Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06363-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06363-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06363-00
Consejero ponente: Conjuez Daniel Posse Velásquez
10 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SALA DE CONJUECES
DANIEL POSSE VELÁSQUEZ: CONJUEZ PONENTE
Bogotá, D.C., 10 de abril de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06363-00
Accionante: NARIÑO MONTES BRAVO
Accionados: CONSEJO DE ESTADO Y OTROS
Asunto: Sentencia Tutela
Procede la Sala de Conjueces1 a resolver la acción de tutela instaurada por el señor
Nariño Montes Bravo a nombre propio en contra de la Nación Ministerio de Justicia
y del Derecho, el Ministerio de Transporte, el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Montería, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla, el
Tribunal Administrativo de Arauca, el Consejo de Estado y el Instituto Nacional de
Vías -INVIAS-.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Nariño Montes Bravo presentó acción de tutela en contra de las
mencionadas entidades con el objeto de proteger sus derechos fundamentales “al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, Propiedad Privada con
conexidad al Debido Proceso, el derecho a la Colectividad étnica, Raizal, Negra,
Palenquera, Afrodescendientes, e indígena, el derecho a la Salud Mental y el
derecho a la Igualdad ante la Ley”, por considerar que sus derechos fueron
vulnerados por supuestos incumplimientos del INVIAS relacionados con la
construcción de la carretera que conduce del municipio de San Bernardo del Viento
1 En atención a la manifestación de impedimento del 9 de diciembre de 2022, se procedió al sorteo
de conjueces, diligencia realizada virtualmente el 14 de diciembre de 2022. La ponencia le
correspondió al doctor Daniel Posse Velásquez, acompañado del doctor Julio A. Roberto Nieto y la
doctora Ruth Stella Correa Palacio.
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al municipio de Moñitos, en el Departamento de Córdoba, y por las actuaciones que
se han adelantado en los siguientes procesos judiciales:
(i) Proceso de reparación directa identificado con el radicado número
23001333100420060107100/01, en el que, según la parte actora, participó
el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Barranquilla y cuyo fallo fue
proferido en primera instancia por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Montería y en segunda instancia por el Tribunal Administrativo
de Arauca.
(ii) Acción de tutela identificada con el radicado número
11001031500020220195000 decidida por las consejeras María Adriana
Marín2, Marta Nubia Velásquez Rico y el consejero José Roberto Sáchica
Méndez de la Subsección A, de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
(iii) Acción de tutela identificada con el radicado número
11001031500020220294200 asignada a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, y rechazada con ponencia de la doctora Stella Jeannette Carvajal
Basto y posteriormente conocida en virtud de recurso de súplica por el
doctor Milton Chaves García.
En consecuencia, el accionante solicita3 el amparo de sus derechos fundamentales,
el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2770 de 1953 y la Ley 105 de 1993
2 Consejera Ponente.
3 Las pretensiones de la presente acción de tutela fueron formuladas en los siguientes términos:
“1. Solicito respetuosamente se me protejan los derechos fundamentales al Debido Proceso, al
Acceso a la Administración de Justicia, el derecho a la Propiedad Privada con conexidad al Debido
Proceso, el derecho a la Colectividad étnica, Raizal, Negra, Palenquera, Afrodescendientes, e
indígena, el derecho a la Salud Mental, y el derecho a la Igualdad ante la Ley.
2. Solicito se le dé fiel cumplimiento a lo establecido en el Decreto Noi.2770 (sic) de 23 de Octubre
(sic) de 1953, con fundamento a lo afirmado por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, en el
Oficio de 11 de Febrero de 2022, en el cual se establece que la Carretera es de SEGUNDO ORDEN,
al igual a la afirmación de la capa de rodadura es de 5c y no los tiene.
3. solicito se le dé cumplimiento a lo normado en la Ley 105 de 1993, referente al CARRIL el cual
será de 3.65m y la BERMA será de 1.80m, esto por ser una carretera de SEGUNDO ORDEN DE
CARÁCTER NACIONAL. […]
6. Como consecuencia de lo anterior se decrete la nulidad de lo actuado en el Proceso de la
referencia, a partir de la Sentencia No.23.001.33.31.004.2006.01071.00, Proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, por no ajustarse a las prescripciones
integrales del artículo 29 de la Constitución Política. De igual forma la Sentencia del Tribunal
Administrativo de Arauca y las Sentencias y/o autos proferidos por el Consejo de Estado. […]”.
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en relación con la anchura de las carreteras de segundo orden nacional y las
medidas de los carriles y berma, y que se decrete la nulidad de lo actuado a partir
de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Montería dentro del proceso de reparación directa con radicado número
230013331004200601070100, así como “las Sentencias y/o autos proferidos por el
Consejo de Estado”.
