Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06586-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06586-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-06586-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
20 de abril de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06586-01
Accionante: OLMIS CORTÉS ANDRADE
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela por presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia / medio de control de
reparación directa / defecto sustantivo / defecto fáctico
/ indebida inmovilización de un vehículo por el
cumplimiento de una orden judicial
Sentencia de segunda instancia
La Sala de Subsección decide la impugnación presentada por el señor
Olmis Cortés Andrade, actuando por intermedio de apoderado judicial1
en contra de la sentencia del 3 de febrero de 2023, mediante la cual la
Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
La solicitud de protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia, así como el principio de
seguridad jurídica se fundamenta en los siguientes:
1
El abogado Carlos Alberto Rúgeles García.
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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06586-01
Accionante: Olmis Cortés Andrade
1. HECHOS
El 7 de mayo de 2015, el señor Olmis Cortés Andrade instauró medio
de control de reparación directa en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional y el Depósito de Vehículos Nuevo Buenos
Aires S.A.S con el fin de que se les declarara extracontractual y
patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos como
consecuencia de la inmovilización del vehículo con placas SZW 367.
El accionante manifestó que celebró un contrato de arrendamiento
financiero con Leasing Bancolombia S.A., con el propósito de ser el
tenedor legítimo del automotor mencionado. No obstante, por el
incumplimiento en el pago de los cánones de arriendo, la sociedad
interpuso proceso judicial de restitución del bien mueble, el cual
correspondió al Juzgado 21 Civil Municipal del Circuito Judicial de
Bogotá.
En consecuencia, el juzgado profirió el auto del 9 de julio de 2014
mediante el cual decretó la inmovilización del vehículo de placas SZW
367, de lo que comunicó a la Policía Nacional a través del Oficio núm.
1624 de 18 de julio del mismo año, lo que resultó en la aprehensión del
mismo el 31 de julio de 2014 por parte de un agente de la Policía
Nacional.
En criterio de la parte accionante, dicho procedimiento fue el resultado
de una acción ilegal por parte de la entidad demandada, por cuanto la
orden de aprehensión del vehículo emitida por el Juzgado 21 Civil
Municipal del Circuito Judicial de Bogotá no había sido radicada ante la
Sección de Automotores de la Policía Nacional.
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Accionante: Olmis Cortés Andrade
Por esta razón, interpuso medio de control de reparación directa en
contra de la Policía Nacional y el Depósito de Vehículos Nuevo Buenos
Aires S.A.S., cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 35
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que, a través de sentencia
del 4 de diciembre de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda
al considerar que el demandante sí padeció un daño antijurídico, toda
vez que el procedimiento realizado no tuvo en cuenta todos los
requisitos legales para su procedencia.
Inconforme con la decisión, el apoderado de la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional presentó recurso de apelación, el cual fue
resuelto por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a través de la sentencia del 7 de julio
de 2022, en la que revocó lo resuelto por el a quo y, en su lugar, negó
las pretensiones de la demanda, al establecer que el daño dentro del
asunto debatido no es antijuridico, comoquiera que la aprehensión del
vehículo se efectuó en cumplimiento de una medida cautelar decretada
por una autoridad judicial.
2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
La parte accionante considera que con la decisión proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y al principio de seguridad jurídica.
Señala que el tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo al
sostener que «la aplicación de la norma contenida en el artículo 90 de
la Constitución al caso concreto no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable al expedir una tesis jurídica sin aplicar para
dicho efecto una hermenéutica jurídica aceptable.»
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Asimismo, argumentó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en defecto fáctico al indicar que «la Sala accionada carecía
del apoyo probatorio que le hubiera permitido la aplicación del artículo
90 de la Constitución en la forma en que quedó sustentada la decisión,
al concluir que el demandante y aquí accionante debía soportar la
inmovilización del vehículo efectuada por fuera de los cauces legales.
