Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06683-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-06683-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-06683-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
26 de enero de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06683-00
Demandante: Norberto Garzón Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “F”
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06683-00
Demandante: NORBERTO GARZÓN FLÓREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “F”
Tema: Tutela contra providencia judicial – declara improcedente
defecto fáctico, decisión sin motivación y, parcialmente,
desconocimiento del precedente y niega.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Norberto
Garzón Flórez contra el Tribunal Administrativo de – Sección Segunda -
Subsección “F” de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud
El señor Norberto Garzón Flórez, por intermedio de apoderado, presentó acción
de tutela1 con el fin de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso.
La mencionada garantía la consideró vulnerada con ocasión del fallo de 29 de
junio de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “F” modificó parcialmente el numeral primero de la
parte resolutiva de la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2019 por el
Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado 110013342046-2016-00394-02.
1.2 Petición de amparo constitucional
La pretensión de la demanda de tutela es la siguiente:
1 Con escrito radicado el 14 de diciembre de 2022 a través de la cuenta
apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06683-00
Demandante: Norberto Garzón Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “F”
“PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso establecido en el
artículo 29 de la Constitución Política de Colombia a favor del accionante
NORBERTO GARZÓN FLOREZ.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia emitida dentro del proceso
ejecutivo No. 11001-33-42-046-2016-00394-02 por la Subsección 7 de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual
modificó parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
ejecutiva proferida el 12 de noviembre de 2019 por el Juzgado Cuarenta y Seis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, y confirmó en todo lo demás el fallo
objeto del recurso de apelación.
TERCERO: ORDENAR a la Subsección 7 de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que profiera una nueva sentencia en la que se
respete el debido proceso y se tengan en cuenta los precedentes judiciales que no
fueron aplicados, ordenando continuar con la ejecución, dando para ello pleno
cumplimiento a lo ordenado por el honorable Consejo de Estado en el fallo de
condena que constituye el título ejecutivo.” (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
El señor Norberto Garzón Flórez se encontraba vinculado a la antigua Justicia
Regional, hasta cuando esta fue desmontada por el artículo 205 transitorio de la
Ley 270 de 1996.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 504 de 1999 y lo resuelto
por la Corte Constitucional en la sentencia C – 632 de 2000, los empleados de la
Justicia Regional debían ser reubicados en provisionalidad a los cargos
correspondientes a los jueces penales del circuito especializados o a los fiscales
delegados ante dichas autoridades.
A pesar de lo anterior, luego del desmonte de la Justicia Regional, el actor no
fue vinculado como lo disponía la norma referida, motivo por el cual presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual fue decidida
definitivamente por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de
Estado el 1 de julio de 2009, en la que accedió a las pretensiones y ordenó:
“2°. DECLÁRASE LA NULIDAD del Oficio No. 006091 de 21 de septiembre de
2000, suscrito por la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura. Como consecuencia de la anterior nulidad y a título
de restablecimiento del derecho se ordena a la Entidad demandada,
reintegrar al actor a uno de los cargos señalados en la Ley 504 de 1999, en
provisionalidad y a pagarle los salarios y prestaciones sociales dejados de
devengar desde el 7 de julio de 2000 y hasta que se produzca el reintegro
efectivo al cargo.”
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en cumplimiento a lo
ordenado en la sentencia, dispuso el pago de los salarios dejados de percibir,
liquidación que abarcó desde el 7 de julio de 2000 hasta el 31 de julio de 2011.
No obstante, interpuso una demanda ejecutiva con el fin de lograr el
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Subsección “F”
cumplimiento de la sentencia de 1 de julio de 2009, pues consideró que aún no se
había acatado en su totalidad.
El proceso fue conocido inicialmente por el Juzgado 46 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, autoridad que en sentencia de 12 de noviembre de
2019 declaró probadas las excepciones de cumplimiento de la obligación de
hacer, imposibilidad física y jurídica para el reintegro y pago total de la obligación.
