Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06404-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06404-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06404-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
8 de junio de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06404-00
Demandante: Samuel
Demandado: Tribunal Superior de Cali
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintidós (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06404-00
Demandante: SAMUEL*
Demandado: TRIBUNAL SUPERIOR DE CALI
Temas: Tutela de fondo. Derecho a la salud mental. Niega el amparo
solicitado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala, en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por Samuel
contra el Tribunal Superior de Cali.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Samuel, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Superior de Cali porque considera que esa corporación judicial le vulneró
sus derechos fundamentales a la vida digna, salud, igualdad, debido proceso
administrativo y estabilidad laboral reforzada.
1.2. Pretensiones
2. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
PRIMERO: Sírvase TUTELAR mis derechos fundamentales a la Salud Mental,
Salud, Vida digna, Debido Proceso Administrativo, Igualdad, y estabilidad laboral
reforzada en el Empleo.
SEGUNDO: Sírvase ORDENAR al Tribunal Superior de Cali – Sala Plena que, en
garantía del derecho fundamental a la salud mental de los funcionarios judiciales,
el derecho a la igualdad y en garantía de mi vida, adelante las actuaciones
*
Por solicitud de la parte actora y, en concordancia con el nombre adoptado por la Corte
Constitucional en el Auto 473 de 2023, en este proceso de tutela al actor se le denominará Samuel. Lo
anterior para proteger su derecho fundamental a la intimidad, establecido en el artículo 15 de la CP.
En este sentido, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará a la Secretaría General de esta
Corporación adoptar las medidas necesarias y pertinentes para que en el sistema Samai y todos los
documentos del proceso al actor se le identifique con el nombre de Samuel.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06404-00
Demandante: Samuel
Demandado: Tribunal Superior de Cali
administrativas necesarias que me permitan continuar nombrado en
provisionalidad en el cargo de Juez Laboral del Circuito que desempeño desde el
1 de diciembre de 2020. Ello por cuenta de las varias recomendaciones y
restricciones médicas, emitidas por mis médicos tratantes y autoridades del
SGSS que coinciden en señalar que padezco de una serie de patologías que
podrían verse agravadas si retorno a mi propiedad a la capital del Quindío.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia, de la
siguiente manera:
3. El actor ha laborado como funcionario de la Rama Judicial desde el año 2011
en diferentes cargos, principalmente en la ciudad de Cali, municipio en el que reside
su familia.
4. En el año 2018 Samuel fue nombrado en propiedad, luego de superar el
respectivo concurso de mérito, como Juez Laboral Municipal de Armenia.
5. El Tribunal Superior de Armenia, mediante Resolución SG-030-2020 de 26 de
noviembre de 2020, concedió al actor una licencia no remunerada por dos años. Lo
anterior para que pudiera posesionarse como Juez Laboral del Circuito de Cali (en
provisionalidad).
6. El accionante puso de presente que el 09 de mayo de 2017 fue diagnosticado,
por médico psiquiatra, con trastorno de ansiedad y depresión. Igualmente, señaló
que esas patologías se agravaron cuando fue nombrado Juez Laboral Municipal de
Armenia, pues tuvo que trasladarse a vivir a esa ciudad, separándose de su grupo
familiar y de su red de apoyo, que residen en Cali.
7. El 10 de febrero de 2022, la parte actora fue remitida a psicología de
adicciones para iniciar tratamiento de dependencia al tramadol. Lo anterior llevó a
que se le internará en la UCI de la Clínica de Imbanaco, en Cali.
8. En septiembre del año pasado, Samuel fue internado en una clínica por
intento de suicidio.
9. La psicóloga y la toxicóloga tratantes del accionante han recomendado que él
no sea trasladado de Cali por los siguientes hechos: i) solo las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cali cuentan con departamentos de toxicologías en los que se puede
tratar la adicción al tramadol; y (ii) el grupo familiar y la red de apoyo del actor
residen en la capital del Valle del Cauca. Por su parte, el psiquiatra tratante aconsejó
lo siguiente:
Paciente con cuadro depresivo aunado a elementos de estructura de
personalidad dependiente, ha requerido estrategia de combinación de
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Demandante: Samuel
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antidepresivos y aumento con quetiapina sin lograr la remisión total, de síntomas,
logra preservar funcionalidad básica a nivel laboral, pero ante el inminente
traslado de ciudad, los síntomas se han reagudizado, pues esto implica
distanciarse de su red de apoyo y cuidados, no tiene vínculo alguno con la ciudad
a donde lo van a transferir, además, el paciente tiene todas sus intervenciones,
no solo del orden psicoterapéutico y psiquiátrico, sino frente a su condición de
dependencia y patologías médicas. En ese sentido, en consideración a su
condición clínica y las dificultades en torno a lograr los objetivos terapéuticos, se
generan las siguientes recomendaciones a nivel laboral:
1. El paciente, mientras continúe sintomático, debe permanecer en la ciudad de
residencia actual, pues el arraigo y la presencia de red de apoyo es necesaria
para garantizar el acompañamiento y apoyo durante el tratamiento y
2. no se recomienda un traslado de ciudad de residencia hasta no lograr mayor
remisión de síntomas. Por ahora continúa manejo con desvenlafaxina 100 mg día
quetiapina 25 mg noche mirtazapina 15 mg noche.
