Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06426-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06426-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06426-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06426-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES
TESIS: SE AMPARAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACTOR.
EL DERECHO AL GOCE Y DISFRUTE DEL PERÍODO DE VACACIONES
INDIVIDUALES DE LOS EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL QUE LES
ASISTE LEGALMENTE, NO SE PUEDE AFECTAR POR ASUNTOS DE
ÍNDOLE ADMINISTRATIVO. REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DESCANSO, IGUALDAD Y TRABAJO
EN CONDICIONES DIGNAS.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo
presentado por el señor Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ,
esta Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1,
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL2,
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE VILLAVICENCIO3 y el JUZGADO CUARTO DE
EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
1
En adelante el Consejo Superior.
2
En adelante la Deaj.
3
En adelante la Dirección Ejecutiva Seccional.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06426-00
Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
ACACIAS – META4 cuyo titular actúa como Juez Coordinador del
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS- META5.
I – ANTECEDENTES
I.1. La Solicitud
El señor FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al descanso, a la igualdad y al trabajo en
condiciones dignas, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR, la DEAJ, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL y el
JUZGADO, al negarle el disfrute de sus vacaciones y los recursos
económicos para su correspondiente reemplazo como empleado del
CENTRO DE SERVICIOS.
I.2. Hechos
Manifestó que se encuentra vinculado en propiedad a la RAMA
JUDICIAL, en el cargo de escribiente nominado en la planta de
4
En adelante el Juzgado.
5
En adelante el Centro de Servicios.
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
personal del CENTRO DE SERVICIOS.
Indicó que el 19 de septiembre de 2022, solicitó a la juez
coordinadora del centro de servicios, el reconocimiento de las
vacaciones causadas entre el 20 de septiembre de 2021 al 19 de
septiembre de 2022.
Afirmó que mediante Resolución núm. 032 de 30 de septiembre de
2022, la juez coordinadora negó el disfrute de las vacaciones
aduciendo la necesidad del servicio y el alto volumen de trabajo que
maneja el Centro de Servicios.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Argumentó que las vacaciones constituyen un derecho fundamental
que no puede ser restringido por la Circular PSAC-1144 de 2011
expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual establece
la gestión de recursos para el nombramiento en provisionalidad de
jueces y magistrados, circunstancia que resulta ser discriminatoria
con relación a los empleados.
Señaló que si bien la juez coordinadora debe propender por la
continuidad del servicio y el buen funcionamiento de la secretaría, a
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su juicio, no resulta justo que de forma indefinida se limite su
derecho al descanso remunerado con fundamento en las cargas
administrativas y la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional en
asignar el presupuesto para el nombramiento de su reemplazo.
En ese sentido, afirmó que en virtud de la protección de sus derechos
fundamentales, se debe ordenar a la Dirección Ejecutiva Nacional de
Administración Judicial en asocio con la Dirección Ejecutiva
Seccional, eliminar las barreras que impiden el disfrute de sus
vacaciones, expidiendo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal6
para que el nominador pueda designar su reemplazo durante el
disfrute de sus vacaciones.
I.4. Pretensiones
Pese a que no se planteó de manera expresa las pretensiones de la
demanda, la Sala advierte que del escrito de tutela se puede inferir
que el actor solicita el amparo de sus derechos fundamentales al
descanso, a la igualdad y al trabajo en condiciones dignas y, en
consecuencia, que se le ordene a las entidades accionadas la
expedición del CDP correspondiente para que el nominador pueda
otorgar su período vacacional y la designación de su reemplazo.
6
En adelante CDP.
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I.5. Defensa
I.5.1.- El CONSEJO SUPERIOR manifestó que no goza de
legitimación en la causa por pasiva para ser vinculado dentro del
trámite constitucional de la referencia.
Afirmó que las acciones u omisiones que el actor atribuye como
vulneradoras, recaen exclusivamente sobre la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio, quien actúa como ordenador
del gasto de conformidad con el artículo 103 de la Ley 270 de 19967
y tiene a su cargo expedir el CDP para designar los reemplazos de
los empleados judiciales que pretenden el disfrute de sus vacaciones.
