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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06337-00

Fecha
20 de febrero de 2023
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06337-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Serviola SA, por las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin19. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-06337-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

20 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 20 de febrero de 2023

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06337-00
Demandante: Serviola SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Naturaleza: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Defecto sustantivo por
desconocimiento de precedente y de norma sobre pago de lo no debido - No se
configura

Síntesis del caso: Se enjuicia la Sentencia de segunda instancia, mediante la cual, la
autoridad judicial demandada revocó la decisión apelada, en el sentido de negar las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho respecto de los actos que
negaron la solicitud de devolución por pago de lo no debido del impuesto de industria y
comercio a cargo de la sociedad accionante.

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Serviola
SA contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada y
terceros.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 25 de noviembre de 20222, la sociedad Serviola SA, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos a la
igualdad y debido proceso, con ocasión de la Sentencia de 19 de mayo
de 2022, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 08001-23-33-000-2014-00642-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora pidió (se trascribe):

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Cabe precisar que el accionante remitió la tutela el 25 de noviembre de 2022 a las 5:11 pm, es decir, por fuera

del horario laboral, de manera que, en lo sucesivo, se entenderá como fecha de presentación el día siguiente
hábil, a saber, el 28 de noviembre de 2022.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06337-00
Demandante: Serviola SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Niega amparo
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“1-. Tutelar los derechos a la igualdad y al debido proceso vulnerados
flagrantemente por el Consejo de Estado;

2-. Ordenar a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, consecuente
con lo anterior, que vuelva a proferir fallo reconociendo el pago de lo
no debido, ordenando la devolución de las sumas pagadas y cuya
petición no se encuentre prescrita, tal y como lo precisó la Magistrada
Myriam Stella Gutiérrez.”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) Serviola SA, empresa de servicios temporales, adujo que con
fundamento en Sentencias de 2002 y 20033, así como en conceptos4 del
Distrito Capital de Bogotá, incluyó en la base gravable del impuesto de
industria y comercio (ICA) el valor total de las facturas, sin deducir los
ingresos para terceros (pagos laborales a sus trabajadores en misión), tal
como se dispuso en la Sentencia de 2 de mayo de 2013 (Exp. 18830),
mediante la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado anuló los
conceptos referidos.

5. 2) Manifestó que, luego de proferida la Sentencia de 2 de mayo de
2013 (Exp. 18830), solicitó la devolución por pago de lo no debido del ICA,
correspondiente a los bimestres 1 a 6 de los años 2006, 2007 y 2008 y al
período anual de 2009 y 20105. Tal petición fue negada por la Secretaría de
Hacienda Distrital de Barranquilla, a través de la Resolución No. GGI-RE-RS-
00353-12 de 6 de noviembre de 2012, confirmada en la Resolución No.
GGI-DT-RS-00078 de 12 de febrero de 2014.

6. 3) Inconforme con lo anterior, Serviola SA presentó demanda6 contra
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, orientada a
obtener la nulidad parcial de las resoluciones referidas y, a título de
restablecimiento del derecho, la devolución del dinero pagado en exceso
por concepto del ICA. Como fundamento, hizo alusión a la Sentencia de 2
de mayo de 2013 (Exp. 18830) que, según la sociedad, definió que, para los
intermediarios, la base gravable del referido impuesto no debía incluir los
ingresos recibidos para terceros, (se trascribe) “es decir aquellos pagos que
no incrementan el patrimonio”.

7. 4) El 1 de agosto de 2019, el Tribunal Administrativo de Atlántico
profirió sentencia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la

3 Identificadas con el No. interno 12303 y 13077, respectivamente.

4 Se precisa que, pese a que la parte accionante no los identificó, la Sala constató que se trataban de los

Conceptos 172 de 2 de septiembre, 195 de 12 de octubre y 198 del 13 de octubre de 1994, expedidos por la
Secretaría Distrital de Bogotá.
5 Sin embargo, se constató que fue antes, concretamente el 31 de agosto de 2012. Dicha fecha consta en

