Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06681-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-06681-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-06681-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
9 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06681-00
Actor: Edilson Porfirio Flórez Bermúdez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-06681-00
Demandante: EDILSON PORFIRIO FLÓREZ BERMÚDEZ, REBECA
AGUIRRE TORRES Y ELCY YULIETH FLÓREZ SANTOS
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, VICEPRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL
INTERIOR, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL, EL MINISTERIO DE TRANSPORTE,
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS (INVÍAS), INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR (ICBF), UNIDAD NACIONAL PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, DEFENSA CIVIL
COLOMBIANA, INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
CODAZZI, DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR),
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ Y MUNICIPIO DE BAHÍA
SOLANO (CHOCÓ)
Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Derecho de petición con
el fin de que se construya un muro de contención para mitigar
el riesgo de inundación en el corregimiento del Valle, municipio
Bahía Solano, Chocó
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por los señores Edilson Porfirio Flórez Bermúdez, Rebeca Aguirre
Torres y Elcy Yulieth Flórez Santos contra la Presidencia de la República, la
Vicepresidencia de la República – Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Transporte, la
Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensa Civil Colombiana, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la Dirección General Marítima (DIMAR), el
departamento del Chocó y el municipio de Bahía Solano (Chocó), con el objeto de
que se amparen los derechos fundamentales de petición, a la salud, a la vida y
vivienda digna, los cuales consideran vulnerados con la falta de respuesta de
fondo a la petición formulada ante las autoridades administrativas demandadas el
21 de octubre de 20221, dirigida a que se construya un muro de contención que
mitigue el riesgo de inundación de los habitantes del corregimiento del Valle en el
municipio de Bahía Solano.
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De acuerdo con las guías de envío de la empresa 4 72 aportadas con la demanda, la radicación de la
solicitud fue el 26 de octubre de 2022, por lo que la Sala se referirá a esta fecha en la providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06681-00
Actor: Edilson Porfirio Flórez Bermúdez y otros
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que son habitantes del corregimiento de El Valle, municipio
de Bahía Solano, Chocó, y que en los años 2002 y 2022 se han visto gravemente
afectados por el desbordamiento del río Valle que ha afectado sus hogares
gravemente y actualmente amenaza sus vidas e integridad personal por el riesgo
de inundación.
Afirmó que el 26 de octubre de 2022, la comunidad del corregimiento de El Valle
formuló ante las autoridades administrativas accionadas peticiones dirigidas a que
se construyera el muro de contención en el río para mitigar el riesgo de
inundación. Específicamente, señaló que las peticiones fueron las siguientes:
“Solicitando de manera urgente y utilizando un enfoque diferencial a favor de la
población negra, afrocolombiana, palenquera, raizal, indígena y mestiza que se enviar
enviara “una comisión técnica, perita y experta de profesionales al territorio
corregimiento EL VALLE del municipio de Bahía Solano – Chocó, para el estudio del
MURO DE CONTENCION y Ordenar la construcción del Muro de Contención en el Río
Valle del corregimiento del Valle municipio del departamento del Chocó,
específicamente en la parte oriental – subiendo al lado izquierdo de la rivera, toda vez
que este rio ha causado daño irreversibles a la población, cada que llueve sus aguas
aumentan, el pueblo se inunda y por causa del río más o menos 80 bienes inmuebles
han desaparecido, llevando consigo los muebles y otros enseres de personas
humildes, pobres y trabajadores, ahora de no ser así:
A – Ordenar su desvió de forma segura para los habitantes del Corregimiento EL
VALLE y por ende que este no cause daño.
• Ordenar y declarar la URGENCIA MANIFIESTA por la evidencia del daño por la ola
invernal que es casi todo el año en la población del corregimiento del VALLE –
MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO – CHOCÓ, por la situación actual que padece por
falta de la construcción del muro de contención y la construcción del acueducto, agua
potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, toda vez que esta es una de las
causas de enfermedades en sus habitantes e incluso causando muertes, entre otras
problemáticas.
• Ordenar la construcción de un acueducto con agua potable, alcantarillado y
saneamiento ambiental de forma digna para los habitantes AFROCLOMBIANOS –
NEGROS – INDIGENAS Y MESTIZOS de forma digna para evitar en sus habitantes
enfermedades o patologías irreversibles que causan e incluso la muerte.
• Ordenar al competente para que las personas regulen la velocidad de las lanchas con
sus motores al salir y entrar al RIO VALLE y la BOCANA al MAR del corregimiento EL
VALLE – municipio de Bahía Solano – Chocó.
• Solicitamos a todos los medios de comunicación, CARACOL – RCN y demás para
que se desplacen al territorio, se visibilicen e informe al mundo las problemáticas que
padecemos los habitantes del Corregimiento EL VALLE – CHOCÓ, hacerle
seguimiento.
• Solicitamos restablecer los principios y derechos constitucionales fundamentales y
humanos a la población del Corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano
(Chocó)”.
Refirió que por oficio 22-00146522/GFPU12000002 de 17 de noviembre de 2022,
la Presidencia de la República respondió la petición en el sentido de informar que
corría traslado de la solicitud a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, al Ministerio del Interior, a la Secretaría Municipal del Interior del
Chocó, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Educación
Nacional y Dirección General Marítima y Portuaria, para que atendiendo las
competencias de cada entidad, la resolvieran de fondo.
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Sin embargo, afirmó que dichas entidades no han dado respuesta efectiva a la
problemática planteada y lo que han hecho es remitir a otras entidades aduciendo
falta de competencia. Así, señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres remitió la solicitud a la Alcaldía Municipal de Bahía Solano.
El Ministerio de Transporte la remitió a la Gobernación del Chocó que les informó
que en los siguientes tres (3) días hábiles, informaría a los peticionarios sobre si
existe o no algún proyecto en desarrollo por parte de las autoridades municipales
para atender la problemática expuesta por los habitantes del corregimiento El
Valle.
Por último, indicó que los Ministerios del Interior y de Salud, la Vicepresidencia de
la República, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La Corporación
Nacional para el Desarrollo del Chocó -Codechocó-, la Alcaldía Municipal de Bahía
Solano y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, guardaron silencio.
2. Fundamentos de la acción
Los demandantes presentaron acción de tutela porque consideran vulnerados sus
derechos fundamentales de petición, a la salud, a la vida y vivienda digna, con la
falta de respuesta de fondo a la petición formulada ante las autoridades
administrativas demandadas el 21 de octubre de 2022, dirigida a que se construya
un muro de contención que mitigue el riesgo de inundación de los habitantes del
corregimiento del Valle en el municipio de Bahía Solano.
En relación con el derecho fundamental de petición hicieron referencia a la Ley
1755 de 2015 y a las sentencias “T-1638 y T-4698 de 2017” de la Corte
Constitucional, que regulan el alcance de su protección.
Asimismo, se refirieron al artículo 11 de la Constitución Política para señalar que el
derecho a la vida digna es inviolable y para garantizarlo de manera efectiva se
requiere la protección de otros derechos fundamentales especialmente en grupos
que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como lo es el “derecho a la
subsistencia”.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló en el escrito de tutela las siguientes:
“Con fundamento en los hechos narrados jurídicamente relevantes y los fundamentos
de derecho y normas jurídicas, muy respetuosamente solicitamos al señor Juez y/o
magistrados ORDENAR a FAVOR de la comunidad representada por los ciudadanos
Edilson Porfirio Flórez Bermúdez, Rebeca Aguirre Torres y Elcy Yulieth Flórez Santos
POR SER AFECTADOS DIRECTAMENTE, de manera urgente, congruente, pronta, sin
dilación y utilizando un ENFOQUE DIFERENCIAL para la población Afro, negra,
palenquera, raizal, indígenas y mestiza lo siguiente:
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de petición presentado por correo
certificado 472 el 21 de octubre de 2022 y entregado según guía el 26 de octubre del
mismo año y ordenar al representante legal DOCTOR JAVIER PAVA SÁNCHEZ)
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DE RIESGO - VICEPRESIDENTA (FRANCIA
ELENA MARQUEZ MINA) - MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
(CATALINA VELAZCO CAMPUZANO) INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR (CONCEPCIÓN BARACALDO ALDANA) Respondan de fondo, congruente,
sin dilación, oportuna, inclusive aquellos que no lo han hecho.
