Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06465-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-06465-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06465-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de febrero de 2023
Demandante: Iglesia Cristiana de Alegría
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06465-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., nueve (9) de febrero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06465-00
Demandante: IGLESIA CRISTIANA DE ALEGRÍA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA Y OTROS
TEMAS: Tutela de fondo. Mora judicial justificada. Carencia actual de
objeto. Requisito de subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la solicitud de amparo de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Pedro Hernando Burbano López, representante legal de la Iglesia
Cristiana de Alegría, y en calidad de agente oficioso del señor Stephen Daniel
Davis Collins, interpuso acción de tutela1 contra el Consejo de Estado, Sección
Primera, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial del
Estado Civil de Pasto, con el fin de que se protejan los siguientes derechos
fundamentales “1) el derecho fundamental de acceso a una pronta e imparcial justicia; 2)
el reconocimiento del ámbito de la autonomía de la práctica de una conciencia de
convicción íntima de comunión sagrada personal con Dios en Colombia; 3) la práctica de
la libertad fundamental de cultos y religión en Colombia; 4) el reconocimiento de la
nacionalidad colombiana; 5) la afiliación al sistema de seguridad social y salud en
Colombia, por conexidad fundamental con 6) la vida, 7) e integridad personal. 8) No
Discriminación por razones religiosas. 9) Garantías del Bloque de Constitucionalidad en
Colombia; artículos fundamentales superiores invocados: 229, 18, 19, 96, 1, 2, 11, 12, 13,
y 93. Respectivamente de la Constitución Política Colombiana de 1991” (sic para la cita).
Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas, según se infiere
del escrito con el cual ajustó su petición de protección2, por el Consejo de Estado,
Sección Primera, con ocasión de la falta de pronunciamiento respecto de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó el 3 de mayo de
2022, contra los actos administrativos expedidos por la Registraduría Especial del
1 Con escrito presentado el 2 de diciembre de 2022, a través del correo electrónico
secgeneral@consejodeestado.gov.co.
2 Con escrito de subsanación presentado en término.
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Demandante: Iglesia Cristiana de Alegría
Demandados: Consejo de Estado, Sección Primera y otros
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Estado Civil de Pasto, identificado con el radicado número 11001-03-24-000-2022-
00264-00; así como por la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto en tanto la negativa en la
expedición del registro civil extemporáneo de nacimiento del señor Stephen Daniel
Davis Collins3.
1.2. Peticiones de amparo constitucional
Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:
“Señor Magistrado, de manera respetuosa, en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-03-24-000-2022-
00264-00, Sección Primera del Consejo de Estado, solicito, estímese justo y
necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales invocados, siendo
vulnerados a la Iglesia Cristiana de Alegría, en cabeza de nuestro Pastor espiritual,
el señor Stephen Daniel Davis Collins,
2. DECLARAR: que, “no es razonable” “ni proporcional”, “ni absolutamente
necesario” la negativa de restringir la expedición del registro civil extemporáneo de
nacimiento en Colombia, del señor; por cuanto la solicitud y su reconocimiento, no
incurren en ninguna de las restricciones expresamente estipulados por la ley
estatutaria 133 de 1994 de Liberta de Cultos y Religión, como de ninguno de los
pactos o tratados ratificados por el congreso del derecho internacional de los
derechos humanos, porque así mismo al señor Stephen Daniel Davis Collins, al cual
aplica la prevista discriminación constitucional positiva concedida en artículo 13
superior, y normas que incorporan el enfoque diferencial como garantía para la
protección de los derechos humanos en Colombia; en consecuencia de todo lo
anterior señor Magistrado, de manera respetuosa en revisión de la presente acción