documentos del proceso ordinario.
6 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06337-00
Demandante: Serviola SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Niega amparo
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demanda, al declarar la nulidad parcial de los actos administrativos
demandados y ordenar, a título de restablecimiento del derecho, que el
demandado devolviera los dineros que la sociedad demandante “pagó
por exceso” por concepto de ICA respecto de las declaraciones en las
que no había situación jurídica consolidada por no haber operado aún la
prescripción de los 5 años de la acción ejecutiva, a saber, los períodos
2007 y 2008 (1, 2, 3, 4, 5 y 6) y los años 2009 y 2010, más los intereses
corrientes y moratorios a que hubiera lugar, en los términos de artículo 863
del Estatuto Tributario. Respecto del año 2006 declaró probada la
excepción de prescripción, dado que la solicitud de devolución fue
presentada el 31 de agosto de 2012, mientras que el pago del último
bimestre de 2006 fue el 15 de enero de 2007.

8. 5) La anterior decisión fue apelada por la parte demandada, la cual
puso de presente que no se configuraba un pago de lo no debido, ya que
la contribuyente realizó la actividad de intermediación de servicios
gravada con ICA y presentó las declaraciones de las vigencias 2006 a
2010, sin que demostrara en su contabilidad cuál parte de los ingresos
brutos registrados pertenecían a terceros (empleados en misión) o cuáles
correspondían a actividades realizadas fuera del Distrito ni sin que las
corrigiera, de manera que adquirieron firmeza y no era posible modificar
una obligación ya consolidada.

9. 6) Mediante Sentencia de 19 de mayo de 2022, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, negó las pretensiones, al determinar que, como Serviola SA estaba
obligada a declarar y pagar ICA, lo pretendido en realidad era una
devolución por pago en exceso, cuya procedencia requería de la
corrección de las declaraciones, la cual el contribuyente no efectuó y, en
esa medida, no acreditó el monto pagado en exceso.

10. El fundamento de la vulneración radicó en que el fallo cuestionado
incurrió en defecto fáctico y material o sustantivo7 por desconocimiento
del precedente.

11. Frente al primero, adujo que la autoridad judicial demandada erró al
considerar que (se trascribe) “por no estar en discusión la realización del
hecho generador del ICA en esa jurisdicción, por la prestación de servicios
de intermediación laboral, la naturaleza de los pagos es en exceso y no de
lo no debido”. En ese orden, afirmó que hubo un error de encuadramiento,
ya que “después de haber reconocido el carácter de intermediario, olvida
el Consejo de Estado en la sentencia materia de tutela, que la norma legal

7 En el escrito de tutela también se refirió a dicho defecto como “jurídico”.

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Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Niega amparo
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prevé cuál es la base para los intermediarios – Art. 33 parágrafo segundo
de la Ley 14 de 1983-. Para en su lugar señalar que los pagos realizados
eran debidos solo que se hicieron en mayor cuantía”.

12. En relación con el segundo, alegó el desconocimiento del
precedente contenido en el fallo de tutela de 25 de mayo de 2017, Rad.
11001-03-15-000-2017-00246-00, sobre pago de lo no debido, no sujeto a
corrección. Así como de otras providencias8 que (se trascribe) “conforman
una doctrina probable en la que expresaron que siempre que se carezca
de causa legal para realizar el pago, se trata de un pago de lo no
debido”.

13. En concordancia a que el Decreto 1000 de 1997, en su artículo 21,
define que hay pago de lo no debido cuando no hay causa legal, norma
que no contempla el requisito de corrección de la declaración, sino sólo la
presentación de una solicitud ante la administración de impuestos y
aduanas donde se efectuó el pago.

14. En su parecer, se desatendió el precedente jurisprudencial, se creó
una nueva regla sin un sustento lógico ni legal, para señalar que (se
trascribe) “aquello que claramente carece de causa, era un pago que sí
se debía por su actividad, solo que en cuantía inferior”.

15. Respecto de todo lo anterior, adujo que no pretendía reabrir como
tercera instancia la discusión ya surtida, sino evidenciar un cambio
intempestivo de la jurisprudencia de la Sección Cuarta, que pretende (se
trascribe) “hacer retroactivo y en violación al principio de igualdad, unas
reglas jurisprudenciales que no se acompasan con los reglamentos
expedidos y el innumerable cúmulo de fallos anteriores”, incluso del
salvamento de voto de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez Argüello,
quien disintió del criterio de la sala.

