Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06479-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06479-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06479-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06479-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR INCUMPLIMIENTO
DEL LITERAL E QUE EXIGE LA SENTENCIA C-590 DEL 2005. LA
ALEGADA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN NO FUE PUESTA DE PRESENTE
DENTRO DEL PROCESO DISCIPLINARIO, POR LO QUE MAL HARÍA EL JUEZ
CONSTITUCIONAL EN ORDENAR UN AMPARO CON EL PROPÓSITO DE QUE SE
EMITAN UNAS ÓRDENES QUE SON COMPETENCIA DEL JUEZ DE
CONOCIMIENTO Y DEBIERON SER SOLICITADAS EN ESA SEDE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD Y AL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra
la sentencia de 19 de enero de 2023, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
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En adelante sección Segunda.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06479-01
Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO
declaró improcedente la solicitud de amparo.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso
a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron
vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL al proferir la providencia de 5 de agosto de 2022, dentro
del proceso disciplinario identificado con el número único de
radicación 11001-11-02-000-2017-00295-01.
I.2.- Hechos
Manifestó que el 28 de noviembre de 2016 el togado JHONY
FRANDERY BELLMONT solicitó ante la Procuraduría General de la
Nación que se iniciaría investigación en su contra, como Fiscal 140
Seccional de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, por la presunta
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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO
mora dentro de la indagación identificada con el número
110016000050220132065 seguida contra el señor FABIO
ORLANDO RODRÍGUEZ MARIN por el presunto delito de hurto
agravado por la confianza.
Sustentó que por lo anterior, le fue iniciada la investigación
disciplinaria identificada con el número único de radicación 2017-
00295-01 y conocida en primera instancia por el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá – Sala Jurisdiccional Disciplinaria que, en
sentencia de 5 de abril de 2019, la sancionó en el ejercicio del cargo
por el término de un (1) mes, por haber sido hallada responsable de
la falta prevista en el numeral 2 del artículo 153 de la Ley 270 de 7
de marzo de 19962, en concordancia con los artículos 4º y 7º de la
misma norma.
Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial que, a través de providencia de 5 de agosto de 2022,
confirmó la decisión del a quo.
2
Estatutaria de la Administración de Justicia.
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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en
violación directa de la Constitución al dejar de analizar la prescripción
de la acción disciplinaria y el principio de favorabilidad.
Señaló que el inciso 3º del artículo 33 de la Ley 1952 de 29 de enero
de 20193 estipula que la acción disciplinaria prescribe en 5 años para
las faltas instantáneas, la cual se interrumpe con la notificación del
fallo de primera instancia. Además, que, interrumpida la
prescripción, esta se producirá si transcurridos 2 años desde la
notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la
providencia de segunda instancia.
Advirtió que, en el caso bajo examen, la decisión de primera instancia
fue notificada el 5 de abril de 2019, mientras que la sentencia de
segunda instancia fue proferida hasta el 5 de agosto de 2022, esto
es, transcurridos más de tres años, por lo que la acción disciplinaria
ya estaba prescrita al momento en que la autoridad judicial accionada
emitió fallo.
3
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas
disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO
Finalmente, arguyó que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
también incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial
fijado en las sentencias C-481 de 1998, T-530 de 2009, T-152 de
2009 y C-692 de 2008, proferidas por la Corte Constitucional y que
prevén lo referente a la aplicación del principio de favorabilidad en la
acción disciplinaria y su prescripción.
I.4.- Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados y, en consecuencia:
“[…] TERCERO: Déjese sin efectos la Sentencia de Segundo
Grado emitida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL el cinco (05) de Agosto de Dos Mil Veintidós (2022)
dentro del proceso disciplinario – radicado No.
11001110200020170029501, interpuesto en contra de la señora
FLOR ESMERALDA GONZALEZ NIÑO en su calidad de
funcionaria pública como FISCAL 140 SECCIONAL DE LA
UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA.
CUARTO: Dentro del fallo de instancia que resuelva la presente
acción de Tutela ordénesele a la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, proferir nueva Sentencia de Segundo
Grado dentro del Proceso Disciplinario – radicado No.
11001110200020170029501, interpuesto en contra de la señora
FLOR ESMERALDA GONZALEZ NIÑO en su calidad de
funcionaria pública como FISCAL 140 SECCIONAL DE LA
UNIDAD DE DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA […]”.