constitucional de tutela;
3. DECLARAR la legitimidad y legalidad de las actas, declaraciones, reiteraciones,
testimonios pruebas antecedentes partida de nacimiento, como prueba suficiente
expedida por la Iglesia Cristiana de Alegría, de conformidad con la norma, sus
estatutos, la ley de libertad religiosa en Colombia, como con los Principios y Valores
Superiores de la Constitución Política de Colombia de 1991; en consecuencia de
todo lo anterior, señor Magistrado respetuosamente;
4. ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, registradora
especial del estado civil de Pasto, expida el respectivo registro civil extemporáneo
de nacimiento, que resuelve de fondo la crónica vulneración de derechos y
3 Con escrito aportado en tiempo, la parte actora señaló: “Señor Magistrado, que los hechos que
motivan la solicitud de la presente acción constitucional de Tutela, con relación a la Iglesia
Cristiana de Alegría, estriba de una parte:
A) En la conducta atentatoria de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN
COLOMBIA – REGISTRADURÍA ESPECIAL DE LA CIUDAD DE PASTO, vulneración contra la por
parte de la Registraduría, que se materializa en las negativas de reconocimiento de los diversos
documentos, actas de constancia de registro de partida de nacimiento que ha levantado la Iglesia
Cristiana de Alegría, ya, por más de 20 años; negativas que en sí mismas se constituyen en actos
discriminatorios por razones religiosas; cuando la verdad es que el artículo 13 Superior, contempla
e institucionaliza la aplicación de un enfoque diferencial positivo de derechos;
B) La Sección Primera del Consejo de Estado que transcurridos ya 8 meses, no resuelve la Acción
de Nulidad y Restablecimiento de derechos, interpuesta, por falta de acceso a la justicia de manera
pronta y oportuna, sin perjuicio de la convicción intima religiosa del Pastor de la comunidad de
miembros de la Iglesia Cristiana de Alegría. Aclarando que se puso en conocimiento al Consejo de
Estado, de la situación grave de salud que padece nuestro Pastor el señor Stephen Daniel Davis
Collins, y de la importancia de que él pueda acceder al reconocimiento de su nacimiento en
Colombia, a efecto de su afiliación en Salud, la inscripción del Registro Civil de Nacimiento,
solicitada a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia”.
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desamparo constitucional que padece la congregación de la Iglesia Cristiana de
Alegría, en cabeza de su Pastor espiritual, el señor Stephen Daniel Davis Collins.
5. ORDENAR que, el nombre de identificación, para la expedición del respectivo
registro civil extemporáneo de nacimiento, sea en idioma castellano, es decir;
ESTEBAN DANIEL DAVIS COLLINS;
6. Señor Juez, que, los apellidos del señor DAVIS COLLINS, siguen siendo los
mismos, pues sus Padres, él considera son los mismos (mandato de honrar padre y
madre señores magistrados) situación toda que se comprende y justifica
constitucionalmente en Colombia, desde la sana lógica de la prevalencia del interés
superior de protección de la Familia, en consecuencia se continua justificando se
reconozcan sus apellidos; más a un previendo no vulnerar los derechos legales y
legítimos de sus hijos, la protección de su familia. Esto toda vez que, es un hecho
jurídico constitucional no menos relevante, de que una (1) misma persona en
Colombia, pueda tener dos (2) nacionalidades al mismo tiempo, articulo 96 Superior,
como es el hecho dentro de la presente acción constitucional de tutela, dentro de las
circunstancias específicas del caso concreto.”. (Sic para toda la cita)
Como pretensión subsidiaria solicitó que se ordenara la remisión del asunto al
Tribunal Eclesiástico “que exista, o que ordene deba constituirse por Asuntos Religiosos
del Ministerio del Interior, para que declare la valides de las actas, declaraciones,
reiteraciones, testimonios dados, como prueba suficiente de partida de nacimiento para la
expedición del respectivo registro extemporáneo de nacimiento del señor Stephen Daniel
Davis Collins en Colombia”.
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta providencia:
1.3.1. El ciudadano extranjero Stephen Daniel Davis Collins, es fundador y
presidente vitalicio de la Iglesia Cristiana de Alegría, antes Fundación Cristiana de
Alegría.