“Enviar comisión técnica, perita y experta por parte del gobierno Nacional para el estudio y
construcción muro de contención Río Valle y otros. (…) Ver Derecho de petición 19 folios del 21 de
octubre”.
SEGUNDO: Tutelar el derecho de petición, presentado el 21 de octubre de 2022 y
entregado el 26 de octubre del mismo año y ordenar al señor alcalde del municipio de
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Bahía Solano para que responda de fondo, congruente, sin dilación y pronta, acerca de
si presentó proyecto, radicado, fecha y la gestión que ha realizado ante el alto gobierno
para la ejecución del muro de contención en el río Valle y que él (alcalde) rinda informe
en ese sentido a la comunidad de El Valle.
TERCERO: Tutelar el derecho fundamental a la salud, por conexidad con la vida y
ordenar al Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Transporte y Medio
Ambiente para que coadyuve con la pretensión de la comunidad CONSTRUCCION
MURO DE CONTENCIÓN RIO VALLE. Por cuanto las aguas entran al pueblo se
genera una contaminación incrementan las enfermedades en niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores, mujeres.
CUARTO: TUTELAR el derecho a la vida digna, integridad familiar y vivienda y en
consecuencia ordenar a las autoridades competentes la construcción de viviendas
dignas y resarcir el daño para nosotros los accionantes y demás habitantes afectados
con las inundaciones.
QUINTO: Su señoría como quiera que algunas instituciones de orden nacional:
VICEPRESIDENTA DE LA REPUBLICA (FRANCIA ELENA MARQUEZ MINA) y todas
aquellas que no dieron respuesta a la petición del 21 de octubre enviada por correo
certificado 472, y que son competentes en los temas tratados en la misiva, ordenarles
que ejecuten la obra MURO DE CONTENCIÓN RIO VALLE por presentarse un silencio
administrativo positivo o acto ficto, es decir la petición es a favor de la comunidad”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente los siguientes documentos:
• Copia de quince (15) guías de envío de la empresa 4 72 de fecha 21 de octubre
de 2022, cuyo remitente es el señor Ramiro Saavedra Mosquera y como
destinatarias se encuentran las siguientes entidades: Gobernación de Chocó,
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Corporación Nacional
para el Desarrollo del Chocó -Codechocó-, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Ministerio de Educación Nacional, Presidencia de la República,
Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social, Defensa Civil de
Colombia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Alcaldía Municipal de Bahía
Solano, Director General Marítimo, Procuraduría General de la Nación.
• Copia del oficio 2022EE0116996 de 22 de noviembre de 2022, suscrito por la
subdirectora de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo
Empresarial del Ministerio de Vivienda.
• Copia del oficio GDHO-16-11-22-0723 de 16 de noviembre de 2022, expedido
por la Gobernación de Chocó.
• Copia del oficio 202225301310481 de 15 de noviembre de 2022 del Ministerio
de Transporte.
• Copia de primera hoja de la petición radicada en el ICBF con el No.
202212220000383452, el 25 de octubre de 2022.
• Copia de oficio OFI22-00146522/GFPU 12000002 de 17 de noviembre de 2022,
expedido por la Presidencia de la República.
• Copia del oficio S-2022-4422-407699 de 27 de octubre de 2022, proferido por el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
5. Trámite procesal
5.1. Inicialmente la acción de tutela fue repartida al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Quibdó, que por auto de 13 de diciembre de 2022 remitió el expediente
al Consejo de Estado teniendo en cuenta que dentro de las autoridades
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demandadas se encuentra la Presidencia de la República conforme con las reglas
de reparto fijadas en el Decreto 333 de 2021.
5.2. Por auto de 20 de enero de 2023, la Consejera Sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la parte demandante y a las autoridades administrativas demandadas.
5.3. Posteriormente, por auto de 14 de febrero de 2023 se dispuso vincular al
señor Ramiro Saavedra Mosquera como tercero con interés en el resultado del
trámite constitucional, teniendo en cuenta que fue la persona que formuló las
peticiones materia de la presente acción constitucional.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 32910 a 32915 de 22
de marzo de 20222, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio
A través de apoderada, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la cartera
ministerial manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda de tutela
respecto de esa entidad, teniendo en cuenta que las peticiones de la parte actora
deben ser decididas por el Departamento Administrativo para la Prosperidad
Social, en lo pertinente con la ayuda humanitaria de emergencia y al Fondo
Nacional de Vivienda respecto de los subsidios de vivienda.
Señaló que verificó en el Sistema de Información de Subsidio Familiar a los tres
accionantes y ninguno se ha postulado al subsidio de vivienda familiar, lo que
demuestra que acudieron a la acción de tutela sin haber agotado el respectivo
trámite en sede administrativa, razón por la cual consideró que la acción de tutela
resulta improcedente.
Afirmó que por oficio No. 2022EE0116996 de 22 de noviembre de 2022 se resolvió
una petición relacionada con la problemática que se presenta en el Corregimiento
del Valle en el municipio de Bahía Solano expuesta por los accionantes, en el cual
se les indicó que la misma no era de la órbita de la competencia de la entidad,
pues es el municipio el que tiene a su cargo la garantía de la prestación de los
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y construir las obras que se
requieran para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 311 de
la Constitución Política, artículo 3° de la Ley 136 de 1994 y artículo 5 de la Ley 142
de 1994.
Al respecto, hizo referencia a la política pública denominada “Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los servicios de Agua y
Saneamiento - PDA”, regulada en el Decreto 1077 del 2015 y que resulta aplicable
en todos los territorios de la Nación como una estrategia que busca generar
armonización integral de los recursos y procesos de articulación entre la
planeación municipal y regional, para implementar esquemas eficientes y
sostenibles en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
Del mismo modo, afirmó que en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley
1444 de 2011 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como objetivo
primordial lograr en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar,
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La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las
siguientes direcciones de correo electrónico: andressc94@gmail.com,
notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co.
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Actor: Edilson Porfirio Flórez Bermúdez y otros
dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes y proyectos en materia del
desarrollo territorial y urbano planificado del país, la consolidación del sistema de
ciudades con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta
las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los
servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.
Finalmente, alegó falta de legitimación en la causa por pasiva al considerar que la
protección de los derechos fundamentales invocados no corresponde garantizarla
a esa entidad, porque “el llamado a otorgar el subsidio de vivienda que demanda
la accionante ni tampoco el llamado a ejercer funciones de inspección, vigilancia y
control sobre la materia, correspondiéndole dicha función al Fondo Nacional de
Vivienda (FONVIVIENDA)”.
6.2. Respuesta del Instituto Nacional de Vías -INVÍAS-
Mediante apoderado, la entidad alegó falta de legitimación en la causa por pasiva,
teniendo en cuenta que las pretensiones de la acción de tutela dirigidas a la
construcción de un muro de contención, no se enmarcan dentro de sus
competencias y su objeto principal, el cual en virtud de lo establecido en el
Decreto 2618 de 2013 es la ejecución de las políticas, estrategias, planes,
programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial
Nacional de carreteras primaria, terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura
marítima bajo los lineamientos del Ministerio de Transporte. En ese marco, solicitó
que se desvincule del trámite constitucional.
Bajo las mismas razones, aseveró que la entidad no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, por lo que también pidió que se
nieguen las pretensiones de la demanda.
6.3. Respuesta de la Dirección General Marítima
La señora capitana de Puerto de Bahía Solano pidió que se declare improcedente
la acción de tutela respecto de la entidad o, en su defecto, que se nieguen las
pretensiones de la demanda teniendo en cuenta que no ha vulnerado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.
En primer término, señaló que el Decreto 2324 de 1984 reorganizó la Dirección
General Marítima como una dependencia interna del Ministerio de Defensa
Nacional agregada al Comando de la Armada Nacional y le otorgó el tratamiento
de Autoridad Marítima Nacional. Explicó que tiene a su cargo la ejecución de las
políticas del Gobierno Nacional en materia marítima, por lo que no tiene
competencia para atender las pretensiones de la parte accionante, así como
tampoco le consta la afectación por la creciente del río Valle a la que se hace
referencia.
Manifestó que el 25 de octubre de 2022, los accionantes formularon petición ante
esa entidad, la cual fue contestada a través del correo electrónico proporcionado
para tal efecto el 21 de noviembre de 2022, por lo que no se vulneró el derecho
fundamental de petición.
