Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06359-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06359-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06359-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA NO ESTÁ PREVISTA PARA DEBATIR ASUNTOS QUE
NO FUERON EXPUESTOS ANTE EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, PUES
NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN LA SENTENCIA QUE PUSO FIN
AL PROCESO. EN EL PRESENTE CASO NO SE CUMPLE CON EL
REQUISITO GENERAL ESTABLECIDO EN EL LITERAL “E” QUE EXIGE
LA SENTENCIA C-590 DEL 2005, PARA LA PROCEDENCIA DE LAS
ACCIONES DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, por estimar
vulnerado su derecho fundamental al debido proceso.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO, actuando a través
de apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por
la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL al haber
proferido la providencia de 7 de julio de 2022, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 23001-
11-02-000-2019-00182-01.
I.2.- Hechos
Afirmó que fue sujeto de denuncia disciplinaria ante la Sala
Disciplinaria del CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
CÓRDOBA, mediante escrito de queja radicado el 12 de abril de
2019, en el cual los señores LUIS EDUARDO COHENS SOTELO y
DELLANIRA ROQUEME GAVALO manifestaron, respectivamente,
en su condición de hijo y compañera permanente del señor
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
GREGORIO ANTONIO COHENS LOZANO, que este último le
confirió poder para que tramitara un proceso contra la Alcaldía
Municipal de Tierralta - Córdoba con el propósito de que se le
reconociera al señor COHENS LOZANO el pago unas horas extras
diurnas y nocturnas por los servicios prestados como celador.
Sostuvo que en dicho escrito los quejosos mencionaron que
recibieron una comunicación por parte de la Alcaldía Municipal de
Tierralta - Córdoba, en la que les informaban que en su calidad de
apoderado judicial del señor GREGORIO ANTONIO COHENS
LOZANO (q.e.p.d.), adelantó proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho contra dicha entidad territorial y que por concepto del
pago del fallo judicial, el 24 de septiembre de 2015, le fueron girados
$24.333.055, a través de cheque de gerencia núm. 03 y
comprobante de egreso núm. 00090106.
Refirió que los quejosos expusieron que a la fecha de radicación del
escrito no se les había entregado el dinero recibido, por lo cual, el 13
de mayo de 2019, la Sala Disciplinaria del CONSEJO SECCIONAL
DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA profirió auto de apertura del
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
proceso disciplinario en su contra, el cual fue identificado con el
radicado núm. 23001-11-020-00-2019-00182-00.
Destacó que, mediante providencia de 27 de noviembre de 2019, el
CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE CÓRDOBA, lo
declaró responsable disciplinariamente por la comisión de la falta
contenida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 de 22 de
enero de 20071 en concordancia con el deber previsto en el numeral
8 del artículo 28 del referido compendio de normas a título de dolo
y, en consecuencia, le impuso sanción de suspensión en el ejercicio
de la profesión por el término de seis meses y multa de 3 SMMLV.
Manifestó que la decisión de sancionarlo se fundamentó en que no
entregó a quien correspondía y a la menor brevedad posible la suma
de $24.333.055, los cuales fueron recibidos el 24 de septiembre de
2015, como producto de la sentencia proferida en favor del señor
GREGORIO ANTONIO COHENS LOZANO, toda vez que podía
consignar el dinero a órdenes de un Juzgado de Familia con destino
a la sucesión de su cliente, pero no lo hizo.
1 “Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado”
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Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
Indicó que inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL que, mediante sentencia de 7 de julio de
2022, confirmó la sentencia de primer grado.
I.3. Fundamentos de derecho
Manifestó que la autoridad judicial accionada profirió la providencia
controvertida desconociendo que debía declarar de oficio la
configuración del fenómeno jurídico procesal de la prescripción de la
acción disciplinaria seguida en su contra y, en consecuencia, ordenar
la extinción de la misma.
Afirmó que la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley 1123 de
2007 establecen que la Comisión Nacional de Disciplina tiene el deber
legal de aplicar los principios fundamentales y la integración
normativa, lo cual le imponía declarar la extinción de la acción
seguida en su contra, pues desde la fecha de la comisión de la falta
disciplinaria y la notificación del fallo de segunda instancia habían
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
transcurrido más de siete años, término que se encontraba más que
superado, pues la prescripción de la acción requería que hubiesen
pasado más de cinco años entre uno y otro evento.
I.3.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como violados y, en consecuencia, dejar sin efecto la providencia de
7 de julio de 2022, proferida dentro del proceso disciplinario
identificado con el número único de radicación 23001-11-02-000-
2019-00182-01, en los siguientes términos:
“[…] TERCERO:
DE LAS PRETENSIONES
1. Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la sentencia de
segunda instancia fechada el 07 de julio de 2022 proferida por
la Honorable COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, y
como consecuencia de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS la citada
sentencia, profiriendo un nuevo fallo de conformidad con los
fundamentos fácticos y jurídicos anteriormente expuestos.
