Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06363-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-06363-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06363-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06363-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
6 de julio de 2023
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado 11001-03-15-000-2022-06363-01
Demandante: NARIÑO MONTES BRAVO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO Y OTROS
TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Temeridad y falta de agotamiento
de todos los medios de defensa judicial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Resuelve la Sala la impugnación presentada por el señor Nariño Montes Bravo contra
el fallo de 10 de abril de 2023, por medio del cual la Sala de conjueces de la Sección
Tercera del Consejo de Estado declaró la improcedencia de la tutela por no superar el
requisito de la relevancia constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
El señor Nariño Montes Bravo radicó, el 29 de noviembre de 20221, la presente acción
de tutela en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad, a la propiedad privada, a
la salud y a los derechos colectivos de las comunidades «raizales, indígenas, negros,
afrodescendientes y palenqueros»2
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con lo
resuelto en la sentencia de 30 de agosto de 2019, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Arauca confirmó el fallo de 8 de abril de 2016 en la que el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería negó las pretensiones dentro
del proceso de reparación directa con radicado 23001-33-31-004-2006-01071-00/01.
Adicionalmente, manifestó su desacuerdo con las manifestaciones realizadas por el
Instituto Nacional de Vías (Invías) en el oficio de 11 de febrero de 2022, en relación
con la carretera que conduce del municipio de San Bernardo del Viento al municipio
de Moñitos (Córdoba).
Finalmente, consideró que el Consejo de Estado conculcó sus derechos
fundamentales, en virtud de las decisiones adoptadas en las acciones de tutela
identificadas con los radicados 11001-03-15-000-2022-01950-00 y 11001-03-15-000-
1 Según consta en el registro de Samai.
2 El actor no ahondó en explicaciones sobre cuáles son los derechos colectivos vulnerados, o a cuál
de estas comunidades pertenece.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
2022-02942-00, tramitadas por la Subsección A de la Sección Tercera y la Sección
Cuarta, respectivamente.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
1. Solicito respetuosamente se me protejan los derechos fundamentales al Debido
Proceso, al Acceso a la Administración de Justicia, el derecho a la Propiedad
Privada con conexidad al Debido Proceso, el derecho a la Colectividad étnica,
Raizal, Negra, Palenquera, Afrodescendientes, e indígena, el derecho a la Salud
Mental, y el derecho a la Igualdad ante la Ley.
2. Solicito se le dé fiel cumplimiento a lo establecido en el Decreto Noi.2770 de 23
de Octubre de 1953, con fundamento a lo afirmado por el INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS INVIAS, en el Oficio de 11 de Febrero de 2022, en el cual se establece
que la Carretera es de SEGUNDO ORDEN, al igual a la afirmación de la capa de
rodadura es de 5c y no los tiene.
3. solicito se le dé cumplimiento a lo normado en la Ley 105 de 1993, referente al
CARRIL el cual será de 3.65m y la BERMA será de 1.80m, esto por ser una
carretera de SEGUNDO ORDEN DE CARÁCTER NACIONAL.
[…]
6. Como consecuencia de lo anterior se decrete la nulidad de lo actuado en el
Proceso de la referencia, a partir de la Sentencia
No.23.001.33.31.004.2006.01071.00, Proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, por no ajustarse a las
prescripciones integrales del artículo 29 de la Constitución Política. De igual forma
la Sentencia del Tribunal Administrativo de Arauca y las Sentencias y/o autos
proferidos por el Consejo de Estado. 7. Solicito respetuosamente se pida el
expediente Administrativo No.23.001.33.31.004. 2006.01071.00 al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, y se verifiquen las pruebas
allí adjuntadas relacionadas en la presente Acción de Tutela.
[…]3
1.3. Hechos
De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:
• Relativo al proceso de reparación directa 2006-01071.
Entre el 2004 y el 2005, el Invías realizó un mantenimiento y mejoramiento a la
carretera que comunica los municipios de San Bernardo del Viento y Moñitos en el
departamento de Córdoba.
Para el efecto, presuntamente usó parte del terreno de la finca El Marañón lo cual,
según el actor, le generó «daños materiales, derrumbe de árboles frutales y
maderables entre otros […]»
3 Texto transcrito del original con posibles errores. Por otra parte, en el escrito inicial se incluyó en el
acápite de pretensiones 10 numerales; no obstante, se suprime de esta cita aquellos que corresponden
a enunciaciones probatorias.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
Por lo anterior, acudió a través del medio de control de reparación directa, con el fin
de que fuera indemnizado por los perjuicios, el proceso fue asignado al Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería.
A través de la sentencia de 8 de abril de 2016, la mencionada autoridad, negó las
pretensiones por cuanto evidenció, a través de un peritaje, que la propiedad del
accionante, luego de las obras realizadas en la carretera, no era menor que lo
estipulado en la respectiva escritura pública4, en ese sentido, concluyó que no se
causó el perjuicio cuya indemnización se pretendía5.
Inconforme, el demandante interpuso recurso de apelación que correspondió resolver
al Tribunal Administrativo de Arauca6, corporación que confirmó el fallo en providencia
de 30 de agosto de 2019. Aunado a lo expuesto por su a quo, señaló que, en todo
caso, el espacio donde se construyó la carretera correspondía a un bien de la Nación
y, por lo tanto, el señor Montes Bravo debía soportar los supuestos perjuicios sufridos
en virtud del derrumbe de los árboles que plantó en esa área, teniendo en cuenta que
se encontraban en un lugar que desbordaba su propiedad.
• Relativo al oficio de 11 de febrero de 2022.
