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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06527-00

Fecha
2 de febrero de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06527-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Elizabeth Toro Guarín frente a la sentencia del 19 de febrero de 2021, por las razones expuestas. 2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela respecto de los autos del 22 de noviembre de 2021 y del 17 de junio de 2022, conforme con lo expuesto en esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-06527-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de febrero de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06527-00
Demandante: Elizabeth Toro Guarín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06527-00
Demandante: ELIZABETH TORO GUARÍN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA ESPECIAL DE DECISIÓN No. 12

Temas: Contra providencia judicial. Recurso extraordinario de revisión.
Recusaciones.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Elizabeth Toro Guarín
contra el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 12.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 7 de diciembre de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, la señora Elizabeth
Toro Guarín pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, la
seguridad social, el debido proceso y a la pensión, que estimó vulnerados por la
sentencia del 19 de febrero de 2021 y los autos del 22 de noviembre de 2021 y del 17
de junio de 2022, dictados por el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No.
12. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, seguridad social, pensión,
debido proceso, cosa juzgada y seguridad jurídica, inscritos en este; entre otros.
2. En consecuencia, que se revoque la sentencia de 19 de febrero de 2021, proferida por la
Sala Especial de Decisión No. 12, dentro del recurso extraordinario de revisión con
radicado 11001-03-15-000-2018-02658-00, M.P. RAMIRO DE JESÚS PAZOS
GUERRERO, demandante UGPP, demandada ELIZABETH TORO GUARÍN.
3. Igualmente, que se revoquen los autos de 22 de noviembre de 2021 y de 17 de junio de
2022, así como el de 26 de septiembre del año en curso, notificado el 10 de noviembre,
dictados dentro del mismo proceso.
4. De la misma manera, que se deje sin efectos la constancia de ejecutoria del fallo de 19 de
febrero de 2021, expedida, al parecer, después del 14 de noviembre de 2022.
5. Que, por tanto, se esté a lo dispuesto en la sentencia del 9 de febrero de 2017 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado que confirmó la de 20 de mayo de 2014, emitida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, afectadas por el mencionado fallo de 19 de
febrero de 2021, proferido dentro del referido recurso extraordinario.
6. Que, en esa medida, la accionante continuará devengando el monto de la mesada
pensional que percibía antes del citado fallo del 19 de febrero de 2021, reducida por la
UGPP, mediante Resolución RDP 009060 de 15 de abril de 2021.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

2.1.1. La señora Elizabeth Toro Guarín presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el objeto
de obtener la nulidad parcial de la Resolución No. PAP 009916 del 25 de julio de 2012,

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Demandante: Elizabeth Toro Guarín

y nulidad total de las Resoluciones Nos. RDO 006210 del 25 de julio de 2012, RDP
01469 del 8 de noviembre de 2012y RDP 015164 del 12 de noviembre de 2012. A
título de restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara la reliquidación de la
pensión de vejez, de conformidad con los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 12
del Decreto 717 de 1978.

2.1.2. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D, que, por sentencia del 20 de mayo de 2014, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En concreto, la autoridad judicial
consideró que la señora Toro Guarín tenía derecho a que se aplicara lo dispuesto en
el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 y, por lo tanto, anuló los actos administrativos
demandados y condenó a la UGPP a reliquidar la pensión de la actora, en cuantía del
75 % de la asignación más elevada que hubiere devengado durante el último año de
servicios. También dispuso que la bonificación por servicios se debía incluir en una
doceava parte, y no en un 100 % como lo pretendía la demandante, y excluyó las
vacaciones del factor salarial.

2.1.3. Inconforme con la anterior decisión, la UGPP interpuso recurso de apelación, y
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 9 de febrero
de 2017, la confirmó, básicamente por las mismas razones del a quo.

2.2. Del recurso extraordinario de revisión

2.2.1. La UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión contra las sentencias del
20 de mayo de 2014 y del 9 de febrero de 2017, por considerar configurada la causal
prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, “cuando la cuantía
del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención
colectiva que le eran legalmente aplicables”.

