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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06453-00

Fecha
9 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06453-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, presentada por la UGPP, según lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional 13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro Rad: 11001-03-15-000-2022-06453-00 para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06453-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

9 de febrero de 2023

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-06453-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06453-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por
la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de demanda

1. Con escrito remitido al despacho por correo electrónico el 5 de diciembre de
20221, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social -UGPP ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Octavo Administrativo Oral de
Barranquilla, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia en conexidad con el
principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico
el 20 de mayo de 2022, mediante la cual confirmó la providencia del 10 de octubre
de 2016 del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla, que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, instaurada por la señora Zulma Rosa Camero de Escorcia contra la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social. Lo anterior en el proceso, identificado con el
radicado 08001-33-33-008-2013-00344-01.

1
Radicado el 2 de diciembre de 2022 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de
Estado.
1

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Rad: 11001-03-15-000-2022-06453-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó la protección de los
derechos fundamentales invocados, y como consecuencia pidió:

“(…) PRIMERO. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE
BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SECCIÓN “C”, y que se traducen en un evidente detrimento del erario
que se genera con el reconocimiento y pago de una pensión gracia sin el lleno de
los requisitos para el efecto.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior:

a. Se DEJE sin efectos las sentencias proferidas por el JUZGADO OCTAVO
ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO SECCIÓN “C” del 10 de
octubre de 2016 y del 20 de mayo de 2022 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 08001-33-33-008-2013- 00344-00 en razón a que
la señora ZULMA ROSA CAMERO DE ESCORCIA no reunió los 20 años de
servicio a la docencia oficial para ser beneficiaria de la pensión gracia.

b. Se ORDENE al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO SECCIÓN, dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es,
revocando la sentencia del 10 de octubre de 2016 proferida por el JUZGADO
OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE BARRANQUILLA por no haberse reunido
los requisitos legales contemplados en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 91 del
29 de diciembre de 1989, para otorgar la pensión gracia y tampoco observado los
criterios jurisprudenciales señalados en la sentencia del 11 de abril de 2019
proferida por el Consejo de Estado.

SUBSIDIARIAS En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en
razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

PRIMERO. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de
la UGPP vulnerados por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO ORAL DE
BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO SECCIÓN “C”.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de manera
transitoria y hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se
iniciaría en virtud de su orden tutelar, las sentencias del 10 de octubre de 2016 y del
20 de mayo de 2022 proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado N° 08001-33-33-008-2013-00344-00.” (Sic a toda la cita)2

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. Por medio de la Resolución No. 0024728 del 15 de diciembre de 2003, la
Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E negó el pago de la pensión
gracia a la señora Zulma Rosa Camero de Escorcia, por cuanto determinó que no
cumplía con el requisito de 20 años de servicio como docente, pues no acreditó su
calidad de empleada pública ya que desestimó los tiempos prestados por ella en
las Empresas Públicas Municipales de Barranquilla. Dicho acto administrativo fue

2
Folio 33 de la demanda de tutela. Índice 2 del aplicativo SAMAI.
2

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confirmado por la Resolución No. 28777 del 13 de diciembre de 2004, que resolvió
un recurso de reposición interpuesto por la señora Camero.

5. La señora Camero de Escorcia presentó varias solicitudes con el fin de
obtener el pago de la pensión gracia, y cada una de estas fue negada por la
extinta Caja Nacional de Previsión Social – CAJANAL E.I.C.E.

6. La señora Zulma Rosa Camero de Escorcia promovió demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de las
Resoluciones No. 24728 de 15 de diciembre de 2003; No. 28777 de 13 de
diciembre de 2004; No. 58516 de 31 de octubre de 2006; No. PAP 011660 de 31
de agosto de 2010; No. RDP031343 de 11 de julio de 2013; y No. RDP038783 de
23 de agosto de 2013 y, en consecuencia, se le reconociera y pagara una pensión
gracia, a partir de la fecha en la cual cumplió el estatus de pensionada, con
inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

7. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla, autoridad judicial que por medio de sentencia del
10 de octubre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, declaró la
nulidad de los actos administrativos mencionados y ordenó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia a favor de la señora Zulma Rosa Camero de Escorcia
sobre el 75% de los factores salariales devengados en el último año en que se
consolidó su derecho.