Sobre este documento, la exposición de los hechos no es prolija en tanto que es
mencionado de forma descontextualizada en distintos apartes del escrito inicial; no
obstante, con los anexos allegados al proceso, se puede resaltar lo siguiente:
El 17 de diciembre de 2021, el actor solicitó al Invías que certificara: (i) a qué categoría
pertenece la carretera que conduce del municipio de San Bernardo del Viento al
municipio de Moñitos; (ii) si aquella es concordante con las especificaciones de la Ley
105 de 1993, y (iii) cual es el grosor de la pavimentación de aquella obra.
A través del documento fechado el 11 de febrero de 2022, la entidad manifestó: (i) que
la carretera en cuestión es de segundo orden7; (ii) que la vía se construyó con
anterioridad a la Ley 105 de 1993, y (iii) que se utilizó un diseño con «5 cm de capa de
rodadura en mezcla MCD-2.».
• Relativo a las decisiones del Consejo de Estado.
El 30 de marzo de 2022, el señor Montes Bravo interpuso acción de tutela en la que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería y el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla 8 por el actuar de estas autoridades
en el medio de control de reparación directa. Adicionalmente, atacó lo resuelto por la
Subsección C de la Sección Tercera y la Subsección A, Sección Segunda de esta
4 Individualizada en la sentencia como «Escritura Pública N* 742 protocolizada en la Notaría Única de
Lorica el 28 de octubre de 1985».
5 Explicó que en la referida escritura se estipuló que la finca El Marañón debía tener 8 hectáreas y 5 500
m2 y, según el peritaje, contaba con 8 hectáreas y 5 528 m2.
6 En virtud de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA18-11134 de 31 de octubre de 2018, en el cual se
tomaron medidas de descongestión.
7 De acuerdo con la clasificación contenida en la Resolución 5133 de 2016 del Ministerio de Transporte.
8 Esta autoridad atendió un despacho comisorio del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Montería dentro del proceso de reparación directa.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
corporación dentro del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-01050-
009.
El proceso se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2022-01950-00 y fue
conocido por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sala que
resolvió la controversia en fallo de 3 de junio de 2022 en la que declaró improcedente
la solicitud de amparo.
En la parte considerativa, aquella se resaltó que los argumentos contra las sentencias
proferidas en la reparación directa consistían en:
[…] no valorar en su integridad las pruebas aportadas al expediente, estas son, las
fotografías anexadas con la demanda, el oficio de 20 de julio de 2017 a través del
cual el INVÍAS señaló que no existían planos, diseños y levantamientos topográfico,
y la inspección judicial; Asimismo incurrieron en un defecto fáctico por no excluir el
dictamen practicado de manera ilícita.
A su vez, la parte actora afirmó que el Juzgado Cuarto de Montería profirió sentencia
con defectos procedimentales, fraude procesal y dilató el proceso de manera
injustificada. Adicionalmente, hizo incurrir en error al Tribunal Administrativo de
Arauca, por lo que se configuró una cosa juzgada fraudulenta.10
Estas acusaciones, a juicio de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, ya habían sido objeto de estudio en otros procesos de tutela, puntualmente,
se refirió a los radicados 1001-03-15-000-2019-05143-00/0111 y 11001-03-15-000-
2021-01050-00/01. En ese sentido, concluyó que había operado el fenómeno de la
cosa juzgada y, por lo tanto, declaró la improcedencia del medio constitucional12.
Adicionalmente, respecto del oficio de 11 de febrero de 2022, expuso que se trató de
la respuesta de una petición de información del actor, sin que con ello se pudiera alegar
un hecho nuevo que habilitara que se volviera a estudiar lo acaecido en el proceso
ordinario a través de la acción de tutela.
Finalmente, sobre las censuras propuestas en cuanto a lo resuelto en la acción de
tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-01050-00, manifestó que no se cumplió
con el requisito de acreditar que lo resuelto fue fruto de un actuar fraudulento, por lo
que la vía de amparo tampoco era procedente.
El 31 de mayo de 2022, el accionante interpuso acción de tutela con el radicado 11001-
03-15-000-2022-02942-00 que correspondió a la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, autoridad que consideró confusas las manifestaciones del escrito inicial y, en
consecuencia, en auto de 6 de junio de 2022, inadmitió la demanda para que indicara
9 En esta tutela el accionante atacó las sentencias proferidas en el proceso de reparación directa 2006-
01071 y la presunta ocupación de sus tierras por parte del Invias. A su vez, pretendía que se dejara sin
efecto la decisión proferida en la acción de tutela con radicado 23001-23-33-004-2016-00274-00/01, en
la que también alegaba la afectación de sus garantías constitucionales por lo resuelto en el proceso
ordinario.
10 Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
11 Conocido por la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Primera del Consejo de Estado,
en primera y segunda instancia, respectivamente.
12 Esto teniendo en cuenta que existía identidad de partes, causa y objeto, y la exclusión de revisión por
parte de la Corte Constitucional.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
«con la mayor claridad posible y de manera precisa i) las autoridades contra las cuales
dirige la presente acción, ii) los hechos, iii) las pretensiones objeto de tutela y, iv) las
razones en las que se sustenta la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
invocados […]».
Por auto de 24 de junio de 2022, la Sección Cuarta tuvo por no subsanada la solicitud
de tutela, al evidenciar que no se recibió manifestación alguna por parte del accionante
y, en consecuencia, rechazó el mecanismo constitucional.
A través de un memorial radicado el 2 de agosto de 2022, el actor aseguró que el
documento que presentó ante la corporación y al cual se le dio el radicado 11001-03-
15-000-2022-02942-00 no era una tutela nueva, sino un escrito dirigido al proceso
11001-03-15-000-2021-01050-00, por lo que aseguró que su trámite fue inadecuado y
que se trató de una falencia que no le era imputable.
