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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06662-01

Fecha
27 de abril de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06662-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 10 de febrero de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-06662-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de abril de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias
Demandados: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y otro1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) mínimo vital, iii) seguridad
social, iv) debido proceso y v) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 17 de febrero de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente el amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1
Cfr. índice núm. 3 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1.La actora, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y al Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio,
el Tribunal al proferir la sentencia de 26 de agosto de 2021; y ii) el Consejo, al proferir
la sentencia de 20 de octubre de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 25000-23-42-000-2019-01047-01, vulneraron sus
derechos fundamentales indicados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Adujo que, presentó demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de que se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 638 del 6 de febrero y
8032 del 17 de septiembre, ambas de 2014, por medio de las cuales se le negó el
reconocimiento de una sustitución de asignación mensual de retiro, en su calidad
de compañera permanente del causante, el señor Manuel Alfonso García Pecellín.

4. La Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 26 de agosto de 2021, por
medio del cual negó las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
de segunda instancia el 20 de octubre de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] Primero: Confirmar la sentencia del 26 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las
pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del medio de control y

3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

restablecimiento del derecho promovió la señora Amina Asís Rayyan Arias contra la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia […]”.

6. Consideró que:

“[…] Empero, pese a las manifestaciones tendientes a afirmar el vínculo sentimental
entre ellos, estas no conducen propiamente al reconocimiento de una convivencia
real y efectiva bajo el apoyo espiritual y físico, lo cual excluye los encuentros
pasajeros, casuales o esporádicos, e incluso las relaciones que, a pesar de ser
prolongadas, no engendren las condiciones necesarias de una comunidad de vida.

Bajo este entendido, es necesario aclarar que quien ostente la condición de cónyuge
o compañera supérstite, para obtener el derecho a ser beneficiario de la asignación
de retiro, debe fundamentar esta calidad bajo una convivencia real y efectiva al
momento de la muerte del causante; la cual exige la demostración de una vida común
que se mantuvo para el momento del fallecimiento ocurrido, para ello es necesario
acreditar la existencia del componente afectivo y formación de hogar, que tenía con
el pensionado al momento de su muerte y durante el término que la ley lo prevé […]”.

[…]

“[…] En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado, la convivencia no se refiere en forma exclusiva,
a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los elementos que en
mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el acompañamiento
espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio mutuo. Además de ello,
es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener
la vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una familia.

En suma, no se logró comprobar que la libelista haya cumplido con el requisito de
haber convivido durante los últimos 5 años de vida con el finado, pues del acervo
probatorio en análisis, se vislumbra que se mantuvo únicamente una presunta
relación de noviazgo, de la cual, si bien se procreó un hijo, no se puede interpretar o
entender como una unión marital de hecho, o que dicho aspecto garantice prima
facie la intención de formar una familia fundada en un cohabitación continua y estable
bajo el mismo techo, como mucho menos los lazos de apoyo y socorro recíproco
durante los últimos años de existencia del causante.

Corolario, y no obstante las revelaciones de la parte activa y de los declarantes
tendientes a la demostración de la existencia de un vínculo sentimental entre la
señora Rayyan Arias y el causante, ello no brinda certeza de la convivencia efectiva
que como pareja debía subsistir entre ellos, pues se itera, no quedó evidenciado el
interés natural de crear una comunidad dirigida a compartir la vida de forma
permanente y estable.

Por consiguiente, toda vez que no ha sido posible demostrar la efectividad de una
convivencia permanente o ininterrumpida bajo la presencia de vínculos familiares o
sentimentales entre la señora Amina Asís Rayyan Arias y el causante, es dable que
en este punto no se pierda de vista la finalidad de la sustitución de la asignación de
retiro, que pretende mitigar la desprotección en que queda quien está afectado por
la muerte de su pareja, de ahí que no cualquier convivencia ni la existencia de alguna
relación conlleva acceder al mencionado derecho económico, pues se requiere
demostrar una convivencia fundada en la solidaridad y la ayuda mutua.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el a quo no incurrió en
ningún desacierto interpretativo al estudiar la tesis de la demanda y negar las
pretensiones de la misma, pues es evidente que, del material probatorio en estudio,
no se vislumbra una comunidad de vida entre la libelista y el fallecido.

