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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06457-00

Fecha
20 de enero de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06457-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 25 Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00 Actora: Rosa Gómez Tamayo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06457-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Vida, ii) salud, iii) mínimo vital, iv)
igualdad, v) debido proceso y vi) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Rosa Gómez Tamayo contra la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección F de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 5 de noviembre de 2020; y
ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 9 de febrero de 2018, en el proceso

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-25-000-2011-
01007-03, vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Manifestó que mediante escrito de 7 de junio de 1995, solicitó ante Cajanal EICE
el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

4. Adujo que la Subdirección de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de
Previsión Social, mediante la Resolución núm. 4544 de 7 de mayo de 1996,
reconoció y ordenó el pago, a su favor, de una pensión gracia en cuantía equivalente
al 75% de los sueldos devengados en los últimos doce meses, efectiva a partir del
7 de junio de 1992.

5. Indicó que, mediante escrito del 13 de marzo de 2000, solicitó la reliquidación de
su pensión gracia, para que se incluyeran todos los factores salariales devengados
en el último año de servicio.

6. Expresó que Cajanal expidió la Resolución núm. 32235 del 19 de diciembre de
2000, por medio de la cual reliquidó la pensión gracia reconocida a la señora Rosa
Gómez Tamayo, por retiro definitivo de servicio, elevando la cuantía a $777.683.30,
efectiva a partir del 29 de diciembre de 1999.

7. Agregó que, mediante escrito del 22 de diciembre de 2003, solicitó la reliquidación
de la pensión gracia con la inclusión de todos los factores de salario devengados y
certificados en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del estatus
pensional.

8. Manifestó que Cajanal expidió la Resolución núm. 28765 del 13 de diciembre de
2004, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición formulado contra el

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

acto ficto que desató la anterior petición, declarando la existencia del silencio
administrativo negativo y confirmando la decisión adoptada.

9. Afirmó que, presentó demanda contra la Caja Nacional de Previsión Social, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin
de que se declarara la nulidad del acto ficto contenido en la Resolución núm.28765
de 13 de diciembre de 2004, procedente del silencio administrativo negativo, por
medio del cual se le negó la inclusión de los factores salariales en su pensión gracia;
y de la Resolución núm. 28765 de 13 de diciembre de 2004, que desató el recurso
de reposición contra el referido acto, confirmando la decisión inicialmente adoptada.

10. El Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá profirió sentencia
de primera instancia, el 30 de octubre de 2008, por medio del cual resolvió acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

11. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia, el 27 de agosto de 2009,
resolviendo confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia proferida por
el Juzgado Veintisiete Administrativo del Circuito de Bogotá, el 30 de octubre de
2008.

12. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP presentó demanda contra Rosa Gómez
Tamayo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
con el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones núms: i) 4544 del 7 de
mayo de 1996, ii) 32235 de 19 de diciembre del 2000 y iii) 28765 del 13 de diciembre
de 2004; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se le ordenara a la
señora Rosa Gómez Tamayo reintegrar a Cajanal la totalidad de las sumas
canceladas en virtud de los actos de reconocimiento y reliquidación de la pensión
gracia, las que deberán ser indexadas al momento del pago, y declarar que la
señora Rosa Gómez Tamayo no le asiste el derecho al reconocimiento y liquidación
de una pensión gracia y, por lo tanto, no hay lugar al pago de valor alguno en virtud
de tal pretensión.

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Actora: Rosa Gómez Tamayo

13. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, el 9 de febrero de 2018, por
medio del cual resolvió acceder a las pretensiones de la demanda.

14. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió
sentencia de segunda instancia el 5 de noviembre de 2020, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero: Confírmese la sentencia del 9 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, dentro
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la Caja
Nacional de Previsión Social, Cajanal, EICE en Liquidación contra la señora Rosa
Gómez Tamayo, por medio de la cual se declaró la nulidad de las Resoluciones 4544
del 7 de mayo de 1996 y 32235 del 19 de diciembre de 2000, mediante las cuales
Cajanal reconoció y reliquidó la pensión gracia a la señora Rosa Gómez Tamayo, y
en la que negó las demás pretensiones de la demanda […]”.