En providencia de 3 de agosto de 2022, la magistrada sustanciadora adecuó los
argumentos a un recurso de súplica y, por lo tanto, remitió el proceso al despacho del
magistrado Milton Chaves García quien, con decisión de 26 de agosto de 2022, lo
rechazó por extemporáneo.
El 7 de septiembre de 2022, el accionante radicó un escrito que denominó
«ACLARACION, ACCION DE TUTELA, RADICADO No.11001. 03.15.000.
2022.02942.00.», en donde afirmó que nunca inició la acción de tutela con radicado
2022-02942 y que tampoco era su intención interponer un recurso de súplica, por lo
que calificó como grave el trámite impartido a los documentos presentados.
Frente a lo expuesto, el despacho del magistrado Milton Chaves García resolvió
rechazar por extemporánea la súplica, teniendo en cuenta que el auto que rechazó el
mecanismo de amparo fue notificado el 6 de julio de 2022, mientras que el actor radicó
su escrito hasta el 2 de agosto de 2022.
Aseguró que, contrario a lo afirmado en el oficio de 11 de febrero de 2022, no es cierto
que la carretera se haya construido antes de la Ley 105 de 1993, por cuanto aquella
se realizó de acuerdo con el contrato 579 de 2003.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Para el señor Montes Bravo, en los fallos proferidos en el proceso de reparación directa
se incurrió en una indebida valoración probatoria, esto por cuanto:
i). En el literal D. 5 del Acervo probatorio, tuvo en cuenta el Acta de recibo de Obras
del contrato Principal No. 579 de 2003 y el contrato adicional No. 579.01.03 de 2004,
a sabiendas que no se le avía dado cumplimiento al Decreto 2770 de 23 de octubre
de 1953, de igual forma a la Ley 105 de 1993. ii) Tuvo en cuenta el Peritazgo del 19
de mayo de 2015, en el cual se aumentaron los metros de tierra de los colindantes
de la finca el Marañón, esto confrontando los plano Oficial de la finca y el plano del
peritaje….. Peritazgo señalado en el Literal D.11 del Acerbo probatorio, iii) En el
Literal D.12 del Acervo probatorio, tuvo en cuenta declaraciones falsas que solo
existen en su mente, declaración de ANGEL TOVIA RACINI GALVAN, SERGIO
ARTURO BANDA MIRANDA, WILFRIDO ANTONIO CANCHILA AVILA, OCTAVIO
MANUEL CARRASCAL CARDENAS, OSWALDO RAFAEL ITURRIAGO YEIEZ,
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
LINEY CECILIA TORDECILLA DIAZ, Y GUILLERMO ANTONIO BURGIOS REYES.
Considero que el Juzgado en cargado del Proceso administrativo
No.23.001.33.31.004.2006.01071.00, interpreto de manera ERRONEA EL ACERVO
PROBATORIO y al hacerlo incurrió en VIA DE HECHO POR DEFECTO FACTICO13.
Aseguró que el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial Barranquilla atendió
el despacho comisorio librado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito
Judicial de Montería con la finalidad de que se notificara a la Unión Temporal Vías de
Colombia y demoró el trámite durante 6 años, lo cual consideró que afectaba sus
derechos fundamentales por la falta de impulso en el proceso judicial.
Igualmente, expresó que se siente obligado a actuar como miembro de la «etnia,
Raizal, Negra, Afrodescendiente, Palenquera e Indígena», por ser perteneciente a
ella14 y, en consecuencia, solicitó la protección del derecho colectivo al «patrimonio
público», en conexidad a sus derechos fundamentales subjetivos, por cuanto la
carretera en cuestión no cumple con las especificaciones del Decreto 2770 de 23 de
octubre de 1953 y la Ley 105 de 1993 «Esto al realizar el Contrato No.579 de 2003 y
el Contrato Adicional No.579.01.03 de 2004, sobre la carretera Nacional de Segundo
ORDEN, que conduce de San Bernardo del Viento, al Municipio de Moñitos, Córdoba.
Los cuales fueron aportados al Proceso, visibles en el Acervo Probatorio Literal D.3 y
en el Literal D. 5».
Aseguró que el Invías desatendió las normas aludidas al realizar el proyecto de
mantenimiento de la vía en cuestión, lo que ha causado la muerte constante de
miembros de la comunidad y que, en ese sentido, hizo que las sentencias del proceso
de reparación directa y las acciones de tutela estuvieran incursas en una cosa juzgada
fraudulenta. Insistió en que, según las referidas normas, la vía debía tener «una
anchura mínima […]de 24m» con carriles de «3.65 metros de ancho y la Berma de
1.80 metros».
Finalmente, referente a las actuaciones del Consejo de Estado, afirmó que la tutela
que interpuso fue aquella identificada con el radicado 11001-03-15-000-2022-01950-
00 y que, por error de esta corporación, un memorial dirigido a ese proceso fue tomado
como una tutela nueva, asignándole el número 11001-03-15-000-2022-02942-00.
Afirmó que dicha irregularidad vulneró sus derechos fundamentales, toda vez que la
Sección Cuarta resolvió rechazar el mecanismo constitucional (hace referencia a lo
actuado en el expediente 2022-02942) antes de que se resuelva la segunda instancia
(con respecto al trámite de impugnación en el expediente 2022-01950). Lo que
consideró un actuar prejuicioso.
