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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06486-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06486-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Jairo Marcelo Torres Cruz contra el presidente de la República, por los motivos descritos anteriormente. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06486-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

2 de febrero de 2023

Demandante: Jairo Marcelo Torres Cruz
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06486-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTAA

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06486-00
Demandante: JAIRO MARCELO TORRES CRUZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental a la igualdad.
Programa ingreso solidario. Reconocimiento calidad de
padre cabeza de familia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Jairo Marcelo Torres Cruz, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 contra el presidente de la República, al considerar vulnerado su
derecho fundamental a la igualdad por cuanto el mandatario informó que se
priorizaría el pago del programa ingreso solidario a las madres cabeza de
hogar.

1.2. Pretensiones:

En consecuencia, el actor solicitó:

“(...) al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales
fundamentales invocados ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada que:
Solicito sea tenido en cuenta como padre en el programa ingreso solidario ya
que la decisión gubernamental violenta el derecho a la igualdad. (Sic a toda la
cita)

1
Mediante escrito radicado el 5 de diciembre de 2022 en el Sistema de Recepción de Tutelas y
Habeas Corpus en línea de la Rama Judicial, remitido el mismo día al correo electrónico de la
Secretaría General de esta Corporación.

1
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Demandante: Jairo Marcelo Torres Cruz
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06486-00

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

El accionante afirmó que es soltero, tiene dos hijos y uno de ellos, el menor
Marcelo Adrián Camilo Torres Reina2, es beneficiario del programa ingreso
solidario.

Aludió que el presidente de República manifestó ante los medios de
comunicación que priorizaría el pago de ese apoyo económico a las madres
cabeza de hogar.

1.4. Sustento de la petición

A juicio de la tutelante, el presidente de la República vulneró su derecho
fundamental a la igualdad al afirmar en diferentes medios de comunicación que
las madres cabeza de familia tendrían prelación en la transferencia del
mencionado subsidio, pues es padre soltero, sus hijos dependen
económicamente de él y se desempeña en un empleo informal.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 12 de diciembre de 2022, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como
demandado al presidente de la República y al Departamento Administrativo de
la Presidencia de la República.

Además, vinculó a la directora del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, en atención al interés que le asiste en las resultas de este
proceso, dado que esa entidad es la encargada de administrar el programa
ingreso solidario.

Remitidas las respectivas comunicaciones3, se presentó la siguiente
intervención:

1.5.1. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social

Mediante escrito enviado el 16 de diciembre de 2022 por la coordinadora del
Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos
Administrativos informó que no encontró en su sistema alguna petición
radicada por el accionante ante la entidad y éste tampoco fue identificado como
un potencial beneficiario del programa de ingreso solidario, dado que su hogar
se encuentra ubicado “en el grupo C1 en el SISBEN versión IV”, el cual hace
referencia a “vulnerable”.

2
Menor de quien tiene la custodia, según el acta de la audiencia de conciliación de custodia y
cuidado personal, alimentos y visitas celebrada el 8 de abril de 2019 ante la Comisaría
Dieciocho de Familia de Bogotá aportada con la solicitud de tutela.
3
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 13 de diciembre de 2022.

2
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Precisó que no se estableció un requisito de acceso de manera exclusiva con
destino a las madres cabeza de familia en los subsidios que oferta y los
pronunciamientos realizados en torno al incentivo a otorgar a mujeres con tal
condición corresponde a un aumento en el monto de las transferencias
percibidas por los beneficiarios de familias en acción, jóvenes en acción e
ingreso solidario, el cual solo se hizo por una vez en el mes de diciembre de
2022.

Aclaró que los hogares favorecidos con el programa de ingreso solidario se
seleccionaron según la base de datos del SISBÉN, que garantiza el derecho a
la igualdad para todas las familias que tenían actualizada su información, la
cual es administrada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP, por lo
que es obligación de cada ciudadano mantener actualizados sus datos.