Es así que, no obstante en el recurso de apelación se expuso que los elementos de
convicción aportados brindaron certeza de la convivencia en unión marital de hecho
que se suscitó entre los implicados, lo cierto es que para esta Sala no está llamado
a prosperar el argumento traído por la señora Rayyan Arias con el fin de acceder a
las pretensiones de la demanda, porque, una vez realizada la valoración probatoria
en aplicación del principio de la sana crítica, se colige que de dichas revelaciones se
podría concluir que solo se presentó un vínculo correspondiente a una relación
temporal cercana, y que la procreación del señor Amir Alfonso García Rayyan no es
muestra de la efectividad de una vida juntos entendida como acompañamiento
espiritual, permanente y singular con el ánimo de construir hogar […]”.

[…]

“[…] Corolario, los medios de prueba referenciados conllevan a afirmar que la señora
Amina Asís Rayyan Arias no acreditó una convivencia real y efectiva con el causante
durante los 5 años anteriores a su fallecimiento, ni que mantuvo un vínculo afectivo,
de apoyo mutuo y solidario durante dicho período.

En conclusión: las pruebas documentales presentadas por la parte demandante y el
acervo probatorio del proceso, no llevan a la convicción de la existencia de una
convivencia real, constante y permanente con el sargento viceprimero del Ejército
Nacional, el señor Manuel Alfonso García Pecellín durante los 5 años previos a su
deceso, y en esa medida no hay lugar a reconocerle la sustitución de la asignación
de retiro en su supuesta calidad de compañera permanente, de conformidad con las
previsiones normativas del Decreto 1211 de 1990 y los lineamientos
jurisprudenciales señalados en precedencia […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Como consecuencia de todo lo anterior, solicito al honorable Consejo de Estado
que actuando como Juez Constitucional, ampare los derechos fundamentales al debido
proceso, el derecho al acceso a la administración de justicia, el derecho a la igualdad
de trato en la aplicación de la ley y los precedentes jurisprudenciales, a los principios de
favorabilidad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas
laborales configurándose vías de hecho judicial, que han sido vulnerados por las
autoridades judiciales a la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y en consecuencia deje
sin efectos el fallo proferido el 20 de octubre del 2022, emitido por el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A dentro del proceso radicado No. 25000234200020190104701 en
cuanto confirmo la sentencia de primera instancia proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A"
que negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a la señora
AMINA ASIS RAYYAN ARIAS en calidad de compañera permanente del señor
MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN bajo la modalidad de convivencia simultánea
[…]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

8. La actora en su escrito de tutela señaló que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado incurrió en un i) defecto fáctico, en un ii) defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en un iii) defecto sustantivo
por interpretación irrazonable de normas jurídicas.

Actuación

9. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 16
de diciembre de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los
magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado; y iv) vinculó a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en calidad de tercero
con interés legítimo.

Intervenciones de la demandada y del tercero con interés legítimo

10. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado afirmó que:

“[…] Pues bien, en el asunto sub iudice no se observa la presunta afectación de las
garantías constitucionales invocadas con motivo de la mentada causal específica de
procedibilidad alegada como sustento de la actual solicitud de amparo, ello dado que
la decisión del 20 de octubre de 2020 proferida por esta Subsección A, Sección
Segunda, fue adoptada en observancia del marco legal y constitucional previstos
para el caso como el de marras, justamente respecto al esquema aplicable a los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares […]”.

11. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó que “[…] Se rechace por
IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia ante la ausencia de
vulneración de derechos fundamentales de la señora AMINA ASUS RAYYAN ARIAS
[…]”.

12. La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca guardó
silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 10 de febrero de 2023, resolvió lo siguiente:

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

“[…] PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo de tutela deprecado por la
señora Amina Asis Rayyan Arias por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente providencia […]”.

