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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06431-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06431-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por el señor Edgard Rodolfo Saavedra Buitrago en contra del Consejo Seccional de la Judicatura www.consejodeestado.gov.co 17 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2022-06431-00 Ac c i o n a n t e : E d g a r R o d o l f o S a a v e d r a B u i t r a g o de Bogotá y del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma SAMAI. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06431-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D. C. veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06431-00
Accionante: EDGAR RODOLFO SAAVEDRA BUITRAGO
Accionado: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
BOGOTÁ Y OTRO

Tema: Tutela por la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al mínimo vital, debido proceso en
conexidad con el derecho al trabajo y a la seguridad
social, a la igualdad, estabilidad laboral y acceso a la
administración de justicia / vinculación al sector
público / cargos en carrera administrativa / concurso
de méritos

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor
Edgar Rodolfo Saavedra Buitrago contra el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de protección de los derechos fundamentales al mínimo
vital, debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo y a la

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seguridad social, a la igualdad, la estabilidad laboral y acceso a la
administración de justicia se fundamenta en los siguientes:

1. HECHOS

El señor Edgar Rodolfo Saavedra Buitrago se desempeñaba como
escribiente nominado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá desde el 24 de mayo de 2016 bajo la modalidad de servidor
público en provisionalidad. Sin embargo, el 31 de abril de 2022 se le
informó que a partir del 1.° de mayo de 2022 el señor Andrés Felipe
Toloza Martínez se posesionaria en carrera administrativa en el cargo
que él se encontraba desempeñando, lo que implicó su desvinculación
del mismo.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

La parte accionante sostiene que tiene 57 años y un tiempo de
alrededor de 9 años laborados como servidor público en la Rama
Judicial. Asimismo, indica que es el sustento de su hogar y tiene dos
hijos de 14 y 10 años, los cuales dependen económicamente de él en
su totalidad, por lo que su desvinculación del servicio quebranta sus
derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, seguridad social e
igualdad, pues fue notificado del retiro un día antes, sin previo aviso y
de manera arbitraria.

3. PRETENSIONES

La parte accionante solicita lo siguiente:

«1. Se TUTELE a mi favor los derechos fundamentales al MINIMO VITAL,
DEBIDO PROCESO en conexidad con el derecho AL TRABAJO y a la
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, LA ESTABILIDAD LABORAL, y
ACCESO A LA ADMNISTRACIÓN DE JUSTICIA, vulnerados por la Nación -

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Rama Judicial, por vía de hecho y producto del trámite violatorio que le dieron al
cargo que ejercí durante los últimos 9 años.

2. Consecuencia de la anterior pretensión y teniendo en cuenta los derechos
vulnerados, se solicita ORDENAR a la RAMA JUDICIAL me reintegre a en
función de servidor público bajo el cargo de escribiente en el Juzgado 02 Civil del
Circuito de Bogotá D.C.». (sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto de 7 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador
admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá y al Juzgado Segundo Civil del
Circuito de Bogotá como accionados y al señor Andrés Felipe Toloza
Martínez como tercero interesado en las resultas del proceso.

Asimismo, ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto.

4.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de
su presidente, solicitó su desvinculación de la causa por no tratar sobre
hechos atribuibles a la competencia de la entidad.

4.2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito, mediante su titular,
señaló que no es cierto que el accionante tuviera conocimiento de la
posesión del titular del cargo sólo hasta el día antes de su llegada, pues
desde diciembre de 2021 se había hecho el nombramiento de la
persona que se encontraba en primer lugar en la lista de elegibles,
situación que era conocimiento por el señor Saavedra Buitrago.

Asimismo, indicó que no se cumplen los principios de inmediatez y
subsidiariedad porque el demandante esperó más de siete meses para
pretender que se amparen sus derechos fundamentales, situación que

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desvirtúa la finalidad de la acción de tutela.