8. La anterior decisión tuvo como fundamento el criterio jurisprudencial
establecido por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 28
de enero de 2010, en la cual se accedió favorablemente al reconocimiento de la
pensión gracia de un maestro que desempeñó sus funciones en Empresas
Públicas Municipales de Barranquilla, considerando que la vinculación de esa
empresa es del orden territorial, “por cuanto la misma certificación expedida por la
Secretaria de Hacienda Distrital hace hincapié en que el nombramiento en las Empresas
Públicas fue del orden municipal”.

9. Inconforme con la decisión, la UGPP apeló, recurso del cual conoció el
Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad que en sentencia del 20 de mayo
de 2022 confirmó en su totalidad lo decidido en primera instancia.

10. Como fundamento de su decisión, expuso que para efectos del
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar que la plaza ocupada por el
maestro es de carácter territorial, circunstancia que la autoridad judicial tuvo como
demostrada, conforme a la certificación aportada por el Fondo de Pasivos de las
Empresas Públicas Municipales de Barranquilla según la cual la vinculación de la
señora Carmero de la Escorcia es de carácter público.

11. La anterior decisión se notifico el 14 de junio de 2022.

1.4. Fundamentos de la solicitud

12. La entidad accionante señaló que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y

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al debido proceso con ocasión de los fallos proferidos el 10 de octubre de 2016 y
el 20 de mayo de 2022 por cuanto a su juicio incurrió en los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente.

13. En cuanto al defecto sustantivo, sostuvo que se aplicaron indebidamente
las disposiciones contenidas en la Constitución política de Colombia que en su
artículo 286 expresamente determina que las entidades territoriales están
constituidas por departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas, lo cual
aplicado de forma armónica con el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 que señala que
el personal nacionalizado lo componen los docentes vinculados por nombramiento
de una entidad territorial antes del 1 de enero de 1976, da cuenta que en el caso
de la señora Zulma Rosa Camero de Escorcia no existió un nombramiento por
parte de una entidad territorial, toda vez que dentro del proceso contencioso
administrativo no existe prueba alguna o acto administrativo que señale que la
vinculación de la solicitante fue efectuada directamente por el municipio de
Barranquilla.

14. Arguyó que, sin bien la Alcaldía de Barranquilla certificó los tiempos de
servicios de la señora Camero, esto obedece a que el distrito de Barranquilla tenía
participación dentro de la junta administradora de Empresas Públicas Municipales
de Barranquilla – EPMB posteriormente transformada en Sociedad de Acueducto,
Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. “AAA de Barranquilla S.A” en calidad de
sociedad anónima de economía mixta, no obstante, no se certifica la vinculación
directa con la entidad territorial, aclarando así que la Empresas Públicas
Municipales de Barranquilla – EPMB era un establecimiento público
descentralizado, lo cual da cuenta que no se cumplía con la naturaleza jurídica de
la entidad donde debía prestar sus servicios la solicitante para ser acreedora de la
pensión gracia.

15. Frente al desconocimiento del precedente, señaló que se desatendió la
sentencia del 11 de abril de 2019, oportunidad en la que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, replanteó su posición en relación con el
reconocimiento de la pensión gracia con tiempos cotizados con la ETB (institución
descentralizada ajena al servicio público de la educación), para negar dicho
beneficio.

16. Por lo anterior, desde el 2019 el Consejo de Estado replanteó su línea
jurisprudencial (en cualquier caso, aplicable en aquellos eventos de que se trate
de una institución descentralizada ajena al servicio público de la educación),
fijando como regla, el que se valorara en cada caso, los siguientes criterios:

 La existencia de una actividad docente.
 La naturaleza jurídica del empleador.
 La clase de vinculación del reclamante.
 La remuneración obtenida por sus servicios, cuando han sido prestados en
instituciones dependientes de otras que por definición no desarrollan actividades
de educación.