Sobre ese punto, indicó que la ley no le asignó competencias relacionadas con la
construcción de muros de contención o de obras necesarias para garantizar la
prestación de servicios públicos, así como tampoco la declaratoria de urgencia
manifiesta. De igual modo, en relación con la velocidad de las motonaves que
transitan en la zona del corregimiento de El Valle el municipio de Bahía Solano,
explicó que la misma se encuentra regulada a través de la Resolución No. 0386 de
2012 que prohíbe “Navegar a velocidades superiores a quince (15) nudos en
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bahías internas y canales de acceso o 25 nudos en aguas exteriores, sin
autorización especial para ello”.
En ese orden, aseveró que no ha vulnerado los derechos fundamentales a la vida
e igualdad de la parte actora, teniendo en cuenta que no tiene injerencia en las
circunstancias que consideran como causa de la vulneración ius fundamental.
6.4. Respuesta del municipio de Bahía Solano
El alcalde municipal pidió que se declare improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.
Afirmó que la afectación a la que hacen referencia los accionantes obedece a un
fenómeno de la naturaleza que produce cambio de mareas, el cual está causando
una afectación a la población del corregimiento de El Valle. Aseveró que la
administración municipal no ha sido indiferente frente a esa situación, pues “ha
realizado las acciones correspondientes para buscar solución inmediata y
adecuada”, particularmente se refirió a la presentación de “un proyecto de cara a
obtener los recursos para la construcción de un muro de contención en la zona
rivereña que se está erosionando”.
6.5. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación
El Jefe de la Oficina Jurídica, a través de apoderado, pidió que se desvincule a la
entidad del trámite constitucional o, que se nieguen las pretensiones de la
demanda.
Afirmó que la petición a la que hacen referencia los accionantes no estuvo dirigida
a la Procuraduría General de la Nación, por lo que en lo pertinente a la vulneración
del derecho fundamental de petición existe falta de legitimación en la causa por
pasiva.
En todo caso, manifestó que el 16 de diciembre de 2022 la Procuraduría Regional
de Instrucción del Chocó asistió a una reunión con la comunidad del Corregimiento
de El Valle, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres, el alcalde municipal de Bahía Solano, el comandante del Batallón de
Infantería No. 23, el comandante de la Estación de Policía de Bahía Solano en la
cual se abordó la problemática expuesta en la acción de tutela y se llegaron a
unos compromisos sobre los cuales el Ministerio Público realiza el respectivo
seguimiento.
Al respecto, indicó que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres
ya viene adelantando las acciones tendientes para conjurar la situación y proteger
a la población afectada. En concreto, se refirió a la visita realizada entre la semana
del 16 al 20 de enero de 2023 por funcionarios de dicha entidad para generar un
diagnóstico que permita saber con certeza las condiciones de la zona y poder
tomar las decisiones que conlleven una solución definitiva de la problemática.
Finalmente, puso de presente que por estos mismos hechos cursa en el Tribunal
Administrativo de Chocó una acción popular promovida por el personero municipal
de Bahía Solano, radicación No. 27001233300020220011600.
6.6. Respuesta del Ministerio del Interior
La jefe de la Oficina Jurídica pidió que se declare la carencia actual de objeto por
hecho superado, teniendo en cuenta que el 24 de enero de 2023 por oficio No.
2023-2-001303-001736 se dio respuesta a la petición a la que hacen referencia los
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Actor: Edilson Porfirio Flórez Bermúdez y otros
accionantes. Afirmó que se le informó que por oficio No. 2023-2-001303-001731
de la misma fecha se remitió por competencia la solicitud a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.
6.7. Respuesta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
El Jefe de la Oficina Jurídica alegó la falta de legitimación de la causa por pasiva,
al considerar que de acuerdo con el Decreto 846 de 2021 la entidad tiene a su
cargo cumplir el mandato constitucional referente a la elaboración y actualización
del mapa oficial de la República y desarrollar las políticas y planes del Gobierno
Nacional en materia de cartografía, agrología catastro y geografía, mediante la
producción, análisis y divulgación de información catastral y ambiental
georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y
ordenamiento territorial.
En ese marco, afirmó que no tiene competencia para ejecutar las obras solicitadas
por los accionantes, así como tampoco tramitar su solicitud ante las entidades
competentes.
Finalmente, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda dirigidas
contra la entidad, teniendo en cuenta que no tiene competencia en la situación
planteada en la acción de tutela.
6.8. Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
El director de la Regional Chocó solicitó que se declare improcedente la acción de
tutela respecto de la entidad, porque no se cumple el requisito de legitimación en
la causa por pasiva, toda vez que no tiene competencia para atender las
pretensiones de la parte actora.
En todo caso, advirtió que las familias del corregimiento de El Valle se encuentran
en condición de vulnerabilidad y sus integrantes son sujetos de especial
protección constitucional porque son madres cabeza de familia y menores de edad
que requieren la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades
competentes para ubicarlas en albergues transitorios mientras son reubicados en
lugares seguros y con garantías del derecho fundamental a la vivienda digna.
En relación con la petición objeto de la acción de tutela, puso de presente que por
oficio No. 20221252000025 de 31 de octubre de 2022 se dio respuesta a la
petición formulada por el señor Ramiro Saavedra Mosquera y otros, la cual fue
enviada al correo electrónico aportado para tal efecto. En la misma, se informó
sobre la falta de competencia para atender las peticiones por lo que se remitió a la
Alcaldía Municipal de Bahía Solano, Gobernación de Chocó, Unidad Nacional para
la Gestión de Riesgo de Desastres y a la Defensoría del Pueblo Regional Chocó.
Manifestó que la Presidencia de la República remitió el escrito a las entidades
competentes para resolverlas de fondo, tales como la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, el Ministerio del Interior, la Secretaría Municipal
del Interior del Chocó, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio
de Educación Nacional y la Dirección General Marítima y Portuaria.
6.9. Respuesta de la Presidencia de la República
La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda dirigidas al amparo del
derecho fundamental de petición, y que se declare improcedente la acción de
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Actor: Edilson Porfirio Flórez Bermúdez y otros
tutela en lo que atañe con la construcción de un muro de contención porque no
tienen competencia para ejecutar esa obra.
Refirió que son conscientes de las afectaciones que está causando la ola invernal
y el fenómeno de la Niña en el territorio Nacional, por lo que expresó su
solidaridad con las familias afectadas en el municipio de Bahía Solano, sin
embargo, afirmó que se opone a las pretensiones de la demanda.
Al respecto, señaló que de acuerdo con el sistema único de gestión documental de
la Presidencia de la República, el 25 de octubre de 2022 los actores radicaron
ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – DAPRE
una petición dirigida a varias autoridades públicas, entre ellas, el Presidente y la
Vicepresidenta de la República.
Afirmó que el 17 de noviembre de 2022, a través de oficio No. OFI22-00146522 se
dio respuesta a la solicitud en el sentido de informar que de conformidad de lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 se dio traslado de la misma a
las autoridades competentes para atenderla de fondo, tales como “a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, Ministerio de Interior,
Secretaría Municipal de Interior del Chocó, Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Ministerio de Educación Nacional y Dirección General Marítima y
Portuaria”, con lo que quedó claro para los peticionarios que “el DAPRE, el
Presidente de la República ni su vicepresidenta ostentan competencias que les
permitan disponer sobre la construcción de muros de contención en entidades
territoriales u ordenar el desvío de caudales”.
En ese marco, afirmó que no es posible considerar que se vulneró el derecho
fundamental de petición a los accionantes, a lo que agregó que tampoco se puede
estimar así por el hecho de no haberse accedido a las solicitudes.
De igual modo, señaló que la acción de tutela no es el medio idóneo para reclamar
la expedición de actos de gobierno que involucran decisiones que, de conformidad
con el ordenamiento jurídico, corresponden a las facultades regladas del Gobierno
Nacional que están sujetas a requisitos y procedimientos que la Constitución
Política y la ley imponen para estos eventos, como es el caso de declarar un
estado de emergencia económica y social, como lo pretende la parte actora.