1.2. Hechos
Revisado el escrito de tutela, a juicio de la Sala, los siguientes hechos son los
considerados relevantes para la adopción de la decisión en esta sentencia:
• El Instituto Nacional de Vías -INVIAS- desarrolló en el año 2004, a través
de la Unión Temporal Vial de Colombia 2003, el mantenimiento de la
carretera que conduce del municipio de San Bernardo del Viento al
municipio de Moñitos, en el Departamento de Córdoba.
• Según lo expresado por el accionante, el INVIAS “tomo (sic) por la vía de
los hechos […]” una franja de terreno de la finca “El Marañón” de su
propiedad, ocasionándole diferentes daños materiales.
• A raíz de lo anterior, el señor Nariño Montes Bravo junto a otras personas,
ejercieron el medio de control de reparación directa en contra del INVIAS.
Este proceso se identificó con el radicado número
230013331004200601070100, y le correspondió su conocimiento al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería.
• Con sentencia del ocho (8) de abril de dos mil dieciséis (2016), el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Montería decidió el referido proceso
número 230013331004200601070100 en el sentido de declarar probada la
excepción “Falta de Legitimación por Activa”, y manifestó que no encontró
acreditada la existencia del daño, por lo cual, negó las pretensiones de la
demanda.
• El accionante, inconforme con la decisión del Juzgado, y considerando que
sí se comprobó la existencia del daño antijurídico y que el Juez no valoró
adecuadamente las pruebas aportadas al expediente, presentó recurso de
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apelación para que se revocará la sentencia. El trámite de segunda
instancia le correspondió al Tribunal Administrativo de Arauca, el cual
mediante providencia del treinta (30) de agosto de dos mil diecinueve
(2019), resolvió confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Montería.
• Manteniendo su inconformidad con lo decidido, el accionante ha interpuesto
acciones de tutela con el fin de dejar sin efecto las decisiones proferidas por
el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería y el Tribunal
Administrativo de Arauca. En su escrito, el actor hizo referencia a las
acciones de tutela identificadas con los radicados
110010315000202201950004 y 110010315000202202942005, frente a las
cuales, señala que el “Consejo de estado y/o Ministerio de Justicia” ha
incurrido en un “error jurídico”.
1.3. Respuesta de las partes accionadas y vinculadas
El Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó al contestar la acción de tutela que
no ha intervenido en los hechos y situaciones que según el señor Montes Bravo
vulneraron sus derechos. Asimismo, señaló que los hechos y peticiones indicados
en el escrito de tutela no guardan relación con las funciones y competencias
constitucionales que tiene a cargo el Ministerio. Por lo anterior, considera que en
ese orden de ideas en el presente caso se configura “la excepción de falta de
legitimación material en la causa por pasiva”.
Por su parte, el Consejero Milton Chaves García indicó que en la Sección Cuarta
del Consejo de Estado se le dio un trámite procedente a la acción de tutela
presentada por el accionante identificada con el radicado número
110010315000202202942006. Además, señaló que se remite a los argumentos
expuestos en las providencias del veintiséis (26) de agosto de dos mil veintidós
4 Decidida por las consejeras María Adriana Marín -Consejera Ponente-, Marta Nubia Velásquez
Rico y el consejero José Roberto Sáchica Méndez de la Subsección A, de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.
5 Rechazada por la doctora Stella Jeannette Carvajal Basto de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado ante la no subsanación en forma del escrito de tutela. Luego, recurso de súplica contra el
auto que rechazó la acción constitucional resuelto por el doctor Milton Chaves García.
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El expediente 11001031500020220294200 fue conocido por la doctora Stella Jeannette Carvajal
Basto, Consejera de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien, con auto del 6 de junio de
2022, requirió al accionante para que aclarara su escrito de tutela. No obstante, en razón a que el
actor no subsanó en debida forma su escrito, la Consejera de Estado resolvió rechazar la acción de
tutela mediante auto del 24 de junio de 2022.
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(2022)7 y del diecinueve (19) de septiembre de ese mismo año8, con ponencia suya,
respecto del escrito que allegó el señor Montes Bravo y al que se le dio trámite de
recurso de súplica dentro del expediente de tutela mencionado.
Adicionalmente el Consejero Milton Chaves García expone que de la revisión de las
decisiones adoptadas dentro del proceso de tutela 11001031500020220294200,
asignado a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, no se advierte de manera
alguna, desconocimiento a los derechos fundamentales del accionante.
Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Arauca manifestó que frente a la
presente solicitud de amparo no se advertía la configuración de los requisitos
formales y materiales que la jurisprudencia de las Altas Cortes ha determinado para
predicar excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Además, el Tribunal recalcó que el accionante ha presentado varias
acciones de tutela por los mismos hechos y con pretensiones similares a las que
ventila en esta oportunidad, lo cual revela una clara intención del accionante de
convertir la acción de tutela en una tercera instancia de un debate jurídico ya
finalizado.