10. El 24 de noviembre de 2022, el actor le presentó al Tribunal Superior de Cali
renuncia motivada a su cargo en provisionalidad de Juez Laboral del Circuito de
Cali. En esta explicó que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 270
de 1996, se apartaba del puesto porque debía reintegrarse a su despacho judicial de
carrera en Armenia para que se le pudiera otorgar una nueva licencia no remunerada
por otros dos años.
11. Pese a la renuncia, en el mismo oficio solicitó que, una vez le otorgaran una
nueva licencia no remunerada, lo nombrarán de nuevo en el mismo empleo. Sobre
este hecho el actor resaltó: «No era mi intención renunciar a mi provisionalidad, pero
debido a la interpretación del articulo 142 de la Ley Estatutaria de Justicia, que me
conmina a regresar un (1) día a mi cargo en propiedad para poder renovar mi
licencia, me vi precisado a hacerlo, pero solo con el afán que el Tribunal entendiera
mi difícil situación de salud y me permitiera continuar en Cali».
12. La renuncia del actor fue presentada en los siguientes términos:
a) Presentar mi renuncia al cargo que vengo ejerciendo en provisionalidad,
desde el 30 de noviembre de 2022, habida cuenta que ese día vence la licencia
que me fue otorgada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Armenia por
espacio de dos (2) años para ejercer otro cargo en la administración de justicia.
b) Poner a su consideración mi hoja de vida, para efectos de ser nombrado en el
cargo nuevamente, a partir del 2 de diciembre de 2022, atendiendo el criterio de
estabilidad en el empleo y mérito.
13. El Tribunal Superior de Cali, mediante Resolución N.º 157 del 28 de noviembre
de 2022, aceptó la renuncia presentada por el señor Samuel. A su vez, es
importante poner de presente que esa corporación, el 7 de diciembre de esa
misma anualidad, nombró a Hugo1, en provisionalidad, en el cargo que ocupaba
Samuel en la capital del Valle del Cauca.
1
Nombre modificado para proteger el derecho a la intimidad de la parte actora.
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14. El actor manifestó que mediante diferentes medios les informó a los
magistrados del Tribunal Superior de Cali sobre su delicado estado de salud y de los
motivos por los que su renuncia era por unos días, mientras se le otorgaba una
nueva licencia no remunerada.
15. Finalmente, para la Sala es importante resaltar que el actor, en el año 2021,
solicitó su traslado a la ciudad de Cali a un cargo similar al que ocupa en carrera en
Armenia. Sin embargo, la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura
negó la petición porque el despacho solicitado no fue ofertado como libre.
1.4. Fundamentos de la solicitud
16. Samuel sostiene que los magistrados que conforman el Tribunal Superior de
Cali, en especial los de la Sala Laboral, vulneraron sus derechos fundamentales a la
vida digna, salud, igualdad, debido proceso administrativo y estabilidad reforzada en
el empleo. Esto, en la medida que conocen de su grave estado de salud y las
particularidades por las que presentó renuncia a su cargo de Juez Laboral del
Circuito de Cali.
17. En este orden, la parte actora considera que la indiferencia con la que ha sido
tramitada su solicitud de reintegro le genera la sensación que está siendo
discriminado por su estado de salud. En su criterio, los señores magistrados debieron
aceptar su solicitud de nombrarlo de nuevo en el mismo cargo que ocupaba, tan
pronto el Tribunal Superior de Armenia le otorgara licencia no remunerada.
1.5. Trámite de la acción de tutela
18. La presente acción de tutela fue interpuesta el 01 de diciembre de 2022 y fue
asignada al Despacho sustanciador de esta instancia ese mismo día. El 5 de
diciembre de ese año, previo a decidir sobre su admisión y mediante auto de
ponente, se ordenó remitir el proceso a la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior
porque se consideró que era esa alta corporación la que debía conocer del proceso,
de conformidad con las reglas de reparto establecidas en el el numeral 6 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
19. La Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 15 de diciembre de 2022,
decidió no asumir conocimiento del proceso y remitió el asunto a la Corte
Constitucional para que decidiera el conflicto de competencia entre esa corporación y
el Consejo de Estado.
20. La Corte Constitucional, mediante el Auto 473 del 29 de marzo de 2023,
decidió que la autoridad que debía conocer de este proceso en primera instancia era
el Consejo de Estado. Por ende, el proceso fue remido a este corporación y asignado
de nuevo al despacho sustanciador de esta instancia el 25 de abril del presente año.
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21. La acción de tutela fue finalmente admitida, mediante auto del 02 de mayo de
2023. En esta providencia se ordenó vincular como autoridad demandada al Tribunal
Superior de Cali -Sala Plena y Sala Laboral. Igualmente, se tuvo como terceros
interesados en las resultas del proceso a Hugo2, al Consejo Superior de la Judicatura
-Unidad de Administración de la Carrera Judicial y al Consejo Superior de la
Judicatura -Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia.
22. En el auto admisorio se le solicitó al actor un informe sobre su actual estado
de salud y que manifestara si había regresado a su cargo de carrera en la ciudad de
Armenia. Finalmente, en esta misma providencia se negó la medida cautelar
solicitada por el accionante.
