, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y
señalar el término en el cual se dará la contestación. Así mismo, en el evento en
que el requerimiento se dirija en contra de quien no es el competente, este deberá
remitirla al que sí lo es, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.

De otra parte, es importante aclarar que no queda satisfecho el derecho de petición
con respuestas evasivas o informes acerca del trámite de las solicitudes de los
particulares. En efecto, la omisión o el silencio de la administración en relación con
aquellas van en contra del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos
de resolver de manera oportuna los pedimentos provenientes de los particulares.
En síntesis, el derecho de petición, entonces, se garantiza cuando la administración
responde 1. De fondo, de manera clara y precisa, 2. Dentro del plazo otorgado por
la ley y 3. Cuando la respuesta es puesta en conocimiento del peticionario.

IV. Estudio de la petición presentada por el accionante

El señor Jormay Lechuga Pallares afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial vulneró su derecho fundamental de
petición, por no brindarle una respuesta a la solicitud que elevó el 24 de enero de
2022, para obtener información sobre el trámite adelantado frente al recurso de
reposición multicitado.

Pues bien, una vez revisado el expediente de la referencia, se observa que obra
copia de la solicitud radicada en la entidad, en la mencionada fecha, y en ella se
consignó lo siguiente:

«[…] JORMAY LECHUGA PALLARES […] comedidamente acudo ante su
despacho, para obtener información o respuesta del recurso de reposición que
presenté contra la resolución “RH- 1733 de 29 enero de 2021”, en la cual se me

5 Ver, entre otras, la sentencia de la Corte Constitucional T-481 de 1992, M.P: Jaime Sanín Greiffenstein.
6 Ver entre otras sentencias: T-095 de 2015.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

reconocía el pago de mis cesantías anualizadas correspondientes al 2020, sin
embargo, dicho reconocimiento presentó inconsistencias, dado que solo me
liquidaron del 19 de junio al 31 de diciembre de 2020, sin tener en cuenta que del
1° de enero al 18 de junio de ese año, estuve vinculado a la Rama Judicial (Consejo
de Estado) como escribiente nominado […]».

Empero, se repara en que en el expediente no obra prueba que acredite que la
autoridad accionada contestó de forma clara, precisa, oportuna y de fondo el
anterior pedimento. En esa medida, como la solicitud fue radicada el 24 de enero
de 2022 y a la fecha no ha sido resuelta, se concluye que la parte accionada excedió
el término regulado en el artículo 14 de la Ley 1755 de 20157, para resolver este
tipo de peticiones.

Por tanto, ante el silencio de la autoridad accionada y la ausencia de pruebas que
desvirtúen lo afirmado por la parte accionante, se ampararán los derechos
fundamentales al debido proceso administrativo y de petición del señor Jormay
Lechuga Pallares. Sobre el particular, se aclara que no se emitirá orden con
respecto a la protección del derecho de petición, comoquiera que la solicitud
radicada el 24 de enero de 2022 va encaminada a que se dé trámite al recurso
mencionado, lo cual coincide plenamente con la orden que esta Subsección
impartirá, en relación con el cargo sobre la mora administrativa.

Por consiguiente, se ordenará al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial que, en el término de cuarenta y ocho (48)
horas contadas a partir de la ejecutoria de la presente providencia, resuelva de
fondo el recurso de reposición que el accionante presentó en contra de la
Resolución RH 1733 del 29 de enero de 2021, cuya decisión deberá serle notificada
en debida forma.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Amparar los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y
de petición del señor Jormay Lechuga Pallares, cuya protección solicitó a través de
la acción de tutela instaurada en contra del Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Ordenar al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, resuelva de fondo el recurso de
reposición que el señor Jormay Lechuga Pallares presentó en contra de la

7 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

R a d ic a d o : 1 1 00 1- 03- 1 5- 00 0- 20 2 2- 0 6 3 27- 0 0
Ac c i o na nt e : J or may L ec h u ga P al l ar es

Resolución RH 1733 del 29 de enero de 2021, el cual deberá serle notificado en
debida forma.

Tercero: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere
impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Quinto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.