El Tribunal Administrativo de Arauca también anota en su contestación que el
proceso de reparación directa identificado con el radicado número
230013331004200601070101 se ciñó a lo previsto en el ordenamiento jurídico y de
manera particular, la sentencia de segunda instancia se dictó con el pleno apego a
la situación fáctica que obraba en el expediente, así como al análisis de la
normatividad aplicable, el material probatorio y la observancia de precedentes y
reglas jurisprudenciales que hacen que dicha decisión judicial, fuera respetuosa del
debido proceso, la doble instancia y los derechos fundamentales de los sujetos
procesales.
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En esta providencia el Consejero Milton Chaves García expone que el señor Nariño Montes Bravo
presentó dos escritos a la Corporación, uno del once (11) de julio de dos mil veintidós (2022) y otro
del dos (2) de agosto de ese mismo año. Frente a este último, señaló que se le dio alcance de recurso
de súplica en razón a que solo por medio de ese escrito, el accionante manifestó inconformidades
respecto del rechazo de la acción de tutela con radicado número 11001031500020220294200. Sin
embargo, dicho escrito fue radicado excediendo el plazo dispuesto en el artículo 331 del Código
General del Proceso y por ese motivo, se rechazó el recurso por extemporáneo.
8 En esta providencia el Consejero Milton Chaves García reiteró que la acción de tutela con radicado
número 11001031500020220294200 surtió el trámite correspondiente en el Consejo de Estado.
Además, indicó que dado que el escrito del señor Nariño Montes Bravo del 2 de agosto del 2022 -al
que se le dio alcance de recurso de súplica- se presentó de manera extemporánea y que por esa
razón fue rechazado mediante la providencia del 26 de agosto de 2022, lo procedente en ese
momento procesal era remitir el expediente a la Corte Constitucional.
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Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Arauca considera que no existe
amenaza ni conculcación alguna de los derechos fundamentales del actor, y que,
por el contrario, lo que se advierte es una inconformidad del señor Nariño Montes
Bravo frente a decisiones judiciales que le resultaron desfavorables a sus intereses.
Por último, el Tribunal Administrativo de Arauca indica que la acción de tutela se
promueve contra una sentencia proferida en agosto del año dos mil diecinueve
(2019), por lo que se supera con creces el requisito de inmediatez.
Por su parte, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería al contestar
la acción de tutela manifestó que el señor Nariño Montes Bravo ha sido reiterativo
con sus peticiones, las cuales se fundan en su desacuerdo frente a la valoración del
material probatorio, tanto en primera como en segunda instancia, del proceso de
reparación directa identificado con el radicado número
230013331004200601070100/01.
Asimismo, señala la anterior autoridad judicial que resulta evidente que el
accionante está actuando con temeridad, lo cual se refleja en una persecución
contra dicho Juzgado para satisfacer su inconformidad frente a lo resuelto en ambas
instancias de la jurisdicción contenciosa administrativa dentro del proceso de
reparación directa antes mencionado. Además, en razón a lo anterior, indica que el
accionante ha presentado diferentes acciones de tutela, así como una queja ante el
Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba y una denuncia contra la Juez del
Juzgado Cuarto Administrativo de Montería por el presunto delito de prevaricato por
acción.
En complementación, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería
expone que su sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa
230013331004200601070100 se profirió acorde con la normatividad legal y con la
debida valoración de cada una de las pruebas aportadas al expediente, resaltando
que dicha decisión fue confirmada posteriormente por el Tribunal Administrativo de
Arauca.
Finalmente, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería manifiesta
que el amparo solicitado por el señor Nariño Montes Bravo es improcedente, dado
que, reiteradamente se ha establecido en la jurisprudencia, la acción de tutela contra
providencias judiciales es concebida como un juicio de validez y no como un juicio
de corrección del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use indebidamente
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como una nueva instancia para la discusión de asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho.
Ahora bien, el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS- contestó la acción de tutela por
fuera del término de dos (2) días concedido por este Despacho en el Auto del trece
(13) de marzo de dos mil veintitrés (2023), notificado el diecisiete (17) de ese mismo
mes y año.
Sin perjuicio de lo anterior, se resalta que el INVIAS en su escrito expuso: (i) la
existencia de cosa juzgada constitucional en razón a las varias acciones de tutela
que ha interpuesto el accionante; (ii) que el señor Nariño Montes Bravo está
actuando con temeridad; y, (iii) que la acción de tutela que le ocupa a esta Sala de
Conjueces no cumple los requisitos generales y especiales para su procedencia
contra providencias judiciales.
