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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06513-00

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06513-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación de la Defensoría del Pueblo y del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí. SEGUNDO: NEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados por el señor Gustavo Guarnizo Guarnizo. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Gustavo Guarnizo Guarnizo Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-06513-00 CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06513-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de enero de 2023

Demandante: Gustavo Guarnizo Guarnizo
Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06513-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06513-00
Demandante: GUSTAVO GUARNIZO GUARNIZO
Demandado: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
(INPEC) Y OTROS

Tema: Tutela de fondo – traslado de persona privada de la libertad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Gustavo
Guarnizo Guarnizo contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)
y otros, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Gustavo Guarnizo Guarnizo, en nombre propio presentó acción de tutela1
contra el Instituto Nacional Penitenciario Carcelario (INPEC), el director del
Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué “Picaleña” (Coiba), el Tribunal
Administrativo de Tolima y el Procurador 163 Judicial II para la Conciliación
Administrativa de Ibagué, con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales como persona privada de la libertad y como integrante de la
comunidad LGTBIQ+.

La trasgresión de sus garantías la estimó materializada por el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario y, en particular, por el director del Complejo
Penitenciario y Carcelario de Ibagué “Picaleña” (Coiba), por la orden de trasladado
al Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí -Valle del Cauca-, donde
actualmente está recluido, lejos de su núcleo familiar y de su pareja sentimental.

1 Con escrito presentado el 3 de diciembre de 2022 y asignado a la Sala Penal del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., autoridad judicial que mediante auto de 5 de
noviembre de 2022, ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, con fundamento en
las reglas de reparto. El envío se realizó el 6 de diciembre de la misma fecha.
1

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Demandante: Gustavo Guarnizo Guarnizo
Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06513-00

1.2. Pretensiones

La parte accionante presentó las siguientes:

“1. Ordenar a los accionados sea yo devuelto a la cárcel Coiba Picaleña Ibagueya
q´ me encontraba serca a mi arraigo familiar Girardot Cundinamarca

2. Ordenar dejar sin efecto y declarar improcedente la resolución de traslado a la
carcel de Jamundi Valle por discrecionalidad arbritaria y deliberada por exigir los
derechos de sus compañeros de presidio

3. Ordenar sea devuelto al mismo pabellon 8 Bloque 1 donde tiene su pareja
sentimental LQTBIQ Coiba Picaleña

4. Solicitar comedidamente y amablemente al magistrado Luis educardo collazos
Olaya del Tribunal 1º administrativo Ibague accion popular rad 73001-23-23-000-
2021-00484-00 manifieste q´si en mis pretensiones de la accion popular contra el
expendio Coiba Picaleña Ibague solicite ordenar se abstengan de traslados en mi
contra por esta accion popular y q´si es verdad q tambien lo manifeste en audiencia
virtual q me hiban a trasladar por esta accion popular asi como me hicieron en la
carcel acacias meta por algo similar contra el expendio.

5. Ruego y suplico me colabore si su señoria no puede ordenar sea devuelto a la
cacel coiba picaleña ibague q lo ordene el magistrado luis educardo collazos Olaya
quien tiene en su poder la accion popular y yo se lo manifeste por escrito y en
audiencia ya q´ el sabe q`no digo mentiras q´el ordene sea devuelto a la carcel
coiba picaleña ibague por ser traslado arbitrario deliberado.

6. Ordene al procurador mario Fernando rodriguez reina procurador 163 judicial II
mrodriguez@procuraduria.gov.co q´ bajo juramento manifieste si es verdad q´ el
tiene conocimiento de la accion popular de la carcel acacias meta q´ una
procuradora colega de el tiene esa demanda y q´ yo se lo dije personalmente
cuando el fue a la carcel coiba picalema q` yo le dije q´ queria renunciar a esta
accion popular q` me estaba acarreando problemas q´me sacaban de los patios y q´
temia que me trasladaran para otra carcel como me hicieron en la carcel acacias
meta.

7. El procurador tambien ordene yo sea devuelto a la carcel coiba picaleña yo se q´
ese Dr. Es trasparente humano y saner q´ lo único malo que hice fue exigir mis
derechos y de mis compañeros presidio

8. Declarar nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución de traslado
de la carcel coiba picaleña ibague a la carcel Jamundi valle del cauca pido
colaboracion ya q no se como se hace la nulidad y retsablecimiento del derecho

9. Ordenar a la carcel Coiba Picaleña ibague Tolima q´al momento de yo retornar
devolverme no tomen represarias aislándome 15 dias en el calabozo q´ hagan así
como hicieron en Jamundi vale me enviaron de un al patio ya q´tengo carnet de
vacunas yo lo unico malo q´ hice fue logarar q´ vendieran candelas mecheras
brigues en el expendio di venden cigarrillos y no vendian candelas y denuncie porq´
llevaban 4 meses sin vender coca cola ni para la visita

