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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06338-00

Acción de tutela contra providencias judiciales: debe reunir los

Fecha
3 de febrero de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06338-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Eduardo Gaviria Bautista, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de esta providencia. 16 Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00 Demandante: Eduardo Gaviria Bautista Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Referencia: sentencia de tutela de primera instancia SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06338-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

3 de febrero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Actor: EDUARDO GAVIRIA BAUTISTA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – debe reunir los
requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que
proceda su estudio de fondo / REQUISITOS GENERALES DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL Y DE SUBSIDIARIEDAD – no se cumplen en este caso, dado
que el actor busca convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso
disciplinario y, además, porque contaba con el mecanismo de adición de la
sentencia, para que el juez natural se pronunciara respecto de la prescripción de la
acción disciplinaria.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Eduardo Gaviria Bautista
contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 28 de noviembre de 20221, el señor Eduardo Gaviria Bautista interpuso acción
de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por considerar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes
pretensiones (se transcriben textualmente):

1. Que se declare que cuando se produjo el fallo de segunda instancia
de fecha 14 de septiembre de 2022 y que se me notificó con fecha 2 de
noviembre de 2022, la acción disciplinaria estaba prescrita, pues la misma
prescribe a los cinco años, a partir del hecho cometido en las conductas
instantáneas y cinco años a partir del último acto censurable en las

1 Se advierte que, el 14 de diciembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada

ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

conductas permanentes y como está visto, la sentencia de segunda
instancia se profirió con fecha 14 de septiembre de 2022 y se me notificó
con fecha de 2 de noviembre de 2022, que a voces del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, esta última es la fecha que ha de tenerse en
cuenta para computar los cinco años.

2. Se decrete la nulidad inclusive de la audiencia celebrada el dia 12 del
mes de diciembre de 2016 a las 10:00 de la mañana, para que en esta forma,
se permita que el defensor designado por el suscrito, ejerza la defensa
encomendada y se me respeten en esta forma los derechos del debido
proceso y de defensa consagrados como fundamentales en el artículo 29 de
la constitución nacional y se deje igualmente sin valor, el auto mediante el
cual se designa a mi favor el defensor oficioso pues contaba con un defensor
de confianza y como se ha dicho, se decrete la nulidad de la audiencia
celebrada el día 12 del mes de diciembre de 2016 a las 10:00 de la mañana
teniendo en cuenta lo aquí argumentado.

Seguidamente, a título de medida provisional, el accionante solicitó que:

[M]ientras el fallo definitivo de la acción de tutela que se interpone se profiera,
se suspenda, valga la redundancia, la suspensión que del ejercicio de la
profesión de abogado que me fue impuesta.

Lo anterior, por cuanto el suscrito abogado, según registro civil de nacimiento
que me permito adjuntar, cuenta con una edad de 66 años cumplidos estoy
en la llamada tercera edad, no cuento con una pensión, no soy propietario de
bienes muebles e inmuebles, no cuento con ingresos económicos,
únicamente subsisto con lo que devengo como profesional del derecho.

1.2 . Hechos relevantes

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

El señor Ernesto Oróstegui Torres formuló queja disciplinaria contra el abogado
Eduardo Gaviria Bautista, por faltar a sus deberes profesionales.

El 16 de diciembre de 2016, el señor Gaviria Bautista solicitó la nulidad de la
audiencia celebrada el 12 de diciembre anterior, por considerar que la magistrada
ponente, dentro del proceso disciplinario con radicado 68001-11-02-000-2015-
00016-00, violó su derecho fundamental al debido proceso.

En sentencia del 11 de enero de 2018, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
de Santander denegó la solicitud de nulidad y sancionó al abogado Eduardo Gaviria
Bautista con suspensión por el término de un (1) año en el ejercicio de la profesión,
por incurrir, a título de dolo, en la falta disciplinaria consagrada en el artículo 35,

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

numeral 1, de la ley 1123 de 20072, agravada por el artículo 45, literal C, numeral 4,
ejusdem3.

La anterior decisión fue objeto de apelación ante la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, la que, en sentencia del 14 de septiembre del 2022, negó la solicitud de
nulidad nuevamente invocada por el señor Gaviria Bautista y confirmó la sentencia
de primera instancia.

1.3. Argumentos de la tutela

A juicio del señor Eduardo Gaviria Bautista, en primera instancia, la magistrada
ponente de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Santander, designó como defensor de oficio al abogado Gabriel Mauricio Mancipe
Vesga, para que lo representara en la audiencia del 12 de diciembre de 2016, dentro
del proceso disciplinario con radicado 68001-11- 02 – 000-2015-00016-00.