Esta Sala resalta que no se recibió respuesta de la acción de tutela por parte del
Ministerio de Transporte, el Consejo de Estado, el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito de Barranquilla y la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Por último, debe mencionarse que dentro del término de traslado que se corrió en
el Auto del trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023) a los accionados y
vinculados, el accionante allegó un escrito alusivo a un alcance de la acción de
tutela presentada. En dicho documento, el señor Nariño Montes Bravo reitera lo
expuesto en su escrito primigenio de tutela, referente a que hubo demoras y errores
en el trámite de despachos comisorios dentro del proceso de reparación directa
230013331004200601070100, así como la omisión de ciertos documentos en el
expediente en comento.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Están dados los presupuestos procesales para proferir fallo de fondo, a saber: la
competencia de esta Sala de Conjueces, demanda en forma por cumplir con
requisitos de relación de los hechos, derechos que se consideran vulnerados e
identificación de las autoridades contra las cuales se impetra la tutela, y la capacidad
sustantiva y procesal de las partes.
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2.1. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala determinar por una parte, si lo resuelto dentro del proceso
de reparación directa identificado con el radicado número
23001333100420060107100/01 representa una vulneración de los derechos
fundamentales del accionante al debido proceso, acceso a la administración de
justicia, “Propiedad Privada con conexidad al Debido Proceso, el derecho a la
Colectividad étnica, Raizal, Negra, Palenquera, Afrodescendientes, e indígena, el
derecho a la Salud Mental y el derecho a la Igualdad ante la Ley”, y por lo tanto, si
el actuar del INVIAS en el mantenimiento de la carretera que conduce del municipio
de San Bernardo del Viento al municipio de Moñitos, en el Departamento de
Córdoba, ocasionó daños a la parte actora. Por otra parte, debe la Sala identificar
si dentro de lo desarrollado en los trámites de tutela 1001031500020220195000 y
11001031500020220294200, se observa un “error jurídico” como lo señala el
accionante.
Para tal fin, esta Sala de Conjueces deberá dilucidar primeramente si la acción de
tutela del señor Nariño Montes Bravo cumple a cabalidad con los requisitos
generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales9, y, posteriormente, si existe una vulneración a los derechos
fundamentales del actor que requieran ser amparados.
2.2. Caso concreto
El artículo 86 de la Constitución Política consagra que la acción de tutela es un
mecanismo del cual goza toda persona para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que resulten vulnerados
por la acción u omisión de cualquier autoridad.
A su vez, la jurisprudencia constitucional como la administrativa han expresado en
diferentes oportunidades la posibilidad que tiene la acción de tutela de proceder
contra providencias judiciales, siempre y cuando se acrediten los requisitos
generales y específicos que se han establecido.
9 El señor Nariño Montes expone en su tutela en dos capítulos (numerales 10 y 11), que, según su
apreciación, la acción de tutela cumple con los requisitos exigidos para que proceda contra las
providencias judiciales proferidas en los procesos que menciona en su escrito. El actor pretende que
se declare la nulidad de todo lo actuado desde la sentencia de primera instancia proferida dentro del
proceso de reparación directa número 23001333100420060107100, incluyendo “las Sentencias y/o
autos proferidos por el Consejo de Estado”.
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En sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), el Consejo de
Estado se refirió a tales requisitos de procedencia de la acción de tutela y destacó
que el primer requisito general a analizar por el Juez de conocimiento está
relacionado con que la cuestión sometida a estudio resulte de evidente relevancia
constitucional10.
Adicionalmente, como lo ha expuesto esta Corporación11, los requisitos generales
están relacionados con la procedibilidad de la acción constitucional, mientras que
10 Sentencia del 7 de diciembre de 2021 Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Radicado número 11001031500020210693600. Esta
Corporación se refirió a los requisitos generales y específicos para que proceda la acción de tutela
contra providencias judiciales, en los siguientes términos:
“Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos generales alusivos a
la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales que deben ser
cuidadosamente verificados son, los siguientes:
• Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia
constitucional.
• Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter
irremediable.
• Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez.
• Que, en caso de tratarse de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales.
• Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la
violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso
judicial, siempre que esto fuese posible; y,
• Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela.
[…]
A su turno, los requisitos específicos de procedibilidad que ha decantado la jurisprudencia
constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación,
hacen relación a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de
vulneración de derechos fundamentales: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico;
(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii)
violación directa de la Constitución.
En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia suponen pautas
metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una
acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen
en el propósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario
de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo
de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la interpretación
del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del caso o para imponer su
criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su
rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos
fundamentales en los trámites judiciales” (Se excluye numeración interna y citas, y se resalta por la
Sala).
11 Sentencia del 5 de agosto de 2014 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado No. 11001031500020120220101.