14. Consideró que:

“[…] Consecuente con la anterior transcripción, contrario a lo que afirmó la accionante,
la valoración que efectúo el tribunal del citado documento, no se advierte irrazonable
ni arbitraria, puesto que, su argumento es válido en cuanto encontró que no resultó
suficiente como indicador del presupuesto de convivencia exigido para el
reconocimiento pensional que reclamó la actora en su condición de compañera
permanente.

Una vez analizados los anteriores argumentos, la Sala infiere que los medios
probatorios fueron analizados de manera conjunta por el juez del proceso ordinario y
no le dieron la convicción y la certeza suficiente para tener por acreditado uno de los
requisitos legales exigidos para la sustitución pensional, como lo es el de la
convivencia efectiva, por lo que, lo pretendido por la tutelante, una nueva valoración
de las probanzas que avale su teoría del caso, riñe con el objeto del mecanismo
constitucional contra sentencia judicial, en el que el análisis que procede es de validez
en función de la protección de derechos fundamentales, y no el de corrección de la
providencia como si se tratara de una tercera instancia.

Por último, respecto de la afirmación que las autoridades judiciales desconocieron el
precedente constitucional2, concretamente la sentencia T-371 de 2022, debe decir la
Sala que, esta sentencia no constituye precedente3 y además fue proferida al interior
de un trámite de tutela cuyos efectos fueron inter partes. Además leído su contenido el
problema jurídico allí planteado fue el reconocimiento igualitario de la sustitución
pensional en beneficio de la cónyuge y la compañera permanente dado que las
autoridades judiciales consideraron que “prevalecía el vínculo matrimonial en cabeza
de la esposa en virtud de lo previsto en la Ley 33 de 1973”, y el que resolvió el juez del
proceso ordinario, en el fallo que hoy es objeto de censura a través de esta acción de
tutela, está relacionado con la falta de prueba de la calidad de compañera permanente
de quien reclama a su favor la sustitución del derecho pensional […]”.

La impugnación

15. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

2 “hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho

fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado”-SU-453 de 2019-.
3
Entendido como aquel conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia
para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada al momento de dictar sentencia.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

“[…] En este punto, es importante advertir que el asunto puesto a consideración de
ustedes resulta procedente constitucionalmente teniendo en cuenta la relevancia
constitucional que envuelve las circunstancias fácticas que rodean el caso de la
señora AMINA ASIS RAYYAN, pues no hay que pasar por alto que estamos frente
a reconocimiento de una sustitución pensional en la modalidad de convivencia
simultánea.

Resulta necesario recordar que el reconocimiento de una pensión en Colombia se
basa en el principio de seguridad social consagrado en la Constitución Política de
Colombia, el cual establece que todas las personas tienen derecho a la seguridad
social, y que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho […]”.

[…]

“[…] Para empezar, es conveniente señalar que el a quo constitucional realizo una
valoración por completo equivocada de los argumentos esbozados en el amparo
constitucional, al dejar de lado analizar el caso de mi representada a la luz de la
“convivencia simultanea”, aspecto que no tampoco fue analizado por los jueces
censurado constitucionalmente ni por el a quo en la sentencia que se impugna.

Con relación a este punto me permito indicar que el a quo se equivoca cuando avala
el actuar omisivo en que incurrió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
-SUBSECCIÓN A, al momento de analizar el material probatorio sin tener en cuenta
las circunstancias de convivencia simultanea que afrontaba mi representada.

Así las cosas, procedo a señalar porque en el presente asunto si se configuraban
los defectos procedimental absoluto en concordancia con el defecto sustantivo,
decisión sin motivación, defecto fáctico y violación directa de la Constitución
invocados en la acción constitucional.

Con relación al defecto procedimental absoluto y decisión sin motivación: Como muy
bien es sabido el defecto procedimental absoluto se origina cuando el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; por su parte el defecto de
decisión sin motivación puede configurarse en aquellos eventos en donde existe una
valoración por completo equivocada en determinado caso concreto.

