Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06390-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06390-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06390-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de enero de 2023
Demandantes: Alix Ludivia Montiel Útima y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06390-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06390-00
Demandantes: ALIX LUDIVIA MONTIEL ÚTIMA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”
Tema: Tutela contra providencia judicial - declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de inmediatez1
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela formulada por la señora Alix Ludivia Montiel
Útima y otros, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y 333 de 2021 y con el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El 30 de noviembre de 2022, la señora Alix Ludivia Montiel Útima y los señores
Yeison Fabián y Cristian Andrés Ortiz Montiel, en nombre propio, presentaron
acción de tutela2, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión
de la sentencia de 20 de enero de 20223 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” por medio de la cual se confirmó
la decisión de primera instancia del Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa identificada con el radicado número 11001-33-36-035-2015-
00210-01.
1.2. Hechos
Del expediente de tutela se destacan los siguientes supuestos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia.
1
Ver antecedente de la Sección en sentencia de 19 de noviembre de 2020, expediente No. 11001-
03-15-000-2020-04289-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.
2
El expediente ingresó al Despacho sustanciador el 2 de diciembre de 2022.
3
El 25 de enero de 2022 la sentencia de segunda instancia fue notificada electrónicamente a los
correos electrónicos de las partes.
1
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Demandantes: Alix Ludivia Montiel Útima y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06390-00
• El 27 de febrero de 2015 la señora Alix Ludivia Montiel Útima y otros4
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa – Ejército Nacional, por la presunta ejecución extrajudicial del señor José
Jair Ortiz Quiñonez5, efectuada por miembros de la institución castrense.
• El 30 de noviembre de 2020, el Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control propuesta por la demandada, al computar el término desde el 24 de
noviembre de 2007, fecha en la cual los miembros del Ejército declararon que el
señor Ortiz Quiñonez “al ser conducido al área del Vivac (…) lanzó una granada e
6
intentó huir, [lo] que ocasionó su muerte, por la reacción de las unidades militares” .
• Para llegar a esta conclusión la autoridad judicial citó la sentencia de unificación
de 29 de enero de 2020 con radicado interno 61.0337, que dispuso que el plazo
perentorio para demandar que estableció el legislador resultaba aplicable, salvo
los casos de desaparición forzada, o ante la prueba de la obstaculización material
del ejercicio del derecho de accionar el aparato judicial.
• La parte actora recurrió la anterior decisión, para lo cual expuso que (i) la
caducidad se debía contar desde la ejecutoria del fallo del juez penal, (ii) la
sentencia de unificación no era aplicable por ser de fecha posterior a la demanda
contenciosa y (iii) el hecho de que tampoco se puede considerar la queja radicada
ante la Procuraduría como punto de partida, porque con esta no fue “enterado de la
decisión final que se llegó con ocasión de la misma”.
• El 20 de enero de 2022, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó a decisión del a quo, al considerar que,
con fundamento en la jurisprudencia8 y en la normatividad vigente, en estos
asuntos la caducidad del medio de control se efectúa desde la fecha de
conocimiento del daño, y ello en el caso concreto sucedió el 24 de noviembre de
2007, cuando a los familiares se les entregó el cuerpo sin vida del señor José Jair
Ortiz Quiñonez.
• Agregó que el argumento sobre la aplicación de un criterio jurisprudencial
ulterior no tenía relevancia, ya que, “al margen de los efectos de la Sentencia de
Unificación en el tiempo, lo cierto es que para la fecha de la demanda el artículo 164 del
CPACA estaba vigente (…)”, además de que no se podía contemplar otro punto de
4
La parte demandante se encontró integrada por las señoras Alix Ludivia Montiel Útima, María
Dolores Quiñonez Méndez, Luz Mery Ortiz Quiñonez, Melfia Ortiz Quiñonez, Yarleny Ortiz
Quiñonez y los señores Yeison Fabián, Cristian Andrés Ortiz Montiel, José Orlando Ortiz Quiñonez,
Héctor Ortiz Quiñonez y José Albeiro Ortiz Quiñonez.
5
El señor José Jair Ortiz Quiñonez falleció el 23 de noviembre de 2007.