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los específicos, con la prosperidad de los presupuestos esbozados para conceder
el amparo solicitado. De ahí que la tarea del juez de tutela se concentre
primariamente en revisar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad, para que, en caso de evidenciar el incumplimiento de alguno, se
deba entonces rechazar o declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Descendiendo al caso concreto, esta Sala de Conjueces considera que la acción de
tutela interpuesta por el señor Nariño Montes Bravo es improcedente, por no haber
cumplido con el requisito de relevancia constitucional, como pasa a exponerse.
En primer lugar, cabe anotar que jurisprudencialmente se ha desarrollado el alcance
de este requisito general. Al respecto, esta Corporación ha manifestado:
“Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que
el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar
o declarar improcedente el amparo constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.”12 (Se excluyen citas internas y se resalta por la
Sala).
Por su parte, la Corte Constitucional ha expresado:
“En tales términos, la acreditación de esta exigencia [la relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar
12 Ibidem.
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razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un
derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel.”13
En otra oportunidad, la Corte Constitucional reiteró los tres criterios de análisis para
verificar si una acción de tutela tiene relevancia constitucional, sobre el particular,
señaló:
“Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas
relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está
prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente
legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones
correspondientes”. […]
Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La jurisprudencia
constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada”
e “indiscutible” relevancia constitucional. Dado que el único objeto de la acción
tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que
el asunto que origina la presentación de la acción contra una providencia judicial
tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución
Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho
fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección de
derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y
aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia
constitucional.
Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal […]”14 (Se excluye
numeración y citas internas y se resalta por la Sala).
En segundo lugar, el accionante de manera escueta intenta sin éxito hacer alusión
al requisito de relevancia constitucional exponiendo que “[l]os hechos en marcados
13 Sentencia SU-573 del 27 de noviembre de 2019 de la Corte Constitucional. M.P. Carlos Bernal
Pulido.
14 Sentencia SU-128 del 6 de mayo de 2021 de la Corte Constitucional. M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
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(sic) en documentos probatorios tienen una clara y marcada importancia constitucional, así
se evidencian en el expediente Administrativo Radicado No.2006.01071.”
Con base en lo expuesto, y descendiendo al caso concreto, para la Sala es evidente
que el accionante no satisfizo el requisito general de relevancia constitucional. Por
una parte, su argumentación carece de motivos suficientes de índole constitucional
para revelar la afectación de sus derechos. Además, en el escrito de tutela el
accionante se limitó a indicar que el cumplimiento de dicho requisito se observaba
por la “clara y marcada importancia constitucional” que contienen los elementos
probatorios del expediente de reparación directa 230013331004200601070100, sin
señalar, aunque sea superficialmente, el porqué de esa manifestación.
Por otra parte, del escrito de tutela se puede advertir que la principal reclamación
del señor Montes Bravo está relacionada con su inconformidad respecto de la
manera en que fue resuelto el proceso de reparación directa antes mencionado,
concretamente frente a la forma en que se valoró el acervo probatorio del
expediente. Esto, denota una clara intención del actor de reabrir el debate del
proceso ya concluido, con miras a que se vuelva a analizar la presunta
responsabilidad del INVIAS en el mantenimiento de la carretera que va del municipio
de San Bernardo del Viento al municipio de Moñitos, lo cual, en instancia de tutela,
no puede permitirse por tener el juez a su cargo de manera exclusiva, la protección
de derechos fundamentales.
Sin perjuicio de lo expuesto, esta Sala procede a continuación a señalar razones
adicionales por las cuales el accionante no cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, respecto de los derechos fundamentales que señala le fueron
vulnerados:
• Frente a la alegada vulneración del debido proceso, el señor Montes Bravo
manifiesta que la Juez Cuarta Administrativa del Circuito de Montería15, al
interpretar de manera “ERRONEA EL ACERVO PROBATORIO”, incurrió en
una “VÍA DE HECHO POR DEFECTO FÁCTICO”, no obstante, el actor también
reconoce que la Juez valoró diferentes pruebas16, sin indicar los
15 Juez que falló en primera instancia el proceso de reparación directa 230013331004200601070100.
16 El señor Nariño Montes Bravo indicó lo siguiente: “i). En el literal D. 5 del Acervo probatorio, tubo
(sic) en cuenta el Acta de recibo de Obras del contrato Principal No.579 de 2003 y el contrato
adicional No.579.01.03 de 2004, a sabiendas que no se le avía (sic) Dado (sic) cumplimiento al
Decreto 2770 de 23 de Octubre de 1953, de igual forma a la Ley 105 de 1993. ii) Tuvo en cuenta el
Peritazgo (sic) del 19 de mayo de 20015 (sic), en el cual se aumentaron los metros de tierra de los
colindantes de la finca el Marañón, esto confrontando los plano (sic) Oficial de la finca y el plano del
peritaje….. Peritazgo (sic) señalado en el Literal D.11 del Acerbo (sic) probatorio, iii) En el Literal
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SECCIÓN TERCERA – SALA DE CONJUECES
argumentos claros de su reclamo. Por esto, resulta evidente que su reparo
está relacionado exclusivamente con su desacuerdo frente a la decisión
adoptada, y por ello, pretende vía tutela reabrir el análisis ya concluido en
el trámite contencioso administrativo.
