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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06354-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06354-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06354-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y la Juez Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías), por lo expuesto. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del señor Iván Mauricio Santos Duarte y como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio que, en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que la Juez Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones al señor Iván Mauricio Santos Duarte (en el evento de que esto aún no haya ocurrido). La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, esta última entidad le deberá comunicar a la juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del señor Santos Duarte. TERCERO Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a su ejecutoria. 18 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Iván Mauricio Santos Duarte […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06354-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

26 de enero de 2023

Demandante: Iván Mauricio Santos Duarte
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura –
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06354-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06354-00
Demandante: IVÁN MAURICIO SANTOS DUARTE
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
VILLAVIVENCIO Y OTROS

Temas: Tutela de fondo - Vacaciones de empleados de la Rama Judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela presentada por el señor Iván Mauricio
Santos Duarte contra el Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio y la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito presentado el 29 de noviembre de 2022, el señor Iván Mauricio Santos
Duarte, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y la Unidad de
Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de
que le sean amparados sus derechos fundamentales a la igualdad, vacaciones y
trabajo en condiciones dignas.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
ocasión de la negativa del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio de proferir el certificado de
disponibilidad presupuestal, el cual es necesario para proveer el reemplazo del
cargo que ocupa en el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
1

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Demandante: Iván Mauricio Santos Duarte
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Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta, de manera que el
señor Santos Duarte pueda disfrutar de su periodo vacacional “ a partir del día
dieciocho (18) de octubre de esta anualidad, inclusive.”

3. Solicitó el amparo de los derechos fundamentales mencionados y, en
consecuencia, requirió:

“(…) se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Villavicencio, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Unidad de
Recursos Humanos de Administración Judicial que, dentro de un término
perentorio y con fecha cierta, se expida el correspondiente certificado de
disponibilidad presupuestal para atender el reemplazo del período de vacaciones
a que tengo derecho. A su vez, se inste a la señora Juez Coordinadora de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías - Meta, se
emita el acto administrativo respectivo, en el que se me conceda el derecho a las
vacaciones solicitadas mediante petición radicada el 19 de septiembre de 2022.

(…).”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Iván Mauricio Santos Duarte acualmente ostenta el cargo de Escribiente
de Circuito en propiedad del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta.

5. El 19 de septiembre de 2022 solicitó a la juez coordinadora de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (juez cuarta de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad) el disfrute de un periodo de
vacaciones al que tiene derecho, causado durante el tiempo laborado del 15 de
noviembre del año 2020 al 14 de noviembre del año 2021, a fin de ser disfrutados a
partir del del 18 de octubre de 2022, inclusive.

6. En virtud de la petición realizada, el 20 de septiembre de 2022, la titular del
juzgado solicitó los Certificados de Disponibilidad Presupuestal ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, en punto al
reemplazo del servidor.

7. Mediante oficio N.° DESAJVIO22-1346 del 22 de septiembre de 2022 la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio remitió el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal para atender el pago de las vacaciones y prima de
vacaciones del periodo solicitado.

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8. Sin embargo, mediante oficio DEAJ022-831 del 07 de octubre de 2022 se negó a
autorizar la disponibilidad presupuestal para atender el pago del reemplazo durante
las vacaciones del actor bajo los siguientes argumentos:

“Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura, mediante la Circular
PSAC11- 44 de 2011, estableció el procedimiento para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales, lo cual permitirá gestionar los
recursos para efectuar dicho nombramiento (...)

Así las cosas, dado que la Circular PSAC11-44 de 2011 conserva su carácter
vinculante en todas las decisiones adoptadas en virtud del principio de legalidad,
la misma no puede ser desconocida por esta Dirección, so pena de estar incurso
en conductas con implicaciones disciplinarias, fiscales y/o penales.”

9. Con ocasión de lo anterior, la juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Juez Cuarta de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías) a través de la Resolución No. 031 del 30 de
septiembre de 2022, negó las vacaciones al actor, en razón a i) la necesidad del
servicio y, ii) la falta de asignación de presupuesto para su reemplazo.