6
Lo que en sentir del juez de instancia se corroboró con la queja que presentó el señor José
Orlando Ortiz Quiñonez el 26 de noviembre de 2007, ante la Procuraduría General de la Nación y
en contra de los miembros del Ejército, por los hechos objeto de la demanda contenciosa.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena.
Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, Exp: 61.033, M.P. Martha Nubia Velásquez
Rico.
8
En este punto citó la sentencia de unificación ya relacionada y las siguientes: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencia de 13 de mayo
de 2015, Exp: 51.576, M.P. Hernán Andrade Rincón; Subsección “C”. Sentencia del 22 de octubre
de 2020, Exp: 61.767, M.P. Guillermo Sánchez Luque; Subsección “A”. Sentencia de del 19 de
marzo de 2021, Exp: 52.938, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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partida para el conteo del término de caducidad, porque tampoco se acreditó que
“hubieran mediado determinadas situaciones que hicieran materialmente nugatorio el
ejercicio del derecho de acción”.
• La sentencia de segunda instancia fue notificada al correo electrónico de las
partes el 25 de enero de 2022 a las 4:28 p.m. y la presente acción constitucional
se radicó el 30 de noviembre de 2022 a las 3:29 p.m.
1.3. Fundamentos de la solicitud
Luego de un recuento detallado de los hechos y las circunstancias que rodearon la
muerte del señor José Jair Ortiz Quiñonez, así como de las investigaciones que se
adelantaron y adelantan por lo mismo, se infiere que los demandantes
consideraron que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto de violación
directa de la Constitución, al trasgredir lo dispuesto en el inciso 2.º del artículo 2.º
de la Carta Magna, “pues habrá de entenderse que, en la mayoría del proceder de los
agentes del Estado, sus resultados gozan de presunción de legalidad en el desarrollo de
su función constitucional”.
Por su parte, se colige el defecto de desconocimiento del precedente, cuando se
indica que desatendió el criterio vigente para la fecha de la interposición de la
demanda contenciosa, contenido en la sentencia con “[r]adicado Interno No. 61033
del 29/01/2020”, luego, “de fallarse este asunto con base en la nueva línea
jurisprudencial aludida - imperioso resulta concluir que dicha decisión viola derechos
supremos de las víctimas directas y accionantes como lo es: 1. Acceso a la
Administración de Justicia art. 229 Superior. 2. Igualdad. 3. Derechos a la Verdad, Justicia
y Reparación con ocasión de la muerte de mi esposo JOSE JAIR”.
Advirtieron que no se tuvo en cuenta las condiciones de vulnerabilidad de los
tutelantes, al ser una “humilde familia campesina”, sumado a que en la actualidad
solo se conoce un fallo sancionatorio “en cabeza de los responsables”, cuya
comunicación a las víctimas solo se dio hasta el 20 de febrero de 2015.
Precisaron que el tribunal demandado debió aplicar la “Teoría Del Daño Descubierto
(…) según la cual la caducidad de la acción de reparación directa no se debe contar a
partir del acaecimiento del hecho como de manera absoluta y desacertada lo concluyera
el ad quem, sino (…) a partir de la decisión de la jurisdicción penal en la que se señale
que quien se presenta como infractor – rebelde, subversivo, terrorista, criminal, implicado,
etc., no murió a causa de un presunto combate”.
Finalmente expusieron que “los suscritos (…), somos víctimas del conflicto armado
colombiano y por tanto debemos ser tratados como tales, es decir, debe aplicárseles los
postulados internacionales y nacionales que sobre la materia existe máxime cuando la
autoridad respectiva acredita que la suscrita esposa e hijos de JOSÉ JAIR, somos
víctimas de la violencia – desplazados y, el origen de tal estatus o condición se enmarca
9
en la muerte violenta, prematura e injusta de mi esposo y padre” .
9
La Sala destaca que a lo largo del escrito de tutela se hizo alusión a varios criterios y reglas
presuntamente establecidas por parte de la Corte Constitucional y Consejo de Estado, sin
embargo, no se identificaron plenamente las sentencias que contienen, en su sentir, tales
consideraciones.