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Actora: FLOR ESMERALDA GONZÁLEZ NIÑO
I.5.- Defensa
I.5.1.- La Comisión Nacional de Disciplina Judicial afirmó que la
acción de tutela de la referencia carece del requisito de relevancia
constitucional, en la medida que lo pretendido por la actora es crear
una tercera instancia de la acción disciplinaria con los argumentos
propios del proceso; además, no se adecuaron en debida forma las
causales de procedibilidad que sustentan la solicitud de amparo, pues
se limitó a mencionar que se incurrió en desconocimiento de
precedente sin fundamentar en debida forma tal yerro.
Ahora, en cuanto a la violación directa de la Constitución endilgada,
indicó que la normativa mencionada por la actora no está vigente, ya
que fue modificada por el artículo 7º de la Ley 2094 de 29 de junio
de 20214, la cual determinó que entraría a regir 30 meses después
de su promulgación y hasta tanto, se mantendría la aplicación del
artículo 30 de la Ley 734 de 5 de febrero de 20025, modificado por
el artículo 132 de la Ley 1474 de 12 de julio de 2011 6, por lo que la
4
Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
5
Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
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"Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."
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acción disciplinaria objeto de reproche prescribía después de 5 años,
contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
I.6. Intervinientes
I.6.1.- La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá
solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, toda vez
que las inconformidades expuestas por la actora se dirigen
exclusivamente contra la sentencia de 5 de agosto de 2022 proferida
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
I.6.2.- La Fiscalía General de la Nación también solicitó su
desvinculación de la presente solicitud de amparo, dado que, a su
juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva para actuar en
el asunto, comoquiera que la acción de tutela se dirige contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 19 de enero de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA
de esta Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo al
considerar que no se cumplió con el requisito de la subsidiariedad,
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toda vez que al examinar el expediente de la actuación disciplinaria
donde se profirió la sentencia objeto de controversia, no se advierte
que la actora haya propuesto las inconformidades expuestas en este
mecanismo constitucional, por lo que no se permitió que en el
proceso disciplinario se resolviera lo pertinente y analizara la
controversia, al no poner de presente la posición frente a la
prescripción y la aplicación del principio de favorabilidad.
Así las cosas, recalcó que no se utilizó en debida forma el mecanismo
del que disponía la actora para que la autoridad aquí cuestionada se
pronunciara sobre la materia que ahora es objeto de debate, lo que
impide que se haga un estudio en esta instancia.
Sumado a lo anterior, refirió que tampoco se evidencia la ocurrencia
de un perjuicio irremediable que haga procedente la solicitud de
amparo.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia
señalando que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se cumple
con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que la solicitud de
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la prescripción no es una carga procesal que le corresponde al
disciplinable, sino que al momento en que la misma se consuma, le
corresponde al juez pronunciarse de oficio frente a ella.
Resaltó que al observar el Código Único Disciplinario, la Ley 734 de
2002 y la Ley 1952 de 2019, no se evidencia que en ninguno de sus
articulados dispone que la configuración de la prescripción de la
acción disciplinaria tendrá que ejercerse por solicitud de parte, por lo
que imponerla contraría los principios de celeridad y economía
procesal, dado que el juez estaría al arbitrio de que el disciplinable
agote la solicitud para decretar la prescripción.
Por lo anterior, sostuvo que la imposición de que tenía a su alcance
otros mecanismos idóneos para la protección de los derechos
fundamentales no resulta válida, pues va contra el ordenamiento
jurídico y el debido proceso.
Finalmente, alegó que el juez de primera instancia debió ejercer un
análisis completo de la situación fáctica jurídica de la relación que dio
origen a la invocación del amparo constitucional y no declararla
improcedente, por lo que solicitó revocar el fallo del a quo y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela de la
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referencia.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
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La Sala advierte que la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA
JUDICIAL DE BOGOTÁ y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
solicitaron su desvinculación en la presente acción de tutela, por falta
de legitimación en la causa por pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan
de excusa para desconocer los derechos de las partes o de
los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
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cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).
Comoquiera que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bogotá, antes Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá – Sala
Jurisdiccional Disciplinaria, fue quien conoció del proceso disciplinario
objeto de controversia en primera instancia, fue vinculado en calidad
de tercero con interés en las resultas del proceso.