Sobre ese particular, señaló que por medio del Decreto 2113 de 2022 el Gobierno
Nacional declaró una situación de desastre en el territorio nacional por el término
de doce meses y se encargó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres -UNGRD-, el desarrollo de un “Plan de Acción Específico para la
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, con una visión de
adaptación al cambio climático basada en soluciones de la naturaleza y
participativa, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas
o privadas que deban contribuir a su ejecución, y en el ámbito de sus
competencias”, en el marco de la política nacional establecida en la Ley 1523 de
2012 que dispone que en el orden territorial corresponde a los gobernadores
coordinar la política sobre riesgo de desastres. Agregó que la citada ley establece
las entidades públicas, privadas y comunitarias, así como las políticas, procesos,
planes, estrategias, instrumentos y mecanismos que deben aplicarse para
garantizar la gestión del riesgo en el país.
Para terminar, consideró que no hay lugar a aplicar la figura del silencio
administrativo positivo, primero porque sí hubo respuesta a la petición formulada
por la actora y porque no se presentan las circunstancias establecidas en el
ordenamiento jurídico para tal efecto.
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6.10. Respuesta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres
A través de apoderado, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica afirmó que el 22 de
diciembre de 2022 dio respuesta a la petición formulada por los habitantes del
corregimiento de El Valle en el municipio de Bahía Solano, la cual fue enviada a
los correos electrónicos indicados. De acuerdo con ello, consideró que se
configuró carencia actual de objeto por hecho superado, en lo pertinente con el
derecho fundamental de petición.
En relación con las pretensiones dirigidas a que se construya un muro de
contención, afirmó que el 28 de septiembre de 2022 el municipio de Bahía Solano
radicó ante esa entidad el proyecto “Construcción de obras de protección,
corrección y prevención en la margen derecha a izquierda del río Valle, en el
corregimiento El Valle, del municipio de Bahía Solano, departamento de Chocó”,
sin embargo, se encontró que el mismo no cumple con la metodología establecida
para la presentación de proyectos ante el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres (FNGRD) y no tenía los soportes para proceder a la evaluación y
determinar la cofinanciación del mismo, por lo tanto, fue devuelto.
6.11. Respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social
El director técnico de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud y Protección
Social manifestó que el 27 de octubre de 2022 por oficio No 202242402127071 se
dio respuesta a la petición formulada por los accionantes y que la misma fue
enviada a los correos electrónicos proporcionados. Afirmó que se le informó sobre
la remisión por competencia a las autoridades competentes.
De igual modo, manifestó que la Subdirección de Salud Ambiental por medio del
memorando interno No. 22321300030813 se pronunció sobre la construcción del
acueducto, agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, en el que indicó
que dichas obras son competencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y
las alcaldías municipales.
En ese orden, aseveró que no ha vulnerado o amenazado los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que de acuerdo con las
competencias asignadas legalmente tiene a su cargo la dirección, coordinación,
ejecución y evaluación de la política pública en materia salud, salud pública y
promoción social en salud dentro de las cuales no se ubica alguna relacionada con
las pretensiones de la demanda.
6.12. Respuesta del señor Ramiro Saavedra Mosquera
El señor Saavedra Mosquera señaló que es habitante del corregimiento de El
Valle del municipio de Bahía Solano y que se ha visto afectado por la no
construcción de un muro de contención para evitar el desbordamiento del río Valle,
la falta de un sistema de acueducto y alcantarillado y el suministro de agua
potable, por lo que, en distintas oportunidades, ha convocado a la comunidad para
reclamar ante las autoridades nacionales y territoriales la garantía de sus
derechos fundamentales vulnerados por la ausencia de los servicios públicos
domiciliarios básicos y el riesgo por el desbordamiento del río.
En ese sentido, indicó que han ejecutado varias actuaciones para visibilizar la
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los 65.000 habitantes del
municipio y requerir que, bajo la aplicación de un enfoque diferencial en favor de
población afrocolombiana, palenquera y raizal, se adopten las medidas necesarias
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para protegerlos del riesgo que se encuentran por las crecientes del río, pues
afirmó, se han destruido completamente 80 viviendas.
En ese marco, solicitó que se acceda a las pretensiones de la demanda de tutela
porque las entidades demandadas no han dado respuesta de fondo a la petición
formulada el 26 de octubre de 2022.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento de los problemas jurídicos
2.1. De la lectura del escrito de tutela se observa que la parte actora alega como
causas de la presunta vulneración ius fundamental invocada: (i) la falta de
respuesta a la petición formulada ante varias autoridades nacionales y territoriales
el 26 de octubre de 2022 y (ii) la omisión en la construcción de un muro de
contención en el río Valle para mitigar el riesgo de inundaciones, las cuales serán
abordadas de manera separada.
2.2. Sobre la primera cuestión, le corresponde a la Sala establecer si las
autoridades administrativas demandadas vulneraron los derechos fundamentales
a la salud, vida digna, vivienda digna por la tardanza en la construcción del muro
de contención en el río Valle que, a juicio de la parte actora, se requiere para
mitigar el riesgo de inundación por el desbordamiento de ese afluente.
2.3. Respecto de la segunda, la Sala debe determinar si las autoridades
administrativas accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición de los
accionantes por la falta de respuesta a la petición radicada el 26 de octubre de
2022, dirigida a que se construyera un muro de contención, la construcción de un
sistema de acueducto y alcantarillado y que se regulara las velocidades de las
motonaves.
3. Generalidades de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
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4. Estudio del caso concreto
4.1. Solución al primer problema jurídico. La acción de tutela no cumple el
presupuesto de subsidiariedad en relación con la construcción de un muro
de contención por cuanto está en curso una acción popular
4.1.1. La primera cuestión que la Sala debe definir radica en la procedencia de la
acción de tutela para reclamar a las autoridades demandadas que construyan un
muro de contención en el río Valle que, a juicio de la parte actora, se requiere para
mitigar el riesgo de inundaciones por el desbordamiento de su cause en el
corregimiento de El Valle en el municipio de Bahía Solano.
En efecto, sobre este punto, los accionantes relataron que las fuertes lluvias han
provocado el desbordamiento del río inundando los terrenos en donde se
encuentran construidas las casas de los habitantes de ese corregimiento y que 80
inmuebles han sido completamente arrastrados por las aguas, dejando a las
familias sin una vivienda digna. Agregaron, que el riesgo de que esto ocurra
nuevamente es inminente y mantiene a los habitantes con temor de perder la vida,
así como sus bienes y enseres, por lo que requieren que se construya el muro de
contención en el río con el fin de desviar el cauce del río y evitar que cuando se
presenten desbordamientos el agua llegue hasta sus hogares.
Finalmente, los accionantes manifestaron que han solicitado a las autoridades
demandadas que se ejecuten las actividades necesarias para la construcción del
muro de contención, sin embargo, no han obtenido una solución definitiva.
4.1.2. Sobre el requisito de la subsidiariedad en la acción de tutela, el artículo
86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela
para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que
dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”.
Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros
medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o,
en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de
protección.
A su turno, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de
tutela es improcedente cuando existen otros medios de defensa judicial, a menos
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, en
los siguientes términos:
“(..) La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentre el solicitante”.
Tanto la Constitución Política como el Decreto 2591 de 1991, dan la posibilidad al
juez de tutela de valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar
si la acción de tutela es procedente o si, por el contrario, existen otros medios
jurídicos que permiten satisfacer los derechos fundamentales del actor.
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Siguiendo estos parámetros, la jurisprudencia constitucional ha extendido los
efectos del requisito de subsidiariedad, al considerar que el sólo hecho de que
existan otros medios de defensa judicial, no hace que automáticamente la acción
de tutela se torne improcedente, ya que bajo ciertas circunstancias el carácter
subsidiario y residual de la misma puede llegar a tener algunas excepciones. Así
lo precisó la Sala Plena de la Corte Constitucional en sentencia SU- 263 de 20153:
“(i) Cuando los medios ordinarios de defensa judicial no son lo suficientemente
idóneos y eficaces para proteger los derechos presuntamente conculcados;
(ii) Aun cuando tales medios de defensa judicial sean idóneos, de no concederse la
tutela como mecanismo transitorio de protección, se produciría un perjuicio
irremediable a los derechos fundamentales.