1.3. Fundamentos de la vulneración

10. El accionante adujo que hasta la fecha de presentación de la acción
constitucional no le han sido concedidas las vacaciones, violentando su derecho a
recibir sus vacaciones, sin embargo indicó que el Juez titular del despacho en que
labora tiene razón en su apreciación, toda vez que la falta de expedición del CDP
referente al remplazo del funcionario imposibilita que pueda ser sustituido durante el
tiempo que no se encuentre en el despacho, ocasionando un colapso al despacho en
que labora, dado que la especialidad de éste denota la grave congestión que
atraviesa.

11. Puso de presente que atender para este momento las directrices trazadas en la
Circular PSAC11-44 de 2011, por parte de la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial y Dirección de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, para disponer sobre la asignación presupuestal del
reemplazo para el empleado que le sean concedidas las vacaciones, es del todo
improcedente, cuando quiera que ya existen órdenes judiciales, tanto de las Altas
Corporaciones como de Tribunales Superiores del país, que disponen que dichas
entidades deben adelantar la gestión que corresponde para la apropiación de estas
partidas presupuestales, a fin de no continuar vulnerando los derechos
fundamentales de los empleados de la Rama Judicial.
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12. Estimó que no concederle el disfrute a sus vacaciones, como de la asignación de
presupuesto para pago de quien deba reemplazarme, vulnera de manera evidente su
derecho fundamental a tener un trabajo en condiciones dignas, como lo exige la
Constitución Política que nos rige, “ya que se me está obligando a laborar sin que tenga
la posibilidad de disfrutar del descanso a que tengo derecho, por cada año laborado,
propiciando con ello desmejoramiento en mi salud física y mental, así como el deterioro en
mi capacidad laboral.”

13. Concluyó que igualmente, se vulneró su derecho a la igualdad toda vez que
mediante Oficio No. DESAJVIO22-339 del 18 de marzo de 2022 la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio, remitió el Certificado
de Disponibilidad Presupuestal para atender el pago del reemplazo por las
vacaciones correspondientes a dos periodos causados a favor del señor Edgar
Enrique Santiago Pardo, asistente jurídico del Juzgado Cuarto de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta, contrario a lo sucedido en su
caso concreto.

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio

14. Mediante auto del 13 de diciembre de 2022, la magistrada ponente admitió la
acción de tutela y ordenó su notificación al Consejo Superior de la Judicatura -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio y la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Igualmente vinculó como tercera con
interés a la juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías (Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías).

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.5.1. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Villavicencio

15. Solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva ya
que no es posible expedir el CDP para cubrir el disfrute de las vacaciones del actor,
puesto que según la normatividad vigente la disponibilidad presupuestal está prevista
solamente para aquellas personas que ostentan la calidad de funcionarios judiciales

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y no, de empleados judiciales, correspondiéndole por tanto a su nominador conceder
las vacaciones.

1.5.2. Consejo Superior de la Judicatura

16. Requirió su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva en
cuanto ejerce funciones netamente administrativas, sujetas al marco normativo
dispuesto en la Constitución Política y la Ley 270 de 1996.

1.5.3. La juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Acacías (Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías).

17. Solicitó ser desvinculada de la presente acción constitucional ya que no ha
vulnerado derecho fundamental alguno, pues la negativa del disfrute de las
vacaciones del actor, “no obedece a capricho de la suscrita, sino a la difícil situación que
no permite, el disfrute de las mismas, no obstante contar con la disponibilidad presupuestal
para garantizarle el pago, que de manera oportuna fuera certificada, pero no resulta lo
mismo para la persona que abra de suplirla, sin desconocer que ello obedece, a la falta de
recursos por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la indiferencia del
Consejo Superior de la Judicatura para con este circuito”.

18. Pidió ordenar al a la Dirección Ejecutiva de Administrativa que expida el
certificado de disponibilidad presupuestal para atender el pago del reemplazo
durante el disfrute de las vacaciones del servidor Judicial.

19. Los demás sujetos, pese a haber sido debidamente notificados no rindieron
informe alguno.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

20. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por loel señor Santos Duarte, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 8° del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de
2021.