Ahora, en cuanto a la Fiscalía General de la Nación se advierte
que fue vinculada al presente trámite constitucional en razón a que
fue la entidad que ordenó a la actora pagar unos dineros en atención
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a la sanción disciplinaria impuesta, por lo que le asiste interés en las
resultas del proceso.
En ese orden de ideas, la Sala denegará las solicitudes de
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de las
citadas entidades, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
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parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
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ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación
de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
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planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo
ello al momento de pretender la protección constitucional
de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la
providencia de 5 de agosto de 2022, proferida por la COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, a través de la cual
confirmó la decisión del a quo, que la declaró responsable por la
comisión de la falta descrita en el numeral 2º del artículo 153 de la
Ley 270 de 1996, en concordancia con los artículos 4º y 7º de la
misma norma y, en consecuencia, la sancionó con suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de un mes, dentro del proceso
disciplinario identificado con el número único de radicación 2017-
00295-01.
La inconformidad de la parte actora radica en que, a su juicio, la
autoridad judicial accionada incurrió en violación directa de la
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Constitución y en desconocimiento del precedente judicial, habida
cuenta que la providencia enjuiciada fue proferida cuando la acción
disciplinaria ya estaba prescrita.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que declaró improcedente
la solicitud de amparo al considerar que no se cumplió con el requisito
de la subsidiariedad, comoquiera que de las pruebas allegadas al
expediente se evidencia que la actora no puso de presente las
inconformidades aquí expuestas dentro del proceso objeto de
controversia, oportunidad idónea para advertir tales yerros.
En la impugnación, la actora manifestó que, contrario a lo advertido
por el a quo, sí se cumple con el requisito de la subsidiariedad,
comoquiera que la solicitud de la prescripción no es una carga
procesal que le corresponde al disciplinable, sino que al momento en
que la misma se consuma, le corresponde al juez pronunciarse de
oficio frente a ella, por lo que solicitó revocar el fallo del a quo y, en
su lugar, acceder a las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia.
Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe
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resolver la Sala consiste en: i) determinar si, tal como lo consideró
el a quo, la acción de tutela resulta improcedente y, de superarse tal
derrotero, ii) establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales invocados al proferir la providencia de 5 de
agosto de 2022 dentro del proceso disciplinario identificado con el
número único de radicación 2017-00295-01.
De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la
Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito
establecido en el literal e que exige la sentencia C-590 del 2005.
La Sala observa que en el caso bajo examen la actora alega que la
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL incurrió en
violación directa de la Constitución y en desconocimiento del
precedente jurisprudencial al emitir el fallo de 5 de agosto de 2022,
toda vez que para ese momento ya se encontraba prescrita la acción
disciplinaria, pues la decisión dictada por la Sala Jurisdiccional del
Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá en primera instancia
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fue notificada el 5 de abril de 2019, esto es, transcurridos más de
tres años.
Para lo anterior, la parte actora alegó que, de conformidad con el
inciso 3º de la Ley 1952 de 2019, si transcurridos 2 años desde la
notificación del fallo de primera instancia no se ha notificado la
providencia de segundo grado, se configurará el fenómeno de la
prescripción.
Ahora, de la revisión del expediente digital7 del proceso disciplinario
objeto de controversia, allegado por la autoridad judicial accionada,
se advierte que la actora no presentó dentro del trámite de segunda
instancia memorial alguno en el que pusiera de presente alegatos
relacionados con la prescripción de la acción disciplinaria adelantada
en su contra.
De lo anterior, se desprende que la actora dentro del trámite del
proceso disciplinario guardó silencio respecto de la prescripción de la
acción la cual estima se configuró antes de dictarse sentencia de 5
7
Visible a índice 8 del expediente digital de la acción de tutela de la referencia cargado en la plataforma
SAMAI.
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de agosto de 2022, circunstancia de la cual se desprende que la
acción de tutela no cumple con el requisito general establecido en el
literal e que exige la sentencia C-590 del 2005, para la procedencia
contra providencia judicial, debido a que: los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados no fueron alegados por
la accionante en el proceso disciplinario, inconformidades que ahora
pretende retrotraer a esta instancia constitucional, no siendo este el
escenario idóneo para el efecto.
Se destaca que no puede pretender la actora suplir su inactividad con
esta acción constitucional, toda vez que si consideraba que operó el
fenómeno jurídico de la prescripción para investigar la conducta
cuestionada, el escenario idóneo para discutirla era el trámite del
recurso de apelación.