En este punto es pertinente señalar las conclusiones a las cuales llegó el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería en la sentencia de
primera instancia del proceso 230013331004200601070100, mismas que
fueron confirmadas por el Tribunal Administrativo de Arauca al fallar en
segunda instancia. Lo anterior, con el objetivo de exponer la tarea
interpretativa que realizaron los jueces de conocimiento para llegar a sus
respectivas decisiones, las cuales, por más que el señor Montes Bravo no
comparta, fueron fundamentadas en diferentes elementos probatorios que
no pueden ser ahora objeto de discusión en sede de tutela.
El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Montería, en la sentencia
del ocho (8) de abril de dos mil dieciséis (2016), manifestó:
“No obstante, al analizar dicho documento público [Escritura Pública No. 742 de
la Notaría Única del Circuito de Lorica], se evidencia que en él sólo figura como
propietario del bien denominado "El Marañón" el señor Nariño Montes Bravo, lo
cual permite concluir que los señores Jesús Nariño Montes Burgos, Yeison Daniel
Montes Burgos, Ober Bernardo Montes Ortega, Samir Enrique Montes Díaz,
Arnold Montes Burgos, Alexander Montes Burgos, Susana Irina Montes Burgos,
Edward Montes Pacheco, Yelena Paola Montes Burgos y María Irene Burgos
Medina carecen de legitimación en la causa por activa para incoar la demanda.
[…]
Pues bien, al analizar el plenario aportado al expediente, el Despacho concluye
que no le asiste razón al actor cuando señala haber sido despojado de una franja
de tierra considerable, toda vez que al observar y comparar las áreas del inmueble
se obtuvo que en la Escritura Pública Nº 742 se indica que este consta" ... de una
capacidad superficiaria total de ocho (8) hectómetros cuadrados con cinco
mil quinientos (5.500) metros cuadrados; se pudo verificar así mismo con el
D.12 del Acervo (sic) probatorio, tuvo en cuenta declaraciones falsas que solo existen en su mente
[…]”.
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Dictamen Pericial que "El (sic) lote de terreno tiene un área 8 hectáreas con
5.528 m2", quedando una diferencia a favor del accionante de 28 m2.
Así mismo, al confrontar los planos anexados y comprobar con la Inspección
Judicial el cumplimiento a las normas relativas a la anchura de las carreteras,
no hay evidenciadas situaciones que permitan inferir que la entidad
demandada - Invías, haya ocupado de forma parcial o permanente el bien
inmueble de propiedad del señor Nariño Montes Bravo con ocasión de los
trabajos realizados por causa de la construcción de la Carretera San Bernardo del
Viento - Monitos Ruta 90 Tramo 9003.” (Se resalta por la Sala).
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Arauca en sentencia del treinta
(30) de agosto de dos mil diecinueve (2019), al resolver el recurso de
apelación presentado por el señor Nariño Montes Bravo, expuso lo
siguiente:
“En efecto, para la Sala es claro que debía respetarse la anchura mínima de zona
utilizable fijada por el Decreto 2770 de 1953, pues independientemente de la
categoría que tenga la vía que conduce entre los municipios de San Bernardo del
Viento a Moñitos, ambos pertenecientes al Departamento de Córdoba, se
desconoció por el demandante las medidas mínimas a las que deben
someterse los predios colindantes con las carreteras que se encuentran a
cargo del Estado. […]
En este sentido, conforme al precepto normativo mencionado [artículo 1 del
Decreto 2770 de 195317] y el material probatorio obrante en el expediente,
observa la Sala que se pudo establecer en la diligencia de la inspección
judicial surtida el día 30 de abril de 2015 por el Juez de primer grado (fls. 314-
315), que la vía intervenida por INVIAS a través del contrato N.º 579 del 29 de
diciembre de 2003, no afectó el derecho del demandante, puesto que
17 El artículo 1 del Decreto 2770 de 1953 dispone:
“Articulo 1. La anchura mínima de la zona utilizable para las carreteras nacionales de primera
categoría, será de treinta (30) metros.
Para las carreteras nacionales de segunda categoría la anchura mínima de la zona utilizable será de
veinticuatro (24) metros.
Para las carreteras nacionales de tercera categoría, la anchura mínima de la zona utilizable será de
veinte (20) metros.
Estas medidas se tomarán la mitad a cada lado del eje de la vía. […]”.