4.3. El señor Andrés Felipe Toloza Martínez rindió informe en el
cual afirma que el 29 de marzo de 2022 el señor Rodolfo Saavedra
desde su correo electrónico rodolfosaavedra135@gmail.com, email en
que le pide lo siguiente:

«Andrés muy buenas tardes para solicitarle el favor si usted pudiera solicitar la
prórroga de la posesión por los quince días, es que el mes entrante cumplo el año
y es para que me paguen esa bonificación, agradezco su colaboración espero su
respuesta gracias».

Asimismo, indicó que su nombramiento en propiedad se dio mediante
Resolución núm. 004 de 28 de febrero de 2022, la cual fue notificada
el 11 de marzo de 2022, por lo que no es cierto que sólo hasta el día
antes de su posesión el accionante se hubiese enterado de la
desvinculación. Por ello, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. COMPETENCIA

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política:

«Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».

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2. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder si:

 ¿El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Bogotá, con ocasión del
nombramiento en propiedad del señor Andrés Felipe Toloza
Martínez, vulneraron los derechos al mínimo vital, debido proceso
en conexidad con el derecho al trabajo y a la seguridad social, a
la igualdad, la estabilidad laboral y acceso a la administración de
justicia de la parte accionante?

Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) las generalidades de la acción de tutela, ii) la condición de
madre y padre cabeza de familia y los requisitos para su acreditación,
iii) de los concurso de méritos en la Rama Judicial, iv) la estabilidad
laboral de los funcionarios públicos nombrados en provisionalidad que
desempeñan cargos de carrera administrativa y v) el caso concreto.

3. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

3.1. GENERALIDADES DE LA ACCIÓN DE TUTELA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2591 de
1991, reglamentario del artículo 86 de la Constitución Política, «toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario,
por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de

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cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala
este decreto».

Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección
inmediata, oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o
vulneración, de los derechos fundamentales, por la acción u omisión de
las autoridades públicas, o de los particulares en casos concretos y
excepcionales.

La acción, sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales
que permitan proteger los derechos fundamentales del tutelante, salvo
que se interponga como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable.

3.2. SOBRE LA CONDICIÓN DE MADRE Y PADRE CABEZA DE
FAMILIA Y LOS REQUISITOS PARA SU ACREDITACIÓN

La mujer por su especial condición de madre cabeza de familia tiene
una protección de origen supralegal, la cual tiene su fundamento en los
artículos 13 y 43 de la Constitución. Igualmente, los artículos 5 y 44 de
la carta, se refieren a la primacía de los derechos inalienables de la
persona, al tiempo que amparan a la familia y, de manera especial, a
los niños.

La protección que la Constitución Política otorga a las madres cabeza
de familia, aparte de buscar una igualdad material, pretende que
principalmente el Estado la salvaguarde en todas las esferas de su vida,
para con esto también proteger a la familia como núcleo esencial de la
sociedad.

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha precisado sobre esa
protección especial, que no toda mujer, por el hecho de serlo, ostenta

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la calidad de madre cabeza de familia, pues para tener tal condición es
necesario que:

«(i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas
incapacitadas para trabajar; (ii) que esa responsabilidad sea de carácter
permanente; (iii) no sólo la ausencia permanente o abandono del hogar por parte
de la pareja, sino que aquélla se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones
como padre; (iv) o bien que la pareja no asuma la responsabilidad que le
corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental o, como es obvio, la muerte; (v) por
último, que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la
familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria de la madre para sostener el
hogar»1.

Para la Corte Constitucional, la condición de padre o madre cabeza de
familia se acredita cuando la persona (i) tiene la responsabilidad
permanente de hijos menores o personas incapacitadas para trabajar,
(ii) no cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia y (iii) su
pareja murió, está ausente de manera permanente o abandonó el hogar
y se demuestra que esta se sustrae del cumplimiento de sus
obligaciones, o cuando su pareja se encuentre presente pero no asuma
la responsabilidad que le corresponde por motivos como la incapacidad
física, sensorial, síquica o mental.