Ahora bien, con relación a la indebida valoración probatoria que se endilga al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A conviene señalar que
este denota un defecto fáctico por la interpretación errónea o insuficiente las
pruebas presentadas en el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, debido a mala apreciación de los medios de prueba, a la falta de atención
a ciertos detalles relevantes como es haberlos analizados a la luz de la convivencia
simultánea, por la equivocada interpretación de los hechos probados y por falta de
consideración de algunas pruebas relevantes para el caso, como es el el documento
prueba de fecha 03 junio de 1998, donde el señor GARCIA PECELLIN textualmente
indica y ratifica con su firma en el formulario de solicitud de carne de servicios
médicos, que la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS es su compañera permanente
[…]”.

[…]

“[…] Con relación a este punto, resulta necesario señalar que el a quo constitucional
desconoce que el reparo que se endilga a las providencias censuradas

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-06662-01
Actora: Amina Asís Rayyan Arias

constitucionalmente, radica en el desconocimiento por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
"A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, de la situación fáctica de mi representada
a la luz de la Unión marital de hecho en la modalidad de convivencia simultánea.

No entiende el suscrito apoderado como el a quo constitucional sostiene en el fallo
impugnando que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A,
en su valoración probatoria realizaron un ejercicio analítico racional, cuando es
evidente que para el caso de la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS, dentro del
proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho se desconoció el hecho
de que entre ella y el señor MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN (Q.E.P.D)
existía una relación formalizada y que de ella surgió la conformación de proyecto de
vida, con vocación de permanencia y estabilidad, en donde el señor GARCIA
PECELLIN brindaba el sustento económico para la subsistencia de mi representada
y de su hijo común AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN.

Adicional a lo anterior, el a quo constitucional deja de lado el hecho de que por parte
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, existió una omisión
grosera y evidente de las circunstancias particulares que rodearon la convivencia
simultánea que nació entre AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y el señor MANUEL
ALFONSO GARCIA PECELLIN (Q.E.P.D) […]”.

[…]

“[…] Conforme a las pruebas recaudadas, es claro que a pesar de existir una
relación simultánea, en el presente asunto se logró demostrar que existía una
relación formalizada entre la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y señor MANUEL
ALFONSO GARCIA PECELLIN, y que de ella surgió la conformación de un común
proyecto de vida, con vocación de permanencia y estabilidad, en donde el señor
GARCIA PECELLIN brindaba el sustento económico para la subsistencia de mi
representada y de su hijo común AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN, es decir que
con el material probatorio allegado se logró demostrar la continuidad de la relación
desde el año 1989 (fecha en que inicio la relacion sentimental), que dio como fruto
un hijo nacido en el año 1992, relación que fue ratificada en el año 1998 por el mismo
señor GARCIA PECELLIN Y que finalizo el día 03 de agosto del año 2000 fecha en
que falleció el titular de la asignación de retiro o pensión […]”.

[…]

“[…] Para finalizar, frente al desconocimiento del precedente T- 371 del 2022,
conviene indicar que si bien es cierto la jurisprudencia constitucional ha indicado
que las sentencias de tutela son interpartes, no hay que olvidar que la ratio decidendi
de dichos fallos tienen efecto erga omnes, por tanto, resulta obligatoria para todos
los ciudadanos por razones de igualdad en la aplicación de la ley, para garantizar el
principio de buena fe y la seguridad jurídica, entre otros […]”4.

4 Transcripción literal del texto de la impugnación.

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

16.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018 7 y con el
artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

18.En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

19.Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.

8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al mínimo vital; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a viii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

20.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

21.Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

22.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

23.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.

24.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

25.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

26.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la

12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

27.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201414, al referirse al requisito general de relevancia constitucional, consideró lo
siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [15]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [16].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [17].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [18].

14 Ut supra página 6.
[15] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[16] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[17] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18]
“En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [19]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [20].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [21]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,

los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[19] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[20] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[21] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

28.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró22:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”23

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”24

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

29.En ese orden de ideas, el requisito general de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el actor

22 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
23Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24 Ibidem.

