Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06347-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06347-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06347-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
19 de enero de 2023
Demandante: Jacqueline Casas Flórez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Archivo Central y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06347-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06347-00
Demandante: JACQUELINE CASAS FLÓREZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL -
ARCHIVO CENTRAL Y OTRO
Tema: Tutela por vulneración al derecho fundamental de petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por la señora Jacqueline Casas Flórez
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración JudiciaL - Archivo Central y otro, por la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales de petición y al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito presentado el 28 de noviembre de 2022 mediante correo electrónico, la
señora Jacqueline Casas Flórez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial – Archivo Central y el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de
Ejecución de Sentencias de Bogotá, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales de petición y al debido proceso.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, debido
a que el 11 de octubre de 2022 solicitó el desarchivo del proceso ejecutivo de mínima
cuantía con radicado N.º 11001-40-03-022-2012-01365-00, pero a la fecha de
presentación de la acción constitucional “no se obtiene respuesta por parte del archivo
central”.
3. Con base en lo anterior, la parte actora reclamó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
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Demandante: Jacqueline Casas Flórez
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“1.- Solicito priorizar el desarchive del proceso: Radicado:
11001400302220120136500 Demandante: BANCO COOMEVA S.A. –
BANCOOMEVA (…)
2. En consecuencia, del desarchive, que se ORDENE corregir el oficio No. 0-1121-
3379, por parte del Juzgado 18 Civil Municipal de Ejecución De Sentencia de
Bogotá D.C.”
1.2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. Mediante auto del 3 de noviembre de 2021 el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de
Ejecución de Sentencia, en el marco del proceso ejecutivo de mínima cuantía con
radicado N°. 11001-40-03-022-2012-01365-00, decretó la terminación del proceso por
pago total de la obligación y, en consecuencia, ordenó el desembargo de los bienes
inmuebles identificados con matrícula N.° 50C-1258000 y 50C-128081, los cuales eran
de propiedad de la demandada Jacqueline Casas Flórez. Dicha medida se comunicó
mediante oficio N.° O-0921-1541 del 1° de agosto de 2021.
5. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2022 se archivó el proceso en caja 258,
como se muestra:
6. El 11 de octubre de 2022 la parte accionante radicó petición a través del formulario
de solicitud de desarchive “radicada bajo el N.° 22-65427”, con el fin de “lograr el
desarchivo de dicho proceso”, por lo que mediante correo remitido en esa misma fecha,
la Oficina de Archivo Central respondió lo siguiente:
1.3. Fundamentos de la solicitud
7. Adujo que sus garantías constitucionales le fueron vulneradas porque pese a que el
11 de octubre de 2022 solicitó el desarchivo del proceso ejecutivo de mínima cuantía
con radicado N.º 11001-40-03-022-2012-01365-00, a la fecha de presentación de la
acción constitucional no le han otorgado una respuesta de fondo.
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8. Adujo que resulta importante lograr el desarchivo de dicho proceso toda vez que “el
área encargada de realizar los oficios cometió error (sic) elaborando el mismo, ya que las
matriculas levantadas por el juez en auto de fecha 3 de noviembre de 2022 son 50C-1258000
y 50C-1258081 y las elaboradas en el oficio son 50C-125800 y 50C-1258081, por lo tanto falta
un 0 en la matrícula 50C-1258000.”
9. Destacó que el inmueble ya tiene promesa de venta por lo que de no lograrse el
levantamiento de las medidas cautelares debería asumir el valor de la cláusula penal.
10. Concluyó que de conformidad con el artículo 23 de la Carta Política toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. Igualmente, de conformidad
con el artículo 29, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuación judicial y
administrativa.
1.4. Trámite de la acción
11. Mediante auto del 1° de diciembre de 2022, la magistrada ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó su notificación al Consejo Superior de la Judicatura
– Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial - Archivo Central y al
Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Bogotá, como
autoridades judiciales accionadas.
12. Igualmente vinculó como terceros con interés al Banco Coomeva S.A. –
Bancoomeva y a todos aquellos sujetos que hayan hecho parte del proceso ejecutivo
de mínima cuantía.
