Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06427-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06427-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06427-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de febrero de 2023
Radicado: 11001-03-15000-2022-06427-00
Demandante: María Leonor Niño de Granados
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15000-2022-06427-00
Demandante: MARÍA LEONOR NIÑO DE GRANADOS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, FIDUPREVISORA S.A. Y MUNICIPIO DE
CARTAGO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
Temas: Solicitud de cumplimiento en sede administrativa de sentencia
que ordenó reliquidación pensional. Derecho fundamental de
petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora María Leonor Niño de Granados contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), Fiduprevisora S.A. y el
municipio de Cartago (Valle del Cauca), Secretaría de Educación Municipal, en la
que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales de petición, a la
salud y a la vida digna, que considera vulnerados con la falta de respuesta a la
solicitud radicada ante el Fomag el 25 de febrero de 2020, con el fin de que se
diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de 6 de septiembre de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que en el marco del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ordenó la reliquidación
de su pensión de jubilación.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La actora indicó que actualmente tiene 70 años y que fue docente nacional desde
el 1 de febrero de 1971 hasta el 31 de marzo del año 2018.
Aseguró que el 25 de febrero de 2020 presentó, mediante apoderada judicial, ante
la Secretaría de Educación de Cartago una solicitud con radicado No.
CAR2020ER001519, en la que pidió que se diera cumplimiento al fallo proferido el
6 de septiembre de 2018, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el
que se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante
incluyendo el salario básico, la prima de navidad, la prima de junio, la prima de
vacaciones y la prima de alimentación con efectos fiscales a partir del 15 de
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Demandante: María Leonor Niño de Granados
diciembre de 2012 (exp. No. 76147-33-33-002-2016-00735-01). La solicitud se
reiteró el 21 de octubre de 2022, mediante radicado No. CAR2022ER007815.
Por último, manifestó a la fecha de presentación de la acción de tutela, a pesar de
que han transcurrido más de treinta y dos (32) meses desde que radicó la solicitud
no ha recibido respuesta de fondo, bajo el argumento de que “el Tribunal
Contencioso del Valle [debe] aclarar el fallo judicial, lo cual solicitó la SEM de
Cartago El día 01 de septiembre de 2021, mediante memorando general No.
CAR2021EE009059”.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora interpuso acción de tutela con el fin de que se amparen sus
derechos fundamentales de petición, a la salud y a la vida digna, que considera
vulnerados con la falta de respuesta de fondo a la solicitud presentada el 25 de
febrero de 2020, en la que pidió que se dé cumplimiento a lo ordenado en la
sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.
Manifestó que el incumplimiento de la orden judicial hace que su mesada
pensional pierda valor adquisitivo, por lo que, a pesar de haber laborado en la
docencia durante más de 47 años no cuenta con los ingresos suficientes para
cubrir sus necesidades y las de su madre Josefa Bonilla viuda de Niño, quien tiene
96 años, sufre de varias enfermedades, entre ellas, Alzhéimer y, por tanto, debe
mantenerla internada en una casa de adultos mayores, cuyos gastos debe
sufragar.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela la parte actora formuló la siguiente petición:
“1. Tutelar el DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN, derecho a la SALUD
y derecho a VIDA DIGNA A MI FAVOR.
2. En virtud de lo anterior se ORDENE a las Entidades Accionadas emitir
respuesta dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, sobre la
contestación del derecho de petición radicado ante la SECRETARIA DE
EDUCACION de Cartago Valle del Cauca, sobre el pago de mi sentencia
judicial.
3. Que se ordene que la respuesta dada por las entidades accionadas dé
cumplimiento en su totalidad a lo que ordena la sentencia judicial y así dejar
de vulnerar mis derechos fundamentales”.
4. Pruebas relevantes
Con el escrito de tutela se aportaron los siguientes documentos:
• Copia de la solicitud radicada bajo el No. CAR2020ER001519 el 25 de
febrero de 2020, ante la Secretaría de Educación de Cartago.
• Copia del oficio de 3 de noviembre de 2022 suscrito por la Secretaría de
Educación de Cartago dirigido a la apoderada de la accionante con el
asunto “respuesta a su petición de cumplimiento de sentencia”.
