Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06371-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06371-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06371-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
26 de enero de 2023
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06371 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06371 00
Accionante: GUSTAVO ADOLFO DÍAZ GONZÁLEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTRO
Tesis: No es procedente interponer una acción de tutela cuando
lo pretendido por el actor es el cumplimiento de una orden
judicial que contiene una obligación de dar y el interesado
promovió un proceso ejecutivo para el efecto que está
curso.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por la parte actora en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Gustavo Adolfo Díaz González, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Doce Administrativo del
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Circuito Judicial de Bogotá y la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y para ello formuló las siguientes pretensiones1:
“[…]Proteger los derechos a la igualdad, el derecho de petición y
acceso a la administración de justicia de mi representado y en
consecuencia ordene a la nación ministerio de defensa ejército
nacional (sic) a cancelar a favor del señor GUSTAVO ADOLFO DÍAZ
GONZÁLEZ identificado con la cédula de ciudadanía (…) el valor de
los salarios auxilios, primas, bonificaciones, prestaciones sociales y
demás beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha en
que fue desvinculado hasta el momento en que se haga efectivo su
reintegro, lo cual ya sucedió por orden del concejo de estado (sic).
[S]e ordene a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional
remitir con dirección al proceso ejecutivo certificado del salario y los
factores salariales. […]”. [Mayúsculas en el escrito de tutela]
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho “(…) por desvinculación laboral no
justificada como suboficial del ejército (…)”, la cual fue conocida en
segunda instancia por la Subsección B, Sección Segunda, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 12 de junio de
2020, accedió a las pretensiones y ordenó a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, su reintegro y reubicación en un
cargo dentro de la planta de personal; asimismo, que se le pague el valor
de los salarios, los auxilios, las primas, las bonificaciones, las prestaciones
sociales y demás beneficios económicos dejados de percibir desde la fecha
en que fue desvinculado hasta el momento en que se haga efectivo su
reintegro.
Aseveró que promovió demanda ejecutiva ante el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá con el radicado número
11001333501220210018900 y que, en proveído del 11 de febrero de
2022, se libró mandamiento de pago en contra de la Nación – Ministerio
de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06371 00.
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Manifestó que el 21 de febrero de 2022, mediante escrito radicado con el
número P20220221004178, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional su
reintegro al Ejército Nacional, “(…) sin embargo la parte demandada no
dio respuesta, por lo que realice (sic) el procedimiento a través de acción
de tutela (…); adicional a eso cabe mencionar lo ordenado en el numeral
CUARTO del auto del 11 de febrero: “REQUERIR al MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL para que remita a este
Despacho certificado del salario y los factores salariales que debieron
cancelarse al actor desde la fecha de la desvinculación hasta su reintegro,
así como de los descuentos legales que debieron hacerse” requerimiento
que la demandada tampoco ha cumplido, pues hasta la fecha no ha
allegado al despacho dicha información la cual es importante para hacer
la actualización de la liquidación y que el despacho pueda expedir los
títulos con exactitud (…)”.
Señaló que, a pesar de que el 3 de marzo de 2022 la parte demandada
fue notificada por correo electrónico del auto que libra mandamiento de
pago, ésta guardó silencio. Indicó que por auto del 31 de mayo de 2022
el despacho judicial convocó a audiencia para el 21 de junio de 2022.
Expuso que el 8 y el 13 de junio de 2022 solicitó vía correo electrónico
que no se realizara la mencionada audiencia toda vez que ya se habían
agotado las etapas del proceso, por lo que lo único que procedía era la
ejecución de la sentencia; no obstante, se realizó la audiencia y en dicha
diligencia la parte demandada apeló la decisión de continuar con la
ejecución del mandamiento de pago y acotó que el recurso fue concedido
por auto del 29 de agosto de 2022 y el expediente enviado en forma
digital al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de noviembre de
2022.
Explicó que, ante dicha situación, promovió acción de tutela en la que
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la salud,
entre otros, (radicación número 25000-23-15-000- 2022-00559-00), la
cual fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de
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Cundinamarca que la rechazó por improcedente; que el Consejo de
Estado, en sentencia del 4 de agosto de 2022, la revocó parcialmente y
ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional que,
en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, proceda a reintegrar al actor en los términos
señalados en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B en sentencia de fecha 12
de junio de 2020.
Aseguró que la parte demandada expidió la Resolución 00006117 del 31
de agosto de 2022 mediante la cual dio cumplimiento a la precitada
providencia; sin embargo, el reintegro no se realizó en los términos de la
sentencia toda vez que ascendió a sargento segundo en septiembre de
2017 y para mediados de este año (2022) su promoción ascendió a
sargento viceprimero (…)”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. Por auto del 1 de diciembre de 20222 fue admitida la acción de tutela
y se dispuso notificar a los magistrados que integran la Subsección B,
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juez
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al Ministerio de
Defensa Nacional y al Ejército Nacional3.