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en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa mínima de
establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial demandada
incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la afectación de los
derechos fundamentales.

30.Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202225
precisó, en relación con el alcance del requisito general de la relevancia
constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda

25 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

31.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

32.Atendiendo a que, la Corte Constitucional26 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,

26 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

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sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

33.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

34.Atendiendo a que la Corte Constitucional27 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad

27 Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

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ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital

35. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

36. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho28:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

37.Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los

28 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

38.De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:29

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado30.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”31. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”32 […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

39.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que

29 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
30 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable
a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
31 Sentencia T-173 de 2016.
32 Ibídem.

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establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

40.Atendiendo a que, la Corte Constitucional33 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

Análisis del caso concreto

41.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

42.La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

43.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

33 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

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43.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 20 de octubre de 2022.

Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito general de la relevancia
constitucional

44. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. La actora en su escrito de tutela señaló lo siguiente34:

“[…] Para empezar conviene señalar que el suscrito apoderado considera que los
fundamentos facticos y jurídicos expuestos por la h. Corte Constitucional en
sentencia T- 371 del 20 de octubre de 2022, deben tenerse en cuenta para el
presente asunto por tratarse de un caso similar al de la presente acción de tutela,
por ello sus motivaciones y la ratio decidendi allí expuesta deben ser aplicadas al
caso de mi representada.

Por consiguiente los defectos aquí invocados se configuran cuando el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
"A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A en su discrecionalidad interpretativa
desbordaron su análisis en perjuicio de los derechos fundamentales de mi
representada, al dar una errónea aplicación del artículo 11 numeral 11.5 parágrafo
2 literal b párrafo tercero del Decreto 4433 del 2004 y al desconocer el contenido
normativo definido por la jurisprudencia en casos de convivencia simultánea.

Por otro lado, conviene señalar que las sentencias censuradas en la presente acción
constitucional, desconocen la evidencia probatoria allegada, pues se evidencia que
los operadores judiciales de instancia del proceso de acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no valoraron de manera integral las pruebas allegadas
al proceso que daban cuenta de las condiciones que rodearon la Unión marital de
hecho bajo una convivencia simultanea de la accionante con el señor MANUEL
ALFONSO GARCIA PECELLIN, así como la voluntad del causante de proteger con
los servicios médicos a mi representada y su hijo.

En ese orden de ideas, como sustento de los defectos aquí invocados, en primer
lugar me permito hacer un estudio del marco jurisprudencial referente a las causales
específicas de Procedibilidad de la Acción de Tutela contra Providencias Judiciales
invocadas en el presente asunto, para posteriormente abordar el caso concreto […]”.

[…]

“[…] PRIMERO: Para empezar es importante señalar que en el presente asunto los
operadores de instancia omitieron dar aplicación al artículo 11 numeral 11.5
parágrafo 2 literal b párrafo tercero del Decreto 4433 del 2004 y analizar y estudiar
el caso de mí representada bajo la óptica de la convivencia simultánea, aspecto que

34
Transcripción literal de la solicitud del amparo.

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fue señalado por el suscrito apoderado desde la presentación de la demanda y en
cada una de las etapas procesales en primera y segunda instancia […]”.

[…]

“[…] Por todo lo anterior, es claro que en el presente asunto los jueces de instancia
incurren en los defectos invocados, esto al omitir analizar y estudiar el caso de mí
representada bajo la óptica de la convivencia simultánea a la luz de lo señalado
artículo 11 numeral 11.5 parágrafo 2 literal b párrafo tercero del Decreto 4433 del
2004 y al desconocer el contenido normativo definido por la jurisprudencia en casos
de convivencia simultánea […]”.