2.2.2. El proceso correspondió a la Sala Especial de Decisión No. 12, cuyo magistrado
sustanciador la admitió, por auto del 10 de abril de 2019.

2.2.3. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2021 el Consejo de Estado, Sala
Especial de Revisión No. 12, declaró fundado el recurso extraordinario de revisión e
infirmó parcialmente la sentencia del 9 de febrero de 2017, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. En consecuencia, revocó parcialmente la
sentencia del 20 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, únicamente respecto del ingreso
base de liquidación de la pensión de la demandante, conformado por la asignación
más alta devengada en el último año de servicio, el cual debería calcularse con el
promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio o lo que le faltare para
adquirir el derecho cuando entró a regir la nueva ley, si era menos.

2.2.3.1. La autoridad judicial consideró que el reconocimiento de la pensión con base
en un IBL que tuvo en cuenta el salario más alto devengado en el último año era
contrario a la voluntad del legislador e iba en contravía del precedente jurisprudencial1.

2.2.4. La anterior decisión se notificó por estado del 3 de marzo de 2021 y se comunicó
a las partes mediante correo electrónico el 15 de marzo siguiente.

2.2.5. El 24 de febrero de 2021, la aquí actora había presentado memorial en el que
solicitó que se aplicara el precedente judicial contenido en la sentencia del 22 de enero
de 2021, dictada por la Sala Especial de Decisión No. 20 del Consejo de Estado, que
resolvió un recurso extraordinario de revisión con similares supuestos fácticos.

1 Sentencias: (i) C-258 de 2013, SU-230 del 29 de abril de 2015, SU-427 del 11 de agosto de 2016 de la Corte

Constitucional, cuyo criterio, adujo, se ha mantenido en sentencias dictadas con posterioridad: SU-631 de 2017,
SU -210 de 2017 y SU-395 de 2017; (ii) Sentencia del 4 de agosto de 2010, dictada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

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2.2.6. El 19 de marzo de 2021, la señora Toro Guarín solicitó nuevamente que se
aplicara al caso el precedente contenido en la sentencia del 22 de enero de 2021. En
esa misma fecha, la demandante presentó memorial de recusación contra la
magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, integrante de la Sala Especial de Decisión No.
12, por la causal del numeral 2 del artículo 141 del CGP, esto es, “haber conocido del
proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior”, dado que fue la
magistrada ponente de la sentencia del 9 de febrero de 2017, objeto de revisión.

2.2.7. Por auto del 8 de abril de 2021, el magistrado sustanciador de la Sala Especial
de Decisión No. 12 del Consejo de Estado, consideró lo siguiente: “en el presente
asunto, la Sala profirió sentencia del 19 de febrero de 2021, esto es, con anterioridad
a que se allegaran los mencionados memoriales, motivo por el cual no hay lugar a
resolver sus solicitudes”.

2.2.8. La señora Toro Guarín interpuso recurso de reposición en contra de la anterior
decisión y el magistrado sustanciador de la Sala Especial de Decisión No. 12 del
Consejo de Estado, por auto del 6 de septiembre de 2021, lo repuso y corrió traslado
a la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez del memorial de recusación, por cuanto la
recusación se formuló de manera oportuna, esto es, en el término de ejecutoria de la
sentencia, en los términos del artículo 142 del CGP.

2.2.8.1. Por otra parte, la autoridad judicial precisó que si bien la solicitud de aplicación
del precedente se presentó antes de que la sentencia fuera notificada, lo cierto era que
para ese entonces la Sala ya había decidido la controversia jurídica a través de la
sentencia del 19 de febrero de 2021, fecha a partir de la que se llevó a cabo el trámite
de recolección de firma para la notificación.

2.2.9. Mediante auto del 22 de noviembre de 2021, la Sala Especial de Decisión No.
12 del Consejo de Estado, rechazó la recusación formulada en contra de la
exmagistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez, porque el artículo 142 del CGP prevé que no
podrá recusar quien sin formular la recusación ha hecho cualquier gestión en el
proceso después de que el juez haya asumido el conocimiento del asunto, si la causal
invocada fuere anterior a dicha gestión.