1.5. Trámite de la acción
Mediante proveído de 13 de marzo de 2023, el ponente de la decisión de la Sala de
conjueces de la Sección Tercera de esta corporación admitió la acción de tutela y
ordenó notificar a la Nación - Ministerios de Transporte y de Justicia y del Derecho, al
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, al Juzgado Doce
13 Transcripción literal incluyendo posibles errores.
14 Aquí el actor no especificó a cuál de todas las comunidades mencionadas pertenece.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, al Tribunal Administrativo de
Arauca y al Invías.
Adicionalmente, vinculó como terceros con interés directo a las Secciones Tercera y
Cuarta del Consejo de Estado15.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:
1.6.1. Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho
Para esta entidad, su intervención en el proceso no se encuentra justificada por cuanto
no hizo parte de las autoridades a quienes se les endilga la vulneración de derechos
fundamentales, por lo que solicitó ser desvinculada.
1.6.2. Sección Cuarta del Consejo de Estado
El magistrado ponente de la decisión que rechazó por extemporáneo el recurso de
súplica en el proceso de tutela con radicado 2022-02942, manifestó que en la
providencia respectiva se encuentran los motivos de derecho que justificaron lo
resuelto.
1.6.3. Tribunal Administrativo de Arauca
La corporación resaltó que es la tercera acción de tutela promovida por el actor con la
intención de revivir el debate sostenido en el proceso de reparación directa donde se
desestimaron sus pretensiones.
Señaló que la providencia con la que se resolvió el proceso ordinario se profirió de
conformidad con las normas y los antecedentes vigentes en la que se estudiaron las
pruebas aportadas, con lo que cual se llegó a una conclusión que, no por el hecho de
ser contraria a los intereses del demandante, pueda calificarse como vulneradora de
los derechos fundamentales del actor.
Con todo, resaltó que la decisión data del 2019, por lo que se supera con creces el
término para entender cumplido el requisito de la inmediatez.
1.6.4. Invías
La entidad realizó una exposición de las pretensiones, los hechos y los argumentos
presentados por el actor en acciones de tutela pasadas donde también atacaba las
decisiones adoptadas en el medio de control de reparación directa. Concluyó al
respecto, que se configuraba un actuar temerario del accionante.
15 Por ser las autoridades que conocieron los procesos 2022-01950 y 2022-02942, respectivamente.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
Señaló que su inconformidad con lo resuelto en los anteriores procesos de amparo no
acreditaba un actuar fraudulento de las autoridades que lo resolvieron y, en
consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones.
1.6.5. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Montería remitió el
acceso al expediente digital del proceso ordinario.
1.6.6. Por su parte, la Sección Tercera del Consejo de Estado, pese a ser notificada
de la actuación, guardó silencio.
1.7. Fallo impugnado
Mediante sentencia de 10 de abril de 2023, la Sala de conjueces de la Sección Tercera
del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo, con base en las siguientes
consideraciones:
Resaltó que no se cumplió con el requisito de la relevancia constitucional, por cuanto
lo pretendido era reabrir el debate jurídico que se surtió en el proceso de reparación
directa, para el efecto, citó las consideraciones del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Montería y el Tribunal Administrativo de Arauca, resaltando que se
fundaron en las pruebas allegadas, por lo que no evidenció como podía generarse la
vulneración a los derechos fundamentales.
En cuanto a la presunta mora en la que incurrió el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla en el trámite de un despacho comisorio dentro del
proceso ordinario, manifestó que, en todo caso, la notificación sí se surtió y el medio
de control siguió su curso.
Sobre la afectación a las comunidades enlistadas por el actor (negra, palenquera,
raizal, afrodescendiente o indígena), concluyó que no se explicaba con claridad en qué
consistía la presunta afectación a derechos fundamentales.
Finalmente, sobre la presunta irregularidad en el trámite del memorial presentado por
el actor y que fue radicado como una tutela nueva bajo el número 2022-02942, estimó
que las consideraciones del accionante ya habían sido resueltas en los autos con los
que se tramitó el recurso de súplica. Con todo, asumió que las falencias acusadas por
el señor Montes Bravo, obedecen a una confusión del accionante.
1.8. Impugnación16
El actor insistió en que, en el proceso de reparación directa, existió una irregularidad
con el trámite del despacho comisorio que auxilió el Juzgado Doce Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla, hecho que fue reconocido por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 20 de noviembre de 2014
en el proceso 08001-23-33-000-2014-00736-01.
16 La sentencia de primera instancia se notificó el 14 de abril de 2023 y el actor la impugnó mediante
escritos de 19 y 21 de abril siguientes.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
En ese sentido, se notó sorprendido que en esta oportunidad se afirme que no hubo
vulneración a sus derechos fundamentales y, por el contrario, solicitó que se resuelva
la controversia de la misma forma en que se hizo en aquella oportunidad.
Reiteró que nunca inició la tutela con radicado 2022-02942, sino que lo ocurrido fue un
error de la corporación en donde se tramitó inadecuadamente un memorial dirigido a
al expediente 2022-01950.
Posteriormente, procedió a reiterar todos los argumentos por los que considera que en
el proceso de reparación directa se profirieron sentencias con una deficiente valoración
probatoria y aseguró ser víctima de un entramado de corrupción entre el Invias y las
distintas autoridades judiciales que han conocido sus demandas.
1.9. Trámite de la segunda instancia
Mediante auto de 25 de mayo de 2023 el despacho ponente advirtió la existencia de
una posible nulidad por cuanto en el auto admisorio no se había vinculado a la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien fue una de las
autoridades accionadas dentro del proceso 11001-03-15-000-2022-01950-00 ni a la
Unión Temporal Vías de Colombia, que actuó como llamado en garantía en el proceso
de reparación directa.