Así mismo, mediante correo electrónico de 13 de diciembre de 2022, la Secretaría
del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago remitió copia digital
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del expediente que contiene el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 76147-33-33-002-2016-00735-01.
5. Trámite procesal
Por auto de 6 de diciembre de 2022, la Consejera Ponente admitió la acción de
tutela y ordenó notificar a la parte actora y al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, al Ministerio de Educación Nacional, Fomag, Fiduprevisora S.A. y al
municipio de Cartago, Secretaría de Educación Municipal. Así como al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Cartago, como tercero interesado en el
resultado del proceso.
En el mismo auto se ofició al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago, con el fin de que se
allegaran copia digitalizada del expediente No. 76147-33-33-002-2016-00735-01,
demandante: María Leonor Niño Granados.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas No.
127540, 127542, 127544, 127546, 127548 a 127552 de 12 de diciembre de 2022,
con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Educación Nacional
Por escrito de 14 de diciembre de 2022, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica
solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, al considerar que no
cumple con los requisitos generales de procedencia. Además, de forma subsidiaria
pidió que se desvincule a la cartera ministerial del trámite constitucional teniendo
en cuenta que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Advirtió que no es el competente para atender la solicitud de reconocimiento y
pago de prestaciones que se encuentren a cargo del Fomag – Fiduprevisora S.A.
y de las Secretarías de Educación, pues no es el representante de dichas
entidades ni tiene injerencia en las prestaciones sociales que son responsabilidad
de dicho patrimonio autónomo ni en las Secretarías de Educación que hacen parte
de las administraciones territoriales.
En cualquier caso, mencionó que de conformidad con lo establecido en el
Comunicado No. 001 de 2 de febrero de 2021, existe un procedimiento en el
Fomag para radicar los fallos judiciales de pensiones, cesantías, sanción por mora
y auxilios, los cuales deben registrarse en el Sistema Único de Radicación
Nacional de Prestaciones, denominado Identificador de Prestaciones Económicas
– IPE – FOMAG y deben ser remitidas al digitalizador que Fiduprevisora ha
suministrado en cada SED para el correspondiente cargue de imágenes en la
plataforma IPE.
1 Las partes demandante y demandada, así como los terceros con interés fueron notificadas a las
siguientes direcciones de correo electrónico:
marialeonornino@gmail.com; atencionalciudadano@semcartago.gov.co;
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co;
notjudicial@fiduprevisora.com.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co; notjudicial@fiduprevisora.com.co;
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co; atencionalciudadano@semcartago.gov.co;
j02adtivocartago@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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A lo que agregó que los fallos judiciales (sentencias), deben radicarse en la
plataforma IPE y contener los siguientes requisitos:
“(…)
a. Sentencia judicial: si es única instancia la respectiva sentencia,
b. O si fue resuelta en segunda instancia, adjuntar las copias de la sentencia de
primera y segunda instancia.
c. Constancia de Ejecutoria, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 195 de
la Ley 1437 de 2011.
d. Certificado de salarios de la fecha que dio origen a la reclamación.
e. Para el caso de contar con solicitud de cumplimiento de fallo por parte de
apoderado, la misma debe tener número de radicado y fecha de radicación en la SED
(no se aceptan anotaciones a mano)
f. Debe aportarse poder debidamente constituido.
g. Para el caso de fallos judiciales de sanción por mora de Cesantías no se requiere
de proyecto de acto administrativo.
h. Los fallos de cesantías diferentes a sanción por mora (ej. Cambio de régimen), y los
fallos judiciales de pensiones y auxilios, requieren de proyecto de acto administrativo,
con la respectiva liquidación de los factores salariales origen de la demanda; así como
los documentos relacionados en los formatos de solicitud vigentes, que se adjuntan.