2.2.9.1. Que la señora Toro Guarín intervino en el proceso a través de la contestación
de la demanda y el memorial en el que solicitó la aplicación de un precedente judicial.
Que, además, no era de recibo el argumento frente a la supuesta sorpresiva
participación de la exmagistrada en el asunto, debido a que era de conocimiento
público la conformación de las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado,
habida cuenta de que la información se encuentra disponible en la página electrónica
de la entidad.

2.2.10. El 25 de enero de 2022, la actora solicitó la adición del auto del 22 de noviembre
de 2021, para que: (i) se expidiera copia de la aclaración de voto del auto; (ii) se
indicara que la sentencia del 19 de febrero de 2021 solo cobraba ejecutoria, a partir de
que la Secretaría expidiera la respectiva constancia, (iii), se remitiera la constancia de
ejecutoria de la sentencia del 19 de febrero de 2021.

2.2.11. Mediante memorial radicado el 1º de abril de 2022, la señora Elizabeth Toro
Marín recusó al exmagistrado Julio Roberto Piza Rodríguez, con sustento en la causal
del numeral 1º del artículo 141 del CGP, esto es, por tener interés directo en el proceso
y que, en consecuencia, se dictara nuevamente sentencia el proceso del recurso
extraordinario de revisión.

2.2.12. Por auto del 20 de mayo de 2022, la Sala Especial de Decisión No. 12 del
Consejo de Estado denegó la solicitud de adición del auto del 22 de noviembre de
2021. En concreto, estimó que las peticiones del actor nada tenía que ver con el

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problema jurídico resuelto en la providencia (recusación contra una integrante de la
Sala) o sobre cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento de
conformidad con la ley y que, en todo caso, no existía ningún aspecto que se hubiera
dejado de resolver.

2.2.13. Por auto del 17 de junio de 2022, la Sala Especial de Decisión No. 12 del
Consejo de Estado rechazó de plano la recusación formulada contra el exmagistrado
Julio Roberto Piza Rodríguez, nuevamente con fundamento en el artículo 142 del CGP.
En el auto se explicó que no había lugar a la recusación, por cuanto la señora Toro
Guarín intervino en el proceso, después de que la Sala Especial asumió el
conocimiento del asunto y, por lo tanto, conocía la conformación de la Sala. Que,
incluso, en el sub lite el exmagistrado Piza Rodríguez manifestó impedimento el 23 de
noviembre de 2020, pero fue declarado infundado, y que la aquí actora actuó con
posterioridad a esa decisión.

2.2.14. La señora Elizabeth Toro Guarín interpuso recurso de reposición contra la
anterior providencia, el cual fue rechazado de plano por auto del 26 de septiembre de
2022, con fundamento en que se trataba de una decisión que no es susceptible de
recurso.

2.2.15. El 23 de noviembre de 2022, el secretario general del Consejo de Estado
expidió certificación dentro del proceso del recurso extraordinario de revisión, en la que
indicó que la sentencia del 19 de febrero de 2021 quedó ejecutoriada el 19 de marzo
de 2021, a las 5:00 pm, de conformidad con lo establecido en los artículos 203 del
CPACA y 302 del CGP.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La señora Elizabeth Toro Guarín, de manera preliminar, manifestó que la solicitud
de amparo cumplía los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial. Específicamente, respecto del requisito de la inmediatez,
explicó que la ejecutoria de la sentencia del 19 de febrero de 2021 se produjo hasta el
14 de noviembre de 2022, “desvaneciéndose hasta esta fecha la válida esperanza que
la Sala Especial de Decisión No. 12, en acto de contrición, remediara sus desaciertos”
y que, por lo demás, los autos cuestionados se ataban también a esa decisión.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, la actora alegó que se configuraron los siguientes
vicios de fondo:

3.2.1. Defecto procedimental absoluto. A juicio de la demandante, a pesar de que el
24 de febrero de 2021 solicitó que se aplicara el precedente judicial contenido en la
sentencia del 22 de enero de 2021, dictada por la Sala Especial de Decisión No. 20
del Consejo de Estado, dicho argumento no se tuvo en cuenta al momento de resolver
el recurso extraordinario de revisión. Precisó que, si bien la sentencia tiene como fecha
19 de febrero de 2021, lo cierto era que para el momento en que presentó la solicitud,
esa decisión no había nacido a la vida jurídica, pues no se había registrado y, menos,
notificado.

