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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06500-00

Fecha
31 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06500-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados por las señoras Alba Jenis Dinas Sánchez, Maritza González Mañunga y Mariela Campo García, conforme a la parte motiva. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06500-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

31 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-06500-001
Actoras : Alba Jenis Dinas Sánchez, Maritza González Mañunga
y Mariela Campo García
Demandados : Magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca
Tema : Tutela contra providencia judicial; derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la tutela incoada por las señoras Alba Jenis Dinas
Sánchez, Maritza González Mañunga y Mariela Campo García contra los
señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la
presunta vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. La señora Alba Jenis Dinas Sánchez, Maritza
González Mañunga y Mariela Campo García, quienes actúan a través de
apoderada, presentan acción de tutela con el fin de obtener la protección de las
garantías superiores a las que se hizo referencia, presuntamente quebrantadas
por los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Como consecuencia de lo anterior, pide se deje sin efectos el fallo de 29 de
agosto de 2022, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó el de 24 de septiembre de 2020, con el que el Juzgado Cuarto
(4º) Administrativo de Cali negó las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que instauró contra el Hospital Universitario del
Valle Evaristo García E. S. E2. (expediente 76001-33-33-004-2018-00068-00);
en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar una nueva providencia
en la que se acojan las súplicas formuladas en ese asunto contencioso-
administrativo.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
2
Empresa Social del Estado.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

1.2 Hechos3. Relatan las actoras que se desempeñaban en el empleo de «[…]
AUXILIAR [Á]REA SALUD, código 412, grado 2», del Hospital Universitario
del Valle Evaristo García E. S. E., el cual fue suprimido con «[…] Acuerdo […]
020 del 26 de octubre de 2016», por lo que se les desvinculó «[…] del
mencionado cargo, pese a que «[…] ostentaban derechos de carrera […]», por
tanto, y comoquiera que no fueron incluidas en la nueva planta de personal,
«[…] presentaron reclamación ante la comisión de personal por violación al
derecho preferencial de incorporación […]».

Que el 4 de abril de 2017 el anterior pedimento fue atendido en forma
favorable, con Resolución «CP 023/2017», en el sentido de ordenar su reintegro
al precitado empleo, decisión que se materializó, a través de Acuerdo 36 de 28
de ese año, a partir del 6 de diciembre siguiente, sin embargo, en dicho acto
administrativo se estableció que el «[…] tiempo servido antes de la supresión
del cargo se acumulará, para efectos de causación de prestaciones sociales,
beneficios salariales y demás derechos laborales [desde] la posesión».

Dicen que, por lo expuesto, promovieron medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo
García E. S. E. (expediente 76001-33-33-004-2018-00068-00), encaminado a
obtener la anulación parcial del Acuerdo 36 de 28 de noviembre de 2017 y el
pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir «[…] desde su
desvinculación hasta el momento de su INCORPORACI[Ó]N» en la nueva
planta de personal.

Que del asunto contencioso-administrativo conoció el Juzgado Cuarto (4º )
Administrativo de Cali que, con fallo de 24 de septiembre de 2020, negó las
pretensiones, al considerar que «[…] no fueron [vinculadas en] forma inmediata
a la nueva planta de personal de la entidad […], en atención a que [el ente
demandado] decidió mantener, por incorporación directa, a otras personas que
se encontraban en condiciones especiales y diferentes a las […]» suyas.
Asimismo, se estimó que no hay lugar al reconocimiento de salarios y
prestaciones «[…] durante el término en que se adelantó el trámite de la
incorporación contemplado en la Ley 760 de 2005», dado que para esa época
no hubo prestación del servicio.

3
Cabe precisar que a pesar de que en la solicitud de amparo se indicaron los fundamentos fácticos que
presuntamente dan lugar a la presente acción, la Sala advierte que se omiten datos necesarios para
contextualizar el asunto sub examine. Sin embargo, con el propósito de garantizar los principios de
informalidad, prevalencia del derecho sustancial y eficacia, se extractarán y organizarán los hechos expuestos
tanto en la petición de tutela, como en los documentos allegados al expediente.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