Es del caso advertir, que la Sala en un asunto con similar situación
fáctica a la presente, declaró la improcedencia de la acción de tutela
al considerar que no se acreditó el cumplimiento del literal e
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establecido en la citada sentencia C-590 de 20058, de la siguiente
manera:
“[…]Si bien es cierto en el escrito de la demanda de tutela los
hechos que generarían el defecto sustantivo por i)
desconocimiento del precedente judicial, ii) falta de aplicación de
una norma jurídica relevante y iii) por violación directa de la
Constitución, por no haberse aplicado la excepción de
inconstitucionalidad están identificados de manera razonable al
igual que los derechos fundamentales vulnerados9, estos
debieron ser alegados en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
La Sala acoge el siguiente criterio jurisprudencial establecido por
la Corte Constitucional:
“En efecto, como ya se señaló, la acción de tutela no es un medio
alternativo, adicional o complementario con el que cuentan las
personas, para mantener de forma indefinida e ilimitada en el
tiempo, la resolución de una controversia jurídica. Por ello,
cuando quiera que las personas acudan al juez
constitucional, han de demostrar que, en el asunto bajo
controversia, sus derechos fundamentales están siendo
trasgredidos. Igualmente, deben acreditar que ello fue
puesto a consideración del juez natural de la causa, o, en
su defecto, que ello no fue posible por razones ajenas a su
voluntad. De esta manera, una carga exigible al
interesado supone que -de haber sido posible- haya
expuesto con claridad la presunta transgresión de sus
derechos fundamentales ante el juez natural, en atención
a que la subsidiariedad de la acción de tutela implica el
respeto a la autonomía de las autoridades judiciales. “10
8
Ut supra página 7.
9
Folios 2 al 14 del cuaderno de tutela.
10
Corte Constitucional, Sentencia T-452/14. Magistrado Ponente: Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en
la parte motiva de esta sentencia, la Sala declara improcedente
la presente acción de tutela teniendo en cuenta que la accionante
no acreditó el cumplimiento de una de las causales genéricas de
procedibilidad contra providencias judiciales.11 […]” (Destacado
fuera de texto).
En igual sentido, en pronunciamiento de 30 de septiembre de 202112,
esta Sala de decisión en un asunto con identidad fáctica a la
presente, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que
la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados no
fue alegada por el accionante dentro del proceso disciplinario, por lo
que no resultaba de tal validez traer argumentos nuevos a este
trámite constitucional.
Resalta la Sala que le corresponde a las partes el cuidado y atención
que deben procurar sobre los asuntos judiciales que les concierne,
cuya omisión no puede pretender subsanarse por medio del
mecanismo subsidiario de la acción de tutela, de manera que resulta
claro que el presente mecanismo subsidiario y residual no puede
desplazar el recurso ordinario de defensa con que contaba la actora.
11
“(v) que el actor identifique de manera razonable los hechos que generan la violación y que, en caso
de haber sido posible, esta circunstancia haya sido alegada al interior del proceso.”
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, identificada con número único de radicación
11001-03-15-000-2021-05566-00.
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En ese orden de ideas, la Sala advierte que la presente acción de
tutela es improcedente por carencia del requisito establecido en el
literal e de la sentencia C-590 de 2005, en razón a que las
inconformidades que alega la actora en este trámite constitucional
debieron ser puestas de presente dentro del proceso disciplinario,
por lo que mal podría el juez de tutela ordenar un amparo
constitucional con el propósito de que se emitan unas órdenes que
evidentemente son competencia del juez de conocimiento y debieron
ser analizas en esa sede.
Así las cosas, no resulta de tal validez los argumentos expuestos por
la parte actora en el escrito de impugnación, en la medida en que a
la parte interesada le correspondía poner de presente la alegada
prescripción de la acción dentro del proceso disciplinario y no esperar
a que se dictara el fallo de segunda instancia, no siendo esta la
oportunidad idónea para ello.
En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente
asunto no se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable, que permita de manera excepcional proceder al análisis
de la acción constitucional, la Sala concluye que tales
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inconformidades carecen del requisito establecido en el literal e de
la sentencia C-590 de 2005, razón por la que se confirmará la
decisión del a quo, que declaró improcedente la solicitud de amparo,
pero por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Fiscalía General
de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo impugnado, pero por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
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eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de marzo de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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