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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
con radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06371 00.
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Esta orden se cumplió el 2 de diciembre de 2022. Visto en el índice 7 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2022
06371 00.
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Asimismo, se requirió al apoderado del accionante para que aportara el
poder para actuar, el cual allegó mediante memorial radicado el 6 de
diciembre de 20224.
3.2. El Juez Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá presentó
en tiempo escrito vía correo electrónico5, en el que, luego de hacer un
recuento del trámite surtido en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 2016-00280 y en el proceso
ejecutivo con radicado nro. 2021-00189, manifestó que, mediante
proveído del 29 de agosto de 2022, se concedió en el efecto suspensivo
la apelación interpuesta contra la decisión de seguir adelante con la
ejecución y el 21 de noviembre del mismo año con oficio nro. 232/2022
remitió el expediente digital al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
para que se surtiera la alzada, por lo que “(…) sus actuaciones se han
ajustado a la legalidad, atendiendo el turno de proceso, la agenda del
juzgado y la congestión judicial que presenta la administración de justicia
(…)”.
3.3. La Coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional del Ministerio
de Defensa presentó en tiempo escrito vía correo electrónico6 en el que
pidió que se deniegue la solicitud de amparo, toda vez que el actor no
presentó una “(…) verdadera argumentación que acredite de manera
profunda la presunta vulneración de los derechos fundamentales (…)”.
Alegó que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 192 y 297 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 422 del Código General del Proceso, “(…) el pago de las
obligaciones debe realizarse una vez se llegue al turno asignado a la
cuenta, en la medida que se complete la documentación requerida de
acuerdo con el Decreto 1068 de 2015 y atendiendo el Programa Anual de
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06371 00.
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Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2022 06371 00.
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Caja (PAC) previsto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que
es la entidad encargada de asignar anualmente el presupuesto destinado
para el pago de obligaciones litigiosas y al cual debe sujetarse el proceso
de pagos en cada vigencia fiscal (…)”.
Afirmó que, “(…) después de cumplir el trámite respectivo, el MINISTERIO
DE DEFENSA dio cumplimiento al fallo por medio de la Resolución nro.
000617 del 31 de agosto de 2022, la cual fue comunicada el 31 de agosto
de 2022, y como consta se le informó que ‘debe efectuar presentación en
la DIPER – Comando de Personal Ejército Nacional y dar inicio a sus
labores y proceso de reintegro de acuerdo a lo establecido por la normas
y leyes vigentes’ (…)”.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de
mayo de 2015,7 modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril
de 20218, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro.
080 del 12 de marzo de 20199 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado que regula la distribución de negocios entre las secciones.
4.2. HECHOS RELEVANTES
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente10:
7
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
8
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
9
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
4.2.1. El señor Gustavo Adolfo Díaz González, actuando por conducto de
apoderado, promovió demanda ejecutiva en contra de la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, bajo el radicado nro.
11001333501220210018900, y, mediante proveído del 11 de febrero de
2022 se dispuso11:
“[…] “PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del
demandante y en contra de la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, por la obligación de hacer
consistente en que la ejecutada proceda a reintegrar al actor en los
términos señalados en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección segunda, Subsección “B”
en sentencia de fecha 12 de junio de 2020. Para el reintegro se
otorga el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas.
SEGUNDO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del
demandante y en contra de la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, por las sumas de dinero dejadas
de percibir por el actor desde su desvinculación y hasta su reintegro
en los términos señalados en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección segunda, Subsección “B”
en sentencia de fecha 12 de junio de 2020.
La obligación deberá́ ser pagada por la ejecutada dentro de los cinco
(5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia de
conformidad con el artículo 431 del CGP, y en el mismo término
deberá́ presentar a este Despacho la liquidación correspondiente a
lo adeudado al actor.
TERCERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del demandante
y en contra de la NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJERCITO NACIONAL, por los intereses moratorios causados como
consecuencia del pago tardío de la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección segunda,
Subsección “B” en sentencia de fecha 12 de junio de 2020.
CUARTO: REQUERIR al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
EJERCITO NACIONAL para que remita a este Despacho certificado
del salario y los factores salariales que debieron cancelarse al actor
desde la fecha de la desvinculación hasta su reintegro, así́ como de
los descuentos legales que debieron hacerse […]”.
4.2.2. El apoderado del accionante, mediante escrito dirigido al Juzgado
Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con destino al referido
proceso ejecutivo, sin constancia de radicación, pidió que se ordene a la
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
parte demandada el cumplimiento del auto que libró mandamiento de
pago, así como el embargo de las cuentas bancarias, “[t]oda vez que no
cumplieron con la realización del pago del lucro cesante de que trata el
mandamiento de pago […]”12.