1.6. Intervenciones
23. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se rindieron los siguientes
informes:
1.6.1. Samuel
24. El actor informó que debió reintegrarse a su puesto de Juez Laboral Municipal
en la ciudad de Armenia dado que no fue nombrado de nuevo en provisionalidad en
el cargo que desempeñaba en la ciudad de Cali. Que debido al distanciamiento de su
grupo familiar y red de apoyo, su depresión aumentó. Por tanto, los médicos
tratantes le aumentaron la dosis de los antidepresivos. Lo anterior llevó a que sufriera
una hipertensión arterial que dio lugar a un infarto en uno de sus ojos. Puso de
presente que al momento de escribir el memorial de intervención estaba internado en
la Clínica de Imbanaco en Cali y que los médicos le recomendaron empezar de
nuevo el proceso de desintoxicación al tramadol.
25. En un segundo memorial, del 5 de junio del del año en curso, el actor puso de
presente que la Juez Quinta Laboral del Circuito de Cali presentó renuncia a su
cargo dado que cumplió con los requisitos para acceder a pensión de jubilación. Por
ende, solicitó que, dada su experiencia y circunstancias particulares, se le ordene al
Tribunal Superior de Cali nombrarlo en provisionalidad en ese despacho.
1.6.2. Hugo
26. El tercero con interés, que actualmente ocupa en provisionalidad el cargo de
Juez Laboral del Circuito de Cali en el que prestaba sus servicios Samuel, rindió
informe en el que solicitó declarar cosa juzgada sobre este asunto. Lo anterior
2
Persona que fue nombrada en provisionalidad en el cargo de Juez Laboral del Circuito de Cali que
ocupaba la parte actora.
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porque considera que el caso objeto de estudio fue resuelto por la Subsección B de
la Sección Segunda de esta Corporación, en fallo de tutela del 18 de enero del 2023.
27. Además sostuvo lo siguiente:
Aunado a lo anterior considero su señoría, que si el actor a estas alturas insiste
en asegurar que su enfermedad solo la puede superar en Cali, debería
contemplar la posibilidad de renunciar a la propiedad que tiene en el Juzgado
Municipal de Armenia, con el fin de que se radique aquí del todo, pero sin que
tenga la ilusión de querer ocupar nuevamente el cargo al cual renunció, en virtud
a que a la fuerza se quiere “atornillar” en ese puesto sin tener la propiedad, y bajo
la inaceptable excusa de que lo hace porqué está enfermo.
1.6.3. Tribunal Superior de Cali
28. El señor presidente de esta corporación rindió informe en el que realizó un
recuento de contexto fáctico de este caso. Luego, señaló que esa entidad no le ha
vulnerado ningún derecho fundamental a la parte actora, pues esta persona presentó
voluntariamente renuncia a su cargo.
29. En este orden, mencionó que el hecho de que el actor haya tenido que
renunciar a su cargo en provisionalidad por vencimiento de su licencia no
remunerada es una situación que no es imputable a esa corporación, ya que este
deber legal fue establecido en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia.
30. Por último, manifestó que el actor interpuso tutela por los mismos hechos y
que la misma le fue asignado el número de radicación 11001-03-15-000-2022-06295-
00 y fue fallada por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación el 18 de
enero del presente año.
1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de
Administración Judicial de Armenia
31. Esta dependencia rindió informe en el que solicitó declarar la falta de
legitimación de esa entidad por pasiva. Lo anterior porque los reproches del actor
están encaminados a controvertir actuaciones realizadas por los magistrados del
Tribunal Superior de Cali. Luego, se pronunció sobre lo que se le solicitó en el auto
admisorio. En ese sentido, informó que el actor se reincorporó el día 01 de diciembre
de 2022 a su cargo de carrera como Juez Laboral Municipal de Armenia y que hasta
la fecha de la presentación del escrito (09 de mayo de 2023) se desempeña en ese
despacho.
1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura –Unidad de Administración de Carrera
Judicial
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32. En el informe rendido se solicitó la desvinculación de la entidad, toda vez que,
de conformidad con sus competencias, no le corresponde resolver la petición
elevada por el accionante. Lo anterior porque se trata de un problema de una
renuncia de un funcionario en provisionalidad y no de carrera.
33. Por otra parte, puso de presente que en el año 2021 no accedió a la solicitud
de traslado presentada por el actor porque en la ciudad de Cali no estaba libre un
cargo de similar categoría o funciones al que desempeña en Armenia. Para
fundamentar lo anterior, aportó como prueba el Oficio CJO21-875 de 11 de marzo de
2021, en el que se resolvió la solicitud de traslado de Samuel.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de tutela
presentada por Samuel. Esto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 8 del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el
Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Legitimación en la causa
35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la
acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las
pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
36. Sobre el estudio de este presupuesto procesal en materia de tutela, la Corte
Constitucional, en la SU-454 de 2016, señaló que el estudio de la legitimación en la
causa de las partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un
presupuesto procesal de la demanda3.
37. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que la
parte actora es el titular de los derechos fundamentales que solicita sean protegidos
mediante el presente mecanismo constitucional. En efecto, Samuel es la persona
que presentó renuncia al cargo que desempeñaba como Juez Laboral del Circuito de
3
Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 2017. Así mismo, Corte
Constitucional, Sentencia T-318 de 2018, en la cual se señaló: “En el marco de los procesos de
amparo, previo al estudio del fondo del caso planteado, el juez constitucional debe verificar el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, que al tenor del
artículo 86 de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991, se sintetizan en: (i) la existencia de
legitimación en la causa por activa y por pasiva (…), entre otros”.