I.5.2.- La DEAJ aseguró que las quejas, reclamos, peticiones y todos
los temas relacionados con los asuntos laborales de los empleados
deben ser atendidos por la Dirección Seccional de Administración
Judicial ubicada en la ciudad en la que se prestan los servicios.
Indicó que en el asunto bajo estudio el trámite relacionado con el
disfrute de las vacaciones le corresponde a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Villavicencio.
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“Estatutaria de la administración de justicia”.
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Finalmente, recalcó que la apropiación de recursos para la
contratación de reemplazos de los empleados judiciales bajo el
régimen de vacaciones individuales está prohibida, esto, en virtud de
la Circular PSAC11-44 de 23 noviembre de 2011, que se encargó de
reglar las situaciones relacionadas con la expedición de recursos para
el nombramiento de reemplazos para quienes ostentan la condición
de funcionarios.
I.5.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL solicitó su
desvinculación de la acción de tutela de la referencia, al considerar
que no goza de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no
existe una actuación directa o indirecta que comprometa los
derechos del actor.
Manifestó que mediante Oficio núm. DEAJO22-916 de 22 de
noviembre de 2022, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial
negó autorizar disponibilidad presupuestal para atender el pago del
reemplazo durante las vacaciones, de conformidad con la Circular
PSAC11-44 de 2011.
I.5.4.- El JUZGADO PRIMERO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS – META señaló que a
través de Oficio núm. DESAJVI022-1756 de 29 de noviembre de
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2022, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL con relación a la
disponibilidad presupuestal para el pago del reemplazo durante el
disfrute de las vacaciones, indicó la dificultad de atender la gestión
de recursos para el nombramiento en provisionalidad de reemplazos,
por cuanto no existía disponibilidad presupuestal para atender ese
rubro.
Señaló que ante la necesidad de garantizar el adecuado
funcionamiento del Centro de Servicios Administrativos, negó
temporalmente la solicitud del actor hasta tanto se contara con la
disponibilidad presupuestal para el nombramiento del reemplazo.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
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Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Cuestión previa
La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema
jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para
efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
La Sala advierte que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, solicitaron su desvinculación de la
presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la
sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que
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el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor
y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación
en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación
con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso,
como en cualquier otro, el juez debe lograr que la
actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad
y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia
que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991
avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve
contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la
violación de los derechos fundamentales de las personas,
y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera
de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del
trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable
del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su
contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se
rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la
conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su
conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
En el presente caso, como quiera que a través de la acción de tutela
de la referencia el actor pretende, entre otros aspectos, que se
ordene la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad
presupuestal para el disfrute de sus vacaciones.
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Para la Sala, es claro que al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO, les asiste un
interés sustancial con lo que se discute en el proceso, pues se trata
de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo que era
necesario que se les vinculara al proceso, independiente de que las
pretensiones tuvieran o no vocación de prosperar.
En ese orden de ideas, se denegará las solicitudes de desvinculación,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente
providencia.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19918. Dicha acción se establece como
instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
La Sala observa que en el presente caso el señor FABIÁN AUGUSTO
SAAVEDRA TORRES interpuso acción de tutela con la finalidad de
obtener el amparo a sus derechos fundamentales al descanso, a la
igualdad y al trabajo en condiciones dignas.
El actor atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al
hecho de que a través de la Resolución núm. 032 de 30 de
septiembre de 2022, el CENTRO DE SERVICIOS lo privó del
derecho al disfrute de sus vacaciones con ocasión de la negativa de
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL de asignar la
disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante
dicho período, aunado a los argumentos de la necesidad de servicio
que arguyó su nominador.
Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la
acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de
procedibilidad y, de ser así, establecer si el hecho de que la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL se oponga a la expedición del
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certificado de disponibilidad presupuestal que garantice la
contratación de una persona que reemplace al actor, vulnera sus
derechos fundamentales al impedir el disfrute pleno de sus
vacaciones.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo
fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se
originó con ocasión a la expedición de la Resolución núm. 032 de 30
de septiembre de 2022, a través de la cual le fue negada la petición
de vacaciones, mientras que la acción de tutela fue radicada el 28 de
noviembre de 2022.
Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también
encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que por una parte,
el objeto de la acción de tutela es lograr la protección inmediata del
derecho a las vacaciones como garantía mínima de los trabajadores
y, por otra, en razón a que el eventual medio de control y
restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la
necesidad de que se efectué un nombramiento de remplazo durante
el tiempo que esté en vacaciones9.