2.2. Solicitud de desvinculación

21. Se tiene que el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y a la juez coordinadora de los
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Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías (Juez Cuarta
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías) solicitaron su
desvinculación del presente trámite constitucional pues, a su juicio, carecen de
legitimación en la causa por pasiva. No obstante, dichas peticiones serán negadas ya
que sus vinculaciónes se hicieron debido a que las dos primeras fueron las entidades
demandadas por la actora en su escrito de tutela, y en tal sentido, su comparecencia
al presente trámite tutelar se tornaba necesaria en aras de que pudieran defender
sus intereses y ejercer el derecho de defensa y contradicción que les asiste.
Igualmente a la referida juez se le vinculó fue en calidad de tercera con interés y no
como parte demandada en la tutela, ya que fue quien expidió el acto adminstrativo
que negó el disfrute de las vacaciones.

2.3. Problema jurídico

22. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los
argumentos del escrito de tutela, las intervenciones y lo probado en el proceso, el
problema jurídico que subyace al caso concreto es el siguiente:

¿Se vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, vacaciones y trabajo en
condiciones dignas debido a la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio de conceder la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo del señor Santos Duarte quien labora en el
Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías – Meta, en aras de que pueda acceder al disfrute
del período de vacaciones, por haber laborado en forma continua e interrumpida
durante un año?

2.4. Razones jurídicas de la decisión

23. Para resolver el interrogante, se analizarán los siguientes temas: (i) panorama
general de la acción de tutela; (ii) el derecho al descanso del servidor judicial; (iii)
procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto y; (iv) el caso
concreto

2.5. Generalidades de la acción de tutela

24. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

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25. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable1.

2.6. Panorama general de la acción de tutela

26. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

27. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad.
El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que
se dice vulnerado o amenazado.

28. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio
de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.7. El derecho al descanso del servidor judicial

29. El descanso ha sido reconocido por la Corte Constitucional, desde una época
muy temprana2, como un derecho fundamental derivado especialmente del artículo
53 de la Constitución Política, que determina los principios mínimos fundamentales
que debe contener el estatuto del trabajo proferido por el legislador. Así como del
artículo 25 ibídem que señala que todas las personas tienen derecho a un trabajo en
condiciones dignas y justas.

30. Adicionalmente, en el marco internacional, existen varios instrumentos ratificados
por Colombia en los cuales se protege el derecho al descanso. Así, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3 en su artículo 7º
determina que los Estados Parte reconocen el derecho de todas las personas al goce
de condiciones de trabajo que aseguran “el descanso, el disfrute del tiempo libre, la

1 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
2 Ver entre otras: Sentencias C-710 de 1996, C-059 de 1996, C-897 de 2003, C-019 de 2004, C-035

de 2005.
3 Ley 74 de 1968 “por la cual se aprueban los "Pactos Internacionales de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este
último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime, en Nueva
York, el 16 de diciembre de 1966".

7

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limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como
la remuneración de los días festivos”. En similar sentido lo indica el artículo 7º4 del
Protocolo de San Salvador5.

31. La Sala Plena de la Corte Constitucional, tiene una amplia línea jurisprudencial
que ha establecido que “uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el
descanso, el cual está definido por el Diccionario de la Real Academia como quietud o
pausa en el trabajo o fatiga”6. En efecto, la ius fundamentalidad de este derecho se

4 Artículo 7º Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. Los Estados parte en el
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone
que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual
dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular:
a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia
digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna
distinción;
b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda
a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva;
c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en
cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;
d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las
industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el
trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra
prestación prevista por la legislación nacional;
e. la seguridad e higiene en el trabajo;
f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y,
en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate
de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre
educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o
ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida;
g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán
de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos;
h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los
días feriados nacionales.
5 Suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988. Entró en vigor: 16.11.1999. Ley 319 de 1996.