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Cali y quién considera que el Tribunal Superior de la capital del Valle del Cauca le
vulneró sus derechos al no haberlo nombrado de nuevo en el mismo cargo.
38. Por otro lado, se observa que el Tribunal Superior del Cali está legitimado en
la causa por pasiva al ser la corporación a la que el actor le imputa la vulneración de
sus derechos fundamentales, dado que tiene entre sus funciones nombrar a los
jueces en provisionalidad en ese distrito judicial.
39. Finalmente, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Armenia solicitaron su desvinculación del
proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva. La Sala no accederá a estas
solicitudes porque las dos dependencias fueron tenidas como terceras y no como
accionadas. Adicionalmente, era importante que estas entidades rindieran informe
para tener una mejor compresión del contexto fáctico del caso y la situación de
Samuel. Igualmente, es necesario tenerlas como vinculadas al proceso por las
eventuales órdenes que se les puede impartir en el evento que se decida conceder el
amparo solicitado.
2.3. Problemas jurídicos
40. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio aportado, los informes y argumentos esgrimidos por la
corporación accionada y los terceros vinculados; corresponde a esta Sala resolver
los siguientes problemas jurídicos:
• ¿En el presente caso se está ante una actuación temeraria del actor como
quiera que por los mismos hechos presentó otra tutela, que fue conocida y
fallada en primera instancia por la Subsección B de la Sección Segunda de
esta Corporación?
• ¿El Tribunal Superior de Cali vulneró los derechos fundamentales a la vida
digna, salud, igualdad, debido proceso administrativo y estabilidad laboral
reforzada al no haber nombrado de nuevo al actor en el cargo de Juez Laboral
del Circuito en la capital del Valle del Cauca, luego de que este presentara
renuncia a ese cargo?
41. Para resolver los problemas jurídicos plateados, la Sala dividirá su estudio en
dos partes. En la primera se abordará el estudio de la posible existencia de una
actuación temeraria. Luego, en el caso de no configurarse el fenómeno de la
interposición simultánea de dos acciones de tutelas por los mismos hechos, en la
segunda parte se analizará si la corporación judicial accionada vulneró los derechos
fundamentales del actor al no haberlo reincorporado al cargo que ocupaba en
provisionalidad, luego de que presentara renuncia al mismo.
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2.4. La configuración de la temeridad
42. El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en
el artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
43. En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual adujo:
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una
triple identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos
hechos y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados
como excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con
lo señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con
la que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas
partes, se sustentan en las mismas razones y solicitud4.
44. De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez constitucional
deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de tutela presentadas
de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
• Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan presentado
por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representante y se dirija contra el mismo demandado.
• Identidad de causa petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la acción de
tutela se fundamente en los mismos hechos que le sirven de sustento.
• Identidad de objeto: en otras palabras, que las demandas persigan la
satisfacción de la misma pretensión o invoquen la protección de los mismos
derechos fundamentales.
45. En la citada sentencia de unificación, el Alto Tribunal Constitucional explicó
que la temeridad se puede entender desde dos perspectivas. A saber, cuando, (i) se
interponen por la misma persona simultáneamente varias acciones de tutela ante
distintas autoridades judiciales y (ii) cuando de mala fe, el accionante ejerce de
manera sucesiva la misma acción.
4
Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
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46. Se precisó que, para efectos de efectuar el anterior análisis, el juez debe
salirse de los aspectos meramente formales y realizar un estudio en procura de
desvirtuar la presunción de inocencia de la parte actora. Bajo ese entendido,
identificó algunas excepciones de la actuación temeraria aun cuando concurren los
elementos de la triple identidad. Brevemente, son los siguientes:
(i) La condición de ignorancia o indefensión del actor, propia de aquellas
situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad
extrema de defender un derecho y no por mala fe.
(ii) El asesoramiento errado de los profesionales del derecho.
(iii) La consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o
cualquier otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s)
tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos
fundamentales del demandante.
(iv) Se puede interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte
Constitucional profiere una sentencia de unificación, cuyos efectos son
extensivos a un grupo de personas que se consideran en igualdad de
condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de
tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión.
2.5. Temeridad en el caso concreto
47. La Sala considera que en este caso no se presente el fenómeno jurídico de la
temeridad por las razones que a continuación se pasa a explicar.
48. En efecto, como se puso de presente en los informes rendidos por Hugo y el
Tribunal Superior de Cali, el actor presentó una acción de tutela el 25 de noviembre
del 2022 en el que expuso el mismo contexto fáctico que dio lugar a la presentación
de esta acción de amparo (interpuesta el 1 de diciembre de ese mismo año).
49. No obstante, la tutela interpuesta el 25 de noviembre e identificado con el
número de radicación 11001-03-15-000-2022-06295-00, fue presentada contra el
Tribunal Superior de Armenia. En esa acción el actor pretendía que se dejará sin
efectos la Resolución SG-050-2022 del 10 de noviembre de 2022, expedida por esa
corporación judicial y en la que se negó su solicitud de otorgar una nueva licencia
remunerada sin previamente tener que volver a su cargo de carrera en la capital
del Quindío.
