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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06479-01

Fecha
16 de marzo de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06479-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06479-01 Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO eficaz. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06479-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

16 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06479-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR INCUMPLIMIENTO
DEL LITERAL E QUE EXIGE LA SENTENCIA C-590 DEL 2005. LA
ALEGADA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN NO FUE PUESTA DE PRESENTE
DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO, POR LO QUE MAL HARÍA EL JUEZ
CONSTITUCIONAL EN ORDENAR UN AMPARO CON EL PROPÓSITO DE QUE SE
EMITAN UNAS ÓRDENES QUE SON COMPETENCIA DEL JUEZ DE
CONOCIMIENTO Y DEBIERON SER SOLICITADAS EN ESA SEDE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra

la sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

1
En adelante sección Segunda.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06479-01
Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL al proferir la providencia de 5 de agosto de 2022, dentro

del proceso disciplinario identificado con el número único de

radicación 11001-11-02-000-2017-00295-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que el 28 de noviembre de 2016 el togado JHONY

FRANDERY BELLMONT solicitó ante la Procuraduría General de la

Nación que se iniciaría investigación en su contra, como Fiscal 140

Seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, por la presunta

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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO

mora dentro de la indagación identificada con el número

110016000050220132065 seguida contra el señor FABIO

ORLANDO RODRÍGUEZ MARIN por el presunto delito de hurto

agravado por la confianza.

Sustentó que por lo anterior, le fue iniciada la investigación

disciplinaria identificada con el número único de radicación 2017-

00295-01 y conocida en primera instancia por el Consejo Seccional

de la Judicatura de Bogotá – Sala Jurisdiccional Disciplinaria que, en

sentencia de 5 de abril de 2019, la sancionó en el ejercicio del cargo

por el término de un (1) mes, por haber sido hallada responsable de

la falta prevista en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 7

de marzo de 19962, en concordancia con los artículos 4º y 7º de la

misma norma.

Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, el cual fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina

Judicial que, a través de providencia de 5 de agosto de 2022,

confirmó la decisión del a quo.

2
Estatutaria de la Administración de Justicia.

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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en

violación directa de la Constitución al dejar de analizar la prescripción

de la acción disciplinaria y el principio de favorabilidad.

Señaló que el inciso 3º del artículo 33 de la Ley 1952 de 29 de enero

de 20193 estipula que la acción disciplinaria prescribe en 5 años para

las faltas instantáneas, la cual se interrumpe con la notificación del

fallo de primera instancia. Además, que, interrumpida la

prescripción, esta se producirá si transcurridos 2 años desde la

notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la

providencia de segunda instancia.

Advirtió que, en el caso bajo examen, la decisión de primera instancia

fue notificada el 5 de abril de 2019, mientras que la sentencia de

segunda instancia fue proferida hasta el 5 de agosto de 2022, esto

es, transcurridos más de tres años, por lo que la acción disciplinaria

ya estaba prescrita al momento en que la autoridad judicial accionada

emitió fallo.

3
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

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Finalmente, arguyó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial

fijado en las sentencias C-481 de 1998, T-530 de 2009, T-152 de

2009 y C-692 de 2008, proferidas por la Corte Constitucional y que

prevén lo referente a la aplicación del principio de favorabilidad en la

acción disciplinaria y su prescripción.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados y, en consecuencia:

“[…] TERCERO: Déjese sin efectos la Sentencia de Segundo
Grado emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL el cinco (05) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022)
dentro del proceso disciplinario – radicado No.
11001110200020170029501, interpuesto en contra de la señora
FLOR ESMERALDA GONZALEZ NIÑO en su calidad de
funcionaria pública como FISCAL 140 SECCIONAL DE LA
UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA.

CUARTO: Dentro del fallo de instancia que resuelva la presente
acción de Tutela ordénesele a la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, proferir nueva Sentencia de Segundo
Grado dentro del Proceso Disciplinario – radicado No.
11001110200020170029501, interpuesto en contra de la señora
FLOR ESMERALDA GONZALEZ NIÑO en su calidad de
funcionaria pública como FISCAL 140 SECCIONAL DE LA
UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA […]”.

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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO

I.5.- Defensa

I.5.1.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial afirmó que la

acción de tutela de la referencia carece del requisito de relevancia

constitucional, en la medida que lo pretendido por la actora es crear

una tercera instancia de la acción disciplinaria con los argumentos

propios del proceso; además, no se adecuaron en debida forma las

causales de procedibilidad que sustentan la solicitud de amparo, pues

se limitó a mencionar que se incurrió en desconocimiento de

precedente sin fundamentar en debida forma tal yerro.

Ahora, en cuanto a la violación directa de la Constitución endilgada,

indicó que la normativa mencionada por la actora no está vigente, ya

que fue modificada por el artículo 7º de la Ley 2094 de 29 de junio

de 20214, la cual determinó que entraría a regir 30 meses después

de su promulgación y hasta tanto, se mantendría la aplicación del

artículo 30 de la Ley 734 de 5 de febrero de 20025, modificado por

el artículo 132 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 6, por lo que la

4
Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.