1.3.2. El señor Davis Collins y la Iglesia Cristiana de Alegría, por conducto de su
representante legal, presentaron el 3 de mayo de 2022, demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin que se
declarara la nulidad del oficio número 001641 de 24 de noviembre de 2021, que
no dio trámite a la solicitud de inscripción extemporánea de registro civil de
nacimiento y, del oficio 001779 de 30 de diciembre de 2021, que confirmó el
anterior acto, expedidos por la Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cual le correspondió por reparto a la
Sección Primera del Consejo de Estado.
1.3.3. El 24 de noviembre de 2022, el señor Davis Collins ingresó por el servicio
de urgencias a la Fundación Hospital San Pedro de la ciudad de Pasto (Nariño),
en la cual se encuentra hospitalizado pendiente de una segunda cirugía.
1.3.4. La parte tutelante alegó que a la fecha de interposición de la presente
acción constitucional no se ha dictado la providencia que decida el mentado
proceso.
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1.3.5. La Sección Primera de esta Corporación, con posterioridad a la radicación
de la tutela, mediante auto de 16 de diciembre de 2022, rechazó la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho antes referida.
1.4. Fundamentos de la solicitud
La parte accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales por parte
del Consejo de Estado, Sección Primera, en atención a que en su sentir, no es
razonable que la referida autoridad judicial, después de transcurridos 8 meses
desde la radicación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentaron contra los actos expedidos por la Registraduría Especial del Estado
Civil de Pasto, no se haya pronunciado sobre la misma, pese a que se
presentaron 2 impulsos procesales, justificados en la situación delicada de salud
del señor Stephen Daniel Davis Collins.
Asimismo, alegó que no era razonable, ni proporcional, ni “absolutamente
necesario”, la negativa de la expedición del registro civil extemporáneo de
nacimiento del señor Davis Collins, comoquiera que tal situación no se encontraba
dentro de las prohibiciones consagradas expresamente en la Ley 133 de 1994,
como tampoco en ninguno de los pactos o tratados de derecho internacional
ratificados por Colombia.
En ese orden, precisó que la Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto
debió proceder a expedir el referido documento, teniendo en cuenta las actas,
reiteraciones y testimonios aportados por la Iglesia Cristiana de Alegría, de
conformidad con sus estatutos, la ley Colombiana y la Constitución Política, las
cuales daban cuenta de la “absoluta colombianidad de nuestro Pastor, dado el
nacimiento de un alma nueva en la persona del señor Stephen Daniel Davis Collins”.
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 6 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador requirió al
actor para que corrigiera su demanda de amparo constitucional, en el sentido de
que: “(i) precisara los hechos o las razones que motivan la solicitud de tutela en relación
con la Iglesia Cristiana de Alegría o en su calidad de representante legal de esta entidad.
Así mismo, para que aportara el correspondiente certificado de existencia y
representación; (ii) aportara los poderes que lo legitiman para actuar en nombre y
representación de los señores Stephen Daniel Davis Collins, Juan Esteban Davis López y
Shadei Davis López, o si es el caso, que acredite los requisitos de la agencia oficiosa en
este trámite; (iii) indicara los hechos y las pretensiones que se invocan contra la Sección
Primera del Consejo de Estado; y (iv) aportara las pruebas que pretende hacer valer
durante este presente trámite constitucional”.4
4 Con escrito aportado en tiempo, la parte actora señaló: “Señor Magistrado, que los hechos que
motivan la solicitud de la presente acción constitucional de Tutela, con relación a la Iglesia
Cristiana de Alegría, estriba de una parte:
A) En la conducta atentatoria de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL EN
COLOMBIA – REGISTRADURÍA ESPECIAL DE LA CIUDAD DE PASTO, vulneración contra la por
parte de la Registraduría, que se materializa en las negativas de reconocimiento de los diversos
documentos, actas de constancia de registro de partida de nacimiento que ha levantado la Iglesia
Cristiana de Alegría, ya, por más de 20 años; negativas que en sí mismas se constituyen en actos
discriminatorios por razones religiosas; cuando la verdad es que el artículo 13 Superior, contempla
e institucionaliza la aplicación de un enfoque diferencial positivo de derechos;
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Con providencia de 16 de diciembre de 2022, el consejero ponente de esta
decisión admitió la tutela y ordenó notificar al actor, así como a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Primera, a la Registraduría Nacional del Estado Civil
y a la Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto, en calidad de accionados
y, les otorgó el término de dos (2) días para que rindieran el informe de que trata el
artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.
