Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06652-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-06652-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-06652-01
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
17 de mayo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06652-01
Accionante: Germán Vanegas
Se confirma la sentencia de primera instancia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06652-01
Accionante: Germán Vanegas
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho / Defecto fáctico y procedimental / Se confirma la sentencia de primera instancia
que negó el amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, que negó la solicitud de amparo interpuesta por Germán Vanegas contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 13 de diciembre de 2022 el señor Germán Vanegas interpuso una acción de
tutela, a través de apoderado judicial, para obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado con ocasión de la
sentencia del 31 de mayo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca mediante la cual confirmó parcialmente la sentencia del 21 de septiembre
de 2017 dictada por el Juzgado Dieciséis Administrativo Oral del Circuito de Cali, que
negó las pretensiones de la demanda en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 76001-33-33-016-2015-00238-02.
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Accionante: Germán Vanegas
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2.- Como pretensiones, la parte actora formuló las siguientes (se transcriben):
<<PRIMERO: Que se DECLARE vulnerado por parte del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, en cabeza del Magistrado RONALD OTTO CEDEÑ O BLUME, el
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO, con ocasión a la sentencia de
Segunda Instancia del treinta y uno (31) de mayo del 2022.
SEGUNDO: En consecuencia de lo anterior, se DEJE SIN EFECTOS dicha
providencia.
TERCERO: Se ORDENE proferir un fallo apegado a la realidad fáctica y jurídica del
caso en concreto y sean valoradas correctamente las pruebas allegadas al
proceso>>.
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El actor es propietario de unos vehículos matriculados en la empresa de
Transportes Recreativos Ltda.
3.2.- El 31 de diciembre de 2014 la Secretaría de Tránsito del Municipio de Santiago
de Cali expidió el Decreto No. 4110.20.0928 <<por medio del cual se toman medidas
para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos particulares y de servicio público
colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas del Municipio de Santiago de Cali,
para el año 2015>>. Posteriormente, el 13 de marzo de 2015 se expidió la Resolución
No. 4110.20.00106 <<por medio de la cual se modifica el Decreto 4110.20.0928 del
31 de diciembre de 2014 y se toman medidas para el mejor ordenamiento de tránsito
de vehículos de servicio público colectivo urbano de pasajeros en las vías públicas
del Municipio de Santiago de Cali, para el año 2015>>.
3.3.- El 28 de julio de 2015 el accionante presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra dichos actos administrativos, con fundamento en
que aquellos impusieron una medida de “pico y placa” que limitó el número de
frecuencias realizadas por vehículos de transporte público colectivo al mes, lo cual
perjudicaba directamente la explotación de sus vehículos. A título de establecimiento
del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de los perjuicios causados con la
expedición de los mencionados actos.
3.4.- Mediante sentencia del 21 de septiembre de 2017 el Juzgado Dieciséis
Administrativo de Cali negó las pretensiones de la demanda, pues consideró que el
alcalde de Cali se encontraba plenamente facultado para emitir los actos
administrativos relacionados con el tránsito y el “pico y placa” en el municipio,
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Accionante: Germán Vanegas
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conforme al Código Nacional de Tránsito Terrestre. Además, indicó que la medida
de “pico y placa” era una de las tantas pautas de movilidad que acompañaban el
desarrollo del municipio y que tal medida de carácter temporal no podía tenerse como
un castigo o sanción a los vehículos de transporte público colectivo. La parte
demandante interpuso recurso de apelación contra dicha decisión.
3.5.- El 31 de mayo de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca adicionó
la sentencia de primera instancia, en el sentido de declarar la excepción de cosa
juzgada frente a la pretensión de nulidad de los actos demandados, pues mediante
providencia del 31 de octubre de 2019 proferida en el marco de otro proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho se había declarado la nulidad de esos actos
administrativos; en todo lo demás confirmó la sentencia de primera instancia.
3.6.- Respecto de la pretensión de restablecimiento del derecho, el tribunal manifestó
que las pruebas relacionadas en el expediente acreditaban la titularidad del actor
frente a unos vehículos y los contratos de vinculación suscritos con una empresa de
transporte, pero que esas pruebas eran insuficientes para acreditar el perjuicio
alegado con la expedición de los actos administrativos demandados. En ese sentido,
advirtió que del escaso material probatorio no era posible deducir el perjuicio cuyo
resarcimiento se demandaba, pues aun cuando la parte demandante calculaba unos
daños con ocasión de la implementación de la medida de “pico y placa”, esto no tenía
soporte probatorio alguno que permita constatar cuánto dinero dejó de percibir el
actor con ocasión de la imposición de la medida.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El actor afirma que la autoridad judicial accionada le vulneró su derecho
fundamental al debido proceso, pues en la sentencia objeto de reproche no le fueron
reconocidos los perjuicios que solicitó a título de restablecimiento del derecho, a
pesar de que —a su juicio— estaban probados.