En consecuencia, se dispuso la vinculación y notificación para que, dentro del término
de 2 días, tuvieran la oportunidad de alegar la nulidad, con la advertencia de que en
caso de permanecer en silencio se tendría saneada. Vencido el plazo concedido no se
recibió manifestación alguna.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 10 de abril de 2023, proferida por la Sala de conjueces de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991,
el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
2.2.1. Solicitud de desvinculación
El Ministerio de Justicia y del Derecho consideró que su vinculación al proceso no se
encontraba justificada, en tanto que no tiene relación alguna con los hechos de la
solicitud de tutela. Al respecto, no se observa manifestación alguna por parte de la
Sala de conjueces de la Sección Tercera en el fallo de primera instancia, por lo que se
procederá a resolver en esta oportunidad.
Verificado el escrito inicial, se evidencia que el actor no refiere ninguna actuación u
omisión por parte de esta entidad de la que se pueda afirmar que existe un vínculo
procesal o sustancial que justifique su permanencia en el trámite de esta tutela. Su
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
inclusión se debió a que el actor la menciona en su escrito; no obstante, no se
evidencia en qué se relaciona la aludida cartera ministerial y alguno de los hechos en
los que se fundamenta la acción de amparo.
En consecuencia, se accederá a lo solicitado y se declarará la falta de legitimación en
la causa por pasiva del Ministerio de Justicia y del Derecho.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 10 de abril de 2023, a través de la cual la Sala de
conjueces de la Sección Tercera declaró la improcedencia de la tutela.
En primer lugar, teniendo en cuenta las manifestaciones de los intervinientes, relativas
a varios procesos de tutela iniciados por el actor, es necesario abordar el estudio de:
(i) la naturaleza de la acción de tutela; (ii) la actuación temeraria en la acción de tutela,
y (iii) el análisis del caso concreto.
En segundo lugar, y solo en caso de superarse lo anterior, para resolver sobre las
acusaciones elevadas en contra de decisiones judiciales, se estudiará: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados; (iii) las generalidades de los
defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.
En tercer lugar, se analizarán las presuntas irregularidades presentadas en el proceso
11001-03-15-000-2022-02942-00 desde la perspectiva del amparo contra actuaciones
dentro de otro proceso de tutela.
Finalmente, se abordará lo atinente a las censuras presentadas por presunta
afectación de derechos colectivos.
2.3.1. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto
2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable17.
17 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
2.3.2. La actuación temeraria en la acción de tutela
Esta Sección ha considerado que la temeridad se configura cuando concurren los
siguientes elementos18: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad del demandante, en tanto la segunda petición de amparo se presenta por la
misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción19.
En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de la
acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado20:
[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.
Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los
particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que
debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas.
En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada
y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando
circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen
minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo
probatorio que repose en el proceso […]
Igualmente, el máximo tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de cosa
juzgada constitucional y temeridad, ha precisado21:
[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por
una parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante
actúa de mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual
no se requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se
necesita que el accionante presente varias veces una demanda de tutela por los
mismos hechos sin justificación alguna. No obstante, esta Corte ante tal
ambivalencia concluyó, que la improcedencia de una acción de amparo por
temeridad debe presentarse por el actuar doloso y de mala fe del peticionario,
toda vez que supone una restricción legitima al derecho fundamental que
implica el ejercicio de la acción de tutela. La temeridad se configura cuando
concurren los siguientes elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de
hechos; (iii) identidad de pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en
la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala
fe por parte del libelista.
Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa
que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta
sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes
situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de junio
de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
19 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
20 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
21 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Leonardo Ernesto Vargas Silva.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso
de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad,
una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos
o más solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha
aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada […]22. (Subrayado
y negrilla por fuera del texto)
Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada constitucional,
se acotó:
A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir
de triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más
acciones de tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y
objeto, puede entenderse que aquella institución se configura.
También, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, precisó en cuanto a la
temeridad lo siguiente23:
Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente
y afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación
que la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i)
identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv)
la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a
un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.
Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de
tutela no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser
considerada como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en
la ignorancia del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
o en el sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la
necesidad extrema de defender un derecho. En términos de la Corte:
“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación
sucesiva o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que
existen elementos materiales particulares para determinar si una actuación es
temeraria o no. En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela
aparentemente similares no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa
complejidad, el juez constitucional es el encargado de establecer si ocurre su
configuración en cada asunto sometido a su competencia”24 (Énfasis propio).
2.3.3. Análisis de la temeridad en el caso concreto
En el presente caso, se tiene que el señor Nariño Montes Bravo ha presentado tres
acciones de tutela previas a la que aquí que se estudia, de estas se resaltan las
siguientes particularidades25:
Radicado 11001-03-15-000-2019- 11001-03-15-000- 11001-03-15-000-
05143-01 2021-01050-01 2021-01950-00
22 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Leonardo Ernesto Vargas Silva.
23 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17 de junio de 2019., M.P. Alberto
Rojas Ríos.
24 Ob. Cit. «Sentencia T-548 de 2017».
25 La información de cada proceso puede ser consultada en el aplicativo Samai.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
Accionada Se dirigió contra el Tribunal Se dirigió contra el Se dirigió en contra de
Administrativo de Arauca. Invías y se vinculó las Secciones
como terceros Tercera, Subsección
interesados al Tribunal C, y Segunda,
Administrativo de Subsección A, del
Arauca y al Juzgado Consejo de Estado, el
Cuarto Administrativo Tribunal
del Circuito Judicial de Administrativo de
Montería. Arauca, el Juzgado
Doce Administrativo
de Barranquilla y el
Juzgado Cuarto
Administrativo de
Montería.