Destacó que la referida ayuda económica fue creada con el propósito de
proteger de forma general a los hogares en condiciones de pobreza y pobreza
extrema, mas no a cada una de las personas que lo integran; por lo anterior,
solicitó denegar el amparo deprecado por el tutelante debido a que no se le
desconoció la garantía constitucional invocada.

Señaló que el incentivo económico se creó mediante el Decreto 518 de 4 de
abril de 2020, con corte de Sisbén de marzo de 2020 y conforme con lo
dispuesto por el Gobierno Nacional, el cual estaría disponible hasta el 31 de
diciembre de 2022, por lo que resultaba imposible jurídica y materialmente
realizar la inclusión de nuevos beneficiarios.

1.5.2. El presidente y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República de Colombia - DAPRE, pese a que fueron debidamente notificados,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20194.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el presidente de la República vulneró el
derecho fundamental a la igualdad del actor, por cuanto el mandatario informó
en diferentes medios de comunicación que se priorizaría el pago del apoyo
económico brindado a las madres cabeza de hogar, con ocasión del programa
ingreso solidario.

4
Reglamento interno del Consejo de Estado.

3
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Demandante: Jairo Marcelo Torres Cruz
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Para resolver este problema, se observarán los siguientes aspectos: i)
generalidades de la acción de tutela, ii) del derecho a la igualdad y iii) análisis
del caso concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política prevé el precepto constitucional según
el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los
jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que
sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades
públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el Decreto Ley
2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente, ser
residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta acción no
es absoluto, sino que está limitado por las causales de improcedencia
contenidas en el artículo 6º ibíd., entre otros motivos, la relativa a la existencia
de otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la protección del
derecho que se alega amenazado o vulnerado.

2.4. Del derecho a la igualdad

La Corte Constitucional, en la sentencia SU-150 de 21 de mayo de 20215
señaló que este derecho está previsto en el artículo 13 de la Constitución y su
regulación integra varios mandatos que, además de apelar a la igualdad formal,
admiten la necesidad de excluir tratos discriminatorios e instan la adopción de
medidas para alcanzar la igualdad material.

En dicho artículo se indica que todas las personas “recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos
libertades y oportunidades”, se prohíbe la discriminación “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”, al
tiempo que se establece el deber de promover las condiciones para que “la
igualdad sea real y efectiva” y señala que el Estado protegerá especialmente a
“aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.

La alta Corte también precisó que la igualdad tiene un triple rol en el
ordenamiento constitucional: i) el de valor, que se traduce en una norma que
fija propósitos, cuya realización es exigible a todas las autoridades públicas en
el desarrollo de su labor de concreción de los textos constitucionales.

ii) El de principio, en el que dicha garantía opera como un mandato de
optimización que dispone un deber ser específico, que admite su incorporación
en reglas concretas derivadas del ejercicio de la función legislativa o que
habilita su uso como herramienta en la resolución de controversias sometidas a
la decisión de los jueces.

5
M.P. Alejandro Linares Cantillo.

4
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Finalmente, iii) como derecho, que se manifiesta en una facultad subjetiva que
impone deberes de abstención –como la prohibición de discriminación o de
tratos desiguales no justificados–, al mismo tiempo exige obligaciones
puntuales de acción, como ocurre con la consagración de tratos favorables
para grupos puestos en situación de debilidad manifiesta.

2.5. Caso concreto

El señor Torres Cruz consideró vulnerado su derecho fundamental a la
igualdad, toda vez que el presidente de la República afirmó ante los medios de
comunicación que las madres cabeza de familia tendrían prelación en el pago
del subsidio denominado ingreso solidario, cuyo beneficiario es uno de sus
hijos menores de edad; por ello, solicitó que se ordene al mandatario
catalogarlo como padre soltero dentro de dicho programa.

De entrada, la Sala advierte que lo pretendido por el accionante gira en torno a
un asunto respecto del cual el juez constitucional no puede inmiscuirse, toda
vez que tiene un trámite propio que no puede ser sustituido por este
mecanismo constitucional dada su naturaleza subsidiaria y residual.