Sin embargo, el referido abogado no ejerció su defensa acorde con la realidad
jurídica del proceso disciplinario. Además, el señor Gaviria Bautista enfatizó en que
ya había designado un abogado de confianza para que lo representara en el
proceso en mención.

De otra parte, el demandante manifestó que la acción disciplinaria está prescrita,
pues dicho término debía empezar a contabilizarse a partir del auto que ordenó la
apertura del proceso disciplinario, es decir, el 22 de enero de 2015. De ahí que
cuando dictó la sentencia de segunda instancia habían transcurrido más de 5 años.

1.3. Trámite impartido e intervenciones

1.3.1. Mediante auto del 1º de diciembre de 2022, se admitió la demanda y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Comisión Nacional

2 ARTÍCULO 35. Constituyen faltas a la honradez del abogado:

1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración o beneficio desproporcionado a su
trabajo, con aprovechamiento de la necesidad, la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.
(…).
3 ARTÍCULO 45. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN. Serán considerados como

criterios para la graduación de la sanción disciplinaria, los siguientes:
(…)
C. Criterios de agravación
(…)
4. La utilización en provecho propio o de un tercero de los dineros, bienes o documentos que hubiere
recibido en virtud del encargo encomendado.
(…)-

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de Disciplina Judicial y, como terceros con interés, a los magistrados que integran
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

En esa misma providencia se negó la medida provisional solicitada.

1.3.2. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por medio de uno de sus
magistrados, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, por
incumplir con el requisito de relevancia constitucional.

Como fundamento de la defensa, afirmó que dicha corporación no afectó las
garantías procesales del tutelante, por lo siguiente:

La sentencia de segunda instancia abordó el tema solicitado en el recurso de
apelación, esto es, la nulidad de la audiencia de pruebas y calificación provisional
celebrada el 12 de diciembre de 2016, por la designación de un defensor de oficio
para que representara al disciplinado en la mencionada actuación procesal. Agregó
que tal decisión se ajustó a la realidad del proceso, toda vez que la actitud procesal
del hoy accionante dio origen a que se le asignara un abogado oficio.

Seguidamente, enfatizó en que el abogado de oficio «sí ejerció actos en procura de
los intereses del investigado que satisfacen el parámetro mínimo de una defensa
razonable».

De otra parte, mencionó que el término de la prescripción prevista en la Ley 1123
de 20074 no se configuró, porque «el abogado persiste en la conducta omisiva que
configura la infracción disciplinaria».

Por último, sostuvo que la intención del señor Gaviria Bautista es reabrir el debate
que se surtió en el proceso disciplinario.

1.3.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los magistrados de la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander guardaron silencio, a pesar
de haber sido notificados del auto admisorio de la tutela.

4 Artículo 24. Términos de prescripción. La acción disciplinaria prescribe en cinco años, contados para
las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último acto ejecutivo de la misma (…).

4

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Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20125, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los

5 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García

González.
5

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.

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f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional»6.

6 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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2. Problema jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, los de relevancia
constitucional y subsidiariedad. Si se cumplen, deberá abordarse el estudio de fondo
del asunto, con el fin de establecer si se vulneró o no el derecho fundamental
invocado por el accionante, con ocasión de la sentencia del 14 de septiembre de
2022, emitida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto
es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las

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decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

3.1.2. De la subsidiariedad7

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un
perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y
eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo
contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de
concurrir, concederá el amparo impetrado.

La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de
los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la
Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente
eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

No en vano los artículos 868 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 9 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos
invocados. De manera que el amparo sólo puede utilizarse cuando se han agotado
los mecanismos ordinarios de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto
para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.

Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por
lo menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente.

7 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta Corporación,

expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de junio de 2016 (expediente
2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia del 1º de junio de 2017 (expediente
2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
8
«Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública.
(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (…)».
(se destaca).
9
“Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante (…)”.
9

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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Ahora bien, en punto de la noción de perjuicio irremediable, es claro que este se
puede definir como un riesgo cierto y real de daños provenientes de la amenaza o
violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar a producirse no tendría
ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la mera indemnización
del perjuicio. Por ende, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de
tutela, pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que
provenga de acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados
a los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha trazado una serie de criterios para identificar el perjuicio
irremediable, así10: «es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente sobre
un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría
forma de reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección
para que el sujeto supere la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v)
que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente la
impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección
inmediata de los derechos constitucionales fundamentales».