1.2. Posición de la parte demandada y terceros9

16. La Sección Cuarta de Consejo de Estado consideró que la acción
de tutela debía declararse improcedente, por no advertirse la vulneración
de un derecho fundamental o la existencia de un perjuicio irremediable,
sino el interés de la parte accionante de que se revisara la decisión que
aplicó la actual posición de la Sala y concluyó que se trataba de un pago

8 Sentencias 16567 de 11 de noviembre de 2009, 16655 de 16 de julio de 2009, 16881 de 27 de agosto de 2009,

17669 de 23 de septiembre de 2010, 16163 de 24 de septiembre de 2008, 16569 de 13 de agosto de 2009 y 18830
de 2 de mayo de 2013.
9 Mediante Auto de 29 de noviembre de 2022, el despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de

tutela de la referencia, (2) tener como demandada a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y (3) vincular al
Tribunal Administrativo de Atlántico y al Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, como terceros
interesados en el proceso.

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en exceso, cuya devolución requería de la corrección. Además, precisó
que la sentencia proferida dentro del expediente No. 24658 fue proferida
con anterioridad a la cuestionada (3 de mayo de 2022), de manera que lo
que buscaba era revivir la discusión de si se trató de un pago de lo no
debido o de un pago en exceso, debate que ya fue resuelto por el juez
natural.

17. El Tribunal Administrativo de Atlántico y el Distrito Especial Industrial y
Portuario de Barranquilla guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de defectos. 2.2. Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Fijación de la controversia. 2.4. Verificación de defectos y/o
vulneración de derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.

2.1. Identificación de defectos

18. La Sala estima necesario precisar que, si bien, la parte accionante
expresamente alegó la presunta configuración de los defectos fáctico y
sustantivo, de la lectura integral del escrito de tutela se tiene que el primero
se subsume en el segundo, habida cuenta de que se alega un
desconocimiento del precedente jurisprudencial y de la normatividad
relativa al pago de lo no debido respecto del pago del impuesto de
industria y comercio.

19. En ese sentido, en aras de efectivizar los principios que orientan el
trámite de la acción de tutela, entre ellos, el de prevalencia del derecho
sustancial, se procederá realizar el análisis, únicamente, sobre el defecto
sustantivo alegado, solo si se supera el examen de los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10

20. La Sala advierte que la acción de tutela es procedente
porque: (1) No existe recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte
demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la defensa
del derecho presuntamente vulnerado. (2) Hubo un plazo razonable entre
la fecha de notificación de la providencia enjuiciada (31/5/2211) y la de
presentación de la acción de tutela (28/5/22). (3) No se enjuició un fallo de
tutela, pues la controversia se relaciona con la sentencia de segunda
instancia, dictada dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del

10 El presente análisis de requisitos de procedibilidad de hace de conformidad con las consideraciones de la

Sentencia T-66 de 2019 de la Corte Constitucional.
11 Al consultar SAMAI, se constató que el mensaje de datos se envió el 27 de mayo de 2022, ver índice 26 del

expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 080012333000201400642011100103.

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derecho. (4) Se identificaron de manera clara, detallada y comprensible
los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. (5) La controversia
tiene relevancia constitucional por tratarse de la presunta afectación
de la garantía fundamental al debido proceso de la parte actora, con
ocasión de una providencia judicial respecto de la cual se alegó un
desconocimiento y cambio de precedente. Asimismo, no se advierte que
lo pretendido fuera que la controversia sea sometida a una nueva
instancia o que los argumentos fueran repetitivos respecto de aquellos
alegados en el proceso ordinario, máxime cuando la parte demandante
no presentó el recurso de apelación en la medida que la decisión de
primera instancia le fue favorable, pues accedió parcialmente a sus
pretensiones.

2.3. Fijación de la controversia

21. Corresponde a la Sala establecer, si la Sección Cuarta del Consejo
de Estado incurrió en un defecto sustantivo, al desconocer el precedente
sobre el pago de lo no debido en materia de impuestos y la
reglamentación de su devolución prevista en el artículo 21 del Decreto
1000 de 1997.

2.4. Verificación de defectos y/o vulneración de derechos
fundamentales

22. La Sala negará la solicitud de amparo presentada por Serviola SA, al
advertirse que no se configuró el defecto sustantivo invocado, por las
razones que pasan a exponerse.