Aducen que contra esa decisión judicial interpusieron recurso de apelación4,
desatado el 29 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, en el sentido de confirmarla, con fundamento en que «[…] las
incorporaciones presentadas no tienen el carácter de nuevos nombramientos,
por lo que, a partir de la posesión, los empleados de carrera recuperan y
pueden continuar gozando de los derechos de carrera […] sin que tal condición
dé lugar al reconocimiento de salarios […]», y, en todo caso, no existe «[…]
norma que regule la continuidad laboral y el reconocimiento de los derechos
[por ellas] pretendidos […], toda vez que el artículo 2.2.11.2.1 del Decreto
1083 de 2015 dispone el vínculo preferencial de permanencia del trabajador
para que siga siendo empleado de carrera […], [lo que] no significa la
extensión de los beneficios que existen respecto a la carrera administrativa en
caso de una supresión del empleo y frente a un periodo en el que no hubo
prestación del servicio».

Que el fallo enjuiciado incurre en defectos (i) sustantivo, por cuanto «[…] se
funda en normas indiscutiblemente inaplicables, cuyo contenido no tiene
conexidad material con los presupuestos del caso […]», puesto que debió
estudiarse bajo la figura de la incorporación directa, mas no de la «[…]
REINCORPORACI[Ó]N […]», como erróneamente se efectuó; y (ii) fáctico,
toda vez que los magistrados accionados no examinaron «[…] las pruebas que
obran en el expediente y que permiten concluir que [su] desvinculación […]
NUNCA debió materializarse, toda vez que e[n] la planta de cargos S[Í]
EXIST[Í]AN [plazas que permitían] su INCORPORACI[Ó]N
AUTOM[Á]TICA, sin embargo este derecho se le[s] confirió a provisionales
que […]» no contaban con las prerrogativas de la carrera administrativa.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a través
de auto de 13 de diciembre de 2022, admitió la presente acción, ordenó notificar
a los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
dispuso vincular al señor gerente del Hospital Universitario del Valle Evaristo
García E. S. .E., en los términos previstos en el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991.

4
Con tal propósito sostuvieron que «[…] en el presente asunto, se aplicó por la entidad demandada la figura de
la incorporación —Resolución 023 de 2017— y no la de la reincorporación, [por lo que] no operaba la
solución de continuidad, pese a existir un nuevo nombramiento, razón por la que los salarios dejados de
percibir durante el tiempo que tardó el trámite administrativo debían ser reconocidos por el […]» Hospital
demandado.
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor gerente del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.
S. E. pide se declare improcedente la acción de tutela, en atención a que se trata
de un mecanismo legal que no «[…] puede ser utilizad[o] para agotar una
tercera instancia de discusión de los hechos y pretensiones de la demanda
[…]» ordinaria por el simple hecho de que las demandantes no están de acuerdo
con la determinación adoptada, máxime cuando se estudió la normativa y
jurisprudencia aplicables.

2.1.2 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
guardaron silencio en la oportunidad procesal prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983 de
2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por las
accionantes, quienes aducen quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que
resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar el fallo de 29 de agosto de 2022, mediante el
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó el de 24 de
septiembre de 2020, con el que el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de Cali
negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que instauraron las tutelantes contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

García E. S. E. (expediente 76001-33-33-004-2018-00068-00); y, en caso
afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso y
acceso a la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza
de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de
tutela, con la finalidad de establecer si el auto judicial se adoptó, en apariencia
revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para
proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii)
defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv)
defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter
excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se
vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios
y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo
que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que la actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre
que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii)
desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la
decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en
los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de
decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales5, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20126, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren
derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros
fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al auto citado
ha aplicado en los términos antes expuestos7.

Por último, en el auto de 5 de agosto de 20148, proferido por la sala plena de lo
contencioso-administrativo, por importancia jurídica, se unificó el criterio de
que esta acción constitucional procede siempre y cuando se respete el principio
de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y
específicos precisados por la Corte Constitucional, entre los que destacaron el
de inmediatez y subsidiariedad.

3.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso
5
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31
de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis
Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de
2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C.
P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8)
16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
6
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
7
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp.
2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor
Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010,
exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7)
30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de
2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C.
P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
8
Sentencia de unificación, proferida por la sala plena de lo contencioso-administrativo el 5 de agosto de 2014,
C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, expediente 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

a la administración de justicia de las actoras; (ii) contra la decisión objeto de
censura no procede recurso alguno, en atención a que fue emitida en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la determinación judicial
atacada9 quedó ejecutoriada el 10 de octubre de 2022 y la solicitud de amparo
se instauró el 6 de diciembre siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (1 mes y 27 días); y (v) la providencia acusada no desató una acción
de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto de acuerdo con las causales específicas denominadas defectos
sustantivo y fáctico invocados por las actoras.

