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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06514-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06514-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de enero de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 11001 03 15 000 2022 06514 01 Accionante: JORGE ENRIQUE BUITRAGO GALVIS Y OTRA TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06514-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

27 de abril de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2022 06514 01
Accionante: JORGE ENRIQUE BUITRAGO GALVIS Y OTRA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 06514 01
Accionantes: JORGE ENRIQUE BUITRAGO GALVIS Y OTRA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Tesis: No procede variar en la impugnación el objeto y los
argumentos que sustentaron la acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 27 de enero de 2023, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, que declaró improcedente la tutela.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Jorge Enrique Buitrago Galvis y Ana Bolena Buitrago Pinzón, por
intermedio de apoderado, solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y de los “derechos adquiridos y expectativas legitimas, principio de
seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley”, que
estimaron vulnerados con la expedición del auto del 14 de julio de 2022,
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, que confirmó la providencia del 11 de enero de 2022, dictada
por el Juzgado 8º Administrativo del Circuito de Bogotá, que modificó y
aprobó la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo que promovieron

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Accionante: JORGE ENRIQUE BUITRAGO GALVIS Y OTRA

contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1.

Los demandantes relataron que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia del
9 de julio de 2009 confirmó la decisión de primera instancia2 que accedió
a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurada por la señora Ana Bricela Pinzón de Buitrago contra la
Caja Nacional de Previsión Social, Empresa Industrial y Comercial del
Estado (Cajanal EICE) y ordenó el reajuste de la pensión de jubilación.

Luego, como sucesores de la señora Pinzón de Buitrago, los demandantes
promovieron acción ejecutiva contra la UGPP3, con el fin de obtener el
pago de los intereses moratorios que no fueron reconocidos por Cajanal
EICE al dar cumplimiento al referido fallo. En su momento, el Juzgado 8º
Administrativo del Circuito de Bogotá libró mandamiento ejecutivo y, en
audiencia del 30 de enero de 2019, ordenó seguir adelante la ejecución.

Sin embargo, al pronunciarse sobre la liquidación del crédito presentada
por las partes, mediante providencia del 11 de enero de 2022, el juzgado
la estableció en un valor de cero pesos ($0), con fundamento que, entre
el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013, período durante el cual
se adelantó el proceso de liquidación de Cajanal EICE, se suspendió la
caducidad de los procesos y la causación de intereses moratorios contra
esa entidad. Por lo tanto, estimó que éstos no se habían causado en el
plazo transcurrido entre la ejecutoria de la sentencia del 9 de julio de
2009 y la fecha en la que los demandantes reclamaron el pago.

La parte actora apeló la anterior decisión y, por auto del 14 de julio de
2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, la confirmó.

1
Proceso que se tramitó bajo la radicación 11001-33-35-008-2016-00118-03.
2
Sentencia dictada por el Juzgado 8º Administrativo del Circuito de Bogotá el 21 de enero de 2009.
3
La UGPP fue creada por el artículo 156 la Ley 1151 de 2007, que le asignó, entre otras, la función de
“reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales (…) respecto de las cuales
se haya decretado o se decrete su liquidación”. A su vez, el Decreto 2196 de 2009 ordenó suprimir la empresa
Cajanal EICE y proceder a su liquidación y señaló que sus funciones serían asumidas por la UGPP (art. 3).

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Los demandantes consideran que en este caso se cumplen los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Particularmente, estiman que el asunto tiene
relevancia constitucional porque se ataca una decisión que desconoció el
precedente y que incurrió en vulneración del debido proceso y de los
“derechos adquiridos y expectativas legitimas, principio de seguridad
jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la ley”.

Al respecto, sostuvieron que la referida providencia vulneró su derecho
adquirido a reclamar los intereses moratorios causados con ocasión a la
sentencia del proceso ordinario, prerrogativa consagrada en el artículo 58
de la Constitución Política.