23. Para la parte actora, la Sentencia de 19 de mayo de 2022 incurrió en
el defecto mencionado por desconocer el precedente jurisprudencial
relativo al pago de lo no debido al determinar que se estaba ante un
pago en exceso. Además, cuestionó que hubiera exigido la corrección de
las declaraciones para obtener la devolución de lo pagado como
contribuyente del ICA, cuando ello no era un requisito y no estaba
contemplado en el artículo 21 del Decreto 1000 de 1997.

24. En relación con lo anterior, es preciso indicar que, en la decisión
cuestionada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado determinó que la
devolución pedida se originaba en un pago en exceso12 porque Serviola
SA estaba obligada a declarar y pagar ICA en esa jurisdicción y porque el
monto pagado era mayor a la obligación determinada en su declaración

12 Previamente hizo alusión a la Sentencia de 20 de agosto de 2009, Exp. 16142, para poner de presente la

diferencia entre pago en exceso y pago de lo no debido, así (se trascribe): “Se configuran “pagos en exceso”
cuando se cancelan por impuestos sumas mayores a las que corresponden legalmente, y existe “pago de lo no
debido”, en el evento de realizar pagos “sin que exista causa legal para hacer exigible su cumplimiento”.

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tributaria. En consecuencia, la devolución sólo procedía cuando se
realizara la corrección de la declaración y en ella se reflejara el menor
valor a pagar a cargo de la sociedad contribuyente, ya que, de no
realizarla, la situación jurídica quedaba consolidada.

25. En esa medida, puso de presente que la falta de corrección de las
declaraciones dentro de la oportunidad legal conducía a la firmeza de las
mismas, lo cual impedía la configuración de un título para obtener la
devolución de lo pagado en exceso, independientemente de que esa
petición se hubiera efectuado dentro del término legal.

26. Luego citó la Sentencia de 3 de marzo de 2022 (Exp. 24658), para
señalar que, en dicha providencia, se aceptó la procedencia de la
devolución sin corrección cuando (se trascribe):

“de la verificación de la liquidación privada, sin acudir a otros elementos
probatorios se evidencie el monto pagado indebidamente o en exceso. No
ocurre lo mismo y, por tanto, se exige corregir la declaración cuando para
establecer el saldo a favor del contribuyente y a cargo del fisco se requiere
del análisis de elementos probatorios adicionales que son propios del proceso
de fiscalización, o de discusión de los tributos y ajenos al proceso de
devoluciones (…)”.

27. De lo expuesto, precisó que no se exigía la corrección de las
declaraciones en los casos en que el valor del tributo que se solicitaba la
devolución se pudiera determinar de forma directa de la declaración
presentada, lo cual, en el caso concreto no resultó suficiente con las
declaraciones del ICA de los períodos 2007, 2008 (1, 2, 3, 4, 5, 6), 2009 y
2010, habida cuenta de que no se acreditó el monto pagado en exceso,
pues, para ello (se trascribe) “se requiere de otros elementos probatorios
que debieron ser planteados a la Administración a través del
procedimiento legalmente establecido, esto es, solicitando la corrección
de las declaraciones ante el distrito de Barranquilla”.

28. Respecto del cargo de desconocimiento del precedente, la Sala, al
revisar los reparos de la parte accionante, constató lo siguiente: 1) el fallo
de tutela de 25 de mayo de 2017, Rad. 11001-03-15-000-2017-00246-00,
presuntamente desconocido, se trata de una decisión con efectos inter
partes que no constituye un precedente para el caso objeto de estudio. En
todo caso, el asunto que se debatió en esa tutela no guarda identidad
fáctica y jurídica con el de la referencia, pues en aquel, la controversia giró
en torno al término para presentar la solicitud de devolución por pago de
lo no debido o en exceso13, sin hacer distinción alguna entre estos

13
En dicha sentencia se concedió el amparo porque la autoridad judicial demandada desconoció que la
solicitud de devolución por pago de lo no debido o en exceso no se sujetan a término de 2 años, establecido en
el Estatuto Tributario para la devolución de saldos a favor, sino al plazo de prescripción de la acción ejecutiva

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conceptos ni tratar lo relativo a la acreditación del monto pagado en
exceso y, en consecuencia, la exigencia o no de la corrección de la
declaración tributaria.