4.2.3. Mediante escrito dirigido al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional,
sin constancia de radicación, el apoderado del accionante solicitó la
expedición del acto “de reintegro como efectivo de las fuerzas militares
en el rango actual que es sargento segundo de último año”, se llame a
ascenso al grado de sargento viceprimero y remita al Juzgado Doce
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá el certificado del salario y
de los factores salariales de julio de 2015 hasta febrero de 2022, así
como “la liquidación discriminando todos los emolumentos reconocidos de
acuerdo al cargo reintegrado dentro de los términos legales” 13.
4.2.4. El actor, actuando por conducto de apoderado, promovió acción
de tutela14 en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
solicitando la protección de los derechos fundamentales “(…) a la salud
en conexidad con la vida, a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia y pidió su reintegro al Ejército
Nacional tal y como lo ordena el fallo de segunda instancia y el auto del
11 de febrero (…) // Emplazar a la entidad demandada; ‘para que remita
a este Despacho certificado del salario y los factores salariales que
debieron cancelarse (…) desde la fecha de la desvinculación hasta su
reintegro, así como de los descuentos legales que debieron hacerse’ (…)”.
El asunto fue conocido por la Subsección B, Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca con el radicado nro. 25000-23-15-000-
2022-00559-00, que, mediante sentencia del 7 de junio de 2022, la
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Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial Samai del proceso
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Ibídem.
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declaró improcedente; a su vez, la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
por sentencia del 4 de agosto de 2022 desató la impugnación, en los
siguientes términos:
“[…] 1. Revocar parcialmente la sentencia del 7 de junio de 2022,
proferida por la Sección Cuarta, Subsección B del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dadas las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se confirmará la
decisión de improcedencia frente a la pretensión de que se ordene
a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional remitir con
dirección al proceso ejecutivo certificado del salario y los factores
salariales.
2. De otra parte, se dispone, revocar la decisión de improcedencia
frente a la orden de cumplir la obligación de hacer contenida en la
sentencia del 12 de junio de 2020 y, en su lugar, se amparan los
derechos al trabajo y a la salud del accionante. Como consecuencia
de lo anterior, se ordenará a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la notificación de la presente providencia,
proceda a reintegrar al actor en los términos señalados en la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B en sentencia de fecha 12 de junio
de 2020 […]”.
4.2.5. Mediante la Resolución nro. 06117 del 31 de agosto de 2022,
expedida por el Comandante del Ejército Nacional, se dispuso15:
“[…] ARTÍCULO 1o. Dar cumplimiento al fallo de tutela de fecha
cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferido por el
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Cuarta, expediente con radicado nro. 25000-23-15-000-2022-
00559-01, que ordenó reintegrar al actor, Cabro (sic) Primero (R)
INF. DÍAZ GONZÁLEZ GUSTAVO ADOLFO, identificado (…), en los
términos señalados en la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección
“B”, en sentencia de fecha doce (12) de junio de dos mil veinte
(2020).
ARTÍCULO 2o. Para efectos de antigüedad y ubicación en el
Escalafón Militar de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
– Ejército Nacional, en servicio activo el señor Cabo Primero INF.
DÍAZ GONZÁLEZ GUSTAVO ADOLFO, identificado (…), se ubicará
después del señor Cabo Primero INF. PALOMO ARROYO CARLOS
DAVID, identificado (…) y antes del señor Cabro Primero ART.
BELEÑO ZABALETA YOLEDINSON, identificado (…) […]”.
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4.2.6. Según consta en el informe rendido por el Juzgado Doce
Administrativo del Circuito de Judicial de Bogotá16, la parte demandada
“no ha emitido pronunciamiento alguno respecto a la notificación del
mandamiento de pago, solo allegó un memorial el 01 de abril de 2022,
donde señala el procedimiento para cumplir el fallo, y precisa que el
trámite de reintegro es largo. // Agrega que el área del grupo contencioso
del Ministerio de defensa no ha recibido solicitud para iniciar el trámite
administrativo”.
Adicionalmente, el 21 de junio de 2022 se celebró la audiencia inicial en
la que se ordenó seguir con la ejecución y, contra dicha decisión, la
apoderada de la entidad ejecutada interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido en el efecto suspensivo mediante proveído del 29 de agosto
de 2022 y el expediente fue remitido el 21 de noviembre del mismo año
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
5. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el accionante pretende el cumplimiento de la
sentencia proferida el 12 de junio de 2020 por la Sección Segunda,
Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en relación
con el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir
desde la fecha que fue desvinculado del Ejército Nacional y hasta su
reintegro, y, que se ordene a esa institución que remita con dirección al
proceso ejecutivo promovido el certificado de salario y de los factores
salariales.
La Sala advierte que el requisito de subsidiariedad no se encuentra
superado por las razones que pasan a explicarse:
El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
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judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable17.