[…]

“[…] Lo señalado hasta aquí permite indicar que los defectos invocados se
configuran cuando el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A no
analizaron la posible configuración de una justa causa, que excusara una
convivencia continua, por el contrario, en el presente asunto tenemos que los
operadores judiciales de instancia verificaron el requisito de convivencia simple y no
de convivencia simultánea a la luz del artículo 11 numeral 11.5 parágrafo 2 literal b
párrafo tercero del decreto 4433 del 2004, sin analizar que, en virtud de la
jurisprudencia de la H. Corte Constitucional la interrupción de la convivencia de los
cónyuges o compañeros no implica, necesariamente, la pérdida del derecho.

Así las cosas dadas las situación fáctica y legal de mi representada, no era
razonable negar el derecho a la sustitución de la asignación de retiro del extinto
MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN máxime cuando quedo probado que entre
el y la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS desde el año 1989 hasta el 03 de agosto
del año 2000, siempre salvaguardaron el sentido de corresponsabilidad en relación
con el hogar conformado y la comunidad de vida que tuvieron, pues el señor
GARCIA PECELLIN siempre atendió a las necesidades de su compañera
permanente y su hijo menor AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN quienes siempre
dependieron económicamente de este, por ende el probado interés del señor
MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN de amparar económicamente a su núcleo
familiar, es prueba más que suficiente para que aquí se reconozca la prestación
pedida en nombre del núcleo familiar que lo compone mi representada y AMIR
ALFONSO GARCIA RAYYAN quien en la actualidad ya es mayor de edad […]”.

[…]

“[…] Al respecto, me permito indicar que el suscrito apoderado considera que el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN A incurren en un exceso
ritual manifiesto en la valoración de dicha prueba, pues sin razonamiento lógico
alguno desconocen la manifestación realizada por el señor MANUEL ALFONSO
GARCIA PECELLIN en donde señalo y ratifico con su firma ante la CAJA DE
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES que la señora AMINA ASIS RAYYAN
ARIAS era su compañera permanente y de igual manera desconocen la voluntad
del causante de ampararla a ella y a su hijo en sus servicio médicos, circunstancia
esta que claramente demuestra el interés del señor MANUEL ALFONSO GARCIA
PECELLIN de proteger su familia de hecho. Considero que en un apego extremo a
las formalidades, los operadores judiciales de primera y segunda instancia para
negar las pretensiones de la demanda dieron prelación e importancia al hecho de
que no se continuio con la actuación administrativa o la falta de trámite por parte del
señor MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN, desconociendo la voluntad y

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

manifestación de este para la afiliación al sistema de salud de mi representada en
calidad de compañera permanente y para su hijo, vulnerando con ello el principio de
prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal.

Al respecto, quisiera manifestar que la condición de compañera permanente no se
adquiere por una ninguna ritualidad como lo es el no haber allegado la copia de la
cédula de ciudadanía de la señora Amina Rayyan Arias y “un escrito del titular de la
asignación de retiro sobre el hecho de la convivencia con su compañera permanente
y el tiempo de duración de la misma, pues dicha condición de compañera
permanente quedo satisfecha desde el momento en que el señor MANUEL
ALFONSO GARCIA PECELLIN manifestó expresamente, textualmente y con su
firma con la solicitud realizada ante CREMIL el 03 de junio de 1998 que mi
representada era su compañera permanente y que su intención era afiliarla a ella y
a su hijo en calidad de beneficiarios a los servicios médicos que prestan las Fuerzas
militares […]”35.

45. De igual manera, la actora en su escrito de impugnación adujo lo siguiente:

“[…] En este punto, es importante advertir que el asunto puesto a consideración de
ustedes resulta procedente constitucionalmente teniendo en cuenta la relevancia
constitucional que envuelve las circunstancias fácticas que rodean el caso de la
señora AMINA ASIS RAYYAN, pues no hay que pasar por alto que estamos frente
a reconocimiento de una sustitución pensional en la modalidad de convivencia
simultánea.

Resulta necesario recordar que el reconocimiento de una pensión en Colombia se
basa en el principio de seguridad social consagrado en la Constitución Política de
Colombia, el cual establece que todas las personas tienen derecho a la seguridad
social, y que el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho […]”.