10. Ordenar a la escuadra de remisiones de la carcel jamundi valle cauda me lleven
de inmediato a la carcel Coiba Picaleña ibague Tolima en cumplimiento a este fallo
tutela no saquen excusas q´ no hay presupuesto para esta remisión si me pudieron
traer el 15 Nov/22 me pueden devolver de regreso

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11. favor tener en cuenta lo q´ manifeste el magistrado luis Eduardo collazos Olaya
tribunal 1 administratibo ibague y lo manifestado por el procurador 163 judicial II Dr
mario Fernando rodriguez reina como pureba o testigo q´ mi traslado fue por exigir
los derechos de los p.p.l. personas privadas de la libertad corrupción del expendio
Coiba Picaleña

12. Favor solicitar al Inpec manifieste cuantas cárceles ha recorrido el interno
Gustavo Guarnizo uarnizo cc11222494 y de cuantas ha salido trasladado por
seguridad q´ si tengo fugas o tentativas de fuga esto como prueba de todos mis
traslados arbitrarios en estos 11 años y medio faltando 3 meses para pena
cumplida q´ seguridad si estoy preso a 14 años por proxenetismo con menos de
edad 1 sola menos de edad 17 años seguridad si estuviera por terrorista,
narcotraficante seguridad no es exigir los derechos de las personas vulneradas”
(Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

Informó que mientras se encontraba recluido en la cárcel “Picaleña” (Coiba)
ubicada en Ibagué (Tolima), presentó una acción popular en contra de dicho
establecimiento, al considerar que los recursos destinados a esa institución
carcelaria estaban siendo desviados, razón por la cual no se estaban vendiendo
algunos elementos, tales como: encendedores, cigarrillos, café y gaseosas, entre
otros.

Manifestó que la acción correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima,
magistrado ponente Luis Eduardo Collazos Olaya, bajo el radicado número 73001-
23-33-000-2021-00484-00.

Alegó que el 25 de noviembre de 2022, el director del Complejo Penitenciario y
Carcelario de Ibagué “Picaleña” (Coiba) ordenó su traslado al establecimiento
carcelario de Jamundí (Valle del Cauca) de manera arbitraria y sin considerar su
arraigo familiar, comoquiera que su madre vive en Girardot, así como tampoco su
situación sentimental, dado que su pareja se encuentra recluido en su mismo
pabellón.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El señor Gustavo Guarnizo Guarnizo consideró vulnerados sus derechos
fundamentales como persona privada de la libertad y como integrante de la
comunidad LGTBIQ+, con ocasión al traslado ordenado de la cárcel “Picaleña”
(Coiba) ubicada en Ibagué (Tolima) al Complejo Penitenciario y Carcelario de
Jamundí (Valle del Cauca).

Al respecto, precisó que los argumentos expuestos por la autoridad accionada
para ordenar su remisión se fundaron en su seguridad, tal como lo han hecho en
otras oportunidades cuando ha sido trasladado a 10 cárceles del país. No
obstante, consideró que la verdadera razón por la cual se dio tal envío fue como
consecuencia de la acción popular que interpuso y que se identificó con el
radicado número 73001-23-33-000-2021-00484-00.

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Lo anterior, toda vez que denunció la presunta corrupción que se presenta en la
cárcel “Picaleña” (Coiba) de Ibagué (Tolima) ante el desvió de los dineros
destinados a esa institución y solicitó la presencia de la Personería, la Defensoría
del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y de la Comisión de Derechos
Humanos del Senado.

Expuso que la decisión del traslado invocó cuestiones de seguridad, cuando la
cárcel “Picaleña” (Coiba) es de alta seguridad y, además, le faltan 3 meses para
cumplir su pena. Igualmente, explicó que no se tuvo en cuenta su arraigo familiar,
pues lo enviaron lejos de su núcleo familiar, particularmente su madre quien tiene
73 años y no puede viajar hasta Jamundí, y de su pareja sentimental, quien se
encontraba recluido en el mismo pabellón que él.

Indicó que le manifestó al magistrado que conoce de la acción popular que lo iban
a trasladar, por lo que en dicho trámite pidió que se abstuvieran de hacerlo. Así
mismo, le dijo al Procurador 163 Judicial II para la Conciliación Administrativa de
Ibagué que quería desistir de dicho proceso, pues le estaba causando problemas.

Comentó que si bien el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) cuenta con una facultad discrecional para ordenar el traslado de
personas privadas de la libertad, esta no es absoluta.

Para tal fin, citó las sentencias T-193 de 1994, T-705 de 1996, T-214 de 1997, T-
605 de 1997, T-611 de 2000, T-538 de 2003, T-1322 de 2005, T-439 de 2006, T-
435 de 2009, T-017 de 2014 y T-275 de 2017, relacionadas con el deber del
director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de ser el
responsable de garantizar la seguridad y el orden de los establecimientos
carcelarios, dentro de una discrecionalidad reglada.