Alegaron que la decisión cuestionada incurrió en desconocimiento del
precedente fijado por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en la providencia del 12 de septiembre de 2019, que
sostuvo que la suspensión del término de caducidad de los procesos
ejecutivos, establecida en la Ley 550 de 1999, únicamente aplica para los
entes territoriales, y no puede extenderse a entidades del orden nacional
como Cajanal EICE.

Además, invocaron los siguientes precedentes que, según alegaron,
señalaron que mientras estuvo en curso la liquidación de Cajanal EICE no
se suspendió la caducidad de los procesos ejecutivos en su contra: (i)
providencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado4,
bajo el radicado 11001-03-06-000-2016-00256-00 (C. P. Álvaro Namén
Vargas); (ii) providencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado5, bajo el radicado 11001-03-06-000-2016-00087-00 (C. P.
Germán Alberto Bula Escobar); (iii) sentencia de 30 de mayo de 2019 del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 2019-01068

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Aunque el demandante no lo mencionó, de acuerdo con la consulta realizada por la Sala en la página de la
relatoría de la corporación, la providencia fue dictada el 10 de octubre de 2016 y tuvo por objeto resolver un
conflicto de competencias administrativas.
5
Aunque el demandante no lo mencionó, de acuerdo con la consulta realizada por la Sala en la página de la
relatoría de la corporación, la providencia fue dictada el 13 de febrero de 2017 y tuvo por objeto resolver un
conflicto de competencias administrativas.

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(C. P. William Hernández Gómez); (iv) auto del 7 de septiembre de 2018
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B (C. P. Sandra
Lisset Ibarra Vélez)6; (v) providencia del 12 de septiembre de 2019, del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000-23-
42-000-2017-01443-01 (C. P. César Palomino Cortés), y (vi) sentencia
de 19 de marzo de 2020, del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, bajo la radicación 11001-03-15-000-2019-04576-01 (C. P.
Rafael Francisco Suarez Vargas).

Con fundamento en estos pronunciamientos, que habrían señalado que
durante el proceso de liquidación de Cajanal EICE no se suspendió el
término de caducidad de los procesos en su contra, insistieron en que sí
se causaron los intereses moratorios reclamados en la demanda
ejecutiva. Además, dijeron que “la caducidad (…) no debe ser asumida
por el actor que desea acudir a la administración de justicia en busca de
los derechos adquiridos”.

Por último, afirmaron que no es válido sostener que la liquidación de
Cajanal EICE constituyó una fuerza mayor, pues, por ministerio de la ley,
las obligaciones que esa entidad no hubiera pagado debían ser asumidas
por la UGPP.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, ponente del auto del 14 de julio de
2022, transcribió las razones de la decisión cuestionada y manifestó que
ésta hizo un correcto y adecuado análisis del asunto.

2.2. El subdirector de defensa judicial pensional de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) alegó que esta tutela es
improcedente porque lo que se pretende es sustituir la decisión judicial
dictada por el juez natural de la causa con fundamento en el principio de

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No indicó la radicación.

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autonomía, la cual se ajustó a la normativa aplicable y a las pruebas
allegadas al proceso, y que, además, tiene efectos de cosa juzgada.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante fallo del 27 de enero de 2023, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, declaró improcedente el amparo, al considerar que
el asunto carecía de relevancia constitucional porque los argumentos de la
tutela son los mismos que se expusieron en el proceso ejecutivo, es decir,
que son de contenido típicamente legal y económico, por lo que es claro
que lo que buscan es reabrir un debate que ya fue jurídicamente concluido.

Sin perjuicio de lo anterior, señaló que la providencia cuestionada expuso
por qué no había lugar a liquidar intereses moratorios, esto es, porque si
bien el Consejo de Estado cambió de postura respecto de la suspensión de
la caducidad en los procesos que se adelanten contra Cajanal EICE, lo cierto
es que, en este caso, la demanda ejecutiva se interpuso cuando ya había
caducado el correspondiente medio de control.