50. Expresamente, en la otra solicitud de amparo el actor pidió lo siguiente:
SEGUNDO: Sírvase ORDENAR al Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Armenia, que se sirva dejar sin valor ni efecto la Resolución SG-050-2022, del 10
de noviembre de 2022, mediante la cual se negó́ el otorgamiento de una licencia
para ejercer otro cargo en la rama judicial desde el 1 de diciembre de 2022.
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Demandado: Tribunal Superior de Cali
TERCERO: Sírvase ORDENAR al Tribunal Superior de Distrito Judicial de
Armenia que de forma excepcional prorrogar la licencia contenida en el parágrafo
único del artículo 142 de la ley 270 de 1996, sin necesidad de que me vea
precisado a reintegrarme al cargo que ostento en propiedad en Armenia. Ello por
cuenta de las varias recomendaciones y restricciones médicas, emitidas por mis
médicos tratantes que coinciden en señalar que padezco de una serie de
patologías que podrían verse agravadas si retorno a la capital del Quindío.
51. En este orden, para Sala es evidente que no se configura una acción
temeraria por parte de Samuel porque, pese a que el actor expuso la misma
situación fáctica, las dos tutelas interpuestas no tienen identidad de partes ni de
causa petendi.
52. En efecto la presente tutela fue interpuesta contra el Tribunal Superior de Cali,
mientras que la presentada el 25 de noviembre del 2022 se dirigió contra el Tribunal
Superior de Armenia.
53. Igualmente, no existe identidad de causa petendi porque los pretendido en la
presente acción de tutela es que se reintegré al actor al cargo que ocupaba en
provisionalidad en el Circuito de Cali. Por su parte, en la tutela interpuesta el 25 de
noviembre de 2022 se buscaba dejar sin efectos el acto administrativo que le negó al
accionante la prórroga de su licencia no remunerada, sin previamente tener que
reintegrarse a su cargo.
54. Así las cosas, no se presentan los elementos que permitan configurar una
acción temeraria por parte del actor5. Por ende, la Sala continuará con el estudio del
segundo problema jurídico planteado.
2.6. Generalidades de la acción de tutela
55. Conforme con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución Política, la
acción de tutela es un mecanismo judicial preferente y sumario que permite a
cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales
cuando resulten vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o
excepcionalmente, de particulares.
56. Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa
judicial ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
5
Es importante poner de presente que a la tutela interpuesta el 25 de noviembre de 2022 se le asignó
el número de radicación 11001-03-15-000-2022-06295-00. En este proceso el 18 de enero del
presente año se emitió fallo de tutela de primera instancia en el que se negó el amparo solicitado.
Actualmente el expediente se encuentra pendiente de que la Subsección B de la Sección Tercera de
esta Corporación profiera sentencia de segunda instancia.
11
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como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.
57. En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo
demanda la concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son
inherentes, como son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia
de un perjuicio irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional
inmiscuirse en determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes
subreglas dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.
58. Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este
mecanismo, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del
ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente
le confirió.
59. De un análisis del presente asunto, la Sala advierte que en el presente caso
se superan los requisitos de procedibilidad previstos para la acción de tutela. En
efecto, el actor interpuso el presente mecanismo pocos días después de haber
presentado su renuncia al cargo que ocupaba en provisionalidad en la ciudad de
Cali. A su vez, como quiera que el actor no está controvirtiendo un acto
administrativo, como por ejemplo la aceptación de su renuncia, sino la omisión del
Tribunal Superior de Cali de reintegrarlo al cargo que ocupaba en provisionalidad en
la capital del Valle del Cauca es evidente que contra esta omisión no procede
recurso judicial alguno.
2.7. El derecho a la salud mental6
60. El derecho a la salud puede ser definido como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades. Es la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad
orgánica y funcional de su cuerpo, tanto física como mental, y de restablecerla
cuando se presente una perturbación en su estabilidad7.
61. Este derecho fue consagrado en los siguientes términos por la Constitución
Política de 1991, en el artículo 49: «La atención de la salud y el saneamiento
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las
personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la
salud». En este sentido, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, la salud
tiene una doble dimensión como servicio público que debe garantizar el Estado y el
6
Para un estudio detallado del alcance y contenido de este derecho ver: Consejo de Estado, Sala de
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, CP Luis Alberto Álvarez Parra. Fallo de tutela del 24 de
noviembre de 2022, Rad. No. 73001-23-33-000-2022-00337-01.
7
Corte Constitucional, Sentencias T-184 de 2011 y T-632 de 2015, entre otras.
12
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carácter de derecho fundamental del que gozan todas las personas en el territorio
nacional8.
62. De la definición del derecho a la salud se puede advertir que no solo se busca
proteger la salud física sino también garantizar el bienestar y equilibrio mental de
todas las personas. Sobre este último aspecto, la Ley 1616 de 2013 definió la salud
mental de la siguiente manera:
Artículo 3: La salud mental se define como un estado dinámico que se expresa
en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal
que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para
trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir a la
comunidad. La Salud Mental es de interés y prioridad nacional para la República
de Colombia, es un derecho fundamental, es tema prioritario de salud pública, es
un bien de interés público y es componente esencial del bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de colombianos y colombianas.