Esta autoridad sustentó su decisión en que: (i) los cargos del régimen
especializado del sistema penal solo pueden proveerse por concurso de méritos,
no a través de nombramientos provisionales; (ii) la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, parte demandada en el proceso donde se profirió la
sentencia que se pretendía ejecutar, no tiene facultad nominadora; (iii) el
demandante se vinculó como fiscal delegado ante los Juzgados Especializados,
por lo que ya se cumplió la orden de reintegro y; (iv) la Comisión Interinstitucional
de la Rama Judicial, evidenció la imposibilidad de cumplir con el reintegro, en
tanto que implicaba la creación de cargos.
Contra la decisión anterior, las partes procesales interpusieron los
correspondientes recursos de apelación, por lo que el proceso fue conocido por la
Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca quien, en sentencia de 29 de junio de 2022 modificó la providencia
de su a quo, de la siguiente forma:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción de pago, conforme a lo expuesto
en la parte considerativa y NEGAR las demás pretensiones de la demanda”.
ESTARSE a lo resuelto en autos de 4 de abril y 17 de mayo de 2019, respecto a las
excepciones de “cumplimiento de la obligación de hacer” y de “imposibilidad física y
jurídica para el reintegro en provisionalidad”.
En lo demás, confirmó el fallo apelado.
Para el efecto, esta autoridad manifestó que, tras la eliminación de la Justicia
Regional, una de las entidades creadas para la reubicación de sus empleados fue
la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá mientras se
creaba el Tribunal Nacional.
Encontró que el actor laboró como abogado asesor en la Justicia Regional, pero
ante la eliminación de aquella, se incorporó en el mismo cargo en la Sala Penal de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá y, posteriormente, fue nombrado
como juez Penal del Circuito Especializado hasta el 6 de julio de 2000, todo esto
sin solución de continuidad.
No obstante, mediante sentencia C – 393 de 2000, la Corte Constitucional declaró
inexequibles algunos apartes de la Ley 504 de 1999, en especial, lo relacionado
con la creación del Tribunal Nacional. A su vez, mediante el Acuerdo 784 de 24 de
mayo de 2000 el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que la Sala Penal de
Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá solo funcionaría hasta el 15 de
junio de 2000.
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Subsección “F”
Siendo así, concluyó que, tras la imposibilidad de crear el Tribunal Nacional, y
ante la supresión de la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de
Bogotá, los empleados de la Justicia Regional solo podían ser reubicados, en
provisionalidad, en: (i) los Juzgados Penales del Circuito Especializados y; (ii) en
las Fiscalías delegadas ante dichos Juzgados y Corporaciones judiciales, por ser
las autorizadas dispuestas para ese fin en la Ley 504 de 1999.
En ese sentido, evidenció que luego de la sentencia de 1 de julio de 2009, el actor
fue nombrado como fiscal delegado ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados el 18 de agosto de 2010, por lo que, al tratarse de uno de los
cargos en los cuales se podía realizar el reintegro, se entendía que la orden
contenida en la providencia base de recaudo se encontraba cumplida.
Respecto de los argumentos contenidos en la primera instancia relativos a que “ la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene facultad nominadora, el cargo de
Juez Penal del Circuito Especializado solo puede ser nombrado por concurso de méritos y
la imposibilidad administrativa de crear nuevos cargos para el cumplimiento de la
sentencia” manifestó que resultaban impertinentes pues no guardaban relación con
el objeto del proceso ejecutivo.
Frente al pago de los salarios dejados de percibir y que se ordenó en la
providencia de 1 de julio de 2009, señaló que, en el entendido que el reintegro se
efectuó el 18 de agosto de 2010 y que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial liquidó y pagó valores por estos conceptos hasta el 31 de julio de 2011,
entonces se había acreditado el cumplimiento de esa obligación.
Finalmente, concedió la razón a la parte actora respecto a que el juez de primera
instancia no podía pronunciarse en la sentencia sobre las excepciones de
“imposibilidad jurídica y física” y “cumplimiento de la obligación de hacer”, pues no corrió
traslado de aquellas y, en todo caso, en autos anteriores ya las había limitados los
medios exceptivos solo al pago de la obligación. Con todo, estimó que esto solo
ameritaba modificar la providencia atacada pero no desvirtuaba los motivos para
negar las pretensiones de la ejecución.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El actor consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos:
fáctico, decisión sin motivación y de desconocimiento del precedente, así:
Para estructura el defecto fáctico, manifestó que el tribunal tuvo por probado que
la vinculación al cargo de fiscal delegado ante los Jueces Penales del Circuito
Especializados se dio en cumplimiento de la sentencia base de la ejecución; no
obstante, esto no fue soportado en medio probatorio alguno.