3.3. DE LOS CONCURSOS DE MÉRITOS EN LA RAMA JUDICIAL

La carrera administrativa cuyo origen constitucional se encuentra en el
artículo 125 de la Constitución Política, es un sistema técnico de
administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia
de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de
oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. En este
sentido, la carrera administrativa funge, entonces, como un principio y
una garantía constitucional.

1 Corte Constitucional. Sentencia SU-388 de 2005.

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Al efecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha manifestado
que «la Constitución de 1991, con las salvedades que ella misma indica,
ha hecho del sistema de carrera el general y obligatorio para la
provisión de cargos al servicio del Estado, en todas sus ramas y
órganos, para el ascenso dentro de la jerarquía de cada uno de ellos,
para la permanencia de los empleados y para el retiro del servicio
público».

En este sentido, esa corporación ha expresado reiteradamente que los
funcionarios deberán ser nombrados por concurso público cuando el
sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución
o la ley, esto es, cuando se trate de cargos de elección popular, de libre
nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley.

Así pues, el concurso de méritos está dirigido a garantizar la selección
objetiva del aspirante, según la evaluación y determinación de su
capacidad e idoneidad para asumir las funciones a desempeñar, de
manera que se impida la subjetividad o arbitrariedad del nominador o
criterios contrarios a los principios y valores constitucionales.

En lo que se refiere a la carrera judicial, la Ley 270 de 1996, reformada
por la Ley 1258 de 2009, establece que ésta se funda en el carácter
profesional de los servidores, la eficacia de su gestión, la garantía de
igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública y en la
consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la
permanencia y promoción en el servicio.

En efecto, el artículo 160 ibídem señala los requisitos exigidos para
ocupar cargos en la carrera judicial, entre ellos el concurso:

«Para el ejercicio de cargos de carrera en la Rama Judicial se requiere, además de
los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado

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satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas
por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto
expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

El acceso por primera vez a cualquier cargo de funcionario de carrera requerirá de
la previa aprobación del curso de formación judicial en los términos que señala la
presente ley.

PARÁGRAFO. Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso
de formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales
ascensos y, en este caso, se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como
factor sustitutivo de evaluación.

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Con arreglo a la presente ley y dentro del año
siguiente a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el curso de
formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley indica, a partir del
1o. de enero de 1997».

Así, el proceso de selección contenido en el artículo 162 comprende las
siguientes etapas: concurso de méritos, conformación del registro
nacional de elegibles, elaboración de listas de candidatos,
nombramiento y confirmación.

En este sentido, las personas que superen el concurso de méritos
entran a formar parte del registro de elegibles para los cargos por los
que optaron y concursaron, en orden descendente por los puntajes
obtenidos en los procesos de selección, la especialidad y las sedes
territoriales para las que aplicaron.

Las valoraciones de estos factores se deben realizar por medios
técnicos, que respondan a criterios de objetividad e imparcialidad, con
parámetros previamente determinados.

Las etapas siguientes son la conformación del registro de elegibles, el
nombramiento, la comunicación, la aceptación, la confirmación y la
posesión, las cuales se encuentran reguladas específicamente en los

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artículos 133, 165 y s.s. de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, para el
caso de los empleados se omite la etapa de confirmación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 162 ibidem. Veamos el procedimiento
que para estas etapas señala la norma:

«ARTÍCULO 165. REGISTRO DE ELEGIBLES. La Sala Administrativa de los
Consejos Superior o Seccional de la Judicatura conformará con quienes hayan
superado las etapas anteriores, el correspondiente Registro de Elegibles para
cargos de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial, teniendo en
cuenta las diferentes categorías de empleos y los siguientes principios.

La inscripción en el registro se hará en orden descendente, de conformidad con los
puntajes que para cada etapa del proceso de selección determine el reglamento.

La inscripción individual en el registro tendrá una vigencia de cuatro años. Durante
los meses de enero y febrero de cada año, cualquier interesado podrá actualizar su
inscripción con los datos que estime necesarios y con éstos se reclasificará el
registro, si a ello hubiere lugar.

