Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06441-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Acción de tutela contra providencia judicial: improcedencia /
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06441-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06441-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
3 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., tres (3) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: ALFONSO MACHADO JIMÉNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ, SALA
SEGUNDA DE DECISIÓN
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Improcedencia /
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - No se cumplió el
presupuesto de legitimación en la causa de la parte actora, puesto que se acreditó
que el supuesto accionante falleció antes de la interposición de la demanda de
tutela.
La Sala decide la acción de tutela instaurada en nombre del señor Alfonso
Machado Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala Segunda de
Decisión.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
En escrito del 1° de diciembre de 20221, se afirmó que el señor Alfonso Machado
Jiménez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá,
Sala Segunda de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia, con ocasión del auto del 26 de mayo de 2022 proferido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 18001-33-33-005-2020-
00014-01. Formuló las siguientes pretensiones:
1 Se advierte que, el 14 de diciembre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Primera: Conceder el amparo a los derechos fundamentales del debido
proceso (art. 29 C.N.), el acceso a la administración de justicia y la igualdad
(art. 13 C.N.) que le asisten al señor Alfonso Machado Jiménez, los cuales
han sido vulnerados por el Tribunal Administrativo de Caquetá – sala segunda
de decisión, quien en el auto proferido el día 29 de mayo de 2022 notificado
por medio de estado calendado 01 de junio de 2022 expedida al resolver el
recurso de apelación presentado dentro del trámite del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Alfonso Machado
Jiménez en contra de la caja de retiro de las fuerzas militares distinguido con
el radicado N° 2020-00014, por medio del cual dispuso declarar probada la
excepción previa de inepta demanda por indebida escogencia del medio de
control y como consecuencia de ello dio por terminado el proceso; incurriendo
en las causales contempladas por la sentencia C – 590 de 2005 bajo los
nomen iuris de “defecto sustantivo”, “defecto fáctico”, “desconocimiento del
precedente”, “violación directa de la Constitución”.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, dejar sin valor ni efecto el auto
proferido el 29 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo de Caquetá –
sala segunda de decisión, el cual fue proferido dentro del trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Alfonso
Machado Jiménez en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
distinguido con el radicado N° 2020-00014, por medio del cual dispuso
declarar probada la excepción previa de inepta demanda por indebida
escogencia del medio de control y como consecuencia de ello dio por
terminado el proceso.
Tercera: Como consecuencia de lo anterior, se ordene al Tribunal
Administrativo de Caquetá – sala segunda de decisión, proferir nuevo auto en
el cual se resuelva el recurso de apelación formulado por el accionante
Alfonso Machado Jiménez, en el que se decida lo siguiente:
a. Declarar no probada la excepción de “inepta demanda por indebida
escogencia del medio de control” propuesta por la entidad pública
demandada.
b. Impartir continuidad al trámite del proceso, efectuando el estudio del fondo
del problema jurídico planteado en la demanda.
c. Acceder a las pretensiones formuladas en la demanda que ha dado
génesis al proceso de la referencia, declarando la nulidad de las
Resoluciones N° 8684 del 11 de Diciembre de 2013 y N° 5540 del 08 de Julio
de 2015 y del Oficio del 24 de Abril de 2015 N° 211, Consecutivo 2015 –
25636 proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
ordenando a CREMIL efectuar una nueva liquidación del reajuste de la
asignación de retiro que mi poderdante devenga frente al período
comprendido entre la fecha de reconocimiento de la primera mesada en
adelante según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en la cual se
apliquen los parámetros jurisprudenciales establecidos por el Consejo de
Estado para el reajuste de la asignación de retiro de los miembros de las
Fuerzas Militares por el IPC fijado por el DANE con las implicaciones y
efectos que las diferencias reconocidas a la base pensional consolidada a 31
de diciembre de 2004 tienen frente a la liquidación de las mesadas causadas
a partir del 01 de enero de 2005 y en adelante hacia futuro, dado el aumento
cíclico y a futuro en forma ininterrumpida que tiene la asignación de retiro;
junto con los demás pedimentos deprecados en el acápite de pretensiones
del libelo introductorio en la forma allí solicitada.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1.2 . Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Alfonso Machado Jiménez demandó a la Caja de retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL), para que se reajustara su asignación de retiro, de conformidad
con el IPC.
Mediante sentencia del 22 de marzo de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo
de Descongestión de Florencia accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, en el sentido de ordenar e reajuste de la asignación de retiro «con base
en el IPC en los años 2001, 2002, 2003 y 2004, en tanto le sea más favorable que
el incremento recibido en virtud del principio de oscilación. Diferencia que será
utilizada como base para la liquidación de las mesadas posteriores Así mismo
declaró la prescripción de las mesadas anteriores al 10 de marzo de 2006.