9
Criterios bajo los cuales esta Sala ha aceptado de forma reiterada la procedencia de acciones de tutela
en casos similares al presente. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez
Sánchez, número único de radicación 110010315000202102853-01.
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
Visto que la presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad, procede la Sala a abordar el estudio del fondo del
asunto.
Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama
Judicial
Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución
Política establece:
“[…] Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social
y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del
Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones
dignas y justas […]”.
Por su parte, el artículo 53 de la Carta Política y la Corte
Constitucional han establecido como una garantía mínima en favor
de los trabajadores la concerniente al descanso remunerado, derecho
que tiene como propósito que el empleado recupere las energías ante
el desgaste normal de las mismas, originado por la actividad laboral.
Al efecto, en sentencia C-019 de 200410 la Corte Constitucional
señaló:
10
Mp Jaime Araújo Rentería.
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
“[…] El derecho al descanso conviene entenderlo como la
oportunidad que se le otorga al empleado para reparar
sus fuerzas intelectuales y materiales, para proteger su
salud física y mental, para compartir con su familia mayores y
mejores espacios de encuentro fraternal, para abordar
actividades idóneas al solaz espiritual, para incursionar más en
la lectura y el conocimiento, y, a manera de posibilidad
estética, para acercarse paulatinamente al hacer artístico en
sus múltiples manifestaciones.
En nuestra legislación las vacaciones se erigen como el
derecho a un descanso remunerado por las labores
desarrolladas al servicio del empleador, quien a su vez
tiene el deber de causarlas contablemente, al igual que la
obligación de pagarlas al empleado dentro de los términos de
ley. Es decir, el empleado tiene derecho al disfrute de un
tiempo libre a título de vacaciones, durante el lapso legalmente
causado y con el pago previo de ese derecho, pues no sería
justo ni razonable el que un trabajador saliera a “disfrutar” sus
vacaciones desprovisto del correspondiente ingreso
económico. Claro es que unas vacaciones carentes de recursos
se tornarían en un hecho contraproducente a los intereses y
derechos del titular y su familia, ante la permanencia del gasto
que implica su existencia y desarrollo.
Dentro del sentido y fines del derecho a las vacaciones resulta
pertinente destacar la regla según la cual los empleados
deben disfrutar efectivamente su período vacacional,
con arreglo a los términos y plazos establecidos en la
ley. Aceptándose sólo por excepción el pago de las mismas sin
el concomitante disfrute; esto es, únicamente en los casos
taxativamente señalados se admite la compensación en dinero
de las vacaciones […]”.
(Negrillas fuera del texto)
De igual forma, el artículo 4º del Convenio 52 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), aprobado por el Estado Colombiano
mediante la Ley 54 de 31 de octubre de 196211, dispone:
“[…] Articulo 4. Se considerará nulo todo acuerdo que implique
el abandono del derecho a vacaciones pagadas o la renuncia a
las mismas […].
11
“Por la cual se aprueban varios Convenios Internacionales del Trabajo adoptados por la Conferencia
Internacional del Trabajo, en las reuniones 20ª, 32ª, 34ª y 40ª.”
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
Ahora bien, el régimen de vacaciones de los empleados y funcionarios
de la RAMA JUDICIAL se encuentra establecido en el artículo 146
de la Ley 270 de 7 de marzo 1996, en los siguientes términos:
“[…] Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la
Rama Judicial serán colectivas, salvo las de los de la Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional (sic), las de los
Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos
de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las
de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con
las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del
Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura por la Sala de
Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo
nominador en los demás casos, por un término de veintidós
días continuos por cada año de servicio […]”.
Significa lo precedente que el régimen de vacaciones de los
empleados de la Rama Judicial, se escinde en dos modalidades, a
saber: a) los empleados que disfrutan sus vacaciones de manera
colectiva y, b) los empleados pertenecientes a la “[…] Sala
Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la
Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados
Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia,
Penales Municipales y de Ejecución de Penas; y las de los de la
Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
[...]”, cuyo régimen vacacional es individual.