(iii) Cuando el accionante es un sujeto de especial protección constitucional (personas
de la tercera edad, personas discapacitadas, mujeres cabeza de familia, población
desplazada, niños y niñas, etc.), y por tanto su situación requiere de particular
consideración por parte del juez de tutela”4. (Negrilla por fuera del texto)
De esta forma, el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, ha servido
para restringir su procedencia, como quiera que el sistema judicial permite a las
personas valerse de diversas acciones ordinarias y extraordinarias que pueden ser
eficaces para la defensa de sus derechos5, ya que si bien, la regla de la
subsidiariedad debe aplicarse de forma general para determinar la procedencia de
la acción de tutela, el juez constitucional puede llegar a intervenir en algunos
casos en los que se demuestre que no existe otro medio de defensa judicial o que
a pesar de existir no es idóneo ni eficaz, cuando se pretenda evitar un perjuicio
irremediable o cuando el accionante es un sujeto de especial protección
constitucional, lo anterior, teniendo en cuenta que la finalidad de la acción de
amparo es la protección de los derechos fundamentales.
En conclusión, para la procedencia de la acción de tutela cuando exista otro medio
de defensa judicial, el juez constitucional debe tener en cuenta la eficacia e
idoneidad del otro medio, o si se encuentra frente a un perjuicio irremediable,
circunstancias que son determinantes a fin de valorar la procedencia formal del
amparo constitucional.
4.1.3. Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la parte actora tiene a
su disposición otro mecanismo de defensa para reclamar la protección de los
derechos e intereses colectivos de la población del corregimiento de El Valle,
previo a la radicación de la solicitud de amparo, por lo que no cumple con el
requisito general de la subsidiariedad.
En efecto, la pretensión de que se construya un muro de contención en el río Valle
para mitigar el riesgo de inundación es un asunto que debe definirse a través de la
acción popular consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política que
dispone que “la ley regulará las acciones populares para la protección de los
derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la
seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre
competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”.
En desarrollo de ese mandato superior se expidió la Ley 472 de 1998, “Por la cual
se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con
3
Véase al respecto: Corte Constitucional, sentencia T-656 de 2006, M.P. María Victoria Calle Correa,
sentencia T-435 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-768 de 2005 M.P. Jaime Araújo Rentería,
sentencia T-651 de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, y T-1012 de 2003 M.P. Eduardo Montealegre
Lynett.
4
Corte Constitucional, sentencia SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
5
Corte Constitucional, sentencia T-301 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”,
en cuyo artículo 2° establece que el objeto de la acción popular consiste en evitar
el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio
sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior,
cuando ello fuere posible. Conforme con lo anterior, su finalidad consiste en la
protección de un tipo especial de derechos e intereses.
Esta misma disposición en su artículo 4 establece que son derechos e intereses
colectivos los relacionados con “a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con
lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; b) La
moralidad administrativa; c) La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies
animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; d) El
goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; e) La
defensa del patrimonio público; f) La defensa del patrimonio cultural de la Nación; g) La
seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que
garantice la salubridad pública; i) La libre competencia económica; j) El acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna; k) La prohibición
de la fabricación, importación, posesión, uso de armas químicas, biológicas y nucleares,
así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares o tóxicos; l) El
derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; m) La
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando
las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes; n) Los derechos de los consumidores y
usuarios”.
Al respecto, el Consejo de Estado ha definido el derecho colectivo como “aquél que
está en cabeza de una comunidad entera, que se diferencia de un derecho individual cuya
titularidad recae en una persona determinada. En ese orden de ideas, la prosperidad de
las pretensiones en la acción popular está establecida en la acción y omisión de
autoridades públicas o particulares que amenacen o violen un derecho colectivo. Así, con
el ejercicio de una acción popular no se pretende la protección de un derecho individual
6
reclamado por varias personas, ni la acumulación de pretensiones .
La Corte Constitucional en sentencia C-215 de 1999, por medio de la cual se
estudió una acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 11, 12
(parcial), 13, 27, 30, 33, 34 (parcial), 45, 46, 47, 48 (parcial), 50, 53 (parcial), 55,
65 (parcial), 70 (parcial), 71, 73, 85 y 86 de la Ley 472 de 1998, indicó que “en el
seno de la Asamblea Nacional Constituyente hubo claridad en cuanto tiene que ver con el
carácter público de las acciones populares en defensa de intereses colectivos, en cuanto
“... se justifica que se dote a los particulares de una acción pública que sirva de
instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los
conflictos que pudieren presentarse, bien de evitar los perjuicios que el patrimonio común
pueda sufrir”.
Por lo anterior, se observa que desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta el
mismo legislador y la Corte Constitucional han considerado que existe un
mecanismo judicial idóneo para la defensa del interés colectivo y el patrimonio
común, diferente a la acción de tutela.
En efecto, la Sala evidencia que la Procuraduría General de la Nación informó que
en el Tribunal Administrativo del Chocó cursa la acción popular promovida por el
Personero Municipal de Bahía Solano contra la Presidencia de la República, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión del
6
Sentencia de 2 de octubre de 2014. M.P. Gustavo Gómez Aranguren. Expediente No. 2007-00735-01.
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Riesgo de Desastres, el departamento de Chocó, el municipio de Bahía Solano y
la Corporación Autónoma Regional para el desarrollo sostenible del Chocó
“CODECHOCO”, radicado No. 27001233300020220011600, que gira en torno a la
misma problemática que pone de presente la parte actora en la presente acción de
tutela, relativa a la afectación de la comunidad del corregimiento de El Valle en el
municipio de Bahía Solano por el desbordamiento del río Valle.
Al respecto, la Sala consultó el sistema SAMAI7 y evidenció que en la demanda se
pone de presente dichas circunstancias y, en ese marco, se formularon las
siguientes pretensiones:
“Acorde con el inciso 2 del artículo 3 de la Ley 472 de 1998, el objeto de la acción
popular radica en evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la
vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a
su estado anterior cuando ello fuere posible. Por su parte, el artículo 9 de la misma
disposición prevé que tal instrumento procede contra toda acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares, es por esto que, este agente del Ministerio
Público le solicita a usted señor juez les ordene a las entidades accionadas lo
siguiente:
PRIMERO: Ordenar al La Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, que en coordinación
con la Gobernación del Chocó, Presidencia de la República de Colombia, Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, CODECHOCO, Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio, y las entidades del orden Nacional responsables frente a
la atención y prevención de riesgos, en el marco de sus competencias constitucionales,
legales y reglamentarias: adelanten las gestiones administrativas, presupuestales y
financieras ante las autoridades competentes para obtener la realización de los
trabajos que sean necesarios para la canalización, limpieza y destronque del río
Valle en las zonas propensas a desbordamientos, así como los trabajos que sean
necesarios para mitigar el impacto negativo que está generando a los habitantes
de los barrios Mira flores y la Unión del corregimiento del Valle, de igual manera
realizar la construcción de un muro de protección al margen del río en la zona del
barrio Mira flores y la Unión, teniendo en cuenta los principios de concurrencia,
subsidiaridad y coordinación previstos en la Ley 1523 y las competencias establecidas
en el Decreto Ley 4819 de 2010 y, así evitar que se sigan vulnerando los derechos e
intereses colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente
y calidad de vida de los habitantes de estos barrios, de no ser viable la construcción
de muros de contención en dichos sectores, se estructuré un proyecto de
reubicación y acceso a viviendas de las familias que se encuentran en riesgo, y
que dicha reubicación se realice a un terreno que ofrezca garantías para acceder
a servicios públicos y vías de acceso.
SEGUNDO: Ordenar a La Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, que en coordinación
con la Gobernación del Chocó , Presidencia de la República, Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, CODECHOCO, Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, estructuren y gestionen un Plan de Acción, con actividades a corto,
mediano y largo plazo, encaminadas a proteger la vida, bienes e integridad
personal de los habitantes de los barrios Mira Flores y la Unión del corregimiento
del Valle y así evitar la consumación de riesgos que afecten su derechos e
interés colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles. Dicho
plan deberá conformar mesas técnicas que contribuyan a su estructuración.
República de Colombia Departamento del Choco Municipio de Bahía Solano.
TERCERO: Ordenar a CODECHOCO que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias y en desarrollo de los principios de
solidaridad, coordinación, concurrencia y subsidiaridad positiva: i) apoye al Municipio
de Bahía Solano en la implementación de los procesos de gestión de riesgo y en los
estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo; ii) realice
actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres en el
corregimiento del Valle - Bahía Solano, en coordinación con el Municipio, así como con
las autoridades competentes; y iii) asista al Municipio de Bahía Solano y a las demás
autoridades que tengan competencias en materia de prevención del riesgo en este
territorio, en aspectos medio ambientales en la prevención y atención de emergencias y
desastres.