La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de
subsidiariedad envuelve tres eventos que conducen a la improcedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial18: (i) cuando el asunto está
en trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los medios de
defensa judicial ordinarios y extraordinarios y (iii) si se usa para revivir
etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos
en el ordenamiento jurídico.
En ese sentido, como la parte actora persigue a través de esta acción es
el cumplimiento de la sentencia proferida el 12 de junio de 2020 y para
el efecto promovió un proceso ejecutivo que se encuentra en trámite, la
tutela es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
puesto que el interesado hizo uso del mecanismo previsto por el
ordenamiento jurídico para lograr el cumplimiento de las providencias
judiciales; por lo tanto, la acción de tutela no puede utilizarse como un
instrumento paralelo para reemplazar los medios ordinarios de defensa
judicial.
En este punto, se recuerda que el actor promovió demanda ejecutiva ante
el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Judicial de Bogotá y,
acorde con lo informado por ese despacho judicial, la parte demandada
interpuso recurso de apelación en contra de la decisión de continuar con
la ejecución, adoptada en la audiencia inicial celebrada el 21 de junio de
2022, y el expediente fue enviado el 21 de noviembre de 2022 al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para desatar la alzada.
17
Artículo 86 C.P.: “(…) Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable (…)”.
18
Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio.
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
Cabe acotar que, cuando lo pretendido a través de la acción de tutela es
el cumplimiento de órdenes judiciales, la Corte Constitucional19 ha
señalado que debe declararse improcedente puesto que el interesado
“cuenta con el proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 422 al 445 del Código General del Proceso,
como en el artículo 297 y subsiguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”; no obstante, la
solicitud de amparo es procedente dependiendo del tipo de obligación que
el actor reclame, por lo que el juez constitucional deberá tener en cuenta:
“si se trata de una obligación de hacer o de dar, su repercusión en el goce
efectivo de los derechos fundamentales amparados judicialmente y, por
consiguiente, la posibilidad de hacerlos exigibles a través del proceso
ejecutivo (…)”.
En cuanto a la distinción de estas obligaciones y la procedencia de la
acción de tutela en tales eventos, la Corte Constitucional ha explicado20:
“[…]La jurisprudencia constitucional ha establecido que la acción de
tutela resulta procedente para exigir el acatamiento de obligaciones
de hacer, en los casos que se solicita, por ejemplo: i) el reintegro
del actor al cargo público que venía desempeñando, ii) la
nivelación a un puesto equivalente o superior al momento del retiro
injustificado, iii) el respeto de los derechos laborales fijados en un
convención colectiva, que se decidió judicialmente su vigencia.
4.2.6. Contrario a lo anterior, la Corte ha puntualizado que el
proceso ejecutivo sí constituye el mecanismo idóneo para reclamar
obligaciones de dar, especialmente las de contenido económico,
pues su naturaleza coactiva y el conjunto de medidas fijadas en la
legislación, aseguran el cumplimiento de este tipo de condenas, ya
sea a cargo del demandado, a expensas de otro e, inclusive, por
medio del secuestro y entrega de bienes. Por ello, esta Corporación
se ha negado a declarar la procedencia de la acción de tutela en los
eventos que el actor pretende: i) el pago de la indemnizaciones
ordenadas por la autoridad judicial, ii) la entrega de intereses
moratorios reconocidos judicialmente, iii) la cancelación de los
salarios dejados de percibir y iv) sumas debidas a raíz del reajuste
pensional.
(…)
19
Corte Constitucional, sentencia T-261 del 9 de julio de 2018, M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez.
20
Ibídem.
12
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 06371 00
Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
A juicio de esta Corporación, lo que debe demostrarse, de forma
evidente, es que la inobservancia de la decisión judicial causa una
afectación cualificada de los derechos al mínimo vital y vida en
condiciones dignas del actor, que lo releva de acudir a la jurisdicción
ordinaria, en vista de lo desproporcionado que sería que la persona,
en las condiciones en que se encuentra, tenga que esperar la
adopción de una nueva decisión judicial sobre una controversia ya
decidida.
[…]”.
Por consiguiente, la regla general es que la acción de tutela es
improcedente cuando el interesado persiga el cumplimiento de una
providencia judicial que contenga una obligación de dar, salvo que se
acredite que la inobservancia de la decisión judicial causa una afectación
cualificada de los derechos al mínimo vital y vida en condiciones dignas
del actor; y comoquiera que en este caso dicha circunstancia no se alegó
ni probó, el proceso ejecutivo constituye el mecanismo idóneo para lograr
el cumplimiento de lo reclamado en esta acción de tutela.
Conforme con lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela por no cumplir el requisito de subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada
por el señor Gustavo Adolfo Díaz González, según lo explicado en la parte
motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
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Accionante: Gustavo Adolfo Díaz González
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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