4

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17. Finalmente, frente al defecto fáctico adujo que es evidente la falta de
valoración adecuada de las pruebas obrantes en el proceso, lo cual generó que en
las decisiones controvertidas se accediera a las pretensiones de la señora Camero
en contradicción con lo probado, pues los tiempos de servicios prestados a una
entidad descentralizada como lo eran las extintas Empresas Públicas Municipales
de Barranquilla, no podían tenerse en cuenta, ya que no era una institución
educativa oficial del magisterio, tal como dan cuenta las certificaciones laborales
aportadas al proceso.

1.5. Trámite de la acción de tutela

18. Mediante auto del 19 de diciembre de 20223, se admitió la acción de tutela y
se dispuso su notificación4 a la parte actora, así como a los Magistrados del
Tribunal Administrativo del Atlántico y al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Barranquilla, como autoridades judiciales accionadas.

19. Así mismo, se vinculó en calidad de tercero con interés jurídico a la señora
Zulma Rosa Camero de Escorcia, que conformó el extremo activo en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado N. º
08-001-33-33-008- 2013-00344-00/01.

20. Finalmente, se negó la medida provisional solicitada por la parte accionante
la cual consistía en que se ordenara la suspensión de las sentencias cuestionadas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el
radicado N.° 08001-33-33-008-2013-00344-01, hasta tanto se resolviera la
presente acción de tutela.

21. Lo anterior, por cuanto el despacho ponente consideró que la parte
accionante no argumentó ni allegó prueba que acreditara que en ese momento
procesal existiera una situación de vulneración o un daño gravoso que
representara un perjuicio irremediable.

1.6. Intervenciones

22. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en la copia digital del expediente5, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Zulma Rosa Camero de Escorcia

23. Mediante correo electrónico remitido el 23 de enero de 2023 la señora
Camero de Escorcia manifestó que la parte actora no identificó de manera
razonable los hechos que presuntamente generaron la violación, ni los derechos
vulnerados, tampoco alegó dicha trasgresión en el proceso ante las autoridades
judiciales accionadas razón por la cual no se cumplió con el requisito de
subsidiariedad.

3
Índice 4 del expediente digital en el aplicativo SAMAI.
4
Actuación realizada el 12 de enero de 2023.
5
De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción de tutela,
Índice 7, Oficio No. 1080, 1081, 1082 y 1083 del 12 de enero de 2023.
5

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24. De igual manera, señaló que no se cumple con el anterior requisito por
cuanto la parte actora cuenta con el recurso extraordinario de revisión.

25. A pesar de que los Magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla fueron debidamente
notificados, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

26. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la
Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

27. Corresponde en este caso determinar si de conformidad con la situación
fáctica expuesta, el material probatorio recaudado y los argumentos planteados en
el escrito de tutela, las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP. En consecuencia, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de la acción de
tutela contra providencia judicial por los cargos propuestos?

28. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo
siguiente:

 ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico, al proferir la sentencia atacada,
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y de desconocimiento del
precedente, vulnerando así los derechos fundamentales invocados por la
parte accionante?

29. Para resolver estos problemas, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii)
estudio de los requisitos generales de procedibilidad y de superarse, (iii) caso
concreto de cara a las generalidades de los defectos señalados.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

6

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30. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
6
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 7 y declaró su
procedencia.8

31. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y
vi) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

32. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

33. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Subsidiariedad

34. En lo que respecta a la subsidiaridad, se advierte que si bien es cierto,
como lo indicó la UGPP en el presente trámite, en anteriores oportunidades esta
Sección consideró que la acción de tutela interpuesta por las entidades
encargadas del reconocimiento y pago de pensiones, es procedente para
controvertir decisiones judiciales que desconocieron el precedente establecido por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 20159, también lo es que esta
Sala de Decisión precisó su posición a través del fallo de tutela del 16 de marzo de

6
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
9
Entre otros, pueden consultarse los siguientes fallos: 1) Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 2 de junio de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03308-01, M. P. Rocío Araújo
Oñate. 2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 16 de junio de 2016, Rad. 11001-03-
15-000-2016-00043-01, M. P. Rocío Araújo Oñate. 3) Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 25 de febrero de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2016-00103-00, M. P. Alberto Yepes
Barreiro. 4) Consejo de Estado, Sección Quinta, fallo del 15 de diciembre de 2016, Rad. 11001-03-
15-000-2016-01334-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
7

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201710, al considerar que algunas de las controversias generadas con ocasión a la
no aplicación de la referida providencia de unificación, y por ende, que
presuntamente implicaron el reconocimiento de pensiones excediendo lo
dispuesto en la ley, deben ventilarse mediante el recurso extraordinario de
revisión, que constituye el mecanismo idóneo y eficaz para tal efecto, en atención
a la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003 11.