2. Todas las solicitudes para cumplimiento de sentencia judicial deben realizarse ante
las Secretarías de Educación Certificadas, de tal forma que las entidades
nominadoras adelanten el procedimiento de radicación en IPE y digitalización en la
plataforma habilitada por la entidad (IPE); razón por la cual, las solicitudes que sean
remitidas a la Fiduprevisora por los apoderados o docentes, deben surtir de manera
previa, el referido proceso ante la SED y por tanto es requisito indispensable para su
trámite relacionar el código de identificación de la prestación generado por el aplicativo
IPE, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.4.4.2.3.2.2 . Gestión a cargo de
las Secretarías de Educación. (…)””.
Por lo anterior, insistió en que no existe relación de causalidad o vínculo alguno
entre la cartera ministerial y lo solicitado por la accionante en el escrito de tutela. A
lo que agregó que la actora no ha radicado ninguna petición ante la entidad.
6.2. Respuesta de la Secretaría de Educación del Municipio de Cartago
En correo electrónico de 14 de diciembre de 2022, la secretaria de educación de la
entidad territorial pidió que se desvincule del trámite de tutela pues, a su juicio, no
vulneró ningún derecho fundamental a la actora.
Aseguró que previo a dar cumplimiento a la sentencia que ordenó la reliquidación
de la pensión de la accionante es necesario que el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca resuelva la solicitud de aclaración que dicha dependencia radicó
el 1 de septiembre de 2021, mediante memorando general No.
CAR2021EE009059, en el sentido de precisar “a qué que se refiere al mencionar
los artículos 176 al 179 del Cpaca para el proceso de reconocimiento de lo
otorgado a la docente por parte de esta SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y
FIDUPREVISORA”.
Así mismo, refirió que la solicitud de amparo resulta improcedente porque la actora
no demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
6.3. Respuesta de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Mediante memorial allegado el 2 de febrero de 2022, el secretario del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca manifestó que de acuerdo con la información
suministrada por el Sistema de Gestión Judicial Samai, el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 76147-33-33-002-2016-00735-
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01 fue devuelto al despacho de origen el 9 de noviembre de 2018.
Además, indicó que “[u]na vez revisado el correo
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co no se pudo identificar
ningún correo que hiciera referencia a esa solicitud [de aclaración], y que
haya sido enviado el 3 de septiembre de 2021, fecha del oficio o en fechas
cercanas, y es que descargados de SAMAI los anexos de la contestación de
tutela que hace el municipio de Cartago, se echa de menos que no se aporte copia
del mensaje del correo electrónico remitente, datos importantes a efectos de
establecer la fecha exacta de envío, archivos adjuntos y desde que correo
electrónico se remitió”.
En ese sentido, afirmó que no fue posible ubicar el escrito de aclaración al que
hace referencia la Secretaría de Educación de Cartago, por lo que esa
dependencia no ha dado trámite a ninguna solicitud.
6.4. Fiduprevisora S.A. y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Cartago, guardaron silencio, aun cuando fueron debidamente notificados del auto
admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. De manera previa, la Sala advierte que si bien la parte actora dirigió la acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Fomag,
Fiduprevisora y la Secretaría de Educación de Cartago, de la lectura del escrito de
tutela y de las pruebas que reposan en el expediente se logró establecer que la
solicitud a la que hace alusión la accionante y frente a la cual considera que se
están vulnerando sus derechos fundamentales, se radicó ante la Secretaría de
Educación de Cartago, por lo que el análisis constitucional se efectuará
únicamente frente a la actuación de dicha entidad.
2.2. En este orden de ideas, la Sala debe determinar si la Secretaría de Educación
de Cartago vulneró los derechos fundamentales de petición, a la salud y a la vida
digna, al no resolver de fondo la solicitud el 25 de febrero de 2020 (rad. No.
CAR2020ER001519), reiterada el 21 de octubre de 2022 (rad. No.
CAR2022ER007815, en la que la actora solicitó que se diera cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia de 6 de septiembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que ordenó la reliquidación de su pensión de
jubilación en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado bajo el No. 76147-33-33-002-2016-00735-01.
3. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
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interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20012, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan
otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación
política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse
de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en
conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una
vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes
ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas
cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un
servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera
igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se
constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede
protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que
no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el
Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la
administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al
artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe
anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de
instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo,
la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de
resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo
es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una
expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294
de 1997 y T-457 de 1994. ”3 .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,4 la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales
más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber
de responder”;5
2
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
3
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
4
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de
2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la
obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la
cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que
la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo
expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el
6
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k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al
interesado6”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud
y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada
uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento
directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar
al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”7. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez
(10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su
deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con
el artículo 209 de la Constitución…”.
6
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
7
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Demandante: María Leonor Niño de Granados
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro
de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación
con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa
y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las
situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez
constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir
una respuesta conforme a los lineamientos trazados”8.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el asunto bajo examen, la señora María Leonor Niño de Granados
presentó acción de tutela con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de petición, a la salud y a la vida digna, los cuales considera
vulnerados con la falta de respuesta de fondo a la solicitud radicada ante la
Secretaría de Educación de Cartago, mediante apoderada, el 25 de febrero de
2020 (rad. No. CAR2020ER001519), reiterada el 21 de octubre de 2022 (rad. No.
CAR2022ER007815, con el fin de obtener el cumplimiento de lo ordenado por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 6 de septiembre de
2018, que ordenó la reliquidación de su mesada pensional.
4.2. Al respecto, la Secretaría de Educación de Cartago presentó informe dentro
del trámite tutelar en el que manifestó que no es posible dar respuesta a la
solicitud de la accionante, dado que previo a dar cumplimiento a la sentencia es
necesario que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resuelva la solicitud
de aclaración que dicha dependencia formuló el 1 de septiembre de 2021,
mediante memorando general No. CAR2021EE009059, en el sentido de precisar
“a qué que se refiere al mencionar los artículos 176 al 179 del Cpaca para el
proceso de reconocimiento de lo otorgado a la docente por parte de esta
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y FIDUPREVISORA”.
4.3. Con el fin de resolver el problema jurídico propuesto, la Sala se referirá, en
primer lugar, al contenido y objeto de la petición presentada por la señora María
Leonor Niño de Granados el 25 de febrero de 2020, reiterada el 21 de octubre de
2022, ante la Secretaría de Educación de Cartago, la cual se formuló en los
siguientes términos:
8
Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).
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Demandante: María Leonor Niño de Granados
“I. PETICIONES
PRIMERO: Sea expedida la correspondiente resolución, donde sea reconocida a favor
de la Docente MARIA LEONOR NIÑO DE GRANADOS, el valor correspondiente a
todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios anterior al
cumplimiento de status de pensionado, como lo ordenó el JUZGADO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO, mediante sentencia con fecha del
28 de noviembre de 2017, y confirmada por el Honorable TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA con fecha del 06 de septiembre de 2018.
SEGUNDO: Que se le dé cumplimiento al fallo, en sentido de reconocer y pagar la
respectiva indexación de estas sumas de manera individual por cada una de las
mesadas ordenadas, y que sean cancelados los intereses moratorios que se han
causado desde el momento de la ejecutoria de la sentencia.
TERCERO: Se cumpla con la condena en costas, según el auto que las liquidó y las
aprobó, el cual se adjunta en esta oportunidad, y que dicho valor me corresponde en
la totalidad, según el poder otorgado.
II. HECHOS
PRIMERO: Esta solicitud de cancelación del valor correspondiente a todos los factores
salariales percibidos durante el último año de servicio en la liquidación de la pensión
[de] jubilación, que en la actualidad estoy peticionando y con anterioridad, negada por
intermedio de los oficios, al considerar que mi representada no tenía derecho a
realizar esta reclamación.
SEGUNDO: EI JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGO,
mediante sentencia, y confirmada por el Honorable Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, ordenó el reconocimiento y pago de la inclusión en la pensión de jubilación,
todos los factores salariales percibidos durante el último año de servicios a la Docente
MARIA LEONOR NIÑO DE GRANADOS, de las condiciones conocidas en el poder
que adjunto a la presente solicitud.
ANEXOS
• Poder debidamente autenticado.
• Copia de la Sentencia proferida por el JUZGADO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE CARTAGO y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
CAUCA”.