7
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx#DT_listadoprocs.
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CUARTO: Ordenar a las entidades accionadas realizar urgentemente los trabajos de
mitigación del riesgo en las zonas ya descritas.
QUINTO: Las demás que consideren los honorables magistrados, con el objetivo de
proteger a los habitantes de los barrios Mira Flores y la Unión y sus derechos a la vida,
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. (Negrillas fuera del texto
original)
Del mismo modo, se acreditó que la demanda fue admitida por auto de 14 de
diciembre de 2022 y se encuentra en trámite como lo muestra la siguiente imagen:
Ahora bien, la parte actora no informó sobre la existencia de este proceso judicial
por lo que tampoco demostró las razones por las cuales considera que, pese a
que está en trámite la acción popular, la intervención del juez constitucional se
hace necesaria, imperiosa y urgente para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable y de lo que obra en el expediente la Sala tampoco puede constatarlo.
Todo lo contrario, de las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la
Nación se evidencia que las autoridades administrativas de orden nacional y
territorial ha estado en la procura de adelantar acciones afirmativas para atender
la problemática que se presenta en el corregimiento del El Valle.
En ese sentido, se observa que el 16 de diciembre de 2022 se reunieron el alcalde
Municipal de Bahía Solano, la secretaria general de la Alcaldía Municipal de Bahía
Solano, el comandante del Batallón de Infantería de Marina 23, el comandante de
la Estación de Policía Distrito E, el personero municipal, el director de la Unidad
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Procuradora Regional Chocó y
representantes de la comunidad del corregimiento de El Valle.
En esa ocasión se elevó el Acta No. 001 en la que constan las intervenciones de
los asistentes, particularmente, sobre la construcción del muro de contención se
advirtió la ineficacia del mismo para resolver de manera definitiva la problemática
presentada, por lo que se consideró la necesidad de definir otras alternativas y, en
ese marco, se llegaron a los siguientes compromisos
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Refuerza lo anterior, que de acuerdo con lo señalado por la Procuraduría General
de la Nación, esa entidad ha efectuado el seguimiento al cumplimiento de estos
compromisos y aseguró que “la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de
Desastres ya viene adelantando las acciones tendientes para conjurar la situación
y proteger a la población afectada, constancia de ello es que, en días pasados,
entre la semana del 16 al 20 de enero de 2023, funcionarios de dicha entidad
realizaron la visita técnica en terreno para levantar un diagnóstico que permita
saber con certeza las condiciones de la zona y poder tomar las decisiones que
conlleven a una solución definitiva de la problemática”.
De conformidad con lo expuesto, en relación con el primer problema jurídico la
acción de tutela fue presentada con desconocimiento del requisito de la
subsidiariedad, en concreto lo relativo a que se ordene a las autoridades
administrativas demandadas la construcción de un muro de contención en el río
Valle para mitigar el riesgo de inundación por lo que, sobre ese punto, se
declarara la improcedencia.
4.1.4. Otro aspecto que la Sala considera importante resaltar en esta providencia
es lo manifestado por la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que
el 16 de diciembre de 2022 la Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó
asistió a una reunión con la comunidad del Corregimiento de El Valle, el Director
de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, el alcalde
municipal de Bahía Solano, el comandante del Batallón de infantería No. 23, el
comandante de la Estación de Policía de Bahía Solano en la cual se abordó la
problemática expuesta en la acción de tutela y se hicieron unos compromisos
sobre los cuales, afirmó, ese ente se encuentra realizando el respectivo
seguimiento.
Sobre el particular, la Sala destaca la labor que ha venido realizando la
Procuraduría General de la Nación en el marco de sus competencias
constitucionales consagradas en el artículo 277 de la Constitución Política, en
especial las de “1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes (…). 2.
Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del
Defensor del Pueblo. 4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas,
cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de
los derechos y garantías fundamentales”. En efecto, como se indicó en la
contestación de la acción de tutela ha venido ejerciendo vigilancia sobre las
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actuaciones que deben adelantar las entidades que tienen a su cargo la solución
definitiva a la problemática que expone la comunidad del corregimiento del El
Valle, quienes por sus condiciones de vulnerabilidad en las que han vivido por
razones de pobreza, los ubica como sujetos de especial protección constitucional
por pertenecer a una comunidad afrocolombiana.
En ese marco, la Sala resalta la necesidad de que la Procuraduría General de la
Nación siga haciendo seguimiento para la búsqueda de soluciones definitivas, por
lo que la invitará para que continúe realizando la verificación del cumplimiento de
los compromisos a los que lleguen las autoridades administrativas involucradas en
solución definitiva a la problemática que enfrenta la población del corregimiento de
El Valle por el desbordamiento del río Valle.
5. Solución al segundo problema jurídico. Constatación respecto de cada
una de las entidades demandadas de la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición
5.1. Los accionantes consideraron vulnerado el derecho fundamental de petición
por la falta de respuesta de fondo a la petición radicada ante las entidades
demandadas el 26 de octubre de 2022, con el fin de que se atendieran las
siguientes solicitudes:
“Solicitando de manera urgente y utilizando un enfoque diferencial a favor de la
población negra, afrocolombiana, palenquera, raizal, indígena y mestiza que se enviar
enviara “una comisión técnica, perita y experta de profesionales al territorio
corregimiento EL VALLE del municipio de Bahía Solano – Chocó, para el estudio del
MURO DE CONTENCION y Ordenar la construcción del Muro de Contención en el Rio
Valle del corregimiento del Valle municipio del departamento del Chocó,
específicamente en la parte oriental – subiendo al lado izquierdo de la rivera, toda vez
que este rio ha causado daño irreversibles a la población, cada que llueve sus aguas
aumentan, el pueblo se inunda y por causa del rio más o menos 80 bienes inmuebles
han desaparecido, llevando consigo los muebles y otros enseres de personas
humildes, pobres y trabajadores, ahora de no ser así:
A – Ordenar su desvió de forma segura para los habitantes del Corregimiento EL
VALLE y por ende que este no cause daño.
• Ordenar y declarar la URGENCIA MANIFIESTA por la evidencia del daño por la ola
invernal que es casi todo el año en la población del corregimiento del VALLE –
MUNICIPIO DE BAHIA SOLANO – CHOCÓ, por la situación actual que padece por
falta de la construcción del muro de contención y la construcción del acueducto, agua
potable, alcantarillado y saneamiento ambiental, toda vez que esta es una de las
causas de enfermedades en sus habitantes e incluso causando muertes, entre otras
problemáticas
• Ordenar la construcción de un acueducto con agua potable, alcantarillado y
saneamiento ambiental de forma digna para los habitantes AFROCLOMBIANOS –
NEGROS – INDIGENAS Y MESTIZOS de forma digna para evitar en sus habitantes
enfermedades o patologías irreversibles que causan e incluso la muerte.
• Ordenar al competente para que las personas regulen la velocidad de las lanchas con
sus motores al salir y entrar al RIO VALLE y la BOCANA al MAR del corregimiento EL
VALLE – municipio de Bahía Solano – Chocó.
• Solicitamos a todos los medios de comunicación, CARACOL – RCN y demás para
que se desplacen al territorio, se visibilicen e informe al mundo las problemáticas que
padecemos los habitantes del Corregimiento EL VALLE – CHOCÓ, hacerle
seguimiento.
• Solicitamos restablecer los principios y derechos constitucionales fundamentales y
humanos a la población del Corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano
(Chocó)”.
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Se observa que la petición se encuentra dirigida al Presidente de la República, a la
Vicepresidenta de la República, a los Ministros del Interior, de Vivienda, Ciudad y
Territorio, de Salud y Protección Social y de Educación, a la directora del ICBF, al
Gobernador del departamento de Chocó, al director de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, a la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó, al director de la Defensa Civil Colombiana, al
Alcalde Municipal de Bahía Solano, los embajadores en Colombia de Estados
Unidos y de España, al director del Banco Mundial, al director del Banco
Interamericano de Desarrollo, a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, al director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la Dirección
General Marítima y a los directores de Caracol TV y RCN TV, la cual fue radicada
el 26 de octubre de 2022.