A su vez, resaltó que la Fiscalía General de la Nación no era la entidad
demandada en el proceso ordinario donde se ordenó el reintegro, en ese sentido,
no era posible entender que su vinculación a esa entidad constituía el
cumplimiento al fallo de 1 de julio de 2009, en especial, porque se trató de un
nombramiento que logró por sus propios medios.
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Subsección “F”
Adicionalmente, siguiendo la línea de lo expuesto, consideró que la Subsección
“F” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, incurrió
en una decisión sin motivación, por cuanto llegó a la conclusión de que el actor
fue reintegrado laboralmente en los términos de la sentencia base de recaudo sin
exponer “la base legal para ello. No dijo cuál fue la norma o normas que fundamentaran
su decisión, ni se refirió a precedente alguno que estuviera acatando y que le diera
solidez a su conclusión. Se limitó a concluir, pero no fundamentó, ni argumentó, es decir,
no motivó su decisión.”
Frente al desconocimiento del precedente, manifestó que mediante providencia
de 25 de febrero de 2021, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, dentro del expediente de tutela con el número de radicado 11001-03-
15-000-2021-00390-00, conoció un caso idéntico al suyo, donde la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial demandó la proveído dictada dentro de un
proceso ejecutivo en el que se accedió a las pretensiones. Aseguró que puso esta
decisión en conocimiento del tribunal accionado y solicitó que fuera tenida en
cuenta para resolver su caso.
Explicó que, en dicho antecedente, se dejó claro que no era posible darle una
aplicación retroactiva al precedente, esto para explicar que al momento en que se
profirió la sentencia que dispuso su reintegro, no existían los fallos de la Corte
Constitucional que ordenaban que, en estos casos, se descontara de la condena
los salarios que el empleado hubiera obtenido por ejercer otros cargos2.
En ese sentido, esgrimió que, para el momento que se profirió la decisión de 1 de
julio de 2009, el criterio del Consejo de Estado es que debía entenderse que el
pago de los salarios dejados de percibir por un empleado que fue retirado del
servicio tiene una naturaleza indemnizatoria, por lo que no podía descontarse de
la condena los salarios que aquel hubiera devengado por sus medios mientas se
resolvía el proceso judicial.
Igualmente, resaltó de aquel fallo de tutela, que estableció que la orden de
reintegro de quienes laboraron en la Justicia Regional, no puede darse por
cumplida por el hecho que el empleado se haya vuelto a vincular a la Rama
Judicial indicando que “un fallo declarativo de condena que ordena un reintegro no se
considera acatado y cumplido por el hecho de que el demandante, después de su
desvinculación, haya ocupado otro cargo en la Rama Judicial, si el nuevo cargo no se
ocupa para darle cumplimiento al fallo de condena que ordena el reintegro.”
(Resaltado propio del original)
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de 19 de diciembre de 2022, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al tutelante, y como accionada al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”. Asimismo,
en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó al Juzgado
2 Como la sentencia SU-556 de 2014.
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Subsección “F”
Cuarenta y Seis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y a la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
1.6. Intervención
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentó la siguiente contestación:
1.6.1. De parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, se informó
que la tutela carece de los elementos necesarios para su estudio de fondo, esto
por cuanto no se explicó en qué se concretó la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Para la entidad, el actor se limitó a esgrimir su desacuerdo con lo resuelto por la
autoridad accionada, pero carece de una argumentación idónea para justificar la
relevancia constitucional de la solicitud de tutela. Con todo, consideró que la
decisión adoptada en el proceso ejecutivo fue adecuadamente sustentada en las
pruebas que acreditaban el cumplimiento de la sentencia cuya ejecución se
pretendió.
Por otra parte, estimó que debía declararse frente a ella la falta de legitimación en
la causa por pasiva, pues no es la entidad sobre quien pesa la acusación de
vulnerar los derechos fundamentales del actor.