“por medio de la cual se aprueba el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador",
suscrito en San Salvador el 17 de noviembre de 1988.”
6 Sentencia C-710 de 1996 M.P. Jorge Arango Mejía. //A propósito en dicha sentencia se expresó la

siguiente: “Uno de los derechos fundamentales del trabajador, es el derecho al descanso. El derecho
de todo trabajador de cesar en su actividad por un período de tiempo tiene como fines, entre otros,
permitirle recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeña, proteger su salud física y
mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la posibilidad de atender otras tareas que
permitan su desarrollo integral como persona. El descanso está consagrado como uno de los
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo y, por ende, debe
entenderse como uno de los derechos fundamentales del trabajador. La legislación laboral consagra
como regla general, la obligación de todo empleador de dar descanso dominical remunerado a todos
sus trabajadores. Este derecho lo adquieren los trabajadores que, habiéndose obligado a prestar sus
8

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deduce de la interpretación sistemática7 de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en
tanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye
uno de los principios mínimos fundamentales del trabajo8.

32. En ese contexto, el descanso es considerado para toda persona como la manera
de recuperar las fuerzas, tanto intelectuales como físicas, luego de un tiempo
dedicado a trabajar o en ejercicio de diversas actividades que le exigen un mayor o
menor grado de dificultad para ejecutarlas. Así mismo, el descanso en el campo
laboral se denomina “vacaciones”, siendo un derecho adquirido para quienes han
cumplido con el único requisito de laborar un año continuo o proporcional, y que
luego de entregar todas sus capacidades físicas y mentales para poder realizar de
una manera idónea todas las funciones asignadas por el empleador o patrono, pueda
el servidor público, en este caso, disfrutar de un merecido descanso que les permita
compartir un mayor espacio de tiempo con sus seres queridos, dedicarse a otras
actividades que le den paz y tranquilidad, restituyéndole el ímpetu para iniciar con
energía sus actividades laborales.

33. En ese sentido, quien está llamado a otorgar las vacaciones al trabajador es el
empleador o el nominador, debiendo prever que, una vez cumplido el requisito
mencionado, se proceda a programarlas junto con quien va a reemplazarlo, para de
esta manera no vulnerar el derecho al trabajador ni afectar el normal desarrollo o
funcionamiento de la entidad o empresa.

34. En relación con lo anterior la Corte Constitucional en Sentencia C-019 de 2004,
estableció lo siguiente:

“El derecho al descanso conviene entenderlo como la oportunidad que se le
otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, para
proteger su salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar actividades idóneas al
solaz espiritual, para incursionar más en la lectura y el conocimiento, y, a manera
de posibilidad estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en sus
múltiples manifestaciones.

(…)

servicios en todos los días laborales de la semana, no falten al trabajo, o faltando, lo hayan hecho por
justa causa o por culpa o disposición del empleador. Cuando el trabajador labora menos de treinta y
seis horas semanales, la remuneración de su descanso es proporcional al tiempo laborado. Cuando
no se cumplen los requisitos exigidos por la norma en mención, el trabajador pierde el derecho a la
remuneración, pero no al descanso que es un derecho fundamental del trabajador, que nace del
vínculo laboral.”
7 Al respecto, también puede consultarse las sentencias T-09 del 18.1.1993 M.P. Eduardo Cifuentes

Muñoz y C-024 del 11.11.1998 M.P. Hernando Herrera Vergara
8 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-076 del 1.3.2018 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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El derecho al trabajo es una de las bases fundantes de nuestro Estado Social de
Derecho que en la Constitución goza de especial protección. Es el fundamento
de todo el régimen de seguridad social, y la razón filosófica es muy simple: el
trabajador que le ha ayudado al patrono a crear riqueza para él y su empresa,
necesita su apoyo en todas las contingencias que puedan perjudicarle o cuando
se han agotado sus fuerzas por el trabajo que le ha dado al patrono (accidentes
de trabajo, enfermedades, muerte, invalidez, jubilación, etc.). Con cada acto de
trabajo el trabajador entrega a su patrono parte de su fuerza física y de su ser. Y
debe reponerlos (para seguir entregándoselos al patrono) haciendo pausas, pues
de lo contrario se agota, envejece o muere prematuramente.”