1.5. Intervenciones
1.5.1. Consejo Superior de la Judicatura
13. La Magistrada Auxiliar de la Oficina del Despacho de la Presidencia solicitó su
desvinculación del presente trámite constitucional por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, ya que no tiene competencia para pronunciarse sobre lo pretendido
por la tutelante, “como quiera que no es la autoridad pública que presuntamente violó o
amenazó las señaladas normas superiores”
1.5.2. Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Ejecución de Sentencia de Bogotá
14. Afirmó que, si bien, el expediente fue archivado el 15 de septiembre de 2022, el
responsable de la custodia y administración del proceso era el Archivo Central de la
Rama Judicial. Agregó que no fue posible tramitar el desarchivo del expediente objeto
de la acción constitucional, teniendo en cuenta que mediante Resolución N.°
DESAJBOR22-6741 del 1° de diciembre de 2022, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca, y Amazonas, dispuso cerrar
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temporalmente el Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, por el término de 90 días, contados desde el 5 de
diciembre de 2022.
15. Concluyó que no existe ninguna tardanza atribuible a dicho despacho judicial,
“considerando que quien debe acatar las órdenes impartidas es el Archivo Central de la Rama
Judicial”.
16. Los demás sujetos, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
17. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Casas Flórez, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la
Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. Lo
anterior, por cuanto una de las autoridades contra las que se dirige la acción de tutela
es el Consejo Superior de la Judicatura y le corresponde al Consejo de Estado,
mediante las Secciones y Subsecciones que lo componen, conocer de las solicitudes
de amparo que se promuevan contra la referida autoridad
2.2. Solicitud de desvinculación
18. Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa
por pasiva. No obstante, dicha petición será negada ya que su vinculación se hizo
debido a que fue una de las entidades demandadas por la actora en su escrito de
tutela, y en tal sentido, su comparecencia al presente trámite tutelar se tornaba
necesaria en aras de que pudiera defender sus intereses y ejercer el derecho de
defensa y contradicción que le asiste.
2.3. Problema jurídico
19. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y las
respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y los informes y
argumentos esgrimidos, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:
¿El Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial - Archivo Central vulneró el derecho fundamental de
petición y del debido proceso de la actora al no dar respuesta de fondo a la
solicitud de desarchivo que elevó el 11 de octubre de 2022?
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20. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho de petición; (iii) del derecho de
petición en actuaciones judiciales y; (iv) análisis del caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
21. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
22. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable1.
2.5. Del derecho de petición
23. La Constitución Política de 1991, consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
“presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular
y a obtener pronta resolución”2. El mismo artículo superior precisa que el Legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
24. La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho : “El núcleo
esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues
de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para
sí el sentido de lo decidido”.3
25. Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para resolver la
misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante
la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
1
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
2
Corte Constitucional. C-510-04. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis
3
Sentencia T-332-15, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos.
5
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este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
26. Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que “la respuesta al derecho de petición debe
versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un tema semejante o relativo al
asunto principal de la petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial
de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado. // Desde luego, este deber
de contestar de manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede
significar una aclaración plena de la respuesta dada.”4
27. Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar “los medios disponibles
para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello (…) la notificación (…)
debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito de que la respuesta de
la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante.”5
28. En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
“i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo”6.
29. Así pues, la respuesta debe cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además incluye
la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición fundamental para
entender satisfecho el derecho que se invoca7.
30. Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho a
4
Sentencia T-149-13, Magistrado Ponente Luis Guillermo Pérez Pérez.
5
Ibidem.
6
Corte Constitucional, sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Sobre el tema, ver sentencia de 22.03.2012., Radicación: 25000-23-25-000-2012-00150-01, Actor:
Robert Wilson Molina Sambony M.P. Susana Buitrago Valencia.
6
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lo pedido, por lo que el derecho de petición se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no de un derecho
subjetivo.
2.6. Del derecho de petición en actuaciones judiciales
31. La jurisprudencia de la Corporación ha sido pacífica al señalar que existen dos
clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia: (i)
aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley; y (ii) las generales que no
tienen incidencia en el contradictorio y que están reguladas en el Título 2º de la Ley
1437 de 2011.