Por medio de la Resolución 8684 del 11 de diciembre de 2013, CREMIL dio
cumplimiento al fallo en mención y ordenó reconocer y pagar al señor Machado
Jiménez la suma de $345.241 «por concepto de reajuste de la asignación de retiro
por el período comprendido entre el 01 de Agosto de 2002 y el 31 de Diciembre de
2004 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)».
El 7 de abril de 2015, el señor Machado Jiménez solicitó nuevamente el reajuste
de su asignación de retiro. Dicha petición fue negada en Oficio del 24 de abril de
2015 N° 211, consecutivo 2015 – 25636, con fundamento en que ya se había dado
estricto cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de
descongestión de Florencia.
Inconforme con ello, el señor Alfonso Machado solicitó la revocatoria directa de la
Resolución 8684 del 11 de diciembre de 2013, la cual fue negada en Resolución
5540 del 8 de julio de 2015.
Finalmente, el señor Alfonso Machado Jiménez promovió un segundo proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declarara la nulidad de
las Resoluciones 8684 del 11 de diciembre de 2013 y 5540 del 8 de julio de 2015,
así como del Oficio del 24 de abril de 2015 N° 211, consecutivo 2015 – 25636 y
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
que, en consecuencia, « se ordenara a CREMIL efectuar una nueva liquidación del
reajuste de la asignación de retiro reconocida al señor Alfonso Machado Jiménez
frente al período comprendido entre el 01 de Agosto de 2002 y el 31 de Diciembre
de J2004 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ».
Mediante providencia del 2 de marzo de 2022, el Juzgado Quinto Administrativo
de Florencia declaró la excepción de ineptitud de la demanda por indebida
escogencia del medio de control y dio por terminado el proceso, al considerar que
los actos administrativos demandados eran de ejecución, por lo que no eran
susceptibles de control judicial. Igualmente, sostuvo que, si bien la demanda podía
adecuarse a un proceso ejecutivo, frente a este ya había operado la caducidad.
La anterior decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en
providencia del 26 de mayo de 2022.
1.3. Fundamentos de la tutela
Sostuvo la parte accionante que la autoridad judicial demanda incurrió en los
defectos sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente y violación directa
de la Constitución, por declarar la excepción previa de ineptitud de la demanda y
abstenerse de tramitar el segundo proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho pues, a su juicio, tiene derecho a obtener el reajuste de su asignación de
retiro consolidada antes del 31 de diciembre de 2004, acorde con el IPC.
Señaló que la decisión valoró de manera equivocada la prueba documental sobre
la liquidación, la cual da cuenta de que fue errado el reajuste que hizo CREMIL
respecto de la asignación de retiro contenida en la Resolución 8684 del 11 de
diciembre de 2013.
Según el accionante, se desconoció la sentencia del 24 de octubre de 2012,
dictada por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado (radicado
2012-0541-00), en la cual «se decide éste reajuste para otros retirados de las
Fuerzas Militares quienes también consolidaron su derecho a percibir la
asignación de retiro con anterioridad al 31 de Diciembre del año 2004, en donde el
Consejo de Estado ha manifestado la incidencia de todas las mesadas futuras que
se causaron desde el 01 de Enero de 2005 hasta la fecha en que se llevó a cabo
la enunciada liquidación ».
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
De igual forma, alegó el desconocimiento del precedente jurisprudencial
establecido por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en las
sentencias de tutela del 8 de junio de 2016 (radicado 11001-03-15-000-2016-
00471-00), del 27 de octubre de 2016 (radicado 11001-03-15-000-2016-00471-
01), del 17 de abril de 2017 (radicado 11001-03-15-000-2017-00224-00), del 29 de
enero de 2018 (radicado 11001-03-15-000-2017-03024-00) y otras de la misma
naturaleza, que señalan la posibilidad de acudir nuevamente ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en ejercicio de un segundo proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando a los miembros retirados de la Fuerza
Pública se les desconoce el derecho esencial a obtener la reliquidación la
asignación de retiro, sin la necesidad de acudir a un proceso ejecutivo.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 5 de diciembre de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caquetá, como parte demandada, y, en calidad de
tercero con interés, al director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares (CREMIL). Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá, por conducto de la magistrada
ponente de la decisión atacada, rindió el informe respectivo y manifestó que,
contrario a lo expuesto por el accionante, en la providencia dictada por ese
despacho se tuvo en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado que
establece que son susceptibles de control judicial aquellos actos administrativos
de ejecución que exceden las órdenes emanadas de una sentencia judicial; y, a
partir de este presupuesto, se examinó si la Resolución 8684 de 2013 era pasible
de control o no de acuerdo con la sentencia a la que dio cumplimiento y que
establecía expresamente que la diferencia sería utilizada como base para la
liquidación de las mesadas posteriores.