4. Caso concreto y solución del problema jurídico

4.1. Análisis de la relevancia constitucional

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección del derecho
fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, con ocasión de la sentencia del 14 de septiembre de 2022,
por medio de la cual confirmó la sentencia de primera instancia y negó la nulidad
invocada por el señor Gaviria Bautista.

Lo pretendido por el accionante es que se declare la nulidad de la audiencia de
pruebas y calificación provisional celebrada el 12 de diciembre de 2016. Además,
enfatizó en que la acción disciplinaria está prescrita.

Por su parte, la mencionada Corporación solicitó que se declare improcedente la
solicitud de amparo, porque el accionante pretende en sede de tutela abrir un debate
que se resolvió en el mencionado proceso disciplinario.

10 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

10

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La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal
afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

En primera medida, la solicitud de amparo elevada por el señor Gaviria Bautista
deviene improcedente, dado que carece de relevancia constitucional, puesto que,
como bien se advirtió en la contestación, es evidente que se pretende convertir en
una instancia adicional al proceso disciplinario, aun cuando las razones y
argumentos planteados en la sentencia de segunda instancia emitida por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, como juez natural, se muestran
razonables y no generan dudas de que se hubiera desconocido abiertamente algún
postulado superior o la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
se hubiera dado alcance a un derecho fundamental, circunstancias limitadas que
son las que permitirían la procedencia de la tutela contra decisión de una alta corte.

En consideración a la demanda presentada por el accionante, debe destacarse que
el papel del juez constitucional no está previsto para actuar como superior funcional
de los jueces ordinarios, ni para realizar juicios de corrección11 de las decisiones
judiciales proferidas por estos, salvo casos excepcionalísimos en los que la
discusión esté desprovista del cariz de debate de instancia adicional y envuelva una
verdadera duda sobre la vulneración de los derechos fundamentales o sea
necesario dar alcance a la constitución o uno de sus postulados.

Con mayor razón, la tarea del juez de tutela se encuentra limitada si el debate se
cierne sobre la decisión de un órgano de cierre, pues este es el encargado de definir
el alcance de la interpretación de las materias que son propias de su competencia,
es decir, de unificar el derecho, fijar reglas, pautas de interpretación y aplicación
para definir el litigio y los asuntos similares que se lleguen a presentar dentro de su
especialidad.

El principio del juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del
artículo 29 constitucional, cuando se refiere al derecho a ser juzgado «ante juez o
tribunal competente». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada
autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones
que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

11 En tal sentido puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Cualquier intención dirigida a que se reemplace o se actué como juez natural de la
causa debe ser contenida en sede de tutela. De lo contrario, la justicia constitucional
se antepondría a los principios del juez natural, independencia y autonomía
judiciales, para convertirse en el escenario último en el que desemboquen todos los
litigios judiciales por desacuerdos con la composición que del conflicto realicen los
operadores judiciales de la causa.

Hechas las anteriores precisiones, conviene anotar que en el presunto asunto la
Sala tendría que examinar nuevamente los argumentos expuestos en el memorial
del 16 de diciembre de 2016, la sentencia de primera instancia del 11 de enero de
2018, el recurso de apelación y la sentencia de segunda instancia del 14 de
septiembre de 2022, en lo que concierne a la nulidad de la audiencia celebrada el
12 de diciembre de 2016, en la que se le designó un abogado de oficio al señor
Eduardo Gaviria Bautista.

En memorial del 16 de diciembre de 2016, de forma resumida12, el señor Gaviria
Bautista solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

El investigado afirmó que sus derechos al debido proceso y a la defensa ,
fueron violentados en la audiencia de juicio de fecha doce (12) de diciembre
de dos mil dieciséis (2016), al designarle un defensor de oficio para que lo
representara , cuando había designado a su defensor contractual, quien en
procura de sus intereses solicitó suspender la audiencia programada para
prepararla y dar una defensa ajustada a derecho y a la realidad, la cual fue
negada por presumir que era una actitud de mala fe del abogado investigado,
tendiente a dilatar el proceso, lo que se, afectaron las formas propias del
juicio, al o haber aceptado al defensor contractual y a ver a motu proprio
designado defensor de oficio.