32. En efecto, esta Sección en sentencia del 25 de enero de 20188, señaló:
«La Corte Constitucional9 y esta Corporación10 de manera reiterada han señalado
que las peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un
alcance diferente que implica limitaciones, por ello, se ha especificado que deben
diferenciarse las peticiones que se formulen ante los jueces, las cuales pueden ser
de dos clases:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces
la decisión a los términos y etapas procesales previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el mismo sentido el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l derecho de
petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un
servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de
mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de
acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición».
2.7. Caso concreto
33. Así, la parte actora refirió que pese a que el 11 de octubre de 2022 elevó una
petición solicitando el desarchive del proceso ejecutivo de mínima cuantía con
radicado N.º 11001-40-03-022-2012-01365-00, lo cierto es que a la fecha de
interposición de la presente tutela no le han otorgado una respuesta de fondo, lo que
8
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-02981-00, sentencia de 25 de
enero de 2018. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
9
Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de 13 de
julio de 2017. Consejera Ponente: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. C.P. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00
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vulnera flagrantemente sus derechos fundamentales toda vez que “el inmueble ya tiene
promesa de venta de no lograrse el levantamiento de las medidas cautelares le tocaría asumir
el valor de la cláusula penal.”
34. De las pruebas allegadas a este trámite, se observa que mediante correo remitido
en esa misma fecha, la oficina de Archivo Central le respondió a la actora que
procedería a realizar la respectiva búsqueda en término aproximando de 90 días
hábiles, esto teniendo en cuenta que actualmente contaba con varias solicitudes en
trámite que fueron represadas debido a las restricciones que ocasionó la emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno Nacional en marzo del año 2020, respuesta
notificada al correo electrónico aportado por la accionante en el formulario de la
solicitud, a saber juanangeeagudelo@gmail.com.
35. Pues bien, lo primero que resulta menester precisar, es que el objeto de lo
solicitado por la actora gira en torno a actuaciones meramente administrativas11, a las
cuales les son aplicables las normas propias del derecho fundamental de petición. En
ese orden de ideas, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, “Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro
de los quince (15) días siguientes a su recepción.”
36. Esta Sección en un caso de similares supuestos fácticos y jurídicos al presente,
concluyó que la solicitud de desarchivo del proceso constituye un trámite de tipo
administrativo, pues no es una actuación propia del juez, esto teniendo en cuenta que
el trámite judicial se presume finiquitado, como se cita:
“Así las cosas, las solicitudes impetradas por el actor en lo atinente al desarchivo
de un proceso, aunque se desplieguen por el despacho de una autoridad judicial,
son de tipo administrativo, en estas, es claro que el juzgado accionado si debió
seguir lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015.”
37. En el caso concreto, se observa que el Archivo Central dio respuesta de fondo y
en forma congruente a la referida petición, pues le manifestó a la actora que: i)
procedería a realizar la respectiva búsqueda en término aproximando de 90 días
hábiles, esto teniendo en cuenta que actualmente contaba con varias solicitudes en
trámite que fueron represadas debido a las restricciones que ocasionó la emergencia
sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y; ii) una vez realizado el desarchive del
proceso sería notificada al correo indicado en la solicitud.
38. La anterior respuesta fue notificada al correo electrónico aportado por ella en el
formulario de la solicitud, a saber juanangeeagudelo@gmail.com, como se observa:
11
En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 6 de mayo de 2021, M.P. Carlos
Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-01466-00.
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39. Así, se reitera que la entidad dio respuesta en forma clara, congruente y de fondo
a la solicitud presentada, pues le explicó a la parte actora que debido a la alta
congestión por la que atravesaba no podía desarchivar el proceso de manera
inmediata, pero que en 90 días habiles procedería a efectuar el correspondiente
desarchivo, término que a la fecha no ha fenecido.
40. Se recuerda que una verdadera respuesta, si bien no tiene que ser favorable a las
pretensiones del peticionario, sí debe cumplir con los requisitos de ser oportuna,
resolver lo solicitado de manera clara, precisa y congruente, además de ser puesta en
conocimiento del solicitante, presupuestos que se cumplieron en el caso concreto.