5
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

6
"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

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acción disciplinaria objeto de reproche prescribía después de 5 años,

contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá

solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, toda vez

que las inconformidades expuestas por la actora se dirigen

exclusivamente contra la sentencia de 5 de agosto de 2022 proferida

por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I.6.2.- La Fiscalía General de la Nación también solicitó su

desvinculación de la presente solicitud de amparo, dado que, a su

juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva para actuar en

el asunto, comoquiera que la acción de tutela se dirige contra la

Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 19 de enero de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA

de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo al

considerar que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad,

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toda vez que al examinar el expediente de la actuación disciplinaria

donde se profirió la sentencia objeto de controversia, no se advierte

que la actora haya propuesto las inconformidades expuestas en este

mecanismo constitucional, por lo que no se permitió que en el

proceso disciplinario se resolviera lo pertinente y analizara la

controversia, al no poner de presente la posición frente a la

prescripción y la aplicación del principio de favorabilidad.

Así las cosas, recalcó que no se utilizó en debida forma el mecanismo

del que disponía la actora para que la autoridad aquí cuestionada se

pronunciara sobre la materia que ahora es objeto de debate, lo que

impide que se haga un estudio en esta instancia.

Sumado a lo anterior, refirió que tampoco se evidencia la ocurrencia

de un perjuicio irremediable que haga procedente la solicitud de

amparo.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia

señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se cumple

con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que la solicitud de

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la prescripción no es una carga procesal que le corresponde al

disciplinable, sino que al momento en que la misma se consuma, le

corresponde al juez pronunciarse de oficio frente a ella.

Resaltó que al observar el Código Único Disciplinario, la Ley 734 de

2002 y la Ley 1952 de 2019, no se evidencia que en ninguno de sus

articulados dispone que la configuración de la prescripción de la

acción disciplinaria tendrá que ejercerse por solicitud de parte, por lo

que imponerla contraría los principios de celeridad y economía

procesal, dado que el juez estaría al arbitrio de que el disciplinable

agote la solicitud para decretar la prescripción.

Por lo anterior, sostuvo que la imposición de que tenía a su alcance

otros mecanismos idóneos para la protección de los derechos

fundamentales no resulta válida, pues va contra el ordenamiento

jurídico y el debido proceso.

Finalmente, alegó que el juez de primera instancia debió ejercer un

análisis completo de la situación fáctica jurídica de la relación que dio

origen a la invocación del amparo constitucional y no declararla

improcedente, por lo que solicitó revocar el fallo del a quo y, en su

lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela de la

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referencia.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las Secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

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La Sala advierte que la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL DE BOGOTÁ y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta

de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en

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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de

Bogotá, antes Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala

Jurisdiccional Disciplinaria, fue quien conoció del proceso disciplinario

objeto de controversia en primera instancia, fue vinculado en calidad

de tercero con interés en las resultas del proceso.

Ahora, en cuanto a la Fiscalía General de la Nación se advierte

que fue vinculada al presente trámite constitucional en razón a que

fue la entidad que ordenó a la actora pagar unos dineros en atención

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a la sanción disciplinaria impuesta, por lo que le asiste interés en las

resultas del proceso.

En ese orden de ideas, la Sala denegará las solicitudes de

desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de las

citadas entidades, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva

de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales

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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya

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planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la

providencia de 5 de agosto de 2022, proferida por la COMISIÓN

NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, a través de la cual

confirmó la decisión del a quo, que la declaró responsable por la

comisión de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 153 de la

Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 4º y 7º de la

misma norma y, en consecuencia, la sancionó con suspensión en el

ejercicio del cargo por el término de un mes, dentro del proceso

disciplinario identificado con el número único de radicación 2017-

00295-01.

La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la

autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la

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Constitución y en desconocimiento del precedente judicial, habida

cuenta que la providencia enjuiciada fue proferida cuando la acción

disciplinaria ya estaba prescrita.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que declaró improcedente

la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió con el requisito

de la subsidiariedad, comoquiera que de las pruebas allegadas al

expediente se evidencia que la actora no puso de presente las

inconformidades aquí expuestas dentro del proceso objeto de

controversia, oportunidad idónea para advertir tales yerros.

En la impugnación, la actora manifestó que, contrario a lo advertido

por el a quo, sí se cumple con el requisito de la subsidiariedad,

comoquiera que la solicitud de la prescripción no es una carga

procesal que le corresponde al disciplinable, sino que al momento en

que la misma se consuma, le corresponde al juez pronunciarse de

oficio frente a ella, por lo que solicitó revocar el fallo del a quo y, en

su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela de la

referencia.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

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resolver la Sala consiste en: i) determinar si, tal como lo consideró

el a quo, la acción de tutela resulta improcedente y, de superarse tal

derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los

derechos fundamentales invocados al proferir la providencia de 5 de

agosto de 2022 dentro del proceso disciplinario identificado con el

número único de radicación 2017-00295-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito

establecido en el literal e que exige la sentencia C-590 del 2005.