63. Así las cosas, en Colombia la salud es un derecho que tiene el carácter de
fundamental, del gozan todas las personas naturales y su contenido no solo abarca
el bienestar físico sino también el mental.
2.8. Caso concreto
64. En el presente caso Samuel es un funcionario de carrera que se
desempeñaba como Juez Laboral Municipal en la ciudad de Armenia. Obtuvo una
licencia no remunerada con el fin de poder posesionarse en provisionalidad como
Juez Laboral del Circuito de Cali.
65. Es importante resaltar que el actor sufre de serios problemas de salud mental,
pues padece de depresión y es adicto a un medicamento. Lo anterior le ha generado
graves consecuencias para su salud física, como un infarto en un ojo e intentos de
suicidio. Debido a sus patologías, la psicóloga, la psiquiatra y el toxicólogo tratantes
le han recomendado que debe permanecer cerca de su familia y red de apoyo,
residentes en la ciudad de Cali.
66. Cuando estaba a punto de finalizar su licencia no remunerada, el actor
renunció al puesto que desempeñaba en provisionalidad en Cali. Esto, para no
perder los derechos de carrera, ya que era necesario que regresara a su cargo en la
ciudad de Armenia y solicitara una nueva licencia no remunerada. Lo anterior en
virtud de lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la
Administración de Justicia9.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008.
99
Ley 270 de 1996. Artículo 142: LICENCIA NO REMUNERADA. Los funcionarios y empleados tienen
derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua o
13
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67. Es importante resaltar que en el escrito de renuncia, y en otros documentos, el
actor le comunicó al Tribunal Superior de Cali que tenía la intención de que lo
volvieran a nombrar en el mismo cargo, apenas contara con una nueva licencia no
remunerada. Esto, dado su delicado estado de salud y las recomendaciones médicas
de permanecer cerca de su familia y red de apoyo en Cali.
68. El anterior recuento fáctico, le permiten sostener a la Sala, que el Tribunal
Superior de Cali no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al aceptar
su renuncia, pues la misma fue presentada por Samuel en ejercicio de su autonomía
de la voluntad10, exento de presiones. Esto, dada su intención de no perder sus
derechos de carrera como Juez Laboral Municipal en Armenia.
69. Aclarado lo anterior, la segunda cuestión que se debe resolver es si, por las
especiales circunstancias de este caso, la corporación judicial accionada estaba
obligada a esperar a que Samuel obtuviera una nueva licencia no remunerada para
volverlo a nombrar en provisionalidad en el mismo despacho judicial en que se
desempañaba en la capital del Valle del Cauca.
70. En este orden, la Sala considera que el Tribunal Superior de Cali no estaba en
la obligación de esperar, sin certeza alguna, si al actor le iban a conceder una nueva
licencia no remunerada. En efecto, la importancia de la función de administrar justicia
y el deber de resolver las causas que plantean los ciudadanos obligan a los
nominadores a nombrar a los operadores judiciales en el menor tiempo posible11.
discontinua según lo solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la
concede, pero es renunciable por el beneficiario. El superior la concederá teniendo en cuenta las
necesidades del servicio.
Así mismo, se concederá licencia no remunerada a los funcionarios de Carrera para proseguir cursos
de especialización hasta por dos años o actividades de docencia, investigación o asesoría científica al
Estado hasta por un año, previo concepto favorable de la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura.
PARÁGRAFO. Los funcionarios y empleados en Carrera también tienen derecho a licencia,
cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo
vacante transitoriamente en la Rama Judicial.
10
En este punto, la Corte Constitucional ha reconocido que no es posible cercenar abiertamente el
derecho a auto determinarse, a la autonomía y a la independencia de las personas que padecen de
una condición de salud mental en los ámbitos más personales de su vida, pues constituye un
dispositivo orientado a la determinación de apoyos, pero no al desconocimiento de la autonomía en
asuntos ligados a la dignidad humana, tal como la posibilidad de expresar un consentimiento
informado. Corte Constitucional. Sentencia T-048 de 2023.
11
Ley 270 de 1996. Artículo 131. Las autoridades nominadoras de la Rama Judicial son: 1. Para los
cargos de las Corporaciones: Las respectivas Corporaciones en pleno. 2. Para los cargos adscritos a
las presidencias y vicepresidencias: La respectiva Corporación o Sala. 3. Para los cargos de las Salas:
La respectiva Sala. 4. Para los cargos del despacho de los Magistrados: El respectivo Magistrado. 5.
Para los cargos de Magistrados de los Tribunales: La Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, según el caso. 6. Para los cargos de Magistrados de los Consejos Seccionales: La Sala
respectiva del Consejo Superior de la Judicatura. 7. Para los cargos de Jueces de la República: El
respectivo Tribunal. 8. Para los cargos de los Juzgados: El respectivo Juez. 9. Para los cargos de
Director de Unidad y Jefe de División del Consejo Superior de la Judicatura: La Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura. 10. Para los cargos de los Consejos Seccionales de la Judicatura:
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71. Así las cosas, ante la falta de una lista de elegibles que permita proveer el
cargo que ocupa el actor con funcionarios de carrera, la corporación accionada no
podía dejar un despacho judicial sin su titular hasta que se resolviera la situación
administrativa de Samuel. Por ende, debía realizar un nombramiento en
provisionalidad de otra persona.