3.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:

a) Acuerdo 20 de 26 de octubre de 2016, mediante el cual se modifica la planta
de personal del Hospital Universitario del Valle Evaristo García E. S. E., por lo
que se suprimen, entre otros, el empleo de auxiliar área salud, código 412,
grado 2, que desempeñaban las actoras, sin embargo, se dispuso conservar
dentro de una planta transitoria los funcionarios públicos que, según los
estudios técnicos realizados, tuvieran una condición especial de protección,
esto es, «[…] fuero sindical, pensionable [y] prepensionable» (artículo sexto).

b) Resolución CP 23/2017 de 4 de abril de 2017, por cuyo conducto la
comisión de personal del aludido Hospital resuelve las reclamaciones «[…]
laborales [de las tutelantes] […], relacionadas con la incorporación al empleo
público en Régimen de Carrera Administrativa con denominación Auxiliar
Área Salud[,] código 412[,] grado 02» (sic), en el sentido de acceder a estas y
ordenar a la Administración su incorporación en el aludido cargo.

c) Resolución CNSC-20172010058505 de 21 de septiembre de 2017, a través
de la cual la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) rechaza por
improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Hospital Universitario
del Valle Evaristo García E. S. E. contra la aludida Resolución.

9
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 3 de octubre de
2022, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 5 siguiente, conforme al
artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

d) Acuerdo 36 de 28 de noviembre de 2017, mediante el cual se da
cumplimiento a la precitada Resolución CP 23/2017, por ende, se ordena la
incorporación de las tutelantes en el empleo de auxiliar área salud, código 412,
grado 02, del mencionado Hospital. Asimismo, en el parágrafo primero se
estableció que esa vinculación «[…] surte efectos a partir de la posesión [y
que] el tiempo servido antes de la supresión del cargo se acumulará, para
efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios salariales y demás
derechos laborales a partir de la posesión».

3.5.2 Defecto sustantivo. Sea lo primero anotar que el artículo 230 de la
Constitución Política prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio
de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir
las controversias de acuerdo con las normas que regulan la materia, como
expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional10 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque
fue derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene
relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica
o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una
falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de
interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido
al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de
la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione
la efectividad de los derechos constitucionales11.

3.5.3 Defecto fáctico. Una providencia judicial se encuentra viciada por defecto
fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin contar
con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge cuando carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión»12.

10
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
11
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra13.

3.5.4 Solución al caso concreto. En el sub lite las tutelantes consideran que la
providencia reprochada incurre en defectos (i) sustantivo, puesto que se funda
en normas inaplicables y que no se avienen a la situación fáctica ventilada en la
demanda, comoquiera que su caso debió estudiarse bajo la figura de la
incorporación directa, mas no de la «reincorporación», como erróneamente se
hizo; y (ii) fáctico, comoquiera que los magistrados accionados no examinaron
las pruebas que permitían establecer que en el sub lite sí había lugar al pago de
salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que permanecieron
desvinculadas, toda vez que les asistía el derecho, por ser empleadas de carrera
administrativa, a que no se les desvinculara al adoptar la nueva planta de
personal, como ocurrió con algunas personas cuyo nombramiento era en
provisionalidad.

Para decidir si las inconformidades de las tutelantes tienen o no asidero jurídico,
resulta oportuno anotar que el artículo 125 de la Carta Política preceptúa que
«[l]os empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se
exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley». De igual modo,
estipula que la desvinculación de los primeros «[…] se hará: por calificación
no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen
disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley» (se
destaca).

En desarrollo de esta disposición, la Ley 909 de 23 de septiembre de 200414,
norma que regula el empleo público, en lo relacionado con el retiro del servicio,
prevé:

ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro
del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
13
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
otras disposiciones».
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los
siguientes casos:
[…]

l) Por supresión del empleo;

[…]

ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los
empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de
la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades,
organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a
otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos
de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal,
y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales
o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional
reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la
indemnización [subraya la Sala].