29. 2) Las Sentencias de 11 de noviembre de 2009 (Exp. 16567), 16 de
julio de 2009 (Exp. 16655), 27 de agosto de 2009 (Exp. 16881), 23 de
septiembre de 2010 (Exp. 17669), 24 de septiembre de 2008 (Exp. 16163), 13
de agosto de 2009 (Exp. 16569) y 2 de mayo de 2013 (Exp. 18830), si bien,
trataron temas relacionados con la devolución de pagos en exceso o de
lo no debido y la exigencia o no de corrección de declaraciones
tributarias, los cuales, precisamente, fueron cuestionados por la parte
actora en la providencia objeto de estudio, lo cierto es que (a) son asuntos
que en algunos aspectos difieren del de la referencia y (b) no fijaron reglas
de unificación, pues, precisamente, a la fecha, no hay un criterio o
posición consolidada al respecto.

30. Lo anterior obedece a que, (a) la Sentencia de 23 de septiembre de
2010 (Exp. 17669) resolvió favorablemente el caso en el que la sociedad
demandante pagó el impuesto predial y luego solicitó su devolución, tras
determinar que se trató de (se trascribe) “(…) un pago efectuado por error
de derecho de quien lo hizo, dado el desconocimiento del declarante de
la exención consagrada por el Decreto 678 de 1994 que declaró el
inmueble en discusión como patrimonio histórico- categoría B, exento del
impuesto predial, lo que lo hace que se configure la ausencia de causa
legal previa a la presentación de las declaraciones por los años analizados,
estamos sin duda alguna frente a un típico ‘Pago de lo no debido’, cuya
devolución procede sin requerir corrección alguna a las declaraciones
presentadas”. Supuestos que distan del caso de Serviola SA, ya que en este
último se analizó una solicitud de devolución respecto de ciertos ingresos
del impuesto de industria y comercio que se pagaron con fundamento en
conceptos administrativos.

31. Por otra parte, la Sentencia de 2 de mayo de 2013 (Exp. 18830),
como consta en los antecedentes, declaró la nulidad de los conceptos
No. 172 de 2 de septiembre, 195 de 12 de octubre y 198 de 13 de octubre,
todos de 1994, y dispuso que (se trascribe) “es correcta la deducción de los
pagos laborales a sus trabajadores en misión por parte de las empresas de
servicios temporales para la determinación de la base gravable del
impuesto de industria y comercio, dado que sus ingresos brutos son los
correspondientes a las comisiones por sus servicios de intermediación
laboral y no se deben incluir en la misma ingresos que no recibe para sí sino

prevista en el artículo 2536 del Código Civil, esto es, el término de 5 años, contados a partir de la fecha en que el
pago se hizo efectivo.

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para terceros (…)”, pero no consideró nada respecto de los temas que
aquí se cuestionan.

32. b) Las Sentencias de 11 de noviembre de 2009 (Exp. 16567), 16 de
julio de 2009 (Exp. 16655), 27 de agosto de 2009 (Exp. 16881), 24 de
septiembre de 2008 (Exp. 16163) y 13 de agosto de 2009 (Exp. 16569),
aunque revocaron las decisiones apeladas y, en su lugar, accedieron a las
pretensiones de la demanda, en el sentido que declararon la nulidad de
los actos que negaron la devolución de ciertos pagos por ingresos
(unidades de pago por capacitación, servicios de salud adscritos al POS y
servicio de tratamiento y purificación de agua) y, en consecuencia,
ordenaron su devolución tras concluir que se trataban de pagos que
carecían de causa legal porque se efectuaron sobre un ingreso no
gravado (los 2 primeros) o con equivocación del lugar donde se recibieron
(el último), para lo cual no era exigible la corrección, no fijaron reglas de
unificación al respecto y, en todo caso, se reitera que, a la fecha, no existe
una postura unificada en relación a si en estos casos se está ante un pago
en exceso o de lo no debido.