Cuando se trate de cargos de funcionarios, o de empleados de las corporaciones
judiciales nacionales el concurso y la incorporación al registro se hará por la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; en los demás casos dicha
función corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la
Judicatura.

PARÁGRAFO. En cada caso de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en
cualquier momento podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.

[…]

ARTÍCULO 167. NOMBRAMIENTO. Cada vez que se presente una vacante en
cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar
dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del
Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de
candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.

Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los
tres días siguientes, solicitará a la Sala Administrativa del Consejo Superior o
Seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con
quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de
elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La Sala remitirá la lista dentro

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de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los
diez (10) días siguientes».

En cuanto al término perentorio para efectuar la posesión en los cargos,
el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 señala que el elegido dispondrá
de 15 días para tomar posesión del cargo:

«ARTÍCULO 133. TÉRMINO PARA LA ACEPTACIÓN, CONFIRMACIÓN Y
POSESIÓN EN EL CARGO. El nombramiento deberá ser comunicado al
interesado dentro de los ocho días siguientes y éste deberá aceptarlo o rehusarlo
dentro de un término igual.

Quien sea designado como titular en un empleo para cuyo ejercicio se exijan
requisitos y calidades, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora,
mediante la presentación de las pruebas que acrediten la vigencia de su
cumplimiento. Al efecto, el interesado dispondrá de veinte (20) días contados
desde la comunicación si reside en el país o de dos meses si se halla en el exterior.

La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no
se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el
nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el
ejercicio del cargo.

Confirmado en el cargo, el elegido dispondrá de quince (15) días para tomar
posesión del mismo.

PARÁGRAFO. El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por
el nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y
que la solicitud se formule antes del vencimiento».

3.3. ESTABILIDAD LABORAL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
NOMBRADOS EN PROVISIONALIDAD QUE DESEMPEÑAN
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA2

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido el “derecho
constitucional a una estabilidad laboral reforzada”, que se deriva del
principio de derecho a la igualdad de trabajo y que se materializa con

2 Se hace referencia, in extenso, a la providencia del T-464 de 2019.

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medidas diferenciales en favor de aquellas personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad3.

Así las cosas, la Corte Constitucional ha manifestado que la estabilidad
laboral se trata de:

«[U]na garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener
los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la
voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido. La
doctrina ha entendido entonces que el principio de estabilidad laboral configura,
en cabeza de los trabajadores, un verdadero derecho jurídico de resistencia al
despido, el cual es expresión del hecho de que los fenómenos laborales no se rigen
exclusivamente por el principio de la autonomía de la voluntad, ya que están en
juego otros valores constitucionales, en especial la propia dignidad del trabajador
y la búsqueda de una mayor igualdad entre patrono y empleado. Por ello, en
función del principio de la estabilidad laboral, y de la especial protección al trabajo
(CP arts 25 y 53), no basta el deseo empresarial para que pueda cesar una relación
de trabajo sino que es necesario que se configure una justa causa, en los términos
señalados por la ley, y en armonía con los valores constitucionales».

Las personas que gozan de estabilidad laboral reforzada son aquellas
personas que se encuentran amparadas por el fuero sindical, en
condición de invalidez o discapacidad y las mujeres en estado de
embarazo. De igual manera, la Corte ha manifestado que aquellos
trabajadores con limitaciones físicas, sensoriales o psicológicas se
encuentran en situación de debilidad manifiesta y, por lo tanto, son
beneficiarios de una estabilidad laboral reforzada. Esta limitación a la
que hace alusión la Corte hace referencia a una aplicación extensiva de
la Ley 361 de 1997 «Por la cual se establecen mecanismos de
integración social de las personas en situación de discapacidad y se
dictan otras disposiciones» a aquellas personas que se encuentran en
un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin

3 Sentencia T-014 de 2019.

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necesidad de que exista una calificación previa que acredite su
condición de discapacidad o invalidez4.