Resulta pertinente advertir que la precitada normativa (artículo 3º15), en cuanto
al campo de aplicación, prescribió que «Las disposiciones contenidas en la
presente ley serán aplicables en su integridad […]» a «[…] quienes prestan sus
servicios en empleos de carrera […]» en «[…] las entidades del nivel
territorial: departamentos, Distrito Capital, distritos y municipios y sus entes
descentralizados».

Posteriormente, con el Decreto 760 de 17 de marzo de 2005, «[p]or el cual se
establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional
del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones», el Gobierno nacional
dispuso:

Artículo 28. Suprimido un empleo de carrera administrativa, cuyo
titular sea un empleado con derechos de carrera, este tiene derecho
preferencial a ser incorporado en un empleo igual o equivalente al
suprimido de la nueva planta de personal de la entidad u organismo en
donde prestaba sus servicios.

De no ser posible la incorporación en los términos establecidos en el
inciso anterior, podrá optar por ser reincorporado en un empleo igual o
equivalente o a recibir una indemnización, de acuerdo con lo

15
«CAMPO DE APLICACIÓN DE LA PRESENTE LEY.- […]», letra b del numeral 1.
11

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Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y
con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.

Para la reincorporación de que trata el presente artículo se tendrán en
cuenta las siguientes reglas:

28.1. La reincorporación se efectuará dentro de los seis (6) meses
siguientes a la fecha en que el Jefe de la entidad comunique a la
Comisión Nacional del Servicio Civil que el ex empleado optó por la
reincorporación, en empleo de carrera igual o equivalente que esté
vacante o provisto mediante encargo o nombramiento provisional o
que de acuerdo con las necesidades del servicio se creen en las plantas
de personal en el siguiente orden […]:

Por otra parte, el artículo 87 del Decreto 1227 de 200516, sobre el particular,
consagra:

Los empleados de carrera a quienes se les supriman los cargos de los
cuales sean titulares como consecuencia de la supresión o fusión de
entidades o dependencias o del traslado de funciones de una entidad a
otra o de modificación de planta, tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta y, de no
ser posible, a optar por ser reincorporados o a percibir la indemnización
de que trata el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme a las reglas
previstas en el decreto-ley que regula el procedimiento que debe
surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el
cumplimiento de sus funciones.

Mientras se produce la reincorporación, el registro de inscripción en
carrera del ex empleado continuará vigente con la anotación sobre la
situación. Efectuada dicha reincorporación, será actualizada la
inscripción y el empleado continuará con los derechos de carrera que
ostentaba al momento de la supresión del empleo.

[…]
PARÁGRAFO. Producida la reincorporación, el tiempo servido antes
de la supresión del cargo se acumulará con el servido a partir de
aquella, para efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios
salariales y demás derechos laborales.

Sobre la aplicación de la norma trascrita, esta subsección17 sostuvo:

Nótese que el citado artículo 87 del Decreto 1227 de 2005 dispone para

16
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998».
17
Sentencia de 11 de noviembre de 2021, expediente 08001-23-33-000-2013-00362-01, C. P. César Palomino
Cortés.
12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

los reincorporados la acumulación del tiempo de servicio “antes de la
supresión” “con el servido a partir de aquella”. Esta segunda parte del
parágrafo al utilizar la expresión “servido”, hace referencia a tiempos
laborados y el pronombre “aquella” alude a la reincorporación. No cabe
un entendimiento diferente, pues durante la desvinculación el empleado
está retirado, ergo no hay tiempos servidos.

Así entonces, de la lectura de esta norma no puede derivarse que exista
la obligación de realizar el pago de salarios y prestaciones por el tiempo
en que la demandante se encontraba en espera de ser reincorporada a
otra planta.

En un caso análogo al presente, esta Corporación señaló que el propósito
del mencionado artículo 87 del Decreto 1227 de 2005, no es otro que
conservar “(…) el vínculo preferencial de permanencia del particular
para que siga siendo empleado de carrera, pero no en el sentido de
ampliar o extender aún más, las precisas prebendas que frente a la
carrera administrativa existen en caso de una supresión del empleo, las
cuales concretamente son: 1. La indemnización o 2. La reincorporación.
En consecuencia, no es viable reclamar una figura mixta de protección
no regulada por la ley, que en la práctica equivaldría a una
reincorporación con indemnización por un lapso no trabajado”18.