3. PRETENSIONES
La parte accionante solicitó lo siguiente:
«. 1. Tutelar los derechos fundamentales DE DEBIDO PROCESO DEFENSA Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y VIOLACIÓN AL
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, a la accionante los cuales se encuentran
consagrados en la Constitución Política, y que fueron vulnerados por parte de la Sección
Tercera Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2. Con base en lo expuesto, se ordene a la Sección Tercera Subsección C del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas,
siguientes a la notificación del fallo de tutela, deje sin efecto la Sentencia de fecha 7 de
julio de 2022, notificada el 18 de septiembre de 2022, que revocó la Sentencia del 4 de
diciembre de 2005, proferida por el Juzgado 35 Administrativo de Bogotá.
3.Se ordene a la Sección Tercera Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación
del fallo de tutela, proferir un fallo que remplace el aquí atacado por otro que respete los
derechos fundamentales vulnerados, en aplicación de la ley y los preceptos
constitucionales que correspondan en este caso particular.
4. Las demás que el despacho considere pertinentes y procedentes, para garantizar los
derechos fundamentales de la accionante. ». (Sic en toda la cita).
4. INTERVENCIONES
Mediante auto del 16 de diciembre de 2022 la Sección Primera del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó
notificar a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como accionado y a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a la sociedad Depósito de
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Vehículos Nuevo Buenos Aires S.A.S. como terceros interesados en las
resultas del proceso.
4.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por intermedio de la magistrada
ponente de la sentencia acusada, solicitó que se declare improcedente
la solicitud de amparo o, en su defecto, se desestimen sus
pretensiones.
Indicó que a pesar de que la acción de tutela encuentre cumplidos los
requisitos generales para su procedencia contra providencias judiciales,
la misma no sustenta de manera adecuada el requisito específico de
procedibilidad, pues se limita a señalar que la Sala de Decisión realizó
una indebida valoración del material probatorio pese a que dentro del
proceso se hizo un análisis probatorio exhaustivo que determinó la
inexistencia de un daño antijurídico.
4.2. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por
conducto de apoderado, solicitó que se declare improcedente la
presente acción de tutela por cuanto la decisión atacada no vulneró
ninguno de los derechos fundamentales alegados y tampoco se
encuentra evidenciado la configuración de un perjuicio irremediable por
parte del accionante.
5. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA
La Sección Primera del Consejo de Estado a través de sentencia del 3
de febrero de 2023 declaró improcedente la solicitud de amparo al
establecer que la misma no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional, dado que el objeto de la presente acción es
reabrir un debate terminado y concluido, lo que desnaturaliza la
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finalidad excepcional del mecanismo constitucional de tutela,
comoquiera que lo controvertido es la valoración que el juez natural
realizó de las pruebas allegadas al proceso y de la normatividad
aplicada al caso planteado.
6. IMPUGNACIÓN
Contra la decisión precitada la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos planteados en la
acción de tutela.
Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide
lo actuado, procede la Sala de Subsección a desatar la presente
controversia.
II. CONSIDERACIONES
2. Competencia
Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de
tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991
y 333 de 2021.
2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar:
• ¿La presente acción de tutela cumple con los requisitos de
procedibilidad contra providencias judiciales?
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De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá si:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca con la expedición de
la sentencia del 7 de julio de 2022 que revocó la providencia que
accedió a las pretensiones y, en su lugar, negó lo solicitado por
el demandante dentro del medio de control de reparación directa
del proceso con radicado núm. 11001333603520150037601,
incurrió en un defecto sustantivo y un defecto fáctico y, por
consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y el
principio de seguridad jurídica?
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales
Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a
analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los
requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii)
defecto sustantivo, iv) defecto fáctico y vi) el caso concreto.
En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente2 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación3, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
2
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
3
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
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en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.
Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) Que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
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la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.
En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.
3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados se
encuentran plenamente individualizados.
3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece
de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.
3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso
«razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se
profirió el 7 de julio de 2022 y fue notificada a las partes el 18 de
septiembre del mismo año y la acción de tutela se presentó el 12 de
diciembre de 2022.