Asimismo, vinculó como terceros interesados en las resultas del proceso al
Instituto Departamental de Salud de Nariño, a la Secretaría de Salud Municipal de
Tangua (Nariño), a la Fundación Hospital San Pedro de Pasto, al Ministerio del
Interior, el Tribunal Eclesiástico Metropolitano y a la Diócesis de Pasto.
Finalmente, en proveído de 19 de enero de 2023, se dispuso la vinculación de la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y del municipio de Tangua –
Nariño, en la misma condición de las anteriores entidades.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Primera
Mediante correo electrónico de 12 de enero de 2023, el magistrado, que tiene a su
cargo el expediente de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
objeto de esta tutela, solicitó su denegación por la presunta vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia o, que en su defecto se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado.
Indicó que en efecto, el señor Stephen Daniel Davis Collins, la Fundación Cristiana
de Alegría, e Iglesia Cristiana de Alegría presentaron el referido contencioso el
cual fue repartido por la secretaría de la sección el 3 de mayo de 2022, e
ingresado a su despacho el día 6 del mismo mes y año.
Asimismo, advirtió que con auto de 16 de diciembre de 2022, se resolvió lo que en
derecho correspondía, el cual se encuentra en trámite de notificación por parte de
la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado.
En ese orden, manifestó que no se trasgredió ninguna garantía constitucional por
mora judicial, comoquiera que se realizó el pronunciamiento respectivo en un
término razonable, teniendo en cuenta la congestión que acusan, luego, aseveró
B) La Sección Primera del Consejo de Estado que transcurridos ya 8 meses, no resuelve la Acción
de Nulidad y Restablecimiento de derechos (sic), interpuesta, por falta de acceso a la justicia de
manera pronta y oportuna, sin perjuicio de la convicción intima religiosa del Pastor de la comunidad
de miembros de la Iglesia Cristiana de Alegría. Aclarando que se puso en conocimiento al Consejo
de Estado, de la situación grave de salud que padece nuestro Pastor el señor Stephen Daniel
Davis Collins, y de la importancia de que él pueda acceder al reconocimiento de su nacimiento en
Colombia, a efecto de su afiliación en Salud, la inscripción del Registro Civil de Nacimiento,
solicitada a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia”.
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que no es un caso de dilación injustificada, ni se acreditó falta de diligencia u
omisión en cumplimiento de las funciones.
Precisó igualmente, que de no accederse a la negativa del amparo debía
declararse la carencia actual de objeto, pues, como se indicó con anterioridad, ya
hubo la decisión pertinente el 16 de diciembre de 2022.
1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil5
Por conducto de la jefe de la Oficina Jurídica se pronunció la entidad, en el sentido
de señalar que conforme a las pretensiones de la tutela y las funciones de dicho
órgano, este no tiene competencia para resolver lo requerido por el accionante,
por cuanto el origen de la solicitud de amparo corresponde a un proceso judicial
que se encuentra en cabeza de la Sección Primera del Consejo de Estado.
Conforme lo anterior, deprecó su desvinculación del presente trámite por falta de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, en atención a sus competencias
constitucionales y legales, no tiene injerencia en las decisiones que adopten las
autoridades judiciales.
1.6.3. Fundación Hospital San Pedro de Pasto6
La gerente de la mencionada entidad presentó informe en el cual indicó que al
señor Stephen Daniel Davis Collins se le han prestado todas las atenciones y
procedimientos médicos necesarios, desde el 25 de noviembre de 2022, cuando
ingresó por el servicio de urgencias, encontrándose pendiente, en este momento,
de definición de fecha y hora para una segunda cirugía paliativa.