[…]

“[…] Para empezar, es conveniente señalar que el a quo constitucional realizo una
valoración por completo equivocada de los argumentos esbozados en el amparo
constitucional, al dejar de lado analizar el caso de mi representada a la luz de la
“convivencia simultanea”, aspecto que no tampoco fue analizado por los jueces
censurado constitucionalmente ni por el a quo en la sentencia que se impugna.

Con relación a este punto me permito indicar que el a quo se equivoca cuando avala
el actuar omisivo en que incurrió el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE
ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
-SUBSECCIÓN A, al momento de analizar el material probatorio sin tener en cuenta
las circunstancias de convivencia simultanea que afrontaba mi representada.

Así las cosas, procedo a señalar porque en el presente asunto si se configuraban
los defectos procedimental absoluto en concordancia con el defecto sustantivo,
decisión sin motivación, defecto fáctico y violación directa de la Constitución
invocados en la acción constitucional.

Con relación al defecto procedimental absoluto y decisión sin motivación: Como muy
bien es sabido el defecto procedimental absoluto se origina cuando el juez actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; por su parte el defecto de
decisión sin motivación puede configurarse en aquellos eventos en donde existe una
valoración por completo equivocada en determinado caso concreto.

35 Transcripción literal del texto de la solicitud de amparo.

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

Ahora bien, con relación a la indebida valoración probatoria que se endilga al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A conviene señalar que
este denota un defecto fáctico por la interpretación errónea o insuficiente las
pruebas presentadas en el proceso de acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, debido a mala apreciación de los medios de prueba, a la falta de atención
a ciertos detalles relevantes como es haberlos analizados a la luz de la convivencia
simultánea, por la equivocada interpretación de los hechos probados y por falta de
consideración de algunas pruebas relevantes para el caso, como es el el documento
prueba de fecha 03 junio de 1998, donde el señor GARCIA PECELLIN textualmente
indica y ratifica con su firma en el formulario de solicitud de carne de servicios
médicos, que la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS es su compañera permanente
[…]”.

[…]

“[…] Con relación a este punto, resulta necesario señalar que el a quo constitucional
desconoce que el reparo que se endilga a las providencias censuradas
constitucionalmente, radica en el desconocimiento por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN
"A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, de la situación fáctica de mi representada
a la luz de la Unión marital de hecho en la modalidad de convivencia simultánea.

No entiende el suscrito apoderado como el a quo constitucional sostiene en el fallo
impugnando que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A,
en su valoración probatoria realizaron un ejercicio analítico racional, cuando es
evidente que para el caso de la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS, dentro del
proceso de acción de nulidad y restablecimiento del derecho se desconoció el hecho
de que entre ella y el señor MANUEL ALFONSO GARCIA PECELLIN (Q.E.P.D)
existía una relación formalizada y que de ella surgió la conformación de proyecto de
vida, con vocación de permanencia y estabilidad, en donde el señor GARCIA
PECELLIN brindaba el sustento económico para la subsistencia de mi representada
y de su hijo común AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN.

Adicional a lo anterior, el a quo constitucional deja de lado el hecho de que por parte
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN "A" y el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A, existió una omisión
grosera y evidente de las circunstancias particulares que rodearon la convivencia
simultánea que nació entre AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y el señor MANUEL
ALFONSO GARCIA PECELLIN (Q.E.P.D) […]”.

[…]

“[…] Conforme a las pruebas recaudadas, es claro que a pesar de existir una
relación simultánea, en el presente asunto se logró demostrar que existía una
relación formalizada entre la señora AMINA ASIS RAYYAN ARIAS y señor MANUEL
ALFONSO GARCIA PECELLIN, y que de ella surgió la conformación de un común
proyecto de vida, con vocación de permanencia y estabilidad, en donde el señor
GARCIA PECELLIN brindaba el sustento económico para la subsistencia de mi
representada y de su hijo común AMIR ALFONSO GARCIA RAYYAN, es decir que
con el material probatorio allegado se logró demostrar la continuidad de la relación
desde el año 1989 (fecha en que inicio la relacion sentimental), que dio como fruto

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un hijo nacido en el año 1992, relación que fue ratificada en el año 1998 por el mismo
señor GARCIA PECELLIN Y que finalizo el día 03 de agosto del año 2000 fecha en
que falleció el titular de la asignación de retiro o pensión […]”.