Además, adujo que la actora no tenía ningún derecho consolidado, pues,
aun cuando el juez libró mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la
ejecución, debía también pronunciarse sobre la liquidación del crédito
presentada por las partes, de acuerdo con el artículo 446 del Código General
del Proceso (CGP).

IV. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia y sostuvo que,
de acuerdo con la jurisprudencia de esta corporación7, el término de
caducidad de los procesos que se adelantan contra Cajanal EICE sí estuvo
suspendido mientras esa entidad se encontraba en proceso de liquidación.

Alegó que, entonces, como la sentencia que sirvió de título ejecutivo
adquirió firmeza el 17 de septiembre de 2009, fecha en la cual ya se

7
Como fundamento de lo anterior, invocó la sentencia del 23 de agosto de 2018, radicación: 11001-03-15-
000-2018-01733-00; la sentencia del 15 de noviembre de 2018, radicación: 11001-03-15-000- 2018-00630-
01; y la sentencia del 28 de marzo de 2019, radicación: 11001-03-15-000-2018-03532-00.

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encontraba en curso el proceso liquidatorio, en ese momento no empezó a
correr la caducidad de la acción ejecutiva, lo cual solo ocurrió desde el 12
de junio de 2013, cuando culminó ese trámite.

Sostuvo que, en consecuencia, al momento de la presentación de la
demanda —19 de abril de 2016—, no habían transcurrido aún los dieciocho
(18) meses de exigibilidad más los cinco (5) años de caducidad que
establece la norma, plazo que se cumplió el 12 de diciembre de 2019, y no
el 18 de marzo de 2016, como concluyó la autoridad accionada.

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.

5.2. HECHOS

5.2.1. Jorge Enrique Buitrago Galvis y Ana Bolena Buitrago Pinzón,
sucesores de la señora Ana Bricela Pinzón de Buitrago, presentaron
demanda ejecutiva contra la UGPP el 19 de abril de 2016, para obtener el
pago de los intereses moratorios no reconocidos por Cajanal EICE al dar
cumplimiento al fallo del 9 de julio de 2009, mediante el cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión de primera
instancia8 que accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento
del derecho que la causante en su momento promovió para obtener la
reliquidación de la pensión de jubilación.

5.2.2. Dentro del referido proceso, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Bogotá libró mandamiento ejecutivo y, en audiencia del 30 de

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Dictada por el Juzgado 8º Administrativo del Circuito de Bogotá el 21 de enero de 2009.

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enero de 2019, ordenó seguir adelante la ejecución. No obstante, por auto
de enero 11 de 2022, modificó la liquidación presentada por las partes y
la fijó en cero pesos ($0), al considerar que entre el 12 de junio de 2009
y el 11 de junio de 2013, periodo durante el cual Cajanal EICE estuvo en
proceso de liquidación, estuvo suspendida la caducidad de los procesos
en su contra y no se causaron intereses moratorios.

5.2.3. Los demandantes apelaron esta decisión y, por auto del 14 de julio
de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B, la confirmó, con base en las siguientes consideraciones:

“Al respecto, esta Corporación traerá al presente asunto dos
cuestiones que ha de tener en cuenta por el extremo activo; en primer
lugar, en ese momento la Sala en la providencia adiada cinco (5) de
agosto de dos mil diecinueve (2019) acogía la postura de la
suspensión de término en virtud de la sentencia de unificación allí
citada, expresando a su vez que dichos términos de suspensión son
también aplicables a la causación de intereses, por lo tanto, no son
computables en la liquidación del crédito (…)

(…)