3.1.4. De igual modo, en lo relacionado con el requisito de relevancia
constitucional, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha
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delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto
tiene una marcada importancia4. Así, en sentencia T-114 de 2002,
indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de
ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.
En efecto, ha señalado que:
«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».5
Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto
a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un defecto sustantivo y un defecto fáctico en que
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.
Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en
cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de
derechos fundamentales alegada.
3.2. Del defecto material o sustantivo
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto material
o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial,
ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en
4
Corte Constitucional. Sentencia T 136 de 2015. Magistrada Ponente: Dra. María Victoria Calle Correa.
5
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
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normas que son inexistentes o inconstitucionales6, es decir, se da en
los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no
aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de
aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia
perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a
la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua
a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se
encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada,
(iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes, que
son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna
injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente,
(v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se
utiliza para un fin no previsto en la disposición»7.
En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.
En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto,
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»8.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
7
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
8
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
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Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente9.
3.4. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico
se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre
el particular la Corte Constitucional10 ha identificado dos dimensiones
en las que puede presentarse:
a. Una dimensión negativa11, que ocurre cuando el juez niega o
valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u
omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho
o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente.
Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez.
b. Una dimensión positiva12, que se presenta generalmente cuando
el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo
resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni
valorar.
9
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.
10
Véase: Sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567 de 1998, T-
456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
11
Corte Constitucional. Sentencia T-576 de 1993. Magistrado Ponente: Jorge Arango Mejía.
12
Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994. Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención
del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural
es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen
defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos
interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde
determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más
convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»13.
En ese sentido, no es procedente la acción constitucional, cuando se
encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa
realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
4. Caso concreto
En el presente asunto, la parte accionante considera vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia y el principio de seguridad jurídica, con ocasión de la
providencia del 7 de julio de 2022 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro
del medio de control de reparación directa con radicado núm.
11001333603520150037601, mediante la cual revocó la decisión
proferida por el a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda.
De manera concreta, considera que dicha decisión quebrantó sus
derechos al concluir que no es imputable a la entidad demandada un
daño antijurídico, toda vez que el demandante tenía el deber jurídico
de soportar la aprehensión del vehículo, ya que la misma se efectuó en
13
Corte Constitucional. Sentencia SU-222 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa.
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cumplimiento de una medida cautelar decretada por el Juzgado 21 Civil
Municipal del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de
restitución de tenencia del automotor con placas SZW 367.
La Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia del 3 de febrero
de 2023 declaró la improcedencia de la acción de tutela al considerar
que la misma carecía de relevancia constitucional, puesto que el
accionante pretendía usar el mecanismo excepcional de amparo como
una instancia adicional del proceso ordinario, al no encontrarse
conforme con la interpretación probatoria y normativa adelantada por
el juez natural.
En el escrito de impugnación, el accionante insistió en que el asunto sí
tiene una marcada relevancia constitucional, toda vez que el tribunal
accionado incurrió en un defecto sustantivo al aplicar una tesis jurídica
del artículo 90 de la Constitución sin un margen de interpretación
razonable.
Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto factico al no tener el suficiente material probatorio que le
permitiera concluir que el demandante del proceso ordinario, hoy
accionante, debió soportar el procedimiento de inmovilización del
vehículo.
Al respecto, de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente,
se encuentra que el tribunal accionado al momento de abordar el
estudio del caso concreto tuvo en cuenta lo siguiente:
«Acervo probatorio en contexto del que asumen relevancia para el debate, los
siguientes hechos probados:
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Accionante: Olmis Cortés Andrade
• El señor Olmis Cortés Andrade celebró contrato de arrendamiento financiero
No. 126609 con la sociedad Leasing Bancolombia S.A., el 14 de junio de 2011,
con el propósito de tener el uso y goce del vehículo tipo furgón, marca Chevrolet,
de placas SZW 367.