[…]

“[…] Para finalizar, frente al desconocimiento del precedente T- 371 del 2022,
conviene indicar que si bien es cierto la jurisprudencia constitucional ha indicado
que las sentencias de tutela son interpartes, no hay que olvidar que la ratio decidendi
de dichos fallos tienen efecto erga omnes, por tanto, resulta obligatoria para todos
los ciudadanos por razones de igualdad en la aplicación de la ley, para garantizar el
principio de buena fe y la seguridad jurídica, entre otros […]”.

46. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por la actora ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad accionada
incurrió en la vulneración de derechos fundamentales.

47. Además, la Sala debe hacer énfasis que cuando se trata de interponer una
acción de tutela contra providencias proferidas por una Alta Corte como lo es el
Consejo de Estado, el juez constitucional debe efectuar un análisis de procedibilidad
de los requisitos generales de manera más rigurosa y exigente. En ese orden de
ideas, la Corte Constitucional frente al tema ha considerado lo siguiente : 36

“[…] Dado que “la garantía de que cada órgano goce de autonomía, en el sentido
que debe poder desenvolverse y desplegar su actividad por sí mismo, y
autogobernarse, son actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”37, los órganos judiciales de cierre “tienen entre sus
competencias ‘la unificación de jurisprudencia como forma de precisar con autoridad
y vocación de generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”38. Por tanto, en el evento en que se cuestione una sentencia
dictada por una Alta Corte, el examen de la relevancia constitucional debe ser más
estricto que el que pudiera hacerse en los demás eventos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En tales términos, la acreditación de
esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel […]”.

36 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

37 Sentencia SU-050 de 2018.

38 Sentencia SU-354 de 2017.

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48. Además de lo anterior, para la Sala, la actora plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
legal y probatorio, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

49.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal de lo
Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…] entidad de
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…] no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito de tutela se
“[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.

50. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia se
encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

51. La Sala advierte que los referidos argumentos jurídicos de la actora fueron, a su
vez, los principales debates de las partes en el proceso ordinario y de las decisiones
del juez de lo contencioso administrativo. Por tanto, la solicitud de amparo busca
reabrir las controversias legales resueltas por el juez ordinario en sede de tutela,
mediante los mismos argumentos que la actora formuló en dicho proceso de nulidad

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y restablecimiento del derecho que, en últimas, plantean una alternativa
hermenéutica diferente a la acogida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

52. En ese orden de ideas, la Sala concluye que, lejos de un debate acerca de la
constitucionalidad de la interpretación del artículo 11 del Decreto 4433 del 2004
llevada a cabo por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
la actora se limita a rechazar la interpretación legal contenida en la sentencia sub
examine y que fue objeto de controversia a lo largo del proceso ordinario.

53.De igual manera, para la Sala, los reparos acerca de la valoración del acervo
probatorio obrante en el expediente formulados por la actora no están relacionados
con los derechos fundamentales que se consideran vulnerados. Por el contrario,
tienen por finalidad presentar al juez constitucional, los argumentos con base en los
cuales la actora disiente del examen probatorio del juez ordinario.

54. Sin embargo, la actora no formula argumentos que expliquen la relación directa
entre sus reparos en materia probatoria y la afectación de sus derechos
fundamentales. Así, no aporta elemento alguno orientado a exponer una clara
arbitrariedad del juez ordinario que hubiere incidido de manera directa en los
derechos fundamentales.

55. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de relevancia constitucional dentro del marco de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien la actora enuncia la
trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa presunta
afectación tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

Conclusiones de la Sala

52.Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 10
de febrero de 2023 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

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Actora: Amina Asís Rayyan Arias

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 10 de febrero de 2023 proferida
por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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