De acuerdo con lo manifestado por la actora, la Secretaría de Educación de
Cartago se ha negado a expedir respuesta de fondo a su petición, aduciendo que
para dar cumplimiento al fallo judicial es necesario que el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca resuelva una solicitud de aclaración de la sentencia de 6 de
septiembre de 2018, radicada el 1 de septiembre de 2021.
En efecto, en el expediente reposa copia del memorando de 3 de noviembre de
2022, dirigido a la apoderada de la accionante con asunto “respuesta a su petición
de cumplimiento de sentencia”, en el que indica lo siguiente:
“Cordial Saludo.
De la manera más atenta y respetuosa, procedo a responder las inquietudes por usted
planteadas en el derecho de petición CAR2022ER007815 del 21 de octubre de 2022
acerca del cumplimiento de sentencia:
1. El día 01 de septiembre de 2021, mediante memorando general No
CAR2021EE009059 esta Secretaría de Educación procedió a solicitar al honorable
Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del cauca lo siguiente:
“MARTHA CECILIA DIAZ LOAIZA, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía
No. 31.421.918; en mi condición de Secretaria de Educación Municipal de Cartago (V),
mediante acta de posesión No. 003 del 01 de enero de 2020; por medio del presente
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Demandante: María Leonor Niño de Granados
escrito me solicitar ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA NO 147
DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA.
Con el fin de proceder a la reliquidar la Pensión de jubilación de la demandante
garantizar el derecho de al debido proceso en esta secretaria, solicito de la manera más
atenta, amparada en el Código de Procedimiento Proceso de lo Contencioso
Administrativo CPCA artículo 290: “ARTÍCULO 290. ACLARACIÓN DE LA SENTENCIA.
Hasta los dos (2) días siguientes a aquel en el cual quede notifica, podrán las partes o el
Ministerio Público pedir que la sentencia se aclare.
La aclaración se hará por medio de auto que se notificará por estado al día siguiente de
dictado y contra él no será admisible recurso alguno. En la misma forma se procederá
cuando la aclaración sea denegada”.
En la parte resolutiva del numeral Quinto, la providencia del Tribunal “Dar cumplimiento a
la sentencia en los términos previstos en los artículos 176 al 179 del CPACA.
Es necesario tener claridad para este despacho para proceder a reconocer la sentencia
judicial de reliquidación de jubilación fallo. Dirigido a la Honorable Magistrada.
ZORANNY CASTILLO OTALORA Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del
Cauca”.
2. Hasta la fecha, señora apoderada, no han dado respuesta al anterior requerimiento
por parte del Tribunal a esta dependencia.
3. Para proceder a dar el trámite al cumplimiento de la sentencia para la reliquidación
de la pensión de su poderdante, se debe tener la claridad a que se refiere al
mencionar los artículos 176 al 179 del CPACA para el proceso de reconocimiento de
lo otorgado a la docente por parte de esta Secretaria de Educación y
FIDUPREVISORA.
Lo anterior para los fines pertinentes.
Anexo: Excel sobre la información del envió de memorando general
CAR2021EE009059 del 01/09/2021 a las 10:02 am de la Secretaria de Educación de
Cartago al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, como lo puede
evidenciar en el archivo Excel de la trazabilidad y seguimiento al memorando general”.
4.4. De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que la Secretaría de Educación de
Cartago desconoció el núcleo esencial del derecho fundamental de petición de la
accionante, pues si bien atendió la solicitud, en realidad la respuesta brindada a la
actora fue elusiva al no efectuar un estudio de fondo, concreto y congruente con lo
solicitado, esto es, el cumplimiento de la sentencia de 6 de septiembre de 2022,
emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la entidad demandada supeditó el trámite de cumplimiento en sede
administrativa a la resolución de una solicitud de aclaración, de la cual no presentó
prueba alguna de su radicación ni del seguimiento dado a la misma.
Adicionalmente de las pruebas que obran en el expediente se advierte que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca expidió constancia de 22 de octubre de
2018, indicando que “La sentencia fue notificada a las partes a través del buzón de
correo electrónico el día 10 de septiembre de 2018. El término de ejecutoria
transcurrió durante los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2018. La sentencia
quedó debidamente notificada y ejecutoriada. Así mismo, se informa que el
término establecido en el artículo 261 del CPACA, transcurrió durante los días 14,
17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2018. (Los días 15 Y 16 de septiembre de 2018,
no fueron laborales). Durante los términos señalados las partes guardaron
silencio (…)” (negrillas por fuera del texto original).