Advirtió, que en atención a las normas que regulan la prestación del servicio de
salud, no tiene como función la de realizar gestiones sobre la expedición de
registros civiles.
1.6.4. Instituto Departamental de Salud de Nariño
La directora del referido instituto se manifestó en escrito, enviado por correo
electrónico el 11 de enero de 2023, en el cual puso de presente, en primer lugar,
la necesidad de vincular a este trámite a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, a Migración Colombia y al municipio de Tangua (Nariño), dada la situación
migratoria irregular del señor Stephen Daniel Davis Collins.
Enseguida, hizo referencia a las disposiciones referidas a la prestación del servicio
de salud para las personas extranjeras y, advirtió que debía ordenarse a la
Registraduría Nacional del Estado Civil la expedición de la identificación del señor
Davis Collins para que enseguida Migración Colombia procediera a la
regularización de su situación migratoria y, finalmente para que el municipio de
Tangua (Nariño) lo afiliara al sistema de seguridad social en salud.
5 Mensaje de datos de 11 de enero de 2023.
6 Mensaje de datos de 10 de enero de 2023.
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Finalmente, solicitó que se declarara que la entidad no había vulnerado ninguna
garantía constitucional del señor Stephen Daniel Davis Collins.
1.6.5. Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
Por conducto del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la referida entidad solicitó su
desvinculación de la presente acción por falta de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que no tiene competencia en relación con las pretensiones de
la parte actora ni le ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues, no es la
encargada de expedir el registro civil extemporáneo solicitado, ni de prestar
servicios de salud.
Asimismo, informó que el señor Stephen Daniel Davis Collins se encontraba en
condición migratoria irregular, al no haber ingresado por puesto de control
migratorio autorizado, que no obstante, se le expidió un salvoconducto de
permanencia por parte de la Regional de Nariño, el cual era válido para la
afiliación al sistema de seguridad social en salud.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Pedro Hernando Burbano López, representante legal de la
Iglesia Cristiana de Alegría, y en calidad de agente oficioso del señor Stephen
Daniel Davis Collins contra el Consejo de Estado, Sección Primera, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial del Estado Civil
de Pasto, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080
de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestiones previas
2.2.1. La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia -UAEMC-, en sus informes, alegaron la falta de
legitimación en la causa por pasiva, en atención a que los cargos están dirigidos
exclusivamente contra el Consejo de Estado, Sección Primera y además, la
segunda entidad advirtió que no tiene la competencia para expedir el registro civil
extemporáneo solicitado, ni muchos menos prestar servicios de salud, razón por la
cual solicitaron su desvinculación del presente trámite.
Al respecto, se negara tales peticiones, comoquiera que, en relación con la
primera entidad, la parte actora le endilgó la presunta vulneración de sus garantías
constitucionales, luego, es necesaria su permanencia en este proceso, con el fin
de garantizar sus derechos a la defensa y contradicción; en lo que respecta a la
segunda, en atención a que su vinculación fue en calidad de tercero con interés,
no como accionada.
2.2.2. En el sub examine el señor Pedro Hernando Burbano López, como
representante legal de la Iglesia Cristiana de Alegría, manifestó actuar en calidad
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de agente oficioso del señor Stephen Daniel Davis Collins, quien, según lo
informó, se encontraba hospitalizado en estado inconsciente y en preparación
para una neurocirugía en la Fundación Hospital San Pedro de Pasto.
Al respecto, se tiene que la referida figura jurídica fue consagrada en el inciso 2°
del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, en los siguientes términos:
“Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.
También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. (…)” (Se resalta)
En tales condiciones, para su acreditación es necesario que concurran dos
elementos, a saber: (i) que el titular de los derechos presuntamente vulnerados no
esté en condiciones de asumir su defensa directamente y (ii) que en el escrito de
tutela se ponga de presente tal situación.