15. Consideró que:

“[…] Así las cosas, la Sala encuentra que la señora Rosa Gómez Tamayo no cumplió
el requisito de veinte (20) años de servicio en la docencia oficial territorial. En efecto,
durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 1979 hasta el 13 de
marzo de 1995 su vinculación lo fue con el Ministerio de Educación Nacional. Por
tanto, la demandada no tenía la condición de docente territorial o nacionalizado (Ley
91 de 1989), por lo cual no podía ser beneficiaria del derecho pensional, toda vez
que el mayor tiempo de servicios que acreditó era de carácter nacional.

De lo expuesto, queda claro que a la señora Rosa Gómez Tamayo, conforme lo
señalado en forma procedente y en reiterada jurisprudencia esta corporación, no le
asistía derecho a la pensión gracia al no reunir los requisitos exigidos por las normas
que consagran tal prestación.

Frente a lo anterior, el apelante únicamente se limitó a afirmar que la señora Rosa
Gómez Tamayo estaba sometida a un régimen especial de pensiones y que por ello
debía ser beneficiaria de esta prestación, ya que acreditó un tiempo de veinte (20)
años de servicio y cincuenta (50) años de edad. No obstante, no advirtió que la mayor
parte de la prestación de su servicio tuvo lugar con el Ministerio de Educación
Nacional, a partir del 26 de noviembre de 1979, aspecto en el que se fundamentó la
sentencia apelada y respecto del cual nada se dijo en la impugnación.

De igual forma, afirmó que los pagos a la señora Rosa Gómez Tamayo los hizo el
municipio o el departamento. Esta aseveración, además de ser general, tampoco fue
demostrada en el proceso, aspecto que en todo caso no coincide con los documentos
que acreditaron su vinculación con la entidad de carácter nacional.

En consecuencia, al no asistirle la razón a la parte demandada, la Sala desestimará
las razones presentadas en el recurso de apelación […]”.

[…]

“[…] El abogado de la parte demandante en el recurso de apelación expuso que la
devolución de las sumas de dinero pagadas en virtud de los actos declarados nulos

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

era procedente por cuanto no era posible inferir que dichos valores fueran recibidos
de buena fe por la docente. Para ello, destacó que la señora Rosa Gómez Tamayo,
a pesar de tener conocimiento de estar nombrada directamente por la Nación y de
gozar del pago de la jubilación ordinaria, solicitó la prestación que la hacía acreedora
a otra erogación del erario, sin que le asistiera dicho derecho.

Sin embargo, esta Sala, además de que no encuentra elementos que permitan
demostrar que la señora Rosa Gómez Tamayo actuó de mala fe, no está de acuerdo
con la posición del apelante en cuanto a que «no es posible inferir que dicho (sic)
valores fueran recibidos de buena fe». En efecto, no es la inferencia de la buena la
que determina la forma de resolver este aspecto, pues aquella se siempre presume,
sino que es imperioso demostrar por la parte interesada la mala fe de su contraparte.

En el presente caso, si bien la señora Rosa Gómez Tamayo demandó ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo los actos que en principio le negaron la
respectiva pensión, a partir de esa sola actuación no se puede demostrar la mala fe
en su actuar […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

16. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en los hechos expuestos, muy comedidamente solicito

1. Se solicita al Honorable Juez de Tutela, sea admitida la presente tutela como
mecanismo transitorio, y me sea concedido los derechos fundamentales , a la vida, a
la salud, toda vez que soy sujeto de especial protección constitucional en la categoría
de tercera edad o mayor adulta, a la seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad, a
la buena fe, a la seguridad jurídica y derechos adquiridos, al debido proceso, por
cuanto se incurrió por el magistrado del consejo de estado sección segunda
subsección A, en vías de hecho por defecto factico dentro del raro proceso
administrativo, desconociendo pruebas, y negando, y fallando con interpretación
errada de una sola prueba.