35. Así las cosas, las vacaciones o el descanso para los servidores públicos y
privados, por disposición jurisprudencial es un derecho fundamental, el cual debe ser
protegido por vía de tutela en el momento de ser vulnerado, sin que sea válido
oponer trabas administrativas, que afectan el núcleo fundamental de este derecho,
así lo ha dicho la Corte: “¿el derecho fundamental al descanso, puede protegerse a través
de la tutela? Por regla general, el reconocimiento y goce del derecho al descanso debe ser
debatido ante la jurisdicción ordinaria competente de acuerdo con la naturaleza jurídica de la
vinculación laboral, ya sea la ordinaria laboral o la contencioso administrativa, por lo que el
carácter residual de la tutela la hace improcedente. No obstante, el artículo 86 de la Carta
consagra la posibilidad de que la acción constitucional prospere, aun existiendo otro medio
de defensa judicial, cuando exista un perjuicio irremediable que autorice la protección
transitoria del derecho fundamental amenazado o vulnerado”.

2.8. Procedencia excepcional de la acción de tutela en el caso en concreto

36. El inciso 4º del artículo 86 Superior, que consagra el principio de subsidiariedad
como requisito de procedencia de la acción de tutela, establece que “esta acción sólo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. En el
mismo sentido, el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, indica que el
amparo constitucional será improcedente, cuando existan otros medios de defensa
judiciales idóneos y eficaces para resolver la situación particular en la que se
encuentre el accionante.

37. Ahora bien, en desarrollo de la normativa expuesta, la Corte Constitucional
jurisprudencialmente9 ha sido enfática en puntualizar que el uso inadecuado,
irracional y desmesurado de la acción de tutela, con el propósito de obtener un
pronunciamiento más ágil y expedito, desnaturaliza su valor preeminente y especial
dentro del ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta que “ésta no ha sido consagrada
para reemplazar los medios judiciales dispuestos por el Legislador para tales fines10”.

9 Sentencia T-1008 del 26 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez
10 Corte Constitucional, Sentencia T-471 del 19 de julio de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado

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38. Posteriormente, por medio de las sentencias T-373 de 2015 y T- 630 de 2015 se
concibió que, si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y
eficaces para solicitar la protección de los derechos fundamentales que se estiman
conculcados, el afectado, obligatoriamente, debe agotarlos de forma principal y no
utilizar directamente la acción de tutela.

39. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha puesto de presente 2
excepciones al principio de subsidiariedad, que en caso de concurrir, harían
procedente la acción de tutela; a saber: i) se constate que el mecanismo judicial
ordinario diseñado por el legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los
derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y ii) “siendo apto para
conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su
idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la
Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela11”.

40. Frente al primer supuesto, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
para que proceda el mismo, es fundamental analizar, en cada caso concreto, la
idoneidad del medio de defensa, teniendo en cuenta sus particularidades en
aras de determinar “si el mecanismo judicial al alcance del afectado puede otorgar una
protección completa y eficaz, de no cumplirse con los mencionados presupuestos, el
operador judicial puede conceder el amparo constitucional de forma definitiva o transitoria
según las circunstancias particulares que se evalúen.”12

41. De la misma manera, en la sentencia T-230 de 2013, la Corte Constitucional
sentó dos fundamentos esenciales para establecer cuándo el mecanismo resulta no
ser idóneo para el fin que se busca, a saber: i) cuando no ofrece una solución
integral y ii) no resuelve el conflicto en toda su dimensión.

42. En tal sentido, el señor Santos Duarte instauró aacción de tutela con ocasión de
la negativa de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial Seccional Villavicencio de
conceder la asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo como
empleado del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías – Meta, en aras de que pueda acceder al
disfrute de sus vacaciones, por haber laborado en forma continua e interrumpida
durante 1 año.

43. Sobre el punto, la Sala advierte que en lo que respecta al acto que niega la
asignación presupuestal tendiente a nombrar el reemplazo del empleado que solicitó
el disfrute de las vacaciones, el mecanismo para controvertirlos es el medio de

11 Corte Constitucional, Sentencia T-705 del 4 de septiembre de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-961 del 1º de noviembre de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa

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control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 201113, en el que se pueden solicitar el decreto de las medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011 14, por lo
tanto, es en principio, el juez de lo contencioso administrativo el llamado a dirimir las
controversias que de él surjan.