1.6.2. Dentro del plazo concedido, no se allegaron manifestaciones del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” ni del
Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; no obstante, este último
aportó el vínculo de acceso al expediente del proceso ejecutivo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Norberto Garzón Flórez contra el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación de este
proceso en tanto que estimó que no era a ella a quien se le endilgaba la
vulneración de los derechos fundamentales del actor; no obstante, ya que su
vinculación se dio en calidad de tercero con interés directo y no de accionada, la
Sala negará esta petición.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración al derecho fundamental al debido proceso del actor por parte del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”
como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en
segunda instancia el 29 de junio de 2022, donde negó las pretensiones de una
demanda ejecutiva.
Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de
superarse; (iii) generalidades de los defectos alegados y; (iv) el caso en concreto.
2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema4.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales5.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.5.1. Sobre el particular, para la Sala la argumentación con la que se fundamentó
la solicitud de tutela carece parcialmente del requisito de la relevancia
constitucional, como pasa a explicarse.
3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Para el efecto, debe tenerse en cuenta que en la sentencia SU – 215 de 2022, la
Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal7 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no
referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es
decir, la cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible”
relevancia constitucional.”9
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se
restringe a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En
este orden, se reitera que el examen de relevancia constitucional exige que la
solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con las decisiones
adoptadas por los jueces naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes
dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un
derecho fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios,
ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal13. (Resaltado de la Sala)
7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibid.
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Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la
argumentación de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el
Consejo de Estado ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C –
590 de 2005, en la cual se explica que los accionantes deben explicar los
defectos14 en los que incurrió la decisión atacada.
Ahora bien, verificado el escrito inicial, se tiene que el actor fundamenta el defecto
fáctico en una falencia en la valoración probatoria de la autoridad accionada, al
tener por acreditado que la vinculación del actor al cargo de fiscal delegado ante
los Jueces del Circuito Especializado, el cual logró por sus medios, debía
entenderse como el reintegro ordenado en la sentencia de 1 de julio de 2009, sin
que existiera prueba alguna que acreditara que fue el cumplimiento de esa
providencia lo que justificó aquel nombramiento.
No obstante, este derrotero no conduce a pensar que puede estarse ante un
defecto fáctico, pues no se está acusando al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” de omitir elemento de
convicción alguno, de llegar a conclusiones contradictorias con el acervo
probatorio, de realizar consideraciones irracionales o arbitrarias frente a las
pruebas ni de basar su decisión en documentos o testimonios obtenidos
ilegalmente.
Entiende la Sala que el argumento de la tutela es que la accionada tuvo por
probado un hecho que no estaba respaldado por una prueba; no obstante,
verificada la sentencia ataca se encuentra lo siguiente:
“Conforme a lo anterior, la Sala considera que a partir del momento en que el
demandante se vinculó en provisionalidad en uno de los cargos señalados en la
Ley 504 de 1999, automáticamente quedó cumplida la orden judicial de
reintegro.
Se resalta que el objeto de la orden de reintegro impartida en la sentencia base de
ejecución era garantizar la estabilidad laboral del demandante, la cual se satisfizo
con su vinculación en la Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación, en especial,
porque fue específicamente en uno de los cargos señalados en la Ley 504 de 1999
(Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado) como
expresamente se ordenó en la mencionada sentencia.
En suma, la Sala concluye que el demandante, en atención a la orden judicial de
reintegro, tenía derecho a contar con estabilidad laboral y a ser reincorporado en
provisionalidad en un cargo de los Juzgados Penales del Circuito Especializado o en
un cargo de las Fiscalías Delegadas ante dichos Despachos judiciales que están
previstos en la Ley 504 de 1999; por consiguiente, como el demandante se
incorporó en provisionalidad a la Rama Judicial en el cargo de Fiscal Delegado
ante los Jueces Penales del Circuito Especializado, se considera que se
cumplió la orden judicial y el propósito de que el demandante contara
14 Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
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Subsección “F”
materialmente con la estabilidad laboral que le fue amparada.” (Resaltado fuera
de texto)
Como puede observarse, la Subsección “F” de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca partió de un hecho probado dentro del proceso y
frente al cual el actor no tiene discusión, como lo es el nombramiento como juez
penal del circuito especializado y, a con base en eso, llegó a una conclusión
jurídica, esto es, que la finalidad de la orden de reintegro se había causado y, por
lo tanto, la sentencia se encontraba cumplida.