Bajo ese contexto, expreso que los actos administrativos que se pretendían que
fueran dejados sin efectos sí eran de ejecución y, por tanto, lo procedente era
iniciar oportunamente el correspondiente proceso ejecutivo, sin que la parte
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Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
hubiese procedido de conformidad, por lo tanto, no se evidenciaba la configuración
de ninguno de los defectos alegados por la parte actora.
De otra parte, señaló que la tutela se ejercía como una tercera instancia del
proceso ordinario, sin que exista razón alguna que justifique su interposición, más
allá de la simple inconformidad con la providencia dictada por el Tribunal el 26 de
mayo de 2022.
2.3. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, por conducto de apoderado
judicial, solicitó que se rechazara la acción de tutela por falta de legitimación en la
causa por activa, toda vez que si bien fue interpuesta aparentemente por del
señor Alfonso Machado Jiménez, en nombre propio, se constató que se encuentra
fallecido desde febrero de 2021.
De otra parte, alegó que, así como lo expuso el tribunal accionado, si es que el
señor Machado Jiménez estaba en desacuerdo con la resolución dictada por
CREMIL en cumplimiento del fallo del 22 de marzo de 2013, debió acudir al
proceso ejecutivo para presentar los reparos contra la reliquidación de la
asignación de retiro, lo cual no ocurrió.
En tal sentido, señaló que no existe vulneración o amenaza alguna de los
derechos fundamentales invocados en la demanda, así como tampoco existe
ilegalidad alguna en las actuaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
por lo que solicitó que se declarara la improcedencia de la tutela.
2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa,
salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para
proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir,
concederá el amparo impetrado, siempre que esté acreditada la razón para
conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación
consideraba que la acción de tutela era improcedente contra las providencias
judiciales; sin embargo, a partir del año 20122, aceptó su procedencia, conforme
con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional, esto es, cuando la misma
viole flagrantemente algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces,
el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las
razones en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la
protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se
hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea
de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por
ejemplo, en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a
terceros que podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte,
acaece cuando con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar
la causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la
violación de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de
instancia, sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia
cuestionada ha incurrido en alguna de las causales específicas para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario,
la tutela carecería de relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte
Constitucional ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de
tutela, las providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
Estado. En ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los
requisitos generales y la configuración de una de las causales específicas antes
mencionados, la acción de tutela contra providencias proferidas por los
denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de
los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que
exige la imperiosa intervención del juez constitucional3».
2. Problema jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la persona que interpuso la tutela está
legitimada para discutir la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Caquetá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento radicado 18001-33-33-
002-2013-00427-00.
3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Solo en el evento de dar una respuesta positiva al anterior aspecto, se estudiará
si la solicitud de amparo reúne los requisitos generales exigidos por la
jurisprudencia para su procedencia y, en caso de que se cumpla, se descenderá
al análisis de fondo, con el fin de establecer si se configuraron o no los defectos
atribuidos a la sentencia dictada el 29 de mayo de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Caquetá.
3. Análisis de la Sala
3.1. De la legitimación en la causa en materia de acción de tutela
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política4 fue
reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo artículo 1° establece que
«toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o
por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto».
Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe
estar legitimado en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer
esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos
4 ARTÍCULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el
juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés
colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.
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Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de derechos, como lo dispone
el artículo 10 del Decreto 2591 de 19915.
En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter
informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas
condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de
la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:
Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige
que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la
causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos
fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la
primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho
fundamental propio y no, en principio, de otra persona6. La segunda se
entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades
responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados7, destacando a la vez que su adecuada integración persigue
garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía,
permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los
hechos que son materia de la controversia constitucional.
Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien
demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales debe
estar debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)8.
Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos
fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos
tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, «se
relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo»9.
5 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en
condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.
6 Cita del original: «Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)».
7
Cita del original: «En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental (…)».
8 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.
9 Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-227 de 2003, en la que se habló del
carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun
cuando no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución:
La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos
fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de
aplicación inmediata9 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona9. Entre estos
dos extremos se han presentado varias posturas teóricas:
…
A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el
concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que
valor central del sistema y principio de principios.
…
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por su parte, un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una
persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir,
cuentan con un titular, un obligado y una prestación o contenido10.