3.2.2. Desconocimiento del precedente judicial. En consonancia con el anterior
defecto, sostuvo que la sentencia acusada desconoció el contenido en la sentencia del
22 de enero de 2021, dictada por la Sala Especial de Decisión No. 20, decisión que,
según dijo, tenía similares supuestos fácticos a su caso. Que, por lo tanto, también se
incurrió en falta de motivación, al omitirse incluir en los argumentos de la sentencia
el precedente judicial invocado.

3.2.3. Violación directa de la Constitución Política. La actora sostiene que la
sentencia del 19 de febrero de 2021 vulneró los derechos fundamentales invocados,
porque dispuso reducir la mesada pensional a la que tenía derecho en

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aproximadamente $ 900.000, a pesar de que la pensión ya había sido reconocida
conforme con el ordenamiento jurídico imperante y, por lo tanto, no había lugar a
reabrir el debate propio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.2.4. Por otro lado, sostuvo que se configuró una “irregularidad con efecto decisivo”
tanto de la sentencia acusada, como de las providencias que resolvieron las
recusaciones. En cuanto a la que resolvió la recusación contra la exmagistrada Sandra
Lisset Ibarra Vélez, sostuvo que trasladó a la señora Toro Guarín “la carga
desproporcionada de tener que ingresar a la página de la Corporación para establecer
que esta hacía parte de la Sala Especial e Decisión No. 12”, haciendo a un lado el
deber que tenía dicha funcionaria de declararse impedida.

3.2.4.1. Frente a la providencia que resolvió la recusación del exmagistrado Julio
Roberto Piza Rodríguez, sostuvo que no se tuvo en cuenta que, en otro fallo del 24 de
marzo de 2022, dictado por la Sala Uno de Decisión Especial, le fue aceptado un
impedimento por la misma causal (tener interés directo en el resultado del proceso),
en un caso con el mismo marco fáctico y jurídico. Que formular la recusación de
manera previa a la mencionada sentencia del 24 de marzo “era un imposible
metafísico”, porque no había nacido al mundo jurídico.

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 13 de diciembre de 2022, el despacho sustanciador admitió la
demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados,
a los magistrados del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 12.
Adicionalmente, vinculó como tercero con interés, al director de la UGPP.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 19 de
diciembre de 20222.

5. Intervenciones

5.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 12,
ponente de la sentencia y autos objeto de tutela, rindió informe en el que indicó que la
solicitud de amparo no tenía mérito, por las razones que la Sala resume a continuación:

5.1.1. Que si bien el 25 de febrero de 2021 la actora solicitó la aplicación de un
precedente lo cierto era que para esa fecha la Sala Especial ya había decidido la
controversia jurídica a través de la sentencia dictada el 19 de febrero de 2021, pues a
partir de ese momento se adelantó el trámite correspondiente a la recolección de
firmas y la notificación, que, por lo tanto, “la sala no conoció de la solicitud de aplicación
del precedente sino después de que fue emitida la decisión”. Que, en todo caso, el
precedente judicial que la actora solicitó que se aplicara, no era estrictamente un
precedente, por no tratarse de una sentencia de unificación.

5.1.2. Que en la providencia acusada fueron expuestas de manera juiciosa y extensa
las razones por las que se debía aplicar la Ley 100 de 1993 respecto del IBL y no el
Decreto 546 de 1971. Que, de hecho, la decisión se justificó en jurisprudencia de la
Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado.

5.2. El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la UGPP solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que la sentencia acusada no
incurrió en defecto sustantivo, sino que, por el contrario, se ajustó al ordenamiento
legal y al precedente jurisprudencial aplicable al tema. Que, además, esa decisión hizo
tránsito a cosa juzgada.

2 Índice No. 7 de Samai.