72. Es importante resaltar que la administración justicia es una función pública a
cargo del Estado mediante la cual se materializan la protección y garantía de los
derechos reconocidos por la Constitución y la ley12. Por ende, debe ser realizada de
manera permanente e interrumpida. En este orden, para la Sala ante la incertidumbre
de la situación administrativa de Samuel, la corporación judicial accionada debía
tomar las medidas para que el despacho judicial en el que este prestó sus servicios
siguiera funcionado sin mayor traumatismo.
73. La Sala considera que en este caso el actor no ha sido víctima de
discriminación por su estado de salud por la corporación judicial accionada. Es
importante resaltar que fue el propio Tribunal Superior de Cali quien lo nombró en
provisionalidad como juez de circuito de esa ciudad. Además, no existen pruebas o
indicios que evidencien que esa corporación haya acosado laboralmente al actor por
su condición médica. Tampoco, se evidencia que se haya presentado una
estigmatización dado su estado de salud, que pudiese ocasionar como resultado la
exclusión social y profesional, que en muchas ocasiones padecen las personas que
sufren de un trastorno mental.
74. En otras palabras, no se evidencia que, debido a la condición de salud mental
crónica del accionante, se hubiese dado un trato discriminatorio o que en razón de
esta situación se le haya solicitado su renuncia. Todo lo contrario, de la historia
clínica aportada se advierte que al accionante se le ha garantizado el poder hacer
uso de las licencias por incapacidad dado su estado de salud. Tanto es así, que la
renuncia manifestada por el actor se debe a que prefirió conservar sus derechos de
carrera y no porque fuese solicitada o inducida por la accionada.
75. Ahora bien, aunque es cierto que la entidad estaba informada de la intención
del actor de querer ser nombrado de nuevo en el mismo cargo en provisionalidad.
Esto, en aras de continuar cerca de su red de apoyo y familia, para la Sala, la
corporación accionada no estaba obligada a esperar indefinidamente a que el actor
solucionara su situación administrativa. La importancia que el constituyente le otorgó
La correspondiente Sala del respectivo Consejo Seccional; y, 11. Para los cargos de las Unidades del
Consejo Superior de la Judicatura: Los respectivos Directores de Unidad.
12
De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 270 de 1996, la Administración de
Justicia se define de la siguiente manera: «[…] es la parte de la función pública que cumple el Estado,
encargada por la Constitución Política y la ley, de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades para lograr la convivencia social».
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a la función de administrar justicia obligaba al Tribunal Superior de Cali a nombrar
rápidamente a otra persona. En este caso, fue Hugo el seleccionado para ocupar en
provisionalidad el cargo de juez de circuito que desempeñaba el accionante.
76. En este sentido, al haberse efectuado dicho nombramiento, Hugo actualmente
goza del derecho a la estabilidad laboral relativa en los términos que la Corte
Constitucional ha reconocido para las personas que ocupan cargos de carrera en
provisionalidad13. Por ende, solo por destitución, renuncia o nombramiento de
persona que supere el concurso de mérito, el actual titular del despacho que
ocupaba Samuel puede ser removido de su cargo.
77. En definitiva, se advierte que el Tribunal Superior de Cali no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, pues una vez el actor
presentó su renuncia debía nombrar a otra persona en el menor tiempo posible. A su
vez, realizado el nombramiento de Hugo en provisionalidad no es posible
desvincularlo discrecionalmente porque goza de la estabilidad laboral relativa
reconocida por la jurisprudencia constitucional para los funcionarios en
provisionalidad en cargos de carrera. Lo anterior evidencia que las actuaciones
realizadas por la corporación accionada no fueron caprichosas o arbitrarias, ni
estuvieron orientadas a discriminar al actor por su estado de salud.
78. Por otra parte, la Sala considera importante poner de presente que, pese al
delicado estado de salud del actor, al haberse reintegrado a su puesto de carrera
tiene asegurada una prestación económica que le permite cubrir sus necesidades
vitales, inclusive en los eventos en que se le otorgué incapacidad medida. Por ende,
no se está ante una situación que amenace el mínimo vital de Samuel.
13
Sobre la estabilidad laboral relativa de los funcionarios en provisionalidad en cargos de carrera la
Corte Constitucional sostuvo en la Sentencia T-096 de 2018 lo siguiente: «De manera excepcional, la
ley permite que los empleos de carrera puedan ser ocupados por servidores nombrados en
provisionalidad cuando se presenten vacancias definitivas o temporales y, por razones del servicio, se
requiera de personal suficiente para atender las necesidades de la administración, mientras estos se
proveen en propiedad conforme a las formalidades legales o cesa la situación que originó la vacancia.