• Leasing Bancolombia S.A., inició proceso judicial de restitución de tenencia del
vehículo de placas SZW 367 contra el señor Olmis Cortés Andrade, ante el
incumplimiento en el pago de los cánones establecidos en el contrato de
arrendamiento financiero, el cual correspondió por reparto al Juzgado 21 Civil
Municipal de Bogotá; en el mencionado proceso se solicitó adicionalmente
como medida cautelar el secuestro del mencionado automotor.
• El Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá, mediante auto del 9 de julio de 2014,
previo al secuestro requerido, ordenó la inmovilización del vehículo automotor
de placas SZW 367, para lo cual solicitó el apoyo de la Policía Nacional y ordenó
librar oficio para el efecto.
• El 18 de julio de 2014, el Secretario del Juzgado 21 Civil Municipal expidió el
oficio No. 1624 dirigido al Director de la Policía Nacional – Sección
Automotores, mediante el cual le solicitó efectuar la aprehensión del
mencionado vehículo, el cual fue retirado por el autorizado de la parte
demandante en el proceso de restitución, el 21 de julio de 2014.
• El 31 de julio de 2014 fue inmovilizado el automotor de placas SZW 367, por
parte de un agente de la Policía Nacional, funcionario que posterior a la
aprehensión lo trasladó al Parqueadero New Buenos Aires S.A.S. donde se
depositó el vehículo, suscribiendo para el efecto la correspondiente acta de
inventario.
• El 12 de agosto de 2014, el Administrador del Depósito de Vehículos New
Buenos Aires S.A.S., comunicó al Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá que el
vehículo de placas SZW 367 fue inmovilizado en vía pública, quedando el
mismo a disposición de dicha autoridad judicial, para los fines correspondientes.
• El 13 de agosto de 2014, el Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá, con ocasión
de la inmovilización del vehículo, ordenó la diligencia de secuestro del bien
mueble automotor, comisionando para materializar la medida al Juez Civil
Municipal de Descongestión y/o al Inspector de Policía.
• El 29 de agosto de 2014, la parte demandante en el proceso de restitución de
bien mueble indicó que, si bien retiró los oficios expedidos para la
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materialización de la medida cautelar, no los radicó en las oficinas de la Policía
Nacional, devolviéndolos a la autoridad judicial.
• El 9 de septiembre de 2014, el Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá ordenó al
Parqueadero New Buenos Aires S.A.S., efectuar la entrega del vehículo
automotor a la persona que le fue inmovilizado.
• El Juzgado 21 Civil Municipal de Bogotá, mediante auto del 23 de febrero de
2015, dio por terminado el proceso de restitución de tenencia, por el pago de los
cánones de arrendamientos adeudados, ordenando el levantamiento de las
medidas cautelares que se encontraran vigentes.»
6.5.2. Análisis y decisión
6.5.2.1- La sentencia objeto de alzada será revocada advertido que, de los
medios de convicción aducidos al plenario, no emerge probada la existencia de
un daño antijurídico, por cuanto la inmovilización del vehículo de placas SZW-
367 respecto del cual el demandante ostentaba la tenencia constituía un deber
jurídico que se encontraba en la obligación de soportar.
Advertido que en contexto de la realidad procesal, la aprehensión del automotor se
efectuó en cumplimiento de una medida cautelar decretada por una autoridad
judicial y que se encontraba vigente para el momento en el que el automotor fue
aprehendido; en este orden, la Sala considera que si bien no se acreditó cómo se
efectuó la notificación de la orden de inmovilización a la Policía Nacional, lo cierto
es que el demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar la captura del
vehículo y que la entidad demandada tenía dentro de sus deberes la inmovilización
del automotor, de modo que su actividad fue legítima.
Al respecto, es preciso indicar que la orden proferida por el Juzgado 21 Civil
Municipal de Bogotá el 9 de julio de 2014, se produjo en el marco de un proceso de
restitución de tenencia iniciado en contra del actor, en el que se decretó como
medida cautelar la aprehensión del vehículo que fue inmovilizado, debido al
incumplimiento en el que incurrió el demandante en el pago de los cánones de
arrendamiento financiero que había contraído con Leasing Bancolombia situación
que persistió hasta el 23 de febrero de 2015, fecha en la que se dio por terminado el
proceso judicial y se ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se
encontraban vigentes.»