Nótese que, en momento alguno, la autoridad accionada manifestó que la
vinculación del actor a dicho cargo fuera consecuencia de una actuación
administrativa tendiente acatar la sentencia, sino que, a su juicio, con la entrada
del señor Garzón Flórez a uno de los cargos de la Jurisdicción Penal
Especializada, debía interpretarse que se dio un cumplimiento automático del fallo
ya que finalmente se logró el objetivo sustancial de la orden de reintegro.
Siendo así, se trató de un ejercicio de razonamiento de los magistrados del
tribunal que, en virtud de su autonomía judicial entendieron que, al margen de las
circunstancias que precedieron al nombramiento del actor, lo importante es que
materialmente había sido incorporado al cargo respectivo y en el área
correspondiente a lo ordenado en la sentencia base de ejecución.
En ese orden de ideas, lo que se pretende con este cargo no es que se estudie
una posible valoración probatoria irracional, arbitraria u omisiva, sino que se
imponga un criterio jurídico distinto al de los magistrados del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F” lo que
implicaría convertir el mecanismo constitucional en una tercera instancia y, en
consecuencia, el cargo no supera el requisito de relevancia constitucional.
Cosa distinta ocurre con el defecto relativo a que la decisión se profirió sin
motivación, pues hace referencia a una eventualidad que, de ser cierta, implicaría
que la autoridad accionada desatendió uno de los elementos básicos de la función
de administrar justicia, como lo es la de justificar sus decisiones, lo que conduciría
a una vulneración directa y flagrante al debido proceso, lo que concretaría una
controversia que supera el ámbito legal, por lo tanto la exigencia relativa a la
relevancia constitucional frente a este cargo, se entiende superada.
A su vez, en lo atinente a que existió un desconocimiento del precedente, se
evidencia un cumplimiento parcial del requisito, de la siguiente manera.
Para el accionante, en la providencia se ignoró la sentencia de tutela de 25 de
febrero de 2021 en dos aspectos: (i) lo concerniente a que pueda cumplirse una
orden de reintegro con cualquier vinculación y; (ii) la imposibilidad de resolver el
proceso ejecutivo con jurisprudencia que no se encontraba vigente al momento de
resolver el medio de control que suscitó el cobro, puntualmente, para el tema de
los descuentos que pueden hacerse a la condena de pagar salarios dejados de
percibir.
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Frente al primer punto no se advierte inconveniente en este requisito, pues a pesar
de que se trata de un proceso ejecutivo que, generalmente implica una discusión
de orden económico, lo cierto es que la controversia gira en torno a la orden de
reintegro, es decir, no sobre el pago de cantidades dinerarias sino frente a una
obligación de hacer frente a la cual, según el actor, existía un precedente
obligatorio del cual se alejó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda – Subsección “F” sin justificación alguna, lo que no solo puede implicar
una vulneración al debido proceso sino al principio de la seguridad jurídica.
No obstante, frente a la segunda censura, no se observa relación alguna con la
sentencia atacada o su relevancia constitucional, esto por cuanto verificada la
providencia de 29 de junio de 2022, no se encuentra alusión a que, frente a la
condena de pagar salarios al accionante, se aceptara que la administración
hubiere realizado descuentos por lo devengado en otros trabajos.
En ese sentido, existe una insuficiente carga argumentativa en tanto que la parte
actora se limitó a hacer una exposición sobre la posición jurisprudencial que
prohíbe que los jueces que conocen los procesos ejecutivos acudan a sentencias
de unificación posteriores al fallo cuyo cumplimiento se pretende, más no explicó
la relación en entre esas consideraciones y la providencia atacada por este medio
constitucional.
De hecho, en la decisión atacada, la orden de pago se encontró cumplida porque,
a juicio de la autoridad accionada, al actor sí se le cancelaron los valores
correspondientes a los salarios dejados de percibir por un periodo incluso superior
al adeudado, toda la consideración sobre este punto se expuso así:
“En la sentencia base de ejecución, además del reintegro laboral, se ordenó “pagarle
los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde el 7 de julio de 2000
y hasta que se produzca el reintegro al cargo”.
Sobre el particular, la Sala advierte que la reincorporación del demandante a la
Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación se efectuó el 18 de agosto de 2010,
por lo que tenía derecho al pago de salarios y prestaciones dejados de devengar
hasta esa fecha.