Objeto Atacó la sentencia de 30 de Solicitó dejar sin efecto Solicitó anular las
agosto de 2019 dentro del las sentencias sentencias proferidas
proceso de reparación proferidas dentro del dentro del medio de
directa 2006-01071, medio de control de control de reparación
alegando que, reparación directa directa 2006-01071.
presuntamente, valoró 2006-01071. Para el Para el efecto,
indebidamente el acervo efecto, afirmó que aseguró que esas
probatorio. existían errores providencias
orgánico, incurrieron en un
procedimental y defecto fáctico por la
fáctico, por cuanto no indebida valoración
se valoraron probatoria.
adecuadamente las
pruebas aportadas.
Causa Sustentó la acción Los hechos narrados Su petición estuvo
constitucional en la en la acción de tutela, basada en la
presunta afectación de su corresponden al intervención hecha
derecho a la propiedad, mantenimiento por el Invías en el
como consecuencia de las realizado por el Invías tramo que conecta el
obras realizadas por el en el tramo que municipio de San
Invías en el tramo que conecta el municipio de Bernardo del Viento
conecta el municipio de San San Bernardo del con el municipio de
Bernardo del Viento con el Viento con el municipio Moñitos.
municipio de Moñitos. de Moñitos.
Resultado La sentencia que puso fin al La sentencia que puso El proceso se
proceso declaró fin al proceso declaró encuentra cursando la
improcedente la acción por improcedente el segunda instancia
no superar el requisito de la amparo por existir cosa ante la Subsección B
relevancia constitucional. juzgada y falta de de la Sección
inmediatez. Segunda del Consejo
de Estado.
Verificados los argumentos que sustentaron el presunto defecto fáctico que endilga el
actor en estas acciones de tutela, se evidenció que se trata de manifestaciones
reiterativas contra los testimonios recaudados, las fotografías aportadas, el contrato
con el que inició la obra y su acta de entrega, los cuales se repiten en la presente
oportunidad.
En este punto es importante resaltar que, en el análisis abordado dentro del proceso
2022-01950, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado evidenció
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
que las pretensiones, los hechos que las sustentaban y los fundamentos de la solicitud
de amparo, eran idénticos a los expuestos en las providencias 2019-05143 y 2021-
0105026, aunado a que no se exponía algún evento nuevo que justificara pronunciarse
de fondo y que, adicionalmente, la Corte Constitucional, en decisión de 30 de abril de
202127, ya había excluido de revisión el expediente 2021-05143.
Por lo anterior, consideró que lo relativo a las presuntas irregularidades denunciadas
por el actor respecto del proceso de reparación directa 2006-01071 ya había hecho
tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que el señor Montes Bravo no podía iniciar
nuevos procesos de tutela basándose en los mismos hechos.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la declaratoria de cosa juzgada realizada en
el proceso 2022-01950 no es discutida por el actor en el presente caso y, de todas
formas, es un asunto que no puede ser abordado por esta Sala por cuanto dicho
expediente se encuentra cursando el trámite de la impugnación, lo que impone que
sea la segunda instancia en aquella causa quien resuelva si tal manifestación es
adecuada o no y hace improcedente cualquier consideración al respecto en esta
providencia ya que esto implicaría interferir en la órbita de decisión del ad quem del
proceso 2022-01950.
En ese orden de ideas, es evidente que lo decidido en el proceso de reparación directa
identificado con el radicado 23001-33-31-004-2006-01071-00/01 ya ha sido materia de
discusión en acciones constitucionales previas y cuenta con una declaratoria de cosa
juzgada constitucional, sin que se advierta algún argumento adicional que permita a
esta Sala reabrir el debate. Claramente, existe un uso indebido de la acción de tutela
por parte del señor Nariño Montes Bravo quien, inconforme con lo decidido en el
proceso ordinario, pretende, insistentemente, utilizar el medio constitucional como una
vía alternativa.
Por otra parte, sobre la irregularidad que alega el actor respecto de la actuación del
Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla dentro del medio de
control de reparación directa, se tiene que aquella situación ya fue conocida en el
proceso de tutela con radicado 08001-23-33-000-2014-00736-01 en donde la
Subsección A de la Segunda del Consejo de Estado amparó los derechos
fundamentales del actor y profirió las órdenes necesarias para que se llevara a cabo
la notificación de la Unión Temporal Vías de Colombia, comisionada al referido
despacho28.
26 «En efecto, la Sala advierte que la solicitud de amparo en la acción de la referencia y lo pretendido
en las demandas de tutela 11001031500020190514300/01 y 11001031500020210105000/01, tienen
identidad fáctica, por cuanto se cuestiona la sentencia de 8 de abril de 2016, proferida por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Montería que negó las pretensiones de reparación directa del
demandante en el proceso con radicado 23 001 33 31 004 2006 01071 00, así como la decisión de 30
de agosto de 2009 del Tribunal Administrativo de Arauca, que la confirmó. Por último, se observa que
también guardan identidad de objeto, pues lo pretendido es que se deje sin efectos aquellas
providencias y, en consecuencia, que se le reconozca y pague los perjuicios presuntamente causados
por el INVIAS en hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2004.» Ver sentencia de 3 de junio de 2022
dentro del acápite 2.1.1. denominado «Cosa Juzgada /reproches a las decisiones proferidas dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 23 001 33 31 004 2006 01071 00».