Por su parte, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartago profirió
auto de 21 de enero de 2019, en el que de conformidad con la referida constancia
secretarial ordenó que “se OBEDEZCA Y SE CUMPLA lo resuelto por el Tribunal
Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia No. 147 del 06 de
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Demandante: María Leonor Niño de Granados
septiembre de 2018 (…), mediante la cual REVOCÓ la Sentencia No. 228 del 28
de noviembre de 2017, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cartago, que negó las pretensiones de la demanda”.
Así mismo, de acuerdo con el informe presentado por el secretario del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el marco de la acción de tutela, se logró
establecer que la solicitud de aclaración a la que alude en ese memorando, no ha
sido presentada ante esa corporación judicial, lo que ha significado que se haya
dilatado injustificadamente una respuesta de fondo a la solicitud.
4.5. En este orden de ideas, la Sala advierte que la respuesta otorgada por la
Secretaría de Educación de Cartago a la solicitud formulada por la actora
desconoce el núcleo esencial del derecho fundamental de petición, pues adujo
que por encontrarse en curso dicha solicitud de aclaración, de la cual no existe
prueba de su radicación, no era posible estudiar lo relativo al cumplimiento de la
sentencia que, de conformidad con la constancia expedida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, se encuentra debidamente ejecutoriada.
Como lo ha advertido la Corte Constitucional, para que una respuesta se
considere de fondo debe ser: “(i) clara, “inteligible y de fácil
comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que “atienda, de manera concreta, lo
solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas”; (iii) congruente, es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y
sea conforme con lo solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta
con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que,
si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”. Por último, la
respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el mecanismo procesal
adecuado “para que la persona conozca la resolución de las autoridades, acto que
debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de
2011”9.
En este orden de ideas, la Sala considera que la Secretaría de Educación de
Cartago no resolvió de fondo la solicitud radicada por la actora el 25 de febrero de
2020, reiterada el 21 de octubre de 2022, en tanto la respuesta que le brindó a la
actora fue elusiva al no resolver lo relacionado con el cumplimiento de la sentencia
de 6 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por encontrarse supuestamente en trámite una solicitud de aclaración,
frente a la cual no existe prueba alguna de su radicación, a pesar de que, como se
indicó en precedencia, la decisión que dio origen a la solicitud de cumplimiento se
encuentra debidamente ejecutoriada, de lo cual da cuenta la constancia de 22 de
octubre de 2018 expedida por la misma autoridad judicial.
Más aún, la respuesta de fondo no se puede supeditar a que se resuelva una
solicitud de aclaración por cuanto, se insiste, se trata de una sentencia
ejecutoriada.
Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la actora y
ordenará a la Secretaría de Educación de Cartago, Valle del Cauca, que dentro de
los dos (2) días siguientes a la notificación de esta providencia proceda a resolver
de fondo, de manera clara, precisa y congruente la petición formulada por la
demandante, mediante apoderada, el 25 de febrero de 2020 (rad. No.
CAR2020ER001519), reiterada el 21 de octubre de 2022 (rad. No.
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Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2021, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Demandante: María Leonor Niño de Granados
CAR2022ER007815), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia. La respuesta se deberá notificar en los términos que establece la
Ley 1437 de 2011.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición de la señora María
Leonor Niño de Granados.
Segundo.- ORDÉNASE a la Secretaría de Educación de Cartago, Valle del
Cauca, que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de esta
providencia, proceda a resolver de fondo, de manera clara, precisa y congruente,
la petición formulada por la demandante, mediante apoderada, el 25 de febrero de
2020 (rad. No. CAR2020ER001519), reiterada el 21 de octubre de 2022 (rad. No.
CAR2022ER007815), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de
esta providencia. La respuesta se deberá notificar en los términos que establece la
Ley 1437 de 2011.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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