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5.2.1. Sostuvo que lo pretendido por la actora era usar la acción de tutela a modo de
tercera instancia, para que se revisara la decisión que adoptó el juez competente, tras
agotar el procedimiento fijado normativamente. Que, además, la tutela no era el
mecanismo idóneo para el reconocimiento de peticiones prestacionales.

5.2.2. Adicionalmente, puso de presente que, en un fallo de tutela del 12 de enero de
2022, el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá denegó una solicitud de amparo de la
señora Elizabeth Toro Guarín, en la que cuestionaba las resoluciones expedidas por
la entidad en cumplimiento de la sentencia del 19 de febrero de 2021. Que esa decisión
fue confirmada en sede de segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá. En ese sentido, sostuvo que en el presente asunto se configuraba
la temeridad.

6. Intervención de la señora Elizabeth Toro Guarín

6.1. El 11 de enero de 2023, la actora presentó memorial en el que informó que en un
informe que rindió la UGPP en un proceso de tutela que adelanta el Juzgado 55
Administrativo de Bogotá, aportó una constancia suscrita el 23 de noviembre de 2022
por el secretario general del Consejo de Estado, en la que se registró que la sentencia
del 19 de febrero de 2021 “quedó ejecutoriada el 19 de marzo de 2021”.

6.2. Que, no obstante, en un informe rendido el 8 de noviembre de 2021 por el
magistrado ponente del recurso extraordinario de revisión, en un proceso de tutela que
cursó en el Juzgado 30 Civil del circuito de Bogotá, manifestó que la sentencia del 19
de febrero de 2021 “no se encuentra ejecutoriada”. Que, incluso, así se reiteró en el
auto del 17 de junio de 2022, dictado por la Sala Especial de Decisión No. 12 del
Consejo de Estado.

6.3. Adicionalmente, señaló que, de conformidad con el artículo 145 del CGP, el
proceso se suspendía desde que el funcionario se declaraba impedido o se formulara
la recusación, hasta cuando se resolviera. Que, para el caso bajo análisis, se produjo
después de la notificación del auto que resolvió la última recusación, esto es, el 10 de
noviembre de 2022.

CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa

1.1. La UGPP alegó que la acción de tutela es temeraria, por cuanto la señora
Elizabeth Toro Marín ya promovió otra acción de tutela con similares pretensiones.
Que el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá, en fallo del 12 de enero de 2022,
denegó el amparo, decisión confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá.

1.2. Sobre el particular, conviene decir que la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de la acción de tutela. Hay temeridad cuando concurren los
siguientes requisitos: (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii)
identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma
persona o su representante; (iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción.

1.3. De la comparación de los procesos de tutela, advierte la Sala que no hay identidad
fáctica, pues en el proceso 2021-00400-00 se cuestionó que la UGPP realizara las
deducciones a las mesadas pensionales, mientras que en el asunto de la referencia
se cuestionan providencias judiciales dictadas por la Sala Especial de Decisión No.
12 del Consejo de Estado.

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1.4. Tampoco hay identidad de partes, por cuanto en el proceso 2021-00400-00, que
conoció el Juzgado 30 Civil del Circuito, si bien la parte actora era la señora Elizabeth
Toro Guarín, en esa ocasión se demandó a la UGPP, mientras que en el proceso de
la referencia se demanda a la Sala Especial de Decisión No. 12 del Consejo de
Estado.

1.5. Finalmente, no se advierte que el presente asunto tenga identidad de objeto con
el proceso 2021-00400-00, toda vez que, en esa oportunidad, lo solicitado por la
demandante fue el reintegro de la suma de $ 4.511.093, por concepto de deducciones
realizadas, contrario a lo pedido en esta solicitud de amparo: dejar sin efectos las
providencias judiciales cuestionadas.

1.6. De acuerdo con lo expuesto, la Sala estima que no está acreditada la temeridad
alegada por la UGPP.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

2.1. A partir del año 20123, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, se
precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias
judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

2.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

2.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

2.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

3. Planteamiento y solución del problema jurídico

3.1. En los términos de la acción de tutela, correspondería a la Sala determinar, en
primer lugar, si la sentencia del 19 de febrero de 2021, dictada por la Sala Especial de
Decisión No. 12, incurrió en defecto procedimental absoluto, en desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución y si, por su parte, las
providencias del 22 de noviembre de 2021 y del 17 de junio de 2022, que resolvieron
las recusaciones, se expidieron de forma irregular, en desconocimiento del derecho al
debido proceso.