Por último, refirió que la jurisprudencia ha identificado algunas situaciones en las
cuales la decisión de traslado es arbitraria o injustificada, por ejemplo, cuando la
Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC): (i)
ordena o niega un traslado sin un motivo expreso o sin más argumentos más que
la discrecionalidad; o (ii) niega la solicitud al considerar que la unidad familiar no
es una causal establecida en el artículo 75 del Código Penitenciario y Carcelario.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 9 de diciembre de 2022, el magistrado ponente de esta decisión
admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Instituto Nacional Penitenciario
Carcelario (INPEC), al director del Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué
“Picaleña” (Coiba), al Tribunal Administrativo del Tolima y al Procurador 163
Judicial II para la Conciliación Administrativa de Ibagué para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de
demandados.

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De otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley
2591 de 1991, vinculó como terceros interesados a la Defensoría del Pueblo de
Ibagué, al Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí -Valle del Cauca-, así
como a la madre2 y la pareja sentimental del señor Gustavo Guarnizo Guarnizo 3.
Finalmente, se requirió a la secretaría del Tribunal Administrativo de Tolima para
que remitiera de manera inmediata copia digital o digitalizada de la acción popular
N.º 73001-23-33-000-2021-00484-00.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Gustavo Guarnizo Guarnizo

El actor informó el celular y lugar de residencia de su madre, la señora Lilia
Guarnizo de Guarnizo.

Así mismo, respecto a su pareja sentimental, refirió el pabellón y bloque en el que
vivía e indicó que su relación “era algo como a escondidas ya que yo soy declarado
LGTBIQ y el no le daba pena declararse públicamente para que no lo discriminara” (Sic a
toda la cita).

Solicitó que al ser devuelto a la cárcel de Ibagué “Picaleña” (Coiba) no sea aislado
en el calabozo o UTE, dado que teme que al regresar sea aislado como forma de
represalia.

Finalmente, reiteró que el magistrado y procurador que solicitó vincular a la
presente acción de tutela son los únicos testigos a quienes les manifestó que iba a
ser trasladado por “peliar por los derechos de los presos”.

1.6.2. Defensoría del Pueblo

La defensora del Pueblo Regional del Tolima solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, así como la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la entidad que representa.

Informó que el actor presentó una acción popular en diciembre de 2021, en
defensa de los derechos colectivos de los internos del pabellón 8, bloque 1 del
Complejo Penitenciario y Carcelario de Ibagué (Coiba), con fundamento en la falta
de provisión de alimentos y productos que deberían ser suministrados por el
establecimiento.

2 La señora Lilia Guarnizo fue notificada al correo adolfo_guarnizo@hotmail.com, el cual fue
aportado a la Secretaría General del Consejo de Estado por el señor Adolfo Guarnizo, con quien se
sostuvo comunicación vía telefónica al número aportado por el actor.
3 La notificación se realizó por aviso, comoquiera que pese a ser requerido, el actor no aportó

información que permitiera a la Secretaría General del Consejo de Estado realizar la notificación de
forma personal, pues únicamente informó el pabellón y bloque en el que se encuentra su
compañero sentimental.
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Sobre el citado proceso, señaló que dicha demanda fue admitida el 18 de marzo
de 2022 y, luego de llevarse a cabo las respectivas mesas de trabajo, se presentó
propuesta de pacto de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo del Tolima,
M.P. Luis Eduardo Collazos. El 6 de diciembre de 2022, fue realizada la audiencia
de pacto de cumplimiento y allí se presentaron algunas modificaciones al pacto
suscritas por el delegado del comité de conciliación del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) y coadyuvada por la Regional Tolima y el
Procurador 163 judicial II Para Asuntos Administrativos.

Finalmente, la demanda ingresó al despacho el 12 de diciembre de 2022, para la
respectiva aprobación del pacto, en desarrollo de lo previsto en el artículo 27 ley
472 de 1998.

Por otro lado, destacó que las situaciones administrativas de traslados de la
población privada de la libertad son ajenas a la Defensoría del Pueblo Regional
del Tolima, dado que es la entidad encargada de velar por la promoción, el
ejercicio y la divulgación de los derechos humanos de los ciudadanos, mientras
que es competencia exclusiva del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) la intervención en las situaciones administrativas de traslados de la
población privada de la libertad.

Explicó que la acción de tutela no es procedente para atender las inconformidades
del accionante respecto de las situaciones administrativas que son propias de la
entidad encargada de su custodia y vigilancia, salvo que se advierta transgresión
de derechos fundamentales. No obstante, consideró que no se observa esa
situación en el caso del señor Guarnizo Guarnizo, en tanto que desconoce “el acto
administrativo que dispuso el traslado y las razones que lo motivaron”.