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1.4. Petición de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela fueron las siguientes:
“Primera: Solicito a los Honorables Magistrado – Sección Tercera del
Honorable Consejo de Estado, se tutele el derecho que nos asiste como
víctimas indirectas dentro de la Acción de Indemnización que diera origen a
esta Acción de Tutela, entre ellos a la suscrita ALIX LUDIBIA MONTIEL
ÚTIMA, a los suscritos CRISTIN ANDRES ORTIZ MONTIEL y, YEISON
FABIAN ORTIZ MONTIEL, así como los demás accionantes, como lo es el
derecho al Debido Proceso y Acceso a la Administración de Justicia, como
consecuencia del mismo, el derecho a la Igualdad de oportunidades ante las
autoridades Judiciales, mismos que han sido desconocidos y/o violados por
las vías de hecho y/o defecto fáctico en que, pudo incurrir el Honorable
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Bogotá D.C., concretándose en la
Valoración Probatoria – Aislada, Selectiva por parte del accionado; situación
que nos limita el Acceso a la Administración de Justicia en los términos
previstos en el artículo 229 Superior.
Segunda: Que, como consecuencia del amparo anterior, se ordene dejar sin
efecto alguno la Providencia de Segunda Instancia hoy cuestionada, misma
proferida por el mismo fallador accionado, misma que data del pasado veinte
(20) de enero de 2022.
Tercera: Se ordene al accionado Tribunal Administrativo de Cundinamarca y
Bogotá D.C., expedir la decisión que en derecho corresponda y atendiendo las
directrices emanadas del Juez de Tutela, vale decir del Honorable Consejo de
Estado – Sección Tercera. Teniendo como presupuesto que la decisión final
que se tome por el mismo accionado, llevará la valoración en conjunto de las
pruebas y/o acervo probatorio con que cuenta el cartulario en su integridad,
sin dejar de lado pruebas relevantes enlistadas en este recurso excepcional.
Cuarta: Que, de mantenerse la decisión atacada por esta vía excepcional, la
misma no involucre a los suscritos coaccionantes CRISTIAN ANDRES ORTIZ
MONTIEL, quien para el pasado el pasado 26/02/2015, tan solo contaba con
diez (10) años de edad y, YEISSON FABIAN ORTIZ MONTIEL, quien para el
pasado 23/11/2007, contaba con doce (12) años de edad, obteniendo nuestra
ciudadanía solo hasta el pasado 26/02/2015 y, 24/03/202013 respectivamente,
fecha esta que, de acoger la tesis del juzgador de primera y segunda instancia
debe tenerse como punto de partida para comenzar a contabilizarse la
caducidad respecto de las suscritas víctimas indirectas (hijos) del accionar
irregular de agentes del Estado. Pues con antelación, solo teníamos la
posibilidad de acudir a la jurisdicción por intermedio de nuestra progenitora y,
sí desconocía tal posibilidad no podemos ser castigados por la ignorancia y/o
ausencia de conocimiento de nuestra señora madre. Luego en un Estado
Social de Derecho como el nuestro, no todos debemos ser tratados con el
mismo racero frente a la administración de justicia.
Quinta: Demás decisiones que a bien se digne tomar.” (Sic a toda la cita).
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 6 de diciembre de 2022, el magistrado ponente admitió la solicitud de
amparo y ordenó notificar a los tutelantes y como accionado al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”.
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Asimismo, como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó (i) al
Juzgado Treinta y Cinco (35) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá10, (ii) a
la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional11 y (iii) a los
señores José Orlando Ortiz Quiñonez, Héctor Ortiz Quiñonez, José Albeiro Ortiz,
María Quiñonez y a las señoras Dolores Quiñonez Méndez, Luz Mery Ortiz
Quiñonez, Melfia Ortiz Quiñonez y Yarleny Ortiz Quiñonez12.
De igual forma, se ordenó a la Oficina de Sistemas del Consejo de Estado que
realizara una publicación en la página web de la Corporación, con la información
de la tutela, con el fin de ponerla en conocimiento de los terceros interesados13.
1.6. Contestación
Surtidas las notificaciones correspondientes fue allegado el siguiente informe.