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verificadas las medidas desde el centro del eje de la vía, se concluyó que no
acataba las distancias mínimas definidas como zona utilizable […]
Así entonces, no hay lugar a dudas para la Sala que el demandante no ostenta
ningún derecho de propiedad sobre la franja de terreno en la que aduce fue
apropiada de forma indebida con las obras civiles acometidas por el INVIAS,
en las inmediaciones de su predio, toda vez que las actividades desarrolladas
por el Ente demandado por intermedio de la Unión Temporal Vías de Colombia
2003 se ajustaron a la normatividad vigente para para la época de los hechos,
que permitían la intervención de las obras viales, en el caso particular para el
mejoramiento y mantenimiento de la carretera Turbo - Cartagena, sector San
Bernardo del Viento - Moñitos Ruta 90 Tramo 9003, motivo por el cual no era
necesario obtener de modo previo su autorización o permiso, ni tampoco
debía efectuársele indemnización, compensación o reconocimiento alguno,
pues se trataba de obras públicas ejecutas en terrenos cuya titularidad
reposan en el Estado de acuerdo con la norma expuesta. […]
La anterior conclusión se encuentra igualmente fundamentada para la Sala con
otros medios de prueba que obran en el plenario, habida cuenta que con la
escritura pública N.º 742 del 28 de octubre de 1985 (fls. 30-31) y el dictamen
pericial del 19 de mayo de 2015 (fls. 360 a 362), se logra comprobar que el área
total de extensión del inmueble en el que aparece inscrito el demandante no sufrió
menoscabo por parte de las actividades de obras emprendidas por el INVIAS. […]
Por lo anteriormente expuesto, evidenciado que el a quo valoró el conjunto de las
pruebas bajo las reglas de la sana crítica y la apreciación racional, y que en ese
estudio no se logró demostrar la ocurrencia de la causa petendi (daño antijurídico)
del demandante, coincide la Sala con el Juez de primera instancia, en el sentido
que la controversia debía ser resuelta de manera desfavorable y por lo tanto negar
las pretensiones de la demanda, habida cuenta que el acervo probatorio no tuvo
la eficacia para demostrar los supuestos fácticos que se ventilaron en el debate
judicial en sede contenciosa administrativa.” (Se resalta por la Sala).
De conformidad con lo anterior, es claro para la Sala que los jueces de
conocimiento del proceso 230013331004200601070100/01,
fundamentaron su decisión en diferentes medios probatorios y en el análisis
de las normas acusadas como incumplidas, por lo tanto, al no evidenciarse
una afectación, menos aún clara, a los derechos fundamentales del
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accionante con estas decisiones, sino por el contrario, una intención de
reabrir el debate jurídico al no estar de acuerdo con lo resuelto, no se
identifica relevancia constitucional.
• Respecto de la manifestación de vulneración al derecho de acceso a la
administración de justicia, el accionante alega una presunta demora en el
trámite de varios despachos comisorios por parte del Juzgado Doce
Administrativo de Barranquilla, ordenados por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Montería, con el objetivo de notificar un llamamiento en
garantía. Además, reclama la “falta de compromiso” de esta última
autoridad, en relación con el impulso de dicha diligencia. No obstante, de
acuerdo con lo manifestado por el propio accionante, el Juzgado de
conocimiento ordenó mediante proveído del tres (3) de mayo de dos mil
trece (2013), realizar dicha notificación de conformidad con las reglas del
artículo 315 del antiguo Código de Procedimiento Civil, lo cual,
efectivamente sucedió, dada la intervención del llamado en garantía en las
dos instancias del proceso de reparación directa
230013331004200601070100/01.
Así las cosas, aunque el accionante considere como reprochable la
presunta demora del Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla en el
trámite de los despachos comisorios, o la supuesta falta de diligencia del
Juzgado Cuarto Administrativo de Montería frente al impulso de la diligencia
de notificación del llamamiento en garantía, lo cierto es que el proceso de
reparación directa continuó su curso, tanto que dentro del mismo se profirió
sentencia de segunda instancia. Por lo tanto, en este momento no se
encuentra afectado el derecho fundamental que la parte actora señala y de
haber sucedido, sería un hecho superado.
• Frente al derecho de igualdad, la Sala no encuentra argumentación válida
que exponga una posible afectación debido a que el actor llanamente
expresó que “las evidencias demuestran que se me dio un trato diferente
ante la Ley”, sin indicar a que evidencias hace referencia o cual fue el
presunto trato diferente que recibió. Es entonces poco lo que puede decirse
frente a una ausencia de exposición del motivo de reproche.