Sin embargo, de las quince (15) guías de envío de la empresa 472 aportadas por
la parte actora, se evidencia que la petición fue efectivamente radicada en las
siguientes entidades: Gobernación de Chocó, Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Corporación Nacional para el Desarrollo del Chocó -
Codechocó-, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación
Nacional, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio
del Interior, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y
Protección Social, Defensa Civil de Colombia, Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, Alcaldía Municipal de Bahía Solano, Director General Marítimo y
Procuraduría General de la Nación.
Además, se observa que la parte actora dirigió la acción de tutela contra las
siguientes autoridades, “PRESIDENTE DE COLOMBIA GUSTAVO PETRO
URREGO -FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA VICEPRESIDENTA DE LA
REPUBLICA DE COLOMBIA. -ALFONSO PRADA GIL. MINISTRO DEL
INTERIOR INSTITUTO DE COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(CONCEPCION BARACALDO ALDANA) -CATALINA VELASCO CAMPUZANO.
MINISTRA DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO. -CAROLINA CORCHO
MEJÍA. MINISTRA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. --WILLIAM DARWIN
HALABY GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ JAVIER PAVA
SÁNCHEZ DIRECTOR DE LA UNIDAD NACIONAL DE RIESGO Y DESASTRE
DE COLOMBIA -ULMER MOSQUERA GUTIÉRREZ. ALCALDE DEL MUNICIPIO
DE BAHÍA SOLANO CHOCÓ”, por lo que se entiende que fueron estas las
entidades que considera la actora vulneraron el derecho fundamental de petición
al no resolver de fondo la solicitud radicada el 26 de octubre de 2022 y que las
actuaciones administrativas desplegadas frente a la misma se han limitado a la
remisión a otras entidades, sin que a la fecha de presentación de la acción de
tutela -14 de diciembre de 2022-, hubieren obtenido una respuesta de fondo a sus
peticiones.
Ahora bien, la Sala debe precisar que en el acápite de pretensiones de la
demanda, la parte actora, en los ordinales primero y segundo de manera
específica pidió que se amparara el derecho fundamental de petición, y para
materializar dicha protección solicitó que se ordenara a la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, a la Vicepresidenta de la República de
Colombia, al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar y a la Alcaldía Municipal de Bahía Solano, responder de fondo y
de manera congruente la petición formulada el 21 de octubre de 2022. De igual
modo, pidió que se ordene al alcalde municipal de Bahía Solano que indique
“acerca de si presento proyecto, radicado, fecha y la gestión que ha realizado ante
el alto gobierno para la ejecución del muro de contención en el rio Valle y que él
(alcalde) rinda informe en ese sentido a la comunidad de El Valle”.
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De acuerdo con lo anterior, la Sala entiende que la parte actora considera,
específicamente, que la vulneración del derecho fundamental de petición se
produce por la omisión de las entidades relacionadas en las pretensiones de la
demanda, por lo que el estudio del caso concreto se limitará a las mismas, para lo
cual verificará si respondió o no la citada petición y si la respuesta fue enviada a
los correos electrónicos proporcionados para tal efecto8.
En esas condiciones, se negarán las pretensiones de la acción de tutela en
relación con la Presidencia de la República y los Ministerios del Interior y de Salud
y Protección Social, por cuanto no se incluyeron en las pretensiones de la acción
de tutela, a lo que se agrega que en los escritos de contestación indicaron que las
solicitudes presentadas por la parte actora fueron remitidas por competencia a
diferentes autoridades administrativas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011. De igual modo, respecto de la Gobernación
del Chocó, quien guardó silencio en el trámite constitucional.
5.2. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de
petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía
fundamental. En la sentencia T-1160A de 20019, esa corporación judicial señaló:
“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión.
b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe
resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser
puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se
incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.
d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita.
e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a
quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones
privadas cuando la ley así lo determine.
f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante
particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta
un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición
opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de
petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho
fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige
contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho
fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene
la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se
acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días
para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad
o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se
realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término
8
ramosa1900 hotmail.hotmail.com o ramosa1900 mail.com.
9
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado
las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del
término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.
h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación
de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de
petición.
i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta
una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.
Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 199410”. .
Mediante la sentencia T-1006 de 2001,11 la Corte adicionó dos reglas
jurisprudenciales más:
j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del
deber de responder”;12
k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su
respuesta al interesado13”.
Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte
Constitucional precisó que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva
de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que
éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe
ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo
razonable, que debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo
o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la
materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin
evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, independiente de que la respuesta
sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción
de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de
fondo o material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor
que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite
de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en
principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la
respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para
llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato
explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia
de ello.
Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte,
el derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo
10
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
11
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP.
Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el
traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un
elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia,
constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente
formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración
elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de
conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
13
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
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a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular
sobre la respuesta adoptada por la entidad”14. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones.
Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará
sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado
respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no
podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30)
días siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará
respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se
garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa y dentro
de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las situaciones
contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez constitucional mediante fallo de
tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir una respuesta conforme a los
lineamientos trazados”15.
Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición
conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones,
de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos establecidos por la ley,
siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela.
En el asunto bajo examen, con el fin de resolver el segundo problema jurídico
propuesto, el cual gravita en la supuesta vulneración del derecho fundamental de
petición de los accionantes, la Sala deberá verificar si las autoridades
administrativas que, a juicio del actor, omitieron su deber de resolver la petición
formulada el 26 de octubre de 2022 (supra 5.1), dieron o no respuesta de manera
oportuna, de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y si la
misma fue puesta en conocimiento del peticionario.
5.2.1. Asunto en el que se presenta carencia actual de objeto por hecho
superado
La Sala observa que respecto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres se configura el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho
14
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01).
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superado, teniendo en cuenta que en el trámite de la acción de tutela proporcionó
respuesta a la petición de 26 de octubre de 2022 y, por lo tanto, hubo satisfacción
a las pretensiones de la acción de tutela, esto es, que se ordenara a las
autoridades demandadas resolver de fondo y de manera clara y congruente su
solicitud.
Sobre el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, cabe resaltar
que en sentencia SU-274 de 2019, la Corte Constitucional reiteró que “ante la
alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su
eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto
de hecho que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el
juez constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción
consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.
En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido
lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho
o la inocuidad de las pretensiones”.
Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte
Constitucional ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que
permite evidenciar la imposibilidad material del juez constitucional para dictar
alguna orden para salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido
solicitada. Este fenómeno se materializa a través de tres figuras: (i) hecho
superado; (ii) daño consumado y (iii) el acaecimiento de una situación
sobreviniente.
El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto
2591 de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de
la acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba
la afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se
superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar
el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad,
la accionada ha dejado de desconocer”.
De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela
se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé en principio, una orden al respecto”.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o
un daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la
vulneración predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no
le correspondía, o porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado
de la litis”.
Descendiendo al caso concreto, se acredita que la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres aportó copia del oficio 2022EE14694 de 22 de
diciembre de 2022 dirigido al señor Ramiro Saavedra Mosquera en el que se le
informó, en resumen, que “para la realización de los estudios necesarios para
determinar el nivel de riesgo del municipio de Bahía Solano, y adopción de
medidas de intervención en los puntos de riesgo del municipio, acorde el principio
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de subsidiaridad positiva, puede acudir en primera instancia ante la Consejo
Departamental de Gestión del Riesgo Chocó, así como ante la Corporación
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO, en
el marco de sus competencias, y así mismo, se hace importante mencionar que el
municipio tiene la posibilidad de solicitar recursos del Sistema General de
Regalías para la realización de estudios y diseños de obras, para lo cual es
necesario formular el proyecto correspondiente”.
Dicha respuesta fue enviada a los correos electrónicos ramosa1900@hotmail.com
y ramosa1900@gmail.com, como se evidencia en la siguiente imagen de la
constancia aportada por la entidad:
De lo anterior, resulta claro que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres dio respuesta a la petición formulada por los peticionarios, en lo de su
competencia, y explicó válidamente las razones por las cuales no remitió a las
autoridades que correspondía atender las demás solicitudes, esto es, porque la
petición ya había sido radicada en las respectivas dependencias.
En ese escenario, la Sala encuentra que fue durante el trámite de la acción de
tutela que la entidad atendió las pretensiones de la demanda, al contestar la
petición formulada por la parte actora, por lo que se produjo el fenómeno de
carencia actual de objeto por hecho superado.