13 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

14 Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se
adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en
cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado
Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de
acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección
de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del conocimiento de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas
de oficio.
Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria
con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una
o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes
de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta
medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o
superar la situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o
Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte
demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no
hacer.
Parágrafo. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la
adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del
plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo
a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un
acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las
disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal
violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores
invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá
probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
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44. Sin embargo, esta Sala ha considerado15 que, en ciertos eventos las
circunstancias particulares del caso desbordan la eficacia de dicho mecanismo
judicial para precaver la eventual vulneración de derechos fundamentales, lo cual
torna imperiosa la intervención del juez constitucional como garante de su primacía
dentro del ordenamiento jurídico.

45. En primer lugar, en el presente asunto para establecer la procedencia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011, el actor debe alegar que un acto particular y concreto vulnera un
derecho subjetivo, ya sea porque es contrario al debido proceso administrativo, que,
con independencia de las particularidades propias de la regulación específica de
cada actuación, deben ser acatadas de forma general en virtud de lo dispuesto por el
artículo 29 Superior, o porque se configura alguna de las siguientes causales:

• Cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse,
• O sin competencia,
• O en forma irregular,
• O con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa,
• O mediante falsa motivación,
• O con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

46. Se advierte que la inconformidad del actor radica en que el despacho no puede
prescindir de sus actividades en razón a la alta congestión judicial que atraviesa y
que, de no acceder a lo solicitado, esto es, conceder la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo del funcionario que solicite el disfrute de su
periodo de vacaciones16, ocasionaría un represamiento de la carga laboral y al
momento de regresar aquel, podría acarrearle una afectación grave al estado de
salud.

47. Teniendo en cuenta los argumentos expuestos, se denota que de lo solicitado por
el señor Santos Duarte no se puede inferir que pretenda atacar la legalidad del acto,
presupuesto indispensable para la procedencia de la pretensión del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

15 Ver las Sentencias del Consejo de Estado, Sección Quinta, i) del 30.6.2016, rad. 25000-23-41-000-

2016-00617-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) del 30.8.2018, rad. 50001-23-33-000-
2018-00171-01, M.P. Rocío Araújo Oñate y; iii) del 30.5.2019, rad. 11001-03-15-000-2019-01633-00,
M.P. Rocío Araújo Oñate.
16 En atención a que, como se mencionó anteriormente, los funcionarios que laboran en los Juzgados

de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no pueden solicitar al tiempo el disfrute de sus
vacaciones pues ello atentaría contra el normal funcionamiento del despacho, con ocasión de la alta
demanda laboral.

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48. Por otro lado, esta Sala de Decisión considera pertinente aclarar que si bien, por
regla general, la acción de tutela deviene improcedente para dirimir conflictos de
naturaleza económica, lo cierto es que la no expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal conlleva, en casos como este, a que el empleado tenga
que aplazar indefinidamente el disfrute de su derecho al descanso remunerado por
cuanto la falta de nombramiento de una persona que lo reemplace se traduce en la
imposibilidad de que, efectivamente, se pueda ausentar temporalmente con ocasión
de sus vacaciones.

49. En conclusión, si bien en principio y atendiendo a la subsidiariedad que
caracteriza a la acción de tutela, el oficio DEAJ022-831 del 07 de octubre de 2022
que negó la asignación presupuestal correspondiente para el reemplazo del
accionante podría ser controvertido por el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, incluso podría solicitar como medida cautelar la
suspensión provisional, para esta Sala – en consonancia con el desarrollo
jurisprudencial frente al tema – y atendiendo la posición fijada en la sentencia del 30
de mayo de 2019 en la que esta Sección resolvió un caso similar, se advierte que el
actor no poseen un instrumento jurídico idóneo para el amparo de sus prerrogativas,
toda vez que como se evidenció, no pretende atacar la legalidad del acto
administrativo en cuestión, de hecho podría afirmarse de manera fehaciente que su
inconformidad no se encuadra en ninguna de las causales para la procedencia del
referido medio de control.

50. Por lo anterior, resultaría inocuo que el demandante lo empleara, toda vez que no
le ofrecería una solución cabal a sus inconformidades, ni mucho menos resolvería de
fondo su situación; razones suficientes para que este juez, en el caso concreto y
dadas las particularidades del asunto, adquiera competencia para conocer del
fondo del asunto ya que, se reitera, con esta tutela no se pretende una revisión
de legalidad del acto administrativo que negó la asignación presupuestal
correspondiente para el reemplazo del actor quien funge como empleado del Centro
de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías – Meta.