1.6.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”, por intermedio de la magistrada ponente de la sentencia
controvertida, luego de un recuento de las consideraciones plasmadas en la
providencia que puso fin al proceso, precisó que el fallo se profirió con fundamento
en la jurisprudencia vigente para el efecto14 y con sustento en el material
probatorio aportado al expediente contencioso, del cual se pudo definir el punto de
partida para efectuar el cómputo de la caducidad del medio de control.
Enfatizó que “como los demandantes conocieron la muerte de su familiar desde el 24 de
noviembre de 2007 – se reitera - fecha en la que se entregó su cadáver desde ese
momento, se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad, tal como se concluyó en la
providencia del 20 de enero de 2022”.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por Alix
Ludivia Montiel Útima y otros, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021,
así como del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar, en el evento de superar los requisitos de
procedibilidad adjetiva, si en el caso concreto se presenta una vulneración a los
derechos fundamentales advertidos por los accionantes por parte del Tribunal
10
Autoridad judicial de primera instancia en el proceso de reparación directa con radicado N.º
11001-33-36-035-2015-00210-01.
11
Parte demandada en el proceso de reparación directa con radicado N.º 11001-33-36-035-2015-
00210-01.
12
Quienes también integraron la parte activa al interior del proceso de reparación directa con
radicado N.º 11001-33-36-035-2015-00210-01.
13
El aviso a la comunidad fue publicado en la página web oficial de la Rama Judicial el 9 de
diciembre de 2022.
14
Sentencia de unificación de 29 de enero de 2022 de la Sección Tercera del Consejo de Estado
expedida al interior del expediente con radicado interno N.º 61.033.
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, con ocasión
de la sentencia proferida en segunda instancia el 20 de enero de 2022.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva; de encontrase acreditados, (iii) la generalidad de los defectos alegados y
(iv) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 201215
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema16.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales17.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201418, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar los reparos contra las
providencias dictadas por las autoridades judiciales accionadas.
2.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por H. la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022,
en cuanto a la procedencia de la acción Constitucional de cara a este requisito,
así:
15 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
16 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
17 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
18 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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“(…) 40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia
constitucional protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales. Para determinar si este requisito se cumple, el juez
debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…)
Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de varios derechos fundamentales y en
particular de la garantía de acceso a la administración de justicia, ante la posible
configuración de los defectos de violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.
Al respecto, cabe destacar que la decisión que declaró la caducidad del medio de
control impide el estudio de la acción contenciosa, aspecto que sin lugar a dudas
encuentra mayor importancia frente al estudio de fondo del mecanismo, ya que, de
entrada, se vislumbra la imposibilidad de acceder el aparato judicial.
En este orden de ideas, resulta pertinente destacar que la parte actora expuso las
razones por las cuales consideró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección “A” incurrió en un vicio judicial, al no estudiar los
fundamentos de la acción contenciosa y la situación fáctica que motivó la
interposición del medio de control, cuyo daño se originó en una presunta ejecución
extrajudicial, lo que a su juicio tiene la virtualidad de modificar la decisión
controvertida.
En este orden de ideas, se insiste que se acreditaron los criterios fijados por la
Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que estamos en presencia de una posible
trasgresión de las garantías constitucionales de los tutelantes, cuya controversia
no se enfocó en un debate de orden de contenido legal o económico, sino que se
justificó en una notoria tensión entre las garantías invocadas y la decisión judicial
objeto de reproche, por lo que la Sala superará esta causal referente al yerro en
mención.
2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a
sus derechos fundamentales.
Esto, toda vez que, contra la providencia proferida y ejecutoriada del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, que puso fin al
proceso, no procede ningún recurso, y que los cargos planteados no se encuadran
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en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de
unificación de jurisprudencia.
2.4.3. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado número 11001-33-36-035-2015-
00210-01.
2.4.4. No obstante lo anterior, la Sala advierte que la presente solicitud de amparo
no cumple con el requisito de la inmediatez, por las razones que a continuación
se explican:
Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en
un plazo razonable19, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues
de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y
efectivo20.
De acuerdo con lo anterior, esta Sección21 ha considerado como plazo prudencial
el de seis (6) meses, contado desde la ocurrencia del hecho generador –el cual es
la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada– que da lugar a la solicitud de
protección, y la consecuencia de su presentación cuando se sobrepasa este límite
es que se declara su improcedencia.