2. De forma subsidiaria si no se llegare a ordenar la revocatoria
de la sentencia de segunda instancia fechada el 07 de julio de
2022 proferida por la Honorable COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL. Solicito que se le ordene a la accionada
que modifique la decisión y ajuste su nuevo fallo en derecho y
bajo las premisas y fundamentos legales aquí expuestos […]”.
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I.4.- Defensa
I.4.1.- La COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, a
través del Secretario Judicial, se opuso a las pretensiones de la
tutela, aduciendo que los reparos del tutelante desconocen las
ritualidades propias de la jurisdicción disciplinaria, toda vez que
pretende que se deje sin efectos una decisión ejecutoriada y de la
cual tuvo pleno conocimiento de forma oportuna.
Manifestó que los trámites de notificación se surtieron en debida
forma, atendiendo las condiciones establecidas por el legislador para
tal efecto, aclarando que, en materia disciplinaria, la ejecutoria no se
encuentra supeditada al acto de notificación, de manera que una vez
proferida la decisión de segunda instancia, la misma cobra firmeza
inmediatamente y la sentencia cuestionada quedó ejecutoriada el 7
de julio de 2022.
I.5.- Intervinientes
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I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE
CÓRDOBA solicitó declarar improcedente la acción constitucional de
la referencia, toda vez que no se configuraban los defectos alegados
en la providencia controvertida.
Afirmó que en el curso del proceso disciplinario se demostró que el
hoy tutelante había incurrido en la falta disciplinaria reprochada, esto
es, no haber entregado a quien correspondía, a la menor brevedad
posible, dineros que habían sido retenidos por más de cuatro años,
pero que fueron recibidos en virtud de la gestión profesional.
Sostuvo que la falta por la cual fue sancionado el accionante es de
las catalogadas como de carácter permanente o complejo, lo cual
implicaba que los cinco años de prescripción de la acción previstos
en el artículo 24 de la Ley 1123 de 2007, se contabilizan a partir del
último acto ejecutivo, que en el caso de marras se debía contabilizar
a partir del momento en el cual el investigado debía haber hecho
entrega a quien correspondía del dinero recibido en virtud de la
gestión profesional, más no desde el momento en que los había
recibido.
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Explicó que la naturaleza de la falta endilgada al hoy tutelante era de
carácter permanente, es decir, que se extendía a través del tiempo
durante el cual persistían las causas que dieron lugar a su
configuración, por lo que “…el término de prescripción de esta falta
empieza a correr a partir del acto mediante el cual cesa la omisión y
esta se entiende que cesa cuando se verifique la entrega efectiva del
dinero, bienes o documentos a quien corresponda, pues de lo
contrario se continuará infringiendo el deber de honradez en sus
relaciones profesionales…”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
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decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración
en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la
acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias
formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el
constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad
en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que
imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al
interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
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sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
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contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].
i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 7 de julio de 2022 proferida por
la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, por medio
de la cual se confirmó la decisión del a quo de imponerle una sanción
disciplinaria, dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 23001-11-02-000-2019-00182-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, habida cuenta que, a juicio del actor,
la autoridad judicial accionada debió declarar de oficio la
configuración del fenómeno jurídico procesal de la prescripción de la
acción disciplinaria seguida en su contra y, en consecuencia, ordenar
la extinción de la misma.
Conforme con lo anterior y para resolver el problema jurídico, es
necesario traer a colación la providencia cuestionada con el fin de
verificar los argumentos esgrimidos, así como los fundamentos de la
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decisión.
La providencia cuestionada se translitera a continuación:
“[…] 7.2. Caso concreto
El abogado apelante sustenta su recurso de apelación en su actuar
de buena fe de cara a los hechos reprochados, en tanto que
manifestó que los quejosos tuvieron conocimiento en todo
momento de las situaciones jurídicas que impedían la entrega del
dinero recibido fruto del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que tramitó como apoderado del señor Gregorio Antonio
Cohens.
Con fundamento en las consideraciones expuestas previamente
sobre la tipicidad de la falta contenida en el numeral 4 del artículo
35, esta Comisión confirmará la decisión de primera instancia, bajo
el entendido de que el abogado debe fungir como garante de los
derechos de los potenciales propietarios o legitimados para recibir
los dineros fruto de la gestión encomendada y, en ese orden de
ideas, procurar en la mayor medida de lo posible la entrega de los
mismos a través de cualquiera de los mecanismos judiciales idóneos
para ello.