Por último, concluyó que “De conformidad con los pronunciamientos Jurisprudenciales
anotados en precedencia, el contenido del Decreto 2591 de 2001 y la situación fáctica y
jurídica expuesta en el escrito de tutela impetrada, se concluye que la misma debe
dirigirse contra la autoridad o el particular que en efecto se encuentre vulnerando los
derechos fundamentales de la parte accionante que claramente no lo es la Defensoría del
Pueblo Regional- Tolima, en tanto ni la accionante así lo indica ni de lo narrado se colige
que esta Regional esté llamada a comparecer al proceso, menos aún le asiste
responsabilidad en los derechos presuntamente conculcados”.

1.6.3. Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí

El director del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí pidió la
desvinculación de la presente acción constitucional, comoquiera que no ha
trasgredido los derechos fundamentales del tutelante y por cuanto carece de
legitimación de la causa por pasiva.

En un primer lugar, informó que una vez verificado el aplicativo SISIPEC WEB, se
estableció que el accionante se encuentra recluido en ese establecimiento desde
el 25 de noviembre de 2022, con ingreso por traslado procedente de Complejo
Carcelario y Penitenciario de Ibagué, en cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución No. 900-008934 de 31 de octubre del 2022, de la dirección general del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

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Señaló que la entidad dentro de sus funciones carece de legitimación en la causa
por pasiva, por cuanto los directores de los establecimientos carcelarios no
cuentan con la competencia para trasladar internos de un complejo a otro, dado
que tal facultad es de la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) a través de la oficina de Asuntos Penitenciarios.

Por último, destacó lo siguiente:

“Lo anterior teniendo en cuenta que el Señor GUARNIZO GUARNIZO GUSTAVO,
no adjunta prueba que pueda determinar que puso en conocimiento de los
funcionarios competentes lo pretendido con el fin de que estos procedieran
conforme a los procedimientos a dar trámite a lo pretendido. Por el contrario,
decidió recurrir a la acción constitucional de tutela como mecanismo para reclamar
sus derechos, sin agotar los dispuestos por la ley para la resolución de peticiones,
quejas, reclamos, solicitudes y denuncias”.

1.6.4. Instituto Nacional Penitenciario Carcelario (INPEC)

El coordinador del Grupo de Tutelas de la entidad solicitó que se niegue por
improcedente el amparo de tutela invocado por el actor, teniendo en cuenta que
no es el medio adecuado para pedir un traslado.

En primer lugar, destacó que el competente para ordenar el traslado del personal
privado de la libertad es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de
conformidad con las competencias asignadas constitucional y legalmente.

Así mismo, trajo a colación las sentencias T-739/12 y T-435/09 que negaron las
acciones de tutela como mecanismo para ordenar los traslados de la población
reclusa, a pesar que se alegaban los derechos de menores de edad. Al respecto,
destacó que la regla general ha sido el respeto por la facultad discrecional del
INPEC, por lo cual el juez de tutela no puede interferir en las decisiones sobre
traslados, a no ser que observe una arbitrariedad o una vulneración de los
derechos fundamentales del reo y que cuando no se vislumbra tal violación, la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho es la procedente para atacar tal
actuación.

En ese sentido, explicó que la Resolución No. 900-902771 de 09 de septiembre de
2019, por la cual se dispuso el traslado del actor, no ha sido anulada por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, lo que significa que dicho acto
administrativo cuenta con una presunción de legalidad y, por lo tanto, sus efectos
se mantienen incólumes.

Por otro lado, informó que no es posible el traslado del actor al centro carcelario
que desea, toda vez que no se ha generado liberación de cupos, ya sea por
libertades, subrogados penales o situaciones administrativas. Además, por cuanto
al verificarse el aplicativo SISIPEC se pudo establecer que el privado de la libertad
en estos momentos se encuentra ubicado en un establecimiento del orden
nacional que garantiza las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento
de la pena o medida de aseguramiento impuesta, así como de su integridad
personal.
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Manifestó que trasladar al recluso al centro carcelario solicitado, es quebrantar los
protocolos y niveles de seguridad establecidos por el INPEC, pues “la asignación de
centro carcelario así mismo como de la ubicación interna dentro del mismo es decir su
celda y patio, es realizada por una serie de personas y profesionales idóneos que
conformar un equipo interdisciplinar con funciones específicas para esta actividad (JUNTA
DE ASIGNACIÓN DE PATIOS) ley 65 de 1993 en su artículo 636, valorando diferentes
aspectos a tener en cuenta para este proceso, por lo que no es viable acceder al traslado
del privado de la libertad por este medio”.

Concluyó que para el caso del accionante, el centro carcelario en el cual se
encuentra es el adecuado para su reclusión, toda vez que cumple con los
parámetros necesarios ejecutar la pena que le fue impuesta y por su seguridad,
así mismo como para su proceso de resocialización, según lo establecido en la
Ley 1709 de 2014.