El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de
fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su
protección.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa,
«es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. “Por tanto, cuando una de las partes
carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de
mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de
fondo”11»12.
Por tanto, quien acude a la acción de tutela debe ser el titular del derecho afectado
o amenazado, un tercero que cumpla las condiciones para agenciar los derechos
de otro o las autoridades expresamente autorizadas para ello en el ordenamiento
jurídico13. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la ausencia de un
presupuesto para estudiar el fondo del asunto.
• Análisis de la legitimación en el caso concreto
En el caso bajo estudio, se presentó una acción de tutela con la afirmación de que
el mecanismo lo ejercía el señor Alfonso Machado Jiménez, en nombre propio,
con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá, con ocasión del auto
En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté
dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la
medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la
posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está
determinada de manera apriorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del
derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta
prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias
particulares de cada caso (tópica).
10 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11 Cita original de la providencia: T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997,
M. P. José Gregorio Hernández.
12 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
13 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y
los personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitimados para
interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en
situación de desamparo e indefensión.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
dictado el 26 de mayo de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 18001-33-33-002-2013-00427-01.
En el trámite de la acción de tutela, CREMIL manifestó que el señor Alfonso
Machado Jiménez falleció en febrero de 2021, y como prueba de ello aportó el
respectivo registro civil de defunción14.
Una vez revisado el documento en mención, la Sala constata que, en efecto,
existe prueba de que el señor Alfonso Machado Jiménez falleció el 2 de febrero de
2021, mientras que la tutela, fue interpuesta el 1° de diciembre de 2022. Por
razones evidentes, no hay duda de que la persona que radicó la demanda no
corresponde a quien se afirma es el accionante y titular de los derechos
fundamentales reclamados, por lo que no se cumple el presupuesto de la
legitimación en la causa por activa. No cabe duda de que el titular de los derechos
cuya protección se reclama falleció incluso antes de la presentación de la
demanda de tutela, lo que torna improcedente la presente acción, sin que, existan
circunstancias que habiliten un tratamiento especial o diferente.
Dicho en otras palabras, «quien no tenga la condición de persona, natural o
jurídica, propiamente hablando, no es sujeto de derechos fundamentales, ya que
estos son inherentes a la esencia personal, o manifiestan las tendencias naturales
o fundamentales del sujeto de derecho»15.
Recuérdese: la tutela persigue la protección de derechos subjetivos. Ello significa
que quien alega la afectación debe ser su titular u otra persona los defienda en su
nombre, con las limitaciones establecidas en la ley y la jurisprudencia, pero bajo la
condición de que la persona exista, salvo casos excepcionales en los que, aun
cuando la persona hubiese fallecido la afectación de los derechos se extienda o
tenga repercusiones respecto de otros, como los herederos, circunstancias que,
en todo caso, deben expresarse y acreditarse en la demanda, con explicación de
la calidad en la que se actúa.
Por consiguiente, el fallecimiento del señor Machado Jiménez y la ausencia de
explicación y de pruebas en la demanda de que se actúa en virtud de alguna
14 Documento con certificado 0148AEB87BF51D86 705ECD1B49F3A92D 831BE8DB9D35B455
68FDAB2FBE1BF37D, visible en el índice 9 del expediente digital cargado en la plataforma Samai.
15 Corte Constitucional, sentencia T- 269 del 12 de julio de 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
relación jurídica como la de heredero, conlleva declarar improcedente la solicitud
de amparo por falta de legitimación en la causa por activa.
De otra parte, al confrontar la información que reposa en el expediente de tutela y
en el proceso ordinario, la Sala observa que en ambos expedientes el correo
electrónico que se informó para las notificaciones judiciales y desde el cual se
radicó la presente demanda es juank4728@hotmail.com, que correspondería al
del abogado Jonathan Camilo Buitrago Rodríguez, quien actuó como apoderado
del señor Machado Jiménez en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado 18001-33-31-001-2012-00172-00, sin embargo, dicha
circunstancia es insuficiente para dilucidar si fue esa persona la que radicó la
solicitud de amparo a nombre del señor Alfonso Machado Jiménez, a pesar de que
este había fallecido. . Por tanto, se remitirán las copias de este expediente a la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá, para que investigue la
posible comisión de una falta disciplinaria imputable al referido profesional del
derecho.
Finalmente, también se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación para que
investigue la posible comisión de una conducta constitutiva de delito.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela de la referencia, por lo
razonado en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Remítase copia del expediente de tutela a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Caquetá y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su
competencia.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-06441-00
Actor: Alfonso Machado Jiménez
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá, Sala
Segunda de Decisión
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
CUARTO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad
de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece
a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
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spx.
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