33. Lo anterior se fundamenta porque además de los antecedentes
jurisprudenciales citados por la parte demandante, la Sala encontró otros
recientes, también de la Sección Cuarta del Consejo de Estado14, que,
resolvieron casos similares al de Serviola SA, a saber, solicitud de devolución
de ingresos de intermediación laboral (costos laborales de los trabajadores
en misión) consignados en la autoliquidación y pago del ICA por parte de
empresas de servicios temporales, y en los que la sala mayoritaria, con
excepción de una magistrada que salvó el voto, determinaron que se
estaba ante un pago en exceso, con fundamento en las siguientes
conclusiones (se trascribe):

1. “Al respecto se considera que no procede la devolución solicitada por
Activos S.A. pues al estar demostrado que estaba obligada a declarar y
pagar ICA en esa jurisdicción, en realidad se trata de una devolución por
pago en exceso, la cual requiere para su procedencia del
correspondiente denunció rentístico corregido, en el que se refleje el
menor valor a pagar a cargo de la contribuyente15.”

2. “En el caso que se juzga, no se está ante la anulación de una norma con
fundamento en la cual se hubieran pagado cuantías no debidas
conforme a derecho. Todo lo contrario, las disposiciones aplicables para la
autoliquidación del tributo, que precisamente fueron las consideradas en
la sentencia de esta Sección del 02 de mayo de 2013 (exp. 18830, CP:
Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), llevan a apreciar que para la
demandante surgía una obligación tributaria en cuantía menor al monto
que autoliquidó y pagó. Se trata por tanto de un «pago en exceso», en los

14 Sentencias de 18 de noviembre de 2021, radicado No. 08001-23-33-000-2014-00648-01 (23576); 10 de febrero de

2022, radicado No. 25000-23-37-000-2015-00796-01 (23295) y 23 de junio de 2022, radicado No. 25000-23-37-000-
2015-00463-02 (24129).
15 Página 9 de la Sentencia 23576 de 18 de noviembre de 2021.

9 de 11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06337-00
Demandante: Serviola SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

términos en los que lo sostiene la demandada, no del pago de lo no
debido que alega la actora16.”

3. “Señaladamente, se ha determinado que, si el mayor valor del ICA
pagado por una empresa de servicios temporales proviene de ingresos
obtenidos por trabajadores en misión, la suma indebida constituye un
«pago en exceso», pues la contribuyente sí realiza el hecho generador del
tributo territorial; por lo cual la procedencia de la devolución estará
supeditada a que se corrija la respectiva liquidación privada. Así, aunque
el incorrecto cálculo tributario se haya sustentado en doctrina oficial
posteriormente anulada por esta jurisdicción (providencia del 18 de
noviembre de 2021, exp. 23576, CP: Stella Jeannette Carvajal Basto), como
ocurrió en el sub lite17.

34. En ese orden, la Sala considera que no le corresponde al juez de
tutela determinar, en el caso concreto, si es un pago en exceso o un pago
de lo no debido y si, en consecuencia, es o no exigible la corrección de la
declaración tributaria para obtener su devolución, sino que ello le
corresponde al juez natural, como ocurrió en el caso de la referencia, cuya
resolución no resultó arbitraria o infundada.

35. Tampoco se incurrió en defecto sustantivo por exigir la corrección a
pesar de que, según la parte accionante, el artículo 21 del Decreto 1000
de 199718 no la contempló, ya que, como la autoridad judicial
demandada concluyó que, en el caso de Serviola SA, se estaba frente a
un pago en exceso y no ante un pago de lo no debido, no resulta
entonces aplicable esa norma de devolución de pagos de lo no debido.

36. En atención a lo expuesto se evidenció que la Sección Cuarta del
Consejo de Estado no incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente y/o norma sobre pago de lo no debido y
su devolución.

2.5. Conclusión

37. En el presente caso, la Sala negará la solicitud de amparo por no
encontrar configurado el defecto invocado.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

16 Página 7 de la Sentencia 23295 de 10 de febrero de 2022.
17 Página 8 de la Sentencia 24129 de 23 de junio de 2022.
18 Derogado por el Decreto Nacional 2277 de 2012.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-06337-00
Demandante: Serviola SA
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Asunto: Acción de tutela primera instancia
Decisión: Niega amparo
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo presentada por Serviola SA, por
las razones expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal
fin19.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

19 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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