Señaló que en la Resolución No. 6076 de 18 de diciembre de 2020, se estableció
el procedimiento administrativo para el traslado del personal recluso y, en su
artículo 9° se determinaron algunas causales de improcedencia para acceder a
dicha petición:

“ARTICULO 9°: Improcedencia del Traslado. No procede la solicitud de traslado
en los siguientes casos:

1. Cuando la petición de traslado la formule persona o funcionario diferente de los
previstos en el artículo 74 de la Ley 65 de 1993.

2. Por hacinamiento del Establecimiento de Reclusión al cual se solicita traslado del
interno, conforme con el reporte que presenta la Subdirección de Cuerpo de
Custodia a través del Parte Nacional Numérico Contada de Internos.

3. Cuando el interno no haya cumplido un (1) año de permanencia en el
Establecimiento de Reclusión donde se encuentra, o cuando el interno dentro de los
dos (2) años anteriores a la solicitud de traslado, haya estado recluido en el
Establecimiento Penitenciario o Carcelario al cual solicita que se traslade
nuevamente.

4. Si el Establecimiento al cual se solicita el traslado no es acorde con el perfil del
interno o no le ofrece suficientes condiciones de seguridad. (…)”

Finalmente, informó que en el oficio 8320-SUBAP–05584 del 24 de octubre de
2012 se establecieron los lineamientos a nivel nacional para las visitas virtuales de
la población reclusa. Sin embargo, a la fecha no se demuestre que el actor haya
gestionado alguna solicitud sobre las visitas virtuales.

1.6.5. Tribunal Administrativo del Tolima

La secretaria de esa Corporación remitió el expediente de acción popular radicado
número 73001-23-33-000-2021-00484-00.

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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Gustavo Guarnizo Guarnizo contra el Instituto Nacional
Penitenciario Carcelario (INPEC), el director del Complejo Penitenciario y
Carcelario de Ibagué “Picaleña” (Coiba), el Tribunal Administrativo de Tolima y el
Procurador N. 163 Judicial II para la Conciliación Administrativa de Ibagué, de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Defensoría del Pueblo y el Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí en
el informe que presentaron pidieron su desvinculación del trámite constitucional, al
señalar que carecen de legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, la Sala advierte que negará estas solicitudes, toda vez que su
vinculación se hizo en calidad de tercero con interés, por tener relación con las
pretensiones invocadas por el actor.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales del señor Gustavo Guarnizo Guarnizo
por parte de las autoridades accionadas al presuntamente ordenar su traslado al
Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí -Valle del Cauca-, como
represalia a la acción popular que el actor interpuso ante el Tribunal Administrativo
del Tolima contra dicho establecimiento penitenciario y sin considerar su arraigo
familiar y su situación sentimental.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela; (ii); sujetos de especial protección constitucional;
(iii) derechos de las personas privadas de la libertad; y (iv) el análisis del caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

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La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.5. Sujetos de especial protección constitucional

La Corte Constitucional ha determinado que existen algunas personas que debido
a sus especiales condiciones, ya sea por razones físicas, psicológicas o sociales,
merecen un trato especial, con el fin de lograr la igualdad real y efectiva. Por lo
tanto, ha señalado que en este grupo especial se encuentran los niños, los adultos
mayores, los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de
familia, las personas desplazadas por la violencia, aquellas que se encuentran en
extrema pobreza, las personas privadas de la libertad y la población LGBTI.

En Colombia, el largo proceso de reconocimiento y protección de los derechos de
las “mínorías” lo ha soportado de manera consistente la Corte Constitucional en su
calidad de máximo órgano interpretativo y garante de los derechos humanos, con
el fin de procurar condiciones de igualdad en el territorio nacional según se
establece en la Constitución Política de 1991.

Por ejemplo, en el caso de los grupos poblacionales actualmente autodenominados
como la comunidad LGTBIQ5, puede decirse que la reivindicación de sus
prerrogativas tuvo un inicio aproximado en la sentencia T-594 de 1993, a través de la
cual se determinó que el cambio de nombre en el Registro Civil de Nacimiento es
posible con fundamento en que materializa el núcleo esencial del derecho al libre
desarrollo de la personalidad6. Mas recientemente, en las sentencias SU-214 de
2016 y T-068 de 2021, entre otras se estableció, “un marco de protección y
reconocimiento constitucional de la población LGBTI como grupo minoritario sujeto de
especial protección”.