Nótese que el Decreto 518 de 4 de abril de 20206 estableció unos requisitos
para que los ciudadanos fueran cobijados por el ingreso solidario, tales como
estar vinculados al Sisbén IV, ser clasificados dentro de las familias en
situación de pobreza y no pertenecer a otros programas gubernamentales.

Ahora, la coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones
Constitucionales y Procedimientos Administrativos del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social informó en su intervención que no
encontró algún petitorio radicado por el accionante ante esa entidad.

Explicó que el actor no fue identificado como un potencial beneficiario del
incentivo ingreso solidario, dado que su hogar se encuentra ubicado “en el
grupo C1 en el SISBEN versión IV”, el cual hace referencia a “vulnerable” y tal
subsidio es para las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Igualmente, precisó que no se estableció una exclusividad de acceso para las
madres cabeza de familia en los subsidios que oferta, sino tan solo un aumento
en la ayuda económica para los beneficiarios de familias en acción, jóvenes en
acción e ingreso solidario, el cual se realizó por una sola vez en el mes de
diciembre de 2022.

De ahí que cualquier orden que se imparta en sede de tutela con el propósito
de que se le reconozca la calidad de padre cabeza de hogar dentro de dicho
programa escapa de la órbita funcional del juez de tutela y podría transgredir el
derecho fundamental a la igualdad de los demás ciudadanos que pueden tener
sus mismas condiciones.

6
“Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades de los
hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio nacional, en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.

5
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Además, el actor puede elevar solicitud ante el presidente de la República para
ponerle de presente la misma situación a la que hizo referencia en la tutela en
ejercicio del derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 20157:

“Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante
autoridades. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos
señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a
obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el
ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la
Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre
otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la
intervención de una entidad o funcionario, la resolución de una situación jurídica,
la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir
copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e
interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad
de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de
menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación.”
(Destacado de la Sala)

Entonces, se tiene que el derecho de petición previsto en el artículo 23 de la
Constitución se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de formular
solicitudes respetuosas para obtener información o de pedir copias de
documentos no sujetos a reserva a las autoridades correspondientes o a los
particulares, así como a obtener una pronta y completa respuesta a sus
inquietudes.

En el presente caso se observa que el actor no acreditó haber presentado una
solicitud ante el presidente de la República en torno al asunto planteado en la
tutela, inclusive, al admitirse la acción constitucional de la referencia se requirió
al señor Torres Moreno que allegara la “respuesta del derecho de petición” que
referenció en el acápite de los medios de prueba, pero no lo hizo, así como
tampoco aportó algún documento que demostrara que el menor Adrián Camilo
Torres Reina es beneficiario del programa ingreso solidario.

De modo que no es dable considerar que el presidente de la República incurrió
en alguna acción u omisión susceptible de ser reprochada en esta instancia
constitucional, máxime si se tiene en cuenta que lo argumentado por el
tutelante se respaldó en lo presuntamente afirmado por el aludido mandatario
en los medios de comunicación, lo cual no ofrece los elementos suficientes
para entender que se concretó la transgresión de su derecho fundamental a la
igualdad en algún acto en particular; por lo tanto, la Sala denegará la acción de
tutela de la referencia8.

7
Cabe anotar que con ocasión a la situación actual relacionada con la pandemia del covid-19,
los tiempos para resolver las peticiones respetuosas que eleven los ciudadanos con
fundamento en el artículo 23 de la Constitución Política fueron ampliados, según lo indicado en
el artículo 5º del Decreto Legislativo 491 de 2020.
8
En este mismo sentido se pronunció la Sala en la sentencia de 30 de septiembre de 2021,
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad. 11001-03-15-000-2021-05752-00.

6
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Demandante: Jairo Marcelo Torres Cruz
Demandado: Presidencia de la República
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06486-00

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por el señor Jairo
Marcelo Torres Cruz contra el presidente de la República, por los motivos
descritos anteriormente.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

7
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