No, obstante, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través de las
Resoluciones Nos. 4996 del 15 de diciembre de 2010 (f. 25s) y 3953 del 13 de julio
de 2011 (f. 50s), en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia base de ejecución,
reconoció el pago total de mil cuatrocientos setenta millones seiscientos treinta y dos
mil trescientos treinta pesos ($1.470.632.330) por concepto de salarios y
prestaciones dejados de devengar desde el 7 de julio de 2000 hasta 31 de julio de
2011, es decir, se pagó incluso hasta una fecha posterior a aquella en la cual se
posesionó en “uno de los cargos señalados en la Ley 504 de 1999, en
provisionalidad”
Con base en lo expuesto, la Sala considera que la Entidad cumplió con la obligación
de pagar los salarios y prestaciones dejados de devengar hasta la fecha del
reintegro, por lo que la sentencia de primera instancia que declaró probada con la
excepción de pago amerita ser confirmada.”
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De este modo, no es posible entrar a estudiar de fondo esta parte del defecto de
desconocimiento del precedente, en tanto que el actor no desarrolló
adecuadamente cuál fue la irregularidad en la que incurrió la autoridad accionada,
al punto que ni siquiera hizo alusión a la motivación del tribunal y por qué aquella
era contradictoria con la jurisprudencia citada.
En ese orden de ideas, se declarará la falta de relevancia constitucional de forma
parcial frente al defecto por desconocimiento de precedente en lo relativo a los
presuntos descuentos en los pagos efectuados al actor, cumpliéndose el requisito
únicamente por la inobservancia de la sentencia de tutela del 25 de febrero de
2021 en lo atinente a la orden de reintegro.
2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que, conforme a lo considerado en el requisito inmediatamente anterior, en
este punto solo persisten los defectos por decisión sin motivación y, parcialmente,
desconocimiento del precedente, de los cuales el primero no supera la exigencia
de la subsidiariedad.
El defecto por falta de motivación fue sustentado en que la autoridad accionada:
“No argumentó el por qué el nombramiento del actor en la Fiscalía equivalía al
cumplimiento de la obligación de hacer contenida en la sentencia condenatoria
proferida por el Consejo de Estado. No señaló la base legal para ello. No dijo cuál fue
la norma o normas que fundamentaran su decisión, ni se refirió a precedente alguno
que estuviera acatando y que le diera solidez a su conclusión. Se limitó a concluir,
pero no fundamentó, ni argumentó, es decir, no motivó su decisión.
(…)
(…) Así las cosas, el Tribunal accionado llegó a la conclusión que la incorporación
laboral del demandante a la Fiscalía fue en cumplimiento del fallo de condena
proferido por el Consejo de Estado, decisión que no está respaldada en prueba
alguna y que, además, carece de motivación.”
Al respecto, esta Sección considera que dichos razonamientos se centran en que,
de acuerdo con el criterio del accionante, el fallo de segunda instancia no cuenta
con los fundamentos jurídicos para negar las pretensiones.
Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta Sala,
investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento adolece de incongruencia, circunstancia que, como
se analizará más adelante, se enmarca en la causal quinta (5º) del artículo 250 de
la Ley 1437 de 2011, ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso
extraordinario de revisión.
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Frente al punto, se advierte que, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós
Especial de Decisión de esta Corporación15, la falta de motivación y la
incongruencia dan lugar a la nulidad originada en la sentencia, que es una de las
causales que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.
La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta en los siguientes términos:
“[…] 2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de
procedencia del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en
la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”.
(…)
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala
Plena Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo
188 del C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la
sentencia, se configura, entre otras razones, cuando al demandado se le
condena por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
(…)
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia
interna, que es la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte
resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia.
(…)
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -
antes 6 del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia,
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Veintidós Especial de
Decisión. Providencia de dos (2) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 11001-
03-15-000-2015-02342-00(REV). Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro.
15 Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de
2003, son causales de revisión:
(…)
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede
recurso de apelación.
(…)”
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se puede configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la
congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre
en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que
la providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de
cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos
frente a los cuales no se podía pronunciar.