41. En efecto, el hecho que la respuesta no acceda de manera inmediata a la solicitud
de la peticionaria no afecta la prerrogativa constitucional, pues su núcleo esencial no
implica que se resuelva favorablemente lo requerido.
42. Así, lo ha establecido de manera pacífica la Corte Constitucional:
“Es deber de las autoridades de resolver de fondo las peticiones elevadas
ante ellas, sin que ello quiera decir que la respuesta deba ser favorable, y no
son suficientes ni acordes con el artículo 23 constitucional las respuestas evasivas
o abstractas, como quiera que condenan al peticionario a una situación de
incertidumbre, por cuanto éste no logra aclarar sus inquietudes, especialmente si
se considera que, en muchos eventos, de esa respuesta depende el ejercicio de
otros derechos subjetivos. Ha señalado igualmente la jurisprudencia, que la
respuesta emitida en el marco de un derecho de petición debe ser dada a conocer
efectivamente al peticionario, quien es el directo interesado en saber sobre la
explicación brindada y en los efectos de la misma.”12
43. Igualmente, ha amparado el derecho fundamental de petición frente solicitudes de
desarchivo de procesos no respondidas ni efectuadas materialmente por las
autoridades judiciales, al respecto, considera que no se satisface el fondo del asunto
hasta tanto no se acata materialmente lo pretendido como se ilustra a continuación:
“Conforme con las consideraciones generales efectuadas previamente, lo primero
que ha de señalar esta Sala de Revisión es que, tal y como se desprende de los
medios probatorios obrantes en el expediente, las solicitudes elevadas ante las
diferentes autoridades judiciales no fueron instauradas dentro de proceso judicial
alguno o se refirieron a asuntos que debieron resolverse en las instancias
procesales pertinentes. Por el contrario, buscaban el desarchivo de un expediente
contentivo de un proceso de divorcio, ya finalizado mediante sentencia.
12
Sentencia T-369/13.
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De lo anterior se derivan dos consecuencias. En primer lugar, el término para
resolver la solicitud con que contaban las autoridades jurisdiccionales era de
quince (15) días hábiles y, en caso de no ser posible una satisfacción clara,
precisa, de fondo y congruente, surgiría la obligación de indicar la razón de esto,
así como el tiempo requerido para responder la petición. En segundo lugar, al
tratarse de una solicitud relativa al desarchivo de un expediente, la
satisfacción de la misma solo se concretaría con la materialización de tal acto
• salvo que por alguna circunstancia esto fuera imposible.”13.
44. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que como lo mencionó
el juzgado accionado en su contestación, mediante Resolución DESAJBOR22-6741
del 1° de diciembre de 2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial Bogotá, Cundinamarca y Amazonas dispuso el cierre temporal del Archivo
Central por el término de 90 días a partir del 5 de diciembre de 2022, y como
consecuencia de lo anterior, dispuso:
“PARÁGRAFO 1°. A partir de la fecha de cierre, y hasta tanto se prolongue el
mismo, solamente se atenderá el desarchivo de expedientes que sean requeridos
por autoridades judiciales en acciones de tutela en los que se haya concedido
medidas provisionales u otras actuaciones en las cuales se esté decidiendo sobre
la libertad de personas.
PARÁGRAFO 2°. Durante el cierre temporal del archivo central, se cerrarán los
canales de recepción de solicitudes ordinarias.
(…)”
2.8. Conclusión
45. De conformidad con lo expuesto, se tiene la entidad accionada contestó la solicitud
de manera clara, precisa y congruente, informándole el término en el que realizaría el
desarchivo del expediente, mismo que a la fecha no se ha vencido, lo que permite
concluir que no se vulneró el derecho fundamental de petición de la actora. Aunado a
lo anterior, se advierte que en la actualidad la oficina de Archivo Central se encuentra
cerrada, circunstancia que en principio impide lograr materialmente el desarchivo del
proceso.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Consejo Superior
de la Judicatura, por las razones expuestas.
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Sentencia T-425 de 2011 proferida el 17 de mayo de 2011.M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Demandante: Jacqueline Casas Flórez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial Archivo Central y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06347-00
SEGUNDO: NEGAR el amparo invocado por la señora Jacqueline Casas Flórez, de
conformidad con lo explicado.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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