Ahora bien, como segundo elemento a tener en cuenta, en la actual
postura de esta Sala, se acoge una variación adoptada por el Consejo
de Estado, en el cual no hay lugar a la suspensión de los términos
para la caducidad por el proceso de liquidación, por lo tanto, no se
considera una suspensión en la causación de los intereses;
circunstancia que para el caso en concreto conlleva a dos situaciones,
una de ellas es la situación favorable de poder causar los intereses
moratorios que alega, empero, dadas las actuaciones procesales y los
tiempos de la demanda en uso del medio de control ejecutivo, daría
lugar al fenómeno de la caducidad, pues como se indicó en la
providencia del cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve (2019)
tomándose que la ejecutoria es del 17 de septiembre de 2009 y la
demanda la radicó el 19 de abril de 2016-, estimándose que con la
suspensión de términos contaba hasta el 12 de diciembre de 2019,
hallándose en término pero, sin la suspensión, tenía hasta el 18 de
marzo de 2016 para radicar la demanda, lo que implicaría la operancia
del fenómeno”. (Subrayas de la Sala).

5.2.4. Los actores presentaron acción de tutela contra esta decisión.

5.3. ANÁLISIS DE LA SALA

En la solicitud de amparo, los demandantes alegaron que la providencia
del 14 de julio de 2022 desconoció el precedente fijado por esta

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corporación en varios pronunciamientos que sostuvieron que, mientras se
adelantó la liquidación de Cajanal EICE, no se suspendió la caducidad de
los procesos ejecutivos en su contra y, con base en éstos, argumentaron
que tampoco se había suspendido la causación de intereses moratorios,
por lo que el valor actual del crédito no podía ser igual a cero ($0), como
determinó la autoridad accionada.

La Sala advierte que, al plantear en estos términos la acción de tutela, los
demandantes no tuvieron en cuenta que la razón que llevó al tribunal a
confirmar la providencia que fijó la liquidación del crédito en cero pesos
($0) no fue la falta de aplicación del criterio de no suspensión de la
caducidad de los procesos contra Cajanal EICE, fijado en las providencias
que invocaron como precedentes, sino la ocurrencia de la caducidad de la
acción ejecutiva.

En efecto, como fundamento de la decisión que aquí se controvierte, el
tribunal sostuvo que “dadas las actuaciones procesales y los tiempos de
la demanda en uso del medio de control ejecutivo, daría lugar al fenómeno
de la caducidad, pues (…) tomándose que la ejecutoria es del 17 de
septiembre de 2009 y la demanda la radicó el 19 de abril de 2016-,
estimándose que con la suspensión de términos contaba hasta el 12 de
diciembre de 2019, hallándose en término pero, sin la suspensión, tenía
hasta el 18 de marzo de 2016 para radicar la demanda, lo que implicaría
la operancia del fenómeno”.

Posteriormente, en la impugnación, los demandantes variaron la tesis
formulada en la tutela, para ahora sostener que, mientras duró el proceso
de liquidación de Cajanal EICE, sí se suspendió el término de caducidad
de los procesos contra esa entidad y, como fundamento de esa nueva
postura, invocaron otros pronunciamientos en los que esta corporación se
habría manifestado en tal sentido.

Es decir que, recién ahora, en sede de impugnación, es cuando los
demandantes atacan las razones que sustentaron la providencia que

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cuestionan, con lo cual modificaron completamente el planteamiento
inicialmente presentado y los fundamentos jurídicos que la sostuvieron.

Al respecto, la Sala destaca que a los demandantes no les está dado
invertir de esa manera en la impugnación la tesis formulada en la
demanda de tutela, so pena de desconocer el principio de buena fe
procesal, establecido en el numeral 1º del artículo 178 del Código General
del Proceso. Ello por cuanto, en caso de aceptarse tal reforma, se
vulnerarían los derechos a la defensa y contradicción del tribunal
accionado y de la UGPP, quienes no habrían tenido la posibilidad de
pronunciarse sobre este nuevo debate.

Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto, no hay lugar a estudiar el
argumento propuesto en la alzada, por lo que, sin necesidad de ulteriores
análisis, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia.

5.4. Conclusión

Como consecuencia de lo expuesto, dada la imposibilidad de variar el
objeto de la acción de tutela con ocasión de su impugnación, la Sala
confirmará la sentencia recurrida, que declaró improcedente la tutela de
la referencia, por incumplir el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 27 de enero de 2023, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.

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