27 Dentro del expediente T 8129522.
28 Sentencia de 20 de noviembre de 2014 m. p. Alfonso Vargas Rincón.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
En este punto es importante resaltar que, si bien en aquella providencia se evidenció
un error en el procedimiento, tal falencia fue corregida en virtud de la orden de amparo
proferida, al punto que la mencionada sociedad concurrió al proceso ordinario. De
hecho, verificado el sistema de consulta de la Corte Constitucional se encontró que
este expediente fue excluido de revisión por parte de aquella corporación en auto de
20 de febrero de 201529, por lo que se trata de un asunto sobre el que ha operado la
cosa juzgada constitucional y así se declarará.
En tercer lugar, respecto de los señalamientos contra lo manifestado por el Invías en
el oficio de 11 de febrero de 2022, sería del caso abordarlo como una tutela contra
acto administrativo, de no ser porque dicho asunto fue estudiado por la Subsección A
de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso 11001-03-15-000-
2022-01950-00 y se emitió el pronunciamiento correspondinte en sentencia de 3 de
junio de 2022, expediente que actualmente cursa la segunda instancia ante la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación.
Ahora bien, a pesar de que es evidente que existe una identidad de partes, causa y
objeto con las tutelas referenciadas en lo relativo a las actuaciones desplegadas dentro
del proceso de reparación directa y lo atinente al oficio de 11 de febrero de 2022, esta
Sala no calificará la interposición de esta solicitud de amparo como una actuar de mala
fe, esto por cuanto el señor Montes Bravo no ocultó la existencia de los demás
procesos de tutela, por el contrario, reconoció expresamente su interposición, lo que
lleva a considerar que su accionar se sustentó en lo que puede considerarse como
una necesidad extrema30 (en el entendimiento del actor) de defender sus derechos
fundamentales y no con la finalidad de engañar a los operadores judiciales o a las
entidades accionadas.
En consecuencia, solamente se declarará la improcedencia del presente medio
constitucional para resolver de fondo sobre los cargos presentados contra las
decisiones adoptadas dentro del medio de control de reparación directa identificado
con el radicado 23001-33-31-004-2006-01071-00/01 y lo relativo al oficio de 11 de
febrero de 2022, sin adoptar medidas adicionales que puedan hacer más gravosa la
situación del actor.
Siendo así, de las manifestaciones expuestas en el escrito inicial solo subsisten: (i) las
presuntas irregularidades en el trámite de un memorial que fue tratado como una tutela
nueva bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-02942-00 y (ii) las afectaciones de
derechos colectivos.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de los jueces de tutela
La Sala Plena de Corte Constitucional profirió la sentencia SU 627 de octubre de 2015,
a través de la cual unificó los criterios de interpretación que debe aplicarse para
predicar la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de los jueces de tutela, así:
29 Dentro del expediente T 4760400
30 Sentencia SU – 027 de 2021.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o
posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un
proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión
de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias,
que debe promoverse ante la Corte Constitucional31.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. (subrayado
fuera del texto)
2.4.1. En el presente asunto, el actor inició un proceso de tutela que fue identificado
con el radicado 11001-03-15-000-2022-01950-01, que llegó a esta corporación el 30
de marzo de 2022.
Posteriormente, el 27 de mayo de 2022, la Secretaría de la Corte Constitucional remitió
el 1.º de junio de 2022, el escrito presentado por el señor Montes Bravo, el cual fue
tramitado como una tutela nueva por parte de la Secretaría General del Consejo de
Estado y se le asignó el número de radicado 11001-03-15-000-2022-02942-00.
31 Supra II, 4.3.5.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
Luego del trámite respectivo de inadmisión y requerimiento agotado el 6 de junio de
2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado rechazó esa acción de tutela con
providencia de 24 de junio de 2022. Contra esta decisión, el actor presentó dos
escritos, uno de ellos el 11 de julio de 2022 donde precisó en qué consistían los hechos
de la presunta vulneración alegada y las autoridades accionadas.
El segundo, es una manifestación de 2 de agosto de 2022 en la que se muestra
inconforme con el trámite dado al documento remitido por la Corte Constitucional, y
afirmó que aquel estaba dirigido a la acción de tutela 2022-01950, por lo que no
entendía porque se le había asignado un número de radicado distinto.
Tales manifestaciones fueron adecuadas a un recurso de súplica y, en consecuencia,
la magistrada ponente de la Sección Cuarta le trasladó el caso al siguiente consejero
en turno quien, por auto de 26 de agosto de 2022, rechazó dicha figura por cuanto fue
ejercida de manera extemporánea y explicó que el trámite dado a las peticiones
enviadas por la Corte Constitucional fue el adecuado.
Ahora bien, para la Sala, las manifestaciones del actor se enmarcan en una tutela
contra actuaciones dentro de otra acción de tutela, pero no puntualmente contra alguna
providencia judicial.
En efecto, el actor muestra su desacuerdo contra los autos que rechazaron y
resolvieron el recurso de súplica, en el entendido que siguieron tratando los escritos
radicados por él como una tutela aparte de la identificada con el radicado 2022-01950,
es decir, su disenso va dirigido a que dichas decisiones ni siquiera debieron existir
porque, a su juicio, el nunca inició el proceso de tutela 2022-02942.
Para el a quo de la presente acción constitucional, el accionante no explicó en qué
consiste la vulneración de derechos fundamentales, por lo que se abstuvo de
pronunciarse de fondo. Adicionalmente, resaltó que, en las providencias aludidas, se
resolvieron las censuras del accionante.
Para la Sala, entre los racionamientos del actor sí existe una explicación referida a
cómo puede generarse una vulneración a sus derechos fundamentales, en el
entendido de que, de ser cierto que se tramitaron erróneamente los documentos
redirigidos por la Corte Constitucional, entonces el proceso 11001-03-15-000-2022-
01950-01 estaría cursando sin las manifestaciones adicionales que, según el actor,
iban dirigidas a aquel, lo que podría conculcar las garantías del debido proceso.