En el caso objeto de estudio, como la accionante en su solicitud de tutela pretende
que se deje sin efectos la sentencia de 20 de enero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, este
requisito debe estudiarse a la luz de la ejecutoria de la providencia que puso fin al
proceso, esto es, de la proferida por el juez de segunda instancia.
Al respecto, la Sala encontró que:
• La sentencia de 20 de enero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, se
notificó al correo electrónico de las partes.
19 Dicho criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de
fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-
Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta,
Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre
del 2015, Radicación 2015-01605-01, Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
20 Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
21 Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Magistrada
Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01,
12 de agosto de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00, Magistrada Ponente: Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12
de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Magistrado Ponente: Alberto
Yepes Barreiro; 21 de septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-01549-01, Magistrada
Ponente: Rocío Araújo Oñate entre otras.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandantes: Alix Ludivia Montiel Útima y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06390-00
• Dicha notificación se realizó el 25 de enero de 2022 a las 4:28 p.m. como se
puede apreciar a continuación:
• La ejecutoria de la mencionada providencia operó el 1.º de febrero de
202222.
• La solicitud de tutela se radicó el 30 de noviembre de 2022.
Así las cosas, como la acción constitucional se presentó el 30 de noviembre de
2022, la Sala concluye que para esa fecha transcurrió, desde la ejecutoria de la
respectiva providencia, un término superior a 6 meses, particularmente más de 9
meses, lo cual desatiende el plazo que tanto la Corte Constitucional como esta
Sala han considerado como prudencial para presentar la solicitud de amparo
constitucional.
En esta línea argumentativa, en relación con aquellas circunstancias que justifican
el retardo para promover la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia
T-256 de 2015, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó
que la acción de tutela será procedente:
“[…] cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que
generó la vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la
inactividad de los accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la
inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados; o
iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y
que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, la situación desfavorable de la actora derivada del
23
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]” .
22
Si se tiene en cuenta los 3 días de ejecutoria que contempla el artículo 302 de la Ley 1564 de
2012 y los 2 días que contempla el inciso tercero del artículo 8.º del Decreto 806 de 2020, cuya
vigencia se estableció de manera permanente mediante la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 y el
numeral 2.º del artículo 205 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 52 de la Ley 2080
de 2011, los cuales se establecen desde cuándo se entiende realizada la notificación cuando se
efectúa por medios electrónicos
23
Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de
2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06390-00
Se destaca que esta Colegiatura ha considerado como plazo prudencial el de seis
(6) meses, contados desde la ocurrencia del hecho generador, el cual, para el
caso concreto es la ejecutoria de la providencia judicial cuestionada. En este punto
cabe destacar que, de aceptarse un término superior, sin que se exponga una
razón de trascendencia constitucional, se atentaría en contra del derecho a la
igualdad de los demás usuarios de la administración de justicia a quienes se les
ha declarado improcedente su solicitud de amparo, por superar el lapso en
mención.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201424, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200525,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados.
De igual manera se precisa que, a juicio de este Juez Colegiado, controvertir una
providencia judicial, supone cuestionar principios como los de cosa juzgada y
seguridad jurídica, lo cual impone al interesado que se haga en un plazo
pertinente, salvo justificación razonable, carga que le corresponde alegar y
demostrar a la parte accionante y que en este asunto no se hizo.
Por ello, el estudio sobre el requisito de la inmediatez frente al caso de las
tutelas contra providencias judiciales resulta ser estricto y basta con que la
decisión que se señala como vulneradora de derechos fundamentales sea
conocida en razón de la efectiva notificación y se encuentre ejecutoriada para que
la persona acuda ante el juez constitucional y solicite el amparo de sus garantías.
2.5. Conclusión
En ese orden de ideas, en el presente caso no se advierte ninguna explicación
válida para el ejercicio de la presente acción constitucional por fuera del tiempo
proporcional y razonable adoptado por la Corporación y la Corte Constitucional,
por lo tanto, declarará la improcedencia de la solicitud de amparo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
24
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
25
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06390-00
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Alix Ludivia Montiel Útima y los señores Yeison Fabián y Cristian
Andrés Ortiz Montiel, por no superar el requisito de inmediatez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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