Frente a lo anterior, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, en
sentencia del 11 de enero de 2018, concluyó:

La Corporación no ha violado el derecho de defensa del investigado, por el
contrario, lo ha garantizado hasta el máximo, paralizando la función, en aras
de asistirlo con técnico en la profesión de abogado, que defienda sus
intereses, ante la conducta omisiva del cumplimiento al deber de colaborar
leal y legalmente con la administración de justicia, más allá de sus intereses
personales, razones que conllevan a afirmar que no existe irregularidad
alguna, menos aún, cuando el defensor de oficio se preparó y vertió sus
alegaciones, en las que del solo análisis se confirma el conocimiento de la
prueba, debiéndose denegar la nulidad impetrada para continuar la fase
procesal que corresponde.

12 Resumen extraído de la sentencia del 11 de enero de 2018, emitida por la Comisión Seccional de Disciplina

Judicial de Santander.

12

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Contra la anterior decisión, el aquí accionante interpuso recurso de apelación con
el siguiente argumento (se transcribe textualmente):

Considera el suscrito abogado, que con la actitud asumida por la H.
Magistrada, se me violentaron derechos tales como, el derecho al debido
proceso y el derecho a la defensa, consagrados en nuestra constitución
nacional, como derechos fundamentales, toda vez que sin justa causa se
me privó del derecho que me asiste de designar un profesional del derecho
de mi absoluta confianza para que asumiera la defensa de mis intereses,
toda vez que no existe en la ley una limitación en el tiempo para hacerlo, de
tal suerte que puede designarse cuando a quien se investiga, lo estima
prudente y conveniente y cuenta con los medios económicos para hacerlo,
como fue lo que aconteció en el caso que nos ocupa, el defensor contractual,
está por encima del defensor oficioso, que solamente se designa cuando
quien se investiga carece de medios para designarlo , pero no designarlo
cuando se cuenta con un defensor de confianza y menos aún, cuando en el
suscrito y en el togado designado, no existe la mala fe que presume la H.
Magistrada y ni mucho menos, la intención de dilatar el proceso, proceso
que por encima de cualquier circunstancia debe terminar con un fallo.

Al desatar la alzada, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en providencia del
14 de septiembre de 2022, determinó:

No se advierten vulneradas las garantías al debido proceso y a la defensa del
abogado investigado (i) toda vez que la magistrada instructora designó a un
defensor de oficio en ejercicio de las facultades conferidas como directora del
proceso y con motivo de las reiteradas ausencias de la defensa; y además, (ii)
en razón de que el defensor designado ejerció sus funciones de manera
efectiva y eficaz.
(…)

Encuentra esta Comisión que las omisiones descritas en nada afectaron las
garantías fundamentales del profesional del derecho que actuó en el proceso
en forma directa y a través de varios apoderados de confianza. Es más, el
nombramiento de defensores de oficio tuvo origen en su negativa y la de sus
abogados para concurrir al proceso, pues sucedieron varias designaciones de
profesionales que con frecuencia se excusaron de participar en las audiencias,
o renunciaron al poder poco antes de su realización.

En esa línea, la designación del último defensor de oficio tuvo origen en la
actitud procesal que asumió la defensa desde el inicio de la actuación
disciplinaria, situación que codujo válidamente a la magistrada sustanciadora
a designar defensores que tenían como fin ejercer la representación del
investigado y permitir la continuación del proceso.

Por otro lado, frente a la presunta falta de eficacia de la defensa, encuentra la
Comisión que la sentencia de primer grado contravía por sí mismo este aserto.

Pues, al referirse al cargo formulado por la falta del artículo 37, numeral 4 de
la ley 1123 de 2007, el defensor de oficio planteó una tesis que fue acogida
por el despacho, conforme a la cual, hasta no contar con la totalidad de dinero
recaudado no era preciso que el abogado informara al juzgado civil sobre su
recibo.
(…)

13

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Visto lo anterior, es evidente que la acción de tutela busca revivir la discusión
planteada y decidida en el proceso disciplinario. Nótese que las inconformidades
planteadas por el señor Gaviria Bautista son parecidas a los argumentos
propuestos ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander y la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario, autoridades
que de manera razonable resolvieron con mucha similitud:

• Al disciplinado no se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso,
porque en el desarrollo del mencionado proceso se le garantizó su defensa
conforme al ordenamiento legal. La Comisión Nacional de Disciplina judicial así lo
evidenció:

El nombramiento de defensores de oficio tuvo origen en su negativa y la de
sus abogados para concurrir al proceso, pues sucedieron varias
designaciones de profesionales que con frecuencia se excusaron de
participar en las audiencias, o renunciaron al poder poco antes de su
realización.