Por otra parte, la Sala encuentra que a la demandante le fueron
respetados sus derechos de carrera administrativa, y el debido proceso
en los trámites de supresión y reincorporación, pues ciertamente los
motivos de inconformidad de la accionante se dirigen a solicitar el pago
de las sumas de dinero que dejó de devengar mientras esperó por la
reincorporación en el nuevo cargo y no respecto a otros aspectos del
procedimiento administrativo realizado.

Así las cosas, en vista de que no existe una norma jurídica que disponga
la obligación de pagar salarios y prestaciones sociales a quienes se
encuentran esperando que se surta el respectivo trámite de
reincorporación a un empleo de carrera administrativa, para la Sala es
claro que las pretensiones de la demanda se tornan improcedentes.

De lo expuesto se puede colegir que el derecho a recibir la indemnización o a
ser incorporado a otro empleo equivalente al suprimido es exclusivo de los
empleados públicos con derechos de carrera, y en el evento en el que se
produzca la reincorporación, el lapso durante el cual permaneció desvinculado
no hay lugar al pago de emolumentos laborales, comoquiera que no existió
prestación del servicio.

18
Sentencia de 31 de enero de 2019, expediente 08001-23-33-000-2013-00455-01 (4178-19), con ponencia del
magistrado William Hernández Gómez.
13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

Revisada la sentencia objeto de reproche constitucional, se observa que los
magistrados accionados indicaron:

57. En este punto, la Sala no desconoce que, conforme [con] el parágrafo
segundo del artículo primero del Acuerdo nro. 036 del 28 de noviembre
de 2017, las incorporaciones allí ordenadas se efectuaron sobre cargos
que se encuentran provistos por empleados «públicos provisionales con
condiciones de protección reconocidas por la entidad».

58. Entonces, si bien la administración inicialmente no incorporó a las
demandantes en la planta de cargos que fue reestructurada, lo cierto es
que tal determinación no fue una decisión caprichosa […], en tanto que
se trataba de empleados provisionales con condiciones especiales de
protección.

59. Sumado a lo anterior, se tiene que el derecho a la incorporación de
[las accionantes] se encuentra garantizado con la orden contenida en el
Acuerdo nro. 036 del 28 de noviembre de 2017, que fue proferido con
ocasión de la reclamación elevada por las demandantes, como lo señaló
la parte recurrente.

60. En ese contexto, la Sala considera que no existe una vulneración en
relación a los derechos de los empleados de carrera administrativa, en los
eventos en que se suprima el cargo que ocupaban, como fue el caso de las
demandantes —artículo 44 de la Ley 909 de 2004—.

61. De otro lado, respecto al reconocimiento de salarios y prestaciones
por el lapso en el que [aquellas] esperaron la incorporación (30 de octubre
de 2016 hasta el 4 de diciembre de 2017), la Sala considera que no tiene
un respaldo legal, toda vez que, en el parágrafo del artículo 2 de la
Resolución nro. 023/2017 del 4 de abril de 2017 y en el Acuerdo nro. 036
del 28 de noviembre de 2017, no se previó algún beneficio
(reconocimiento de salarios) […] mientras se materializaba la opción de
incorporación. En los referidos actos administrativos se señaló que las
incorporaciones no tendrían el carácter de un nuevo nombramiento.

[…]

62. Entonces, a pesar de no tener el carácter de nuevos nombramientos,
no es posible ordenar el pago salarial y prestacional pretendido por Alba
Jenis Dinas Sánchez, Maritza González Mañunga y Mariela Campo
García, pues lo allí previsto no denota una continuación en la prestación
del servicio o que no haya existido solución de continuidad. Por el
contrario, las citadas órdenes son un desarrollo del artículo 2.2.11.2.1 del
Decreto 1083 de 2015 […]

[…]
14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

63. En suma, puede concluirse que las incorporaciones presentadas no
tienen el carácter de nuevos nombramientos, por lo que, a partir de la
posesión, los empleados de carrera recuperan y pueden continuar gozando
de los derechos de carrera que tenían al momento de la supresión de sus
cargos y se encontraban suspendidos, sin que tal condición dé lugar al
reconocimiento de salarios.