La Sala observa que en el caso bajo examen la actora alega que la

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL incurrió en

violación directa de la Constitución y en desconocimiento del

precedente jurisprudencial al emitir el fallo de 5 de agosto de 2022,

toda vez que para ese momento ya se encontraba prescrita la acción

disciplinaria, pues la decisión dictada por la Sala Jurisdiccional del

Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en primera instancia

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fue notificada el 5 de abril de 2019, esto es, transcurridos más de

tres años.

Para lo anterior, la parte actora alegó que, de conformidad con el

inciso 3º de la Ley 1952 de 2019, si transcurridos 2 años desde la

notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la

providencia de segundo grado, se configurará el fenómeno de la

prescripción.

Ahora, de la revisión del expediente digital7 del proceso disciplinario

objeto de controversia, allegado por la autoridad judicial accionada,

se advierte que la actora no presentó dentro del trámite de segunda

instancia memorial alguno en el que pusiera de presente alegatos

relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria adelantada

en su contra.

De lo anterior, se desprende que la actora dentro del trámite del

proceso disciplinario guardó silencio respecto de la prescripción de la

acción la cual estima se configuró antes de dictarse sentencia de 5

7
Visible a índice 8 del expediente digital de la acción de tutela de la referencia cargado en la plataforma
SAMAI.

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de agosto de 2022, circunstancia de la cual se desprende que la

acción de tutela no cumple con el requisito general establecido en el

literal e que exige la sentencia C-590 del 2005, para la procedencia

contra providencia judicial, debido a que: los hechos que generaron

la vulneración como los derechos vulnerados no fueron alegados por

la accionante en el proceso disciplinario, inconformidades que ahora

pretende retrotraer a esta instancia constitucional, no siendo este el

escenario idóneo para el efecto.

Se destaca que no puede pretender la actora suplir su inactividad con

esta acción constitucional, toda vez que si consideraba que operó el

fenómeno jurídico de la prescripción para investigar la conducta

cuestionada, el escenario idóneo para discutirla era el trámite del

recurso de apelación.

Es del caso advertir, que la Sala en un asunto con similar situación

fáctica a la presente, declaró la improcedencia de la acción de tutela

al considerar que no se acreditó el cumplimiento del literal e

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establecido en la citada sentencia C-590 de 20058, de la siguiente

manera:

“[…]Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los
hechos que generarían el defecto sustantivo por i)
desconocimiento del precedente judicial, ii) falta de aplicación de
una norma jurídica relevante y iii) por violación directa de la
Constitución, por no haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad están identificados de manera razonable al
igual que los derechos fundamentales vulnerados9, estos
debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

La Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido por
la Corte Constitucional:

“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio
alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las
personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el
tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue
puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en
su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su
voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya
expuesto con claridad la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales ante el juez natural, en atención
a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el
respeto a la autonomía de las autoridades judiciales. “10

8
Ut supra página 7.

9
Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.

10
Corte Constitucional, Sentencia T-452/14. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en
la parte motiva de esta sentencia, la Sala declara improcedente
la presente acción de tutela teniendo en cuenta que la accionante
no acreditó el cumplimiento de una de las causales genéricas de
procedibilidad contra providencias judiciales.11 […]” (Destacado
fuera de texto).

En igual sentido, en pronunciamiento de 30 de septiembre de 202112,

esta Sala de decisión en un asunto con identidad fáctica a la

presente, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que

la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados no

fue alegada por el accionante dentro del proceso disciplinario, por lo

que no resultaba de tal validez traer argumentos nuevos a este

trámite constitucional.

Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y atención

que deben procurar sobre los asuntos judiciales que les concierne,

cuya omisión no puede pretender subsanarse por medio del

mecanismo subsidiario de la acción de tutela, de manera que resulta

claro que el presente mecanismo subsidiario y residual no puede

desplazar el recurso ordinario de defensa con que contaba la actora.

11
“(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación y que, en caso
de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del proceso.”

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, identificada con número único de radicación
11001-03-15-000-2021-05566-00.

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En ese orden de ideas, la Sala advierte que la presente acción de

tutela es improcedente por carencia del requisito establecido en el

literal e de la sentencia C-590 de 2005, en razón a que las

inconformidades que alega la actora en este trámite constitucional

debieron ser puestas de presente dentro del proceso disciplinario,

por lo que mal podría el juez de tutela ordenar un amparo

constitucional con el propósito de que se emitan unas órdenes que

evidentemente son competencia del juez de conocimiento y debieron

ser analizas en esa sede.

Así las cosas, no resulta de tal validez los argumentos expuestos por

la parte actora en el escrito de impugnación, en la medida en que a

la parte interesada le correspondía poner de presente la alegada

prescripción de la acción dentro del proceso disciplinario y no esperar

a que se dictara el fallo de segunda instancia, no siendo esta la

oportunidad idónea para ello.

En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente

asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio

irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis

de la acción constitucional, la Sala concluye que tales

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inconformidades carecen del requisito establecido en el literal e de

la sentencia C-590 de 2005, razón por la que se confirmará la

decisión del a quo, que declaró improcedente la solicitud de amparo,

pero por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Comisión

Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Fiscalía General

de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

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eficaz.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de marzo de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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