• El abogado de oficio ejerció su defensa técnica en concordancia con la
realidad del proceso, toda vez que presentó los alegatos de conclusión y, en
consecuencia, su tesis fue acogida por la autoridad judicial de primera instancia,
esto es, la absolución del cargo disciplinario consagrado en el artículo 37, numeral
4, de la Ley 1123 de 2007.

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional, el hecho de que la parte actora no los
comparta, no habilita al juez de tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue
decidido razonablemente por la autoridad judicial disciplinaria.

Las diferencias con el juez, respecto de la forma en que decide el conflicto jurídico,
son cuestiones propias del proceso ordinario, que es el escenario ideal para
zanjarlas. Pretender que la acción de tutela se convierta en la instancia adicional de
todos los procesos judiciales no solo le resta vigor a la acción, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural13

El ejercicio hermenéutico que realiza el juez natural en la decisión judicial forma
parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de

febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de tutela cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales
fundamentales que haga necesaria su intervención.

Por lo anterior, se concluye que lo que existe en el presente caso es una
discrepancia de criterio de la parte actora con las decisiones proferidas dentro del
proceso disciplinario con radicado 68001-11- 02 – 000-2015-00016-00, diferencia
que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez
de tutela intervenga, por lo que se incumple con el requisito de la relevancia
constitucional.

4.2. Análisis de la subsidiaridad en el caso concreto

Según el accionante, la autoridad judicial accionada debió declarar configurada de
oficio la prescripción de la acción disciplinaria adelantada en su contra; sin
embargo, precisa la Sala que la parte demandante contaba con otro mecanismo
judicial idóneo y eficaz para proteger eficazmente sus derechos fundamentales,
esto es, la adición de la sentencia.

En efecto, para la Sala, si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial omitió
pronunciarse frente a un punto que de acuerdo con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, en este caso, la configuración de la prescripción de la acción
disciplinaria, lo propio era que el señor Eduardo Gaviria Bautista pidiera, en el
término de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia del 14 de septiembre de
2022, la adición de la sentencia, en los términos del articulo 287 del Código General
del Proceso14.

La adición de la sentencia es, pues, el medio legal eficaz e idóneo, establecido en
los estatutos procesales para que las partes le pidan al juez que se pronuncie frente
alguna de las cuestiones que se proponen en la demanda, en la contestación o en
el recurso de apelación o frente a los puntos que, por expreso mandato legal, deben
definirse en la sentencia.

Revisado el proceso, no se advierte que durante el proceso disciplinario el señor
Gaviria Bautista hubiera alegado la prescripción de la mencionada acción, ni

14ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos
de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
(…)
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

tampoco que existan circunstancias especiales que le hubiesen impedido solicitar
la adición de la sentencia para que la autoridad judicial demandada resolviera lo
que, a su juicio, no fue objeto de decisión. Todo lo contrario, no cabe duda de que
desde que se notificó la sentencia de segunda instancia él pudo advertir que la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se había pronunciado respecto de la
aludida prescripción de la acción disciplinaria y, por ende, ha debido pedir
oportunamente que esa omisión se subsanara, mediante el mecanismo de la
adición.

El señor Gaviria Bautista, sin embargo, optó por interponer la tutela como si esta
acción remplazara los mecanismos previstos por el legislador para la defensa de
los derechos. La tutela, se repite, no procede cuando el interesado deja de ejercer
los medios que el ordenamiento jurídico ha previsto para proteger eficazmente los
derechos fundamentales en otros procesos.
De otra parte, si bien el accionante mencionó ser una persona de tercera edad, sin
seguridad social, vivienda y bienes, la Sala no observa de qué manera ello pudo
haber impedido solicitar que se emitiera pronunciamiento sobre la prescripción
dentro del proceso disciplinario.

Entonces, como se anticipó, la acción de tutela ejercida por el señor Eduardo Gaviria
Bautista resulta improcedente por incumplimiento de los requisitos de relevancia
constitucional y de subsidiariedad, habida cuenta de que está intentando reabrir el
debate zanjado por los jueces naturales y que tenía a su disposición otro mecanismo
judicial para provocar un pronunciamiento sobre la prescripción de la acción
disciplinaria.

Por todo lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Eduardo Gaviria Bautista, de conformidad con lo razonado en la parte motiva de
esta providencia.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06338-00
Demandante: Eduardo Gaviria Bautista
Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o
dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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