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SECCIÓN TERCERA – SALA DE CONJUECES
• En relación con el “derecho a la Colectividad étnica, Raizal, Negra,
Palenquera, Afrodescendientes, e indígena”, la Sala tampoco encuentra la
descripción, menos aún clara, en la que presuntamente se le vulneró dicho
derecho al actor. Esto, en razón a que el señor Nariño Montes Bravo
fundamenta tal reclamo, en el presunto incumplimiento del INVIAS al
Decreto 2770 de 1953 y la Ley 105 de 1993, en el mantenimiento de la
carretera que conduce del municipio de San Bernardo del Viento al
municipio de Moñitos, en el Departamento de Córdoba, sin embargo, no
señala cómo tal situación afectó dichos derechos como parte de la
Colectividad étnica, Raizal, Negra, Palenquera, afrodescendiente e
indígena.
Por último, frente al “error jurídico” que el accionante expone en relación con las
acciones de tutela identificadas con los radicados 11001031500020220195000 y
11001031500020220294200, este se debe, según el señor Nariño Montes Bravo, a
un presunto error por parte del Consejo de Estado en el trámite de un memorial que
envió a la Corporación el dos (2) de agosto de dos mil veintidós (2022), y al cual se
le dio la connotación de recurso de súplica dentro del proceso
11001031500020220294200, cuando, en el entendimiento del actor, no
correspondía a ese radicado sino al 11001031500020220195000.
Respecto de esta cuestión, la Sala no profundizará debido a que, por una parte, el
actor no menciona los motivos por los cuales esta situación “indiscutiblemente
vulnera derechos fundamentales derecho (sic) al Debido Proceso, derecho al
Acceso a la Administración de justicia, derecho a la Igualdad ante la Ley”, y por otra,
porque dicha reclamación ya había sido presentada por el actor a la Corporación, y
fue contestada y explicada mediante auto del tres (3) de agosto de dos mil veintidós
(2022), proferido por la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto18 y también en el
auto del veintiséis (26) de agosto de ese mismo año, dictado por el doctor Milton
Chávez García19, dentro del expediente número 11001031500020220294200.
No obstante lo anterior, se resalta lo siguiente:
18 Por el cual se ordenó tramitar como recurso de súplica los escritos allegados por el actor el 11 de
julio y 2 de agosto de 2022, en relación con el auto del 24 de junio de 2022, que rechazó la acción
de tutela identificada con el radicado número 11001031500020220294200.
19 Por el cual se rechaza el escrito del 2 de agosto de 2022, tramitado como súplica, por
extemporáneo, dentro de la acción de tutela identificada con el radicado número
11001031500020220294200.
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• El Consejo de Estado tramitó la acción de tutela con radicado número
11001031500020220294200 en atención a la remisión de la Corte
Constitucional del veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós 2022.
• El referido expediente fue conocido por la doctora Stella Jeannette Carvajal
Basto, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, quien, con Auto del seis
(6) de junio de dos mil veintidós (2022), requirió al accionante para que
aclarara su escrito de tutela. En razón a que el actor no subsanó en debida
forma su escrito, la Consejera de Estado resolvió rechazar la acción de tutela
mediante auto del veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022).
Posteriormente la tutela fue conocida por el doctor Milton Chaves García en
virtud de recurso de súplica.
• El señor Nariño Montes Bravo presentó dos escritos a la Corporación, uno
del once (11) de julio de dos mil veintidós (2022), y otro del dos (2) de agosto
de ese mismo año. En el último, solicitó que se derogara el auto que rechazó
la acción de tutela con radicado número 11001031500020220294200. Por
esto, al encontrarse que solo por medio de este escrito se manifestaron
inconformidades frente al rechazo de la acción de tutela, el mismo se tramitó
como recurso de súplica, sin embargo, posteriormente fue rechazado por
parte del Consejero Milton Chaves García por extemporáneo.
• Ahora bien, la acción de tutela con radicado número
11001031500020220195000 fue presentada también por el señor Nariño
Montes Bravo por hechos y contra autoridades similares y fue decidida por
las consejeras María Adriana Marín20, Marta Nubia Velásquez Rico y el
consejero José Roberto Sáchica Méndez de la Subsección A, de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Así, tal reclamo se debe a una confusión propia del accionante, en razón de las
diferentes acciones de tutela que ha interpuesto, y lo cual, no es objeto de análisis
para esta Sala al no observarse de manera clara una vulneración a sus derechos
constitucionales o un “error jurídico”, como lo manifiesta el señor Montes Bravo.
20 Consejera Ponente.
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De conformidad con lo expuesto, la Sala no encuentra cumplido el requisito general
de relevancia constitucional, por lo tanto, se declarará la improcedencia de la acción
de tutela.
En mérito de lo señalado, esta Sala de Conjueces de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley:
RESUELVE
PRIMERO. Negar por improcedente la tutela formulada por el señor Nariño Montes
Bravo.
SEGUNDO. Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo prevé el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada, envíese al día siguiente el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
DANIEL POSSE VELÁSQUEZ
Conjuez Ponente
JULIO A. ROBERTO NIETO
Conjuez
RUTH STELLA CORREA PALACIO
Conjuez
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