4.1.- Señala que con la expedición de los actos administrativos que fueron
declarados nulos se limitaba la actividad que podían realizar los vehículos vinculados
con las empresas de transporte, de manera que lógicamente esos actos afectaron la
explotación económica de sus vehículos, pues antes de la imposición de dicha
medida sus automotores le reportaban $330.000 al día, suma que se encontraba
discriminada en el acápite de liquidación contenido en la demanda.
4.2.- Asegura que, como los perjuicios se encontraban probados pero no
cuantificados, el tribunal accionado debió proferir una condena en abstracto
conforme al artículo 193 del CPACA, en cuyo caso hubiese tenido la carga de
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presentar una liquidación de perjuicios y probar, mediante incidente de regulación,
los daños generados por el actuar de la Administración.
4.3.- Explicó de forma genérica el defecto consistente en desconocimiento del
precedente, sin hacer alusión a ninguna providencia en particular.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (accionado) solicita negar el
amparo. Indica que con la acción de tutela se pretende discutir y plantear un nuevo
estudio de instancia. Además, sostiene que valoró adecuadamente el acervo
probatorio obrante en el expediente. Sin embargo, encontró que <<las pruebas
aportadas eran insuficientes para la procedencia del restablecimiento del derecho
pretendido>>.
6.- El Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública del Distrito de
Santiago de Cali (tercero con interés) solicita declarar la improcedencia de la solicitud
de amparo. Manifiesta que la acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, toda vez que esta pretende usarse como un recurso o
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales. En todo caso, asegura que
en el proceso ordinario se respetaron todas las garantías procesales del actor, por lo
que no se le vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
7.- El Juzgado Dieciséis Administrativo de Cali (tercero con interés), allegó el
expediente digital del proceso ordinario, pero no rindió informe.
E. Fallo impugnado
8.- Mediante sentencia del 9 de marzo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó la solicitud de amparo. Explicó que los cargos formulados se
enmarcaban en los defectos fáctico y procedimental. No se pronunció frente al
desconocimiento del precedente porque el accionante no desarrolló el cargo y no
mencionó las providencias que supuestamente se desconocieron.
8.1.- Frente al defecto fáctico, consideró que el tribunal accionado sí valoró el material
probatorio que obraba en el expediente, pero simplemente estimó que el actor no
había logrado acreditar con suficiencia el lucro cesante; el accionante solo alegó que
el vehículo de su propiedad generaba al día la suma de $330.000, sin que hubiere
soporte probatorio de ello. Adujo que el accionante en su escrito de tutela
<<pretendió que se presuma la existencia del lucro cesante, por el sólo hecho de que
los actos administrativos cuestionados impidieron que el vehículo fuera explotado
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Accionante: Germán Vanegas
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económicamente por dos días a la semana>>; sin embargo, explicó que la prueba
del lucro cesante no puede acreditarse con un mero cálculo realizado por el actor.
8.2.- En lo que respecta al defecto procedimental, manifestó que como el accionante
no demostró la existencia del daño, no resultaba procedente el reconocimiento de la
condena en abstracto y la apertura de incidente de regulación o liquidación de
perjuicios, pues este no es una herramienta procesal prevista para acreditar la
existencia de daños, sino para estimar la equivalencia económica del perjuicio
padecido.
F. Impugnación
9.- El actor impugnó la decisión; sin embargo, no la sustentó.
II. CONSIDERACIONES
10.- Si bien la parte actora no sustentó su impugnación, en aras de efectivizar el
principio de prevalencia del derecho sustancial esta Sala considera adecuado revisar
las razones que sirvieron de fundamento del fallo de tutela de primera instancia con
el fin de concluir si resultan razonables.
10.1- En ese orden de ideas, el objeto de la impugnación se centrará en establecer
si la sentencia proferida en primera instancia dentro del presente mecanismo
constitucional estuvo debidamente fundamentada, y si los argumentos que allí se
expusieron fueron coherentes y razonables. Así las cosas, la Sala confirmará la
sentencia de primera instancia que negó la solicitud de amparo.