No obstante lo anterior, en ambos supuestos el empleado de la
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RAMA JUDICIAL se hace acreedor del derecho a disfrutar de sus
vacaciones, el cual se considera fundamental e irrenunciable y, por
tanto, debe ser protegido a través de la acción de tutela.
Ahora bien, en el presente caso conforme con los elementos de juicio
obrantes en el plenario12, se encuentra probado de forma relevante
lo siguiente:
• El actor, en calidad de escribiente del CENTRO DE SERVICIOS,
solicitó a su nominador que le fueran concedidas las vacaciones a que
tenía derecho, por haber laborado en el período comprendido entre
el 20 de septiembre de 2021 al 19 de septiembre de 2022.
• El juez coordinador del CENTRO DE SERVICIOS solicitó a la
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL la expedición del certificado
de disponibilidad presupuestal en aras de garantizar el
nombramiento de un reemplazo, que sustituyera al actor mientras
disfrutaba de sus vacaciones.
• A través de la Resolución núm. 032 de 30 de septiembre de 2022,
12
Anexos que fueron allegados con la solicitud de amparo, vistos en el sistema SAMAI, índice 2,
expediente digital.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000
202206426001100103
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
ante la imposibilidad de efectuar un nombramiento de remplazo, el
nominador del actor negó las vacaciones solicitadas al considerar la
necesidad del servicio y el alto volumen de trabajo que maneja el
Centro de Servicios Administrativos de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad.
• Posteriormente, mediante Oficio núm. DESAJVI022-1756 de 29 de
noviembre de 2022, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL negó
la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal aludido,
por las siguientes razones:
“[…] De acuerdo a lo expuesto anteriormente y toda vez que la
Circular citada establece la gestión de recursos para el
nombramiento en provisionalidad de los reemplazos en
vacaciones individuales solamente para los funcionarios
judiciales, es decir, magistrados y jueces, no es posible atender
la solicitud de Disponibilidad Presupuestal por el reemplazo de
las vacaciones de los empleados en mención […]”.
Precisado lo anterior y visto el marco normativo y jurisprudencial
aplicable al asunto bajo estudio, la Sala advierte que las
circunstancias administrativas no pueden limitar el goce y disfrute
del período vacacional que legalmente le asiste al actor, teniendo en
cuenta la injerencia de dicha prerrogativa en el derecho al trabajo,
donde el descanso constituye una garantía fundamental del
empleado, además de una prestación social y un derecho económico
relacionado con la salud y la seguridad social de las personas.
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
Debe entenderse, además, que la función judicial, principalmente la
penal, en el caso del actor, comprende un desgaste intelectual y
moral especial, que amerita en contraprestación, condiciones
adecuadas de descanso y distracción que redunden en la renovación
de fuerzas para el ejercicio de sus actividades laborales posteriores
al período vacacional.
En efecto, impedir el derecho al goce de las vacaciones por cuenta
de restricciones administrativas no es una obligación que deba
soportar la parte actora, además porque las dificultades de la carga
laboral y la insuficiencia de recursos presupuestales de la Rama
Judicial no pueden proyectarse sobre los derechos de quienes laboran
en la jurisdicción penal.
Ahora bien, para la Sala no es de recibo el argumento expuesto por
la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL en su informe, según el
cual el disfrute de las vacaciones y la expedición del certificado de
disponibilidad presupuestal para efectuar un nombramiento de
remplazo depende única y exclusivamente del nivel central y que la
negativa a la petición del actor obedece al cumplimiento de una
directriz emitida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Lo anterior, porque proceder de tal forma desconocería el derecho al
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trabajo en condiciones dignas del actor, rompería el desarrollo
armónico y eficiente de las tareas asignadas a cada funcionario,
máxime si se tiene en cuenta la carga laboral que en particular debe
atender las funciones del Centro de Servicios.
Al respecto, se destaca que en asuntos como el presente, de forma
reiterada, como consecuencia del amparo que se ha concedido en
dichas eventualidades, esta Sala ha ordenado la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para garantizar el
reemplazo del empleado durante sus vacaciones13.
El criterio aludido no solo ha sido acogido por esta Sala sino que
también es sostenido por la SECCIÓN CUARTA y la SECCIÓN
QUINTA de esta Corporación.