Ahora bien, en el caso de los servidores públicos que ocupan en
provisionalidad un cargo de carrera, la Corte ha manifestado que gozan
de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente
pueden ser removidos por causales legales que deben expresarse de
manera clara en el acto de desvinculación. De esta manera, la Corte ha
reiterado que la terminación de una vinculación en provisionalidad
porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó
el concurso «no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios,
pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a
quienes están vinculados bajo esta modalidad, cede frente al mejor
derecho que tienen las personas que ganaron un concurso público de
méritos»5.

Al respecto, en la sentencia SU-446 de 2011, la Corte precisó que:

«[…] la situación de quienes ocupan en provisionalidad cargos de carrera
administrativa, encuentra protección constitucional, en la medida en que, en
igualdad de condiciones pueden participar en los concursos y gozan de estabilidad
laboral, condicionada al lapso de duración del proceso de selección y hasta
tanto sean reemplazados por quien se haya hecho acreedor a ocupar el cargo
en virtud de sus méritos evaluados previamente».

Es decir, en la Rama Judicial, frente a un empleado en provisionalidad,
prevalecen los derechos de quien superó el proceso de selección de tal
manera que su situación laboral está condicionada al lapso de duración

4 La jurisprudencia constitucional ha sostenido dos líneas sobre la aplicación de la Ley 361 de 1997, una que ha asumido

que la protección brindada por la Ley 361 de 1997 es predicable exclusivamente de los sujetos con una pérdida de la
capacidad para trabajar comprobada; y otra, más abierta, que admite su aplicación a personas que sufren limitaciones
(Sentencias T-198 de 2006, T-819 de 2008, T-603 de 2009 y T-643 de 2009) y la segunda, la cual ha sido acogida
mayoritariamente por la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, que ha ampliado la concepción del término
“limitación”, en el sentido de hacer extensiva la protección señalada en la Ley 361 de 1997 a aquellas personas que se
encuentran en un estado de debilidad manifiesta por causa de una enfermedad, sin necesidad de que exista una
calificación previa que acredite su condición de discapacitados o de invalidez (Sentencias T-198 de 2006, T-513 de
2006, T-504 de 2008, T-992 de 2008, T-263 de 2009, T-866 de 2009, T-065 de 2010, T-092 de 2010,T-663 de 2011).
5 Sentencia SU-446 de 2011.

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del proceso de selección y hasta que se efectúe el nombramiento en
propiedad de la persona que ganó el concurso de méritos, lo cual no
excluye que, en todo caso, se verifiquen y tengan en cuenta las
condiciones especiales del trabajador que será desvinculado por ese
motivo, por ejemplo, que sea prepensionado, se trate de una mujer
embarazada o tenga una limitación física, sensorial o psicológica, entre
otros.

4. CASO CONCRETO

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el
señor Edgar Rodolfo Saavedra Buitrago en contra del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá y del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
mínimo vital, debido proceso en conexidad con el derecho al trabajo y
a la seguridad social, a la igualdad, la estabilidad laboral y acceso a la
administración de justicia.

La parte accionante sostiene que con ocasión del nombramiento y
posesión en propiedad del señor Andrés Felipe Toloza Martínez se
afectan sus garantías constitucionales al ser una persona de 57 años,
padre cabeza de familia y cuyos hijos menores dependen en lo
económico exclusivamente de él.

Para resolver, esta Sala de Subsección considera:

4.1. El artículo 125 de la Constitución Política establece por mandato
del constituyente primario que, por regla general, los empleos del
Estado deben ser provistos a través de un concurso público, a saber:

«ARTICULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de
carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

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Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los
méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción».

Como reglamentación de lo anterior, el Congreso de la República
expidió la ley estatutaria de la administración de justicia, contenida en
la Ley 270 de 1996, la cual dispone que los cargos de la Rama Judicial
sólo pueden proveerse en dos modalidades: i) en propiedad, para los
empleos en vacancia definitiva, en cuanto se hayan superado todas las
etapas del proceso de selección si el cargo es de carrera, o se trate de
traslado; y ii) en provisionalidad, en caso de vacancia definitiva, hasta
tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto,
que no podrá exceder de seis meses, o en caso de vacancia temporal,
cuando no se haga la designación en encargo, o la misma sea superior
a un mes.