De las anteriores transcripciones, observa la Sala que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca encontró acreditado que: i) la
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sociedad Leasing Bancolombia S.A. inició proceso judicial de restitución
de tenencia del vehículo con placas SZW 367 en contra del señor Olmis
Cortés, por el incumplimiento en el pago de los cánones de
arrendamiento; ii) el Juez 21 Civil Municipal de Bogotá mediante el
auto del 9 de julio de 2014 ordenó la aprehensión del vehículo
mencionado; y iii) el automotor en disputa fue inmovilizado por un
agente de la Policía Nacional el 31 de julio de 2014, para luego ser
entregado en depósito al Parqueadero New Buenos Aires S.A.S.
En consecuencia, el tribunal concluyó que la inmovilización del vehículo
con placas SZW 367 por parte de la Policía Nacional no podía
considerarse como un daño antijurídico, dado que el hoy accionante
tenía el deber jurídico de soportar la detención del automotor debido a
la orden emitida por el Juzgado 21 Civil Municipal del Circuito Judicial
de Bogotá dentro del proceso de restitución de bien mueble iniciado en
su contra.
Es por lo anterior que en la sentencia bajo estudio se consideró que no
se configuró una responsabilidad extracontractual del Estado al no
evidenciar la existencia de un daño antijuridico. Conclusión que
sustentó en lo señalado por el Consejo de Estado respecto de la
configuración del daño antijuridico, a saber:
«Metodológicamente, en estructuración de la responsabilidad
extracontractual del Estado, primeramente, debe abordarse el estudio del
daño antijurídico, y seguidamente, condicionado a que encuentre probada su
existencia, procede abordar el régimen de responsabilidad aplicable y titulo
de imputación. Argumento que se explica porque conforme indica la doctrina14,
retomando, la jurisprudencia del Consejo de Estado, el examen judicial de
las controversias en reparación directa, enfocaba por regla general, inicialmente,
14
Enrique Gil Botero, “La Responsabilidad Extracontractual del Estado” Capítulo II, pg. 58-59, Séptima
Edición, European Research Center Of Comparative Law 2015.
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la falla en el servicio, en razón a que la antijuricidad del daño, se conceptualizaba
desde la ilicitud de la causa, y ese esquema modificó, con ocasión de la evolución
del deber reparatoria, determinando responsabilidad indemnizatoria por “actos
lícitos, o conductas reglares causantes de daños injustos”, bajo la consideración
que el daño tenga origen en un acto ilícito, es suficiente, pero no siempre necesario
para la reparación, pues ésta puede tener también fundamento en daños causados
cuando el Estado o la entidad de derecho público ha obrado conforme a derecho.
Secuencia en la que se deduce el carácter fundamental y prioritario del daño, como
elemento estructurador del deber resarcitorio, y bajo tal paradigma que, en
términos del artículo 90 de la Constitución Política vigente, es más adecuado que
el juez aborde, en primer lugar, el examen del daño antijurídico, para, en un
momento posterior explorar la imputación del mismo al Estado o a una persona
jurídica de derecho público.
Advertido que la objetivación del daño indemnizable que surge del artículo 90
Constitucional, sugiere en lógica estricta que, “el juez se ocupe inicialmente de
establecer la existencia del daño indemnizable”. puesto que, si no se establece la
ocurrencia de este, se torna inútil cualquier otro juzgamiento, que pueda hacerse en
los procesos de reparación directa.
De forma que es la afectación a un interés subjetivo del demandante, que éste no
encontraba en la obligación de soportar, el presupuesto que posibilita asumir la
valoración de su causación, y en marco de ello, el régimen de responsabilidad
aplicable y titulo de imputación.
6.4.3- El daño antijurídico, comporta una aminoración en una situación
favorable, que el afectado no encuentra en la obligación de soportar. De
forma que no todo daño asume como daño antijurídico y el carácter de antijurídico
estriba en que el afectado no tiene la obligación de soportarle.