2.9. Caso concreto

51. En el presente caso, inicialmente al actor se le concedió el disfrute de su derecho
a las vacaciones. No obstante, la juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de
Penas y Medidas de Seguridad de Acacías negó sus vacaciones tomando como
fundamento la necesidad del servicio, la alta carga laboral, y la ausencia de
presupuesto para el reemplazo del señor Santos Duarte.

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52. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio
sostiene que los CDP para nombrar reemplazos en el caso de vacaciones solo son
procedentes para los funcionarios judiciales. Toda vez que el actor es empleado
judicial, para esta entidad, lo que corresponde es que su superior jerárquico tome
todas las medidas necesarias para que las vacaciones del demandante no
obstaculicen el debido funcionamiento del juzgado.

53. Para resolver este caso, para la Sala es importante resaltar que el Consejo
Superior de la Judicatura profirió la Circular PSAC11-44 de 23 de noviembre de
2011. En este acto se reguló la manera en que deben realizarse los reemplazos en
provisionalidad de los funcionarios judiciales sujetos al régimen de vacaciones
individuales. En dicha circular se establece:

“(…) para efectos de no incluir condicionamientos para el nombramiento de
reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, que se encuentran
sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de
este derecho, para lo cual deberán seguir el procedimiento de aquí (sic) se
señala y que permitirá gestionar los recursos para el nombramiento en
provisionalidad de los reemplazos, cuando haya lugar a ello.”

54. Esta circular tiene por asunto: “vacaciones de los funcionarios judiciales del Régimen
de Vacaciones Individuales”, lo que significa que no existe disposición alguna para los
empleados de los despachos judiciales que se encuentran bajo el régimen individual
de vacaciones. En tal sentido, es importante resaltar de conformidad con lo
expresado en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, se entiende como funcionario
judicial a los jueces, magistrados y fiscales, mientras que los demás servidores serán
empleados judiciales.

55. Por tanto, para la Sala es evidente que existe una omisión para garantizar los
recursos para nombrar reemplazos de los empleados judiciales del régimen
individual de vacaciones. Esta omisión no puede volverse un obstáculo para que los
empleados judiciales puedan disfrutar de su garantía constitucional al descanso
remunerado. Este derecho debe entenderse como uno de los derechos
fundamentales del trabajador y constituye una condición mínima que ofrece la
posibilidad de que el empleado renueve la fuerza tanto intelectual como física, para
así proteger su salud física y mental y fortalecer su dedicación para el desarrollo de
sus actividades.

56. Es claro entonces que, salvo las excepciones legales, todo empleado público
tiene derecho a disfrutar de descanso remunerado, por cada año de servicios
prestado en cualquiera de las entidades del Estado (artículos 8º Decretos 3135 de
1968 y 1045 de 1978). En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se

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encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 199617. Esta norma
establece que empleados de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad pertenecen al régimen de vacaciones individuales, que deben ser
concedidas por el respectivo nominador, de acuerdo con las necesidades del
servicio, por el término de 22 días continuos por cada año de servicios.

57. En consecuencia, es evidente que el actor tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones, pues cumple con los requisitos para acceder a ellas. Esta Sala no
desconoce las necesidades de servicio alegadas por la juez coordinadora de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías. Sin embargo,
el deber de garantizar la adecuada prestación del servicio público de administrar
justicia no puede ser admitida como una excusa válida para no permitirle a un
empleado gozar del referido derecho, máxime si se tiene que la autoridad judicial las
había autorizado.