En ese sentido, el nombramiento en propiedad del señor Andrés Felipe
Toloza Martínez para el cargo de escribiente nominado obedece a que
figuraba en la lista de elegibles «para los cargos de Citador de Juzgado
de Circuito - Grado 3, Citador Municipal de Centros de Servicios
Judiciales, Centros de Servicios Administrativos Jurisdiccionales y
Oficinas de Servicios y de Apoyo - Grado 3, Escribiente de Juzgado
Municipal - Grado Nominado, Escribiente de Juzgado de Circuito - Grado
Nominado y Oficial Mayor o Sustanciador de Juzgado Municipal – Grado
Nominado» en virtud del Acuerdo núm. CSJBTA21- 85 de 22 de

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noviembre de 2021 suscrito por el Consejo Seccional de la Judicatura
de Bogotá.

No obstante, el señor Edgar Rodolfo Saavedra Buitrago alega la calidad
de padre cabeza de familia y afirma que el sostenimiento de sus dos
hijos de 14 y 10 años, respectivamente, dependen económicamente de
él para su sustento. Sobre este punto, la Corte Constitucional ha
establecido unos criterios para efectos de acreditar tal condición, los
cuales se materializan cuando se comprueba que el padre:

a. Tiene la responsabilidad permanente de hijos menores o
personas incapacitadas para trabajar.
b. No cuenta con la ayuda de otros miembros de la familia.
c. Su pareja murió, está ausente de manera permanente o
abandonó el hogar y se demuestra que esta se sustrae del
cumplimiento de sus obligaciones.
d. Su pareja se encuentre presente pero no asuma la
responsabilidad que le corresponde por motivos como la
incapacidad física, sensorial, síquica o mental.

En las pruebas aportadas con el escrito de tutela, el accionante allega
(i) la certificación estudiantil de sus dos hijos menores6, quienes para
el año 2022 se encontraban cursando noveno y tercer grado,
respectivamente, y (ii) una declaración juramentada en la cual señala
que tiene tres personas a su cargo, contando a su cónyuge. No
obstante, no existe constancia de la auténtica sustracción de los
deberes legales de manutención por parte de la madre de los hijos que
conforman el grupo familiar, pues no se aportó prueba siquiera sumaria
que así lo demostrara, como tampoco existe prueba de que no cuente
con la ayuda de sus familiares.

6 Se omiten los datos del nombre de los menores y de las instituciones educativas en las que estudian para preservar la

protección de sus datos. Sin embargo, estos certificados pueden consultarse en el expediente.

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Congruente con lo expuesto, esta Sala de Subsección no encuentra que
el accionante haya probado la condición de padre cabeza de familia
porque no probó el cumplimiento de los presupuestos jurisprudenciales
para su reconocimiento, por consiguiente, no goza de la especial
protección que alegó al interponer la acción.

Así las cosas, si bien el señor Saavedra Buitrago alega las condiciones
de edad y ser padre cabeza de familia como causales de imposibilidad
para su desvinculación del cargo, es necesario reiterar que la
estabilidad laboral que da ese posible trato diferencial es de carácter
relativo, pues implica que quienes se encuentren en provisionalidad
puedan ser removidos por causales legales y objetivas, como lo es una
lista de elegibles producto de un concurso de méritos.

En este orden de ideas, la terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una
persona que ganó el concurso de méritos no desconoce los derechos
fundamentales de esta clase de funcionarios, situación que impone
negar el amparo solicitado por el señor Edgard Rodolfo Saavedra
Buitrago.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto la Sección Segunda, Subsección A del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela
presentada por el señor Edgard Rodolfo Saavedra
Buitrago en contra del Consejo Seccional de la Judicatura

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de Bogotá y del Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
SAMAI.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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