De manera similar, la Corte Constitucional ha establecido que “la agencia oficiosa se
aplica siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la manifestación del agente
oficioso en el sentido de actuar como tal; (ii) la circunstancia real, que se desprenda del
escrito de tutela, ya por figurar expresamente o porque del contenido se pueda inferir,
consistente en que el titular del derecho fundamental no está en condiciones físicas o
mentales para promover su propia defensa.”7
Así las cosas, es claro para este juez colegiado que en el presente caso concurren
los elementos de la agencia oficiosa, toda vez que el señor Pedro Hernando
Burbano López, representante legal de la Iglesia Cristiana de Alegría aseguró
actuar en tal calidad desde el escrito inicial de tutela y, además, justificó dicha
situación ante la imposibilidad física en que se encuentra el señor Davis Collins
para promover su propia defensa, razón por la cual será aceptada dicha
representación.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta la
vulneración de los derechos fundamentales deprecados por la Iglesia Cristiana de
Alegría y el señor Stephen Daniel Davis Collins por el Consejo de Estado, Sección
Primera, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial del
Estado Civil de Pasto, por presuntamente haber incurrido, la primera autoridad, en
una tardanza injustificada en pronunciarse sobre la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada el 3 de mayo de 2022, y las demás, por
la negativa en la expedición del registro civil extemporáneo de nacimiento del
señor Davis Collins.
7 Sentencia T-388 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii) las generalidades de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia; (iii) la mora judicial justificada;
y (iv) el caso concreto.
2.4. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable8.
2.5. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución9, del derecho fundamental al
debido proceso10 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia11.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva “[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]”12.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las
8 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
10 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
11 Sentencia T-006 de 1992.
12 Sentencia T-476 de 1998.
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demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante
los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado
conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]”13.
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el “[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos
y garantías”14, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los
particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las
actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho
extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias
la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la protección de los
derechos de las personas […]”15.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996,
Estatuaria de la Administración de Justicia16 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales
de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que “[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]”17.
2.6. La mora judicial justificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
13 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
14 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
15 Ibídem.
16 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia
social y lograr y mantener la concordia nacional.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
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omisión sistemática de sus deberes.18
Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”19.
En esta línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
“(…) por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial20, según la cual sólo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes
en un proceso.
2.7. Caso concreto
2.7.1. En el sub examine, la parte actora alegó, por un lado, que el Consejo de
Estado, Sección Primera vulneró sus derechos fundamentales, por cuanto a la
fecha de radicación de la acción constitucional no se había resuelto la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que se presentó contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
De otra parte, manifestó su inconformidad por la negativa de las entidades
administrativas en expedir el registro civil extemporáneo de nacimiento del señor
Stephen Daniel Davis Collins.
18 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
19 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
20 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014,
Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado:
Procuraduría General de la Nación. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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2.7.2. Ahora bien, esta Colegiatura encuentra que la autoridad judicial accionada,
por intermedio del magistrado que tiene a su cargo el proceso, rindió informe en el
cual indicó que, en efecto, realizado el reparto por la secretaría de la Sección
Primera de esta Corporación el 3 de mayo de 2022, le correspondió el
conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
donde fungían como demandantes el señor Stephen Daniel Davis Collins y la
Iglesia Cristiana de Alegría y como demandada la Registraduría Nacional del
Estado Civil, el cual ingresó al despacho el 6 del mismo mes y año.
Asimismo, señaló que el 16 de diciembre de 2022, se dictó auto dentro del referido
contencioso con el cual se resolvió lo que en derecho correspondía, además que
este se encontraba en la secretaría de la Sección en trámite de notificación.
Revisado por parte de esta Colegiatura, en el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, el índice 7 del proceso identificado con el radicado número 11001-03-24-
000-2022-00264-00, se observa el registro del proveído mencionado, así como el
documento adjunto, en el cual se dispuso el rechazo de la demanda. De igual
forma, se encuentra la notificación por estado de 19 de diciembre de 2022.21
En ese orden, es preciso resaltar que, encontrándose en curso la tutela de la
referencia, el Consejo de Estado, Sección Primera, en cabeza del magistrado que
funge como ponente en el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
donde es demandante la parte tutelante, dictó la providencia que en derecho
correspondía.