35. Para mayor ilustración, se traen a colación algunas de las consideraciones
del fallo de tutela del 16 de marzo de 2017, respecto del cual debe precisarse que,
la parte accionante fue el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es decir, una
de las entidades expresamente legitimadas en la causa por activa para ejercer el
recurso extraordinario de revisión por la causal antes señalada:

“De conformidad con el marco jurídico12 expuesto la Sala observa que en el
sub examine se cumplen con los requisitos para que el recurso extraordinario
de revisión sea un mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los
derechos fundamentales que alega como desconocidos el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público en la tutela de la referencia.

Ello se debe a que una vez analizadas las particularidades del asunto, se tiene
que la violación alegada frente a los derechos fundamentales al debido
proceso y de defensa en conexidad con el principio de la sostenibilidad
financiera del sistema de seguridad social en pensiones, es susceptible de ser
conjurada de manera integral dentro del trámite del recurso extraordinario de
revisión, toda vez que en caso de prosperar el recurso se infirmaría la
sentencia acusada y se restaurarían de forma suficiente y oportuna los
mismos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en el ordenamiento jurídico (literal b del
artículo 20 de la Ley 797 de 2003) está prevista la causal de revisión de
reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de
naturaleza pública, en virtud de la cual, la suma que la entidad accionante
asegura le fue reconocida de manera contraria a la ley a la señora María
Rosalba Ospina Blandón por concepto de pensión de vejez, puede ser

10
Rad. 11001-03-15-000-2016-02774-01, M. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
11
“ARTÍCULO 20. REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS A CARGO DEL
TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA. <Apartes tachados
INEXEQUIBLES (sentencia C-835 de 2003 de la Corte Constitucional)> Las providencias judiciales
que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro
público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte
Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del
Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o
conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión
por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas
para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o
convención colectiva que le eran legalmente aplicables.”
12
Insiste la Sala en que este marco jurídico fue decantado, entre otras, las providencias de: (i) 3 de
noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 18. Magistrado Ponente
(E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2014-03284-00; (ii) 7 de abril de 2015 Sala
Especial de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-
15-000-2013-00577-00 y; (iii) 3 de noviembre de 2015, Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión No. 18. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-
2014-01918-00.
8

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Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
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revisada a efectos de determinar sí, en efecto, la cuantía reconocida por parte
del juez excedió lo dispuesto por las leyes13.

Igualmente, se advierte que la parte actora se encuentra dentro del término de
los 5 años para ejercer el recurso extraordinario de revisión, pues la sentencia
censurada es de 13 de junio de 2016.

En tal medida, solo en caso de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
considere que con el fallo proferido por el juez administrativo en el marco del
recurso extraordinario de revisión se mantiene o perpetúa la vulneración de
sus derechos fundamentales podrá acudir a la acción de tutela atacando los
vicios que considere contienen las providencias de nulidad y restablecimiento
del derecho y de la revisión. Lo contrario, es decir, permitir que vía acción de
tutela y sin el previo agotamiento de los recursos extraordinarios el juez
constitucional evalúe los argumentos de ilegalidad e inconstitucionalidad
planteados por la parte actora implicaría despojar a la acción de tutela de su
naturaleza subsidiaria e invadir de lleno la competencia del juez ordinario en la
materia.

Así las cosas, la Sala concluye que la solicitud de tutela es improcedente
teniendo en cuenta que la misma no superó el requisito de subsidiariedad”.