2. Solicito con el mayor respeto, ordenar a La Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE
ESTADO, dentro del proceso # 250002325000-2011-01007-03 de nulidad y
restablecimiento del derecho, allegar a su despacho el proceso, para efectos de tener
una mejor comprensión, análisis y estudio del mismo, lo que se hace fundamental
para corroborar la veracidad de mis dichos y pruebas que se negaron, y determinar
que se violaron todos mis derechos expuestos.

3. Requerir a la secretaria de Educación del Distrito de Bogotá, para que allegue todas
las certificaciones de los establecimientos donde labore incluida las cooperativas, con
indicación de tiempo, modalidad del contrato y con qué dineros se pagaron dichos
salarios.

4. Se revoque la sentencia proferida por La Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO,

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

dentro del proceso # 250002325000-2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del
derecho, excepto en las partes que me favorezca, y quede incólume mi pensión
gracia, toda vez que la requiero más en mi estado de ancianidad, y con las pruebas
que aporto […]”2.

17. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en un defecto fáctico y en un defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

Actuación

18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 6 de diciembre de 2022; i) admitió
la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y de la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y iii) vinculó a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, en calidad de tercero con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

19. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresó que:

“[…] Al respecto, se advierte que, contrario a lo manifestado por la parte accionante,
la decisión se sustentó en el precedente jurisprudencial aplicable de esta Sección,
en tanto que la pensión gracia solo se reconoce a los docentes territoriales o
nacionalizados, que se hayan vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
cumplan 20 años de servicio y 50 años de edad, sin que en el sub examine la señora
Rosa Gómez Tamayo haya demostrado en su integridad los requisitos para ser
beneficiaria de la prestación en comento […]”.

20. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP afirmó que:

“[…] PRIMERA: Por las anteriores consideraciones, y por aquellas que el despacho
tenga a bien desarrollar en su escrito decisorio, respetuosamente solicito se declare
la IMPROCEDENCIA de la tutela de la referencia, por cuanto:

a. En la decisión adoptada por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA SUBSECCION A, no se
incurrió en defecto material o sustantivo, sino que por el contrario la misma se ajustó

2
Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

al ordenamiento legal y al precedente jurisprudencial que regula el tema, para
determinar que no le asistía el derecho a la pensión Gracia.

b. La parte actora no puede pretender usar la acción de tutela como una tercera
instancia para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente de la causa,
después de haberse agotado un procedimiento establecido en la Ley para el efecto.

c. La acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el reconocimiento de
peticiones prestacionales, máxime cuando ya se ha pronunciado el juez competente
de la causa.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior se NIEGUE el amparo a los derechos
fundamentales incoados por la accionante por no configurarse vulneración alguna y
como consecuencia de ello se ORDENE a quien corresponda el archivo del presente
expediente constitucional […]”.

21. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

22. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del
Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas
para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
2019.

Generalidades de la acción de tutela

23. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general de relevancia constitucional.

25. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la vida; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental
a la salud; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo
vital; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad;
viii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad
social, ix) procediendo posteriormente a x) resolver el caso concreto, adentrándose
en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

26. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena , en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
3

acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

27. Esta Sección adoptó4 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005 , proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
5

los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

28. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

29. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”6 que encaje en dichos parámetros.

30. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
5 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

31. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20147.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

32. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

33. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
20148, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones”[10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [11].

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
8 Ut supra página 6.

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

11

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional[12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión dla actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [15]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Actora: Rosa Gómez Tamayo

principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]” (Resaltado fuera del texto).

34. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado16:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”17

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales dla actora, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”18

16 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18 Ibidem.

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Actora: Rosa Gómez Tamayo

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

35. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se acredita
cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se involucra la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, y esa presunta afectación no
tiene su origen en un debate estrictamente legal y económico, ii) cuando la actora
en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales; y iii) cuando se demuestra que el amparo
presentado no se utiliza como una instancia procesal adicional.

36. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202219
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante

19
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
(Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

37. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

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38. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
20

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
vida

39.Visto el preámbulo y los artículos 2 y 11 de la Constitución Política de Colombia
de 1991, sobre el derecho fundamental a la vida.