3.2. Sin embargo, la Sala anticipa que, respecto de la sentencia del 19 de febrero de
2021, la acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez y, en consecuencia, será
rechazada por improcedente.

3 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
4 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06527-00
Demandante: Elizabeth Toro Guarín

3.3. Por su parte, la acción de tutela frente a las providencias del 22 de noviembre de
2021 y 17 de junio de 2022, dictadas por la Sala Especial de Decisión No. 12, superan
los requisitos generales de procedibilidad y, por lo tanto, serán analizadas de fondo,
en los términos propuestos por la señora Toro Guarín.

4. Del requisito de inmediatez como causal de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales y sobre la falta de cumplimiento en el caso
concreto

4.1. La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes
de pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial,
con el fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

4.1.1. La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el
ejercicio de la acción de la tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el
afectado tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, la exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende,
se espera que el interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

4.1.2. Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha
señalado que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración
o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de
la demanda5, en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa
judicial no solo tiene que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad
jurídica y a los derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

4.1.3. Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados
a partir de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término
razonable para ejercer la acción de tutela, en consideración a «la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y
la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad»6.

4.1.4. En el caso concreto, la actora cuestiona la sentencia del 19 de febrero de 2021,
dictada por la Sala Especial de Decisión No. 12 del Consejo de Estado, en el recurso
extraordinario de revisión No. 11001-03-15-000-2018-02658-00.

4.1.5. De conformidad con la información que obra en el sistema de consulta de
procesos de la Rama Judicial7 y con el registro de actuaciones del Sistema de Gestión
Judicial SAMAI, la Sala advierte que la sentencia del 19 de febrero de 2021, fue
notificada mediante anotación de estado que se comunicó a las partes por correo
electrónico el 16 de marzo de 2021, mientras que la acción de tutela se presentó el 7
de diciembre de 2022, esto es, luego de 1 año, 8 meses y 17 días, de modo que fue
ampliamente superado el término adoptado por esta Corporación en la Sala Plena.

4.1.6. Ahora, la demandante alega que se debe contar el término de inmediatez a partir
del 14 de noviembre de 2022, fecha en que, según dice, quedó ejecutoriada la
sentencia del 19 de febrero de 2021, debido a que el auto del 26 de septiembre de
2022 –que rechazó el recurso de reposición que interpuso contra la providencia del 17
de junio de 2022– se notificó el 10 de noviembre de 2022. Que, por lo tanto, la

5 Sentencia T- 123 de 2007.
6 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante:

Alpina Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Consulta de Procesos Nacional Unificada

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Demandante: Elizabeth Toro Guarín

ejecutoria, tanto de esa decisión como de la sentencia del 19 de febrero de 2021, se
habría producido el 14 de noviembre de 2022.

4.1.7. Al respecto, es importante señalar que las actuaciones posteriores a la sentencia
que cuestiona la actora no modifican la notificación de esa decisión. Lo cierto es que
cuando se cuestionan providencias judiciales, como ocurre en este caso, la
oportunidad de la solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se
notifica la providencia acusada, pues esa es la forma en que las partes tienen
conocimiento de las decisiones judiciales, por lo tanto, el conteo de la ejecutoria de
una decisión no es algo que incida al momento de verificar el cumplimiento del requisito
de inmediatez.

4.1.8. En este punto, cabe mencionar que, aunque la señora Toro Guarín también
cuestiona la constancia ejecutoria de la sentencia del 19 de febrero de 2021, expedida
por la Secretaría General del Consejo de Estado, del sistema de gestión judicial
SAMAI, la Sala pudo constatar que el 11 de enero del presente año, la actora solicitó
al secretario general la aclaración sobre dicha constancia, solicitud que aún no ha sido
resuelta. Por lo tanto, no es posible que el juez de tutela se inmiscuya en un asunto
que se encuentra actualmente en trámite.