36. Frente al fallo citado se subrayó, que el recurso extraordinario de revisión
por las causales previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, de conformidad
con el tenor literal del mismo, debe ser ejercido por el Gobierno Nacional, el
Contralor General de la República o el Procurador General de la Nación, lo que en
principio impediría predicar en esta oportunidad que la UGPP estuviera legitimada
en la causa por activa para interponer dicho medio de defensa, y por ende, que la
acción de tutela en su caso constituye el único mecanismo idóneo para
controvertir las providencias acusadas.

37. Sin embargo, sobre el particular también debe tenerse en cuenta la
sentencia SU-427 de 2016 de la Corte Constitucional14, en la que se precisó, a
propósito del reconocimiento judicial de mesadas pensionales que exceden lo
debido de acuerdo a la ley, que además de las autoridades señaladas en el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pueden interponer el recurso de revisión “las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones periódicas
reconocidas de manera irregular”, razón por la cual por regla general la acción de
tutela cuando es ejercida por aquellas con tal fin es improcedente, salvo que se
evidencie de manera palmaria que a través de las providencias judiciales
atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación
de dichas prestaciones.

38. Sobre el particular, se transcriben las razones pertinentes del referido fallo
de unificación:

13
En relación con la procedencia de esta causal, en sentencia de 7 de abril de 2015 Sala Especial
de Decisión No. 27. Magistrado Ponente (E): Alberto Yepes Barreiro Rad. No. 11001-03-15-000-
2013-00577-00, se indicó que “…a juicio de la Sala quien actúa en desconocimiento de la ley,
ejecuta actos que guardan fidelidad al texto de la norma o que se desprenden de una
interpretación en apariencia razonable de ella, pero que en realidad eluden el sentido de las
disposiciones y conducen a resultados que desbordan la naturaleza y finalidades de la respectiva
institución jurídica. El desconocimiento de la ley únicamente requiere que exista un
aprovechamiento de las opciones hermenéuticas que se desprenden de una regla, para hacerla
producir resultados incompatibles con el ordenamiento jurídico apreciado en su conjunto”.
14
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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“(…) Al efecto, en primer lugar, esta Corporación deberá establecer si la
acción de tutela es procedente para revisar las prestaciones reconocidas con
abuso del derecho, frente a lo cual este Tribunal advierte que, en principio, el
recurso de amparo no sería viable puesto que el Acto Legislativo 01 de 2005
adicionó un inciso al artículo 48 superior, en el cual se indica que “la ley
establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones
reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente
celebrados”, por lo que en atención al principio de subsidiariedad debería
acudirse a dicho instrumento especializado para examinar las prestaciones
periódicas sobre las cuales se cierna duda en torno a su legalidad.

7.16. Sin embargo, la Corte evidencia que no se ha expedido una ley que
desarrolle dicho mandato, por lo que se ha acudido al instrumento
contemplado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 como vía para la revisión
de las pensiones reconocidas mediante providencias judiciales en las
hipótesis de abuso del derecho, tal y como se dispuso en la Sentencia C-258
de 201315. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente realizar las
siguientes precisiones en torno a la posible aplicación de dicho mecanismo16:

7.17. En primer lugar, hay que destacar que el artículo 20 de la Ley 797 de
200317 consagró la competencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema
de Justicia para revisar, por petición del Gobierno, las providencias judiciales
que “en cualquier tiempo” hayan decretado la obligación de cubrir sumas
periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza al tesoro público o a
fondos de naturaleza estatal. Dicho procedimiento procede cuando: (a) el
reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, o (b) la
cuantía del derecho reconocido exceda lo debido de acuerdo con la ley, pacto
o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

(…)

7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por
la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no
reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de
los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero18.

7.24. Por lo anterior, la Corte considera que la UGPP está legitimada para
acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e
interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se
haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de
caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde
antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la
defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo Cajanal.

7.25. Así las cosas, ante la existencia (sic) otro mecanismo judicial como lo es
el recurso de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, en
principio, las acciones de tutela interpuestas por la UGPP para cuestionar

15
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En dicha providencia se señaló que (…)”
16
En esa línea, puede consultarse el salvamento de voto de la magistrada Gloria Stella Ortiz
Delgado a la Sentencia T-060 de 2016 (M.P. Alejandro Lineras Cantillo).
17
“Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de
fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que (…)”
18
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
10

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decisiones judiciales en las que presuntamente se haya incurrido en un abuso
del derecho son improcedentes al tenor del artículo 86 de la Constitución.