40.Atendiendo a que en reiterada jurisprudencia Constitucional21, se ha sostenido
que el derecho fundamental a la vida supone la garantía de una existencia digna,
que implica impedir la realización de cualquier circunstancia que lleve a la extinción
de la persona como tal, que la ponga en peligro de desaparecer o que incomoden
su existencia hasta el punto de hacerla insoportable.

20 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
21 Corte Constitucional, Sentencia T-444 de 10 de junio de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
salud

41.Visto el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y el artículo
2 de la Ley Estatutaria 1751 de 16 de febrero de 2015 22 sobre el derecho
fundamental a la salud.

42.Atendiendo a que la jurisprudencia Constitucional23, ha definido este derecho
como la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica
funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse
cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su
ser, que además debe ser garantizado bajo condiciones de oportunidad,
continuidad, eficiencia y calidad, de acuerdo con el principio de integralidad.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

43. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

44. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho24:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones

22 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 15 de enero de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
24 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

45.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

46.Atendiendo a que la Corte Constitucional25 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

25 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

47.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

48.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:26

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado27.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”28. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”29 […]”.

26 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
27 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
28 Sentencia T-173 de 2016.
29 Ibídem.

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Actora: Rosa Gómez Tamayo

Análisis del caso concreto

49. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Subsección F de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, a su
juicio, i) el Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 5 de noviembre de 2020; y
ii) el Tribunal, al proferir la sentencia de 9 de febrero de 2018, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 25000-23-25-000-2011-
01007-03, vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la
seguridad social, al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso.

50. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

51. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

52.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

52.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 5 de noviembre de 2020.

20

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito de la relevancia
constitucional

53.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela indicó lo siguiente30:

“[…] De las vías de hecho por defecto fáctico.

10. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso #
250002325000-2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron
en vías de hecho por defecto factico.

10.1. Dentro del expediente NUNCA se probaron las circunstancias de modo, tiempo
y lugar respecto de lo laborado por mi persona, entre el 26 de noviembre de 1979 al
13 de marzo de 1995, las mismas entidades mencionaron que no se allegó acto
administrativo de nombramiento, la única prueba con la que fallaron en mi contra
dichas corporaciones accionadas, fue una comunicación mediante la cual el jefe de
la División de personal del Ministerio de Educación Nacional me informa el
nombramiento como docente de primaria para trabajar en Bogotá, y el acta de
posesión a partir del 26 de noviembre de 1979, concluyendo con esto, que yo era una
docente nacionalizada de forma indefinida y no tenía derecho a recibir la pensión
gracia, , aspecto que es de reproche pues claramente dichas corporaciones
incurrieron en vías de Hecho por defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del
apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta
la decisión. Además, la carga de la prueba también la tenía Cajanal, y el mismo
magistrado, pues se solicitaron pruebas y no fueron atendidas pese a la insistencia,
pues tenía afán de fallar en contra […]”.

[…]

“[…] 10.3. En la demanda de Nulidad de Restablecimiento del Derecho interpuesta
por Cajanal en mi contra, tampoco probó que yo era docente nacionalizada, pues la
carga de la prueba la tenía dicha entidad, y nunca probó tal situación; al contrario,
inicie trabajando como educadora territorial y termine como educadora territorial
cuando renuncie, cuyo acto se plasmó con la resolución 4102 del 02 de marzo de
2000, por la cual se acepta la renuncia a unos docentes y directivos docentes de la
Secretaria de Educación Distrito Capital, cuya fecha de renuncia se dio el 29 de
diciembre de 1999, todos esos documentos son suficientes para demostrar que si
labore todo ese tiempo en primaria, y que los dineros con lo que me pagaban eran
municipales y distritales, se presume que el distrito es del municipio de Bogotá.

10.4. Se informó de forma clara ante el juez de primera instancia, la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el análisis correcto
del cómputo de tiempo como docente y que no fueron analizados por dicho tribunal ni
Consejo de Estado, sobre todos los años de servicio como decente, por ello se insiste

30
Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.