64. Adicionalmente, es necesario señalar que no existe norma que regule
la continuidad laboral y el reconocimiento de los derechos pretendidos
por los demandantes, toda vez que el artículo 2.2.11.2.1 del Decreto 1083
de 2015 dispone el vínculo preferencial de permanencia del trabajador
para que siga siendo empleado de carrera, pero ello no significa la
extensión de los beneficios que existen respecto a la carrera
administrativa en caso de una supresión del empleo y frente a un periodo
en el que no hubo prestación del servicio.

De lo anteriormente citado y de los documentos aportados a las presentes
diligencias, se evidencia que (i) las accionantes estaban vinculadas en carrera
administrativa en el empleo de «[…] AUXILIAR [Á]REA SALUD, código 412,
grado 2», de la planta de personal del Hospital Universitario del Valle Evaristo
García E. S. E.; (ii) por conducto de Acuerdo 20 de 26 de octubre de 2016, se
suprimieron los aludidos cargos y fueron retiradas del servicio el 1º de
noviembre siguiente; (iii) con fundamento en sus derechos de carrera
administrativa, deprecaron su vinculación a la nueva planta de personal, a lo
que accedió la comisión de personal de ese organismo el 4 de abril de 2017, con
Resolución CP 23/17; y iv) a través de Acuerdo 36 de 28 de noviembre
siguiente, se ordenó su reincorporación, a partir del 4 de diciembre de ese año,
al mismo empleo que tenían, no obstante, en dicho acto administrativo no se
contempló el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de recibir
durante el lapso en el que permanecieron sin trabajo.

Que inconformes con lo anterior, instauraron demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Hospital Universitario del Valle Evaristo
García E. S. E., encaminada a obtener la anulación parcial del referido Acuerdo
36 y el pago de los emolumentos laborales dejados de recibir «[…] desde la
fecha de su desvinculación por supresión del cargo, hasta el momento de su
INCORPORACIÓN, incluyendo el valor de los aumentos que se hubieren
decretado en dicho per[í]odo […]», pretensiones negadas el 24 de septiembre
de 2020 y el 29 de agosto de 2022 por el Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de
Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en su orden, al estimar
que los empleados que acceden a la reincorporación laboral si bien no pierden
las prerrogativas de la carrera administrativa, por ese simple hecho no adquieren
15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

el derecho al pago de los emolumentos salariales correspondientes al período en
el que no laboraron, máxime cuando no existe una norma que así lo disponga.

Por consiguiente, no se configura el defecto sustantivo invocado, pues,
contrario a lo aseverado por las actoras, en el sub lite se aplicó de manera
apropiada la normativa atañedera a la supresión del cargo establecida en los
Decreto 760 y 1227 de 2005 y en la Ley 909 de 2004, diferente es que se haya
considerado, con fundamento en aquella, que la entidad demandada justificó en
debida forma por qué en su caso no procedía la opción de incorporación directa,
como ellas reclamaban, al indicar que los empleados a los que se les concedió
ese beneficio se hallaban en condiciones especiales (prepensionables,
pensionables y fuero sindical), circunstancias que ellas no acreditaban.

Además, se evidenció que los derechos de carrera administrativa de las
tutelantes fueron garantizados por la comisión de personal del Hospital
Universitario del Valle Evaristo García E. S. E., en la medida en que les otorgó
la posibilidad de optar por la indemnización o la reincorporación en el empleo
de «AUXILIAR [Á]REA SALUD, código 412, grado 2», creado en la nueva
planta de personal, lo cual solicitaron y a lo que se accedió, mediante
Resolución CP 23/2017 de 4 de abril de 2017, acto administrativo en el cual se
precisó que «[…] el tiempo servido antes de la supresión del cargo se
acumulará, para efectos de causación de prestaciones sociales, beneficios
salariales y demás derechos laborales a partir de la posesión».

De igual modo, no se advierte como arbitraria o caprichosa la decisión de los
magistrados accionados de confirmar la determinación de primera instancia de
negar el reconocimiento de los emolumentos laborales dejados de recibir por las
accionantes durante el lapso en el que estuvieron desvinculadas de la entidad,
puesto que se logró establecer que en el procedimiento de supresión del cargo
que ejercían en el mencionado Hospital se protegieron sus prerrogativas de
carrera administrativa al ordenar su reincorporación en la nueva planta de
personal, y, en todo caso, no existe una norma que contemple o justifique ese
tipo de pagos, máxime cuando en tal período no hubo prestación efectiva del
servicio.