7.26. No obstante lo anterior, este Tribunal avizora que la afectación del erario
público con ocasión de una prestación evidentemente reconocida con
abuso del derecho tiene la vocación de generar un perjuicio irremediable
a las finanzas del Estado, las cuales se utilizan para garantizar, entre
otros, el derecho a la seguridad social de los colombianos, por lo que en
casos de graves cuestionamientos jurídicos frente a un fallo judicial que
impone el pago de prestaciones periódicas a la UGPP, el amparo será
viable con el fin de verificar la configuración de la irregularidad advertida
y adoptar las medidas respectivas.

7.27. Con todo, esta Corporación estima que en atención a los principios
superiores de seguridad jurídica y confianza legítima, el juez constitucional
cuando analice de fondo la posible configuración de un abuso del derecho
deberá tomar las medidas necesarias para no afectar de manera grave los
derechos fundamentales de los implicados en la causa, por lo que en caso de
verificarse la existencia de dicha irregularidad, deberá disponer que el reajuste
de la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional no tenga
efectos de manera inmediata, sino que se deberá concederse un periodo de
gracia, que la Sala fija como prudencial en seis meses contados a partir de la
fecha de la notificación de la resolución que consagra el reajuste efectuado al
perjudicado con ocasión de la decisión judicial de amparo. Por otra parte, el
funcionario jurisdiccional también deberá disponer que no habrá lugar al
reintegro de sumas de dinero ya canceladas, comoquiera que las mismas se
presumen percibidas de buena fe.

7.28. La aplicación de las reglas establecidas por la Corte en esta providencia
tiene las siguientes ventajas sobre las tesis que previamente se habían
adoptado por las diversas salas de revisión:
(i) No anula el principio de seguridad jurídica, pues si bien permiten que se
controvierta una sentencia ejecutoriada lo hacen, por regla general, a través
de un mecanismo especializado, cuya naturaleza precisamente es servir de
instrumento procesal para remediar decisiones injustas y, de manera
excepcional, mediante la acción de tutela en casos de palmarios abuso del
derecho.

(ii) No desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, ya que le permite a la UGPP acudir hasta el 11 de junio de 2018
ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado para controvertir las decisiones
judiciales que considere lesivas para el tesoro público y frente a las cuales no
precedía recurso alguno.

(iii) Permite atender al principio general del derecho según el cual de la
ilegalidad no se generan derechos y permite la aplicación del mecanismo
previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual autoriza afectar la
intangibilidad de las sentencias ejecutoriadas para impedir que se mantengan
situaciones irregulares en desmedro del erario público, así como responde a la
situación especial de ineficiencia e inoperancia administrativa que enfrentó
Cajanal.

(iv) Establece un período de gracia a la persona beneficiaria de una prestación
con abuso del derecho para que no vea afectados abruptamente sus derechos
con ocasión del reajuste de la pensión como consecuencia de la intervención
excepcional del juez constitucional. (Destacado fuera de texto).

2.5. Caso concreto

39. De conformidad con las consideraciones expuestas, es claro que la UGPP
por el interés directo que le asiste respecto del monto en que se viene

11

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reconociendo por concepto de pensión gracia a la señora Zulma Rosa Camero de
Escorcia en virtud de las decisiones judiciales cuestionadas en esta oportunidad,
está legitimada para ejercer el recurso extraordinario de revisión por las causales
establecidas en la Ley 797 de 2003, como lo precisó la Corte Constitucional en la
sentencia SU-427 de 2016 al sostener lo siguiente:

“7.23. Ahora, frente a la legitimación para interponer el recurso de revisión por
la configuración de un abuso del derecho, comoquiera que la Constitución no
reguló la titularidad para interponerlo, debe entenderse que recae, además de
los sujetos establecidos en la Ley 797 de 2003, en cabeza de las
administradoras de pensiones encargadas del pago de las prestaciones
periódicas reconocidas de manera irregular, pues son las primeras
instituciones llamadas dentro del sistema pensional a velar por su buen
funcionamiento financiero19” (El destacado es nuestro).