Visto lo anterior, esta Colegiatura destaca que en anteriores oportunidades 22 se ha
referido a la acción de tutela y ha explicado que este mecanismo de defensa
judicial ha sido instituido como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la
protección de derechos fundamentales que sean vulnerados o amenazados de
una manera actual e inminente.
21 Captura de pantalla a la consulta del proceso en el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado:
22 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias de: (i) 15 de noviembre de 2017, Rad. No. 2017-00085-01, M.P. Alberto Yepes
Barreiro; (ii) de 19 de octubre de 2017, Rad. No. 2017-2365-00, M.P. Rocío Araújo Oñate, (iii) 6 de
junio de 2019, Rad. No. 11001-03-15-000-2019-00591-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Asimismo, se ha señalado que existen eventos en los que la amenaza o efectiva
vulneración al derecho fundamental desaparece en el transcurso de la
acción de tutela, como sucede en el caso concreto, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que hace inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del proceso
de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos de
hecho: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por una
situación sobreviniente.
En ese sentido, dicha Alta Corporación, en la sentencia T-481 de 2016, que la
Sala cita como criterio auxiliar, señaló que:
“La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva
de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual.
Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.23
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión
o amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya
sido o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado
un peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original).
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la
“carencia actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la
imposibilidad material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna
orden que permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido
encomendados. Sobre el particular, se tiene que éste se constituye en el género que
comprende el fenómeno previamente descrito, y que puede materializarse a través
de las siguientes figuras: (i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de
aquella que se ha empezado a desarrollar por la jurisprudencia denominada como el
acaecimiento de una “situación sobreviniente24”.
Con base en el anterior marco referencial, el Máximo Tribunal Constitucional ha
sostenido que:
23 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 5, la
cual se transcribe literalmente: “Sentencias: SU-225 de 2013; T-317 de 2005”».
24 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la
cual se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.
(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa, antes de la interposición
de la solicitud de amparo constitucional o en el trámite de la acción de tutela,
por lo que no es posible retrotraer los efectos de la vulneración pues el daño
resulta perenne.
Al respecto ha sostenido el Tribunal Constitucional: “[l]a segunda de las figuras
referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de la vulneración ius-
fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la
acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé
una orden al respecto”.25
(iii) Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado, sobre este supuesto de hecho para declarar la
carencia actual de objeto, que:
“El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela
relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por
lo tanto caiga en el vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y
completamente delimitada”26.
En ese orden, en atención a que el Consejo de Estado, Sección Primera profirió el
auto de 16 de diciembre de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 11001-03-24-000-2022-00264-00, que dispuso el
rechazo de la demanda27, además de haber sido notificado por estado, cualquier
orden que se dicte por parte de esta Sala de Decisión resultaría inane, dado que la
presunta vulneración cesó debido a la actuación de la autoridad judicial accionada
durante el trámite de esta acción pues, se reitera, ya hubo el pronunciamiento
pertinente, como lo solicitó el extremo tutelante en la pretensión constitucional,
luego, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado.
25 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
26 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
27 El magistrado ponente consideró que los actos administrativos acusados no eran definitivos y
por lo tanto no eran susceptibles de control judicial.
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2.7.3. De otra parte, respecto a los reparos relacionados con la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto,
esta Magistratura advierte que no se cumple con el requisito de subsidiariedad o
agotamiento de los medios de defensa, como pasa a explicarse.
Al respecto se tiene que el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto 2591 de 199128.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia29.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución Política de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un
asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
De conformidad con lo anterior, en el sub examine, se tiene que la parte actora
pretende en este escenario cuestionar la negativa de la Registraduría Especial del
Estado Civil de Pasto en la expedición del registro civil extemporáneo de
nacimiento del señor Stephen Daniel Davis Collins, situación que ya puso en
conocimiento de la Jurisdicción Contenciosa con la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó contra los actos expedidos por dicha
entidad que así lo dispusieron.
Asimismo, de lo narrado con anterioridad se encuentra que la Sección Primera del
Consejo de Estado, a quien le correspondió por reparto dicho asunto, para el
28 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra
el solicitante.