A pesar de lo anterior, la Sala, confirmará la improcedencia de la acción constitucional
sobre este punto, por cuanto en el auto de 26 de agosto de 2022 la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió que:
[…] en relación con la afirmación que hace el señor Montes Bravo de que “Es
evidente que la Acción de Tutela rechazada en esa fecha, no corresponde a la
Acción de Tutela Instaurada por mi persona, conocida con el Radicado No.
11001.03.15.000.2022.01950.00 (…)”, el despacho precisa que a la tutela de la
referencia, radicada con el número 11001-03-15-000-2022-02942-00, se le dio
trámite en esta Corporación en atención a la remisión que por correo electrónico del
27 de mayo de 2022 hizo la Corte Constitucional de unos escritos de tutela de 9 de
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
octubre y 30 de noviembre de 2021, radicados directamente ante esa autoridad
Como puede observarse, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, explicó al actor
que la acción de tutela con radicado 2022-02942 se inició de acuerdo con la remisión
que efectuó la Corte Constitucional32, manifestación de la cual no se advierte que sea
resultado de un actuar fraudulento de la entidad accionada ni el actor explicó bajo qué
concepto podría calificarse como tal.
En consecuencia, se confirmará la improcedencia respecto de este cargo por cuanto
no cumple con los estrictos requisitos de procedibilidad para el estudio de fondo de
tutela contra una providencia proferida dentro de otro trámite de amparo.
2.5. Sobre la afectación a derechos colectivos
2.5.1. De la procedencia excepcional de la acción de tutela para solicitar la
protección de derechos colectivos
La Constitución Política de 1991, en su artículo 88, estableció que la ley regularía las
acciones dirigidas para la protección de los derechos e intereses colectivos,
entendiendo estos como aquellos relativos al patrimonio, el espacio, la seguridad y la
salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia
económica y otros de similar naturaleza, previsión que fue desarrollada con la Ley 472
de 1998.
La figura jurídica fue regulada por la referida ley como acciones populares y, a su vez,
el artículo 144 de la Ley 1437 de 2011 la contiene como medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos y se erige como el mecanismo idóneo para el
amparo de dichas garantías constitucionales.
Ahora bien, ante la coexistencia de un medio de amparo subjetivo, como lo es la tutela
y uno colectivo como la acción popular, la Corte Constitucional, en la sentencia SU –
1116 de 2001 explicó que, por regla general, la primera no era la vía procedente para
intentar la protección frente a amenazas a los derechos colectivos.
No obstante, también resaltó que, excepcionalmente la acción de tutela si puede ser
utilizada con dicho fin, pero que deben concurrir las siguientes circunstancias:
(i) que exista conexidad entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación
o amenaza a un derecho fundamental, de tal suerte que el daño o la amenaza del
derecho fundamental sea "consecuencia inmediata y directa de la perturbación del
derecho colectivo". Además, (ii) el peticionario debe ser la persona directa o
realmente afectada en su derecho fundamental, pues la acción de tutela es de
naturaleza subjetiva; (iii) la vulneración o la amenaza del derecho fundamental no
deben ser hipotéticas sino que deben aparecer expresamente probadas en el
expediente. Y (iv) finalmente, la orden judicial debe buscar el restablecimiento del
derecho fundamental afectado, y "no del derecho colectivo en sí mismo
32 Del cual no se evidencia que estuviera dirigido al proceso 2022-01950 y, de hecho, no hay explicación
sobre porque, a pesar de que aquel expediente estaba cursando en el Consejo de Estado, el actor
presentó su solicitud ante la Corte Constitucional.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
considerado, pese a que con su decisión resulte protegido, igualmente, un derecho
de esta naturaleza.
De no cumplirse con los requisitos señalados, la tutela se tornará improcedente ante
la existencia de otro medio idóneo.
2.5.2. Como se señaló previamente, la acción de tutela es excepcionalmente
procedente para el amparo de derechos colectivos cuando la afectación a la garantía
general (derecho colectivo) genera un perjuicio claro a los intereses subjetivos
fundamentales alegados por el accionante.
No obstante, en el presente caso es evidente que no se cumple con dicha
eventualidad, para el efecto, se tiene que en la acción de tutela el actor hace referencia
a un daño a la comunidad de una forma abstracta e indeterminada. Aseguró que por
las presuntas irregularidades en la carretera se han presentado muertes de miembros
de alguna de las etnias que mencionó sin especificar cuál y sus afirmaciones no
cuentan con respaldo probatorio alguno.
En este caso, no se evidencia que exista una circunstancia de afectación de garantías
colectivas que conculque los derechos del señor Montes Bravo, por el contrario, lo que
se puede observar es que el accionante pretende convertir una controversia particular,
como lo es la supuesta afectación que generó en sus intereses las obras realizadas
por el Invías, en un problema de la comunidad.
Así la cosas, ya que ninguno de los argumentos del actor superó el análisis de
procedibilidad, se confirmará la decisión de 10 de abril de 2023 pero por los motivos
contenidos en esta providencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva en la presente
acción de tutela por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de abril de 2023 proferida por la Sala
de conjueces de la Sección Tercera del Consejo de Estado, pero por los motivos
contenidos en esta providencia.
TERCERO: ADICIONAR la decisión de 10 de abril de 2023 en el sentido de declarar
que respecto de lo resuelto en el expediente de tutela 08001-23-33-000-2014-00736-
01 ha operado la cosa juzgada constitucional.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nariño Montes Bravo
Demandados: Consejo de Estado y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06363-01
QUINTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Ausente con permiso)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.”
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.