En ese contexto, ha dicho la Corte, si bien es cierto el servidor no podrá permanecer indefinidamente
en el cargo, tampoco se crea una equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí
que no proceda su desvinculación por la simple voluntad discrecional del nominador. Bajo ese
entendido, los servidores nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, tal y como lo ha
reconocido esta corporación en reiterados pronunciamientos, gozan de una estabilidad laboral
relativa o intermedia, que se traduce en que su retiro del servicio público solo tendrá lugar por
causales objetivas previstas en la Constitución y en la ley, o para proveer el cargo que ocupan con
una persona que haya superado satisfactoriamente el respectivo concurso de méritos, razones todas
estas que deberán ser claramente expuestas en el acto de desvinculación, como garantía efectiva de
su derecho al debido proceso y al acceso en condiciones de igualdad a la función pública» (Negrillas
de esta Sala). En similar sentido, Corte Constitucional, Sentencias C-640 de 2012, SU-554 de 2014,
T-245 de 2007, T-109 de 2009, T-507 de 2010, C-533 de 2010, SU-917 de 2010, T-289 de 2011, SU-
446 de 2011, T-462 de 2011, C-640 de 2012, T-017 de 2012, T-605 de 2013, T-326 de 2014, SU-556
de 2014, SU-054 de 2015 y T-373 de 2017.
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79. Además, el reintegro a su cargo de carrera le permite continuar afiliado en el
sistema de seguridad social en salud. Este hecho garantiza que pueda seguir
tratando sus patologías en la EPS que está suscrito. Por tanto, pese a su delicado
estado, su derecho a la salud está siendo protegido.
80. No obstante, no se puede desconocer los graves problemas de salud mental
que sufre Samuel y mucho menos las recomendaciones médicas que fueron
aportadas al proceso en las que se sugiere que, para tratar la depresión, así como su
adicción a algunos medicamentos, es importante que viva en la misma ciudad en la
que está su familia y red de apoyo, esto es, la ciudad de Cali.
81. La relevancia del aspecto del bienestar mental dentro del contenido del
derecho fundamental a la salud y la constatación de los graves problemas que sufre
el actor, obligan a la Sala a adoptar las siguientes decisiones. Esto, bajo el entendido
que esta Sección no es ajena a los conflictos que se generan como consecuencia de
los problemas de salud mental en el mundo contemporáneo. Así, en apoyo de la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, es importante resaltar que los pacientes
con enfermedades mentales como los trastornos de depresión se encuentran en
estado de debilidad manifiesta por las características propias de estas patologías ya
que afectan múltiples aspectos de la vida de quienes las padecen, e impiden el
normal y adecuado desempeño de las actividades laborales14.
82. Además, no sobra advertir que la pandemia por Covid-19 ha tenido un
especial impacto en las personas que padecen enfermedades crónicas como los
trastornos de ansiedad o depresión. Esta situación, tal como lo ha reconocido la
Corte Constitucional ha llevado a que organismos internacionales como la OIT a
emitir recomendaciones especiales en el ámbito laboral para prevenir y proteger la
salud mental de los trabajadores15.
83. En este orden, la Sala advierte que, en memorial del 05 de junio del año en
curso, el actor puso de presente que actualmente existe una vacante en el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Cali porque su titular recientemente presentó renuncia.
Por ende, Samuel solicitó a esta Sala que ordenara a la corporación judicial
accionada nombrarlo en ese despacho.
84. No se puede acceder a la anterior solicitud porque se desconoce si existen
funcionarios de carrera de mejor derecho que estén interesado en solicitar su
traslado al despacho en cuestión. Sin embargo, en el caso de que se tenga que
nombrar a alguien en provisionalidad, la Sala exhortará al Tribunal Superior de Cali a
estudiar la hoja de vida del actor y su experiencia previa en un cargo de similar
14
Corte Constitucional, Sentencias T-424 de 2022 y T-434 de 2020.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-424 de 2022.
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categoría para efectos de evaluar un posible nombramiento en provisionalidad como
Juez Quinto Laboral del Circuito de Cali.
85. Finalmente, esta Sala también exhortará al Consejo Superior de la Judicatura
-Unidad de Administración de Carrera Judicial para que, si el actor lo solicita de
nuevo, estudie su petición de traslado. En esta medida deberá evaluar su solicitud de
traslado a la ciudad de Cali u otro municipio cercano a esa localidad cuando sea
ofertada una plaza de igual o similar categoría a la que ocupa Samuel en la ciudad
de Armenia y, además, se cumplan los demás requisitos establecidos en el artículo
134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 del Consejo
Superior de la Judicatura.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Unidad de
Administración de la Carrera Judicial y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Armenia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
parte actora.
TERCERO: EXHORTAR al Consejo Superior de la Judicatura -Unidad de
Administración de Carrera Judicial para que, si el actor lo solicita de nuevo, estudie
su petición de traslado. En esta medida deberá evaluar la solicitud de traslado a la
ciudad de Cali u otro municipio cercano a esa localidad cuando sea ofertada una
plaza de igual o similar categoría a la que ocupa Samuel en la ciudad de Armenia y,
además, se cumplan los demás requisitos establecidos en el artículo 134 de la Ley
270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 del Consejo Superior de la
Judicatura.
CUARTO: EXHORTAR al Tribunal Superior de Cali, en el caso de que deba nombrar
a un funcionario en provisionalidad en el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esa
ciudad, que evalúe la hoja de vida y la experiencia previa del actor en un cargo de
similar categoría para efectos de su posible nombramiento en provisionalidad en esa
plaza.
QUINTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el expediente el
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su
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Demandante: Samuel
Demandado: Tribunal Superior de Cali
eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Con salvamento de voto parcial
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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