(…)
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando
falta al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la
coherencia externa o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión,
porque el fallador excede su competencia, la que se repite está determinada por los
cargos y pretensiones de la demanda […]” (Destacado por la Sala)
Además, esta Corporación ha considerado que la nulidad también procede cuando
ocurre al “[p]retermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se condena
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en la demanda o
por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia condenatoria contra un tercero
que no fue vinculado al proceso.”10
En consideración a la anterior tesis, la falta de motivación da lugar a que se
configure la causal de revisión prevista en el numeral 6° del artículo 188 del
Decreto 1 de 1984 vigente para la fecha de interposición de la demanda que
suscitó la presente controversia, esto es, “[…] Existir nulidad originada en la sentencia
que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación […]”.
Por el contrario, frente al presunto defecto por desconocimiento del precedente en
la modalidad que subsiste, esto es, el reintegro laboral, no se encuentra que el
actor contara con algún recurso ordinario o extraordinario contra la sentencia
atacada.
2.5.3. Por otra parte, esta Sala de Decisión encuentra que en el presente asunto
se cumple el requisito de inmediatez pues la decisión de segunda instancia, se
profirió el 29 de junio de 2022, por lo que, sin necesidad de verificar el momento
en que quedó ejecutoriada la sentencia, el escrito radicado el 14 de diciembre de
2022 resulta oportuno.
Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201416, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó
los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200517,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y, reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y
solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
estas.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
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2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso
ejecutivo.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis del desconocimiento
del precedente frente a la sentencia de tutela de 25 de febrero de 2021 proferida
por la Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación, cuando se
resolvió sobre la ejecución de la orden de reintegrar al actor, al encontrar
acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial.
2.6. De las generalidades del desconocimiento del precedente
2.6.1. Referente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa que
el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de cierre
en determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular, sin que
sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que
aquella sea considerada como precedente. También se considera que constituyen
precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas
tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «…debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues
son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez.»”18.
2.7. Caso concreto
Se tiene que el actor es acreedor de las órdenes emitidas en una providencia
judicial proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 1 de julio de
2009 que, entre otros, ordenó a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a
“reintegrar al actor a uno de los cargos señalados en la Ley 504 de 1999…”, ante el
presunto incumplimiento de la administración, el señor Garzón Flórez inició un
proceso ejecutivo que fue resuelto definitivamente por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”.
Dicha autoridad judicial resolvió que, toda vez que el actor se vinculó en agosto de
2010 a uno de los cargos contemplados por la Ley 504 de 1999, esto es, con
posterioridad a la orden contenida en el fallo base de recaudo, entendía que,
materialmente, se había acatado la sentencia y que, en consecuencia, no podía
seguir adelante con la ejecución.
Para el accionante, esta consideración desconoce lo dispuesto en la sentencia de
25 de febrero de 2021 proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del
Consejo de Estado dentro del proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-
2021-00390-00, por cuanto allí se dispuso que no cualquier vinculación de un ex
18 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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empleado de la Justicia Regional, podía considerarse un cumplimiento a la
sentencia que dispuso su reintegro.
Sobre este aspecto, la Sala evidencia que el antecedente invocado por el actor no
puede considerarse un precedente obligatorio para el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “F”, esto por cuanto, si bien fue
proferido por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, no
se hizo en ejercicio de sus funciones como órgano de cierre de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo, sino actuando como juez de tutela.
Adicionalmente, en aquella providencia no se fijó una regla de decisión para casos
como el del señor Garzón Flórez, sino que se realizaron los pronunciamientos
puntuales y exclusivos para la situación presentada por la actora en dicho
expediente.
En ese sentido, las consideraciones y decisiones contenidas en el fallo de 25 de
febrero de 2021 tienen un efecto inter partes que, si bien pueden ser utilizadas
como criterio auxiliar de decisión, no resultan imperativas para los demás jueces
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, por lo tanto, no se encuentra
acreditado el desconocimiento del precedente, en consecuencia, se negará el
amparo solicitado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente el estudio de los defectos fáctico,
decisión sin motivación y, parcialmente, por desconocimiento del precedente.
TERCERO: NEGAR el amparo solicitado por la parte actora respecto del defecto
por desconocimiento del precedente.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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Demandante: Norberto Garzón Flórez
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
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(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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