29 En sentencia T-313 del 01.04.2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que
tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en
consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de
subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es
contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los
derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
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momento de expedición del presente fallo, ya se pronunció sobre aquella, en el
sentido de rechazarla.
Ahora, si bien en el referido proceso la autoridad judicial consideró que los actos
administrativos acusados no eran enjuiciables, resulta que contra tal
determinación, la parte demandante no instauró el recurso procedente, pues así
se advierte de la revisión del proceso en el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado.
En ese orden, en el presente caso no es posible la intervención de este juez
constitucional, por cuanto, al momento de interposición de la tutela, ya se había
acudido al juez natural competente para conocer del asunto y, además, una vez se
decidió, en el transcurso de este trámite, que aquel no era susceptible de control
judicial, no se interpuso el recurso de súplica30, mecanismo de defensa que
procedía por haber sido un auto de ponente que rechazó la demanda, dictado en
un proceso de única instancia.
Así, no es este el escenario para resolver, en un primer momento, si los actos
administrativos demandados son pasibles de ser acusados ante la jurisdicción
contenciosa administrativa y, mucho menos, para pronunciarse de fondo sobre los
argumentos de inconformidad invocados en la tutela, razón por la cual se
declarará su improcedencia.
2.7.4. Finalmente, debe precisar la Sala que comoquiera que en la solicitud de
amparo no existe ningún reparo en relación con alguna situación de atención
médica del señor Davis Collins ni de regulación de su situación en el país, no se
advierte la necesidad de hacer algún pronunciamiento al respecto, sumado a que
frente a estos dos aspectos, tanto la Fundación Hospital San Pedro de Pasto
como la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en sus escritos de
intervención informaron de la atención que se le está prestando, teniendo en
cuenta sus competencias.
En efecto, la entidad prestadora de servicios de salud advirtió que el señor Davis
Collins se encontraba hospitalizado desde el 25 de noviembre de 2022, fecha en
la cual ingresó por el servicio de urgencias y en espera de una segunda cirugía, es
decir, se le están dando, según se observa, todos los tratamientos que requiere
sin restricción alguna.
Por su parte la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, pese a
advertir la condición migratoria irregular del señor Davis Collins, puso de presente
la expedición de un salvoconducto de permanencia expedido el 16 de diciembre
de 2022, el cual es válido para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social
en Salud.
30 Ley 1437 de 2011. (…) Artículo 246. Súplica. El recurso de súplica procede contra los siguientes
autos dictados por el magistrado ponente: (…) 2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo
243 de este código cuando sean dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de
la apelación o de los recursos extraordinarios.
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2.8. Conclusión
Así las cosas, y conforme con lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de
objeto por hecho superado, toda vez que, al momento de fallar la presente
solicitud de amparo, se encontró que durante el trascurso de esta acción de tutela,
la autoridad judicial accionada se pronunció sobre la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho identificada con el radicado No. 11001-03-24-000-
2022-00264-00.
Asimismo, se declarará la improcedencia del mecanismo constitucional por
subsidiariedad en relación con los reparos elevados contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto,
pues, los mismos fueron puestos en conocimiento de esta jurisdicción mediante la
solicitud de nulidad de los actos administrativos expedidos por dichas entidades
que le negaron la expedición del registro civil extemporáneo de nacimiento del
señor Stephen Daniel Davis Collins, frente a lo cual ya se pronunció la respectiva
autoridad judicial, sumado a que no se agotó el recurso procedente contra la
decisión allí adoptada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitudes de desvinculación elevadas por la Registraduría
Nacional del Estado Civil y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
SEGUNDO: ACEPTAR la agencia oficiosa respecto del señor Stephen Daniel
Davis Collins.
TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la
presente acción de tutela en relación con los cargos elevados contra el Consejo de
Estado, Sección Primera.
CUARTO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo respecto de las
pretensiones relacionadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil y la
Registraduría Especial del Estado Civil de Pasto.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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