Resultando relevante en labor de conceptualización del daño, que conforme ha
precisado el H. Consejo de Estado, el ordenamiento no contiene una disposición que
consagre su definición, y refiere “(…) a la lesión de un interés legítimo, patrimonial
o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está
justificado por la ley o el derecho”.15. Noción que según señala la doctrina, permite
tener una visión omnicomprensiva del daño y supera el concepto tradicional que le
circunscribía a la lesión de un derecho subjetivo, posibilitando en marco del nuevo
15
Sentencia del 10 de mayo de 2017; radicación: 25000232600020030212801; Consejo de Estado. Sala de
lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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concepto, el reconocimiento de todas aquellas realidades que en tamiz de equidad
reclaman ser indemnizadas.
Requiere como condiciones de existencia que sea personal, directo y cierto o actual.
Bajo la consideración que por su carácter personal, el daño exige la violación de un
interés legítimo de la persona damnificada, independientemente a que provenga de
un hecho que afecte en forma inmediata, o mediata en virtud del daño sufrido por
otro, con quien el damnificado tiene relación, evento en el que se predica la
existencia de un daño reflejo, que es el menoscabo soportado por persona distinta
del damnificado inmediato, caso del daño patrimonial y moral que se ocasiona a los
parientes de la víctima directa. De forma que el carácter personal del daño, hace
referencia a la legitimación, ello es, a quien tiene el derecho a reclamar la reparación,
por consiguiente, este presupuesto “(...) se encuentra asociado a la acreditación de
la titularidad del interés que se debate al interior de la obligación resarcitoria.”16
El carácter cierto del daño refiere a su real acaecimiento, es decir, que el agravio
debe poseer una determinada condición de certeza para que origine efectos jurídicos,
ello es, que el daño debe existir y hallarse probado para que origine el derecho a
obtener un resarcimiento. Certeza exigible sin distingo porque se trate de daño
consolidado o de daño futuro.
Por su carácter directo, el daño supone un nexo de causalidad respecto del perjuicio,
de forma que este sea consecuencia de la alteración negativa que comporta el
primero, y solo indemnizable en cuanto provenga del mismo.
El perjuicio puede definirse en contraste con el daño, como la expresión económica
de éste. »
Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad, toda vez que las conclusiones a las que
llegaron los funcionarios judiciales para resolver el caso no obedecieron
a un capricho o arbitrariedad ni se fundaron en su simple voluntad, sino
que, por el contrario, se basaron en un razonable ejercicio de
interpretación normativa y jurisprudencial, contrastada con los
16
Enrique Gil Botero, La Responsabilidad Extracontractual del Estado, European Research Center Of
Comparative Law, Bogotá-Colombia, 2015, pg. 156.
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contornos fácticos del caso, que llevó a tomar la decisión adversa a las
pretensiones de la demanda.
Por lo tanto, es menester recordar que las discusiones adelantadas en
el marco del proceso ordinario no pueden ser revividas a través de la
tutela, pues ello acarrea que se convierta la sede constitucional en una
instancia no consagrada por el ordenamiento jurídico para estudiar los
argumentos del juez natural, dictaminados en razón a lo probado
dentro de ese proceso y bajo unas consideraciones y análisis que le
sirvieron de soporte.
Así las cosas, teniendo en cuenta que la intervención del juez de tutela
se activa únicamente en los casos específicos en que se evidencia una
argumentación defectuosa, abiertamente insuficiente, o inexistente al
punto que se torna arbitraria, y por no advertirse vulneración alguna
de derechos fundamentales, esta Sala de Subsección revocará la
sentencia de 3 de febrero de 2023, proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado, que rechazó por improcedente la acción de tutela
interpuesta por la parte accionante contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, negará lo
pretendido.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,
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FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de febrero de 2023
mediante la cual la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente la acción de tutela
interpuesta por el señor Olmis Cortés Andrade en contra
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C. En su lugar,
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Olmis Cortés
Andrade, contra la Subsección C de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.
TERCERO: ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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