21

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

en que las corporaciones accionadas incurrieron en vías de hecho por defecto fáctico
cuando en el curso de un proceso: (i) se omitió la práctica o decreto de pruebas o, (ii)
el material probatorio aportado no sea valorado adecuadamente, esto es, cuando
excede el marco de la sana crítica lo que hizo el Consejo de Estado para fallar.

ENTIDAD Desde Hasta Total
1 Departamento 11-02-1960 16-01-1968 7,11
de Caldas
2 Distrito de 09-08-1976 30-12-1995 19,40
Bogotá y otros
26.51

DOCUMENTALES:

1. Se oficie a la Contraloría General del Departamento de Caldas, para que certifique
el tiempo laborado por mi representada:

• Aránzazu Instructora primaria Febrero 11 de 1960 a marzo de 1967

• Viterbo Instructora primaria Marzo 27 de 1967 a enero de 1968 2. De oficie a la
secretaría de Educación, para que certifique grado 1 en primaria, planteles
nacionales, cuya fecha de ingreso de dio el 26/11/1979. 3. Se oficie al FONDO
EDUATIVO REGIONAL (FER del Distrito), para que certifique el tiempo laborado en
los colegios cooperativos.

• 01-01-88 - 30-12-88

• 01-01-89 - 15-01-89

• 16-01-89 - 30-12-89

• 01-01-90 - 30-12-90

• 01-01-91 - 30-12-91

• 01-01-92 - 30-12-92

• 01-01-93 - 17-01-93

• 18-01-93 - 30-12-93

• 01-01-94 - 30-12-94

• 01-01-98 - 30-12-98

• 18-01-99 - 28-12-99

11. Si estas pruebas hubieran sido solicitadas a la Secretaria de educación del Distrito
por parte del Tribunal Administrativo y Consejo de Estado, el fallo hubiera sido
diferente, Cajanal también tenía la carga probatoria que no cumplió. «affirmanti
incumbit probatio»: “a quien afirma, incumbe la prueba”. la carga o el trabajo de probar
un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad, aspecto de
no hizo Cajanal, pero los argumentos endebles de la demanda fueron pasados por

22

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

altos las corporaciones accionadas, pese a que fueron advertidos durante el proceso
[…]”.

[…]

“[…] 13. La Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - CONSEJO DE ESTADO, dentro del proceso #
250002325000-2011-01007-03 de nulidad y restablecimiento del derecho desconoció
el precedente jurisprudencial. 14. Las entidades accionadas con EL FALLO DEL 05
DE NOVIEMBRE /2020, desconocieron el precedente jurisprudencial, SENTENCIA
SUJ-11-52 emanada del Consejo de Estado, Sala de lo contenciosos-administrativo
sección segunda el veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018), expediente
25000-23-42-000- 2013-04683-01 (3805-2014), magistrado ponente Carmelo
Perdomo Cuéter […]”.

[…]

“[…] El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la sala de
descongestión sección segunda, subsección F, y sección segunda – subsección A
sala de lo contencioso administrativo – Consejo de Estado, desconocieron el
precedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado, al declarar la nulidad
de las resoluciones # 4544 del 7 de mayo de 1996 y 32235 del 19 de diciembre de
2000, mediante las cuales Cajanal hoy UGPP, que reconoció y re liquidó la pensión
a la señora Rosa Gómez Tamayo, línea jurisprudencial vigente sobre el
reconocimiento de la pensión gracia, la cual es clara: 20 años de servicio en
establecimientos educativos oficiales, dejando claro que debe ser del orden territorial
o nacionalizado, y 50 años de edad, sin importar si es continuo o discontinuo, ni su
modo de vinculación, como también en relación a que no es necesario que al 31 de
diciembre de 1980, el docente debe encontrarse en servicio activo […]”.

54. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

55. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

56. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente31:

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”32, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”33. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

57.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

58. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

31 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
32 Sentencia SU-050 de 2018.
33 Sentencia SU-354 de 2017.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

59. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida, al mínimo
vital, a la igualdad, a la salud y a la seguridad social, esa presunta afectación tiene
su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

60. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva
de esta sentencia, la Sala declarará improcedente el amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06457-00
Actora: Rosa Gómez Tamayo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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