10.2.- Se precisa que si bien el accionante no identificó de manera expresa los
defectos en que presuntamente habría incurrido la providencia acusada, la Sala, al
igual que el juez constitucional de primera instancia, estima que sus reproches se
encuadran en los defectos fáctico y procedimental, de manera que el análisis se hará
frente a estos. No se hará referencia al cargo relacionado con el desconocimiento del
precedente por cuanto el accionante no lo desarrolló ni tampoco mencionó siquiera
alguna providencia en particular.
G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
11.- Los requisitos se cumplen así: i) el accionante indicó de manera clara los hechos
y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente relevancia
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Accionante: Germán Vanegas
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constitucional1 porque se afirma la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso y se identifican los vicios o defectos en los que habría incurrido la providencia
acusada (fáctico y procedimental); iii) se encuentra cumplido el requisito de
subsidiariedad porque la parte actora utilizó todos los mecanismos judiciales a su
alcance para la protección de sus derechos fundamentales; iv) la solicitud se
presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la decisión de segunda
instancia se notificó el 13 de junio de 2022 y la tutela se interpuso el 13 de diciembre
de 2022, es decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto por esta
Corporación2 como por la Corte Constitucional3; y v) no se trata de una decisión
proferida en sede de tutela.
H. No se configuran los defectos fáctico y procedimental , en tanto la autoridad
judicial accionada (i) valoró adecuadamente el acervo probatorio, y (ii) actuó
conforme al procedimiento establecido
12- Frente al defecto fáctico, la Sala comparte la postura del juez constitucional de
primera instancia, según la cual, el tribunal accionado sí valoró adecuadamente el
material probatorio obrante en el expediente ordinario, pero le dio un alcance distinto
al pretendido por el actor, pues no encontró acreditado el daño que el demandante
afirmó haber recibido como consecuencia de la expedición de los actos
administrativos demandados.
12.1.- En la providencia acusada el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
señaló:
<<Como se puede observar, las pruebas relacionadas acreditan la titularidad
del actor frente a unos vehículos, así como los contratos de vinculación
suscritos con una empresa de transporte, pruebas que resultan ser
insuficientes para acreditar el perjuicio alegado con la expedición de los
actos administrativos demandados.
En efecto, del escaso material probatorio reseñado no es posible deducir
el perjuicio cuyo resarcimiento se demanda, pues aun cuando la parte
demandante calcula unos daños con ocasión de la implementación de la
medida de pico y placa, ello no tiene soporte probatorio alguno que permita
1
Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional
porque los cargos no fueron objeto de análisis en el proceso ordinario, pues los reparos se originan en la
providencia de segunda instancia, en tanto allí fue donde el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca estudió
la pretensión relacionada con el restablecimiento del derecho.
2
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Accionante: Germán Vanegas
Se confirma la sentencia de primera instancia
constatar cuánto dinero dejó de percibir el actor con ocasión de la imposición
de la aludida medida.
Además, aun cuando en la demanda se alega que el vehículo de propiedad
del demandante al día reportaba la suma de $330.000, ello no tiene soporte
probatorio alguno en el plenario>> (se destaca).
12.2.- En ese orden de ideas, el tribunal accionado estimó que el accionante no
cumplió cabalmente con la carga de la prueba, pues no demostró una afectación
económica concreta derivada de los actos administrativos que enjuició, sino que se
limitó a afirmar que el vehículo de su propiedad generaba al día la suma de $330.000
sin que hubiere soporte de ello.
12.3.- Ahora bien, la Sala precisa que la condena en abstracto procede: (i) cuando
las pruebas le permiten al juzgador determinar que el daño está probado, en este
caso, en el sentido de verificar que efectivamente fue la decisión adoptada la que
generó el detrimento patrimonial; y (ii) cuando lo que se echa de menos es
simplemente la determinación de la cuantía exacta de ese detrimento.
12.4.- Como el tribunal estimó que el actor no acreditó la existencia de un perjuicio
porque no presentó ninguna prueba dirigida a demostrarlo, no resultaba procedente
el reconocimiento de una condena en abstracto ni ordenar la apertura del incidente
de liquidación de perjuicios, pues ese incidente está previsto para fijar la
cuantificación del perjuicio, más no para establecer su existencia. Por ello, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca actuó conforme al marco procesal aplicable y no
incurrió en el defecto procedimental.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado que negó el amparo.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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Accionante: Germán Vanegas
Se confirma la sentencia de primera instancia
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de esta
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
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