Ahora bien, la petición fue radicada de acuerdo con la guía de correo 4 72
CU002467125CO el 26 de octubre de 2022, como se evidencia en la siguiente
imagen:
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La respuesta fue comunicada el 24 de enero de 2023, es decir, transcurrieron dos
(2) meses y veintiocho (28) días, por lo que de conformidad con lo previsto en el
artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, instará a la entidad para que en lo sucesivo
resuelva las peticiones en el término establecido en el ordenamiento jurídico.
5.2.2. Casos en los que se vulneró el derecho fundamental de petición
5.2.2.1. La Alcaldía Municipal de Bahía Solano en la contestación de la acción
de tutela no hizo referencia a la petición de 26 de octubre de 2022, por lo que no
se encuentra acreditado si dio respuesta a la misma.
En efecto, observa la Sala que en la contestación de la demanda el ente territorial
demandado de manera general aseveró que ha efectuado acciones dirigidas a
solucionar la emergencia que se presenta por el desbordamiento del río Valle, en
ese sentido informó que presentó un proyecto para obtener los recursos que se
requieren para la construcción del muro de contención.
5.2.2.2. La Vicepresidencia de la República no presentó informe en el trámite la
acción de tutela, aun cuando fue notificada en debida forma por medio del oficio
No. 4592 de 23 de enero de 2023. Por lo tanto, en virtud de lo establecido en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 se tendrán por ciertos los hechos narrados
en la demanda, es decir, que no hubo respuesta a la petición radicada el 26 de
octubre de 2022, de conformidad con la guía de la empresa de correos 472
CU002764139CO que se incorpora a continuación:
5.2.2.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio acreditó que por oficio
2022EE0116996 del 22 de noviembre del 2022, expedido por la subdirectora de
proyectos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dio respuesta a la
petición formulada por los habitantes del corregimiento de El Valle, advirtiendo que
la misma fue recibida por el traslado que hizo la Presidencia de la República para
atender lo de su competencia.
En esa medida, en la respuesta se refirió a las peticiones relacionadas “la
construcción del acueducto, agua potable, alcantarillado y saneamiento
ambiental”, en el sentido de indicar que esa es una competencia de esa cartera
ministerial pero también de las autoridades municipales según lo establecido en el
artículo 311 Constitución Política, en el artículo 3° numeral 1° de la Ley 136 de
1994 modificado por el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012 y en el artículo 5° de la
Ley 142 de 1994. En ese sentido, expresó lo siguiente:
“Fundamentados en lo expuesto y conforme lo dispuesto en la Constitución y en la ley,
los municipios gozan de autonomía en la gestión de sus intereses, autonomía que se
traduce como lo ha indicado la Corte Constitucional, en que las entidades territoriales
tienen derechos y competencias que deben ser protegidos de las interferencias de
otras entidades y en especial de la Nación, teniendo en cuenta que las autoridades
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locales son quienes mejor conocen las necesidades de la región que tienen a su cargo,
por tener contacto directo con la comunidad. Bajo ese entendido, este ministerio no
tiene injerencia en las acciones de las entidades territoriales relacionadas con el
cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, dentro de las que se
destaca la obligación de garantizar la prestación de servicios públicos en su jurisdicción
y la gestión de los recursos necesarios para ello.
Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del
equipo multidisciplinario de profesionales que conforman el equipo evaluador adscrito a
esta Subdirección, se encuentra en total disposición para brindar en el marco de las
competencias del sector, la asistencia técnica que sea solicitada por el municipio de
Bahía Solano y/o por el gestor del PDA del departamento del Chocó en el proceso de
formulación de un proyecto que atienda a las necesidades de agua potable y
saneamiento básico de la población”.
De igual modo, manifestó respecto de los demás puntos de la solicitud que se
encuentran relacionados con materias ambientales que son asuntos de resorte de
otras entidades. En ese sentido, expresó lo siguiente:
“Finalmente le informamos que en el marco de lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, lo
relacionado con el tema ambiental, es competencia del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y de las autoridades ambientales regional y municipal”.
Ahora bien, la entidad no aportó constancia del envío de la respuesta, sin
embargo, la parte actora también aportó copia de ese escrito, por lo que se
deduce fácilmente que la misma es conocida por los accionantes.
Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que esta cartera ministerial
respondió la petición de 26 de octubre de 2022, únicamente, en lo relativo a la
construcción “de un acueducto con agua potable, alcantarillado y saneamiento
ambiental de forma digna para los habitantes AFROCOLOMBIANOS – NEGROS –
INDIGENAS Y MESTIZOS de forma digna para evitar en sus habitantes
enfermedades o patologías irreversibles que causan e incluso la muerte”, que es
el único aspecto de la petición que le correspondía atender de fondo teniendo en
cuenta su naturaleza y funciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
Sin embargo, no obra prueba de que hubiera remitido la petición a las autoridades
que consideró en la respuesta les correspondía atender los otros puntos que no
eran objeto de su competencia, lo que es una razón suficiente para encontrar
vulnerado el derecho fundamental de petición, en virtud de lo establecido en el
artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 que expresa:
“ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por el
artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a
quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado
si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción,
si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y
enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a
partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
Así las cosas, se accederá al amparo constitucional del derecho fundamental de
petición, respecto de la Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, la Vicepresidencia
de la República y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
5.2.3. Caso en el que no se vulneró el derecho fundamental de petición
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acreditó que por oficio No.
202212520000258211 de 31 de octubre de 2022 dio respuesta a la petición
formulada por el señor Ramiro Saavedra Mosquera y otros firmantes, en la que se
le informó que la entidad “no tiene competencia para el trámite de su solicitud, por
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lo cual, realizamos la presente remisión a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE BAHÍA
SOLANO, así como a la GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ, a la UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES y a la DEFENSORÍA DEL
PUEBLO (REGIONAL CHOCÓ), dando cumplimiento al artículo 21 de la Ley 1755
de 2015 por medio del cual se sustituyó el Título II de la Ley 1437 de 2011”.
Del mismo modo, se le informaron los canales de comunicación para acceder a los
programas, trámites y servicios del ICBF y reportar un caso por presunta
vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. También acreditó el
envío de la respuesta a los correos electrónicos señalados, como lo muestra la
siguiente imagen:
En ese escenario la Sala encuentra que la referida autoridad administrativa
informó a la parte accionante que carecía de competencia para atender las
materias objeto de la petición y la remitió a las autoridades competentes, lo que
informó al peticionario. Así mismo, puso de presente los canales de comunicación
a través de los cuales se atienden casos relacionados con la vulneración de los
derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, razón suficiente para
concluir que no se vulneró el derecho fundamental de petición invocado por la
parte actora.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela porque no cumple
el requisito de subsidiariedad, en relación con la pretensión consistente en la
construcción de un muro de contención en el río Valle en el Corregimiento de El
Valle, para mitigar el riesgo de inundación.
Segundo.- DECLÁRASE LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por configurarse
un hecho superado, respecto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, de conformidad con las razones aquí expuestas.
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Tercero.- ÍNSTASE a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, para que en lo sucesivo, resuelvan las peticiones ciudadanas dentro
del término establecido en el ordenamiento jurídico.
Cuarto.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición de los señores Edilson
Porfirio Flórez Bermúdez, Rebeca Aguirre Torres y Elcy Yulieth Flórez Santos. En
consecuencia,
Quinto.- ORDÉNASE a la Alcaldía Municipal de Bahía Solano, a la
Vicepresidencia de la República y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
por intermedio de las dependencias encargadas, que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, si no lo ha
hecho, emitan respuestas claras, completas, de fondo y congruentes con lo
solicitado el 26 de octubre de 2022, las cuales deberán ser notificadas a los
peticionarios en los términos señalados en la Ley 1437 de 2011.
Sexto.- NIÉGANSE la pretensiones relativas a la protección del derecho
fundamental de petición en relación con la Presidencia de la República, los
Ministerios del Interior y de Salud y Protección Social, la Gobernación del Chocó y
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por las razones aquí expuestas.
Séptimo.- INVÍTASE a la Procuraduría General de la Nación para que, en el
marco de sus competencias constitucionales y legales, continúe realizando la
verificación del cumplimiento de los compromisos a los que lleguen las
autoridades administrativas involucradas en la solución definitiva a la problemática
que enfrenta la población del corregimiento de El Valle, por el desbordamiento del
río Valle.
Octavo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Noveno.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Décimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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