Retomando la premisa de que los dineros que se reciben fruto de la
gestión adelantada por el abogado, no son propiedad de este (por
cuanto es un mero tenedor) sino de quien se encuentre legitimado
para detentar la propiedad sobre los mismos, la norma es
categórica cuando indica que deben ser devueltos a la mayor
brevedad posible sin realizar ningún tipo de discriminación o
especificar situaciones que puedan ser excepción a la regla general.
Sobre el particular, concuerda la Comisión con el decisor de primera
instancia en que, el abogado tenía a su alcance varias opciones para
poner a disposición de los legitimados el dinero antes de optar por
retenerlo, tales como: el pago por consignación, constituir un título
judicial a favor del proceso de sucesión o simplemente poner en
conocimiento del juzgado que tramitó el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho la muerte de su cliente y
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Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
solicitar la autorización para depositar los dineros a órdenes del
juzgado.
En este orden de ideas, si bien el apelante alega que no se configura
la falta pues obró de buena fe en todo momento, es claro que su
argumento no puede ser de recibo en la medida en que se trata de
una situación que no lo exime de responsabilidad y tampoco
acreditó la ocurrencia de alguna de las causales contempladas en
el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007.
Téngase claro que la conducta que se reprocha es la no entrega del
dinero a la mayor brevedad posible y haberlos tenido en su poder
por más de 4 años y no si el abogado informó o no haber recibido
el dinero o haber mantenido informado a los potenciales
propietarios de la situación, pues quedó acreditado que les informó
de la recepción de los dineros, no obstante privó a estos últimos de
la disposición de los referidos bienes, situación que dio pie a la
queja presentada por los señores Luis Eduardo Cohen Sotelo y la
señora Dellanira Roqueme Gavalo.
De otro lado, en lo referido a la modalidad dolosa de la conducta,
este componente se encuentra consolidado en tanto que, tal como
lo sostuvo el decisor de primera instancia, el disciplinable en su
condición de abogado era conocedor de la existencia de la falta
contenida en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1123 y aun así
y a sabiendas de que el dinero no le pertenecía decidió mantener
en su patrimonio el dinero bajo una causal que no está concebida
como eximente de responsabilidad. Adicionalmente, no es posible
que argumente que estaba obrando para salvaguardar los intereses
de su cliente Dellanira comoquiera que se trataba de dos gestiones
distintas, una como apoderado del señor Gregorio Cohens y otra
como abogado de la señora Dellanira.
Por último, se reitera que si el abogado no estaba seguro de a quién
le correspondía la entrega del dinero y las cuantías, debió haber
constituido un título judicial a favor de la sucesión del señor
Gregorio y no condicionar la entrega del dinero a la existencia de
una decisión judicial por cuanto es una atribución que no le compete
al abogado y se constituye como una situación abiertamente
irregular […]”.
De la lectura de la sentencia objeto de tutela, la Sala observa que la
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autoridad judicial accionada, al conocer del proceso en segunda
instancia, circunscribió el estudio a los argumentos que habían sido
planteados ante esa instancia, frente a los cuales la Sala advierte que
el hoy tutelante no planteó de manera alguna los reproches que
pretende le sean resueltos a través de la presente acción de tutela.
Ahora bien, aunque en sede de tutela el actor afirma que se debió
declarar la configuración del fenómeno jurídico procesal de la
prescripción de la acción disciplinaria seguida en su contra y, en
consecuencia, ordenar la extinción de la misma, una vez analizada la
sentencia objeto de tutela, se advierte que dichos planteamientos
nunca fueron expuestos ante el juez natural de la causa, que delimitó
los argumentos del recurso de apelación así:
“[…] 5. RECURSO DE APELACIÓN
El recurso de apelación fue concedido a través de auto del 29 de
enero de 2020, en el cual el abogado argumentó que su actuar
siempre ha sido de buena fe, pues en todo momento procuró
mantener contacto con los quejosos y mantenerlos al tanto de los
dineros que había recibido y de las acciones que debían seguirse
para la sucesión del señor Gregorio Antonio.
Afirma que, luego de haber obtenido el pago contactó al quejoso y
este le confirió poder para iniciar trámite de sucesión aun cuando
con posterioridad se lo hubiera otorgado a otro profesional del
derecho.
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Manifiesta que la señora Dellanira tenía muy claro que los dineros
no se podían entregar hasta que no se realizara el proceso de
sucesión y adicionalmente el proceso se vio truncado porque el
señor Luis Eduardo se ha negado a conciliar.
Allegó un extracto bancario para demostrar que no se ha gastado
el dinero.
Puntualizó que sus actuaciones han estado orientadas a defender
los intereses de su clienta la señora Dellanira, en tanto que es una
señora de edad avanzada y que podría quedar desamparada si la
partición de bienes y dineros no se realiza en debida forma.
Consideró desproporcionada y excesiva la sanción de primera
instancia […]”.