40. Ahora bien, a propósito del fallo SU-427 de 2016 de la Corte
Constitucional, no desconoce la Sala que en casos excepcionales a pesar de la
existencia del recurso extraordinario de revisión, la acción de tutela resultaría
procedente si se evidencia de manera palmaria que a través de las providencias
judiciales atacadas se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o
liquidación de la pensión20, lo cual no se evidencia en esta oportunidad por las
razones que se exponen a continuación:

41. En efecto, sin perjuicio de lo que estime el juez natural del asunto, no se
advierte palmariamente que la señora Zulma Rosa Camero de Escorcia en virtud
de las sentencias acusadas haya obtenido su mesada con abuso del derecho,
como ocurrió en el caso que fue objeto de análisis en la sentencia SU-427 de
201621.

42. En tal sentido, el tribunal demandado determinó que no era de recibo el
argumento de la entidad accionante consistente en que la certificación allegada
por la gerente de Gestión Humana de la Alcaldía de Barranquilla no es la prueba
idónea para efectos de acreditar el ejercicio efectivo de la docencia por parte de la
señora Camero de Escorcia, pues a su parecer los documentos que reunían tal
connotación eran su acto de nombramiento y posesión.

43. No obstante la autoridad judicial accionada consideró que en el expediente,
reposan la historia laboral y la hoja de vida allegados por la Alcaldía Distrital de
Barranquilla, así como las certificaciones expedidas por el director de las extintas
Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, y el jefe de división de archivo del
Fondo Territorial de Pensiones del DEIP de Barranquilla, Secretaría de Hacienda,
pruebas suficientes que le permitieron demostrar que la señora Camero Escorcia
ejerció como docente, en consecuencia no puede advertirse, en principio, que se
presentó abuso del derecho para que se le reconociera la pensión gracia.

19
Cfr. Sentencias T-363 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz) y T-300 de 2014 (M.P. Luis Guillermo
Guerrero Pérez).
20
Ver: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de marzo de 2017, Rad. 11001-03-15-
000-2016-03170-01, M. P. Rocío Araújo Oñate.
21
En el que el servidor público durante los últimos años de servicio incrementó de manera
ostensible sus salarios y prestaciones sociales mediante una vinculación precaria en encargo, con
el fin de recibir una mesada pensional que no era proporcional respecto de los aportes a seguridad
social que realizó durante la última etapa de su vida laboral.
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44. Es decir, prima facie en el caso de autos tampoco se advierte la situación
palmaria a que hizo alusión la Corte Constitucional en el referido fallo de
unificación (o una similar), como excepción al requisito de subsidiariedad, en los
casos en que las entidades administradoras de pensiones cuentan con el recurso
extraordinario de revisión para controvertir las sentencias que reconocieron
mesadas pensionales en cuantías que exceden lo debido de acuerdo a la ley.

45. Por supuesto se reitera, será el juez natural del asunto, en virtud del
recurso extraordinario de revisión, quien establecerá si existió o no abuso
del derecho en el reconocimiento de la pensión de la señora Camero
Escorcia, y/o si la misma es contraria a los parámetros legal y
jurisprudencialmente establecidos.

46. Finalmente se debe resaltar que la UGPP pretende de forma subsidiaria,
que el amparo se conceda como mecanismo transitorio, sin embargo, no se
exponen razones suficientes para ello, y la Sala tampoco evidencia que exista un
perjuicio irremediable que justifique tal medida, razón de más para insistir en la
conclusión esbozada en líneas atrás.

3. Conclusión

47. Por lo expuesto, se declarará la improcedencia de la acción por la
existencia de otro medio de defensa, a saber el recurso extraordinario de revisión,
a través del cual la UGPP tiene la posibilidad de exponer ampliamente sus motivos
de disenso.

48. En consecuencia, no hay lugar abordar los demás argumentos de
inconformidad y problemas jurídicos planteados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela,
presentada por la UGPP, según lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional
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para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14

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