58. Por tanto, las direcciones seccionales de administración judicial deben tomar
todas las medidas necesarias en los casos en que esté demostrado que la ausencia
de un empleado, que se va a disfrutar de sus vacaciones, puede generar
traumatismo que afecten el funcionamiento de la dependencia judicial y, por ende, el
debido servicio de la administración de justicia. En este caso, la juez coordinadora de
los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías ha puesto
de presente que, por la excesiva carga laboral de esa dependencia judicial, el
disfrute de las vacaciones del actor sin un remplazo afectaría el funcionamiento de su
departamento. En consecuencia, también es previsible que se afecte el derecho de
acceder a una adecuada administración de justicia de los ciudadanos que tienen
procesos en esa dependencia judicial. Así las cosas, para la Sala el nombramiento
de un reemplazo en provisionalidad es una alternativa idónea que permite
compatibilizar el derecho del tutelante a disfrutar de sus vacaciones y el derecho de
los ciudadanos de contar con una adecuada y eficiente administración de justicia.

59. Lo anterior, por cuanto la referida figura permite compatibilizar la tensión entre el
derecho al descanso remunerado y el derecho de los ciudadanos de contar con una
adecuada y eficiente administración de justicia. Huelga decir que lo aquí resuelto ha

17 Ley 270 de 1996. Artículo 146: “VACACIONES. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de

la Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala Administrativa de los Consejos
Superiores y Seccionales de la Judicatura, las del Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales
mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas;
y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las
vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala
Administrativa del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de Gobierno del
respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de
veintidós días continuos por cada año de servicio”.

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sido reiterado por esta Sala en anteriores oportunidades18, así como por las
Secciones Primera19 y Cuarta20 de esta Corporación.

60. En todo caso, y distinto a lo planteado por la Dirección Seccional Ejecutiva de
Villavicencio, esta sí resulta ser entidad trasgresora de las garantías constitucionales
del actor pues, como se vio, la decisión de la juez coordinadora de los Juzgados de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías de no conceder las
vacaciones del actor obedeció a la falta del CDP que permitiera designar un
reemplazo, pues de no proveerse el cargo en el periodo de descanso del actor,
existiría exceso laboral en los demás empleados de su dependencia.

61. Así las cosas, la determinación de no otorgar los recursos necesarios para el
reemplazo, sí genera una vulneración a los derechos fundamentales del actor, ya
que como quedó evidenciado, la decisión de la Dirección Seccional Ejecutiva de
Villavicencio es un claro obstáculo para que el demandante pueda disfrutar de su
descanso remunerado.

62. Por lo expuesto, se ordenará a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que la
juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones al
señor Iván Mauricio Santos Duarte (en el evento de que esto aún no haya ocurrido).

63. A su turno, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco
(5) días hábiles, contados a partir de la solicitud que realice el director seccional,
para proveer los mencionados recursos. Una vez el Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial otorgue los recursos
solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de

18 Al respecto ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, Sentencia del 20 de enero del 2022. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil. Rad. No. 11001-0315-
000-2021-06992-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia del 11.02.21., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Rad. No. 11001-03-15-000- 2020-05144-
00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 30 de
mayo de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2019- 01633-00. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 12 de agosto de 2021,
M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-04539-00.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 8 de

mayo de 2021, M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Radicado: 11001-03-15-000-2021-01627- 00
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia del 12 de

diciembre de 2018, M.P. Milton Chaves García. Radicado: 08001-23-33-000-2018-00756-01.

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Villavicencio, esta última entidad le deberá comunicar a la juez coordinadora de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacías, quien a su
vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de dicha
comunicación, pronunciarse sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del
tutelante.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Villavicencio y la Juez Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Acacías (Juez Cuarta de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Acacías), por lo expuesto.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del señor Iván Mauricio Santos
Duarte y como consecuencia de lo anterior, ORDENAR a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Villavicencio que, en un plazo de cuarenta y
ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, solicite
a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la
dependencia que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que la
Juez Coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías adopte las medidas que se requieren para conceder las vacaciones al
señor Iván Mauricio Santos Duarte (en el evento de que esto aún no haya ocurrido).
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional, para proveer los
mencionados recursos.

Una vez el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial otorgue los recursos solicitados por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio, esta última entidad le deberá comunicar a la
juez coordinadora de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Acacías, quien a su vez deberá, en un término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir de dicha comunicación, pronunciarse sobre la concesión del
disfrute de las vacaciones del señor Santos Duarte.

TERCERO Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente a su ejecutoria.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
(Firmado electrónicamente)
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
(Firmado electrónicamente)
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
(Firmado electrónicamente)
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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