Lo anterior pone de manifiesto que estos argumentos no fueron
expuestos por el señor ARIZA CANTILLO en el proceso disciplinario,
especialmente, en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia de primer grado, dictada el 27 de noviembre de 2019, que
era el espacio natural para agotar dicho debate, omisión que no
puede ser subsanada por el juez de tutela, pues emitir un
pronunciamiento al respecto configuraría la sustracción de las
competencias propias de los jueces disciplinarios.
Para la Sala es evidente que el accionante contó con la posibilidad de
ventilar este argumento dentro del trámite del proceso disciplinario
o por lo menos advertir la posible ocurrencia del fenómeno jurídico
procesal de la prescripción de la acción que ahora alega desconocido,
sin embargo, omitió hacerlo sin justificación alguna.
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Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
En consonancia con lo anterior, la Sala conviene en mencionar que
el argumento planteado en sede constitucional difiere respecto de los
planteados en sede disciplinaria. De ahí que no pueda ser estudiado,
pues no fue objeto de controversia, ni fue puesto a consideración de
las partes e intervinientes; de tal manera que analizar en sede de
tutela este hecho nuevo, que no fue estudiado por el juez natural
comportaría la violación de los derechos al debido proceso, a la
defensa y contradicción de aquellos.
En suma, resulta evidente la improcedencia de la acción de tutela
objeto de estudio, dado que la parte accionante no ejerció
adecuadamente el mecanismo de defensa judicial del que dispuso en
el proceso disciplinario, para efectos de salvaguardar el derecho
fundamental invocado.
Significa entonces que en el presente caso no se cumple con el
requisito general establecido en el literal “e” que exige la sentencia
C-590 del 2005, para la procedencia de las acciones de tutela contra
providencias judiciales, debido a que los hechos que generaron la
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Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
presunta vulneración, así como los derechos invocados no fueron
alegados por el accionante dentro del proceso disciplinario seguido
en su contra, habida cuenta que guardó silencio sobre la posible
violación a su derecho al debido proceso, inconformidad que ahora
pretende retrotraer a esta instancia constitucional, sin que sea este
el escenario idóneo para el efecto.
Se destaca que la parte actora no puede pretender suplir su
inactividad con la presente acción constitucional, toda vez que debió
ventilar oportunamente la posible configuración de la prescripción del
proceso disciplinario, máxime aun, teniendo en cuenta que alega que
ello ocurrió dos años antes de dictar la sentencia de segunda
instancia, pues, a su juicio, a efectos de declarar la extinción de la
acción se debía contabilizar el tiempo transcurrido entre la fecha de
ocurrencia de la comisión de la conducta cuestionada y el momento
en que se dictó el fallo de segunda instancia, lapso que afirma se
encontraba más que superado, pues habían transcurrido en total
siete años y la prescripción requería que hubiesen pasado más de
cinco años entre uno y otro evento.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
Es del caso advertir, que la Sala ya ha declarado la improcedencia de
la acción de tutela al considerar que no se acreditó el cumplimiento
del literal “e” establecido en la citada sentencia C-590 de 20052,
como es el caso de la sentencia de 3 de diciembre de 20203, en la
que se dispuso lo siguiente:
“[…] Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los
hechos que generarían el defecto sustantivo por i)
desconocimiento del precedente judicial, ii) falta de aplicación de
una norma jurídica relevante y iii) por violación directa de la
Constitución, por no haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad están identificados de manera razonable al
igual que los derechos fundamentales vulnerados4, estos
debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido por
la Corte Constitucional:
“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio
alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las
personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el
tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue
puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en
su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su
voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya
expuesto con claridad la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales ante el juez natural, en atención
2
Ut supra página 7.
3
Proceso radicado bajo el número 11001-03-15-000-2020-04709-00. M.P. ROBERTO AUGUSTO
SERRATO VÁLDES.
4
Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el
respeto a la autonomía de las autoridades judiciales. “5
Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en
la parte motiva de esta sentencia, la Sala declara improcedente
la presente acción de tutela teniendo en cuenta que la accionante
no acreditó el cumplimiento de una de las causales genéricas de
procedibilidad contra providencias judiciales6 […]” (Destacado
fuera de texto).
Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y atención
que deben procurar sobre los asuntos judiciales que les concierne,
cuya omisión no se puede pretender subsanar por medio de la acción
de tutela, de manera que resulta claro que el presente mecanismo
subsidiario y residual no puede desplazar los medios ordinarios de
defensa con que contaba el actor.
Por tal razón, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por incumplimiento del requisito del literal “e” establecido en
la sentencia C-590 de 2005, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
5
Corte Constitucional, Sentencia T-452/14. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
6
“(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación y que, en caso
de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del proceso.”
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo de
la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de 2023.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06359-00
Actor: NEIDER ANTONIO ARIZA CANTILLO
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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