Por su parte, sobre las personas privadas de la libertad, ha explicado que «sus
garantías constitucionales deben “ser [protegidas] con celo en una democracia”», toda
vez que “son sujetos de especial protección constitucional en razón a la masiva y
generalizada violación de sus derechos fundamentales al interior de los mismos
establecimientos de reclusión”.7

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 Lesbianas, gays, transexuales, transgénero, bisexuales, intersexuales y queer.
6 En esa oportunidad se dijo que “es el reconocimiento que el Estado hace de la facultad natural de

toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o
impedimentos por parte de los demás. El fin de ello es la realización de las metas de cada
individuo de la especie humana, fijadas autónomamente por él, de acuerdo con su temperamento y
su carácter propio, con la limitación de los derechos de las demás personas y del orden público”.
7 Sentencia T-208 de 2018, M.P. DIANA FAJARDO RIVERA.

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2.6. Derechos de las personas privadas de la libertad8

Frente a los derechos fundamentales de los reclusos que son suspendidos o
restringidos desde su detención o condena, éstos deben ser respetados y
protegidos por las autoridades que tienen a cargo su custodia.

No obstante, como consecuencia de la privación de la libertad, el derecho a la
libertad física se encuentra severamente limitado y los derechos a la intimidad
personal y familiar, la libertad de expresión y de reunión, entre otros, se ven
parcialmente restringidos. Por su parte, otras garantías constitucionales como la
vida, la integridad personal, la salud, la dignidad, etc., se mantienen intactos y no
pueden ser afectados en modo alguno por el hecho de la prisión.

Al respecto la Corte Constitucional9, ha establecido:

“Las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación10 de una parte (el
recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento
del interno a un régimen jurídico especial11 (controles disciplinarios12 y
administrativos13 especiales y posibilidad de limitar14 el ejercicio de derechos,
incluso los fundamentales). (iii) Este régimen especial, en todo lo relacionado con el
ejercicio de la potestad disciplinaria y la limitación de los derechos fundamentales
debe estar autorizado15 por la Constitución y la ley. (iv) La finalidad16 del ejercicio de
la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de
garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos
(mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr
el cometido principal de la pena (la resocialización). (v) Como consecuencia de la
subordinación, surgen ciertos derechos especiales17 (relacionados con las
condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos,
salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser18 especialmente
garantizados por el Estado. (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar19 de
manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los
reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).”

8 Acápite extraído de la sentencia de 12 de agosto de 2018, de la Sección Quinta del Consejo de

Estado, magistrada ponente Rocío Araújo Oñate. Dentro del expediente 23001-23-33-000-2017-
00429-01.
9 Sentencia T-1190 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett
10En este punto la sentencia citó los fallos T-065 de febrero 22 de 1995 (M. P. Alejandro Martínez

Caballero) y T-705 de diciembre 9 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
11 En este punto la sentencia citó el fallo T-422 de 1992 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
12 En este punto la sentencia citó el fallo T-596 de diciembre 10 de 1992 (M. P. Ciro Angarita

Barón).
13 En este punto la sentencia citó el fallo T-065 de 1995 ya citada
14 En este punto la sentencia citó los fallos T-222 de 1993, T-065 de 1995, T-705 de 1996 y T-269

de 2002.
15 En este punto la sentencia citó los fallos C-318 de julio 19 de 1995 (M. P. Alejandro Martínez

Caballero) y T-705 de 1996 ya citada.
16 En este punto la sentencia citó los fallos T-705 de 1996 precitada. y T-714 de diciembre 16 de

junio 19 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
17 En este punto la sentencia citó el fallo T-596 de 1992 ya citada y en la T-687 de agosto 8 de

2003 (M. P. Eduardo Montealegre Lynett).
18 En este punto la sentencia citó el fallo T-966 de julio 31 de 2000 (M. P. Eduardo Cifuentes

Muñoz).
19 En este punto la sentencia citó los fallos T-522 de 1992, T-714 de 1995 y T-435 de 1997.

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De lo anterior, se colige que las personas privadas de la libertad tienen una
garantía limitada a sus derechos familiares, razón por la que en el sistema
penitenciario y carcelario debe procurarse en lo posible que el recluso mantenga
contacto con su grupo familiar.

2.7. Caso concreto

2.7.1. En el sub examine, el señor Gustavo Guarnizo Guarnizo alegó que las
autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales al ordenar su
trasladado al Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí -Valle del Cauca-,
donde actualmente se encuentra recluido, comoquiera que esta actuación se hizo
como represalia por la acción popular que él interpuso ante el Tribunal
Administrativo del Tolima contra dicho establecimiento penal y no se tuvo en
cuenta su arraigo familiar y su situación sentimental.

Ahora bien, las pretensiones del actor al interponer la presente acción
constitucional, se centran en que se deje “sin efecto y declarar improcedente la
resolución de traslado a la carcel de Jamundi Valle por discrecionalidad” y que, como
consecuencia de lo anterior, se ordene su traslado al Complejo Penitenciario y
Carcelario de Ibagué “Picaleña” (Coiba), dado que le facilita las visitas a su madre,
quien reside en Girardot, y además, porque su pareja sentimental se encuentra
recluido en dicho establecimiento.