4.1.9. Ahora, la Sala no desconoce que no siempre el simple transcurso del tiempo
puede llevar al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez
que pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de
tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el
hecho o la omisión que vulnera los derechos fundamentales sean permanentes,
persisten en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

4.1.10. En este caso, sin embargo, no se advierte alguna circunstancia que justifique
la demora en presentar la acción de tutela. Si el demandante estimaba que la sentencia
dictada en el recurso extraordinario de revisión vulneraba los derechos fundamentales
a la igualdad, la seguridad social, el debido proceso y a la pensión, lo propio era que
presentara la acción de tutela tan pronto tuvo conocimiento de esa providencia.

5. Sobre las providencias del 22 de noviembre de 2021 y del 17 de junio de 2022
que rechazaron las recusaciones

5.1. En el presente asunto, la actora alegó que las providencias del 22 de noviembre
de 20218 y del 17 de junio de 2022 incurrieron en una irregularidad procesal, al
rechazar las recusaciones que formuló contra los exmagistrados Sandra Lisset Ibarra
Vélez y Julio Roberto Piza Rodríguez.

5.1.1. Específicamente frente a la providencia del 22 de noviembre de 2021, la
demandante sostuvo que impuso una carga desproporcionada al tener que ingresar a
la página de la Corporación para establecer la conformación de la Sala Especial de
Decisión No. 12. Que, además, desconoció que la exmagistrada Ibarra Vélez tenía el
deber de declararse impedida.

5.1.2. Respecto del auto del 17 de junio de 2022, la demandante alegó que se
desconoció la sentencia del 24 de marzo de 2022, dictada en otro proceso por la Sala
Especial de Decisión No. Uno, que aceptó el impedimento al exmagistrado Piza
Rodríguez por la misma causal, en un caso con el mismo marco fáctico y jurídico al
suyo.

5.2. Para resolver, conviene señalar que los autos del 22 de noviembre de 2021 y del
17 de junio de 2022, dictados por la Sala Especial de Decisión No. 12 del Consejo de

8 La actora solicitó adición de esa providencia. La Sala Especial de Decisión No. 12, mediante auto del 20 de

mayo de 2022, denegó dicha solicitud. Esa decisión fue notificada el 8 de junio de 2022.

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Estado, rechazaron las recusaciones formuladas por la señora Elizabeth Toro Guarín,
con fundamento en el artículo 142 del CGP, norma que dispone: “No podrá recusar quien
sin formular la recusación ha hecho cualquier gestión en el proceso después de que el juez
haya asumido su conocimiento, si la causal invocada fuere anterior a dicha gestión, ni quien
haya actuado con posterioridad al hecho que motiva la recusación. En estos casos la
recusación debe ser rechazada de plano”.

5.2.1. En el auto del 22 de noviembre de 2021, la autoridad judicial consideró que,
pese a que la actora alegó que su única actuación antes del fallo definitivo fue la
contestación de la demanda y que solo supo de la participación de la exmagistrada
Ibarra Vélez cuando conoció la sentencia, lo cierto era que en el curso del proceso ya
se había proferido una decisión en la que intervino la aludida exconsejera (12 de
febrero de 2021) y que la demandante no solo había actuado con la contestación, sino
a través de un memorial que presentó el 24 de febrero de 2021, en el que pidió la
aplicación de un precedente judicial.

5.2.2. Que tampoco era de recibo el argumento de la supuesta sorpresiva participación
de la exmagistrada, por cuanto era de conocimiento público la conformación de las
Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado, pues “la información se
encuentra disponible en la página electrónica de la entidad, por tanto, en estricto
sentido, desde que se admitió la demanda del recurso extraordinario de revisión por
auto notificado el 25 de abril de 2019 (…) se sabía que la magistrada ahora recusada
hacía parte de dicha Sala”.