En este punto, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el ejercicio del
razonamiento que efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma
parte de su autonomía e independencia, ámbito que debe ser respetado por el
juez de tutela cuando no observa la vulneración de los derechos constitucionales
16

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

fundamentales que haga necesaria su intervención.

Por otra parte, no se evidencia la configuración del defecto fáctico invocado,
fundamentado en que en la sentencia objeto de censura se omitió examinar los
elementos de convicción que daban cuenta de que las actoras tenían mejor
derecho a mantenerse en la planta de personal del Hospital Universitario del
Valle Evaristo García E. S. E. que las personas que, pese a contar con una
vinculación provisional, sí tuvieron esa oportunidad y fueron beneficiarios de
una incorporación directa.

Lo anterior, toda vez que, contrario a lo afirmado en la solicitud de amparo, los
magistrados accionados sí tuvieron en cuenta las prerrogativas que les asisten
como empleadas de carrera administrativa, las cuales, según concluyeron,
fueron preservadas durante el procedimiento de reestructuración de la entidad,
distinto es que hayan estimado que no contraviene el ordenamiento jurídico el
hecho de haber incorporado de manera directa en la nueva planta de personal a
los empleados provisionales que tenían condiciones especiales de protección,
tales como prepensionados y personas con fueron sindical, cuanto más si ellas
no acreditaron encontrarse en algunas de esas situaciones, y, en todo caso, se les
dio la posibilidad de optar por la reincorporación, a lo que accedió la comisión
de personal del precitado Hospital, a través de Resolución CP 23/2017 de 4 de
abril de 2017.

De lo expuesto se colige que las aserciones de los magistrados demandados,
contenidas en la sentencia de 29 de agosto de 2022, no incurren en el defecto
fáctico alegado, comoquiera que son el resultado de una deducción razonable de
los elementos de convicción adosados al expediente contencioso-administrativo,
pues de ellos se pudo concluir que no era dable ordenar el pago de los
emolumentos laborales que pudieron causarse durante el lapso comprendido
entre la supresión del cargo de las actoras y su reincorporación, comoquiera que
ninguna norma estipula tal beneficio en su favor y en dicho período no existió
prestación efectiva del servicio.

Cabe aclarar que el hecho de que los señores magistrados demandados no hayan
valorado las pruebas en el sentido que pretendían las tutelantes, no involucra la
causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en acatamiento de sus
competencias jurisdiccionales tienen la potestad de otorgarles diferentes grados
de certeza a los elementos de convicción obrantes en el expediente, siempre que
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

lo hagan de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, como
aconteció en el asunto materia de controversia.

Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están amparadas
por la presunción de buena fe, situación que imposibilita al juez de tutela
cuestionarlas, por lo que no resultan contrarias a las garantías superiores
invocadas por las accionantes. En lo que atañe a este aspecto, la Corte
Constitucional19 precisó:

Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una
prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.

Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe
determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su
autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo sino
que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que
le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo
hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas
realizadas por aquél es razonable y legítima.

Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error en
el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible,
flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la
decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia
revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto” […].

En atención a lo expuesto en líneas precedentes, se colige que, contrario a lo
aseverado por las accionantes, el fallo objeto de censura atendió una valoración
razonable de los elementos de convicción arrimados al aludido expediente
ordinario, situación por la que no se configura el defecto fáctico invocado en el
escrito de tutela.

A partir de los anteriores prolegómenos, esta Sala negará el amparo deprecado,
comoquiera que la sentencia de 29 de agosto de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con la cual se decidió en segunda instancia
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por
las actoras contra el Hospital Universitario del Valle del Cauca Evaristo García
E. S. E. (expediente 76001-33-33-004-2018-00068-00), en el sentido de
confirmar el fallo del Juzgado Cuarto (4º) Administrativo de Cali, que negó las

19
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-06500-00
Actoras: Alba Jenis Dinas Sánchez y otras

pretensiones formuladas, no incurre en las causales específicas denominadas
defectos sustantivo y fáctico que dieron pábulo al ejercicio de la presente
acción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Niégase el amparo de los derechos constitucionales fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia invocados por las señoras Alba
Jenis Dinas Sánchez, Maritza González Mañunga y Mariela Campo García,
conforme a la parte motiva.

2º. Notifíquese esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

19

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