Sobre la procedencia de la acción de tutela para solicitar el traslado de internos, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha aplicado la regla general, según la
cual este mecanismo de amparo es improcedente, comoquiera que se pretende
controvertir actos administrativos.

Es importante tener claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar de un acto administrativo, frente al cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).

No obstante, el Alto Tribunal Constitucional “ha aceptado la utilización de la acción de
tutela para controvertir este tipo de decisiones pues se trata de personas privadas de la
libertad que tienen limitadas sus actuaciones debido a su particular situación de
sujeción”20.

Por lo tanto, la Sala estudiará si en el presente caso se vulneraron los derechos
fundamentales del actor como consecuencia de su traslado al Complejo
Penitenciario y Carcelario de Jamundí -Valle del Cauca-, lejos de su núcleo
familiar y su pareja sentimental, comoquiera que al ser una persona privada de la
libertad y pertenecer a la comunidad LGTBI, la acción de tutela se torna en un
mecanismo eficaz para revisar la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales, toda vez que el actor tiene una condición de sujeto de especial
protección constitucional, como quedó estudiado en acápites previos.

20 Sentencia T-137 de 2021. M.P. DIANA FAJARDO RIVERA.

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2.7.2. En primer lugar, es importante precisar que el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) cuenta con la facultad discrecional para
trasladar a las personas privadas de la libertad, en virtud de los artículos 73 y
subsiguientes de la Ley 65 de 1993, “Por la cual se expide el Código Penitenciario y
Carcelario”:

“ARTÍCULO 73. TRASLADO DE INTERNOS. Corresponde a la Dirección del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario disponer del traslado de los internos
condenados de un establecimiento a otro, por decisión propia, motivada o por
solicitud formulada ante ella”.

Por su parte, el artículo 75 estableció que las causales para ordenar el traslado de
un recluso son: (i) cuando así lo requiera el estado de salud del interno,
debidamente comprobado por el médico legista; (ii) cuando sea necesario por
razones de orden interno del establecimiento; (iii) cuando el Consejo de Disciplina
lo apruebe, como estímulo a la buena conducta del interno; (iv) cuando sea
necesario para descongestionar el establecimiento; o (v) cuando sea necesario
por razones de seguridad del interno o de los otros internos.

De igual manera, se determinó la obligación de indicar el motivo que condujo a
ordenar el traslado, así como el lugar a donde será remitida la persona privada de
la libertad, toda vez que esta facultad discrecional no puede ser caprichosa.

Ahora, sobre la unidad familiar como derecho fundamental del privado de la
libertad, la Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencia T-137 de 2021, con
ponencia de la magistrada DIANA FAJARDO RIVERA, determinó que este no es
absoluto:

“61. Es claro entonces que la unidad familiar no ha sido entendida como un derecho
absoluto puesto que existen limitaciones válidas. La labor del juez de tutela consiste
en velar por que las restricciones sean razonables y proporcionadas, lo que supone
revisar la argumentación ofrecida por la autoridad penitenciara para justificar el
traslado y contrastarla con los elementos del caso concreto. En los casos en los
que se ha concedido el amparo, la Corte ha advertido que la apariencia de legalidad
de una orden de traslado puede ocultar una decisión desproporcionada que
innecesariamente agrava la situación de una persona privada de la libertad. No
basta con que las autoridades apliquen mecánicamente los preceptos legales, sino
que sus decisiones también deben ser razonables. Esto es, “que sus decisiones
encuentren justificación no solamente racionales, desde un punto de vista lógico o
técnico, sino también desde el punto de vista de los valores. Es decir no solo se ha
de justificar la decisión que toman a la luz de una razón instrumental, sino con base
en argumentos en los cuales no se sacrifiquen valores constitucionales que sean
significativos e importantes.”21

(…)

64. En resumen, la unidad familiar es un derecho fundamental del recluso y sus
seres más allegados. Salvaguardar esta garantía es de la mayor importancia para
lograr un proceso efectivo de resocialización, finalidad última de la sanción penal
dentro del Estado social y democrático de derecho. Esto no equivale a un derecho
absoluto, pues también es cierto que en el INPEC reside una facultad discrecional
para realizar traslados en función de los objetivos del sistema carcelario, entre los
cuales se encuentra la reducción del hacinamiento y la garantía de condiciones

21 Sentencia T-589 de 2013. M.P. María Victoria Calle Correa.

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dignas de reclusión. El juez de tutela solo podrá intervenir en estos asuntos si
constata que la motivación ofrecida por la entidad es insuficiente e implica una
restricción desproporcionada sobre los derechos del recluso y su núcleo familiar”.