Así, en sentencia de 19 de agosto de 202114, la SECCIÓN CUARTA
señaló:
“[…] De lo anterior, la Sala encuentra que existe vulneración de los
derechos fundamentales invocados por la señora Myriam Tatiana
Cortés Sánchez, toda vez que los asuntos de índole administrativa
no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del periodo
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Roberto Augusto Serrato Valdés número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04569-00.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación
110010315000202102853-01.
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 21 de agosto
de 2021, CP Milton Chaves García, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-04630-00.
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vacacional que legalmente le asiste, máxime si se tiene en cuenta
que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del
derecho al trabajo en condiciones dignas.
[…]
De acuerdo con lo expuesto, en coherencia con el criterio que ha
manejado esta Sala, se impone acceder al amparo los derechos
fundamentales al trabajo, a la dignidad humana, a la igualdad y a
la salud de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez. En
consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial Seccional – Bogotá - Cundinamarca, Dirección Financiera y
al Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial que, de manera coordinada, dentro de
treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, adelanten las gestiones administrativas y
presupuestales que correspondan, para que la Juez 17 de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá nombre el reemplazo
de la señora Myriam Tatiana Cortés Sánchez, y así materialice el
derecho al disfrute del descanso remunerado […]”
De igual forma, en sentencia de 9 de septiembre de 202115, la
SECCIÓN QUINTA expuso:
“[…] En cuanto a los servidores judiciales, las vacaciones se
encuentran establecidas en el artículo 146 de la Ley 270 de 1996,
de modo que, conforme a lo expuesto en precedencia, la Sala
considera vulnerado el derecho al trabajo en condiciones dignas del
señor Jorge Andrés Gaitán Castrillón, por parte de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales, por lo
que se impone tutelar el derecho conculcado y, en consecuencia,
se dispondrá:
i) Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Manizales que, en un plazo de cuarenta y ocho (48)
horas, contadas a partir de la notificación de la presente sentencia,
si aún no lo hubiere hecho, solicite a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (Unidad de Planeación o a la dependencia
que corresponda), la provisión de los recursos necesarios para que
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales adopte las
medidas que se requieren para conceder las vacaciones del señor
Jorge Andrés Gaitán Castrillón. La Dirección Ejecutiva de
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 9 de
septiembre de 2009, CP Luis Alberto Álvarez Parra, número único de radicación 1100103-15-000-2021-
04993-00.
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Administración Judicial dispondrá de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud que realice el director seccional,
para proveer los mencionados recursos […]”.
Con fundamento en lo anterior, la Sala concederá el amparo
solicitado y, en consecuencia, ordenará a la DIRECCIÓN
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO- META que, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de la presente providencia, adelante todas las
gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios
con el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del
actor. Una vez cuente con los recursos necesarios deberá comunicar
tal novedad de manera inmediata al juez coordinador del CENTRO
DE SERVICIOS.
Asimismo, la Sala ordenará al juez coordinador del CENTRO DE
SERVICIOS, que una vez se expida el certificado de disponibilidad
presupuestal para nombrar en provisionalidad el reemplazo del actor,
deberá pronunciarse, en un término de cuarenta y ocho horas (48)
contados a partir de dicha comunicación, sobre la concesión del
disfrute de las vacaciones del actor.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales del actor y, en
consecuencia, ORDENAR a la DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE
VILLAVICENCIO - META que, dentro de los cinco (5) días siguientes
a la notificación de la presente providencia, adelante todas las
gestiones necesarias para expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal que garantice la provisión de los recursos necesarios con
el propósito de autorizar el reemplazo de las vacaciones del accionante.
Una vez cuente con los recursos necesarios deberá COMUNICAR tal
novedad de manera inmediata al juez coordinador del CENTRO DE
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Actor: FABIÁN AUGUSTO SAAVEDRA TORRES.
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS- META.
TERCERO: ORDENAR al juez coordinador del CENTRO DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE PENAS Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ACACIAS- META, que una vez se
expida el certificado de disponibilidad presupuestal para nombrar en
provisionalidad el reemplazo del actor, deberá pronunciarse, en un
término de cuarenta y ocho horas (48) contados a partir de dicha
comunicación, sobre la concesión del disfrute de las vacaciones del
actor.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
QUINTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de marzo de 2023.
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OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
Salva voto
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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