5.2.3. Por su parte, el auto del 17 de junio de 2022 rechazó de plano la recusación
formulada contra al exconsejero Julio Roberto Piza Rodríguez, por cuanto la recusante
adelantó gestiones con posterioridad a que el exmagistrado hubiera manifestado
impedimento y se hubiera declarado infundado. En lo pertinente, la providencia dice:

La parte demandada alega que la decisión del otro proceso la conoció el 30 de marzo de 2022
por lo que “mal podía hacer tal gestión”, sin embargo, la norma se refiere a actuaciones dentro
del mismo proceso y no, como pretende la demandada, de incorporar decisiones de otro proceso
a este, de modo que si se tiene en cuenta que el magistrado ahora recusado presentó
impedimento el 23 de noviembre de 2020 el cual fue declarado infundado y la demandada actuó
con posterioridad, la recusación debe rechazarse de plano puesto que la recusante intervino en
el proceso después de que el magistrado asumió el conocimiento del asunto y la causal invocada
era anterior a dicha intervención. En efecto, el 24 de febrero de 2021, allegó memorial en el cual
solicitó la aplicación de un precedente (…).

5.3. A juicio de la Sala, las anteriores decisiones son razonables y acogen los
lineamientos del artículo 142 del CGP, pues, tal como lo concluyó la autoridad judicial
demandada, la señora Elizabeth Toro Guarín actuó en el proceso con posterioridad a
los hechos que motivaron las recusaciones.

5.4. Para el caso de la recusación contra la exmagistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez,
es cierto que la conformación de las Salas Especiales del Consejo de Estado es una
información de carácter público que se encuentra en la página web de la Corporación.
Luego, aunque la actora alega que se impuso una carga desproporcionada, lo cierto
es que en el proceso extraordinario de revisión actuó por conducto de apoderado, cuya
falta de diligencia en el seguimiento del proceso al no verificar la conformación de la
Sala que admitió el recurso, no se puede traducir en una irregularidad que afecte el
auto del 22 de noviembre de 2021.

5.4.1 También es cierto que la exmagistrada había intervenido en el proceso, al
suscribir el auto del 23 de noviembre de 2020 (registrado en el sistema el 18 de febrero
de 2021), mediante el cual se resolvió los impedimentos manifestados por los
magistrados Luis Alberto Álvarez Parra y Julio Roberto Piza Rodríguez, por lo que
resulta claro que la actora tenía pleno conocimiento de los magistrados que
conformaban la Sala Especial de Decisión No. 12 del Consejo de Estado y, aun así,

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actuó con posterioridad (con el memorial del 24 de febrero de 2021) sin formular la
recusación.

5.5. Igualmente, resulta razonable la decisión de la autoridad judicial demandada de
rechazar la recusación contra el exmagistrado Piza Rodríguez, por cuanto desde el
momento en que dicho magistrado manifestó impedimento en el proceso y se declaró
infundado por auto del 23 de noviembre de 2020, –actuaciones registradas en el
sistema de información de la Rama Judicial–, la señora Toro Guarín conoció el motivo
que supuestamente habría sustentado la causal de recusación prevista en el numeral
1º del artículo 141 del CGP, esto es, que el exmagistrado podía tener interés directo
en el asunto.

5.5.1. Sin embargo, como bien lo concluyó la autoridad judicial demandada, la actora
actuó con posterioridad a esa decisión mediante la presentación del memorial del 24
de febrero de 2021, en el que pidió la aplicación de un precedente, mas no recusó al
exmagistrado. Luego, contra lo afirmado por la aquí demandante, no era posible que
se valiera de la decisión de otro proceso (24 de marzo de 2022) para aducir que tan
solo hasta el momento en que la conoció se originó el hecho que motivó la recusación.

5.6. Siendo así, como no se configura el defecto procedimental (por irregularidad
procesal) respecto de las providencias del 22 de noviembre de 2021 y 17 de junio de
2022, se denegarán las pretensiones frente a ese aspecto.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Elizabeth Toro
Guarín frente a la sentencia del 19 de febrero de 2021, por las razones expuestas.

2. Denegar las pretensiones de la acción de tutela respecto de los autos del 22 de
noviembre de 2021 y del 17 de junio de 2022, conforme con lo expuesto en esta
providencia.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

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