2.7.3. En ese sentido, revisado el material probatorio allegado al expediente, se
evidencia que a través del Acta No. 284 de 12 de septiembre de 2022, el director y
el comandante de Custodia y Vigilancia del Complejo Penitenciario y Carcelario de
Ibagué “Picaleña” (Coiba) solicitaron el traslado del señor Gustavo Guarnizo
Guarnizo, con fundamento en las siguientes razones:

1. Por las situaciones que se han presentado con el actor relacionadas con
“problemas de convivencia en los diferentes pabellones de las diferentes estructuras del
establecimiento” y porque no se descartó que frente al actor “continúen las
vulnerabilidades contra su integridad personal, contra otro PPL o Funcionario (sic)”. Para
probar su dicho, aportó copia del informe de 1° de septiembre de 2022, en el que
se registró lo siguiente:

“Respetuosamente me dirijo a su despacho con el fin de informar que el día de hoy
siendo las 10:00 de la mañana pasando revista a los diferentes pabellón (sic) de la
estructura dos, se evidencia que una multitud de privados de la libertad del patio 18,
están gritando arengas y demás agravios, desafiante y amenazantes en contra del
privado de la libertad Guarnizo Guarnizo Gustavo UN 293325 perteneciente a este
mismo pabellón, quienes manifiestan que PPL Guarnizo Guarnizo, no puede
convivir en este patio por su convivencia. Por consiguiente se entrevista al PL
Guarnizo Guarnizo con la unidad de policía judicial Cárdenas Flores Andrés, quien
atendió la situación y expresó que el PL no denunció ninguna agresión física o
maltratos. Así mismo este privado de la libertad, salió con destino al pabellón 14
con todos sus elementos personales. De lo anterior se dejaron los respectivos
registros de calidad en la minuta de pabellón en el folio 102 con fecha de apertura
del 04/07/2022, así mismo de (sic) diligenció volante de cambio de celdas y patios”

2. Por las condiciones de habitabilidad y fata de mantenimiento de la
infraestructura del establecimiento carcelario. Allí mencionó que el actor se
encontraba recluido en un lugar que podía afectar su dignidad humana, dado que
el sitio no “está adecuado para albergar Privados de la libertad por mucho tiempo, ya que
no cuenta con acceso a condiciones mínimas de atención integral en un pabellón
transitorio”.

3. Por la protección y salvaguarda de la vida e integridad física del recluso, en
virtud del artículo 77 de la Ley 65 de 1993.

Como se evidencia, la argumentación dada por la autoridad accionada para
ordenar el traslado del señor Gustavo Guarnizo Guarnizo, no resulta
desproporcionada, ni agrava la situación del actor. Por el contrario, la decisión de
enviar al tutelante al Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí -Valle del
Cauca- resulta ser razonable y fundada en razones de la garantía de sus
condiciones dignas, dado que el actor estuvo presentando problemas de
convivencia con otros reclusos que ponían en peligro su vida e integridad física.

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En cuanto a la situación de arraigo familiar invocada por el demandante, según la
cual su madre, la señora Lilia Guarnizo de Guarnizo de 73 años de edad, no
puede viajar a Jamundí por la distancia y el costo que ello implica, la Sala no
advierte prueba alguna que permita colegir que en efecto la mencionada persona
vive a una hora y media de la cárcel de Ibagué “Picaleña” (Coiba), como para
determinar que se está vulnerando el derecho a la unidad familiar del tutelante.

Máxime cuando el mismo actor en su escrito de tutela señaló que le faltan 3
meses para cumplir su pena, con lo cual se presume que se encuentra a casi 2
meses de reunirse nuevamente con su familia.

Iguales argumentos se extienden a las afirmaciones realizadas por la parte actora,
relacionadas con la relación sentimental que lleva con uno de sus compañeros de
pabellón, pues -se reitera- no existe algún medio probatorio dentro del expediente
constitucional que respalde tales afirmaciones.

Por lo tanto, para esta Sala la decisión de traslado tomada por las autoridades
accionadas está fundada en motivos de seguridad y protección del actor, por lo
que no resulta ser insuficiente o desproporcionada sobre los derechos del señor
Guarnizo Guarnizo. Por el contrario, la medida es necesaria y conducente para el
logro de tal fin, esto es, la protección de su vida, según los argumentos expuestos
en el Acta No. 284 de 12 de septiembre de 2022.

Conforme con las razones expuestas, la Sala negara la tutela de los derechos
fundamentales invocados por el señor Gustavo Guarnizo Guarnizo, pues no se
advierte alguna amenaza o vulneración de tales garantías constitucionales.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NO ACCEDER a las solicitudes de desvinculación de la Defensoría del
Pueblo y del Complejo Carcelario y Penitenciario de Jamundí.

SEGUNDO: NEGAR la tutela de los derechos fundamentales invocados por el
señor Gustavo Guarnizo Guarnizo.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

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CUARTO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

16

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